La Comunidad de Madrid gasta más que nunca en publicidad institucional. Además, en el reparto de esta tarta publicitaria infla a los medios afines mientras margina a aquellos con líneas editoriales más progresistas. Estos hechos se constataron en la investigación 'Ayuso parte y reparte', que realizó infoLibre el pasado mes de septiembre.

Ese trabajo periodístico procesó cientos de documentos y analizó miles de pagos individuales a los medios de comunicación para demostrar ese reparto discrecional, con grandes beneficiarios, como los medios de la Conferencia Episcopal o los de Federico Jiménez Losantos.

Ahora, el PP madrileño ha decidido impedir que se profundice más en cómo se gasta ese dinero público y así lo ha demostrado en la Asamblea de Madrid. Concretamente, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se ha tramitado una iniciativa, a propuesta de Más Madrid, para que la Cámara de Cuentas fiscalice "los fondos públicos destinados a la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en la actual legislatura". Este miércoles 6 de mayo se ha sometido a votación y el PP la ha tumbado gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento autonómico.

El resto de grupos parlamentarios, Más Madrid, PSOE y Vox, han apoyado la iniciativa. De hecho, la oposición al completo ha coincidido durante sus intervenciones en las críticas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cómo está realizando ese reparto.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, que fue quien defendió la propuesta de su partido, denunció el reparto desigual que está haciendo la Comunidad de Madrid del dinero público destinado a la publicidad institucional sin tener en cuenta criterios de audiencia o relevancia y citó casos concretos, como el rescate encubierto de Telemadrid o el dinero destinado a mantener vivos los restos del Grupo Intereconomía, ambos hechos desvelados por la investigación de infoLibre.

"Hay medios que reciben un montón de dinero en publicidad de la Comunidad de Madrid simulando publicidad institucional cuando en realidad adquieren la figura de soborno. Son medios que están comprados por el Gobierno autonómico [...]. El problema es la adulteración del sistema mediático, que no es menos que adulterar la democracia en la Comunidad de Madrid", denunció Martínez Abarca.

En la misma línea se expresaron los diputados Fernando Fernández Lara, por parte del PSOE, y Ana María Cuartero, por parte de Vox. Fernández Lara denunció que "los incrementos que se han producido en esos fondos públicos destinados a la publicidad institucional han sido no solo desmesurados; sino que también han sido direccionados" y que la Comunidad de Madrid ha destinado ese dinero público a "pseudoperiodistas que lo que hacen es propagar bulos [...] y a medios y tabloides relacionados con posturas de extrema derecha".

Cuartero aseguró que "Vox considera crucial que la Cámara de Cuentas ejerza un control sobre los contratos de publicidad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "No por un tecnicismo administrativo, no se trata de un maquillaje para aparentar transparencia, se trata de defender el dinero de todos los madrileños y la transparencia como valor irrenunciable [...]. La publicidad institucional manejada con opacidad o con criterios subjetivos se convierte en un instrumento de propaganda partidista", remachó.

El diputado popular que intervino en el debate fue Ángel Francisco Alonso. El parlamentario del PP cargó contra el plan de regeneración democrática del Gobierno de Pedro Sánchez y criticó el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo y la opacidad sobre ese gasto de dinero público. El Gobierno central no publica cómo distribuye esos fondos entre los distintos medios de comunicación, aunque en ocasiones se han podido conocer datos, como sucedió, por ejemplo, en 2024 gracias a una investigación de El Confidencial.

Sobre lo que hizo menos valoraciones el diputado es sobre el reparto publicitario del Gobierno madrileño, aunque aseguró que "en Madrid no se utiliza la publicidad institucional para influir en ninguna línea editorial de medios", de lo que sí acusó al Gobierno central, y presumió de la transparencia de la comunidad autónoma en este campo. 

