Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

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Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

Da igual que se llamen Blackrock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.

La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.

Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. infoLibre publica en exclusiva esta investigación periodística, que forma parte de una serie sobre el sector cuya publicación iniciamos hace dos semanas [puedes consultar aquí todas las informaciones].

Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.

Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.

De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.

El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.

Las 23 empresas analizadas controlan en total 26 minas o proyectos, cuyos datos esenciales figuran en el siguiente cuadro.

En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.

La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.

Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.

Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.

También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.

El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.

El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.

El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.

En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.

En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.

El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a Blackrock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.

Blackrock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.

La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.

Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.

La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.

Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.

De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).

Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.

Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.

La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.

No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.

En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (Blackrock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.

La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.

Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.

El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.

Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.

En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.

Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.

Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves  y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.

Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.

Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta  y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.

Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.

La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.

El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.

En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.

En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.

También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.

Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.

Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.

Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.

Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.

El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto.

Vivendi ha pedido al Gobierno autorización para comprar acciones de Prisa hasta llegar al 29,9% de su capital social, el máximo legal para no tener la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), según ha notificado la empresa de medios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, informa Europa Press.

Vivendi ha aclarado que no está en negociaciones o conversaciones con ningún accionista del grupo de comunicación para la adquisición de dichas acciones, lo que trasluce su intención de acudir al mercado.

En concreto, la compañía francesa ha presentado ante la Subdirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una solicitud para la obtención de autorización del Consejo de Ministros a la adquisición de acciones de Prisa representativas de hasta un 29,9% de su capital social.

El grupo entró en el accionariado el pasado enero, cuando compró su participación al banco HSBC. Actualmente posee un 9,93% del accionariado.

Las acciones de Prisa cerraron a 0,56 euros este lunes, un 3,52% más que en la apertura gracias a un repentino repunte a finales de sesión.

El Observatorio Fiscal de la Unión Europea, una iniciativa de la Paris School of Economics cofinanciado por la Unión Europea y dirigido por el economista Gabriel Zucman, ha analizado la actividad de 36 bancos sistémicos europeos en paraísos fiscales, cuántos beneficios contabilizan en esos territorios de baja o nula tributación y gran opacidad fiscal y cuántos millones se ahorran en el impuesto de sociedades cada año gracias a esos negocios. En la lista se incluyen cuatro bancos españoles: Santander, BBVA, Bankia BBVABankiay Sabadell. Entre los cuatro sumaron una media anual de 17.698 millones de euros en beneficios antes de impuestos entre 2014 y 2020, el periodo analizado, por los que pagaron 4.837 millones a Hacienda. Según el estudio, el BBVA contabilizó en paraísos fiscales el 0,9% de sus beneficios brutos entre 2014 y 2016, que crecieron hasta el 1,9% entre 2018 y 2020. Los duplicó. El Santander registró offshore el 0,5% de sus ganancias antes de impuestos en esos dos primeros años del análisis, para aumentarlos hasta el 1,3% en los dos siguientes. Casi los dobló. Ni Sabadell ni Bankia tienen negocios en paraísos fiscales.

Los autores del informe, Giulia Aliprandi, Mona Barake y Paul-Emmanuel Chouc, calculan también el déficit fiscal de los bancos, la diferencia entre los impuestos que pagan y los que deberían pagar si se les gravara con una tasa mínima efectiva del 15% –tal y como acaba de aprobar la OCDE para las multinacionales–, del 21% y del 25%. Las 36 entidades analizadas contabilizan un total de 20.000 millones de euros, el 14% de sus beneficios, en paraísos fiscales. El estudio ha incluido a 17 paraísos fiscales en sus cuentas: Bahamas, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Kuwait, Luxemburgo, Macao, Malta, Mauricio, Panamá y Catar. Según sus cifras, el 25% de los beneficios registrados por los 36 bancos –desde HSBC y Barclays hasta Deutsche Bank pasando por ING, BNP Paribas o Intesa Sanpaolo– se contabilizan en países con tipos efectivos por debajo el 15%. En paraísos fiscales, la media es del 20%, aunque hay bancos que no los usan y en otros, como el HSBC, el campeón en esta liga, el 58% de sus ganancias proceden de estos territorios offshoreoffshore. De Hong Kong, en concreto.

Gracias a esos tipos efectivos tan bajos, tanto en el extranjero como en paraísos fiscales, lo que pagan los bancos analizados es de un 20% de media. De hecho, siete de ellos consiguen tributar por debajo del 15%: RBS, Barclays, Bayern LB, Nord LB, HSBC, KBC e Intesa Sanpaolo. De forma que el estudio calcula que el déficit fiscal de las 36 entidades asciende a entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales con un tipo efectivo del 15%. Si la cuenta se hace con un tipo efectivo del 25%, la cifra alcanza la horquilla de 10.000 a 13.000 millones de euros que escapan de las arcas públicas europeas cada año. Esas cantidades equivalen a entre el 6% y el 10% del déficit fiscal que el propio Observatorio ha calculado para el conjunto de las multinacionales europeas. La recaudación procedente de los bancos debería igualar, una vez alcanzado ese 15% mínimo, a la que se esperaría también de las compañías petrolíferas.

El tipo nominal que grava a las entidades financieras en el impuesto de sociedades es en España del 30%. Pero el tipo real es inferior. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre la recaudación de ese impuesto en 2019, las últimas publicadas, los grupos bancarios pagan un tipo efectivo sobre su base imponible del 20,61%, 10 puntos menos del nominal, y sólo un 2,11% sobre sus beneficios.

infoLibre tuvo acceso a las declaraciones del impuesto sobre sociedades de los principales bancos españoles y esto fue lo que encontró.

Santander, número uno en 'déficit fiscal' en 2014

Aunque el HSBC es el banco que lidera el ranking del estudio –registra el 60% de sus beneficios en Hong Kong a un tipo efectivo del 11% y acumula un déficit fiscal de 2.394 millones de euros–, el Santander fue la entidad que tuvo mayor déficit fiscal en el extranjero en 2014, 984 millones de euros. El doble que el británico. En 2015 fue el segundo –345 millones– sólo por detrás del HSBC. En 2018 fue el cuarto –190 millones– y el tercero en 2019. Pero, si el déficit fiscal se mide como porcentaje de los impuestos realmente pagados, el Sabadell resultó ser el tercer banco con mayor deuda tributaria en 2015, un 46%.

De hecho, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Fiscal de la UE, el déficit fiscal de Santander y BBVA por los beneficios contabilizados en paraísos fiscales asciende a 133,9 millones de eurosdéficit fiscal, la cantidad que habrían tenido que pagar si hubieran sido gravados con un 15% en el impuesto de sociedades. La cifra es aún superior si se hace la misma estimación con los beneficios obtenidos fuera de España, en territorios no considerados paraísos fiscales por estos dos bancos, junto a Sabadell y Bankia: 2.112,2 millones de euros. Además, si hubieran tributado efectivamente al 15% en España, deberían haber pagado 621 millones más de los que realmente ingresaron en las arcas de Hacienda. En total, su déficit fiscal, nacional e internacional, entre 2014 y 2020 asciende a 2.867,2 millones de euros.

Beneficios por empleado y márgenes disparados

El método que utiliza el Observatorio Fiscal de la UE para sus cálculos se basa en el desajuste existente entre la rentabilidad por empleado de los bancos en sus filiales situadas en paraísos fiscales, en las filiales en otros países y en sus propios territorios. Para empezar, pese a que obtienen de media el 14% de sus beneficios en paraísos fiscales, allí sólo tiene el 4% de sus empleados. De forma que la rentabilidad por empleado en territorios offshore es de 283.000 euros, mientras que en el resto de sus filiales en el extranjero cae a 68.000 euros y en el país donde tienen su sede se queda en sólo 63.000 euros.

