“Yo no tengo ni la menor idea”. Esa fue la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso el pasado miércoles a las preguntas sobre el ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid. Esa frase resume una de las argucias que más ha utilizado desde que llegó a la Puerta del Sol: desvincular su figura de las decisiones adoptadas por su propio Gobierno y trasladar las explicaciones a otros para salvarse. “No trabajo para mis adversarios que están de vacaciones, estoy centrada en los problemas importantes”, añadía este viernes ante la prensa, a la que cuestionaba— especialmente a TVE— por preguntarle por el ático y no “por la gente afectada” y lo que “están haciendo”, en alusión a los incendios. 

El inmueble, situado en Chamberí, tiene 485 metros cuadrados, de los cuales 200 son de terraza, fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid para, según dijo en un primer momento la Puerta del Sol, alojar provisionalmente a la presidenta y a parte de su equipo durante las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el piso tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo íntegramente a oficinas y tampoco a una residencia oficial de la presidenta madrileña. Apenas un día después de que la compra saliese a la luz, el Ejecutivo autonómico anunció que lo pondría a la venta.

La primera reacción de Ayuso fue denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. Unos días después, tras comprobar que la polémica no disminuyó, negó que el inmueble fuese para ella pese a que justamente coincidió con la puesta en venta de los inmuebles en los que reside con su pareja, Alberto González Amador. Esta semana, tras las idas y venidas, Ayuso ha decidido remitir cualquier pregunta a la Consejería de Presidencia, que depende de Miguel Ángel García Martín, porque, según afirmó, ella desconoce los inmuebles que la sociedad pública compra o vende. “No es mi competencia”, añadió sobre la polémica operación por la que el Gobierno regional pagó 6,3 millones de euros.

La pelota se situó entonces en el tejado de García Martín, uno de sus hombres de máxima confianza, al menos hasta ahora. El consejero respondió el jueves que las explicaciones estaban “sobradamente dadas” y desplazó de nuevo el foco hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La polémica del ático, sostuvo, había sido sacada de contexto para ocultar las “vergüenzas” de la izquierda, la corrupción del Gobierno central y su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, sí la tienen muchos presidentes autonómicos y la mitad de los ministros de este país”, añadió después. Unas palabras que la oposición ha interpretado como un reconocimiento implícito de que ese era en realidad el uso que se le quería dar.

Explicaciones que forman parte del ‘manual’ de supervivencia de la presidenta madrileña y de su entorno, que pasa por negar la responsabilidad personal, derivar la explicación a un subordinado y transformar cada polémica—en este caso quién decidió comprar el inmueble, con qué criterios y para qué uso— en una batalla contra Sánchez sin dar más explicaciones.

Avalmadrid: el precedente familiar

Este modus operandi comenzó ya en el verano de 2019, poco después de su investidura, con las exclusivas de infoLibre sobre Avalmadrid. La entidad semipública concedió un aval de 400.000 euros a una empresa participada por los padres de Ayuso. “Yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie”, dijo entonces la baronesa del PP. Una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid concluyó, sin embargo, que sí existió un trato “personalizado y preferente” y una gestión negligente en el seguimiento y recobro del préstamo, pero no tuvo ninguna consecuencia para la presidenta madrileña. 

Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para acceder a un directivo de la entidad y conocer qué sucedería con el patrimonio familiar si la empresa no devolvía el dinero. En las semanas posteriores aceptó de sus padres la donación de la “nuda propiedad" de una vivienda y de la mitad de un local. La presidenta sostuvo que no había mediado ni presionado a nadie, negó cualquier trato de favor y denunció que “la izquierda” había llegado demasiado lejos al involucrar a padres y hermanos en el debate público. La denuncia de una supuesta persecución apareció, de nuevo, más tarde con su hermano y su pareja.

Room Mate: el error que acabó en la consejería de Ciudadanos

En mayo de 2020, la revista Vanity Fair publicó que Ayuso llevaba semanas alojada en una suite de la cadena Room Mate durante el confinamiento. Tras destaparse el caso, la presidenta madrileña aseguró que pagaría personalmente la estancia y no se acreditó que el alojamiento fuese abonado con fondos públicos. Pero la polémica aumentó cuando en el portal de contratación de la Comunidad apareció Room Mate como adjudicataria de un contrato de 565.749 euros para atender a mayores trasladados de residencias a hoteles y el Ejecutivo regional alegó que se trataba de un error de publicación. 

Ayuso anunció una investigación interna y dirigió la responsabilidad hacia la Consejería de Políticas Sociales, entonces controlada por Ciudadanos, su socio de Gobierno. Horas después, el consejero Alberto Reyero, destituyó a su secretario general técnico, señalado como responsable del error. Reyero ya se había situado en la diana de la dirigente del PP por su posición crítica respecto a la falta de medicalización en las residencias de mayores durante la pandemia. 

La presidenta defendió paralelamente que su estancia era un asunto privado y que cualquier mandatario en sus circunstancias habría buscado un lugar desde el que trabajar sin molestar a sus vecinos. Las versiones sobre la fecha de la reserva, sus condiciones y el precio fueron cambiando, pero el coste inmediato acabó recayendo en un departamento gestionado por el socio minoritario del Gobierno, Ciudadanos, del que Ayuso se desprendió un año después.

Los aviones que no llegaban, el Zendal y la culpa de Moncloa

Durante la primera ola de la pandemia, Ayuso anunció el 22 de marzo de 2020 la llegada inminente de dos aviones con material sanitario procedente de China. Más de una semana después, los cargamentos seguían sin aparecer. Mientras administraciones de todo el mundo competían por los mismos proveedores y afrontaban problemas logísticos, la Comunidad se quejó de que el Gobierno central estaba bloqueando la llegada de material. 

La dirección nacional del PP, entonces liderada por Pablo Casado, amplificó la acusación y habló de proveedores obligados a desviar mascarillas y respiradores por la “inacción” de Moncloa. La secuencia se repitió después con el Hospital Isabel Zendal que fue presentado por Ayuso como el gran símbolo de su gestión de la pandemia. Cuando comenzaron las denuncias sobre falta de personal, traslados forzosos de sanitarios y problemas de funcionamiento, la presidenta madrileña habló de “sabotajes impresentables”, acusó a personas cercanas a la izquierda de boicotear el hospital y sostuvo que medicamentos y objetos desaparecían del centro para terminar en medios afines a sus adversarios

El drama de las residencias, la culpa fue de Iglesias y de Illa

La gestión de las residencias constituye el ejemplo más grave de este desplazamiento de responsabilidades. El Gobierno madrileño distribuyó durante la primera ola protocolos revelados por infoLibre que establecían criterios de exclusión para trasladar a hospitales a residentes en centros de mayores con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo. En total, 7.291 mayores murieron en los centros sin ser derivados a un hospital.

Desde que este periódico publicó los documentos, la defensa de Ayuso atravesó distintas fases. Su Gobierno sostuvo que los protocolos eran simples borradores o documentos técnicos que no resultaban obligatorios. También señaló que las muertes se produjeron en toda España y responsabilizó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, de la situación de las residencias.

Años después, la acusación se desplazó hacia el presidente catalán Salvador Illa, que durante la pandemia era ministro de Sanidad. Ayuso afirmó que Cataluña y el Ministerio de Sanidad habían ordenado “segregar” a los mayores y prohibir su salida. Los documentos ministeriales citados, sin embargo, eran recomendaciones generales de aislamiento para evitar contagios, no órdenes que prohibieran hospitalizar a los residentes y la decisión final correspondía a las autonomías. 

Los sanitarios: del agotamiento al “boicot” de sus profesionales

Ayuso no siempre acude a Moncloa o a la izquierda cuando quiere desentenderse de un asunto polémico. En ocasiones, el responsable elegido es el mismo colectivo que denuncia el deterioro de un servicio público. En diciembre de 2021, en plena sexta ola de la pandemia, Ayuso aseguró que en algunos centros de salud no se cogían los teléfonos, se colgaban las llamadas y que no todos querían “trabajar y arrimar el hombro”. Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad exigieron una rectificación y recordaron que las diferencias entre centros dependían, entre otros factores, de la falta de profesionales.

El patrón se repitió con la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en otoño de 2022. El nuevo modelo arrancó con decenas de centros sin médicos y otros que ni siquiera pudieron abrir. Los trabajadores hablaron de caos organizativo pero desde la Comunidad de Madrid volvieron a presentar las protestas y las dificultades como un “boicot” impulsado políticamente en contra de su presidenta. 

El desplazamiento de la responsabilidad tampoco se limita a adversarios institucionales. En septiembre de 2020, durante el debate sobre el aumento de contagios en los distritos del sur de Madrid, Ayuso los atribuyó al “modo de vida” de la inmigración y a la densidad de población. Posteriormente precisó que se refería a familias numerosas que vivían en viviendas pequeñas, pero rechazó retirar sus palabras y acusó a la izquierda de intentar presentarla como racista. Una situación similar a lo que ocurrió con los cortes de electricidad en la Cañada Real. Ayuso concentró su respuesta en las mafias dedicadas al cultivo de marihuana y en los enganches ilegales a la red de los vecinos.

Aguado, el socio convertido en conspirador

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pasó de gobernar con Ayuso a convertirse en otro de los responsables de los obstáculos que, según la presidenta, encontraba su gestión. En marzo de 2021, después de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, Ayuso rompió unilateralmente la coalición madrileña, destituyó a los consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas. Justificó la decisión afirmando que había vivido “situaciones inenarrables” con Aguado y que no tenía ninguna duda de que Ciudadanos “venía a por Madrid”.

Aguado negó que existiera una moción de censura inminente y acusó a la presidenta de utilizar una “excusa peregrina” para satisfacer su ambición personal. Pero el marco de la ruptura ya estaba construido y la operación salió bien. Ayuso arrasó en las elecciones del 4 de mayo y Ciudadanos desapareció de la Asamblea. El dirigente al que había responsabilizado de las dificultades de la coalición acabó abandonando la política institucional.

Casado: de padrino a verdugo

El caso más exitoso de esta estrategia se produjo en febrero de 2022. Casado había sido el íntimo amigo de la presidenta madrileña y fue él quien decidió que fuera ella la candidata del PP para la Comunidad de Madrid en 2019, pese a la oposición interna. La dirección nacional del PP pidió explicaciones sobre un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros adjudicado por la Comunidad a una empresa vinculada comercialmente con Tomás Díaz Ayuso, tras tensiones internas por la presidencia del PP de Madrid.

La presidenta reconoció que su hermano había mantenido una relación comercial con la empresa y que había cobrado por sus gestiones, pero el centro de la controversia se desplazó rápidamente desde el contrato hacia Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ayuso acusó a la dirección del PP de intentar destruirla, actuar con crueldad contra ella y promover una operación de espionaje contra su familia. La petición interna de explicaciones quedó convertida en una conspiración de Génova contra la dirigente más popular del partido. Casado perdió el liderazgo del PP pocas semanas después, mientras Ayuso emergía reforzada como víctima de un supuesto espionaje y traición interna.

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha publicado este viernes la venta del ático de Chamberí, ubicado en la calle General Martínez Campos, por 6,69 millones de euros, sin impuestos, según el anuncio firmado por el consejero delegado de la empresa pública, Pedro Corbalán Ruiz

En la web de la empresa pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, se ha subido un documento con dos lotes: uno para el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el un inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta estos edificios —tras saltar la polémica por la compra del ático, coincidiendo además con la puesta en venta de los inmuebles con los que la presidenta convive con su pareja Alberto González Amador— para destinar el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

El documento de la venta ha sido firmado a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas por Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático el pasado mes de abril.