Según declaró, el PP ha tumbado la propuesta de Más Madrid porque considera que la oposición está haciendo "un uso abusivo y político de la Cámara de Cuentas". "Creemos que se está devaluando con ello la labor de esta comisión [...] Vamos a votar en contra de toda iniciativa que insista en el uso político de la Cámara de Cuentas por más inocua que nos parezca, como es el caso de la que estamos hablando", aseguró después de denunciar que los partidos de la oposición durante la actual legislatura están pidiendo más informes de fiscalización que en las anteriores.

Martínez Abarca responde, en declaraciones para infoLibre, definiendo el motivo esgrimido por los populares como "absurdo". "Afortunadamente la Cámara de Cuentas tiene plena capacidad para afrontar una fiscalización así. Si no tuvieran nada que ocultar, estarían encantados de que se fiscalizara y tras el informe favorable podrían presumir de transparencia y de que nuestras acusaciones son infundadas. Pero en vez de eso hacen lo posible para evitar que nadie examine cómo reparten el dinero público".

"La publicidad institucional es un instrumento necesario para informar a la ciudadanía, para fomentar hábitos positivos, para ser transparentes... En vez de eso el Gobierno de Ayuso la usa para fabricar un entorno mediático que cacaree sus consignas. Han convertido la publicidad institucional en un arma antidemocrática para impedir un entorno mediático libre e independiente. Si la publicidad institucional se repartiese con criterios objetivos, el PP sería el primer interesado en que se pudiera fiscalizar por todos los medios", asegura el diputado de Más Madrid.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el organismo de control que se encarga de fiscalizar la actividad económica, presupuestaria y financiera de la propia Comunidad de Madrid y del resto del sector público autonómico —Ayuntamientos, universidades, empresas públicas…—. Es el homólogo a nivel madrileño del Tribunal de Cuentas estatal y cuenta con independencia funcional, aunque a nivel orgánico depende de la Asamblea de Madrid. El actual presidente del organismo es Joaquín Leguina.

Leguina fue nombrado consejero de la Cámara a propuesta del PP de Ayuso en 2024, a pesar de que es el primer presidente de la Comunidad de Madrid y el único que ha tenido el PSOE —ocupó ese cargo entre 1983 y 1995—. En el momento de su nombramiento ya no tenía carné socialista, ya que el partido le suspendió de militancia en 2022 al entender que había pedido el voto para Ayuso en las elecciones autonómicas de 2021 —Leguina llegó a acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto de campaña—.

Una de las principales tareas de la Cámara de Cuentas es investigar y fiscalizar cómo ejercen sus funciones y cómo gastan el dinero los distintos actores del sector público para poder valorar cómo están llevando a cabo esas labores que tienen encomendadas. El año pasado la Cámara publicó 16 informes de fiscalización.

Es el propio organismo el que se encarga cada año de aprobar un programa de fiscalizaciones, en el que indica qué informes va a realizar durante ese ejercicio. A pesar de ello, la Asamblea de Madrid tiene también competencia sobre esa iniciativa fiscalizadora y puede proponer la elaboración de informes concretos. Esas propuestas se canalizan a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Los grupos pueden solicitar como mucho una fiscalización al mes, pero esta tiene que aprobarse por mayoría en la comisión para que la Cámara de Cuentas la añada a su programa anual y realice el informe.

En la actualidad, la Comisión de Presupuestos y Hacienda está formada por 17 miembros: diez del PP, tres de Más Madrid, tres del PSOE y uno de Vox. El resultado de la votación respecto a la propuesta sobre la fiscalización del reparto de publicidad institucional, que había sido registrada por las diputadas de Más Madrid Manuela Bergerot y Marta Lozano, ha sido claro: diez votos en contra —los del PP— y siete a favor —los de Más Madrid, PSOE y Vox—.

Acabo de terminar un libro con mayúsculas: Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la corte de Madrid, escrito por David Fernández y publicado por Libros del K.O.