Además, sus márgenes se disparan en los paraísos fiscales: mientras que en casa el margen oscila entre el 20% y el 25% de media, y en el extranjero se eleva hasta el 34% o el 35%, en los territorios offshore se dispara a entre el 52% y el 58%. Esa discrepancia, explican los autores, puede deberse al gran volumen de depósitos atraídos por los paraísos fiscales o bien al desvío de beneficios, que no puede calcularse con los datos sobre activos de los informes país por país que están obligados a publicar los bancos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza Entidades en la que se investiga si el banco HSBC junto al Banco Santander y el BNP Paribas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos al erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública, informa Europa Press.

Esta investigación partía del análisis de la información obtenida de la base de datos proporcionada por Hervé Falciani, a los que se fue sumando con posterioridad los elementos de la investigación practicada y que fueron surgiendo como consecuencia de la misma en el juzgado del que era titular hasta hace un mes el magistrado José de la Mata.

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

El viernes 2 de noviembre Apple perdía el billón de dólares que valía en Bolsa y que había alcanzado justo tres meses antes, el 2 de agosto. El gigante de Cupertino (California, EEUU) acababa de anunciar un beneficio récord de 52.172 millones de euros, un 23% más que el año anterior, pero para el mercado no fue suficiente, decepcionado por la perspectiva de que facture sólo entre 78.000 y 81.500 euros en los próximos tres meses pese al Black Friday y las Navidades. Para hacerse una idea del volumen de dinero de que se trata, basta con recordar que el PIB español, la riqueza que es capaz de producir el país en un año, asciende a 1,1 billones de euros –1,2 billones de dólares–.

Desde entonces la compañía de Tim Cook no ha dejado de caer en el parqué. En Nochebuena se quedó por debajo de los 700.000 millones de dólares de capitalización bursátil por primera vez desde febrero de 2017 y no pudo empezar 2019 de peor forma: tras recortar su previsión de ingresos por culpa de un descenso de las ventas en China –al menos así lo justificó Cook en una carta a los inversores–, sus acciones se hundieron un 10% el 2 de enero. Al día siguiente Apple valía en Bolsa sólo 674.750 millones de dólares. Había perdido el 36% de su capitalización en dos meses. Y no sólo dejaba de ser la compañía con mayor valor bursátil del mundo, sino que además caía por debajo de Microsoft, Amazon y Google. Este viernes la compañía creada por Steve Jobs consiguió remontar de nuevo hasta los 703.458 millones de dólares.

Así que el nuevo campeón entre las megacompañías es ahora Microsoft, con 784.394 millones de dólares de capitalización. Detrás, Amazon –776.482 millones–, Google –740.750 millones– y Facebook –394.973 millones de dólares–, integran el quinteto de grandes compañías tecnológicas y estadounidenses que comandan la economía mundial.

Y es que de las 10 principales empresas por su valor bursátil sólo dos no tienen su sede en EEUU: las chinas AlibabaAlibaba –361.040 millones de dólares– y Tencent Holding –386.810–. La primera es el Amazon chino, un gigante del comercio electrónico cuyo fundador, Jack Ma, anunció su retirada el pasado septiembre para dedicarse a la filantropía. Creada en 1992, Alibaba protagonizó en 2014 la mayor salida a Bolsa de la historia de Wall Street, gracias a la cual recaudó 25.000 millones de dólares. Tencent Holdings, menos conocida en Occidente, es la reina de los juegos online y la dueña de WeChatonline, el equivalente chino de Whatsapp pero con toda una cartera de servicios añadidos, que se ha convertido en la aplicación más usada en el país, con 700 millones de usuarios.

De esta decena de gigantes, únicamente tres son compañías que proceden de la economía tradicional. La primera es Berkshire Hathaway, el holding del famoso inversor Warren Buffett, que este viernes valía en Bolsa 478.350 millones de dólares, más que Facebook. También JP Morgan Chase –334.769 millones de dólares–, el mayor banco de Estados Unidos y uno de los más antiguos, creado en 1895. La tercera es la farmacéutica Johnson & Johnson, que con 342.167 millones de dólares ha arrebatado el puesto estas últimas semanas a la petrolera ExxonMobil, fundada por John D. Rockefeller en 1870 y con una capitalización de 300.350 millones. 

Para encontrar una empresa europea hay que descender unos cuantos peldaños en la clasificación hasta llegar a otra petrolera, la angloneerlandesa Royal Dutch Shell, con un valor bursátil de 255.580 millones de dólares. Después se sitúan dos compañías suizas, Nestlé y la farmacéutica Novartis. La primera compañía española no aparece hasta mucho más abajo en el ránking. Inditex sólo vale en Bolsa 71.273 millones de euros, la décima parte de Microsoft. La capitalización de Banco Santander, el otro gigante español, es aún menor: 67.489 millones de euros.

Beneficios y volumen de ventas 

Si el ranking se elabora con los beneficios, Apple continúa siendo el líder mundial. Sus 52.172 millones de euros anunciados el pasado noviembre, cuando cerró el ejercicio fiscal de 2018, no tienen rival en ningún sector. Le siguen los 42.316 millones de euros de British American Tobacco, fabricante de los cigarrillos Lucky Strike y Dunhill, y los 38.286 millones del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). La coreana Samsung ganó 35.920 millones y Berkshire Hathaway, 34.787 millones. Los resultados de JP Morgan ascendieron a 23.221 millones en 2017.

Los beneficios de los titanes tecnológicos Microsoft, Amazon y Google son mucho más pequeños: 14.230 millones de euros ganó la compañía de Bill Gates, por 3.416 millones la de Jeff Bezos y 14.542 millones el buscador creado por Larry Page y Serguéi Brin.

También una compañía comercial típica como Walmart adelanta a las marcas tecnológicas en volumen de ventas. La cadena estadounidense de tiendas de bajo precio factura 438.206 millones de euros, el doble que Apple, que ingresa 216.781 millones de euros por sus lujosos diseños tecnológicos. La segunda por volumen de ventas es la petrolera china Sinopec –286.039 millones– y la tercera, Royal Dutch Shell –281.835 millones–. Otras dos automovilísticas, Volkswagen y Toyota, facturan más que Apple.

Activos financieros y enanos españoles

Eso sí, los líderes por el volumen de sus activos son tres bancos chinos: el ya citado ICBC, con 3,7 billones de euros; el China Construction Bank, con 3,2 billones, y el Agricultural Bank of China, con tres billones de euros. Las 10 empresas con mayor volumen de activos son todas financieras, e incluyen a la estadounidense Fannie Mae, que tuvo que ser rescatada por el Gobierno de George W. Bush en 2008, a JP Morgan, al británico HSBC y al francés BNP Paribas.

Comparados con los colosos del capitalismo internacional, los grandes del ÍBEX 35 se vuelven, en realidad, muy pequeños. La capitalización de los 10 mejores de la Bolsa española –además de Inditex y Santander, Iberdrola, Telefónica, BBVA, Amadeus, Repsol, Naturgy, Caixabank y Arcelor– suma 382.840 millones de euros; es decir, equivale a la de Alibaba y es prácticamente la mitad del valor en Bolsa de Microsoft.

El exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes en la vista por su extradición a Suiza en la Audiencia Nacional que sin este tribunal español, que denegó hace cinco años su entrega al país helvético, no habría sido posible que "28 países" judicializaran el resultado de los datos de miles de defraudadores que él mismo extrajo de la entidad financiera en la que trabajaba. La Fiscalía se opone a la entrega.