El inmueble de Martínez Campos número 35 cuenta con una superficie de 481 m2, en un edificio residencial en manzana cerrada que remata la esquina del paseo General Martínez Campos con la calle Zurbano fue comprado inicialmente por 6,3 millones de euros, según ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó esta compra por las obras que se van a acometer en otoño en la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol y sede del Ejecutivo regional, para que fuera usado para "reuniones": unas obras de las que este viernes también se ha publicado en el Portal de Contratación que se han adjudicado sin concurso y por un valor de casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo.

En este contrato, adjudicado al estudio de la prima de la conocida influencer madrileña María Pombo, se señala que es para el diseño y redacción del proyecto, asistencia para licencias y dirección de obras.

Desde el Ejecutivo regional han señalado a EFE que se convocaron ideas para el anteproyecto "donde se invitó a varias empresas y la mejor valorada fue la suya, que es la que realiza ahora el proyecto por exclusividad artística" y cuando este se entregue, se licitará la obra a través de concurso abierto.

Respecto a la venta de los cuatro inmuebles de Gran Vía número 6 tienen una superficie útil de 1.132 m2, en un edificio que tiene un total de 9.045 m2 y salen a la venta con un precio de salida de 11,8 millones.

La fecha límite de presentación de ofertas se marca en las 23:59 horas del 7 de septiembre.

Además, según detallan desde la Comunidad de Madrid, también saldrá a la venta otro piso más de la empresa pública, ubicado en la calle Pedro Moreno, 3 y con una superficie construida de 459,92 metros cuadrados, con el mismo fin que el controvertido lote.

Empezar una nueva semana no le ha servido a Isabel Díaz Ayuso para correr un tupido velo sobre sus pisitos. Los usuarios de X y Bluesky han seguido pegando la hebra con la historia del ático de lujo en Chamberí, y sus nuevas declaraciones sobre el tema no han servido más que para plagar las redes de comentarios y valoraciones en su contra. "Una ardilla podría cruzar Chamberí de ático de Ayuso en ático de Ayuso", ironiza @lapiur.bsky.social, "Imaginen lo grande que era el ático que Ayuso no encuentra la salida", se mofa @DonMitxel_I, "Están a tres ruedas de prensa de decir que el ático de lujo les tocó en la prueba final de La Ruleta de la Suerte", opina @TaboadaLucia, "Un ático concebido no nacido", se cachondea @PatColon.

Además, la teoría sobre los presidentes de la Comunidad de Madrid caídos no para de crecer y muchos, al mirar a Ayuso, recuerdan ecos de Cristina Cifuentes e incluso de Pablo Casado: "Sé reconocer cuándo le ponen la cabeza de caballo en su cama a un cargo del PP cuando veo estas cositas. Que le pregunten a Pablo Casado", apunta @a1varo_lopez. Por otro lado, la entrevista que ha concedido Álvarez de Toledo en El País ha supuesto otro jarro de agua fría para la del PP: "Todavía no he entendido lo de Ayuso y el ático", decía sin pelos en la lengua la diputada.

La expectación ante el eclipse de sol del 12 de agosto no ha parado de crecer durante las últimas semanas y, con ella, también lo han hecho los precios de los alojamientos turísticos de las zonas donde mejor se va a ver este acontecimiento. Así hablan de ello en las redes: “Ríete de la baja oferta de hospedaje de la España vacía, hasta que un eclipse total pasa por esas tierras, en ese momento, la habitación de la casa de los bisabuelos se ofrece a precio de hotel de cinco estrellas en Dubai”, postea @jorge_lanchas.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro. 

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, la directora de Turismo y Hostelería y el director de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han declarado 14.847,78 euros en el portal de transparencia de la autonomía por el viaje a México que realizaron junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien solo refleja 623,28 euros.

Así figura en el documento donde se publican los gastos de viaje, protocolarios y de representación de los cargos, tal como ha podido comprobar EFE y ha avanzado este viernes El Salto.

Díaz Ayuso inició su viaje a México el domingo 3 de mayo y, en principio, iba a estar allí hasta el martes 12; sin embargo, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira con motivo de un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y emprendió su regreso el domingo 10, aterrizando en Madrid al día siguiente.

El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha declarado 6.609,45 euros entre el 2 y el 11 de mayo por acompañar a la presidenta en los encuentros empresariales, reuniones con gobernaciones de México, y participar en la ceremonia de entrega de los Premios Platino de cine iberoamericano.

Según el gasto desglosado, 6.028,10 euros corresponden a gastos de locomoción y 581,35 a alojamiento. Además, no constan gastos de manutención.

El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino Solís, ha declarado 3.952,2 euros de su viaje a México entre el 3 y el 10 de mayo de los que 3.652,92 corresponden a gastos en locomoción y 299,28 a gastos de manutención, no constan así gastos en alojamiento.

El motivo del viaje, detalla el documento, es hacer seguimiento en Aguascalientes de las actividades culturales programadas en la Feria Nacional de San Marcos por ser la Comunidad de Madrid comunidad invitada, y asistir en Xcaret a la XIII Gala de los Premios Platino.

La directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, ha declarado, por su parte, 4.286,13 euros (3.003,50 en concepto de locomoción y 1.282,63 en alojamiento) durante la visita al país para la promoción turística de la Comunidad.

También acompañó a Ayuso en México su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de quien no constan gastos durante este periodo, solo dos por valor de 213,5 euros en concepto de comida y cena institucional el 6 de mayo, jornada en la que declaró en el juzgado en Madrid tras la cual viajó a México.

Las cantidades declaradas por los tres cargos contrastan con las cifras publicadas en relación a la presidenta, que ha declarado únicamente 623,28 euros en concepto de uso de la sala de autoridades de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que el PSOE-M presentará una denuncia ante la Fiscalía provincial de delitos económicos dirigida contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra de un ático en Chamberí.

El inmueble, situado en una novena planta de un edificio residencial, fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad, que posteriormente lo puso en venta, para emplearlo supuestamente como oficina de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos.

"Empezamos todas las acciones legales", ha avisado López en declaraciones a los medios desde la sede del PSOE en Ferraz, donde ha calificado el asunto de "muy muy grave".

En palabras del secretario general del PSOE madrileño, el objetivo es "conseguir que dimita la señora Ayuso", así como lograr que se diriman todas las responsabilidades penales que haya en este asunto y que se devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños".

El ministro ha reclamado que se investiguen todos los posibles indicios de "prevaricación administrativa, malversación y otros" que pueda haber en relación con la compra del inmueble, y ha avisado de que "esto no va a quedar así".

El PSOE-M confía en que por vía judicial se pueda obtener la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición, así como la remisión de toda la documentación que sirvió de antecedente y fundamento a la decisión de comprar el ático, entre otros documentos.

"Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública", ha aseverado el secretario general madrileño.

López ha criticado que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno regional pese a las iniciativas y solicitudes de información presentadas por los socialistas, y ha calificado las respuestas dadas hasta el momento de "chapuza colosal".

"La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable", ha subrayado el ministro, que también ha calificado de "populismo barato" el anuncio por parte del Ejecutivo madrileño de que el dinero que se obtenga de la venta del inmueble se utilizará para ayudar a los afectados por el incendio de la sierra oeste.

Mamarracho es una persona estrafalaria, ridícula, que no merece respeto. Eso dice la RAE. Y así empezó “PPayuso”, a insultar al ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque luego este, con más retranca, le contestó en redes sociales.

Cuando se utiliza este término en el ámbito político, está claro que solo se busca montar un espectáculo mediático en lugar de actuar con la dignidad que exige el cargo.

Aunque Puente ha tenido fuertes choques en redes con Alvise Pérez (a quien ha llegado a calificar con insultos como "saco de mierda", o a sus votantes como "gentuza"), el intercambio explícito del insulto "mamarracho" ha cobrado enorme fuerza en la política española debido a su durísimo enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o sea la “PPayuso”.

El ministro Puente elevó la apuesta respondiendo directamente en sus redes sociales: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú". Con esto, le devuelve el golpe acusándola a ella de ser la verdadera persona extravagante, hipócrita y desaliñada en su gestión política.

Tras los incendios en la Comunidad de Madrid, "Ayuso ha reducido a la mínima expresión los servicios públicos y, cuando hay una emergencia, tiene que pedirle al Estado que tome las riendas".

Eso fue lo que le contestó Puente con excesiva sorna. Y “PPayuso” se pone llorica, sale corriendo e insulta a todo quisqui viviente que pille por delante. El ministro le responde acusándola de tener una caradura asombrosa. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid recortó presupuestos destinados a esta materia todo lo que pudo.

¿Realmente quién apoya a “PPayuso” en la Comunidad de Madrid (y en más sitios)?

Ayuso es la niña mimada de cierto sector del PP. Empezando por “Asnal”, el impresentable MAR (Miguel Ángel Rodríguez) y la Fundación FAES (think tank) de la derecha española, tenemos a la Audiencia Provincial de Madrid con sus jueces, fiscales, abogados y funcionarios peperos 100%, los grupos mediáticos de la derecha, como El Mundo, La Razón, ABC, La COPE, etc. etc., hasta más de 123 medios y, cómo no, el entramado empresarial conservador y derechón hasta más no poder. Y claro, la sección mas dura y facha del PP también está con ella.

“Hijo de puta, caradura, socio de ETA, meme de república bananera, caudillo bolivariano, autoritario, corrupto, comunista, chavista, violento, estafador, tirano, mafioso, inhumano, matón, estalinista, llorón, desquiciado, mentiroso compulsivo, hijo de puta, oculto tras “me gusta la fruta, etc. etc.”. ¿Ese es el vocabulario político de una presidenta de una comunidad autónoma?

Ayuso no participó —ni quiso participar— en la reunión de coordinación de emergencias a la que asistían el rey y Mañueco. La presidenta de Madrid se marchó antes de que comenzara el encuentro del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias por los graves incendios que asolaban la Comunidad.

Una Ayuso desbordada, incapaz de controlar la situación que, ante la falta de previsión durante el invierno para prevenir los incendios, tal como denunciaron los bomberos forestales, pidió al Gobierno que tomara el control de la situación y asumiera el mando ante los incendios en la Comunidad de Madrid.

Y es que “PPayuso” es de mucho cacarear y poco gestionar. La Comunidad de Madrid necesita a alguien con más sensatez, menos conflictiva y, sobre todo, menos mentirosa. Sí, sí, libertad en bares y terrazas, muchos insultos a Pésanchez, hacerse amiga de Netanyahu, Trump y del “payaso” argentino Milei. Esa no es la mejor agenda política para las necesidades reales de la Comunidad de Madrid y de su gente.

En España no está prohibido limpiar los montes. ¡No está prohibido! La supuesta prohibición es un bulo para atacar las políticas de protección ambiental. De hecho, la limpieza de los montes es una obligación para evitar incendios (Ley 43/2003 de Montes). En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Tanto la ley de 2003, como su reforma en 2015, fueron aprobadas con gobiernos del PP que tenían mayoría absoluta. Su gestión depende de los gobiernos autonómicos, la mayoría del PP.

Los bomberos de Madrid advirtieron en abril de que los trabajos para prevenir incendios se habían reducido a la mitad. Los profesionales forestales de la Comunidad de Madrid afirman que se ven obligados a trabajar con cinco efectivos en cada dotación en lugar de siete, como ocurría el verano pasado, y el Gobierno de Ayuso les amenaza con acciones judiciales, ¡la muy inútil!