He disfrutado leyéndolo porque me ha dado una perspectiva más amplia sobre Isabel Díaz Ayuso, especialmente sobre unos orígenes que desconocía. Y no salgo de mi asombro ante la capacidad que tienen ciertos personajes para alcanzar altas cuotas de poder, incluso cuando muchas de las personas que los rodean consideran que no poseen los méritos necesarios para ocupar esos puestos.

El libro recorre paso a paso la historia reciente del PP madrileño, desde los tiempos de Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato se desarrolló todo un entramado de corrupción del que, según ella, fue la única que no se enteró. Después llega Cristina Cifuentes, con su capacidad de resistencia ante las evidencias sobre su falso título de máster y los ataques del fuego amigo.

Tampoco sale bien parado José Luis Martínez-Almeida: un político listo, cínico y, según se desprende del retrato del libro, por encima de la media intelectual del PP madrileño. No es poco decir; tampoco es necesariamente un elogio.

Resulta especialmente llamativo el matonismo atribuido a la mano derecha de Ayuso. Aunque quizá habría que matizar lo de “mano derecha”, porque Ayuso es manca: la izquierda, en su vocabulario político, no parece una opción apropiada. Me refiero, claro, al famoso MAR, acrónimo que quizá Miguel Ángel Rodríguez no merezca tanto como otro: MATÓN.

El libro detalla episodios que, aunque en su mayoría ya fueron portada de algunos diarios, aparecen aquí enriquecidos con declaraciones de personas que han tenido —o todavía tienen— poder dentro del partido. Entre ellos, la caída de Pablo Casado tras intentar aclarar un presunto caso de corrupción que afectaba al hermano de Ayuso y a su entorno.

También encontramos cómo el PP toreó a Ciudadanos, cómo se lo fue comiendo con ayuda del aparato mediático y cómo se desarrolló el enfrentamiento entre Ayuso e Ignacio Aguado, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El libro aborda, además, la gestión vergonzosa y dolorosa de las residencias de mayores durante la COVID-19 y los llamados “protocolos de la vergüenza”, uno de los episodios más oscuros de aquella etapa.

También se trata la manipulación del correo enviado por el abogado de la pareja de Ayuso al fiscal encargado del caso de presunto fraude fiscal. Según se relata, MAR filtró ese correo dándole la vuelta al sentido de los hechos, presentando como iniciativa de la Fiscalía lo que habría partido de la defensa.

Este debería ser un libro de cabecera para quien quiera profundizar en el personaje político de Ayuso: una dirigente mediocre que ha alcanzado un poder enorme y cuyas políticas de privatización ponen en riesgo la calidad de vida de los madrileños. También para quien quiera entender la gestión del PP en Madrid y su forma de desmontar, pieza a pieza, el estado del bienestar, favoreciendo lo privado frente a lo público.

______________________

Carlos Brage es socio de infoLibre.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid eliminó las cifras de deuda de su informe definitivo sobre los ingresos por asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras concluir que la información que arrojaba Nexus, el software corporativo del Gobierno regional, "no es fiable" y "no refleja la realidad". Los auditores de la propia Administración madrileña sostienen que las debilidades del programa "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales públicos. Es la consecuencia más visible de un sistema en el que la Comunidad lleva volcados, según consta en los contratos publicados, en torno a 122 millones de euros desde su adjudicación inicial en 2010 (más de 60 millones sólo desde que Ayuso es presidenta), y que sigue arrastrando carencias estructurales reconocidas tanto por la Intervención como por la Cámara de Cuentas.

Nexus ECCL —siglas de Económico, Contable, Contratación y Logística— es la plataforma única sobre la que la Comunidad de Madrid presupuesta, contrata, paga, factura y gestiona la logística de toda su Administración, sus organismos y, muy en particular, todo el SERMAS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la presenta como "una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público". Por ella pasan, según las cifras oficiales, 9.500 usuarios diarios, un millón de transacciones al día, 1,2 millones de facturas y 2,2 millones de pagos al año.

