Madrid se ha convertido en la capital europea del presidente argentino Javier Milei. Es la sexta vez que viaja a España desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Ningún otro país europeo ha recibido tantas visitas del presidente argentino y solo Estados Unidos supera a nuestro país en su agenda internacional. El viaje, además, mantiene un patrón que se ha repetido en todas sus estancias anteriores y que no cumple con la habitual diplomacia extranjera y no se reunirá ni con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. No lo ha hecho ninguna de las seis veces que ha visitado la capital, mientras que sí se ha visto con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Según trasladan fuentes de la Casa Rosada a medios argentinos, en esta ocasión Milei mantendrá reuniones con empresarios organizadas por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Así, citan encuentros con directivos de grandes compañías españolas con intereses en Argentina, entre ellas el Banco Santander, el BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia con el objetivo declarado de promover inversiones. No está previsto, según trasladan fuentes de Sol a infoLibre, que se reúna con Ayuso mientras que Vox no aclara a preguntas de este periódico si hará lo propio con Abascal. 

El principal evento de esta visita será la inauguración de la II edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina el viernes. El mandatario ultra recibirá la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, un reconocimiento que la institución justifica por “su trayectoria como economista, su defensa de las políticas de libertad económica y su papel en las reformas emprendidas en Argentina”, según destacan desde la organización.

Aunque la agenda oficial difundida por la Presidencia argentina solo confirma el acto del CEU, las reuniones privadas con empresarios son clave para el presidente argentino, que necesita inversiones en un país que él mismo presenta como oportunidad, pero que ha sido históricamente un mercado volátil, con crisis recurrentes, devaluaciones, litigios y dificultades para repatriar beneficios. De esta manera, busca conseguir acuerdos y compromisos millonarios para el país que le ayuden a mantener el apoyo político interno. 

Su viaje coincide con un momento de desgaste político provocado por investigaciones y polémicas que afectan a miembros de su Gobierno, especialmente a su jefe de Gabinete Manuel Adorni, que afronta una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito tras reconocer que ocultó medio millón de dólares no declarado. Lo justificó diciendo que eran ahorros "en negro" de años anteriores, explicaciones que no han convencido a la oposición argentina, que hace solo unas semanas reclamó una moción de censura contra Ardoni.

En esta sexta visita a España, la agenda de Milei transcurre, de nuevo, por un circuito alternativo al de la diplomacia habitual formado por empresarios, universidades privadas y organizaciones vinculadas a la derecha política y cultural. El acto central será su participación en la Universidad CEU San Pablo, donde recibirá una distinción honorífica. El reconocimiento no llega de una institución académica neutral, sino de uno de los principales centros de influencia del conservadurismo católico español.

Un acto que estará presidido por el presidente de la Fundación Universitaria, Alfonso Bullón de Mendoza, la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, y el director de los cursos, Benigno Pendás. El programa de los cursos refleja además el ecosistema político e ideológico con el que Milei mantiene mayor afinidad en España ya que entre los ponentes figuran, además de Ayuso y Abascal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente José María Aznar, además de dirigentes conservadores, juristas y representantes empresariales.

El centro pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), una organización fundada a comienzos del siglo XX con el objetivo de promover la presencia del catolicismo en la vida pública española. Desde 2018, la ACdP está presidida por el citado Alfonso Bullón de Mendoza, que además de presidir la Fundación Universitaria San Pablo CEU también es el presidente del pseudomedio El Debate desde su nacimiento, en 2021. Además, detrás de la distinción académica que recibirá Milei está Javier Morillas Gómez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas desde hace cinco años.

Bajo la dirección de Bullón de Mendoza, la ACdP ha reforzado su presencia pública mediante un entramado que combina universidad, medios de comunicación, fundaciones y foros de debate. Él mismo ha defendido la necesidad de que los católicos recuperen influencia en el espacio público y ha convertido al CEU y a El Debate en algunos de los principales altavoces del conservadurismo español.

Y, aunque el presidente argentino comparte buena parte de los discursos que forman parte del universo político de la ACdP como la crítica al progresismo, la oposición a las políticas de igualdad y el rechazo a la memoria histórica, la defensa de una concepción tradicional de la familia y un fuerte rechazo a lo que denomina "socialismo" o "cultura woke", el libertarismo económico de Milei no coincide plenamente con la doctrina social de la Iglesia. La reciente visita del Papa León XIV a España y su mensaje pro inmigración es un ejemplo de ello.

Más que un reconocimiento estrictamente académico, el premio supone la incorporación de Milei a una red de instituciones conservadoras que, desde distintos ámbitos —en este caso, el mundo de la universidad privada—, aspiran a disputar la hegemonía cultural a la izquierda y al Gobierno de Sánchez. En ese sentido, la distinción del CEU no solo reconoce al presidente argentino, sino que visualiza la afinidad entre su doctrina política y una parte significativa de la derecha española organizada en torno a un mismo ecosistema.

Con todo, la frecuencia de las visitas de Milei que supera con creces a la de otros mandatarios extranjeros, no responde únicamente al peso económico de España para Argentina —aunque el país es uno de sus principales inversores europeos— sino también a la relevancia ideológica que Milei concede a Madrid. A diferencia de otros presidentes latinoamericanos, no prioriza las visitas institucionales a países vecinos ni las reuniones bilaterales tradicionales. Prefiere cultivar alianzas con la derecha europea y utilizar Madrid como plataforma para proyectar internacionalmente su discurso anti impuestos.

La relación institucional entre ambos países continúa marcada por la crisis diplomática abierta en mayo de 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, durante un acto de Vox. España retiró entonces a su embajadora durante varios meses y las relaciones políticas nunca recuperaron la normalidad. Desde entonces, el presidente argentino ha evitado cualquier contacto oficial con el Ejecutivo español en todas sus visitas.

Esa fue su primera visita a España, en la que además de participar en el acto de la formación ultra, también se vio con empresarios españoles interesados en invertir en Argentina. Solo un mes después, en junio de 2024, regresó para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso en lo que fue un polémico encuentro y un reconocimiento del Instituto Juan de Mariana, presidido por un exviceconsejero madrileño, Manuel Llamas, que define al socialismo como una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. 

Durante el pasado año volvió a la capital — curiosamente, es la única ciudad que ha visitado en España— para clausurar el Madrid Economic Forum, reunirse nuevamente con Abascal, mantener encuentros con empresarios del Ibex interesados en el proceso de desregulación económica de Argentina y entrevistarse con Ayuso. En ese foro volvió a cargar contra el presidente español, al que calificó de "bandido". Y en marzo de este año protagonizó otra visita exprés para intervenir nuevamente en el mismo foro y recibir un premio del Instituto Ludwig von Mises. Tampoco mantuvo contactos con representantes del Ejecutivo español.

Igual que en estos días los calores nos caen a plomo en la capital de España, desde hace mucho tiempo las encuestas (más allá de su credibilidad técnica o su intencionalidad política) dan como resultado inexorable el triunfo de Ayuso y Almeida, incluso con cercanía o superando la mayoría absoluta. Como si hubiera una maldición bíblica, los madrileños estamos condenados a ser gobernados por esta dupla devastadora de los derechos, servicios y bienes públicos.

A la vez contemplamos en aquellos que, en primer lugar, deberían dar la batalla por cambiar este rumbo, su reacción es: resignación, inanición y parálisis. Dan la impresión de que tienen por objetivo ser el primero de los derrotados. Y, sin embargo, sí hay opciones de cambiar este rumbo. En el Ayuntamiento de Madrid, la derecha no es que tenga como cabeza un gran referente o una figura con gran peso político, pero para derrotarla no sirve repetir un argumentario rutinario y con lugares comunes, hay que cambiar radicalmente la sintonía.

En toda la izquierda y el progresismo mundial, la victoria de Mamdani en Nueva York fue un tremendo aldabonazo y una llamada a la esperanza, pero sus enseñanzas se olvidaron o se dejaron en el cajón con mucha facilidad. Si se quiere cambiar el rumbo de Madrid hay que retomar sus enseñanzas y ser atrevidos. Dos son las más significativas: proximidad y propuestas claras para la mayoría social y cultural.

Vamos a referirnos a la primera. Proximidad significa salir de las zonas de confort para ir a encontrarse con la sociedad, y hay un instrumento claro (no el único, por supuesto): las primarias abiertas a la sociedad. Los candidatos de la izquierda deben ser elegidos en un proceso de ilusión social y para ello nada mejor que abrir las elecciones a la sociedad. Una cosa es evidente, mayores garantías de éxito tendrá un candidato con el apoyo de 50.000 o más personas que un electo con 3.000 o 5.000. En Italia y en otros países europeos ya existe una tradición de primarias abiertas que culminaron con éxitos electorales decisivos para sus ciudades. Aún más, que hoy las alcaldías de París, Roma y Londres estén en manos de opciones progresistas tiene mucho que ver con la movilización de la sociedad. Tomemos nota.

Hay que recordar que la última victoria del progresismo madrileño, en 2015, se fraguó en un proceso amplio de participación (más de 15.000 personas), mediante primarias abiertas y democráticas que ayudaron a poner en pie un movimiento que arrebató la alcaldía, ni más ni menos, que a Esperanza Aguirre. Más Madrid parece que renuncia a reeditar un proceso parecido del cual nacieron prácticamente la mayoría de sus dirigentes locales y está en un proceso interno de formación de sus listas.

El PSOE, después de 40 años apartado del gobierno de la ciudad y un largo recorrido de fracasos, debe dar un paso y atreverse a movilizar a la ciudadanía, particularmente en los barrios del sureste —casualmente los más desfavorecidos— y donde parte sustancial de la población se queda en sus casas (más de 20 puntos de diferencia en la participación entre los barrios acomodados y los barrios populares). Una pieza de esa recuperación debería empezar por evitar repetir errores del pasado y abrir sus procesos a simpatizantes y electores para que, junto con sus afiliados, elijan la mejor opción social y política que acabe con el dominio de la derecha reaccionaria en la capital de España.

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Teresa Ugidos, Fernando Magro, Paloma del Hoyo, Enrique del Olmo, Amparo Herranz, Maximino Novillo y Román Llorente son militantes del PSOE de Madrid (PSOE-M).

“No tenemos miedo a hablar de corrupción”. Desde el corazón del Palacio de la Moncloa admiten la dureza del momento, pero, a su vez, señalan que van a defender la honorabilidad del Gobierno y del PSOE ante el “ruido” del PP. Van a dar la batalla en un periodo en el que ya se empieza a oler el final de la legislatura.

En el entorno de Sánchez emiten señales de que no dan todo por perdido. Y creen, además, que el “tono duro, faltón e impropio de la democracia” que está desplegando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le puede volver en su contra precisamente: “El foco de la corrupción está en la Puerta del Sol. ¿Qué va a hacer con Ayuso?”

Los socialistas viven días convulsos, pero creen que le fue “bien” al presidente en la comparecencia de este miércoles en el Congreso, donde lanzó mensajes como que no existe “corrupción generalizada” y que nunca conoció las prácticas de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez.

En el PSOE y en la Moncloa trasladan que quedan meses muy duros por delante con el “goteo” de informaciones judiciales, pero también sostienen que las derechas se han pasado de frenada y que los ciudadanos están percibiendo alguna anomalía. Este mismo miércoles se produjo otra “casualidad”, como señalaba un miembro del círculo más cercano a Sánchez, con la filtración de un nuevo informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de la comparecencia del líder socialista, que minutos antes había defendido la presunción de inocencia del expresidente.

Fuentes socialistas insisten en que no cuela ya esa imagen de “Torquemada” de Feijóo en relación con la corrupción cuando su propia figura está llena de dudas. El propio Sánchez puso de nuevo sobre la mesa la incógnita sobre quién paga la vivienda de lujo en la que vive Núñez Feijóo, una información que destapó infoLibre. Lo hizo en el Congreso después de que el líder popular lanzara dudas sobre la declaración de la renta del socialista.

Pero, además, en Moncloa ponen el foco en que a Feijóo se le va a volver en contra su propio discurso por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha hecho público que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón desde que inició su relación con la política del PP.

En el PSOE creen que Feijóo ha cruzado “todas las líneas rojas”, como se pudo evidenciar en la comparecencia. Por un lado, señalan sus “indecentes” palabras sobre la mujer del presidente, a la vez que repudian la parte en la que el expresidente de la Xunta le dijo a Patxi López que “si se levantara su padre y viera lo que hace, no se lo perdonaría jamás”.

El propio López respondió posteriormente desde la tribuna de oradores, aunque Feijóo decidió quedarse en el pasillo en ese momento para no escuchar la contestación. El socialista fue muy rotundo: “Lamento que no esté el señor Feijóo, porque me gustaría decírselo a la cara. Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Por las veces que le dieron a mi padre hostias en las comisarías, por las veces que estuvo encarcelado y por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”.