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes avisa sobre la inversión en prevención de incendios: "Habría que multiplicarla al menos por 10". "Hay que invertir más en extinción, porque si tenemos la pata coja en prevención y en autoprotección...".

Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acusa a Ayuso de difundir bulos con la limpieza de montes en plena ola de incendios: "Es una gran irresponsabilidad".

Pero, ¿quién debe limpiar según el terreno? Las comunidades autónomas deben cuidar, limpiar y prevenir incendios en los montes públicos que son de su propiedad o gestión directa. Pero los dueños privados tienen la obligación legal de mantener limpios y en buen estado sus propios terrenos forestales particulares. Y a los ayuntamientos les toca limpiar las zonas de monte o franjas que están cerca de las casas y de los caminos dentro de su pueblo o ciudad.

Lo dice hasta el mismo PP de Madrid: ¿El cambio climático explica parte de lo que está pasando? Sí. ¿Que ahora existe un exceso de burocracia que impide a la gente del campo hacer lo que antes hacían? También. Solo hay que escuchar a quienes están en ese territorio. Y ellos, PP, ¿los han escuchado últimamente?

“PPayuso”, además de insultar a Pésanchez y a otros ministros, desoye a los forestales, delega la responsabilidad y se dedica a quejarse y a regarlo todo de bulos y crispación con su chaleco puesto de “presidenta”, por si se pierde en las tareas. No nos merecemos líderes así.

La Justicia obliga a Ayuso a destinar —o devolver— casi 40 millones a los bomberos tras confirmar que fueron desviados a partidas ajenas a la prevención y extinción de incendios. Y es que la muy descarada hizo un desvío de fondos.

Y ella tan feliz y “apalominá” con su chaleco de presidenta, como dicen los medios, “es por si se pierde…”

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

Si te acostumbras a ver todo desde un ático, quizá tengas una visión lejana y minúscula del mundo mundial. IDA 7291 y su maromo han sido atacados por una "aticofilia" irresistible —disculpen la cacofonía y el neologismo— y se han dedicado a la compra de áticos por el Madrid de los pudientes. El último, el de Chamberí, pagado por la Comunidad —o sea, por todos— iba a ser dedicado para reuniones, según la propia frutera cuando fue pillada in fraganti por el carrito del helado, y ha decidido venderlo y donar el dinero a los madrileños afectados por los incendios. Mentirosa y cínica, ya veremos si algo más.

Desde tan alto lugar, los incendios se ven de otra manera, aún más si acudes a ellos en pantalón corto y chaqueta presidencial ad hoc. Aunque ni eso ha cumplido, ya propuso en 2023 poner una planta en cada balcón para combatir el cambio climático, del que asegura que en la Tierra siempre ha existido y que la culpa es de Sánchez y los suyos "porque siempre tienen detrás el comunismo". Ella está más por el cambio de ático que por el climático.

A pesar de que el desinformado Feijóo ya pidió un registro de pirómanos, estos solo causan el 2% de los incendios, según los datos oficiales. No hay, pues, terrorismo incendiario ni mafias organizadas. El líder de la oposición —que había mostrado cómo se debe actuar ante los incendios en una famosa foto en la que aparece ante un fuego ya apagado con manguera doméstica, camisa remangada y náuticos sin calcetines— ha dado estos días una explicación sobre el origen de los incendios que me ha hecho poner en duda mi comprensión auditiva y mi paciencia escuchante (búsquenla, a ver si entienden algo: se admiten aclaraciones).

Aunque la crisis climática está incrementando de forma exponencial los efectos de los incendios forestales, algunos personajes como Abascal hablan de fanatismo climático; otros, de fanatismo verde lechuga. Ante la situación tan alarmante, algunos políticos de la derecha-extrema derecha invierten en toreros antes que en bomberos.

Por cierto, la Ley de Montes exige la limpieza de estos, la retirada de restos vegetales y el desbroce a las comunidades autónomas, así como que cuenten con planes anuales para la prevención activa de incendios; no la prohíbe. Y no permite recalificar suelo quemado hasta 30 años después del incendio forestal, excepto por razones imperiosas de interés público de primer orden.

Los análisis sensatos de la situación los dejo a los expertos —a los de verdad, no a los conspiranoicos, que proliferan por doquier—. Sin embargo, parece que las teorías que extienden tales personajes acampan en demasiados cerebros reacios a la información veraz y científica.

Entre las elucidaciones rigurosas, quiero referirme al artículo La ciencia no entiende de ideologías, publicado en el diario Hoy de Extremadura, donde Francisco J. Moral, doctor ingeniero agrónomo y catedrático en la UNEX, escribe que es muy preocupante que, a pesar de la solidez de las evidencias científicas sobre el cambio climático, "todavía haya quien presente esa realidad como una simple cuestión de opinión". O lo que es peor, lo nieguen.

No quiero acabar este asunto sin expresar mi solidaridad con los damnificados de forma directa por los incendios y con los profesionales y voluntarios que han colaborado en la extinción.

Tras el otro incendio, metafórico este, desarrollado por la invasión (sic) de Ceuta por 50.000 marroquíes, con al menos 141 fallecidos en el intento, quizá empujados por la "mafia" alauí-trumpista-sionista, el Gobierno español ha superado la grave crisis con rapidez, pero no se puede obviar que Marruecos es un vecino inamistoso con el que habrá que ponerse un poco más duro y no recurrir solo a la hipocresía diplomática. En el entretanto, la cobarde UE no apoya a España y los fascistas muy españoles y “mucho españoles” acuden a Ceuta movidos por la xenofobia, la aporofobia y la misantropía ideológica. Ellos, los "multiodiadores", son los que sobran.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

La política democrática no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en administrar con prudencia el dinero que pertenece a todos y a todas, someterse a controles, explicar las decisiones y actuar con ejemplaridad, especialmente cuando se gestionan millones de euros procedentes de los ciudadanos.

Por eso, la compra de un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos número 35 por Planifica Madrid, sociedad mercantil íntegramente pública adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, no puede despacharse como una operación inmobiliaria ordinaria.

No lo es.

Estamos ante la adquisición, formalizada el 14 de abril de 2026, de una vivienda residencial de aproximadamente 485 metros cuadrados —cerca de 200 de terraza— cuyo precio es de seis millones trescientos mil euros. Tres meses y medio después, el 30 de julio, y cuando apenas había pasado un día desde que la prensa revelara la existencia de la compra, el Gobierno regional anunció que el inmueble volvería a ponerse en venta.

Durante ese tiempo, la vivienda no prestó servicio público alguno.

Esta secuencia —comprar en abril, ocultar la operación durante meses, y ordenar la venta en julio inmediatamente después de hacerse pública— constituye, por sí sola, un fracaso político, administrativo y ético de enorme gravedad.

El primer problema es elemental: lo adquirido no era un edificio administrativo ni un inmueble acondicionado para oficinas. Era una vivienda situada en la última planta de un edificio residencial y, según la documentación examinada, se encontraba ocupada por arrendatarios en el momento de la adquisición.

La explicación inicial del Gobierno madrileño fue que el ático serviría como oficina temporal para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y un pequeño equipo mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. Después se dijo que sería utilizado para reuniones institucionales. Más tarde se afirmó que ni siquiera estaba decidido quién iba a trasladarse al inmueble. Finalmente, cuando el escándalo adquirió dimensión pública, se anunció su venta para contribuir a financiar la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. En menos de veinticuatro horas aparecieron varias explicaciones diferentes sobre el destino de una vivienda adquirida tres meses y medio antes.

Cuando un Gobierno cambia repetidamente la justificación de una operación millonaria, el problema ya no es solo de comunicación. El problema es que surge la duda razonable de si existió realmente una finalidad pública concreta, previa y documentada. La situación resulta todavía más difícil de explicar porque la normativa urbanística aplicable impediría, en principio, destinar libremente un ático de un edificio residencial a oficinas administrativas. El uso como despacho profesional doméstico está sujeto a condiciones restrictivas y exige mantener el uso residencial principal.

Dicho de otra manera: antes de gastar seis millones trescientos mil euros de dinero público, alguien debía haber comprobado si el inmueble podía utilizarse legalmente para la finalidad anunciada.

A día de hoy no consta públicamente que esa comprobación se realizara.

La operación resulta socialmente especialmente reprochable en una comunidad donde miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad.

Mientras los ciudadanos escuchan que la Administración no puede resolver todos sus problemas, una empresa pública adquiere una vivienda de lujo, con una terraza cercana a los 200 metros cuadrados, en una de las zonas más caras de Madrid.

No se compró un modesto espacio de trabajo.

No se alquiló temporalmente una oficina.

No se utilizó un edificio público ya disponible.

Se compró una vivienda residencial de seis millones trescientos mil euros.

La crítica no deriva de que una Administración necesite espacios adecuados para trabajar. Deriva de que debe escoger la solución más eficiente, económica, transparente y proporcionada. Y adquirir una vivienda de lujo para un uso provisional, sin que conste estudio comparativo frente al alquiler o al aprovechamiento de oficinas públicas, difícilmente supera ese examen.

El poder público no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras se reserva para sí decisiones inmobiliarias que ningún gestor prudente adoptaría con su propio patrimonio.

La operación se produce, además, en un contexto que exige explicaciones especialmente claras. La pareja de la presidenta había puesto en venta las viviendas en las que residían en Chamberí, inmuebles situados igualmente en una zona próxima. Medios de comunicación han informado de la comercialización de dos pisos vinculados a Alberto González Amador por una cifra conjunta superior a tres millones de euros. Fuentes cercanas a la presidenta han negado cualquier relación entre esas ventas privadas y el ático adquirido por PLANIFICA MADRID.

Debe afirmarse con rigor: no existe, con la documentación actualmente pública, prueba suficiente para sostener que el ático se adquiriera como residencia personal de Isabel Díaz Ayuso o de su pareja.

Pero la coincidencia temporal y geográfica hace todavía más imprescindible que se publique inmediatamente el expediente completo.

La mejor forma de desmentir cualquier sospecha no es atacar a la prensa ni invocar campañas de desprestigio. Es enseñar los documentos.

¿Quién propuso concretamente ese inmueble?

¿Quién lo visitó?

¿Por qué se exigió confidencialidad incluso antes de la visita?

¿Quién decidió que una vivienda residencial era preferible a unas oficinas?

¿Quién iba a ocuparla?

¿Existió alguna intervención directa o indirecta de Presidencia?

Estas preguntas no constituyen una acusación penal. Constituyen el mínimo control democrático exigible cuando se comprometen millones de euros de todos los madrileños.

La compra no se realizó directamente por la Administración autonómica, sino a través de PLANIFICA MADRID, una sociedad pública que funciona bajo forma mercantil.

Esa elección no es jurídicamente neutra.

La adquisición directa por la Comunidad de Madrid habría quedado sometida a la legislación patrimonial: necesidad de crédito adecuado y suficiente, procedimiento patrimonial, valoración técnica, informe jurídico, motivación de la adquisición directa, posible autorización del Consejo de Gobierno y fiscalización de la Intervención.

La Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, establece como regla general el concurso para la adquisición onerosa de inmuebles por la Administración y exige que cualquier adquisición directa se fundamente en circunstancias justificadas.

La utilización de una sociedad mercantil pública permitió operar mediante un negocio privado, al margen de varios de esos controles administrativos previos.

La doctrina conoce este fenómeno como “huida del Derecho administrativo”: utilizar formas privadas para realizar actividades materialmente públicas, reduciendo las garantías, controles y mecanismos de fiscalización propios de la Administración.

No significa que toda actuación de una sociedad pública sea ilegal. Significa que cuanto menos control previo existe, mayor debe ser la transparencia posterior y más sólida debe ser la justificación económica de la decisión.