"Hace cinco años se decidió (rechazar la petición de Suiza) y eso permitió la judicialización en múltiples países del conocido como caso HSBC y por eso, esta corte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han sido fundamentales en la ayuda a la justicia", ha apuntado, para incidir en que si el tribunal le hubiese extraditado, "no se habría podido judicializar el caso, habría sido sólo administrativo".

Falciani se ha expresado así al tomar la palabra ante el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este martes presidía María Riera, en una vista que no ha durado más de 20 minutos y en la que el exinformático ha destacado que "los últimos que se han beneficiado" de la decisión del tribunal que le permitió quedarse en España han sido las autoridades francesas, "que han pactado 300 millones de euros de multa a la banca" y las belgas, que investigan "3.000 millones de dinero del mercado de diamantes".

"Hasta países como Francia tienen que dar las gracias y reconocer lo que se hizo aquí rechazando las alegaciones suizas", ha comentado después en declaraciones a los medios, para destacar además que en un contexto de "guerra económica" global, para defender los intereses económicos de un país, a sus empresas y sus ciudadanos "se tiene que defender a los delatores" porque es su información "la que permite que estos casos no acaben sin consecuencias".

En España no habría cometido "delito alguno"

Durante la vista, la fiscal María Sandoval ha expresado su posición contraria a la extradición del exinformático por entender que el caso ya fue juzgado y las razones por las que entonces se denegó siguen vigentes, ya que lo único que ha cambiado es que en aquel momento había sido imputado por la justicia helvética y ahora ya ha sido condenado (cuatro años y 195 días de cárcel) pero el caso es el mismo.

Según ha detallado, los delitos por los que ha sido allí sentenciado (espionaje económico con agravantes) no tienen equivalencia en el Código Penal y de hecho, que extrajese datos de potenciales delincuentes económicos y los pusiera a disposición de las autoridades judiciales y administrativas, que "no de particulares", "no es constitutivo de delito alguno" en España.

"Lo único que ha habido aquí ha sido una revelación de información a las autoridades judiciales, provinciales y la Hacienda Pública con el fin de reprimir conductas delictivas", ha resumido el abogado de Falciani, Juan Ballarat, quien al término de la vista se mostraba confiado en que prevalezca en la sala el criterio de la Fiscalía y Falciani, tampoco en esta ocasión, sea entregado a Suiza. Espera tener un auto de la sala en un plazo de unos quince días.

Falciani fue detenido por primera vez en territorio español el 1 de julio de 2012 en Barcelona debido a que pendía sobre él una orden de extradición emitida por Suiza en 2009. Sin embargo, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó extraditarle en mayo de 2013, al entender que su conducta había consistido en denunciar "actividades sospechosas de ilegalidad" que no debían ser objeto de protección.

Por su parte, Suiza condenó a Falciani en noviembre de 2015 a cuatro años y 195 días de cárcel y una vez la sentencia alcanzó firmeza, sus autoridades emitieron una nueva orden internacional contra él que fue renovada en mayo de 2017 e incorporada al sistema español que gestiona estos procesos en marzo de 2018. El pasado 4 de abril fue detenido en Madrid y puesto en libertad con medidas cautelares para garantizar que estuviese localizable.

Hervé Falciani, en la Audiencia Nacional durante la vista de su extradición a Suiza, que lo reclama para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, unos hechos por los que en 2013 el tribunal español ya rechazó su entrega al país helvético. | EFE

Falciani fue arrestado el pasado miércoles por agentes de la Policía Judicial después de que las autoridades españolas dieran por válida, a mediados del mes de marzo, la última orden de extradición contra el informático emitida por Suiza en mayo de 2017. La sorpresa por la detención fue mayúscula entre jueces y fiscales. Principalmente, porque la Audiencia Nacional ya denegó en 2013 su entrega al entender que destapó "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección". Las fuentes pulsadas por este diario el pasado jueves aseguraron que la nueva solicitud de extradición cursada por la Confederación Helvética esgrime exactamente los mismos hechos que la que sustentaba la de 2012, cuando fue detenido en Barcelona.

A diferencia de la posición adoptada por la Fiscalía hace cinco años, cuando se opuso de forma rotunda a la entrega de Falciani, en esta ocasión el Ministerio Público solicitó prisión incondicional para el detenido mientras se tramita la orden de extradición. Sin embargo, a primera hora de la tarde del pasado jueves, el juez Diego de Egea decretó la puesta en libertad del exempleado del HSBC, que no podrá abandonar el territorio y tendrá que comparecer periódicamente en tanto se tramita el expediente. Falciani, que fue condenado en 2015 por el Tribunal Penal Federal helvético a cinco años de cárcel por sus revelaciones, ha asegurado, tras su liberación y a través de su abogado, que sigue “confiando en la justicia española, pero no en la Suiza”. Sin embargo, reconoce que no se esperaba una nueva detención en España después de “haber estado colaborando con las autoridades” en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

De hecho, Anticorrupción aún investiga en secreto un caso basado en las relevaciones del informático. Fuentes jurídicas confirmaron a infoLibre que los datos facilitados por Falciani son esenciales para el avance de esa pieza secreta y señalaron que la solicitud de prisión incondicional solicitada por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo no fue consultada ni comunicada con carácter previo a Anticorrupción. Nada ha trascendido sobre el contenido de esa pieza secreta nutrida con información facilitada por Falciani. Nada, salvo que se inscribe en la causa donde un juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, investiga también, aunque en otra pieza distinta, a directivos del HSBC, del Santander y del banco francés BNP Paribas.

“Gravísimo” y “bochornoso”

Los colectivos españoles de lucha contra la corrupción se muestran “estupefactos” por la detención del alertador, cuyas revelaciones han destapado los vínculos de organizaciones criminales –el cártel de Sinaloa o Al Qaeda, por ejemplo– con el HSBC y han ayudado a las autoridades de varios países a recuperar miles de millones ocultos en la entidad financiera. Por eso, califican el arresto como un hecho “bochornoso” y “gravísimo”. “Falciani fue puesto en libertad en 2013 con la condición de que colaborara. En todos estos años, tanto las instituciones españolas como las de otros países han tenido solo buenas palabras hacia él. Y ahora, se le detiene. Estamos alcanzando unos niveles de desvergüenza excesivos”, critica en conversación con este diario Sergio Salgado, miembro del colectivo Xnet.

En todo este tiempo, Falciani ha colaborado con Estados Unidos y varios países europeos –Francia, Italia, España, Irlanda, Reino Unido y Bélgica– en investigaciones sobre fraude fiscal. Y los resultados han sido satisfactorios. La famosa lista Falciani ha permitido a las autoridades tributarias de los mencionados Estados de la Unión Europea recuperar al menos 1.120 millones de euros que permanecían ocultos en Suiza. En el caso de España, donde el Tribunal Supremo ha terminado avalando el listado del informático como prueba válida para construir una condena por delito fiscal, la información aportada por Hervé Falciani ha facilitado la recuperación de casi 300 millones de euros, según reveló en 2013 el exsecretario de Estado de Hacienda durante la vista judicial en la que se estudió la extradición del alertador a Suiza.