Fuentes del PP posteriormente insistieron: “El padre de Patxi era político. Lo conocimos. No dejaría que su hijo estuviera con Bildu. Al padre de Patxi le respetamos. A este Patxi, no. Y lo decimos con la legitimidad de quienes le hicieron lehendakari a cambio de nada. El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que P.S. desprecia”. Los socialistas están absolutamente indignados por lo que hizo Feijóo: “Vil, ruin”.

A pesar de las encuestas y de los vaticinios de las derechas, el PSOE sostiene que es mucho más competitivo electoralmente de lo que creen sus adversarios. En Ferraz traslada que hay muchos votantes progresistas que hoy no están movilizados pero que también comparten la indignación ante algunas decisiones judiciales como la retirada del pasaporte de la mujer del presidente por parte del juez Juan Carlos Peinado y la exención del ingreso en prisión del empresario corruptor Víctor de Aldama a pesar de la condena a cuatro años por parte del Tribunal Supremo.

Asimismo, varios dirigentes del partido comparten en privado que la decisión del juez Peinado un sábado por la mañana, tras darse varios días para adoptar medidas cautelares, se produjo también “casualmente” cuando Díaz Ayuso estaba en el ojo del huracán al revelarse un informe de Hacienda en el que consta que González Amador facturó a Quirón 4,4 millones de euros en apenas tres años. Sus ingresos se dispararon a partir de 2021, año en el que se conoció, a través de un reportaje de la revista Lecturas, que mantenía una relación con la dirigente del Partido Popular.

Quirón es el principal grupo hospitalario privado en España y recibe en torno a mil millones de euros de manera anual por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica se extiende al directivo de Quirón Fernando Camino, cuya mujer vendió una empresa estética por medio millón de euros a González Amador en León. Esta compañía no tenía empleados y apenas tres máquinas de depilación ya amortizadas.

La sombra de Díaz Ayuso es alargada. En el PSOE indican que Núñez Feijóo no se atreve a tocarla y recuerdan que el expresidente de la Xunta de Galicia llegó precisamente al despacho principal de la calle Génova por la operación para echar a Pablo Casado por denunciar los negocios del hermano de la presidenta en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El Partido Popular sigue encapsulando esta cuestión y evitando un choque con Ayuso. El número dos de los populares, Miguel Tellado, afirmó tras conocerse los ingresos millonarios de González Amador: “Es una cuestión particular, que no afecta a una administración, sino a una persona. Y, por lo tanto, no encontrará a nadie en la dirección nacional del partido criticando a los jueces, respetamos la actuación de la justicia y es en los juzgados donde se deben sustanciar esas responsabilidades”.

Asimismo, en el PSOE también ponen el foco en que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz acabó siendo condenado sin ningún tipo de prueba por parte del Tribunal Supremo en una causa en la que se limitó a difundir una nota de prensa para contrarrestar las desinformaciones emitidas por el entorno de la presidenta de Madrid con la versión de que era Hacienda quien le debía dinero al empresario.

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

Todo es el espejo de todo, y más en estas sociedades ultraconectadas. El deporte también, y más el fútbol, que es el más popular; y más ahora, en plena disputa del Mundial; y todavía más en España, donde lo vivimos pegados al televisor porque dicen los que entienden de esto –o sea el noventa y nueve por ciento de la población, o eso cree ella– que, sin ningún género de dudas, nos encontramos entre los favoritos. Ya saben, el tiki-taka, y todo eso. Sin embargo, en estos tiempos de todos los demonios pocos ven en esto un rango a medio camino entre lo saludable y lo filosófico, mente sana y cuerpo sano, sino más bien un negocio de muchos ceros a la derecha y, en algunas ocasiones, las peores, un terreno a conquistar por la política, que tal y como está el patio, cualquier cosa que toca la convierte en enfrentamiento: la polarización es la polinización con más aguijones.

Lo que hizo el otro día desde el balcón municipal de su ciudad el portero del Sabadell, en la fiesta de celebración del ascenso de su equipo, incitar a la gente a llamar hijo de puta a coro al presidente del Gobierno, deja claras dos cosas: que al muchacho le sobrará talento para detener pelotas pero le falta educación para hablar en público, y que los mensajes de odio, esos que lanzan, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando con su famoso “me gusta la fruta” convirtió un insulto soez e indigno de su cargo en un chiste, o la ultraderecha en su conjunto, con su continuo ataque racista a los inmigrantes, terminan así, en manos de un gracioso que quiere un aplauso fácil. Siembran veneno y el aire que respiramos se vuelve dañino. La prioridad nacional, enfatizan, tal vez porque son duros de corazón pero también de mollera y no tienen quién les explique que el país se hundiría en diez minutos sin el trabajo que aporta esa gente que no sólo busca un lugar decente donde vivir, sino que lo hace mejor.

Los patriotillas de pacotilla no quieren, sin embargo, un país mejor, sino que sea suyo y que otros curren por ellos, aunque, eso sí, sin derechos, por eso los abascales cabales exigen quitarles la atención sanitaria universal, que vayan a urgencias pero no a las consultas, y Ayuso no quiere facilitarles el abono transporte, que vayan andando. Ahí van, cada vez más fascistas de imitación y malos de bote, repartiendo las octavillas de su prioridad nacional, España para los españoles, al modo de Trump y su “América primero”, que ya hemos visto cómo acaba, de rodillas ante Irán y con un peaje en Ormuz, que es menos estrecho que él.

El último intento de provocar un escándalo resulta significativo: la estrella de la selección, Lamine Yamal, celebró su gol a Arabia Saudí besando el suelo y en postura de rezo musulmán, lo que los mismos de siempre han interpretado como una provocación y una falta de respeto. Curioso, en una nación constitucionalmente aconfesional donde el catolicismo tiene el monopolio de la fe y recibe más ayudas que cualquier otra creencia. Pero a algunos les molesta que Yamal, que es tan español como ellos, ni un milímetro menos, tenga las suyas y cada vez que anota un tanto haga un signo con los dedos que es el código postal de su barrio, ese lugar que los xenófovox calificaron de “estercolero.” Por fortuna el fútbol, hoy en día tan cóctel de nuestros tiempos, refleja tan bien la realidad como cualquier otro espectáculo de masas. Y los espejos, ya lo dijo el filósofo Lichtenberg, no inventan nada y, por lo tanto, “no se puede reflejar en ellos igual un sabio que un burro.” Más claro, agua.

La última decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la justificación que le acompaña en la que alude incluso a un hipotético riesgo de fuga con la posible colaboración de sus escoltas ha abierto una nueva polémica en torno a una instrucción que acumula críticas, recursos y reproches institucionales. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado los trámites para estudiar una eventual sanción disciplinaria por esas afirmaciones, rechazadas también por asociaciones y mandos policiales. 

Sin embargo, dentro del Partido Popular la decisión ni se interpreta ni se responde de la misma manera ni con la misma intensidad. Mientras la dirección nacional del PP intenta acompasar su ofensiva contra Pedro Sánchez con cierta cautela respecto a las decisiones más controvertidas del magistrado, el PP de Madrid y el entorno político de Isabel Díaz Ayuso han optado por una defensa mucho más explícita de la actuación de Peinado.

Durante el fin de semana, los principales portavoces nacionales del partido aprovecharon la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez para cargar contra el presidente del Gobierno. No obstante, ni el secretario general del partido, Miguel Tellado, ni su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra asumieron plenamente las tesis más polémicas del auto. De hecho, evitaron  respaldar las referencias del juez a los escoltas de Gómez, y Gamarra apoyó las críticas formuladas por las asociaciones policiales, que consideran injustificado poner bajo sospecha a los agentes encargados de la protección de la esposa del presidente español.

Este lunes, Feijóo —en una comparecencia extraordinaria— admitió que se podía “discutir la proporcionalidad de algunos de los párrafos”, pero añadió que “ni el Consejo ni el auto” ponían “en cuestión los presuntos delitos de la investigada”. “La referencia a los códigos procesales no convierte a la investigada en inocente, no nos hagamos trampas", planteó. En privado, sin embargo, el PP nacional cree que la medida de retirarle el pasaporte a Gómez era “innecesaria” y creen que el ejemplo está en lo que hizo el juez Calama con José Luis Rodríguez Zapatero, al que permitió conservarlo por su relevancia pública y arraigo.

Así, mientras Génova intenta explotar políticamente el caso sin quedar atada a cada decisión de Peinado, el PP madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido asumir la defensa del magistrado como parte de su propia estrategia de confrontación con Sánchez. Esa posición empieza a proyectarse también sobre las estructuras nacionales del partido a través del ascenso de Ignacio Dancausa, actual secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Madrid, que el próximo mes de julio será ratificado como líder nacional. En un post en X, NNGG de Madrid aplaudió el último auto de Peinado con un vídeo del ultra Álvaro Ojeda.

Pero la publicación no solo es una anécdota. El alineamiento del PP madrileño con la instrucción de Peinado ha sido constante. Dirigentes del Gobierno regional y del grupo parlamentario han convertido el caso Begoña Gómez en uno de los principales ejes de oposición al Ejecutivo central. En septiembre de 2025, la propia Ayuso denunció la "persecución” contra el juez Peinado y dijo que no tenía “cabida en una democracia liberal". "Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez”, aseguró.

Sus declaraciones en defensa del magistrado han sido recurrentes a lo largo de los dos años de instrucción, pese a que esta ha estado marcada por decisiones muy controvertidas, más de una decena de ellas corregidas o limitadas por la Audiencia Provincial de Madrid u otras instancias superiores. Tras la decisión de Peinado de llevar a Gómez ante un jurado popular, la presidenta madrileña afirmó: "La realidad es tozuda y la Justicia sigue implacable". 

Hace dos meses, en abril, la baronesa del PP acusó al ministro Félix Bolaños de "desprestigiar" a Peinado tras procesar a Begoña Gómez y dijo que ver a un ministro de Justicia desacreditando a un juez era "algo que nunca se ha visto en una democracia liberal”. "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”, sostuvo. Este lunes, la reacción de Ayuso fue criticar a la eurodiputada de Podemos Irene Montero por cargar contra Peinado. 

Además, los apoyos al magistrado han adquirido una dimensión política añadida por sus conexiones familiares. Su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio gobernado por la formación de Isabel Díaz Ayuso. El PP de Madrid, a través de Alfonso Serrano, salió en su defensa cuando se conoció ese vínculo, denunciando "acoso" contra la edil por su relación familiar con el magistrado.

Para evidenciar estas dos intensidades entre Génova y el PP madrileño está también el hecho de que los de Ayuso llamaran a Gómez a declarar a la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación impulsada por los conservadores en noviembre de 2024, mientras que el PP rechazó finalmente citarla en la comisión del Senado, donde también cuenta con mayoría absoluta. Esa diferencia de criterio refleja dos estrategias distintas: una más agresiva en Madrid y otra más medida en la dirección nacional.

El secretario general del PP de Madrid, el citado Alfonso Serrano, defendió llamar a Gómez a la comisión de investigación sobre la Complutense. Dijo que no hacerlo sería "ilógico" porque era "la principal responsable" y "la que está en el foco". También sostuvo que "gran parte" de la gestión de su cátedra se había hecho "en La Moncloa". En el marco de esa comisión, el portavoz Carlos Díaz-Pache calificó la cátedra de Gómez de "irregular y arbitraria", pese a que varios comparecientes defendieron su legalidad.

En el caso de Génova, en un primer momento Feijóo dijo que esperarían al desarrollo del sumario antes de decidir si la citaban. Después, el portavoz nacional, Borja Sémper, cerró la puerta alegando que el PP fiscalizaba a Sánchez, no a su esposa. En Génova eran reticentes a "cruzar esa línea" porque Gómez, explicaban, "no se dedica a la política" y asumían que, al estar ya procesada, tendría que declarar ante el juez. Sin embargo, no han dudado en llamar a las hijas de Zapatero, que tampoco se dedican a la política, en relación con Plus Ultra.

La situación coloca a Alberto Núñez Feijóo en una posición delicada. Por un lado, el PP quiere explotar políticamente el procesamiento de la mujer de Sánchez. Por otro, las sucesivas polémicas de Peinado —algunas corregidas o cuestionadas por instancias superiores y otras ahora bajo examen del CGPJ— dificultan una identificación total con el magistrado.

En ese contexto, el PP de Madrid vuelve a actuar como punta de lanza. Mientras Génova calibra los riesgos de vincular su estrategia política a cada paso del instructor, el entorno de Ayuso se mantiene en una defensa mucho más rotunda de una causa judicial que considera central para desgastar al Gobierno de Sánchez. La celebración pública de la última decisión de Peinado por parte de Nuevas Generaciones de Madrid ha vuelto a evidenciar esa doble estrategia dentro del propio Partido Popular. 