En este caso ocurrió exactamente lo contrario.

No se conoció públicamente la compra en abril.

No se publicó el precio.

No apareció una memoria justificativa.

No se hizo pública una tasación.

No se identificó la fuente de financiación.

No se explicó quién ocuparía el inmueble.

La ciudadanía conoció la operación meses después, no por iniciativa del Gobierno, sino porque un medio de comunicación la localizó en el Registro de la Propiedad.

La opacidad, por tanto, no fue una impresión política. Fue el resultado objetivo del procedimiento escogido.

La supuesta necesidad del ático se vinculó a unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Pero unas obras de esa naturaleza no aparecen espontáneamente. Requieren proyecto, aprobación técnica, expediente de contratación o encargo a medio propio, publicación en el perfil de contratante, autorización patrimonial cuando afecta a un inmueble protegido y una previsión cierta de comienzo.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, no se ha localizado públicamente ninguno de esos documentos anterior a la compra del 14 de abril. El último contrato de entidad conocido sobre la Real Casa de Correos se refería a la fachada y fue ejecutado en 2025; otras actuaciones anteriores afectaban a comunicaciones, cafetería, carpinterías y accesos, no a la rehabilitación interior invocada posteriormente.

La fecha de los documentos es decisiva.

Si el proyecto de obras, la memoria de necesidad o la autorización patrimonial son posteriores a la adquisición, la explicación oficial quedaría gravemente comprometida. Significaría que la justificación se construyó después de la compra y no antes de comprometer los fondos públicos.

Y si los documentos son anteriores, el Gobierno no tiene ninguna razón legítima para ocultarlos.

La operación encierra otra contradicción difícil de justificar.

Planifica Madrid ya era propietaria de oficinas en la tercera planta del número 6 de la Gran Vía, arrendadas precisamente a la Consejería de Presidencia y ocupadas por la Comisión Jurídica Asesora. La sociedad llevaba desde agosto de 2025 intentando vender ese inmueble por un precio de salida de 14,2 millones de euros, sin haber encontrado comprador.

Es decir, la Comunidad pretendía vender oficinas ya destinadas a uso administrativo mientras compraba una vivienda residencial para utilizarla, supuestamente, como dependencia administrativa provisional.

La contradicción es evidente.

Si existía patrimonio público apto para oficinas, ¿por qué no se utilizó?

Si estaba ocupado, ¿por qué no se estudió otro inmueble administrativo?

¿Por qué no se acudió a un alquiler temporal?

¿Por qué se escogió una vivienda de lujo y no un espacio funcional?

No consta públicamente un estudio que comparase las alternativas. Tampoco una memoria económica que demostrase que comprar era más barato que alquilar.

En la gestión pública, la ausencia de comparación entre alternativas no es una cuestión menor. Es la diferencia entre administrar y disponer arbitrariamente de recursos ajenos.

Incluso aunque el ático se revenda por el mismo precio —o incluso con una eventual plusvalía—, la operación ya ha generado gastos que no se recuperarán.

La compra de un inmueble millonario puede producir impuestos, aranceles notariales y registrales, costes de gestoría, honorarios de intermediación, seguros, conservación y costes financieros derivados de mantener inmovilizados varios millones de euros.

La posterior venta generará nuevos gastos, eventuales comisiones, tributación local y el riesgo de que una comercialización precipitada obligue a aceptar un precio inferior.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas calcula, a título orientativo y utilizando una hipótesis de compra de seis millones de euros, que el quebranto podría superar ampliamente los 400.000 euros y aproximarse al millón, dependiendo de la carga tributaria, las comisiones y el precio final de venta. Se trata de una estimación que deberá verificarse mediante la contabilidad real de la sociedad.

Este es el núcleo jurídico del asunto.

El daño no consistiría necesariamente en el precio del inmueble, porque el bien entró en el patrimonio público. El posible menoscabo reside en los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no produjo utilidad alguna.

Comprar, no utilizar y vender tres meses después no es una política pública.

Es improvisación inmobiliaria sufragada por los contribuyentes.

Tras conocerse la polémica, el Gobierno regional anunció que la venta del ático y de los inmuebles de Gran Vía serviría para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

La ayuda a los damnificados es necesaria y debe ejecutarse con rapidez. Precisamente por respeto a quienes han perdido viviendas, negocios o explotaciones, su situación no debería utilizarse para blanquear una operación anterior que nada tenía que ver con los incendios.

La decisión de vender las oficinas de Gran Vía existía desde agosto de 2025. No nació como consecuencia de los incendios. Agrupar ahora esa venta frustrada con la reventa del ático bajo una cifra global de veinte o veintidós millones produce una imagen engañosa: presenta como respuesta extraordinaria una operación que, en su mayor parte, ya se intentaba realizar desde hacía casi un año.

Además, el dinero obtenido por Planifica Madrid pertenecería inicialmente a la propia sociedad. Para incorporarlo a los presupuestos autonómicos sería necesario articular el correspondiente mecanismo societario y presupuestario, como un dividendo, una reducción de capital o una devolución de aportaciones.

No basta con anunciar desde un incendio que el dinero se destinará a las víctimas. La Hacienda pública funciona mediante procedimientos, créditos y controles, no mediante declaraciones políticas improvisadas.

Será el Tribunal de Cuentas quien deba determinar si existió alcance o menoscabo de caudales públicos, quién aprobó la operación, qué informes existían y si concurrió dolo, culpa o negligencia grave.

Pero la responsabilidad política no necesita esperar años a una sentencia.

Una presidenta autonómica es políticamente responsable de que bajo su Gobierno una sociedad pública adscrita a la Consejería de Presidencia compre un ático de lujo para una finalidad relacionada directamente con Presidencia.

Es políticamente responsable de que la operación permanezca oculta.

Es políticamente responsable de que no se publique el precio.

Es políticamente responsable de que las explicaciones sean contradictorias.

Y es políticamente responsable de que el inmueble se ponga en venta inmediatamente después de ser descubierto por la prensa.

Isabel Díaz Ayuso no puede limitarse a decir que ella no se ha comprado nada. Formalmente, el inmueble pertenece a una sociedad pública. Pero precisamente por eso la cuestión es aún más grave: se pagó con fondos públicos y las consecuencias económicas recaen sobre el patrimonio de todos.

No se discute aquí la propiedad privada de la presidenta. Se discute la utilización del poder público para ejecutar una operación inexplicada, opaca y objetivamente ruinosa si se confirma que no tuvo uso alguno.

La Comunidad de Madrid debe publicar sin demora:

Hasta que esos documentos se conozcan, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que no está ante una decisión pública racional, sino ante una operación concebida desde el poder, ejecutada sin transparencia y rectificada únicamente cuando fue descubierta.

El dinero público no es del Gobierno de turno.

No es de la presidenta.

No es del consejero que dirige la sociedad.

Es de todos los madrileños.

Y quien compra un ático de lujo con el dinero de todos tiene la obligación política, jurídica y moral de explicar hasta el último euro.

Porque el verdadero escándalo no es solo haber comprado una vivienda millonaria sin finalidad pública acreditada. El verdadero escándalo es que quienes gobiernan Madrid parezcan considerar normal que las explicaciones se den únicamente cuando la prensa descubre aquello que el Gobierno decidió callar.

La gravedad política de este episodio se acentúa al confrontarlo con el discurso público de la propia presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez por, según sus palabras, “amparar la corrupción y el desastre”, y ha denunciado que España estaría gobernada por “minorías totalitarias”.

Todo dirigente democrático tiene derecho a exigir responsabilidades políticas al adversario. Pero ese derecho pierde credibilidad cuando no se aplica el mismo estándar a la gestión propia.

Quien reclama dimisiones por la mera proximidad política con actuaciones controvertidas no puede responder con victimismo, descalificaciones a la prensa o acusaciones de campañas de desprestigio cuando la operación cuestionada se produce en el núcleo mismo de su Gobierno, afecta directamente a la Consejería de Presidencia y tenía como destino inicialmente anunciado el uso de la propia Presidencia autonómica.

La responsabilidad política no puede funcionar como un arma reservada exclusivamente para el contrario. O constituye una regla general de ejemplaridad democrática o se convierte en simple propaganda partidista.

Si la presidenta considera que Pedro Sánchez debe dimitir por “amparar” conductas ajenas, con mayor razón debería ofrecer explicaciones exhaustivas sobre una operación inmobiliaria ejecutada por una sociedad pública integrada en su propia Administración, sufragada con dinero de los madrileños y vinculada institucionalmente a su Presidencia.

No se trata de equiparar supuestos jurídicos distintos ni de anticipar responsabilidades que deben ser investigadas. Se trata de aplicar una regla elemental de coherencia: quien exige transparencia, dimisiones y responsabilidades a los demás debe empezar por practicarlas en su propia casa.

Resulta especialmente paradójico llamar a la movilización ciudadana contra la supuesta degradación institucional del adversario mientras se mantiene oculto el precio de una vivienda millonaria adquirida con fondos públicos, no se exhibe la memoria que justificaría su necesidad y se modifica su destino tan pronto como la operación es descubierta.

La ejemplaridad no consiste en elevar el tono contra el Gobierno de España. Consiste en rendir cuentas cuando el dinero cuestionado procede del presupuesto propio.

Antes de presentarse como fiscal moral de la política española, Isabel Díaz Ayuso debería responder ante los madrileños a una pregunta mucho más sencilla: ¿por qué se compró aquel ático, quién tomó la decisión, por qué firmó un acuerdo de confidencialidad y pidió privacidad y discreción durante toda la operación a la inmobiliaria promotora que anunció el ático en venta?

La democracia no se defiende únicamente exigiendo dimisiones al contrario. También se defiende asumiendo responsabilidades cuando las explicaciones propias no resultan convincentes.

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Roberto Granizo Palomeque es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Hay crisis de las que no se sale nunca del todo ni se vuelve. Y Ayuso no va a salir del último ático de lujo. Está Pablo Casado y aquel "la cuestión es si es entendible que, en plena pandemia, se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas"; aquel "no me voy, me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta" de Cristina Cifuentes antes de las cremas, buena metáfora de la cabeza de caballo al despertar; o el “no he sido capaz de cumplir un encargo” de Alberto Ruiz Gallardón tras la retirada de la reforma del aborto. Hay sobrada hemeroteca de esa extraña manera de matar del PP. El polémico ático de lujo ha desplazado a Isabel Díaz Ayuso a una pantalla nueva de su tiempo político de difícil retorno. 

La gestión de la información está siendo tan reveladora como la propia compra. Desde ahí, los silencios permiten dejar abiertas las especulaciones. Las principales, si el ático de lujo iba a ser de uso y disfrute de de la presidenta, si compró esa mansión en diferido o el destino era una residencia oficial. Si hubiera una explicación digerible, se habría dado. Ahora sabemos que costó 6,3 millones de euros, según El País. El expediente de compra, aún desconocido, debe aclarar por qué era tan imprescindible ese piso que obligó a desembolsar solo 189.000 euros al vendedor, por qué se consideró necesaria una operación de esas características y qué criterios se utilizaron para justificarla. Por cada metro cuadrado de ese ático se pagaron unos 10.400 euros más que el tope de una vivienda protegida en la zona más cara de Madrid. Una administración que debe gestionar recursos públicos ante la mayor crisis de vivienda frente a una operación especulativa sin explicaciones comprensibles.