En la misma línea se pronuncia Pedro Arancón, portavoz de la Plataforma X la Honestidad. Para el activista, “es gravísimo” que al informático se le persiga “mientras que evasores fiscales han sido indultados a través de una amnistía inconstitucional”. Tanto Salgado como Arancón apuntan que los últimos acontecimientos evidencian “la falta de seriedad del Gobierno en la protección de los denunciantes” y lamentan que el Ejecutivo de Mariano Rajoy los esté poniendo “en riesgo” en lugar de respaldarlos. “Eso es muy grave, porque detrás de cada caso de corrupción destapado hay siempre un alertador”, recuerda el activista de Xnet. Según el informe Report to the nations on occupational fraud and abuse 2016, que elabora bianualmente la Asociación de Auditores de Fraude Certificados, un 39,1% de los casos se detectaron gracias a un 'chivatazo'.

Desincentivar futuras denuncias

En 2013, España era –junto a Grecia, Portugal, Eslovaquia y Finlandia– uno de los países de la Unión Europea que menos protección ofrecían a los whistleblowers. Sin embargo, en los últimos años este problema ha conseguido hacerse hueco en una agenda política agitada día tras días por escándalos de corrupción. Varias comunidades han aprobado ya leyes autonómicas para lograr que los alertadores no se sientan desamparados. Pasos a los que se sumó a finales de 2016 la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, una iniciativa que se está tramitando en el Congreso. A pesar de ello, Arancón considera fundamental, además de todos estos pasos, “modificar el delito de revelación de secretos para que no pueda ser imputable en los casos de corrupción”.

Con todo esto sobre la mesa, la Plataforma X la Honestidad y Xnet alertan de otro peligro. En conversación con este diario, se muestran preocupados ante la posibilidad de que lo sucedido esta semana con el exempleado del HSBC tenga un efecto disuasorio sobre posibles alertadores que estuvieran sopesando destapar información sensible sobre tramas financieras. “Con qué cara las unidades de Anticorrupción le dicen a un alertador que coopere, que colabore y que estará protegido, cuando a Falciani se le ha detenido por un capricho del Gobierno”, asevera Salgado, que considera que lo que se ha hecho “ha sido una auténtica chapuza”. “Por supuesto que sucesos de este tipo terminan desincentivando”, sentencia Arancón.

La defensa de Hervé Falciani ha presentado un habeas corpus para solicitar su inmediata puesta en libertad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, argumenta que los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, considera que se trata de una "detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio 'non bis in ídem' por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

"Es inexplicable que este dato no se conociera ya por la Policía Nacional. Además, se trata de una detención innecesaria porque Falciani tiene domicilio conocido, siendo esto también notorio para la Policía", afirma.

Por otro lado, la defensa hace hincapié en que "la colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España", y, de hecho, "el mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga".

"La propia justicia española ha considerado valiosa la colaboración del informático de sistemas en casos de corrupción como son la trama Púnica y el caso Pujol. Asimismo, Estados Unidos ya se benefició de los datos que contiene la llamada lista Falcianicuando acusó a HSBC de blanquear dinero procedente del narcotráfico, razón por la cual el banco suizo fue multado por las autoridades estadounidenses y condenado al pago de casi 2.000 millones de dólares".

"En Francia, la lista Falciani fue utilizada por la Fiscalía de Niza, que, viendo el alcance y la veracidad de los datos contenidos en la misma, la facilitó a las autoridades judiciales de diferentes países, entre ellos España", explica el despacho.

La líder del ultraderechista Frente Nacional francés (FN), Marine Le Pen, ha informado este miércoles de que tanto su partido como ella, a título personal, van a presentar "denuncias formales por discriminación" contra los bancos Société Générale y HSBC, que han cerrado las cuentas corrientes del partido y de la propia Le Pen.

"Vamos a presentar una queja en nombre del Frente Nacional contra Société Général y su filial, y a título personal, contra HSBC", ha dicho este miércoles Le Pen, quien ha hecho un llamamiento a "ejecutivos, funcionarios electos, miembros y votantes para apoyar más que nunca al Frente Nacional y la democracia", según ha comunicado el periódico francés Le Monde y recogido Europa Press.

"Este es un intento de ahogar a un partido de oposición", ha denunciado la dirigente, quien ha asegurado que es víctima de una "fatua bancaria" después de que el banco HSBC le haya solicitado que cierre su cuenta personal. Len Pen ha escrito en su cuenta de Twitter: "La persecución bancaria se vuelve personal: Vandeville, director de HSBC, me está expulsando del banco del que he sido cliente durante 25 años".

El FN asegura que Société Générale ha cerrado sus cuentas y sostiene que cuando el banco central ordenó a una caja subsidiaria, Credit du Nord, que administrara la cuenta, se negaron a procesar los cheques y las tarjetas de crédito.

Debido a la confidencialidad bancaria, tanto Société Générale como los otros bancos han rechazado hacer comentarios, confirmar o negar explícitamente el cierre de las cuentas del FN o de la propia Le Pen. "No discutimos públicamente las relaciones con nuestros clientes, que se rigen por un conjunto de obligaciones reguladoras que cumplimos", ha dicho Thomas Vandeville al diario francés Le Figaro.

En Francia, los bancos pueden decidir unilateralmente cerrar cuentas, con previo aviso, sin tener la obligación de argumentar el cierre. Sin embargo, tener una cuenta bancaria es un derecho y se puede pedir al banco central francés que designe un banco, que se puede ver obligado a abrir una cuenta.

El sector financiero privado copa la práctica totalidad de los asientos en los grupos de expertos del Banco Central Europeo (BCE). De los 517 miembros que componen los 22 órganos consultivos y de asesoramiento que ha puesto en marcha la institución comunitaria, al menos 508 –el 98%– representan a grandes bancos, fondos de inversión, cámaras de compensación de pagos o consultorías financieras, según se desprende del informe Open door for forces of finance at the ECB, elaborado por el colectivo Corporate Europe Observatory (CEO) y publicado a comienzos de octubre. Una situación que, en opinión de los activistas bruselenses, demuestra que los foros consultivos del supervisor bancario, donde se combina "experiencia con un toque de spin corporativo", son utilizados "como plataformas lobbistas por la industria financiera", algo que, añaden, pone en riesgo la independencia en la toma de decisiones.

El estudio del CEO revela que estos foros del BCE "han estado dominados en gran medida por representantes de algunas de las corporaciones financieras globales más influyentes". En total, 508 miembros que representan a algunas de las firmas del sector financiero privado más potentes del planeta, entre las que se encuentran el famoso fondo buitre Blackrock –tres asientos–, las firmas de inversión JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley –con ocho, cuatro y tres miembros, respectivamente– o las gigantes aseguradoras Axa, Allianz o Zürich Insurance –3, 3 y 1, respectivamente–, entre otras. Sin embargo, son los grandes bancos europeos los que sientan a un mayor número de representantes. Entre ellos, resaltan el Deutsche Bank (18), BNP Paribas (17), Societé Générale (16) o Unicredit (15).

Con menor número de representantes, pero con una presencia importante en estos grupos, se sitúan el HSBC, cuya oficina en Ginebra escondía, según reveló la lista Falciani, cuentas no declaradas de 130.000 potenciales evasores fiscales, y los bancos españoles –10 asientos el Santander, 7 el BBVA, 3 Caixa Bank y 1 Bankia–. De todas las compañías representadas en los más de veinte foros, completa el CEO, 66 de ellas son monitoreadas por el Banco Central Europeo, algo que preocupa sobremanera a la ONG. "En los grupos asesores se aborda la política monetaria o la supervisión bancaria (...). La presencia masiva en estos grupos de los mismos bancos y casas de finanzas que supervisa el BCE es preocupante", sostienen. 