Era esta la semana del duelo Calama-Zapatero, una cita judicial de la que estaban pendientes el Gobierno, el PSOE y más allá, la izquierda y, probablemente, cualquier ciudadano o ciudadana decente, aún noqueados todos ante la posibilidad de que el presidente más íntegro de la historia democrática termine siendo un fraude. Afilados los cuchillos de las derechas, ansiosas por asestar la puntilla a Zapatero y a Pedro Sánchez, sus dos monstruos desde 2018, sobre quienes han depositado inquinas, odios y acusaciones sin cuento, como lo hicieron con Pablo Iglesias y con algunos otros nombres de la izquierda y del independentismo, quizás para instalar una idea que las capas más conservadoras de este país vienen aventando desde principios del siglo anterior y que se resume en una simple declaración de principios: “Este país es nuestro”. ¿A quién se le ocurre pensar que una panda de rojos, nada menos que apoyados por nacionalistas vascos y catalanes, puede gobernar España? La ‘prioridad nacional’ de esas capas es muy anterior a Abascales y trumpismos: el Estado es su cortijo.

Pues bien, ese duelo en la Audiencia Nacional digamos que –al menos de momento– ha quedado en tablas. A juzgar por los audios y filtraciones que hemos conocido (ver aquí), esa cita prevista para dos jornadas y resuelta en tres horas sirvió a Zapatero para proclamar ante el juez su inocencia: “No tuve absolutamente nada que ver con Plus Ultra y su rescate ni hablé con nadie para influir”. “No tengo la menor idea de ninguna sociedad off-shore, ni en Dubái ni en ninguna parte”. Para hacernos una idea de la tensión entre Calama y Zapatero, conviene escuchar al juez espetar, por ejemplo: “Acostúmbrese a que cuando yo hablo, usted guarda silencio”, o preguntarle si durante los meses anteriores al rescate de Plus Ultra se reunió en alguna ocasión con Pedro Sánchez. Para demostrar tráfico de influencias tiene que haber un alto cargo “influido”, y ya que no termina de aparecer ningún responsable de la SEPI al que conectar con Zapatero, el juez dispara mucho más arriba. 

Es obvio que el juez y la Fiscalía Anticorrupción (ni menciono las acusaciones particulares de PP, Vox y la tropa habitual de asociaciones de extrema derecha que ya pedían prisión para el expresidente sin escucharlo siquiera) consideran que Zapatero miente. Que fue clave en el rescate de la aerolínea venezolana y que luego cobró sus gestiones de modo indirecto a través de la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. En este punto conviene recordar que en el duelo del pasado miércoles, como en los que queden por venir, no es Zapatero quien tiene que demostrar su inocencia, sino el juez instructor quien debe aportar las pruebas que respalden las gravísimas imputaciones que ya aparecían en el auto de imputación contra él. Insisto en que la cita más temida por el Gobierno y la izquierda y ansiada por las derechas quedó en tablas porque no hubo ningún avance probatorio ni respecto al tráfico de influencias ni sobre el blanqueo de capitales ni sobre las “dichosas joyas” (el juez dixit), de las que Zapatero se negó a hablar mientras no pueda aportar detalles sobre su origen, fecha de los regalos recibidos, etc. Es obvio que el expresidente busca elementos que demuestren que no tuvo intención de cometer irregularidad alguna y que, si la hubiere en el plano fiscal, habría prescrito. Descartaría en lo judicial los delitos de fraude a Hacienda y de “contrabando de joyas” (absolutamente inverosímil). Pero también es obvio que la inmoralidad de recibir obsequios de dictaduras árabes no caduca aunque no haya delito o esté prescrito, por mucho que otros expresidentes y decenas de altos cargos disfrutaran esos mismos excesos.

El daño político del caso Plus Ultra está ya hecho, puesto que el proceso judicial contra Zapatero será largo (“acostúmbrese…”); habrá más citas, informes, filtraciones suficientes para anular cualquier posibilidad de que, antes de las próximas elecciones generales (ya sean el próximo verano o en el primer trimestre de 2027, como parece apuntar el calendario impuesto por el PNV si una vez más fracasan los Presupuestos) pueda demostrarse que esta causa nace contaminada en EEUU y aparece inflada en las 85 páginas de imputación plagadas de lagunas y deducciones sin indicios sólidos (ver aquí), más allá de las dudas éticas en relación con la empresa de las hijas o las joyas de su esposa. 

Pero sería un error (y una injusticia) contemplar lo que está ocurriendo con Zapatero sin observar el contexto. La celeridad impuesta a esta investigación desde marzo (cuando llegan los mensajes incautados por una agencia norteamericana ligada al ICE de Trump) sucede mientras el hermano de Sánchez se enfrenta a ¡seis años de cárcel! por un presunto enchufe no demostrado (ver aquí); mientras la mujer de Sánchez se ve encaminaba a un juicio oral extravagante y unas peticiones de ¡24 años de prisión! (ver aquí); mientras de un momento a otro se conocerá la sentencia del caso Mascarillas que afecta a Ábalos, a Koldo y al corruptor Aldama (ver aquí)… y con la losa previa de saber que todo un fiscal general fue expulsado del cargo por una condena sin la menor prueba e incluso con testimonios que aseveraban la falsedad de la acusación. El ponente Marchena pasará a la historia como autor de creaciones inimaginables como la interpretación de una malversación sin beneficio para el condenado o ese disparate y oxímoron de que “tuvo que ser él o alguien de su entorno” que terminó con la fiscalía general de García Ortiz.

Y el contexto se completa este jueves con el conocimiento de informes de Hacienda sobre Alberto González Amador, el novio de Ayuso que, con la inestimable ayuda del instructor Hurtado y de la mano derecha de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), fue acusación principal en el caso del fiscal general. Hoy sabemos que este Perla cobró del Grupo Quirón entre 2021 y 2023 (ya en plena relación con Ayuso) un total de 4.436.495 euros. Es decir que ha salido a más de millón y medio al año por sus ‘trabajos’ (es un decir) como consultor del emporio sanitario más beneficiado (con diferencia) por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas, y muy especialmente tras la pandemia. Muy lentamente en comparación con las instrucciones citadas más arriba (al estilo casi de la trama Kitchen, que sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso) quizás vayamos conociendo la magnitud de esa forma de extracción de los recursos públicos que practican quienes se dedican a facilitar negocios privados con el desmantelamiento paulatino de lo público, en la sanidad, en la educación o en lo que se tercie. El Perla ha ingresado desde que vive con Ayuso en su lujoso ático cuatro veces más que lo que ganaba antes de la pandemia.

No sería excusa, pero convendremos en que, si Zapatero se hubiera dedicado últimamente a lo que no debía, lo hizo muy torpemente en comparación con el Perla González Amador, puesto que el expresidente no cobró ni ocultó al fisco (que sepamos) millón y medio al año, sino que ganó anualmente unos 70.000 euros que declaró como ingresos sujetos a su correspondiente IRPF, según el propio sumario. A cada cual lo suyo. Las dobles varas de medir y las distintas formas de gestionar presuntos casos de corrupción no pueden ocultarse incluyéndolas en la desgastada técnica del ventilador. Es obvio que la causa que afecta al Perla lleva un ritmo de tortuga y que su pareja, la presidenta Ayuso, hace tiempo que debería haber dimitido por el uso espurio que ella y su jefe de gabinete han hecho de la institución que gestionan, todo en defensa de un individuo que, como mínimo, y se ponga como se ponga, ya admitió en su día –lo confirmó su abogado ante el Supremo– un doble delito fiscal. Lo demás corresponde a la fábrica de bulos de MAR y de la propia Ayuso.

Todo lo cual no es consuelo para una izquierda desalentada por múltiples factores y a la espera de algún revulsivo que devuelva la esperanza suficiente para afrontar una cita con las urnas que no se convierta en un paseo prepotente para el dúo de extrema derecha que ya forman con absoluto desparpajo Feijóo y Abascal o viceversa. Hará falta algo más que unos Presupuestos hilvanados como base de programa electoral, por mucho que reflejen la realidad de una economía en muy buen estado y un empleo más sólido y digno que nunca. Ya están tardando las izquierdas en afrontar la necesidad de ese revulsivo pendiente, que debe estar muy por encima de divisiones sectarias o personalistas, para abordar con credibilidad lo que de verdad importa: la vivienda, la precariedad, la desigualdad, los efectos nocivos de la IA, la calidad y sostenibilidad del Estado del bienestar o la defensa valiente de la realidad plurinacional.

O se hacen esos deberes con urgencia o los Perlas se nos van a multiplicar.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó por la sociedad Círculo Belleza –ahora Masterman & Whitaker– 25 veces más de lo que había abonado tres meses antes la mujer del directivo de Quirón Prevención para hacerse con el control de la firma. Así consta en un oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado 19 de diciembre al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que ha puesto bajo la lupa esta operación al sospechar que detrás de la misma puede haber una comisión encubierta. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, hace un análisis de la compraventa apoyándose en los documentos que obran en el procedimiento. Y ha servido de base al instructor, Antonio Viejo, para solicitar información bancaria.

Los hechos se centran en la compra de la sociedad a la farmacéutica Gloria Carrasco. Círculo Belleza se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente del empresario Alberto González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en la operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

El 11 de septiembre de 2020, según consta en el atestado de la UCO, Carrasco se hizo con el control absoluto de la sociedad adquiriendo a su hermano y a su pareja el 40% de las participaciones por 8.000 euros. "Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 60,60 euros", resaltan los investigadores. Solo tres meses después, el 4 de diciembre, Maxwell –de González Amador– se hizo con toda la empresa por 499.836 euros, lo que equivale a un precio unitario de 1.514,65 euros. Es decir, la pareja de Ayuso pagó a Carrasco por cada acción 25 veces más que lo que ella había abonado para controlar la sociedad. "Se considera significativo las importantes diferencias entre los precios abonados [...] en un corto periodo de tiempo", apunta la Guardia Civil.

Los investigadores, además, apuntan que en el documento notarial para la formalización de la compraventa "no se ha localizado" referencia alguna "a la valoración efectuada" de Círculo Belleza. Ni tampoco "al método o los motivos" por los que se establece un importe de compraventa cercano al medio millón para una mercantil cuyo importe neto de cifra de negocio se había situado en los 31.288 euros en 2018 y en los 29.745 euros en 2019. Sobre los medios personales, la UCO destaca que en esos mismos años no constaba ningún trabajador vinculado a la sociedad. Y en lo relativo a recursos materiales, la empresa solo disponía de "máquinas de tratamientos de belleza y estética" y "un ordenador portátil que habría sido adquirido en el ejercicio de 2009".

La Fiscalía sospecha que esa operación oculta el pago de una comisión. Es más, en alguno de los escritos emitidos durante la investigación ha llegado a utilizar el término "sobornos". "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el representante del Ministerio Público en el escrito que provocó la activación de la unidad de élite de la Guardia Civil en el caso.

A partir de su adquisición por González Amador, la mercantil experimenta un "notable incremento" de su cifra de negocios, pasando de los 58.862 euros en 2020 a 327.320 euros en 2021. Los investigadores señalan que este último dato guarda relación con la factura que la renombrada Masterman & Whitaker emitió a Quirón Prevención por 396.057,20 euros –los 372.320 euros más el IVA– en relación con los trabajos relativos a su expansión en Latinoamérica. La empresa, sin embargo, carecía de "medios" para la prestación de dichos servicios de consultoría. "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", señalan los investigadores, que se apoyan en todo momento en los informes de la Agencia Tributaria.

Con ese primer informe, la Unidad Central Operativa solicitó al instructor una serie de medidas de investigación. "Se considera necesario contar con información bancaria y tributaria de los diferentes intervinientes, tanto personas físicas como jurídicas, que permita determinar los movimientos de fondos que habrían tenido lugar", apuntaban los investigadores. No solo actual, sino de los últimos 12 años. Una petición a la que el magistrado Viejo ha tardado medio año en responder. Y dando luz verde solo a una parte de las diligencias pedidas. En un auto fechado la pasada semana, el instructor autoriza únicamente a los investigadores a recabar información financiera de González Amador, Carrasco, Camino y sus empresas. Y guarda en un cajón, al menos de momento, la reclamación de datos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde la jubilación de la anterior instructora, la investigación se ha ralentizado. Aunque se activó a la UCO hace un año, lo cierto es que los investigadores no recibieron hasta principios de noviembre toda la documentación obrante en la causa. Una información que, no obstante, estaba incompleta. En el informe de diciembre, la Guardia Civil pide al magistrado que le haga llegar también las declaraciones como investigados en la causa de González Amador y Carrasco, quienes en sede judicial negaron el soborno y defendieron el precio que pagó la pareja de la presidenta madrileña por la sociedad.