El Tribunal de Cuentas, tras la denuncia de un abogado, tendrá que analizar la operación y judicializarla si encuentra trazas de malversación, daño a los fondos públicos, prevaricación o si se utilizó una sociedad mercantil para evitar controles, publicidad o procedimientos que habría tenido la administración directa. En definitiva, determinar si los seis millones de dinero público se pagaron a una inmobiliaria de La Moraleja cumpliendo todos los controles exigibles y si la fórmula elegida fue la adecuada. 

Obsesionada con liderar el frente antisanchista, Ayuso ha menospreciado que el ciclo de desgaste de siete años en el Gobierno ha hecho mella. Lejos de reforzar el ejecutivo madrileño y los servicios públicos para llegar en condiciones a las elecciones de 2027, Ayuso ha dejado abiertas las vías de agua. Alberto González Amador, a través de su jefe de gabinete MAR, jugó demasiado fuerte para tumbar al fiscal general y dejaron sus miserias —ya se verá si corruptelas— a la intemperie.

La guerra cultural de Ayuso por conquistar el alma más ultra del PP —y de paso disputarle ese frente a Génova 13— ha servido de paraguas y cortina de humo para tapar capítulos mucho más opacos. No es cierto ni creíble que el ático de lujo se comprara como una buena inversión para el parque inmobiliario de Madrid. Entre otras razones, porque un gobierno no tiene entre sus funciones especular con áticos. Tampoco es cierto ni creíble que los viajes a EEUU y México costaran 400 y 600 euros. Ayuso decidió pagar con dinero público y no del partido su agenda en Miami para reforzar su alianza con Trump y unirse al escudo ultra latinoamericano en México contra Claudia Sheinbaum. Por eso los gastos publicados por la Comunidad de Madrid no están completos —ni pueden estarlo— y pueden acabar en el Tribunal de Cuentas junto a la operación del ático. 

A la presidenta de Madrid le van a perseguir este otoño las diligencias que afectan a tanto ático: una penal —el informe previsto de González Amador— y otra administrativa, el escándalo del casoplón en General Martínez Campos. La batalla política pasa por Ester Muñoz, la portavoz y mano derecha de Miguel Tellado, como ese PP que quiere ser Vox y una dirección nacional que gesticula apoyo en público mientras la deja caer.

Ayuso ha construido su liderazgo desde la confrontación con Sánchez, la batalla cultural y la sensación de que cada escándalo reforzaba su posición. El problema es que ahora las crisis son suyas. Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón no cayeron por un único episodio pero sí lo hicieron con un movimiento en seco. El fantasma de los juguetes rotos apunta ahora a Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que este asunto se está utilizando para "hacer daño".

Así lo ha asegurado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, a preguntas de los periodistas por la compra del ático por parte de la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad.

"Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado Ayuso, quien ha negado que tuviera intención de vivir en este ático.

Y ha insistido en que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar", en alusión a la explicación que ya dio en su momento la Comunidad sobre que este inmueble iba a ser utilizado en otoño como oficina debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico. 

Ayuso ha incidido en que es una tema del que "no tiene ni idea" porque no es su competencia saber sobre la compra de este ático, a lo que ha añadido que sí lo es de Planifica Madrid que "compra y vende inmuebles todo el año", por lo que ha remitido a la consejería de Presidencia -que asume el consejero Miguel Ángel García- que es la que "tiene la información".

Al ser preguntada sobre la puesta en venta del inmueble, ha afirmado que "ahora mismo no es necesario" puesto que la Casa de Correos sigue operativa, por lo que es mejor "vender y aprovechar ese recurso, como el de los inmuebles de la Gran Vía", para destinarlo a la reconstrucción.

"No se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión, teniendo una necesidad como la que tenemos. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión", ha justiciado.

En referencia a la puesta en venta de la vivienda que comparte con su pareja, Alberto González Amador, que ha salido a la luz al mismo tiempo que la compra y venta del ático de Chamberí, para la presidenta se "hilan puntos" intentado "hacer daño" cuando se han "dado dos circunstancias a la vez" y ha insistido en que "no tiene nada que ver".

Ayuso ha añadido que sería "muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa" y ha asegurado que no se puede "esconder" ni "vivir en un búnker" porque "tiene vecinos, la gente entra y sale, y tiene una vida normal".

Al ser preguntada por unos mensajes de apoyo distribuidos entre miembros del PP de Madrid para darle respaldo, Ayuso ha asegurado que esta práctica es "más vieja que el hilo negro" en política y que "lo hacen todos los gobiernos del mundo mundial".

Apenas 24 horas antes de que se declarase el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el controvertido Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región –conocido como Líder–, que aspira a ser la mayor reforma de la legislación urbanística de la región de las últimas tres décadas. La terrible experiencia de los fuegos demostró que miles de viviendas y decenas de urbanizaciones están peligrosamente ubicados en el interior de bosques. Esta nueva ley acelerará aún más la construcción en zonas rurales.

Si la ley se aprueba en los términos actuales, el suelo de la Comunidad de Madrid pasará a estar clasificado de tres nuevas formas (ahora son cinco): suelo urbano, suelo rural no protegido y suelo rural protegido. Los dos primeros, que abarcarán alrededor del 40% de la región, estarán siempre disponibles para construir nueva vivienda de manera relativamente sencilla, ya que también se va a introducir la figura del Plan Ejecutivo Municipal para facilitar la concesión de proyectos urbanísticos.

En concreto, la nueva normativa permitirá que el suelo rural no protegido – por ejemplo, una parcela de cultivo– pueda convertirse en una urbanización de chalés, pasando a catalogarse como suelo urbano, si un promotor privado presenta un plan ejecutivo a un ayuntamiento y este lo aprueba. 

De esta manera, se abre la puerta, según los críticos, a abandonar el crecimiento organizado de los municipios basado en el tradicional Plan General de Ordenación Urbana. Al mismo tiempo, esta ley promueve la proliferación de pequeñas urbanizaciones y de casas aisladas en terreno rústico, dificultando que los servicios públicos sean eficientes, y multiplicando el riesgo de incendios urbano-forestales porque la población se adentrará en suelo forestal. Se espera que la ley Líder sea aprobada en la Asamblea de Madrid antes de 2027 con pocas modificaciones, ya que el PP gobierna con mayoría absoluta.

"Lo que pretende esta supuesta flexibilidad es que haya los mínimos obstáculos para los promotores con la excusa de que hace falta construir nueva vivienda", opina María Ángeles Nieto, una de las portavoces de la Plataforma Ecologista Madrileña. "La Comunidad ya ha manifestado su intención de alcanzar los 10 millones de habitantes, pero se han dado cuenta de que ya no hay un palmo libre de terreno en la capital y en la periferia, por eso tienen que expandirse de manera radial", añade.

El enfado y la preocupación son de tal calibre que 44 asociaciones vecinales han creado la Asociación Madrid Contra la Líder, a la que están adscritos los sindicatos UGT y CCOO, y seis partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y Más Madrid. El Ministerio de Vivienda también presentó alegaciones en abril contra este proyecto con el argumento de que se basa en "la privatización del suelo" y los "pelotazos urbanísticos", según publicó El País.

Los críticos con la reforma de Ayuso subrayan que esta propuesta supondrá un punto de inflexión porque desregula todas las ramas del urbanismo madrileño. Desde abrir la puerta a edificar en suelo que hasta ahora era rústico, a privatizar la tramitación de permisos de construcción, pasando por permitir subsanar irregularidades urbanísticas con multas para evitar que el inmueble sea derribado. 

La portavoz del grupo ecologista también destaca que el proyecto de ley facilitará que algunos enclaves hasta ahora protegidos por su valor natural, dejen de estarlo. Por ejemplo, uno de los puntos recoge que todo el suelo que en este momento se clasifica como "no urbanizable de protección por valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros análogos", y que no tenga una evaluación ambiental estratégica aprobada, podrá ser recalificado como suelo rural no protegido o suelo urbano (ambos urbanizables) si así lo quiere el alcalde de turno, mediante la aprobación de un simple Plan Ejecutivo Municipal. 

El Plan Ejecutivo Municipal, según los críticos, es una de las grandes figuras controvertidas del Líder, ya que abre la puerta a permitir casi todo en ese 40% del futuro suelo potencialmente urbanizable. Todo Plan General Urbano, los planes fijos que ahora son la base de la organización del suelo de todos los municipios, será sustituido por un Plan Estratégico Municipal, mucho más laxo, que dará manga ancha para que las ciudades se expandan a base de planes ejecutivos, que serán proyectos de todo tipo –vivienda, zonas verdes, industria, ocio– propuestos por el propio ayuntamiento o por empresas privadas.

"Ahora todos los ayuntamientos tienen un Plan General, que es una foto fija del suelo del municipio, con sus usos regulados. Y será sustituido por un Plan Estratégico Municipal dinámico que, nosotros entendemos, porque no está claro todavía, será una imagen dinámica sobre hacia dónde quiere ir la ciudad", aclara Nieto. "Esa supuesta flexibilidad permitirá que el promotor de turno presente proyectos a la carta donde decida todo: el tamaño, el diseño y los usos del suelo de la parcela. Y solo necesitarán el visto bueno del ayuntamiento para ejecutarlo", añade.

Por si fuera poco, la ley Líder permitirá también, si se aprueba en los términos actuales, la construcción de grandes proyectos privados en suelo protegido, incluso, a priori dentro de los parques regionales de la Comunidad. Dentro de los "usos excepcionales en suelo rural [protegido y no protegido]", el más sonado es el de los centros de datos, macroinstalaciones conocidas por superar el tamaño de estadios de fútbol y por su enorme consumo de agua.

"La ley pone una alfombra roja a los centros de datos, que se podrían construir en casi cualquier sitio, pese a que consumen una gran cantidad de recursos naturales. Y encima se los cataloga como una infraestructura de interés general", critica María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid, uno de los grupos que presentó numerosas alegaciones al plan Líder durante su etapa de participación pública, ya finalizada.

El mismo punto incluye como excepción “la construcción de infraestructuras de generación, distribución, transporte y almacenamiento de energía", donde en teoría estarían incluidas las centrales de generación eléctricas, tuberías de gas o líneas de alta tensión, si reciben el visto bueno de la administración. Entre los usos excepcionales del suelo rústico también destacan la posibilidad de levantar en terreno protegido un vertedero o una planta de biogás, instalaciones de altísimo impacto ambiental, si se justifica que no son factibles de construir en suelo urbano.

A Isabel Díaz Ayuso le crecen los adversarios dentro del partido, quizá porque ella se los ha buscado: Feijóo, Cayetana y hasta el propio Aznar, que se ha alejado de ella porque ha encontrado en Ester Muñoz alguien que le sirve mucho mejor, sin necesidad de llevar colgado del brazo un testateferro como quien lleva un bolso Louis Vuitton a todas horas hasta para ir a descargar al baño.

El Madrid D.F., así, es hoy una ciudad multifacial, lo que no estaría mal si hubiese armonía entre todas sus caras. Hay el Madrid de Florentino Pérez, motor inmóvil que va a su aire, como el Madrid de Aznar, que es un rascacielos horizontal o vertical desde el que otea el mundo. También tenemos el Madrid de Feijóo, que es un mitin de derechas a favor de la prioridad nacional desde la calle Génova. Chamberí, El Viso, Serrano son el camping de Isabel y tenemos el reino de Rajoy que sabemos que no es de este mundo, pues se sitúa en esa cosa abstracta, etérea y ensimismada que es el Camino de Santiago. Sólo una mujer tan provinciana como Isabelita puede haber llegado a eso que Agustín de Foxá llamaba “la horda” sin renunciar a sus áticos ni sus faldas que ocupan las cuartillas publicadas por Marhuenda o Manso y que son la moda de este año aunque uno piense que no se las compra ella, porque los sueldos de Sol dan para poco.