El sistema nace del llamado "Plan Nexus" que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció en 2009 como un programa a cinco años para externalizar la informática de gestión de toda la Comunidad. La fase inicial supuso adjudicaciones por 130,4 millones de euros en cuatro años repartidas entre subproyectos: Nexus Educación, Nexus Recursos Humanos, Nexus ECCL y otros módulos auxiliares. Nexus Educación —el más conocido por su fracaso— se adjudicó a Indra y acabó cancelado tras pagar la Comunidad 5,5 millones de euros por un programa que la empresa nunca entregó, a los que hubo que añadir otros ocho millones para la plataforma que lo sustituyó, según publicó eldiario.es. 

El entonces consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido en 2014 en el marco de la trama Púnica e investigado precisamente por su relación con Indra. La Guardia Civil solicitó a la Comunidad de Madrid varias facturas con la empresa semipública para investigar si se habían inflado artificialmente para generar dinero negro. 

En 2019, un ex alto cargo de Indra declaró en la Audiencia Nacional que Martínez le solicitó que pagara una “mordida” a un empresario investigado en la causa. El ex consejero delegado se encuentra a la espera de que se fije juicio oral —en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica— y se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, por los cuales la Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación. 

Nexus ECCL, el hermano mayor del paquete y el único que sí llegó a desplegarse, se adjudicó en agosto de 2010 a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 36 millones de euros, con la firma del propio Martínez Nicolás. Incluso la supervisión técnica del proyecto se externalizó a la consultora PwC por casi seis millones más. Desde entonces, el contrato de mantenimiento y evolución del sistema lo ha llevado siempre la misma empresa: en 2016 se renovó con IECISA por 20,23 millones con oferta única, y en 2021 lo ganó Inetum, nuevo nombre de la antigua IECISA después de que el grupo francés Gfi —propiedad a su vez de un fondo estadounidense— la adquiriera y la rebautizara en 2020. 

El contrato actual, de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, se adjudicó en dos lotes: siendo el principal de 34,29 millones con IVA para Inetum y 3,14 millones para Techedge, hoy rebautizada como Avvale. A estos importes se han sumado dos prórrogas en 2024 y 2025 por 21,65 millones y una modificación contractual aprobada en octubre de 2025 por otro millón. Con esos datos, la inversión acumulada en Nexux ECCL ronda los 122 millones de euros, sin contar las licencias del fabricante SAP —el software en que se basa la plataforma— ni los contratos auxiliares que cada hospital se ve obligado a tramitar por su cuenta.

El expediente registra un volumen de incumplimientos poco habitual. La Agencia para la Administración Digital ha publicado, entre abril de 2022 y marzo de 2026, 46 resoluciones de penalidad a Inetum, a un ritmo cercano a una penalización mensual. La última se publicó el pasado 3 de marzo.

Pese a la sucesión continua de sanciones, la agencia aprobó el 31 de octubre de 2024 una prórroga del contrato a Inetum por más de 21 millones de euros y 21 meses adicionales, hasta agosto de 2026. La continuidad del contratista —desde la implantación del sistema— no se ha visto alterada por las penalidades ni por los fallos relatados en los informes de la Comunidad. La encadenación de contratos durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso totaliza un gasto superior a los 60 millones de euros; es decir, que el casi la mitad de los 122 millones invertidos desde la contratación del software en 2010 ha correspondido al periodo de Ayuso.

Los problemas que describe la Intervención General afectan al núcleo del sistema. Según sus informes, a los que ha tenido acceso infoLibre vía ley de transparencia, los auditores tuvieron que retirar las cifras de deuda del informe definitivo para todos los centros porque la información de Nexus "no es fiable" y "no refleja la realidad". Las "debilidades" del software, concluyen, "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales del SERMAS.

El caso del Hospital Gregorio Marañón es paradigmático: solo el 18% del importe de la deuda enviada a la Dirección General de Tributos figuraba como tal en Nexus, una desviación que los auditores califican de "importancia cuantitativa" suficiente para "desvirtuar la imagen de la deuda" del conjunto del SERMAS. El propio hospital admite en sus alegaciones que el seguimiento de deudas en Nexus es de una "gran dificultad" y que la información que el programa aloja no coincide entre sus propias listas y repositorios.