Sólo dos representantes de los consumidores

De los nueve asientos restantes que no están en manos del sector financiero privado, siete de ellos los ocupan representantes de firmas o colectivos vinculados a otros sectores pero también "con intereses económicos", según el estudio del Corporate Europe Observatory. Así, con un miembro cada una de ellas, están representadas la petrolera Total, la aeronáutica Airbus, la tecnológica Siemens, la firma legal griega Tsibanoulis&Partners, la patronal europea Business Europe, la Confederación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME) y la organización European Retail Roundtable –de la que forman parte grandes compañías como El Corte Inglés, Mercadona, Inditex, Ikea o Lidl–.

Hace justo un año, Roman Schremser, alto cargo del supervisor bancario, explicó en una carta remitida a Kenneth Haar –investigador del CEO y autor del informe–, a la que ha tenido acceso infoLibre, cuáles eran los objetivos de estos foros de expertos. En la misiva, Schremser afirmaba que "permiten recopilar información e ideas intercambiando puntos de vista sobre temas de interés común, como los desarrollos del mercado estructural y asuntos relacionados con el funcionamiento del mercado". "Mantener el diálogo necesario con asociaciones representativas y la sociedad civil", añadía. Sin embargo, sólo dos sillas de las 517 las ocupan grupos de consumidores: una representa a la Organización de Consumidores Europea (BEUC) –que integra a la CECU y la OCU– y la otra a AGE Platform.

Escándalo tras escándalo

Los 22 foros consultivos del BCE tienen mandatos diversos, que van desde las "respuestas a las situaciones de crisis que pueden surgir en los mercados financieros" hasta las "cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera de la zona del euro y la política macroprudencial", pasando por asuntos relativos al "mercado monetario", el "mercado de bonos" o la "liquidación de valores y gestión de garantías", entre otros. Materias extremadamente sensibles como para que el sector financiero privado tenga en sus manos la posibilidad de ejercer una presión directa en la toma de decisiones a través de estos grupos. Y más todavía si se tiene en cuenta que un número importante de estos representantes pertenecen a compañías que han estado implicadas en los últimos años en importantes escándalos financieros.

Es el caso, por ejemplo, de la manipulación del Líbor y el Euríbor. El escándalo saltó a la palestra en 2012 –aunque las sospechas planeaban desde mucho antes–, cuando los reguladores bancarios de Reino Unido y Estados Unidos impusieron a Barclays –cuenta con 5 representantes en los grupos del BCE– una multa de 454 millones de dólares por manipular los dos índices, que se utilizan en el cálculo de la cuota de las hipotecas. Sin embargo, el caso salpicó también a otras importantes compañías del sector financiero: UBS –5 asientos–, JP Morgan, Royal Bank of Scotland –1 representante–, Societé Générale, Citigroup –13 miembros–, Deutsche Bank o HSBC. Estos tres últimos bancos, por ejemplo, acordaron recientemete pagar 132 millones de euros para zanjar una demanda colectiva interpuesta contra ellos en 2011.

Dos años después de la multimillonaria sanción a Barclays, una investigación de Bloomberg reveló la manipulación del mercado de divisas, el conocido como caso Forex. Según la agencia de noticias, varios operadores de bancos intercambiaban a través de un chat de Internet información confidencial sobre compras de clientes, y se ponían de acuerdo para manipular el precio de esa divisa, haciendo caja con las diferencias. El nuevo escándalo puso bajo la lupa, otra vez, a UBS, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Barclays y Deutsche Bank, que tuvieron que afrontar abultadas multas. Sanciones que también fueron impuestas a Bank of America –3 representantes en los foros del BCE–, Goldman Sachs y BNP Paribas. La manipulación, según el CEO, hizo perder a los ahorradores unos 8 billones de euros anuales.

Reformas pendientes

La composición de los grupos de expertos en el seno de los organismos comunitarios, sobre todo de la Comisión Europea, lleva años bajo una sospecha permanente. De hecho, analizar este tema fue una de las prioridades que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O' Reilly, puso sobre la mesa nada más tomar posesión del cargo, en octubre de 2013. Siete meses después de asumir el puesto, O'Reilly puso en marcha una investigación por iniciativa propia que concluyó con una serie de recomendaciones al Ejecutivo comunitario. En la carta remitida a la Comisión, la defensora del pueblo pidió que se garantizase una "representación equilibrada de todos los intereses", que se publicase una "convocatoria de solicitudes para cada grupo de expertos" o que se mejorase el acceso a información relativa a estos foros, entre otras sugerencias.

Presionada por la sociedad civil, algunos grupos del Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo, el Ejecutivo europeo anunció en 2016 nuevas normas para estos foros consultivos. El nuevo reglamento incluyó dos mejoras importantes que O'Reilly también había puesto sobre la mesa: una política oficial sobre conflictos de intereses –que incluye la obligación de publicar los curriculum vitae de todos los expertos, que tendrán que someterse a un exhaustivo examen que evite posibles conflictos de intereses y firmar una declaración pública de intereses– y la obligación de vincular el registro oficial de estos grupos con el de transparencia de la UE –esto quiere decir que todas aquellas firmas que quieran participar tienen que estar inscritas en el registro de lobbies–.

Sin embargo, estos avances parecen no haber llegado todavía al Banco Central Europeo, algo que lamentan desde el CEO. El observatorio bruselense se queja, en primer lugar, de la dificultad que existe para encontrar en la página web del supervisor todos los datos relativos a estos grupos de expertos –el número de foros que están en funcionamiento o la composición de los mismos, por ejemplo–. Además, también critican con dureza que las empresas o colectivos no estén obligadas a apuntarse en el registro de transparencia europeoregistro de transparencia europeo para poder participar en ellos. De hecho, según los datos que recoge Kenneth Haar en el estudio, de las 144 compañías o asociaciones con representación en los grupos de expertos, 63 –el 43,75%– no están inscritas en el listado de lobbies. 

Los papeles de Panamá, la lista Falciani, los Malta files han otorgado un protagonismo inédito a los evasores fiscales, coincidiendo con los años duros de la crisis económica. Se calcula que el 10% del PIB mundial se esconde en paraísos fiscales, territorios que no cobran impuestos y ocultan la identidad de los titulares de las sociedades que en ellos se crean. Según el Tesoro de EEUU, cerca del 10% de la renta variable emitida por compañías del país se gestiona desde territorios offshore, 10 veces más que en los años 40. Mientras que el Senado de Estados Unidos cifra en un 95% las cuentas no declaradas al fisco que han sido abiertas en UBS y Credit Suisse por ciudadanos de ese país, más del 80% del patrimonio guardado en Suiza por ciudadanos europeos resulta opaco a sus haciendas nacionales.

Hasta ahora, los expertos estudiaban la evasión fiscal mediante auditorías aleatorias estratificadas según la renta, que han revelado las altas tasas de evasión de autónomos y pequeñas empresas. Así, la Hacienda de EEUU calcula que la mitad de la brecha fiscal norteamericana –la diferencia entre los impuestos potenciales y los efectivamente recaudados– procede de los impuestos defraudados por autónomos y pequeños negocios. En Dinamarca, el 45% de los trabajadores por cuenta propia evade impuestos.

En cambio, estos controles aleatorios no permiten descubrir la defraudación tributaria de los más ricos, no sólo por el escaso tamaño de las muestras utilizadas, sino también por la elevada sofisticación de las técnicas de escapismo fiscal accesibles a estos estratos de la sociedad. Es el motivo que ha llevado a Gabriel Zucman, economista francés, profesor en la Universidad de Berkeley y autor de La riqueza escondida de las naciones, a estudiar junto a Anette Alstadsaeter, de la Universidad de Noruega, y a Niels Johannsen, de la Universidad de Copenhage, la evasión fiscal de las mayores fortunas.