Curiosas las tres acepciones que asigna la RAE a esta palabra: 1. Engaño o alucinación; 2. Atracción irresistible; y 3. Aojo (de aojar: hacer mal de ojo y desgraciar o malograr algo). Los tres significados parecen independientes, hasta que miras alrededor buscando una explicación al voto que remueve las urnas y las tripas de la gente con criterio y descubres cierta confluencia, un tres en uno que hace dudar del ser humano. Engaño, atracción y aojo confluyen en Donald Trump y la chusma trumpista que acapara votos irracionales.

El engaño es una eficaz herramienta para ganar voluntades en manos de quienes no disponen de un programa político decente y aquello que defienden provoca más rechazo que adhesiones en la ciudadanía. La gran paradoja de estos tiempos es que las generaciones más y mejor formadas de la historia, con acceso casi ilimitado a la información, se lanzan al mar bravío atraídas por los cantos de sirena de quienes han hecho del naufragio social su modus vivendi. La inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes son excelentes difusores de bulos y desinformación que llevan a la inexorable manipulación.

Privatizar los servicios públicos provoca el rechazo de la inmensa mayoría social que no se puede permitir una póliza de seguro o una escuela privadas. Desmantelar el sistema de pensiones no es algo que se pueda proponer sin un altísimo coste electoral. Convertir en un lucrativo negocio el derecho a la vivienda supone anteponer los intereses de los grandes tenedores al interés general. Son algunos ejemplos que explican el uso del engaño por parte de las derechas para culpar de los efectos de sus políticas a la migración.

Si se examinan la mediocridad y las limitaciones intelectuales de personajes como Trump, Ayuso, Feijóo o Abascal, se entiende que ejerzan una atracción irresistible sobre la mayoría social instalada en similar mediocridad y con deficiencias para comprender la realidad que la rodea. Una sociedad que da crédito a personajes como Alvise Pérez, Iker Jiménez o Marcos Llorente, y se siente atraída por ellos, se define a sí misma como mediocre. Como recoge el refranero, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, adagio referido a la mediocridad de un líder cuyo principal mérito es que su competencia directa es aún peor.

En cuanto al aojo, la intención del trumpismo es desgraciar y malograr el orden internacional para un fin superior que no es otro que sustituir el sistema democrático por una autocracia donde el miedo (el terror), la fuerza (bombas y genocidios) y la represión (imposición de un pensamiento único y persecución de la disidencia) sustituyen al diálogo y la cooperación. Todo ello como evolución del capitalismo, vía neoliberalismo, hacia el fascismo.

La versión patria del desmadre neoliberal se resume en la cita del ministro Montoro: “Que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros”, cuando formaba parte de uno de los gobiernos de España con más miembros imputados por corrupción. Recientemente, se ha destapado que vendía el BOE al mejor postor desde su despacho privado, con la impunidad del clan Aznar–Botella con las VPO, del entorno de Ayuso, de la familia Feijóo o, sin ir más lejos, del chanchullo farmacéutico del matrimonio Moreno–Villena en Andalucía.

Mientras nos crujen la vida con componendas privatizadoras, con corrupciones insaciables y con un retroceso galopante en derechos y libertades, nos intentan convencer de que el país está amenazado y de que hay que apoyar a Donald Trump, su principal amenaza.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Alberto Núñez Feijóo no tiene, por el momento, intención de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prefiere, en su opinión, que el Ejecutivo se vaya desgastando cada día por las causas judiciales abiertas. Jugando con la presión política, como el texto simbólico que pretendía hacer votar en el Congreso para adelantar elecciones. Y aprovecha estos días duros para el PSOE tratando de buscar una imagen agradable y cercana frente al bronco discurso en las instituciones.

Esta semana supone un vía crucis para el Gobierno, principalmente por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, se enfrentara el lunes a la audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareciese este martes en el Senado por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Además, sobrevuela la sentencia del caso Mascarillas, que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García.

El líder popular ha diseñado una agenda con la que quiere mostrar su lado más cercano frente a los escándalos del Gobierno. Por eso, va este miércoles a divertirse a El hormiguero, en pleno prime time televisivo y en un espacio con un marcado carácter anti-Sánchez. De esta manera, busca meterse en el salón de millones de espectadores de la mano de Pablo Motos, un presentador que ha criticado duramente durante estos años al jefe del Ejecutivo, un tema recurrente también en la mesa de análisis de ese programa. 

Uno de los mayores déficits de Feijóo es la falta de tirón personal que tiene entre los votantes, muy lejos de las expectativas que depositó el PP en él después de que los barones forzaran la dimisión del anterior líder, Pablo Casado, por su enfrentamiento directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Feijóo sólo es citado por el 13,4% de los encuestados como su político preferido para ser presidente del Gobierno, muy por debajo de Sánchez, que es mencionado por el 25%. Además, Santiago Abascal le sigue de cerca, con un 9,5%.

Asimismo, Feijóo tiene una valoración media (3,79) por debajo de Sánchez (4,21). El presidente del Partido Popular solo genera confianza entre el 20,3% de los españoles, en tanto que despierta “poca o ninguna confianza” entre el 78,4% de los ciudadanos. El líder conservador tiene su principal caladero entre los mayores de 75 años, en tanto que anota sus peores registros entre los votantes de 25 a 34 años.

Este intento de acercarse a los ciudadanos durante estos días se ha visto también en redes sociales. Por ejemplo, en X colgó una foto, antes del partido de España contra Cabo Verde en Atlanta en la primera fase del Mundial, junto a su hijo jugando al fútbol. La acompañó con este mensaje: “Viendo esta imagen, es evidente que ‘no juego en la selección porque no quiero’. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!”

El Partido Popular quiere presionar también políticamente al Gobierno para que se disuelvan las Cortes, pero sin dar el paso definitivo de una moción de censura. Los populares y Junts presentaron este martes sendas enmiendas en la Cámara Baja a una “moción consecuencia de interpelación urgente” del PP para incluir  en la votación del jueves la exigencia al presidente de que convoque elecciones de manera anticipada.

Se trata de una iniciativa sin ningún carácter vinculante y tan sólo con peso simbólico. Pero los populares vendieron el texto como una moción de confianza de facto al Gobierno porque enviaría, en su opinión, una señal muy clara de que Sánchez no tiene respaldo parlamentario.

Finalmente, la Mesa del Congreso, con mayoría progresista, rechazó aceptar las enmiendas del PP y de Junts para su votación al entender que se trata de una competencia (la convocatoria de elecciones anticipadas) exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

Junts se ha alineado con el PP en este camino, aunque deja la decisión en manos de Sánchez. Desde el PSOE insisten en que se trata de mera “cobardía política” y restan importancia porque no se trataba de una moción de censura. Asimismo, el mensaje que trasladan desde La Moncloa es que siguen gobernando para la mayoría y que su intención, como ha repetido Sánchez, es agotar la legislatura.

La semana que viene será clave para el Gobierno. El martes dará el primer paso para tramitar los presupuestos generales del Estado. Aunque parezca casi imposible, el Ejecutivo cree que puede conseguir armar todavía una mayoría. Y el miércoles tendrá lugar la esperada comparecencia de Sánchez ante el Pleno para abordar el caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo y su equipo creen que es imposible ya para el PSOE darle la vuelta a la situación y que el declive es total. Por eso, a pesar de la ansiedad de algunos en el PP, hay también dirigentes que creen que este fuego lento judicial es abrasador para Ferraz y que sólo hay que esperar. 

Además, el PP aguarda un pacto en breve entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía. El presidente de la Junta ha iniciado ya el relato para justificar el acuerdo  con la ultraderecha, a pesar de haberse presentado durante años como uno de los barones moderados y abanderado de un centroderecha alejado de Santiago Abascal. El popular ha criticado que la izquierda “se ha autoexcluido de una manera irresponsable sin dejar ninguna posibilidad a la abstención”. El PP se mueve entre El hormiguero y la “prioridad nacional”.

Hace tres años estalló el escándalo de los políticos que se beneficiaban de ayudas ideadas para que familias vulnerables puedan pagar sus facturas de la luz y del gas tras una investigación de infoLibre. Pero lejos de rechazarlas, la lista de adjudicatarios sigue creciendo. Solo en el entorno del PP de Madrid hay al menos ocho altos cargos que siguen disfrutando de esta rebaja gracias a su condición de familia numerosa, un requisito que el Gobierno central prometió eliminar en 2023, pero que en 2026 sigue vigente.

El número dos del partido regional, Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cobrar la subvención anual para calefacción hace apenas dos meses. Una prestación que asciende a 210,71 euros y que corresponde a la ayuda completa de 2025. También lo ha hecho Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y anterior número dos de la presidenta Ayuso, que ha cobrado la misma cantidad. Ambos llevan disfrutando de este descuento al menos cuatro años.

Además, infoLibre ha identificado a otros políticos y altos cargos vinculados al PP de Madrid también suscritos a estos bonos. Cinco de ellos son diputados de la Asamblea de Madrid (incluyendo a Ossorio y Serrano), uno es concejal del Ayuntamiento de la capital, otro es alto cargo de la Comunidad y la última es miembro de la ejecutiva del partido regional y concejala de Boadilla.

No es posible contrastar oficialmente si todos ellos también disfrutan del bono social eléctrico porque al no tratarse de una subvención, la información no es pública. Pero se puede presuponer, ya que el bono eléctrico es imprescindible para poder cobrar el térmico. Esa otra ayuda es todavía mayor porque supone un descuento directo de la factura de luz mensual del 42,5% sobre el concepto de energía del recibo, hasta un consumo máximo de 4.761 kWh anuales.

Tanto el bono eléctrico como el térmico tienen el único objetivo de paliar la pobreza energética en España, que sufren unos 2,9 millones de hogares, según los cálculos del Gobierno central. Otro estudio de la Universidad Pontificia Comillas estima que 1,7 millones de hogares ni siquiera pueden pagar una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Este problema contrasta con la situación de los dos altos cargos del PP madrileño. Ossorio, como presidente del hemiciclo, ganó el año pasado 127.570,94 euros, y en 2023 declaró más de 1,3 millones de euros en inversiones. Por su parte, Serrano cobraba 67.848 euros en 2023 de la Asamblea, pero hace dos años rompió su exclusividad para cobrar la mitad y compatibilizar así su sueldo con otros ingresos. Serrano es también secretario general del PP de Madrid.

Tras destaparse la polémica hace tres años, la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió incluir requisitos de renta para familias numerosas, pero todavía no se han implementado. Si bien, la actual ministra Sara Aagesen se ha comprometido a corregir ese vacío legal en la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que debería entrar en funcionamiento en 2027, aunque debía haberse puesto en marcha en 2025.

En la lista de diputados autonómicos que se benefician del bono térmico destaca Miguel López-Valverde, que también es consejero de Digitalización, con un salario bruto de 124.851 euros brutos al año. En la Asamblea también lo han cobrado los diputados del PP Daniel Portero y Eva María Gallego y ambos ganan alrededor de 63.000 euros al año. En estos dos casos es cierto que ninguno ha ingresado el dinero este año, solo lo hicieron en 2025 (correspondiente a la ayuda de 2024), pero un portavoz del partido no aclara si están pendientes de cobrarlo o se han dado de baja de los dos bonos o de uno.

Otro de los beneficiarios destacados es Miguel Povedano, director de Tributos de la Comunidad de Madrid, precisamente la persona encargada de fijar los impuestos que pagan los madrileños. No tiene cargo político dentro del PP regional, pero sí fue designado a dedo por la presidenta Ayuso para el puesto que ocupa. En su caso cobra 113.995 euros al año.

En el Ayuntamiento de Madrid, infoLibre ha encontrado como beneficiaria a la concejala del PP de Turismo y del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo del Valle, madre de tres hijos y alto cargo del consistorio desde hace dos décadas. Declara un sueldo de 104.793 euros. Por último, este medio ha identificado también a María Jesús García-Alarilla, coordinadora del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y concejala de Innovación en Boadilla del Monte.

El PP de Madrid, a preguntas de este medio, ha rechazado confirmar o desmentir que la lista anterior de políticos efectivamente disfruta del bono social. infoLibre tiene además otros nombres de altos cargos del partido que podrían estar disfrutándolo, pero no ha podido corroborarlos de forma inequívoca. "Todos los diputados que cobran el bono social es porque cumplen todos los requisitos como cualquier otro ciudadano", se limitan a responder fuentes del partido.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera que defendió a los suyos cuando se conocieron los casos de sus dos escuderos hace tres años. "Se llama [bono] social, pero no es solo para las personas vulnerables. Se entiende que es un gesto del Gobierno hacia las familias numerosas", dijo la presidenta preguntada en una rueda de prensa en 2023.