El sistema, además, "carece de históricos": cuando se rectifica una factura, emite una nueva "sin enlazar con el episodio del que traen causa", lo que hace imposible visualizar con claridad el conjunto de episodios asistenciales de un paciente. La Intervención también detectó 748 facturas en las que el pago consta como realizado "antes de la emisión de la propia factura", por errores de sincronización y campos de fecha defectuosos.

Las consecuencias de la rigidez de la plataforma las detallan los propios hospitales en sus alegaciones ante la Intervención General, en las que justifican o detallan los fallos que esta les achaca. El Gregorio Marañón documentó un caso en el que "una sola factura generó 34 certificaciones de descubierto distintas" porque el sistema exige un certificado por cada línea de factura. En el Hospital de Móstoles ocurre lo mismo a la hora de notificar: el paciente recibe "una notificación escrita de providencia de apremio por cada posición de factura" en lugar de una sola por el total.

El Hospital de La Princesa describe una situación de mayor riesgo asistencial: tratamientos como diálisis o quimioterapia "no se vuelcan correctamente" desde el sistema clínico al de facturación, lo que obliga al personal administrativo a "copiar manualmente" datos como DNI y direcciones de pacientes con "mayor riesgo de error" en una información "tan importante y delicada". El SUMMA 112, por su parte, reportó que el sistema arrastra descuadres contables desde hace una década que el soporte técnico central aún no ha resuelto, y reconoció que ante una "coyuntural situación de insuficiencia presupuestaria" tuvo que traspasar facturas del módulo logístico al contable de forma manual, con la consiguiente "pérdida de la trazabilidad del proceso de conformidad".

Los hospitales también alegan errores estructurales de codificación de los gastos: el epígrafe correcto para algunos servicios de urgencias "no estaba disponible en Nexus" cuando se registró la incidencia, y el SUMMA 112 utiliza un código genérico para registrar traslados en avión medicalizado porque el sistema "no permite registrarlos correctamente". Los descuentos por volumen de compra (rappels), por su parte, están parametrizados como "menor gasto" en lugar de como ingreso, lo que supone una violación del Plan General de Contabilidad Pública. Además, el menú de anulación de facturas solo ofrece seis causas, tan genéricas que los hospitales se ven obligados a llevar "archivos Excel paralelos" para saber por qué no se cobró un dinero.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2024, ya certificaba que las "limitaciones técnicas" históricas del sistema "persisten durante el ejercicio fiscalizado". Nexus es incapaz de gestionar correctamente operaciones básicas del inmovilizado como arrendamientos financieros, donaciones o provisiones, un problema que el órgano fiscalizador viene señalando desde 2017.

Ante esa "imposibilidad de subsanar los problemas" en la plataforma, el SERMAS ha tenido que habilitar un sistema de incidencias para que "consultores de Nexus" ejecuten manualmente las operaciones en el estándar SAP, al no estar operativas las transacciones en el programa. La Cámara también detecta falta de integración con las aplicaciones de recaudación ejecutiva y gestión tributaria, y debilidades en la "representatividad e integridad" de los saldos de existencias, hasta el punto de recomendar "revisar urgentemente" los procedimientos de registro de almacenes y "corregir las deficiencias de Nexus en relación con las altas y bajas" de inventarios. 

El círculo lo cierran los contratos auxiliares. Pese a que existe un macrocontrato de mantenimiento de la plataforma con Inetum, algunos hospitales han tenido que sufragar de su propio presupuesto refuerzos externos para poder operar Nexus. El Gregorio Marañón licitó en 2024 un contrato específico de 72.479 euros con IVA para tener "soporte técnico y apoyo en el aplicativo Nexus" en su Servicio de Contratación Administrativa, adjudicado con oferta única a la empresa AlcaláBC. El mismo hospital tiene precedentes equivalentes en 2019, 2022 y 2023 para soporte de Recursos Humanos a la plataforma Nexus. La herramienta corporativa, vendida hace década y media como un instrumento para "homogeneizar y simplificar" la gestión, obliga a los hospitales a contratar refuerzos para usarla mientras Madrid Digital sanciona mes tras mes al contratista que cobra por mantenerla.