Para ello han utilizado los datos fiscales de Noruega, Suecia y Dinamarca, tres países con niveles muy bajos de fraude tributario. Y los han cruzado con la información sobre paraísos fiscales que han proporcionado los papeles de Panamá, la lista de contribuyentes del banco suizo HSBC desvelada por Hervé Falciani y las sucesivas amnistías fiscales aplicadas en los países escandinavos. Concluyen que la evasión fiscal se dispara en el caso de los ultrarricos. Quienes acumulan patrimonios superiores a los 40 millones de dólares netos –la suma de activos financieros y no financieros, y restadas las deudas–, que componen el 0,01% de los ciudadanos de Noruega, Suecia y Dinamarca, evaden en paraísos fiscales el 30% de sus ingresos personales e impuestos patrimoniales. La tasa media es del 2,9%. Es decir, los más acaudalados defraudan 10 veces más que la población general.

Además, el estudio revela que el patrimonio offshore está “extremadamente concentrado”offshore: ese 0,01% de los escandinavos –que incluye a las 330 mayores fortunas de Noruega, por ejemplo– posee el 50% de la riqueza de los tres países ubicada en paraísos fiscales.

Como queda dicho, estos cálculos se refieren a tres naciones cuyo nivel de pulcritud fiscal es muy superior a la media mundial. De hecho, destacan los autores, los escandinavos ocultan en paraísos fiscales el 1,8% de sus patrimonios, la mitad de la media mundial, que alcanza el 3,7%. Es más, la brecha fiscal de Suecia equivale al 6,5% de su PIB, y la de Dinamarca al 3,1%, mientras que la media de la UE asciende al 7,7% y la de España se eleva al 10,6%. Por tanto, las cifras de evasión aportadas se sitúan en el límite inferior de la clasificación mundial. “Durante las últimas cuatro décadas, las estadísticas fiscales han subestimado el aumento de la concentración del patrimonio oculto en plazas offshore”, resalta el estudio.

La evasión fiscal aumenta la desigualdad

La tesis de sus autores, en cualquier caso, no es que el aumento del patrimonio de los más adinerados estimule la evasión fiscal, sino lo contrario, que el fraude agrava la desigualdad, al concentrar aún más la riqueza en unas pocas manos. Por ejemplo, si se suma el patrimonio offshore de las 330 mayores fortunas de Noruega al patrimonio que sí declaran, su riqueza aumenta en un tercio.

El estudio cita también el caso de Estados Unidos, donde el porcentaje de riqueza en manos del 0,1% de la población, aquéllos con patrimonios por encima de los 20 millones de dólares, se ha disparado del 7% en los años 70 al 22% en la actualidad, mientras que la participación del resto de los grupos sociales ha permanecido inalterado. Según los autores, los niveles de desigualdad de Noruega, Suecia y Dinamarca son comparables a los de Francia, pero muy inferiores a los de Estados Unidos. Sin embargo, aunque el patrimonio medio es comparable en Escandinavia y EEUU, el 0,1% con mayores fortunas es el doble de rico en el país de Donald Trump que en la Europa septentrional, mientras que la clase media norteamericana es dos veces más pobre que la nórdica.

Del cruce de datos entre los contribuyentes escandinavos y los datos de la lista Falciani, se revela que el 1% de quienes superaban los 44,5 millones de dólares de patrimonio evadían impuestos a través del HSBC, 13 veces más que los ciudadanos situados en la mitad inferior del grupo de los más ricos; es decir, de los que sólo poseen entre dos y tres millones de dólares. Si el foco se pone en los papeles de Panamá, las sociedades pantalla montadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, resulta que la probabilidad de tener una de estas firmas fantasma es del 1,2% entre las mayores fortunas incluidas en el 0,01% más rico, pero sólo del 0,2% para el resto.

Amnistías fiscales estimulan la recaudación

Por lo que se refiere a las amnistías fiscales aplicadas en Noruega y Suecia, el cruce de datos descubre que los patrimonios de entre uno y tres millones de dólares están sobrerrepresentados en la muestra pero, aun así, el número de los ultrarricos acogidos a estas medidas de gracia equivale al 14% de ese 0,01% en la parte más alta de la distribución. En el caso noruego, la amnistía fiscal para quienes voluntariamente declararan el patrimonio oculto en paraísos fiscales empezó a aplicarse en los años 50, pero sólo a partir de 2007 el número de quienes se acogieron aumentó de forma significativa, después de que se supiera que el alcalde de Oslo poseía cuentas en Suiza. También influyó el hecho de que Suiza, Luxemburgo y Singapur aceptaran intercambiar información fiscal, primero si se lo requerían otros países y después de forma automática. Entonces se comprobó que los patrimonios de los acogidos a la amnistía eran 100 veces mayores que los del resto de los contribuyentes y que sus fortunas offshore multiplicaban por 200 sus bases imponibles declaradas.

Finalmente, los autores del estudio descartan que los ricos amnistiados sustituyan la evasión por la elusión, la ingeniería fiscal más sofisticada que aprovecha los huecos de las normas tributarias. Tras aflorar sus patrimonios ocultos, no aumentaron su participación en hóldings o acudieron con mayor frecuencia a la renta variable no cotizada o a la inversión en inmuebles. Por tanto, deducen los tres economistas, las amnistías fiscales “generan un aumento permanente de los ingresos fiscales, que no resultan erosionados por la sustitución de técnicas evasoras por otras de elusión fiscal”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete directivos del banco HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública.

El auto del magistrado se enviará ahora a los investigados –presidente del Consejo de Administración, consejeros delegados en 2006 y 2007 y otros cuatro directivos– a través de una comisión rogatoria a Suiza.

Precisamente, De la Mata acordó también este miércoles citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander y otros tres del BNP por esta misma causa en la pieza separada de entidades financieras a raíz del caso Falcianicaso Falciani.

El pasado viernes el consejo de administración de Prisa aprobó el informe de retribuciones del grupo que preside Juan Luis Cebrián. Pero, de sus 17 miembros, uno votó en contra, y no el menos importante. John Oughourlian, consejero delegado y fundador de Amber Capital, el mayor accionista de Prisa. Posee el 19,29% del capital, por encima de la familia Polanco, que reúne con su sociedad Rucandio el 17,52%.

Según consta en el informe anual sobre remuneraciones que el grupo ha remitido a la CNMV, Oughourlian votó en contra porque no está “conforme con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones”. En total, los 17 miembros del consejo percibieron el año pasado 5,75 millones de euros, 158.000 euros menos que en 2015.

Además, otros cuatro consejeros se abstuvieron en la votación. El motivo, no tenían “base suficiente para posicionarse, a favor o en contra, sobre la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Los cuatro abstencionistas son María Elena Pisonero Ruiz, Blanca Hernández Rodríguez, Alfonso Ruíz de Assin Chico de Guzmán y Dominique D’Hinnin, todos ellos consejeros independientes. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones la integran cuatro consejeros, uno de ellos Oughourlian y el otro Ruíz de Assin. Uno de ellos votó en contra y el otro se abstuvo por no tener información suficiente de la propuesta que ellos mismos habían presentado al consejo de administración.

El francés Joseph Oughourlian dirige Amber Capital, un fondo activista que pretende implicarse en la gestión de la empresa y no ha hecho más que aumentar su participación en el capital del grupo. Según publicó en su día Financial Times, Amber lleva tiempo criticando la gestión de Juan Luis Cebrián al frente de Prisa e incluso maniobra para forzar su salida como máximo responsable de la gestión. El grupo perdió en 2016 un total de 67,9 millones de euros y acumula una deuda de 1.486 millones.