Madrid D.F., ciudad bifronte, donde los líderes de la derecha se van a a la guerra civil, dispuestos a dispararse unos a otros, apostados desde la azotea de un ático en el corazón de Chamberí, sin importarles el barrio ni la Comunidad ni, mucho menos, los madrileños. Y es que Madrid hace sus políticos pero también los gasta. Y luego está Aznar que, un suponer, sigue en forma y se dedica al casting de mujeres en el poder. Primero colocó a Cayetana, que en gran entrevista al diario El País, quiere un ministerio sin necesidad de consultar ni pedir permiso a Feijóo; después llegó Isabelita, que quiere un ático junto a su mamá, por si se separa de una vez por todas de Alberto; y ahora tenemos a Ester, afilada como un bisturí, que quiere ser candidata a "lo que caiga".

Ayuso vive sus últimos días huérfana de Aznar. Hay que remontarse a su viaje a Cancún para caer en ese parricidio que puso en “entredicho” los intereses de José María Aznar (y no sólo de Faes) en México. Por ahí no, dicen que dijo cuando Isabelita reivindicó a Hernán Cortés, en la Universidad de la Liberad de Ricardo Salinas Pliego, financiador de FAES y factótum de la derecha ultra y trumpista en México. Ayuso se asimiló a Trump, a sus psicosis, despertando la maldición de Malinche y la furia de Aznar. No conviene meter la mano en las cosas del comer y, menos aún, en las ideas.

Algo pasó en Cancún. Aquí hemos venido en rescatar la maldición de Malinche, aquella canción bandera escrita por el cantautor mexicano Gabino Palomares que denuncia la explotación humana y norteamericana de los pueblos indígenas latinoamericanos.

La maldición de Malinche llega a nuestros días, después de que el pueblo mexicano pusiera en evidencia el racismo y civismo que los indígenas sufrieron en sus propios países. Isabel llegó al México D.F. con el malinchismo norteamericano, invitada a los Premios Platino por Antonio Cosío Pando, una de las principales figuras del sector privado mexicano. El empresario hotelero (cuya firma gestiona complejos de lujo como Nizuc Resort & Spa) coordinó con otros empresarios este acercamiento para estrechar lazos entre el dinero latam y la Comunidad de Madrid. El mismo Cosío Pando es el propietario del emblemático teatro Frontón México donde se ha representado Malinche el Musical de Nacho Cano y que ha entrado en concurso de acreedores en España con una deuda de 6,2 millones de euros, de los cuales dos se deben a Sandra Ortega, hija de Amancio, fundador de Inditex, algo más de otro millón a Ifema, y algo menos de un tercio a Estrella Galicia.

La maldición de Malinche nos entrega otro musical. Isabelita, desenchufada, ha caído en desgracia en este Madrid D.F. que es un titán Polifemo devorando a sus hijos. Feijóo no ha pedido todavía explicaciones por lo sucedido en la compra del ático que destapó el diario El País la semana pasada. Teme acabar como Pablo Casado. Y mientras tanto, Miguel Ángel Rodríguez se ha desmarcado de su jefa. No te aferres, MAR, no te aferres, vengo cantando estos días. Pero ese, querido y desocupado lector, es otro musical.

La crisis política por la compra de un ático de lujo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha provocado una rebelión interna en el Partido Popular contra Isabel Díaz Ayuso ni tampoco ha puesto en peligro su mayoría absoluta, su control del PP madrileño ni su condición de referente para una parte importante del electorado conservador. No obstante, la presidenta madrileña sí empieza a sufrir las consecuencias internamente, ya que el malestar con la dirigente conservadora comenzó con la investigación fiscal a su pareja, Alberto González Amador, y cada vez es más palpable. 

La incomodidad se percibe, especialmente, en la ausencia de apoyos explícitos. Ante otras polémicas protagonizadas por la baronesa del PP, como la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia o el plantón a Pedro Sánchez en Moncloa en 2024, la dirección nacional había reaccionado con rapidez, generalmente presentándolas como parte de una ofensiva del Gobierno y de la izquierda contra la presidenta madrileña. En esta ocasión, Génova ha tenido más dificultades para construir ese marco y, más allá de las declaraciones del secretario general, Miguel Tellado, el PP ha optado por el silencio.

Tellado, además, no hizo una defensa personal y rotunda de Ayuso, aunque sí dio por buenas las explicaciones del Gobierno madrileño antes de que anunciaran que finalmente se vendería el inmueble. 

En el PP, explica una voz de Génova, se ha dado la ‘orden’ de tratar de evitar como sea la cuestión del ático para no asumir el coste de una operación adoptada exclusivamente por el Gobierno madrileño. La respuesta automática si la prensa les pregunta es remitirse a las explicaciones dadas por Sol y desviar el foco hacia el Gobierno de Sánchez, lo que indica que la solidaridad con Ayuso ya no funciona de manera automática.

De hecho, en una reciente entrevista con El País, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntada por la operación, aseguró que todavía no había entendido “lo de Ayuso y el ático”. Uno de los asesores del PP en el Senado, Víctor Soriano, que compatibiliza el cargo con su trabajo como abogado de Manos Limpias, lo secundaba también en X. “Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho lo que todos en el PP pensamos”, escribía.

La respuesta de la diputada del PP es significativa porque Álvarez de Toledo compite con Ayuso por una posición similar dentro del ecosistema del PP, la de una dirigente de la derecha ideológica más dura, partidaria de una oposición frontal a Pedro Sánchez. Durante varios años, Ayuso había ocupado casi en exclusiva ese espacio. Su mayoría absoluta en Madrid y su confrontación constante con el Gobierno central le permitieron combinar poder institucional, autonomía orgánica y capacidad de movilización.

En la citada entrevista, Álvarez de Toledo también expresa su voluntad de ser ministra y reclama un proyecto capaz de agrupar bajo las siglas del PP a todo el espacio situado entre el centro y la derecha. Su referencia, según explica, es el modelo construido por José María Aznar con un PP ideológicamente definido y fuerte para reducir el espacio electoral de Vox. 

Esa estrategia se solapa con la que Ayuso ha reivindicado desde la Comunidad de Madrid, donde ha defendido que el PP debe combatir a Vox sin adoptar un perfil moderado o defensivo. Álvarez de Toledo comparte el objetivo, pero plantea una diferencia de método. Reivindica una derecha menos marcada por los argumentarios y pone distancia con algunos de los recursos comunicativos de Ayuso, como el insulto o la conversión de determinados exabruptos en elementos de propaganda política.

Otra de las dirigentes que está en un momento álgido es Ester Muñoz. Como portavoz del PP en el Congreso, se ha consolidado como una de las principales voces de ataque contra el Gobierno de Sánchez en esta legislatura. Su estilo se basa en la confrontación directa, la presencia continua en redes sociales y la intervención en prácticamente todas las polémicas de la actualidad nacional, lo que parece haberla convertido en la alumna aventajada de Aznar, que hace solo unas semanas la presentó en un desayuno informativo.

Por ese motivo, el silencio de Muñoz sobre el ático es significativo teniendo en cuenta que en otras ocasiones ha respaldado de manera clara a Ayuso con la situación judicial de González Amador y denunció la supuesta fijación del Ejecutivo central con la Comunidad de Madrid. En cambio, en los últimos días ha mantenido una actividad intensa en redes sobre otros asuntos, especialmente con lo relativo a la crisis de Ceuta, de la que culpa al Gobierno sin mencionar a Marruecos. Una posición calcada de la de su jefe de filas.

Dentro del PP, algunos cargos comparan la forma de comunicar de Muñoz con la de Ayuso, alguien, según señalan voces conservadoras, que “no se deja amedrentar” por la izquierda y que no rehuye de la confrontación. Lo cierto es que la semejanza existe en el tono, en la búsqueda de titulares fáciles y en la voluntad de responder con rapidez, pero Muñoz desarrolla ese papel desde la estructura nacional y bajo la autoridad directa de Feijóo. Representa una versión controlada e institucionalmente subordinada de la estrategia comunicativa que Ayuso desarrolla con mayor autonomía desde Sol.

Con todo, en Génova inciden en que Ayuso es un “activo electoral” y deslizan que todo lo que ha ocurrido con el ático tiene más que ver con su pareja e interpretan que “no le pasará demasiada factura”. Pero esta crisis ha demostrado que su esfera de influencia ha cambiado. Hasta ahora reunía tres atributos que le concedían una singularidad dentro del PP: poder institucional, discurso duro y agresividad. El nuevo reparto separa esas funciones. Ayuso conserva el poder territorial, Álvarez de Toledo aparece como el verso suelto combativo y Ester Muñoz representa la confrontación diaria desde el aparato nacional.

Este reparto beneficia en parte a Feijóo, según su equipo de confianza. Génova puede dirigirse al electorado de derechas ‘sin complejos’ a través de Muñoz, incorporar a Álvarez de Toledo como referente ideológico y reducir su dependencia de la presidenta madrileña. El líder del PP no quiere ningún tipo de enfrentamiento con Ayuso, consciente de que eso se llevó por delante a Pablo Casado hace más de cuatro años, pero tampoco necesita hacerlo. Le basta con disponer de otras figuras capaces de cubrir los mismos espacios políticos.

La compra del ático ha acelerado ese proceso porque ha expuesto una decisión equivocada de su propio Gobierno, que confiaba en que nunca trascendiera a la opinión pública, por lo que resulta más difícil convertirla en víctima de una persecución externa. El manual que le había protegido en crisis anteriores de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, pierde eficacia y hasta él mismo comienza a distanciarse de González Amador.

El ascenso de Ester Muñoz y el protagonismo recuperado de Álvarez de Toledo se produce en un PP que dispone de varios liderazgos femeninos con peso, aunque de naturaleza muy distinta. Ayuso conserva el mayor poder electoral y territorial, superior al de sus homólogas Marga Prohens, María Guardiola y María José Sáenz de Buruaga. 

La coincidencia entre Ayuso, Muñoz y Álvarez de Toledo tampoco reside únicamente en que sean mujeres. Las tres han construido su notoriedad sobre atributos que tradicionalmente se habían reservado a los dirigentes masculinos de la derecha: autoridad, confrontación y dominio de los debates más polarizados. Esa visibilidad tiene un valor simbólico para el PP. Le permite combatir la imagen de partido dirigido exclusivamente por hombres — las mujeres han perdido posiciones en el organigrama de poder tras el congreso de julio del año pasado— y presentar modelos de poder femenino alejados del discurso de la izquierda.

Pero la presencia de mujeres en posiciones relevantes no se traduce automáticamente en una mayor capacidad para atraer a las electoras. Los barómetros del CIS permiten analizar el voto por género y muestran que las diferencias entre hombres y mujeres atraviesan a los partidos, aunque están especialmente acentuadas en el caso de Vox. El PP dispone de un electorado femenino más amplio y transversal que la extrema derecha, pero la decisión de voto de las mujeres depende mucho más de las políticas, la posición ideológica, la edad o la situación socioeconómica que de quien encabeza el mensaje.

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Miguel Ángel Rodríguez ha demostrado que quien domina la relación con los medios puede condicionar de lo que se habla, quién aparece como el culpable y cómo se premia al que obedece a sus intereses. Ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, empresario, tertuliano y profundo conocedor de los ritmos internos de las redacciones, actualmente Rodríguez no se limita a trasladar las decisiones de su jefa, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sino que participa en la construcción del personaje, escoge los marcos del enfrentamiento y establece las condiciones de acceso a la información.