Consultada por infoLibre sobre la continuidad del contrato pese a los fallos y limitaciones señalados por los órganos fiscalizadores y el elevado número de penalizaciones impuestas al contratista, la Agencia para la Administración Digital responde que "el sistema garantiza la integridad de los datos y de la contabilidad hospitalaria" y que "no le consta ningún problema sobre este tema". La agencia sostiene que Nexus "no almacena ni gestiona datos clínicos ni datos personales de salud" —pese a que las alegaciones de los hospitales recogen el copiado manual de DNI y direcciones de pacientes en tratamiento— y subraya que "en ningún caso las penalizaciones han supuesto impacto o riesgo en la continuidad del servicio", razón por la que "dada la criticidad del sistema Nexus, se ha optado por la prórroga contractual".

Sobre los contratos de soporte que han tenido que licitar hospitales como el Gregorio Marañón, Madrid Digital afirma que el contrato central "cubre íntegramente el mantenimiento y evolución técnica" y que las contrataciones adicionales "responden a necesidades propias de gestión y no suponen duplicidad ni solapamiento". La empresa Inetum, responsable de la mayoría de los contratos —algunos bajo su anterior denominación, IECISA—, no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

Meten en la maleta un sórdido equipaje. Cargan un bagaje de odio y enfrentamiento para que salgan sapos y culebras al aterrizar en el país elegido con los que dañar al otro en lo más profundo. Esta semana, dos personajes que son un engranaje más del organizado movimiento internacional de extrema derecha han viajado de un continente a otro, aleteando sin ser conscientes del efecto mariposa que pueden provocar sus estrategias de confrontación. Ayuso se ha ido a México a tratar de reventar las relaciones que tanto el Gobierno como el rey han estado trabajando por recuperar, mientras que Marcos Rubio se ha presentado con un par a visitar al papa León XIV, quien además de soportar las invectivas de Trump ha tenido que recibir a su valido. ¿Por qué no se quedarán en su país?

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue a mostrar esa ignorancia de la que tanto le gusta alardear y que tan encandilados tiene a sus seguidores. A mandar, lo que le pida el movimiento MAGA y sus poderosos acólitos repartidos por el mundo. Como el magnate mexicano Salinas Pliego, que fue a llorarle a Trump a principios de año, porque no soporta que la presidenta Claudia Sheinbaum no se pliegue a sus deseos. El rico empresario le debe casi 3.000 millones de dólares a su país en impuestos, así que hizo lo que mejor se les da a los patriotas, poner a parir a su patria en el extranjero. Ahí coincide con su invitada, a la que junto con el derechista partido Acción Nacional (PAN) había pagado el viaje para participar en un homenaje a Hernán Cortés.

Ay, qué ridículo ha hecho, consideran algunos. Qué mujer tan valiente, opinan quienes ven en ella a una líder rotunda. Las excursiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid van más allá de querer aparentar ser la líder internacional que no es. En el tablero global puede parecer una broma. Pero el viaje de Ayuso a México forma parte de una alianza de las fuerzas más reaccionarias en la que peones de diversa índole buscan provocar incendios a la espera de que el viento ultra propague las llamas alimentando un discurso de confrontación con el que ir ganando terreno.