De los abstencionistas, Elena Pisonero es presidenta de Hispasat y ejerció como ex secretaria de Estado de Comercio durante el primer Gobierno de José María Aznar. Además, Blanca Hernández Rodríguez es consejera de Ebro Foods y prima de su presidente, Antonio Hernández Callejas. El abogado Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán ejerce como presidente de la Asociación Europea de Radio. Y Dominique D’Hinnin, socio codirector y director financiero del grupo industrial francés Lagardère, también se sienta en el consejo de Eutelsat.

Los 'bonus' de los tres principales ejecutivos

El presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, cobró el año pasado 1,76 millones de euros, un 14,5% menos que en 2015. De esa cantidad, su sueldo fijo es de un millón de euros. Además, cobró 692.000 euros como bonusbonus a corto plazo –por haber cumplido los objetivos de Ebitda, cash flow e ingresos de transformación del grupo– y otros 70.000 euros por un concepto que no precisa el informe de remuneraciones. El grupo paga a Cebrián 48.000 euros por el alquiler de la vivienda de Madrid donde reside.

El consejero delegado, José Luis Sainz, percibió 1,29 millones de euros, un 12,7% menos que el pasado ejercicio. Su sueldo fijo asciende a 750.000 euros anuales y se embolsó otros 538.000 euros como bonus ligado a objetivos, al igual que Cebrián. El vicepresidente, Manuel Polanco, aumentó sus ingresos este año hasta alcanzar 640.000 euros, un 11,5% más que en 2015. De ellos, 175.000 corresponden a un bonus por cumplir objetivos. Los tres acordaron “voluntariamente”, indica el informe remitido a la CNMV, reducir en un 30% sus retribuciones variables respecto a las cantidades que les correspondían por cumplir los objetivos previstos.

Cebrián tiene contrato como presidente ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2018, pero continuará al frente del grupo dos años más. Entonces podrá cobrar una jubilación para la que se han provisionado seis millones de euros, a razón de una aportación anual de 1,2 millones.

Lo que cobran los consejeros

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis es el consejero no ejecutivo que más cobra: 300.000 euros. Le sigue el mexicano Roberto Alcántara, que representa a GHO Networks, propietario del 8,04% de las acciones de Prisa, y que vota en conjunto con la sociedad de los Polanco, Rucandio. Se llevó 175.000 euros. Elena Pisonero, una de las consejeras que se abstuvo en la votación del informe de retribuciones, percibió 150.000 euros por su trabajo en el órgano de gobierno de Prisa. Y Joseph Oughourlian, que votó en contra, ingresó 112.000 euros como consejero. Blanca Hernández, que se abstuvo, cobró 86.000 euros, los mismos que Alfonso Ruíz de Assin, otro de los abstencionistas. Dominique D’Hinnin recibió 60.000 euros. De esa cantidad, 50.000 euros remuneran su actividad de asesoramiento al presidente Cebrián y al consejero delegado Sainz en el plan de refinanciación de Prisa, explica el informe enviado a la CNMV.

Además de Amber y Rucandio, los dos principales accionistas del grupo editor de El País, Telefónica posee el 13,06% del capital. El grupo catarí International Media Group es el propietario del 8,17% de las acciones y ha sentado en el consejo de administración del grupo al jeque Jalid Bin Thani Bin Abdulá Al ThaniJalid Bin Thani Bin Abdulá Al Thani, que sólo cobró 72.000 euros por ello el año pasado. Los mexicanos de GHO tienen el 8,04%. Las participaciones de los bancos son menores: el mayor de ellos es el HSBC, con un 7,46%, mientras que el Santander cuenta con un 4,19% y la Caixa, con un 3,83%. Finalmente, Nicolas Berggruen, inversor y fundador del think tank que lleva su nombre, tiene el 1,22% de las acciones.

La Comisión Europea impuso este miércoles una multa de 485 millones de euros a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, por participar en un acuerdo ilegal para influir en los precios de productos derivados de tipos de interés de referencia como el Euríbor, según informa Europa Press.

Los derivados de tipos de interés (por ejemplo, los acuerdos de tipos futuros, los swaps o las opciones) son productos financieros utilizados por bancos y empresas para gestionar los riesgos de las fluctuaciones de los tipos de interés. Su valor deriva de un tipo de interés de referencia como, en lo que se refiere al euro, el Euríbor.

Bruselas acusa a estos tres bancos de haber violado las normas comunitarias en materia de competencia, al haber intercambiado información sensible y discutir elementos de la fijación de precios de productos derivados de los tipos de interés del euro. Los productos afectados por el cartel fueron los indicadores del mercado interbancario en euros Eonia y Euríbor.

"Los bancos deben respetar las reglas de la competencia de la Unión Europea del mismo modo que lo hace cualquier otra empresa que tiene actividad en el mercado único", advirtió la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa para anunciar la sanción.

Por ello, la Comisión decidió imponer una multa de 337,1 millones de euros a JPMorgan Chase; de 114,6 millones de euros a Crédit Agricole; y de 33.6 millones a HSBC.

"Es difícil hacer un cálculo exacto de cuán lucrativo ha podido ser (el pacto)", señaló la comisaria, al recordar que para el cálculo de la sanción se han tenido en cuenta varios factores, como el alcance geográfico y el periodo de irregularidades.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ejecutivo comunitario impuso una multa récord de 1.700 millones de euros a siete grandes bancos internacionales y europeos –Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Général, JPMorgan, Citigroup y RP Martin– por participar en un cartel para manipular tipos de interés de referencia como el Euríbor o el Líbor.

Cuatro de las entidades –Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Société Général– aceptaron colaborar en la investigación de Bruselas, lo que les permitió rebajar la multa impuesta.

No fue el caso de Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, que rechazaron el acuerdo, por lo que el Ejecutivo comunitario siguió adelante con el expediente y un año después, en 2014, les acusó formalmente.

El Euríbor es un índice de referencia que pretende reflejar el coste de los préstamos interbancarios en euros y que se usa por ejemplo en la mayoría de las hipotecas en España. Se calcula sobre la base de los datos que envían los 44 bancos participantes en el panel cada día.

Los traders de los bancos sancionados discutían entre ellos los datos que iba a ofrecer cada entidad para el cálculo del Euríbor, así como sus estrategias de negociación y de fijación de precios, con el objetivo de maximizar los beneficios para las entidades.

Agentes de la Guardia Civil se personaron este martes en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron también en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en una causa que instruye el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional.

Su titular, José de la Mata, ha incoado 40 diligencias previas en relación con otras tantas personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada lista Falciani y se ha inhibido a los juzgados correspondientes, que investigarán a estas personas por delito contra la Hacienda Pública.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reclamado al banco Santander todas las transacciones realizadas con el HSBC de Suiza de los últimos diez años, según confirmaron fuentes de la investigación a infoLibre.

Por su parte, la entidad presidida por Ana Botín afirmó en un comunicado que ha atendido dicho requerimiento suministrando "todos los datos disponibles". El banco garantizó, además, que prestará "en todo momento" la colaboración requerida por las autoridades.

La actuación del magistrado se enmarca en el denominado caso Falciani, que se inició después de que el informático suizo desvelara en la conocida como Lista Falciani los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores de varios países, entre ellos de España.

Prescripción del blanqueo

El motivo de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional limite su petición al Santander a la última década se justifica porque el delito de blanqueo de capitales prescribe a los diez años.