Del resto de partidos, en la Asamblea de Madrid, infoLibre solo ha localizado a dos políticos de Vox acogidos a las ayudas energéticas: José Ignacio Arias Moreno y María Belén González.

A nivel estatal, de todo el Congreso de los Diputados, este medio solo ha encontrado un beneficiario: Ricardo Chamorro, de Vox, electo por Ciudad Real. Mientras que del Senado solo cobró el año pasado Raquel González, del Partido Popular y electa por Burgos, que ya se ha dado de baja del bono térmico. Un diputado del Partido Socialista por Albacete, Emilio Sáez, también cobró el año pasado como familia numerosa, carné que tiene por su condición de discapacidad, pero también se ha dado de baja.

La justificación de que existan estos bonos sociales es exclusivamente "para proteger al consumidor vulnerable" de energía eléctrica y calor y reducir los elevados niveles de pobreza energética del país. Sin embargo, el agujero legal que permite a familias ricas optar a la rebaja, solo por ser familia numerosa, lleva 17 años vigente sin que ningún Gobierno lo haya reformado. Desde que se aprobó la creación del bono social eléctrico en 2009, uno de los requisitos para obtenerlo ha sido contar con el título de familia numerosa, sin ningún tipo de criterio económico. En 2017 se concretó la figura del "consumidor vulnerable", donde de nuevo se incluía la figura de la familia numerosa, de nuevo sin limitación de renta. 

El bono social térmico se creó después, en 2018, y se otorga de manera automática a quien disfruta del bono eléctrico, por lo que heredó ese vacío legal. Los dos bonos se deben renovar cada dos años para garantizar que se cumplen las condiciones económicas, pero las familias numerosas lo reciben indefinidamente mientras tengan en su poder este título. En todo caso, para que las ayudas sean concedidas por primera vez, debe ser el beneficiario el que las solicite por cuenta propia, de manera que ninguno de los citados puede alegar que no era consciente de recibirlas. 

José Carlos Romero, de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, es muy crítico con la normativa actual y exige que ese agujero legal se corrija cuanto antes. "El bono social eléctrico y térmico deben ser una herramienta de protección frente a la vulnerabilidad energética, no una ayuda general por pertenecer a un determinado colectivo. Una familia numerosa puede tener más necesidades energéticas, desde luego, pero eso no justifica que el acceso sea automático y sin comprobar ingresos", afirma el experto.

Para el resto de beneficiarios –en total hay 1.729.109 receptores del bono eléctrico en España, y casi un tercio son familias numerosas– el acceso está restringido en función de los ingresos del hogar. El bono eléctrico para consumidores vulnerables supone una rebaja en el componente energético de la factura del 42,5%, y del 57,5% para vulnerables severos. Mientras que el bono térmico supone una subvención única anual de entre 210,71€ y 400,69€, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en la que se ubique su vivienda habitual.

También hay una diferencia fundamental entre el térmico y el eléctrico: el primero lo costean todos los españoles a través de sus impuestos y el segundo todos los consumidores eléctricos (hogares, empresas y administraciones) a través de los cargos de la factura de la luz. La CNMC calcula que el conjunto de clientes pagarán este año 437,2 millones de euros para financiar el bono eléctrico. El térmico, cubierto con los Presupuestos Generales del Estado, costó 312 millones a los contribuyentes en 2025, además de las aportaciones autonómicas voluntarias.

Sergio Tirado, investigador de pobreza energética en la Universidad Autónoma de Madrid, añade que el colectivo de familias numerosas no solo disfruta de no tener techo de renta, sino que además tiene generalmente más estudios y recursos y por eso "es el colectivo que más lo pide y más disfruta de él". Cita un estudio de Esade de 2024, que dice que mientras que el bono social solo llega al 24,5% de sus potenciales beneficiarios, en el colectivo de familias numerosas lo disfrutan el 45,5% del total, una proporción de casi el doble.

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica, de abril, muestran que 467.952 familias numerosas reciben el bono eléctrico (y por tanto, el térmico) en el país, un 27% del total de beneficiarios. De lejos es Madrid la Comunidad con más ayudas para esta tipología, con 83.068 familias numerosas cobrando. No todas son familias con tres o más hijos, ya que también se entrega este carné a padres con dos hijos si uno tiene discapacidad superior al 33%, entre otros casos.

Esta base de datos evidencia que cada vez más familias numerosas conocen esta ayuda y la solicitan. Desde enero de 2023 sus abonados han crecido un 32%. Si bien, también han crecido en otras categorías porque en general el número de españoles con bono social eléctrico ha crecido en tres años un 27%, hasta 1,73 millones de familias.

Tras meses de espera, ha ocurrido. El juez ha autorizado a la UCO a rastrear las cuentas bancarias de Alberto González Amador desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón. La investigación se centra en una pieza por presunta corrupción en los negocios y en si hubo pagos encubiertos o incremento patrimonial injustificado. El novio de Ayuso vuelve a estar en la diana de los creadores de memes que se lo han pasado genial celebrando que la UCO también meta mano en este caso. "Esto sí que es un milagro y no los que certifica el papa", ironiza @CarlWinslou; "El juez ha autorizado a la UCO a investigar las cositas del novio de Ayuso seis meses después de solicitarlo, tiempo suficiente para que los discos duros de Alberto Quirón hayan recibido 82 formateos y 426.132 martillazos", critica @BenderOfuscado; "Hay dos opciones, que al juez ya le daba vergüenza de lo cantosos que eran o que haya esperado a que esté todo tapadito por parte del novio de Ayuso y de Quirón", opina @Ivanjode.

En Barcelona, la visita del papa León XIV tuvo como eje central la Sagrada Família y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, con una puesta en escena de luces, música, drones y pirotecnia sobre la basílica que impresionó al mundo. Los usuarios de redes se deshicieron en alabanzas hacia la ciudad condal al mismo tiempo que se mofaban del show que preparó Madrid. Como madrileña, no sé cómo entrar a valorar este orgullo de capitalidad herido así que mejor que lo hagan los usuarios de X y Bluesky para que nos riamos todos un ratito."El cutrerío de un Madrid ridículo, casposo, zafio, absurdo y decadente vs. la maravilla que han hecho en Barcelona", valora @comboydapejeta; "En Madrid no tenemos la Sagrada Família pero durante la visita del papa si se podía haber hecho algo espectacular en el Retiro, la Puerta de Alcalá, la Gran Vía o la plaza Mayor", valora @MadridDecadente.

La visita del papa ha dado mucho de sí, así que otro momento que ha levantado ampollas en la derecha ha sido el baño de multitudes que se dió Pedro Sánchez dentro de la Sagrada Família, los miembros del clero no paraban de llamar al presidente del Gobierno para que les diera la mano.

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Durante años, una parte significativa del debate político y mediático español aceptó como una verdad casi incuestionable la existencia de un "sector moderado" dentro del Partido Popular. Era la corriente que, teóricamente, encarnaban dirigentes como el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente andaluz Juanma Moreno y otros de sus homólogos presentados como gestores pragmáticos, alejados de la confrontación ideológica y capaces de ocupar el espacio del centro político. Frente a ellos estaba el "sector duro", identificado con dirigentes como José María Aznar, el antecesor de Feijóo en el cargo, Pablo Casado, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo ocurrido en  los últimos años obliga a plantear si realmente existió alguna vez ese sector moderado, los “halcones frente a las palomas”, o fue más bien una construcción discursiva útil para ampliar la base electoral del partido. La diferencia entre Moreno y Ayuso, o entre Feijóo y otros dirigentes considerados más duros, parece residir más en las formas que en los límites políticos. Así, cuando llega el momento de decidir si la extrema derecha de Vox es un socio aceptable para gobernar, las diferencias no existen.

La llegada de Feijóo a la presidencia nacional del PP, en abril de 2022, evidencia incluso ese cambio discursivo. Durante más de una década, el entonces presidente de la Xunta fue presentado como el ejemplo de una derecha templada, autonomista y alejada de los excesos de la política madrileña. Buena parte de los análisis interpretaron su desembarco en Génova como un giro hacia la moderación tras la defenestración colectiva que acabó con Pablo Casado tras su enfrentamiento abierto con Ayuso.

En enero de 2019, todavía como presidente de la Xunta, Feijóo situó a Vox en "el ámbito de la extrema derecha" y defendió que el PP seguía ocupando el "centro político": "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre", afirmó entonces. Sin embargo, tras alcanzar la presidencia nacional no solo asumió los marcos discursivos de la derecha más conservadora en cuestiones como la memoria democrática, la inmigración o las alianzas parlamentarias, sino que normalizó los acuerdos con Vox allí donde resultaban necesarios para acceder o conservar el poder. 

La hipótesis de que existe una corriente moderada enfrentada a otra más radical se debilita aún más cuando se observa el comportamiento de otros líderes territoriales. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en Galicia, no necesita actualmente a Vox para gobernar gracias a su mayoría absoluta. Pero nada indica que mantuviera una actitud diferente si las matemáticas parlamentarias fueran otras. La trayectoria de Feijóo y del conjunto de la organización apunta precisamente en sentido contrario.

Sobre Vox, la verdad se impuso muy temprano. Aún no había llegado Feijóo a Génova en 2022 cuando dio su bendición a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de meter por primera vez a los ultras en un Ejecutivo autonómico. Aquí el actual líder del PP sí se distinguió de su predecesor. Casado marcó una frontera nítida con los de Santiago Abascal en la primera moción de censura que los ultras presentaron contra Pedro Sánchez, en el otoño de 2020, votando ‘no’ y mostrándose extremadamente crítico con ellos.

Justo al revés que Feijóo, impulsor de una relación mucho más complaciente, que ordenó a su grupo parlamentario abstenerse en la segunda, votada en marzo de 2023, en la que los ultras presentaron como candidato al economista Ramón Tamames.  Feijóo, a diferencia de Casado, mantuvo transitables todos los puentes con Vox hasta el punto de que no dudó en transformarlos en sólidas alianzas después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 con tal de asegurarse una inmensa cuota de poder. Una operación que se ha repetido en este nuevo ciclo electoral.

Esto contrasta con su primer discurso como presidente del PP, en abril de 2022, cuando no citó expresamente a Vox, pero a los que dirigió mensajes inequívocos: "No creo en adanes, ni en caudillos, ni en salvadores", "Guárdense sus carnés de patriotas, guárdense las soflamas", apuntó.  Tres años después, el contraste es evidente. En el congreso nacional del PP de julio ya rechazó un "cordón sanitario" a Vox, defendió que sus votantes "merecen respeto" y asumió varios de sus marcos, desde la inmigración hasta el "adoctrinamiento" o la crítica al feminismo. 

La evolución, con todo, no es únicamente terminológica. El presidente del PP que se presentaba como antídoto moderado frente a la extrema derecha en la Xunta de Galicia acabó tratándola como socio legítimo y necesario cuando la aritmética del poder lo exigió. Una estrategia que han seguido los barones autonómicos de su formación cuando lo han necesitado.

Entre ellos, el presidente andaluz Juanma Moreno, que ha sido presentado como la cara amable del PP, un dirigente dialogante cuya gestión contrastaba con la agresividad política de otros barones territoriales. Sin embargo, de él también puede afirmarse que fue el primer líder regional en pactar con la ultraderecha en España tras su espectacular resultado en 2018. El cordón sanitario no llegó a estrenarse. El PP ya firmó acuerdos asumiendo exigencias de la ultraderecha en inmigración, género, memoria histórica o educación.

Ya en enero de 2019, el propio Moreno, entonces en busca de votos para su investidura, firmó un acuerdo que llegó de la mano del entonces secretario general, Teodoro García Egea (PP), y de Francisco Serrano y Javier Ortega Smith (Vox). El pacto obligaba a evitar "decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada'" y a "combatir a las mafias", además de a garantizar una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental" [...]". Siete años después las exigencias de los ultras se han endurecido todavía más.

La imagen de moderación no impidió entonces el pacto. Tampoco parece hacerlo ahora. La reunión mantenida esta semana entre PP y Vox en Andalucía para la constitución del Parlamento este jueves vuelve a evidenciar que, cuando se trata de garantizar acuerdos institucionales o presupuestarios, la supuesta distancia ideológica desaparece rápidamente.