Su sistema se apoya en una combinación conocida por muchos periodistas madrileños: recompensa para quienes reproducen el mensaje, distancia para quienes se apartan de él y hostilidad abierta para quienes investigan asuntos incómodos o se muestran críticos con Ayuso. Es lo que ha ocurrido, precisamente, con el ático comprado por la Comunidad de Madrid como “oficina” provisional de su jefa. En el momento en el que las explicaciones comenzaron a acumular contradicciones, el Gobierno de Ayuso anunció que lo vendería y destinaría el dinero a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. Sin embargo, se han negado a aclarar muchas de las incógnitas que rodean al inmueble. 

La secuencia duró apenas unos días. La Comunidad de Madrid había adquirido en abril, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí (uno de los distritos más caros de la capital) con una terraza de unos 200 metros, para utilizarlo supuestamente durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La operación permaneció oculta hasta la semana pasada, cuando El País lo desveló. El Ejecutivo madrileño no explicó por qué había elegido una vivienda de lujo para ello en lugar de alquilar oficinas o utilizar algunos de los inmuebles que ya tiene la Comunidad de Madrid y tampoco aclaró por qué se iba a habilitar para ello un inmueble de uso residencial.

La primera reacción de Ayuso fue la habitual: denunciar una “campaña de desprestigio” promovida por el Gobierno central y su “prensa afín”. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, argumentó la presidenta madrileña, si bien no aclaró el coste del inmueble y tampoco por qué lo habían adquirido coincidiendo con la venta del piso en el que reside si la normativa urbanística solo permite dedicar el piso a uso residencial. Después llegó la rectificación y el mensaje de MAR consistió en presentar como falsa la hipótesis de la residencia oficial y limitar el asunto a una operación inmobiliaria de la empresa pública. 

La operación ha dejado muchas preguntas tanto a nivel patrimonial, como administrativo y urbanístico sin responder, lo que a su vez ha generado una crisis comunicativa en el relato de la Puerta del Sol. Hasta el punto de que medios afines a la presidenta madrileña, como ABC o El Mundo, cuestionaron las explicaciones con duros editoriales. Ante esa situación, MAR volvió a recurrir a su manual en redes: “Todos esos que gritan por un ático están de vacaciones. No les veo recorrer como [Isabel] Díaz Ayuso los pueblos devastados. La Comunidad de Madrid trabaja en la reconstrucción y los que gritan desean la destrucción. Ella recorre los pueblos; Sánchez no puede salir de su palacio blindado”, publicó este domingo en X.

La relación de MAR con la prensa ha sido conflictiva desde la época que dirigía la comunicación de José María Aznar en la Junta de Castilla y León. En el año 1989 salió a la luz un informe interno, de seis páginas y con sello de Presidencia, que clasificaba a doce periodistas mediante valoraciones profesionales, políticas y personales. Una “lista negra”, atribuida al propio Rodríguez, que les calificaba según su utilidad o peligrosidad para el Gobierno autonómico del Partido Popular. La Agrupación de Periodistas de Castilla y León pidió inmediatamente una investigación y calificó la utilización de datos privados y las valoraciones profesionales como un atentado contra derechos elementales. 

Tras dejar la portavocía de La Moncloa entre críticas de los suyos dos años después de que Aznar llegase a la Presidencia del Gobierno estatal, Rodríguez pasó dos décadas moviéndose entre la consultoría, la empresa y los medios de comunicación. Presidió Carat España, organizó grandes eventos como el centenario del Real Madrid, impulsó proyectos audiovisuales propios, fue consejero de Grupo Secuoya y colaboró con FAES.

También se convirtió en un rostro habitual de la televisión y la radio. Participó en tertulias como la de 59 segundos de TVE, Espejo Público de Antena 3, La Noria de Telecinco y El gato al agua de Intereconomía, entre otras. Su estilo provocador, agresivo y construido alrededor de frases efectistas que pudieran sobrevivir al programa y circular después fuera de él anticipó buena parte de la comunicación política que aplicaría en la Comunidad de Madrid.

Como tertuliano, MAR destacó por un estilo deliberadamente provocador y por varios enfrentamientos personales. La polémica más grave fue la del doctor Luis Montes, al que llamó reiteradamente “nazi” en 59 segundos y La Noria, a propósito del caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa a enfermos terminales. En 2011, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su condena por un delito continuado de injurias graves con publicidad, con multa e indemnización de 30.000 euros a Montes. Pero Montes no fue el único, también llamó “cocainómano” al Gran Wyoming e “imbécil” a la periodista María Antonia Iglesias.

Todo ello le permitió construir relaciones personales con presentadores, directivos, productores y tertulianos de los grandes grupos audiovisuales. Cuando regresó a la primera línea política en 2019, utilizó todo lo que le caracterizó en su faceta de tertuliano. Es decir, frases breves, confrontación permanente y polémicas casi diarias. Por el camino, además, eligió a un antagonista concreto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una parte esencial de la influencia de Rodríguez no está en leyes concretas ni siquiera en argumentarios políticos, sino en su agenda de teléfono. Rodríguez mantiene canales directos con periodistas, tertulianos y responsables de medios. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio al ex fiscal general del Estado explicó que había difundido determinada información en dos grupos de WhatsApp que reunían a 55 informadores.

Para MAR no se trata de dar información, sino de controlar el mensaje. En un ecosistema competitivo como el de los medios de comunicación, disponer de una declaración o unas fuentes off the record antes que los demás constituye una ventaja. En el citado juicio, el defensor del entonces fiscal general también quiso saber si el principal asesor de Ayuso fue la fuente de la noticia falsa de El Mundo publicada la noche del 13 de marzo que inició la escalada de desmentidos en diferentes medios y, finalmente, llevó a la Fiscalía a difundir una nota al día siguiente aclarando lo que en realidad había ocurrido. Una nota de prensa que acabó con su máximo responsable condenado.

La información, firmada por el periodista Esteban Urreiztieta se titulaba La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, cuando en realidad fue al revés, fue el abogado de González Amador el que planteó ese acuerdo. La operación política montada por el principal asesor de Ayuso culminó con éxito, aunque Rodríguez parecía tener claro desde el principio que el ex fiscal general iba a ir "pa'lante". Es el lema popularizado por la mano derecha de Ayuso y que ha utilizado de manera reiterada cada vez que las decisiones judiciales, informes y resoluciones estrechaban el cerco sobre Álvaro García Ortiz o cualquier miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al preguntarle qué pruebas tenía para afirmar que la Fiscalía había frenado un acuerdo “por órdenes de arriba”, MAR admitió que no era información contrastada, sino una deducción personal: “No es información, es intuición, Tengo el pelo blanco y puedo colegir lo que está pasando”, justificó. Pero lo cierto es que su influencia sobre determinados medios fue decisiva y le permitió intervenir en la noticia para ofrecer una versión falsa. Eso no impidió que varios medios difundieran la versión impulsada desde el gabinete, obligando a la Fiscalía a reaccionar públicamente.

El acceso privilegiado a determinada información no es la única herramienta con la que el Gobierno madrileño se relaciona con los medios. También está la publicidad institucional. La investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre demuestra que la Comunidad de Madrid no aplica el criterio que marcó en 2019 “de audiencia y no a dedo” sino que desde que gobierna ha incrementado su gasto publicitario y que el reparto ha beneficiado a medios conservadores y afines al Ejecutivo regional, mientras cabeceras progresistas han quedado relegadas pese a contar en algunos casos con audiencias superiores.

La propia Comunidad sostiene que sus planes se confeccionan mediante criterios “objetivos y técnicos”, entre ellos la audiencia, la cobertura, la frecuencia, la notoriedad y la afinidad. Pero los datos analizados por este periódico muestran desproporciones difíciles de explicar únicamente mediante esos parámetros y una falta de transparencia que impide reconstruir con facilidad las decisiones del plan de medios.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso dejó a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía. 

En el ‘manual MAR’ también hay espacio para la intimidación. El 12 de marzo de 2024, en plena publicación de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, MAR envió a la periodista Esther Palomera varios mensajes amenazantes: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid calificaron los mensajes de amenazas y respaldaron públicamente a la redacción.

Cuando declaró posteriormente sobre el episodio, Rodríguez lo definió como una “conversación impropia” con una persona con la que creía que podía mantenerla. Pero no fue un hecho aislado. Ese mismo mes, dos periodistas de El País que investigaban una posible irregularidad urbanística en el inmueble donde vivían Ayuso y su pareja fueron identificados por agentes policiales. Rodríguez difundió sus nombres y una fotografía y los acusó de haber intentado acceder encapuchados al edificio y de haber acosado a vecinos, incluidos menores. Los afectados negaron los hechos.

La APM denunció que las acusaciones falsas de responsables de la Comunidad, y “singularmente” de Miguel Ángel Rodríguez, coartaban el libre ejercicio del periodismo. En abril de 2022, la APM ya había condenado la actuación de Rodríguez cuando interrumpió físicamente a la reportera de La Sexta, Andrea Ropero, mientras intentaba preguntar a Ayuso. La asociación reclamó respeto al trabajo de los informadores y recordó que los medios tienen derecho a preguntar en espacios públicos, no solo cuando los cargos políticos lo permiten.

El periodista Jordi Évole, que conoce a Rodríguez desde hace más de quince años tras trabajar juntos, cortó el contacto después de que MAR sugiriese en televisión que había que fusilar al expresident Artur Mas. Después lo recuperaron, aunque Évole lo describió como alguien menos accesible y “menos juguetón” desde su vuelta al poder. Pero tras los ataques de Rodríguez a familiares de fallecidos en residencias, Évole afirmó que aquello era “demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez” y que no entendía ese grado de degradación política.

Las comunidades autónomas en manos del PP y Vox no habéis hecho nada por proteger la masa forestal de vuestro territorio. Es grave el abandono al que habéis sometido al monte desde vuestros gobiernos. Debéis invertir, y no desinvertir como estáis haciendo ahora. Hay que contratar más personal, dotar de más medios y estabilizar los contratos de trabajo para combatir los incendios, actuando de octubre a octubre, de forma permanente. Gobiernos de las comunidades autónomas: si de verdad trabajarais para salvar la masa forestal y os comprometierais con ella, otra sería la situación. Comunidades gobernadas por el PP, ¿dónde está el dinero que les transfiere el malvado Gobierno de España? Ya está bien de no hacer nada en prevención, limpieza y desbroce, y de negar los derechos laborales de las plantillas de profesionales forestales. Es obligatorio la fijeza de los contratos y la estabilidad de las plantillas..

Isabel Díaz Ayuso: basta de recortes, de salarios bajos y de falta de personal en prevención de incendios. Los profesionales forestales se juegan la vida entre las llamas todos los días para salvar vidas, hogares y masa forestal. Es humano un salario digno durante todo el año.

Hay que luchar contra el fuego en invierno, limpiando, desbrozando y protegiendo el monte desde el final del verano. Las comunidades autónomas deben contratar más trabajadores y trabajadoras forestales. Se podrían crear entre 10.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo en el medio rural español, con personal bien formado, preparado y dotado del material necesario. No como ocurre en la Comunidad de Madrid, que no tiene vehículo ni material suficiente y la plantilla se ha reducido en un 50%.

Gobierno de España: además del Plan Estatal Forestal para salvar los montes españoles, es necesario elaborar, junto con los sindicatos de clase y mediante la negociación colectiva, un convenio estatal del sector forestal que fije unos estándares mínimos y evite los desmanes de las comunidades autónomas en las garras del PP. También debe evitar que sigan precarizando las relaciones laborales, empobreciendo a los profesionales forestales y negando la vida en el medio rural y en sus pueblos, cuyos habitantes tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que los Feijóos o Abascales de turno.