Entre los guardias civiles que han acudido este viernes por la mañana a las oficinas del Santander en el municipio madrileño de Boadilla del Monte había agentes expertos en el volcado de datos informáticos, indicaron a Europa Press fuentes de la investigación. Los agentes abandonaron la sede de la ciudad financiera a las 16:30 horas del mismo viernes, según ha podido saber este periódico.

La investigación arrancó en junio de 2013 con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción gracias a los datos suministrados por Hervé Falciani. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

Juzgados territoriales

Determinando caso por caso la competencia judicial, el juez De la Mata ha concluido que por las cuantías supuestamente defraudadas, la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, que fue en junio de 2008. Las 40 piezas se reparten ahora entre todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.

Por eso, este mismo viernes el juez ha acordado levantar el secreto de sumario en relación a 40 personas o grupos familiares residentes en España que podrían haber cometido un delito fiscal, pero no blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez De la Mata mantiene secretas las actuaciones en relación al tronco principal de la investigación, es decir por las transacciones entre la entidad bancaria española y la del banco HSBC en Suiza, dónde se encuadra la petición de información de este viernes en la ciudad del Santander en Boadilla del Monte. En esta pieza principal se desconoce la identidad de los investigados.

La investigación en España sobre la lista Falciani comenzó hace más de tres años, cuando el antiguo empleado del HSBC inició su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. De los 130.000 evasores fiscales que integraban su ya célebre lista, en torno a 2.700 eran españoles. Sus cuentas sumaban más de 1.800 millones de euros.

En mayo de 2013, la Audiencia Nacional abortó el intento del HSBC para que Falciani fuese extraditado. Formulada oficialmente por Suiza, que pretendía encarcelarlo, fue rechazada por el tribunal.

Un mes antes, y en una vista donde el informático puso el acento en cómo las componendas entre los poderes públicos y financieros habían dado alas a las “escandalosas” actuaciones del banco, la fiscal del caso, Dolores Delgado, había lanzado una demoledora definición sobre el banco suizo: “El HSBC es un paraíso fiscal en sí mismo”.

Delgado hizo mención expresa a cómo esa entidad acababa de ser multada con casi 2.000 millones de dólares en EEUU por no impedir que su red bancaria fuese utilizada para blanquear dinero procedente del narcotráfico.  

En España, el desembarco del HSBC se ha producido de la mano del Santander, que actúa como su entidad corresponsal. Entre las operaciones más relevantes figura la anunciada en enero por el Grupo Prisa, que anunció  un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 100 millones de euros y ampliable hasta 150 millones como máximo. "HSBC, Santander y CaixaBank  –informó el diario El País– han comunicado ya a la empresa su compromiso de suscribir la emisión".

La Guardia Civil se ha personado este viernes en las oficinas del Banco Santander para requerir información en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada lista Falciani.

La causa está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, José de la Mata, ha incoado 40 diligencias previas en relación con otras tantas personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada lista Falciani y se ha inhibido a los juzgados correspondientes, que investigarán a estas personas por delito contra la Hacienda Pública.

A través de un comunicado, la entidad que preside Ana Patricia Botín remarcó que está atendiendo el requerimiento judicial y "suministrando todos los datos disponibles". "El banco -agrega el comunicado del Santander- está prestando y prestará en todo momento toda la colaboración requerida por las autoridades".

La presente investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Ahora el juez levanta el secreto de sumario en relación con estas piezas y se inhibe a los tribunales del lugar donde estas 40 personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales.

El banco HSBC

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que originó esta investigación se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

En el transcurso de esta investigación se incoaron estas 40 piezas separadas, por cada persona o grupo familiar. Se acreditó la falta de conexión entre estas personas, al tener únicamente en común que eran inversores depositarios de fondos en la entidad HSBC. Determinando caso por caso la competencia judicial, el juez De la Mata ha concluido que por las cuantías supuestamente defraudadas, supuestamente ninguna de “extraordinaria relevancia”, la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, junio de 2008. En todos los casos se investiga un delito contra la Hacienda Pública.

Las 40 piezas se reparten ahora entre todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.

Movimientos en cuentas

Banco Santander ha informado de que está atendiendo la petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades realizada por la Guardia Civil y suministrando "todos los datos disponibles".

El banco ha garantizado además que está prestando y prestará "en todo momento" la colaboración requerida por las autoridades.

Telefónica acaba de comunicar a la CNMV que ha convertido en acciones el 8,7% en derivados que poseía en el grupo Prisa. De esta forma, la compañía de César Alierta amplía su participación accionarial en la editora del periódico El País hasta el 13,1%. Un movimiento que vuelve a trastocar el reparto de la propiedad del grupo que preside Juan Luis Cebrián.

Junto a Telefónica, otro de los accionistas principales es el fondo Amber Capital, que acumula el 16,4% del capital. Amber entró con fuerza en el grupo a partir de diciembre de 2014. Pero cuando se ha disparado su interés en el editor de El País ha sido durante el último año: ha multiplicado su cuota por cinco desde febrero de 2015.

La participación conjunta de los bancos alcanza el 15,4%, según fuentes oficiales de Prisa. El mayor paquete está en manos del chino-británico HSBC, con más del 7%. Santander y Caixabank se reparten un 4% de las acciones cada uno. El francés BNP Paribas, que llegó a contar con el 5% de las acciones, ha reducido su participación hasta sólo el 0,9% el pasado noviembre. Paquetes más pequeños están en manos del Deutsche Bank, el suizo UBS, Morgan Stanley y Bank of America, de acuerdo con los datos registrados en la CNMV.

Rucandio, la sociedad patrimonial de la familia Polanco, por el contrario, no deja de reducir su participación en el grupo que fundó. En estos momentos se encuentra en torno al 10,7%, cuando llegó a alcanzar el 71% en 2009. Rucandio tiene un acuerdo de sindicación de acciones con el empresario mexicano Roberto Alcántara, que a través del Consorcio Transportista Occher posee un 7%, según las mismas fuentes. Es decir, ambos suman un 17,7% de los derechos de voto. 

Las fuentes oficiales de Prisa destacan que "en la práctica son el primer accionista gracias a su acuerdo de sindicación de acciones. Comparten proyecto y votan siempre de forma conjunta en el consejo de administración".

La última incorporación

Otra de las últimas incorporaciones al capital del grupo propietario de la Cadena Ser es la del jeque catarí Jalid Tani Abdulá Al Tani, que a través de International Media Group posee el 8,2% de los derechos de voto en el consejo de administración de Prisa. Tras anunciarse su entrada en febrero de 2015, el catarí no la materializó hasta el pasado noviembre y por 11 millones de euros menos de los inicialmente comprometidos: 64 millones en lugar de 75, con los que adquirió 6,4 millones de acciones.

Por su parte, los gestores estadounidenses Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, que entraron en Prisa en 2010 con su fondo Liberty, abandonaron en marzo de 2014 el consejo de administración del grupo y hoy cuentan con participaciones que en torno al 4% cada uno, indican las fuentes de Prisa. 

Gana 5,3 millones en 2015

Prisa obtuvo un beneficio neto de 5,3 millones de euros en 2015, frente a pérdidas de 2.236 millones el año anterior, según anunció este viernes la compañía. Durante el pasado ejercicio el grupo canceló 621 millones de deuda con los fondos procedentes del cierre de la venta de Canal+ en abril de 2015. Pero aún tiene pendiente un procedimiento de resolución sobre otros 36 millones de euros.

También canceló 201 millones de euros de deuda adicionales recomprándola a descuento con fondos procedentes de la venta de acciones de Mediaset España. Así, la deuda bancaria del grupo ascendía aún a 1.660 millones a 31 de diciembre de 2015.