El patrón se repite en otros territorios. María Guardiola, que llegó a afirmar tras las elecciones de 2023 que no podría gobernar con Vox por sus posiciones sobre violencia machista o derechos LGTBI, terminó firmando un acuerdo con Vox para llegar a la presidencia e incorporó a la formación ultra al Gobierno autonómico. Recientemente ha asumido fórmulas como la llamada "prioridad nacional" para volver a ser presidenta, una exigencia rebautizada por los conservadores como "arraigo real, duradero y verificable" para intentar darle encaje legal.

El caso de Jorge Azcón en Aragón siguió un modelo similar. El PP pactó con Vox un gobierno de coalición que dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos consejerías. No fue solo un acuerdo de investidura ni un apoyo externo, fue una entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con capacidad para condicionar políticas públicas y para proyectar su agenda ideológica desde dentro de la Administración. También allí acabó apareciendo la "prioridad nacional" como uno de los ejes pactados entre ambas formaciones.

Alfonso Fernández Mañueco fue incluso más lejos en Castilla y León tras abrir la puerta al primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox. Y ahora, en su nuevo acuerdo con la extrema derecha, ha asumido de nuevo esa lógica, con Vox en el Ejecutivo y con la "prioridad nacional" situada en el centro del pacto. La pretensión de la ultraderecha es condicionar el acceso a recursos públicos en función de su origen, una manera de incorporar al lenguaje institucional una de las grandes obsesiones políticas de Vox en materia migratoria.

Ahí se desmonta buena parte del relato. Los llamados moderados del PP no se diferencian de los "duros" por levantar un cordón sanitario frente a Vox, sino por la forma de justificar el pacto. Los primeros lo envuelven en palabras como estabilidad, gestión, responsabilidad o arraigo; los segundos lo reivindican de forma más explícita y combativa. Pero el resultado es el mismo: Vox entra en los gobiernos, condiciona las agendas y consigue que parte de su marco ideológico sea asumido por el PP. La diferencia, por tanto, no está en los límites, sino en el tono. Pero cuando la aritmética obliga a elegir entre mantener el poder o rechazar a Vox, la supuesta moderación desaparece. 

La visita del Papa León XIV ha sido un reseteo político y un punto clarificador de dónde estamos en la historia de nuestro país y hacia dónde nos dirigimos. Lo contaba esta semana The Washington Post a cuenta de la primera vez que un papa habla en la Corte de los Leones. He aquí un punto de inflexión histórico, una ruptura definitiva en el tiempo, entre el país nacional-católico que fuimos y la España transversal, plural y periférica que somos.

Prevost es un aliado de la democracia liberal que afirma ante diputados y senadores el enorme legado institucional que nuestra historia política y jurídica ha entregado al proceso civilizatorio occidental: la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, el derecho de gentes. Prevost no ha venido a exigir sino a reconocer. La nueva diplomacia española del ministro Albares ha cerrado ese círculo que comenzó hace cuatro siglos con la defensa del derecho internacional, las reglas del mundo y la dignidad humana. Todo en orden.

Conviene destacar dos momentos previos al discurso de León XIV que confirman el punto en el que nos encontramos. El primero tuvo lugar la semana pasada en la Fundación Pablo VI, donde Carme Artigas, Antonio Garamendi, Luís Argüello y Unai Sordo mantuvieron un coloquio sobre la IA y verificamos que la izquierda tiene un líder que trasciende al sindicalismo y puede guiar su rumbo: la Vía Unai. El otro momento fueron en realidad dos, en el Cercle d'Economia, en Barcelona, donde comprobamos que Feijóo no quiere ser derecha plural y Sánchez se presentó como Pedro, abrazado a unos presupuestos sociales, la amnistía total y la plurinacionalidad. 

Hay mil maneras de decir "Feijóo no nos vale". Josep Oliu, el presidente del Sabadell, lo ha dicho: "Vale, eres un martillo despertador. ¿Y ahora qué vas a hacer?". Sin moción de censura, después qué. A la burguesía catalana ya sólo le basta con esperar a que venga otra mejor y continúe Sánchez, con todo el mundo amnistiado, cada uno en su casa y dios en la de todos. Mientras tanto, el último informe de Goldman Sachs asegura que en España se está creando empleo de calidad, la productividad mejora y la economía presenta ciertos factores que la dotan de una sorprendente resistencia estructural. O sea, todo en orden. 

La libertad de un político se mide por su capacidad de moldear el tiempo político. Ni los autos, ni las sentencias ni el asedio judicial anticiparán unos comicios. Habrá elecciones el 18 de julio de 2027. Lo decimos como una provocación, porque con esa fecha se cierra un círculo narrativo que conecta con nuestro pasado más atávico, porque dota de sentido a esta historia trágica, siniestra y, a la vez, esperanzadora de los pueblos de España, porque golpea el corazón de los votantes, y también porque sí, desde la lógica de quien tiene el poder para convocar elecciones cuando le dé la gana. Como ha defendido Pedro, se cumplirá la legislatura. O sea, todo en orden.

La presentación de presupuestos anunciada por Sánchez en el Cercle d'Economia toma el testigo de los 13 puntos de Negrín, el programa político propuesto por el presidente del Gobierno de la Segunda República el 30 de abril de 1938. Su objetivo principal era lograr un acuerdo de paz y consolidar los cimientos de la España de posguerra. Aquel programa reconocía, entre otros aspectos, una amnistía total, la salida de las tropas extranjeras, una defensa férrea de los derechos de los trabajadores, el fomento de la paz y el derecho internacional. Su centralismo dividió a vascos y catalanes, que lo rechazaron. Franco ni se inmutó. Casi 80 años después, Sánchez ofrece unos presupuestos sociales y plurinacionales firmados por Arcadi España que serán un programa de fin de legislatura a los que ni PNV ni Junts podrán decir que no, y lo hace cuando Aznar convoca a sus votantes a unas elecciones constituyentes que serán el día del juicio final, el Armagedón (recuerden, el 18 de julio de 2027). Desde el sábado sabemos que el presidente del Gobierno está otro nivel: es un político libre. Un hombre libre puede ir al Primavera Sound y un hombre encadenado no puede dejar de ir a misa. Esa es la diferencia. O sea, todo en orden.

Muchas cosas sucedieron la semana pasada desde el Madrid D.F. Entre ellas, la visita del lunes de Isabel Diaz Ayuso al Vaticano y también al condotiero Urbano Cairo, director de Il Corriere de la Sera, propiedad del mismo grupo al que pertenece Unidad Editorial, o sea, Manso. El condotiero ungió a la futura candidata del PP con una entrevista en la que celebraba su destino como presidenta de la España unitaria. La moción de censura, hemos dicho aquí, no ha sido otra cosa que un caballo de Troya a las puertas de Génova 13. Bastaba con mencionarla para que la yegua ya hubiera cruzado las murallas del PP. En sus tripas se ha alimentado la salida acelerada de Feijóo, que sufre los pullazos del tercio de varas. Lo que no pudimos imaginar hace una semana, en cambio, fue la sanción de Ayuso como líder del PP desde Roma y no desde Faes o desde El Mundo. En Italia se decide quién manda en la derecha española y, como a Aznar, como a la mayoría de los barones del PP y como también a la mayoría del empresariado catalán, el “martillo despertador” no les vale. Feijóo está políticamente muerto. Que venga la otra, pues, a la que ya comparan en Roma con Giorgia Meloni. O sea, todo en orden. 

Conviene a los que así lo pretenden que espabilen porque en breve el presidente del Gobierno volverá a mudar de piel. Es imprescindible si quiere volver a gobernar, de modo que es muy probable que haya otra remodelación de Gobierno y se presente ante el Comité Federal del 27 de junio como un nuevo dirigente de la izquierda. Ya lo indicamos durante los cinco días de abril: el objetivo de Aznar no es otro que llevar a Sánchez a la cárcel. El que pueda hacer, que haga. Y llegados a este punto, conviene dejar claro este asunto entre los plurinacionales, congregados ante el pontífice este lunes: el teniente coronel Balas puede entrar en las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil pero no puede llegar al Congreso de los Diputados. Que tomen nota: o se está con Balas o se está con el BOE. Y una comentario final: la imputación de Pedro movilizará el voto de un millón de indecisos en el día del juicio final. No puede dimitir, no debe y tampoco lo hará. O sea, todo en orden. 

El invento de la “gloriosa” (para algunos) Transición, con la creación del Reino de las Autonomías, a veces parece ser un hecho real y otras, virtual. No acaba de cuajar. Su verdadera autonomía depende del Gobierno de turno. Ha rodado durante toda esta complicada democracia, quizás gracias a su ambivalencia. Intentar casar un régimen federal con una monarquía jacobina es como la cuadratura del círculo.

Pan para todos no contenta a las nacionalidades históricas —aceptadas en la Constitución— y equipara a estas con regiones autónomas creadas artificialmente que, como cabría esperar, funcionan como el antiguo régimen de provincias, pero más grandes, con una duplicación de administraciones que multiplica el gasto administrativo del Estado. Lo vemos constantemente.

Su grado de autonomía depende del partido, o partidos, que mandan en el Ejecutivo. Los presidentes de cada autonomía, excepto el País Vasco y Cataluña, en vez de gobernar para todos los ciudadanos de sus respectivas comunidades, actúan como diputados, haciendo oposición al Gobierno central. El ejemplo más claro está en Madrid, donde Ayuso dedica más tiempo a atacar a Pedro Sánchez, incluso insultando, que a resolver o debatir los graves problemas de su comunidad. Incluso su visceral oposición al Gobierno de la nación deja en entredicho a su presidente, Feijóo, obligándolo a un pensamiento esquizoide que se debate entre Vox y Ayuso, olvidando su falsa personalidad de moderado.

Se antepone la política del partido en detrimento de la política de Estado, y pobre de aquel que rechiste, porque no saldrá en la foto. Y todos sabemos lo que significa dejar de ingresar suculentos sueldos como diputado. El Senado podría poner un cierto orden como supremo organismo de representación de las comunidades, pero, otra vez, la ceguera de un PP lo convierte en cámara de oposición. Parece que persiguen la destrucción del Estado.

Lo estamos sufriendo con el mal uso de la justicia, la institución peor valorada por los ciudadanos, que no se sienten súbditos. Ahí está uno de los mayores problemas de este país: grandes sueldos a gente que no lo merece. Lo vemos todos los días en la negativa de alguna “provincia autonómica” regida por el PP a no cumplir los dictámenes del Gobierno central, aunque vengan avalados por leyes aprobadas por el Parlamento de la nación. Da igual. La sanidad está transferida, pero la culpa de las listas de espera es de Sánchez.

El presidente del Gobierno, cumpliendo su función de recabar buenos aliados para enriquecer la economía, consigue para Galicia, tras su visita a China, empresas que crean riqueza, pero el mérito es de Rueda, perfecto discípulo de Feijóo. Las órdenes son hacer oposición y no gobernar en sus comunidades. Es curioso: quienes más sostienen actualmente al Ejecutivo y al Estado de las autonomías son las nacionalidades históricas, a pesar de sus tendencias separatistas. Nadie podrá dudar de que la más independentista es la de Ayuso.

Criticaron los gastos de las embajadas de Cataluña, pero ella se pasea por medio mundo vendiendo Madrid al mejor postor. Quiere convertir Madrid en un gran Caracas o México D. F., con suburbios de pobreza ingobernables, acercándola al caos de las grandes ciudades populosas y alejándola de un modelo europeo de ciudad bien organizada.

Quiere transformar Madrid en el núcleo de la España nacionalcatólica y españolista, donde los capos de la cocaína empiezan a instalarse, atraídos por la bajada de impuestos, aunque sea a costa de desmantelar la sanidad pública y las conquistas sociales que tanto ha costado conseguir. Los madrileños tendrán que darse cuenta de que, con estas malas políticas lideradas por personajes sin escrúpulos, Madrid es cada vez menos capital de España.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

La agenda del reencuentro avanza entre España y México. A toda vela. A pesar del conflicto que quiso provocar la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Ahora esa relación recobra fuerza con dos visitas al más alto nivel: el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, está de viaje desde este martes en el país norteamericano y Felipe VI se trasladará hasta allí para asistir el día 26 a un partido de la selección española en el campeonato mundial de fútbol.

España y México caminan de nuevo de la mano tras años de enfriamiento de las relaciones. En el Gobierno de Pedro Sánchez le dan la máxima importancia a esta conexión en un momento mundial crucial, en el que pocas grandes naciones tienen Administraciones progresistas. Y los dos países, asimismo, comparten la defensa de un orden multilateral frente a un Donald Trump que trata de dinamitar la diplomacia que ha reinado desde el final de la II Guerra Mundial.

Los dos países se han vuelto a dar la mano como se escenificó con el primer viaje de Sheinbaum a España el pasado mes de abril para participar en Barcelona en la cumbre a favor de una alianza por la paz, en la que Pedro Sánchez ejerció como anfitrión y a la que asistieron otros líderes progresistas como Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) o Yamandú Orsi (Uruguay).