Gobiernos de las comunidades autónomas: vosotras y vosotros cobráis un buen salario, no seré quien os diga que algunas y algunos no lo merecéis, aunque vuelvo a reiterar y no me cansare de reivindicar más inversión para apagar los incendios forestales en el invierno y me niego cohabitar ni normalizar el fuego permanente por la irresponsabilidad de los gobiernos del PP en las comunidades autónomas. Limpien la masa forestal desde el fin de la campaña de prevención, estructurando, modernizando e incluyendo medidas para los planes forestales en todas las comunidades autónomas, adaptándolos a las nuevas singularidades que está ocasionado el cambio climático. Es evidente y urgente contratar a más personas y estabilizar el empleo precario actual de los contratos no fijos, en fijos e indefinidos. Dejar de negar la negociación colectiva en las comunidades autónomas descontroladas por el PP y Vox y corregir la desestabilidad laboral desde ya, hagan todo lo que este en sus manos contra el fuego.

Sabéis, negacionistas y terraplanistas del PP y Vox, que se ahorrarían miles y miles de millones de euros en los presupuestos públicos apagando el fuego en el invierno para destinarlos a la escuela pública, universidades públicas, formación profesional pública, la sanidad pública, pensiones y jubilaciones públicas y para prevención y protección de los incendios de la masa forestal española.

Proteger vidas, animales, masa forestal y hogares de las familias del medio del rural es otro efecto positivo de actuar en el invierno para apagar el fuego. Me niego aceptar los incendios incontrolados y descontrolados por culpa de la inacción de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox. Los recortes para perdonar impuestos a los ricos, las lamentaciones, las manipulaciones y las mentiras de la señora Ayuso no apagan los fuegos. La UME está para actuar en casos urgentes y grandes catástrofes, no para sacarles las castañas del fuego a los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox que perdonan el pago de impuestos a los ricos, que no han invertido en prevención de incendios y han recortado presupuesto para invertir en toreros, incultura, la Fórmula 1 o el hangar del Zendal, en lugar de salvar el monte en el invierno. A los políticos territoriales del PP y Vox les toca ponerse trabajar, dejar de vaguear y hacer política en pro del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

El problema de la vivienda escala una nueva cima. "No tengo nada", declara la presidenta de Asís, embargada —supongo— por el espíritu de Mujica. "Ni secretaria, ni coche, no tengo a nadie…". Ay.

La capital del reino, al borde del colapso reputacional. Extra, extra: una reforma en la sede del Gobierno podría dejar a la lideresa sin sala de juntas. ¡Prácticamente homeless, habráse visto! Puestos a librarnos de semejante bochorno, una bondadosa empresa pública ha soltado unos milloncejos (media docena, más o menos) para que la doña tenga dónde retomar su trepidante agenda. Fuentes consultadas por este columnista aseguran (pinky promise, te lo juro por Snoopy, etcétera) que no queda una oficina libre en toda la comunidad. "Los menas no paran de fundar coworkings", afirman, consternados.

La prudente iniciativa del autonómico ha despertado las envidias y recelos de la chusma bolchevique. Con inusitada vileza, opositores mezquinos, periodistas de "la sincronizada" y todos esos rencorosos que se fueron de Twitter se han lanzado a pedir explicaciones a Lady Madrid, ¡como si se las debiera! Que si el garito no tiene los permisos para usarse como oficina, que si la compra se hizo hace tres meses y nadie ha dicho media; y que qué curioso que doña Isabel se haya montado un chabolo frente al pisito de sus padres. ¡Otro ataque a la familia tradicional y católica!

No queriendo armar revuelos que favorezcan al tirano que nos somete, la abnegada presidentriz ha decidido inmolarse en el altar de la bondad: "Vended el ático, ¡dad el dinero a los pobres!". No llores por mí, Chamberí. "Pero señora, que… no lo ha comprado usted, que es una adquisición pública y que…". Sapristi, nueva vacante en la consejería de presidencia. La tía no para: en una sola jornada paniagua a los chamuscados, escurre el bulto y crea empleo. La innovación, benemérita: la Comunidad de Madrid te deja sin bomberos pero te malpaga por las molestias. Esta debe de ser la economía circular de la que tanto he oído hablar. Pero, ¿cómo? ¿Qué dice este teletipo? ¿Que González Amador puso a la venta su nidito de amor justo al cerrarse la compra de la oficinita con terraza? Nosotros, tan ufanos porque nos sombree un eclipse, premiados con esta carambola astral.

La felicísima casualidad nos habrá dejado con cara de idiotas, pero a cambio tenemos un publirreportaje de los interiores de chez Maxwell Cremona. Por fin le sacamos algo a una inmobiliaria. Busquen, busquen, que es de traca. Un botellín de Mahou al óleo, un tomo sobre el Valle de los Caídos y toallas con el nombre bordado en letras gordas. Mucho beige, peluches sobre el sofá y todos los vestiditos que elogia La Razón colgados como jamones: qué elegancia la de Francia.

Los pisos altos tienen algo que encandila a los supervillanos. Saruman, Logan Roy, Lex Luthor, el fantasma de Ignacio González: todos están perdidos como se les estropee el ascensor. Lo malo es que desde allí arriba no te coscas de los tejemanejes que se urden en el sótano. Del ñic ñac de las cintas VHS rebobinándose, a la búsqueda de aquel minuto glorioso en el que te trincaron robando un par de cremas.

La última excentricidad de Ayuso ha caído como un jarro de agua fría entre los usuarios de redes sociales. Rebobinamos un par de días para contextualizar lo que está pasando: en plena crisis de vivienda, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en Chamberí valorado en torno a los seis millones de euros. La explicación oficial es que lo han hecho para celebrar reuniones institucionales de manera provisional mientras se reforma la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. En X y Bluesky, la cosa se puso calentita y no paraban de postear contra esta transacción, al considerar injustificado este gasto. En medio de este caos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado darle la vuelta al escándalo anunciando que lo va a vender para destinar la recaudación a los incendios. Aun así, la indignación sigue campando en la red valorando esta acción como una "recogida de cable histórica". Además, les acusan de aprovecharse del incendio para sacar rédito político: "Qué rápido ‘rectifican’ cuando se les tambalea la impunidad", valora @Danny_DGR, "Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado", critica @donmitxel-oficial.bsky.social, “Lo que no se puede negar es que Ayuso es un personaje muy mediático. Bueno, más bien ático entero”, se mofa @hankysolo.bsky.social, “A ver cuántos de vosotros vendéis vuestra casa para luchar contra los incendios y el cambio climático”, ironiza @txapucabor.

Ahí no acaba la cosa. Otros especulan sobre el fin de Ayuso y la posibilidad de que quieran acabar con ella políticamente, y comparan el caso con el de las cremas de Cristina Cifuentes: “Sería interesante saber qué está pensando la antigua directora del Caro (Cristina Cifuentes) a ella se la cargaron por unas cremas que probablemente no sumaban 200 euros. Ha costado más cargarse a Isabel. Génova no hace prisioneros”, valora @IdafeMartin.

Los incendios son el otro tema de la semana (y del verano) y los negacionistas del cambio climático no han tardado en aparecer para quejarse de que “no se pueden coger piñas” en el campo. Los usuarios de redes están respondiendo sin pelos en la lengua y devolviendo el foco a la emergencia climática que representan estos acontecimientos. “Estoy flipando, dice Ayuso que hay demasiada burocracia para limpiar el monte. ¡Pero si los permisos se gestionan en los ayuntamientos o en la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma!”, critica @PatColon.

Feijóo ha vuelto a convertirse en diana de las mofas tras una intervención para hablar de los incendios de los últimos días. Los usuarios de X y Bluesky no han dudado en sacarle punta a sus palabras para reírse de él. “Lo de Feijóo en el puesto de mando de Navalcarnero me recuerda a cuando mi padre me dejaba sentarme en su coche, aparcado y sin las llaves puestas, a mover el volante”, valora @Alissonofabitch, “Como bombero forestal, tengo que decir que, efectivamente, lo que ha dicho el señor Feijóo son sandeces y auténticas idioteces”, tuitea @OscarBForestal.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Cinco mil millones de euros para Quirón, una empresa de la sanidad privada que da cobertura y le pone despacho al novio. Por orden y mando de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, Quirón abonó 4, 4 millones de euros en comisiones a su novio. El comisionista compró una empresa a la señora del pagador del novio para utilizarla, presuntamente, para defraudar a la Hacienda Pública con facturas falsas: casi 400.000 euros de otros 2 millones de euros cobrados por el novio de la presidenta, mientras ella se beneficiaba de unos ingresos presuntamente turbios. ¿No vio nada raro, señora presidenta, en tanta fortuna, tanto lujo y tanto derroche?

El PP sigue aplaudiendo los recortes y, para poner la guinda a las presuntas corruptelas peperas con las privatizaciones de la sanidad pública en toda la Comunidad de Madrid, la diosa Ayuso nombra a una empleada de Quirón, ojo, consejera de Sanidad para controlar, como comisaria política de la empresa, los pagos destinados a Quirón año tras año desde su nombramiento. Por todo el morro y sin despeinarse, doña Isabel Ayuso y su dedo dictatorial de los recortes son un peligro. El desmantelamiento de lo público continúa para hacer negocios varios junto a sus clanes de los pancetas, pocholos y chorizos. Y no termina ahí.

Los centros de educación pública soportan 40 grados de calor durante todo el mes de junio de 2026 y, desde la chulería y el confort de su despacho en la Puerta del Sol, la presidenta se ríe de las familias de toda la Comunidad de Madrid, generándoles agobio y sufrimiento al obligarlas a asistir a clase con esas temperaturas y sin aire acondicionado. ¿Nadie ve la maldad de la señora Ayuso y el abandono de los miles y miles de alumnos de la pública con 40 grados de calor? Además, no le da la gana invertir en un plan de climatización de los centros de enseñanza pública, uno a uno. Así lo dice la presidenta del ciudadano privado, después de transferir miles de millones de euros a la empresa que paga las comisiones de su novio.

La prepotencia, la irresponsabilidad y la vaguedad quedaron bien claras. Así lo dijo, sin vergüenza, el consejero de la incultura de la Comunidad, ejemplo de la incapacidad en la gestión de lo público, al asegurar que no invertirá ni un solo euro en climatizar todos y cada uno de los centros públicos. El alumnado de la pública está abandonado; los profesores, las profesoras y resto de personal están solos. Y lo más grave es que no hay señales de que se vaya a solucionar lo que, en 30 años de destrozos del Partido Popular, no ha sido capaz de modernizar. Lo han llevado hasta el hundimiento por ideología y por estrategia política. Que no te engañen: están vendiendo lo público. Primero lo hunden y después llaman al socio empresario del PP para forrarse a costa de lo público. Esa es la doctrina público-privada: negocio para la privada a costa de la pública.

Doña Isabel Ayuso debe muchas explicaciones al pueblo de toda la Comunidad de Madrid. Además de las fechorías de su novio, debe contestar: ¿Desde cuándo sabía los negocios oscuros de su amado, si usted paga su nómina indirectamente a través de la Consejería de Sanidad a Quirón? ¿La famosa cena de los chanchullos en León con los directivos de Quirón era para preparar el despacho para su novio? ¿Quién pagó la cena?

Doña Isabel Ayuso, la acuso de ocultar los negocios privados de su amado con la Comunidad de Madrid, de manipular la verdad y de mentir desde la sede de la Asamblea de Madrid, el ágora del pueblo. ¿No siente vergüenza, señora?

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.