Ahora, en un contexto de incertidumbre y con Trump en plena amenaza arancelaria, los dos países quieren profundizar en las relaciones económicas. Cuerpo está desde este martes en México, con reunión incluida con Sheinbaum. Al vicepresidente primero le acompañan hasta 65 empresarios para buscar oportunidades de negocio.

Asimismo, Cuerpo supone un enlace de la UE con México. Se trata de la primera visita de un ministro de un Estado de la Unión Europea a este país desde la firma el pasado día 22 del Acuerdo Global Modernizado entre Bruselas y el Gobierno mexicano, que supone la actualización más ambiciosa de la relación bilateral en los últimos 25 años. Este pacto supone la liberalización de más del 85% de las líneas arancelarias y deja libres de aranceles al 99% de los productos intercambiados.

España quiere ahondar con México en la relación económica en varias áreas, con la vista puesta especialmente en la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros y la economía digital. En el Ministerio de Economía recuerdan que España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave.

Asimismo, México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina con más de 10.300 empresas con negocios allí. A la vez, ponen de relieve en el departamento de Cuerpo, que México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un volumen acumulado cercano a los 35.000 millones de euros. Otro dato en el que incide el Gobierno es que el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios se ha incrementado más de un 44% desde la pandemia, a pesar de los vaivenes que está sufriendo la economía mundial por la situación geopolítica.

Cuerpo se ha convertido en el gran embajador de la economía española. Y su posición se ha reforzado desde que Sánchez lo elevó a vicepresidente primero tras la salida de María Jesús Montero para competir en las elecciones andaluzas. El también ministro de Economía le da máxima importancia a la escena internacional, como el presidente, y ha forjado relaciones con otras Administraciones desde que la época en la que ocupaba el puesto de secretario general del Tesoro.

El vicepresidente primero ya estuvo viajó junto a FelipeVI a Canadá a finales de mayo. Un país estratégico también en estos momentos con su primer ministro, Mark Carney, como una de las figuras clave para frenar a Trump y defensor de la alianza de potencias medias en el nuevo orden mundial. Asimismo, el ministro español de Economía tiene previsto hacer un viaje a California, un Estado dominado por los demócratas y cuyo gobernador, Gavin Newsom, ha forjado una relación sólida con Sánchez.

La visita de Cuerpo sirve de prólogo para el desplazamiento de Felipe VI, que ha aceptado la invitación de Sheinbaum para asistir al Mundial de fútbol. El monarca estará el día 26 en la ciudad mexicana de Guadalajara para apoyar frente a Uruguay a la selección española, que ya habrá participado previamente en dos partidos en el estadio de Atlanta (Estados Unidos).

El viaje de Felipe VI supone restablecer los puentes entre México y la Casa Real, después de un periodo de años en el que el Gobierno de Sheinbaum lleva exigiendo que el monarca pida perdón por los episodios violentos de la conquista, un tema muy sensible para su Gobierno y su electorado. El rey reconoció durante la inauguración de una exposición hace unas semanas que hubo “mucho abuso y controversias éticas” en aquella época.

Felipe VI ha estado dos veces ya como monarca en México: en 2015 junto a la reina Letizia y en 2018 con motivo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, fue él quien, un año después, pidió por carta a Zarzuela que se pidiera perdón por los abusos durante la conquista. Posteriormente, Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión, algo que provocó que no acudiera ningún miembro del Gobierno español.

Ahora las dos Administraciones vuelven a alinearse. Además, está el horizonte temporal de la celebración en Madrid de la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre. La ausencia de México desluciría totalmente una cita en la que España ejerce de anfitriona. 

De esta manera, el rey llevará un mensaje diferente al de la presidenta Ayuso, que se dedicó a reivindicar la figura de Hernán Cortés durante su reciente estancia en México, donde incluso llegó a decir que había corrido riesgo físico después de su choque con Sheinbaum. La presidenta madrileña no ha aclarado ni siquiera qué hizo los días en los que no tuvo agenda oficial. 

El Ateneo de Madrid vuelve a estar en el punto de mira del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo que en 2023 comenzó como un pulso presupuestario, con la retirada de la subvención nominativa que la institución recibía de la Comunidad de Madrid, ha escalado ahora hasta una ruptura política abierta. El Ejecutivo autonómico da por rotas sus relaciones con la casa bicentenaria de la calle del Prado y pone nombre y apellidos al motivo: Luis Arroyo, presidente del Ateneo, consultor político y ahora portavoz autorizado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra.

La acusación que llega desde Sol ya no se limita al argumento utilizado hace dos años, cuando la Consejería de Cultura, encabezada por Mariano de Paco, defendió que las ayudas debían pasar de una subvención directa a un sistema de financiación por proyectos. Ahora el mensaje es abiertamente político. Fuentes del Gobierno madrileño citadas por El Confidencial acusan a Arroyo de ser "un activista del PSOE" y sostienen que el papel que ha asumido en la defensa pública de Zapatero ha sido la gota que ha colmado el vaso. 

Así, el PP madrileño pasa de retirar una ayuda económica a declarar la guerra institucional al Ateneo mientras el consultor siga al frente. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña confirman a infoLibre que Ayuso no acude al Ateneo por la “politización que hace Luis Arroyo de la institución” y algunos cargos del PP como la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, celebraban la decisión del Ejecutivo regional. “El Ateneo de Madrid lleva lustros sumido en el fango. Pero su actual presidente, el vocero del joyero, lo ha rematado. ¡Saquen sus sucias manos de una institución histórica ya!”, señalaba Negro en X. 

Por su parte, Luis Arroyo asegura a este periódico que mantiene "absolutamente al 100%" su compromiso con “la pluralidad, la apertura y la tolerancia del Ateneo”, y afirma que defenderá esos principios, pero que eso no implica “renunciar a sus ideas políticas” ni tampoco “expresarlas públicamente”, aunque insiste en que lo hará manteniendo su compromiso “con la pluralidad de la casa y el respeto institucional”.

Arroyo subraya que los presidentes del Ateneo han tenido históricamente una significación política, "empezando por [Manuel] Azaña" y siguiendo por “Carlos París y Enrique Tierno Pérez-Relaño”, el hijo del exalcalde de Madrid Enrique Tierno Galván. Recuerda también que por la institución han pasado 11 primeros ministros y, aunque admite que el Ateneo es una casa "más progresista que conservadora", por sus características republicanas y su marcado contenido social, insiste en que hay “espacio para todos”.

Además, Arroyo asegura no tener  “ningún tipo de interés” en presentarse a la alcaldía de Madrid por el PSOE el próximo año, como le han atribuido algunos medios, y sostiene que tampoco “ha recibido ninguna llamada del partido” para proponérselo. Sí admite que dirigió brevemente la campaña de Reyes Maroto, la exministra de Industria y candidata del PSOE en las elecciones de 2023, pero que “nadie le ha pedido nada” en ese sentido.

Sobre la relación con la Comunidad de Madrid, Arroyo asegura que mantiene una interlocución "amable" con el consejero de Cultura y explica que el Ateneo recibe subvenciones por la biblioteca de la institución, una cuantía que cifra en 100.000 euros en 2025 y en 126.000 euros en 2026. Una cuestión en la que también inciden en el equipo de Ayuso, que señalan que el Ateneo “sigue recibiendo aportaciones de financiación de la Comunidad de Madrid”, con la particularidad de que hasta hace dos años “era nominativa y ahora por proyectos concretos”.

El consultor también afirma que se ha dirigido personalmente por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle que visite el Ateneo y añade que "bajo ningún concepto" promovería nada contra esa relación institucional. En ese sentido, recuerda que todos los expresidentes del Gobierno y el actual inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, “son ateneistas” y que la institución recibe a personalidades de toda ideología. Es más, este jueves acudirá Leopoldo López, padre del preso político venezolano, a presentar su libro, titulado La lucha continúa y el siguiente martes está prevista la presentación del libro de  la periodista Ketty Garat sobre las presuntas tramas de corrupción del entorno de Sánchez.

Bajo la presidencia del consultor, que llegó al cargo en 2021, han pasado figuras de la derecha y del liberalismo conservador. El expresidente Mariano Rajoy participó en febrero de 2023 en la presentación del libro Historia de las derechas en España y, tanto él como su antecesor en el cargo, José María Aznar, se hicieron socios durante el mandato de Arroyo. El exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha intervenido en actos de la casa y el pasado abril protagonizó uno de Los Desayunos del Ateneo. En mayo de 2025, el Ateneo también acogió el Foro Libertad y Democracia con Aznar, Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

No es la primera vez que se produce un choque entre la Comunidad de Madrid y la bicentenaria institución. En diciembre de 2023, el Gobierno madrileño dejó fuera al Ateneo de la lista de instituciones con subvención nominativa en los presupuestos autonómicos. La ayuda, que había llegado a los 350.000 euros con Esperanza Aguirre y se había mantenido en 150.000 euros con Cristina Cifuentes y durante los primeros años de Ayuso, fue primero rebajada y después eliminada. El Gobierno regional sostuvo que no dejaba sin apoyo al Ateneo, sino que cambiaba el modelo para financiar proyectos concretos.

Lo del Ateneo no es un caso aislado. En los últimos años, varias instituciones culturales madrileñas han denunciado presiones, recortes o cambios de modelo que, a su juicio, amenazan su autonomía. El ejemplo más reciente es el Círculo de Bellas Artes. Su director, Valerio Rocco, explicó en una reciente entrevista en infoLibre el drástico recorte de la financiación de la Comunidad de Madrid, que atribuyó a una "batalla personal" del consejero de Cultura, Mariano de Paco. 

En los últimos años, la financiación regional del Círculo ha pasado de una subvención estable a un sistema de aportaciones por proyectos, con una reducción que ha encendido las alarmas dentro y fuera de España. Decenas de instituciones culturales europeas han pedido a Ayuso que reconsidere el recorte y despeje cualquier sospecha de motivación ideológica. Los centros afectados interpretan que el nuevo modelo permite condicionar la programación y debilitar a instituciones que mantienen una voz crítica o una agenda cultural independiente. 

La batalla cultural en Madrid tiene también otro antecedente significativo: la cancelación de Muero porque no muero, la obra de Paco Bezerra sobre Santa Teresa de Jesús que estaba prevista en los Teatros del Canal para enero de 2023. La dirección artística de Blanca Li había trabajado en su programación, pero la Comunidad de Madrid la retiró alegando razones económicas. Bezerra denunció censura e irregularidades, y el episodio provocó una fuerte reacción del sector cultural. Más de un centenar de nombres de la cultura, entre ellos Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Juan Diego Botto, firmaron un manifiesto de apoyo al dramaturgo y reclamaron teatros sin injerencias políticas.

Aquel caso marcó el inicio de una etapa en la que las decisiones culturales de la Comunidad de Madrid empezaron a leerse en clave ideológica. La salida de la obra de Bezerra de los Teatros del Canal, el recorte al Ateneo, la reducción de apoyo al Círculo de Bellas Artes y la nueva dirección de los Teatros del Canal bajo un modelo más controlado por la Consejería han ido alimentando la idea de un endurecimiento político en la gestión cultural madrileña.

Ayuso y su equipo rechazan esa lectura. Defienden que no existe censura ni represalia, sino una revisión del sistema de subvenciones, una apuesta por financiar proyectos concretos y una exigencia de rendición de cuentas sobre el dinero público. Pero la selección de los afectados, la intensidad de los recortes y el lenguaje utilizado contra algunos responsables culturales han reforzado la tesis de que la Comunidad de Madrid está disciplinando a las instituciones que no se alinean con su ideología.

¡Sí, cuidado! Se comportan como niños en el patio de un colegio.

Si se demostrara que el señor Rodríguez Zapatero es culpable de los cargos que se le imputan, me parece muy bien que actúe la justicia. Es lo correcto. Pero que den por supuesto que ese delito, si tal fuera, haría caer a Sánchez es una falacia, una mirada muy corta. ¿Por qué habría de caer el Gobierno? Mírense a sí mismos. ¿Dónde estaría el PP si tal principio se aplicara?

Fíjense en la señora Ayuso que, aun siendo muy católica, vive como concubina con su novio, Alberto González Amador. Este señor, un presunto defraudador fiscal de campeonato, se ha enriquecido a costa de la privatización de la sanidad pública llevada a cabo, convenientemente, por la propia señora Ayuso. Por esta razón el señor González Amador está imputado. Y, díganme, ¿ha dimitido la señora Ayuso por la imputación de su pareja? Pues no, la señora Ayuso no ha dimitido. Sin embargo, no puede haber una relación más cercana que la que se establece con la propia pareja. Además, esta señora ha conseguido que se cese al fiscal general del Estado, con la velocidad del rayo, y que el juicio de su novio se paralice. Esto sí es corrupción en grado superlativo, porque está directamente relacionada con el Poder Judicial.

Y no solo, en este año, 2026, se está celebrando el juicio por la Operación Kitchen, que tuvo lugar durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se trataba de un operativo parapolicial ilegal que se realizó a partir de 2013 desde el Ministerio del Interior para espiar y robar información a Luis Bárcenas, que era el tesorero del PP. Trece años ha tardado en salir el juicio. Por eso el señor Rajoy no se acordaba de nada; la señora Cospedal y la señora Santamaría también habían perdido la memoria, ¡vaya por Dios! Ninguno dimitió por la Operación Kitchen; y esta demora de 13 años en la resolución del caso también pone de manifiesto que el Poder Judicial no es imparcial. 

Por el caso Púnica, en 2019, el juez García Castellón determinó la imputación de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por el papel “decisivo y esencial” que habría tenido esta persona en la financiación ilegal del PP. ¿Dimitió la señora Aguirre por ese gran escándalo? Pues no, la señora Aguirre no dimitió.

El caso Montoro es otro caso de corrupción política en España que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más por presuntas irregularidades, extremadamente graves, cometidas en este ministerio durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018). La investigación se centra en el supuesto favorecimiento a determinadas empresas, impulsando normas y reformas fiscales que las beneficiaban, a cambio de pagos directos al despacho “Equipo Económico”, fundado por Montoro en 2006. ¿Dimitió Montoro por este otro caso de corrupción en grado superlativo? ¿Dimitió Rajoy? ¿Se convocaron elecciones anticipadas?

Han pasado varios años y todavía no se ha resuelto el caso. 

Otra vez el Poder Judicial se demora.

Lo que no sé es por qué regla de tres, si está imputado el señor Rodríguez Zapatero, debería dimitir el señor Sánchez. 

Y no sé, señor González, por qué regla de tres, esta vez compuesta, se tendrían que convocar elecciones anticipadas porque esté imputado el señor Rodríguez Zapatero. El señor Zapatero no está en el gobierno y, si fuera culpable, tendría que responder él por sus actos delictivos. 

Lo grave, gravísimo, de todos los casos es que el Poder Judicial no es imparcial. Lo que atañe a la derecha no acaba de resolverse en años y años, y lo que atañe a la izquierda se resuelve con la rapidez del rayo.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

Los ‘cachorros’ del Partido Popular buscan a su nuevo líder e Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en la Comunidad de Madrid y muy cercano a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha sido el primero —y por ahora único— en postularse. Dancausa busca suceder a Beatriz Fanjul, actualmente diputada nacional, al frente de la organización juvenil con una candidatura "integradora". Sin embargo, su paso al frente tiene una lectura orgánica evidente, y es la búsqueda del ala dura del partido para extender su influencia desde Madrid a la cantera nacional del PP.

El relevo se producirá en el congreso nacional de Nuevas Generaciones previsto para el próximo 11 de julio, convocado por la dirección de Alberto Núñez Feijóo en plena fase de rearme interno de la estructura popular. Fanjul, presidenta de NNGG desde 2021, dejará el cargo en una organización que arrastra meses de desgaste interno, que acumula polémicas y que en marzo sufrió una de sus mayores crisis recientes: la dimisión de Carlo Angrisano, hasta entonces secretario general, que se dio de baja del PP y pidió el voto para Vox.

Angrisano justificó su marcha asegurando que el PP había dejado de defender los valores por los que muchos militantes se afiliaron. En Génova trataron entonces de minimizar el golpe, afirmando que Angrisano no ejercía realmente sus funciones, pero la salida dejó al descubierto uno de los grandes problemas del PP: su desconexión con los votantes más jóvenes en plena ola de derechización. Esa sensación de frustración y de aviso la expresó el propio Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones europeas por la irrupción de Se Acabó la Fiesta.

Esta competición por el voto joven es una obsesión en el PP porque lastra sus posibilidades de crecimiento y condiciona los acuerdos de gobierno con la extrema derecha de Abascal. Ahora mismo, Vox es el primer partido entre los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, con un respaldo del 22%, en tanto que el PP solo cuenta con el 11%. Dancausa, nacido en 2001, tiene como reto mejorar esos números dentro de su organización frente a una Fanjul que ya superó, hace años, la frontera de los treinta.

La irrupción de Dancausa en la carrera nacional no es un movimiento menor. Además de presidir las Nuevas Generaciones madrileñas, es concejal en Las Rozas, una localidad al norte de Madrid, y llegó al cargo autonómico en 2022 con un respaldo superior al 95%. Su ascenso estuvo ligado desde el principio a Ayuso, que vio en él un perfil útil para llevar la "batalla cultural" al ámbito universitario y juvenil.

Desde entonces, NNGG Madrid ha endurecido su tono y ha convertido las redes sociales y la universidad en espacios de confrontación directa con la izquierda. El propio Dancausa defendió ya en 2022 que la organización debía "dar la batalla a la izquierda" y aspirar a convertirse en un gran "think tank" madrileño. En marzo, durante unas jornadas interuniversitarias de NNGG, reclamó un "cambio radical" para echar a Pedro Sánchez mediante la movilización de los jóvenes.

Ese perfil conecta con la estrategia del PP madrileño, la oposición frontal al Gobierno, con un lenguaje de disputa ideológica con Vox en sus propios marcos. Pero también introduce una nueva fuente de tensión para Génova, que intenta equilibrar la presión de Ayuso con la necesidad de ensanchar el partido hacia votantes más de centro. La renovación de Nuevas Generaciones se produce, además, justo cuando el PP debate internamente hasta qué punto debe mimetizarse con Vox o mantener una línea más autónoma frente a la extrema derecha, con la que ya ha pactado en Extremadura y Aragón la “prioridad nacional” y previsiblemente volverá a hacerlo la próxima semana en Castilla y León.

La candidatura de Dancausa permite al PP de Madrid presentarse como solución a la desmovilización juvenil, pero también como ariete ideológico dentro del partido. La operación refuerza a Ayuso en un terreno simbólico, el de la cantera de “políticos profesionales”, donde se curtió la propia presidenta madrileña. Por Nuevas Generaciones también han pasado dirigentes que después alcanzaron la primera línea del PP, desde Pablo Casado pasando por Juanma Moreno y el propio Santiago Abascal. Feijóo, sin embargo, nunca formó parte de la ‘rama juvenil’ del PP e incluso ha admitido en diversas entrevistas que votó a Felipe González en 1982, la primera vez que pudo votar.

Y aunque hacerse con el control de NNGG no implica controlar Génova, sí permite influir sobre los cuadros jóvenes, los discursos emergentes y la futura promoción orgánica del partido. Si el dirigente madrileño llega sin rival al congreso de julio, el PP de Madrid habrá conseguido colocar a uno de los suyos al frente de la organización juvenil nacional en el momento en que Feijóo necesita más cohesión interna. El ascenso de Dancausa también puede convertirse en otra forma de presión sobre Génova, con una exigencia de más dureza y confrontación y menos distancia con los marcos ideológicos que la dirección nacional intenta manejar sin quedar atrapada por ellos.

Dancausa es, por ahora, el único que se ha postulado formalmente para el cargo. Antes de entrar a formar parte de las filas del PP, presidió la asociación universitaria Libertad Sin Ira, con un discurso contra el “monopolio de la izquierda” en la Universidad Complutense (UCM).El joven madrileño fue una apuesta personal de Ayuso después de que su organización le fichara por su prolija actividad universitaria. Una asociación que ha estado en el centro de la polémica tras actos suspendidos como el del exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, escraches y enfrentamientos con profesores como Juan Carlos Monedero.

Aunque el madrileño solo tardó dos días en postularse, también puede haber otros candidatos en liza. Entre los perfiles que citan medios de la derecha figuran Antonio Landáburu, presidente de NNGG de Murcia y abiertamente enfrentado a Dancausa y Miguel Ángel Sastre Uyá, actual secretario general tras la dimisión de Agrisano y cercano a Fanjul. También se mira a Andalucía, donde la presidenta de NNGG, María José Carmona, encarna una línea más cercana al modelo de Juanma Moreno lejos del tono bronco que encarna el ayusismo.

Tenga o no competencia, Dancausa deberá ser ratificado por el aparato juvenil. El nombre del presidente o presidenta no sale, sin embargo, de una votación directa pura de toda la militancia, sino de un sistema mixto en el que los afiliados eligen compromisarios y respaldan precandidatos. Después, los compromisarios reunidos en el Congreso Nacional votan formalmente al presidente y a su equipo. Un sistema similar al de la presidencia del PP, aunque en el caso de Génova los afiliados tienen menos peso tras modificarse los estatutos en el último congreso.

Según la web de NNGG, son la organización juvenil política más numerosa de España, con más de 35.000 afiliados, pero no desglosa su peso por comunidades. Con todo, otras fuentes oficiales citadas por El País los sitúan en 21.181 afiliados. A falta de que la Comisión Organizadora haga público el reparto de compromisarios, el control del congreso dependerá de las grandes delegaciones territoriales de Nuevas Generaciones. La delegación de Madrid alberga a un número destacado de afiliados, pero la clave también estará  en Andalucía y Comunitat Valenciana, además del papel que juegue Génova en la búsqueda de una candidatura de integración. Por ahora, en el equipo de Alberto Núñez Feijóo evitan pronunciarse.

Estamos en un momento donde la política actual se ha transformado en un simulacro ruidoso, donde los vínculos reales son sustituidos por el impacto inmediato y los argumentos irreflexivos y de rápida absorción. Frente a la prisa que anula la razón, figuras como Isabel Díaz Ayuso representa lo que podíamos llamar la conexión hiperbólica del discurso político. 

La presidenta opera bajo la lógica del ruido, la trinchera y la hostilidad, alejándose de la memoria pausada y el humanismo. Su constante sobreexposición convierte la esfera pública en un teatro de patologías cotidianas, donde la vulnerabilidad y el diálogo real quedan completamente anulados.

Ahora asistimos a otro episodio en la larga entrega de la presidenta madrileña con el bozal apartado para poder lamer con placer las mentes del pueblo, los sentimientos de sus allegados y la piel de una ideología prefabricada.

Pero también muerde con furia para fomentar una batalla cultural que ahora tiene a México como enemigo, un espacio para sembrar odio y crispación en un país amigo, hermano, generoso y amable.

Habría que explicarle que el sincretismo que alimentó la unión entre culturas, propuso una nueva perspectiva de la convivencia; que los reflejos del catolicismo, que ella tanto defiende, fueron para México una constante afrenta, la activación de una lucha por acabar con la imposición y el castigo, para reaccionar contra el flujo sangriento que proponían las batallas de conquista y que atizaban en el centro de una cultura firme como la de los mexicas, ya establecidos en las mismas tierras desde 1325, hasta alcanzar la independencia en 1821. 

Años ya de una identidad nacional fulgurante, atenta al desarrollo cultural de los pueblos, activa en la defensa de su idiosincrasia e indispensable para entender la absorción de nuestra cultura como elemento de su desarrollo sin olvidar la suya como pilar fundamental en la estructura social y política.

En esta coyuntura, que la presidenta llegue para intentar sembrar el odio, despuntar como polemista en América, activar la espoleta que haga detonar la relación de España con México, es algo que deberíamos criticar desde cualquier ámbito, sin paños calientes, porque su actitud viene a intentar destrozar años de comprensión y afecto.

No podemos frivolizar con los juicios que nacen desde las gargantas distorsionantes de esta clase política, porque caeremos en un proceso de aceptación, de asimilación y de amplificación para favorecer el flujo de esos juicios nacidos para fomentar el odio y la enemistad.

Estamos en trance de activar una milicia sin épica, un decorado de luces de neón que oculta el verdadero desamparo y la incapacidad de mirarnos a los ojos; y, desde esa capacidad, no reconocernos. 

Juicios de valor como los de Isabel Díaz Ayuso facilitan la carga de dinamita para arrasar con nuestra cultura, que es también la de los pueblos iberoamericanos, y romper los puentes que nos unen, destrozar las vías de comunicación que nos hacen más grandes e izar la bandera que propone una guerra cultural inmerecida dentro de los cauces de amistad de todo los pueblos.

Un discurso político sin ética, destilado para fomentar el odio, adscrito al territorio de la bulla, definido desde la estrategia del rechazo, fomentado para sembrar crisis entre hermanos, no puede ser un discurso que una sociedad abierta, moderna, empática e inteligente pueda sostener. 

¿De dónde, entonces, esta necesidad de construirlo?

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Javier Lorenzo Candel es poeta.