Es la inspiradora voz de Trump en boca de todos esos pequeños líderes, como Ayuso, a los que les nutre la sensación de formar parte de un proyecto más imbricado que la agenda de Epstein. Es la prepotencia que hemos visto esta semana, también en el secretario de Estado para todo de EEUU, que ha ido a visitar al papa más con intención de parar los pies que de apaciguar las relaciones con el Vaticano. No hay cordialidad en las imágenes del encuentro con León XIV. El primer pontífice norteamericano trata de esbozar una sonrisa sin éxito, mientras el mandado de Trump ni tan siquiera se esfuerza. Parece más bien que ha ido a advertir al Vaticano como el matón del colegio y recordar que su país es el mayor benefactor de la Iglesia católica.

El voto católico fue importante en las elecciones de 2024, pero la defensa de la paz del nuevo papa puede erosionar el apoyo al presidente. Además, a Trump no le gusta que le contradigan. Los evangélicos le resultan más fiables, son socios entregados que apoyan a los MAGA sin reservas. El auge de los evangélicos en España no es casualidad, cuentan con la capacidad económica y la influencia necesaria para lograr una mayor capilaridad entre los inmigrantes con derecho a voto. El PP de Ayuso ya hizo campaña en templos de esta religión, que tiene un claro pacto con la ultraderecha. Los numerosos vídeos que corren por las redes de evangélicos adoctrinando en los vagones de metro de Madrid cuentan con la complicidad de la Comunidad de Madrid, que se lo permite a cambio de su apoyo. Fuerza así a los poderes de la iglesia católica a posicionarse más abiertamente a su favor. No le hace falta amenazar con cortar las ayudas, como ha hecho Abascal con su Prioridad Nacional contra Caritas. Con impulsar y allanar el camino a los rivales, es suficiente. Mensaje recibido. Maletas cargadas siempre de amenazas, así se mueve por el mundo la extrema derecha.

Isabel Díaz Ayuso ha decidido cancelar el tramo final de su viaje a México y regresar a España este fin de semana, pese a que inicialmente estaba previsto que durara diez días en total. La decisión llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusara al Gobierno de Claudia Sheinbaum de alimentar un "clima de boicot" contra ella. Ayuso tenía previsto asistir este sábado a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en la Riviera Maya, y después desplazarse a Monterrey. 

La versión difundida por el Gobierno madrileño en un comunicado apunta directamente a la presidenta mexicana y sostiene que el Ejecutivo de Sheinbaum habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo donde se celebra la gala si Ayuso acudía "tanto al evento como al recinto". También asegura que las autoridades mexicanas exigieron "cada nombre y apellidos" de las personas que se reunieran con la presidenta madrileña.

La acusación eleva el tono de un viaje polémico desde sus inicios. La presidenta madrileña llegó a México después de haber convertido la historia compartida entre ambos países en un nuevo campo de batalla ideológico, en pleno proceso de deshielo diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Felipe VI y el Ejecutivo de Sheinbaum. La presidenta madrileña aprovechó su visita para reivindicar la "Hispanidad", la "evangelización" y el papel de Hernán Cortés, una agenda que buscaba presentar a Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana.

Aunque el Gobierno madrileño sostiene que es “insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”, el pasado mes de febrero Ayuso equiparó al Gobierno mexicano con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

El pasado lunes la dirigente conservadora hizo un alegato en defensa del conquistador español durante el acto "Celebración por la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés", inicialmente previsto en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y finalmente trasladado al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. En ese evento, Ayuso defendió el "mestizaje" como mensaje de "esperanza", mientras grupos indígenas protestaban contra un homenaje que consideraban una reivindicación del colonialismo español.

La respuesta de Sheinbaum llegó horas después. Sin citar a la baronesa del PP, cargó contra quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como una supuesta salvación están "destinados a la derrota". En los días siguientes, la dirigente mexicana insistió en que Ayuso tenía derecho a viajar a México y a defender sus posiciones, pero cuestionó que la derecha mexicana pretendiera ganar legitimidad abrazando a una dirigente que "adora a Cortés".

Antes de que la Comunidad de Madrid anunciara que Ayuso cancelaba el viaje después de que la presidenta mexicana hubiera “llamado al boicot de varios de sus eventos”, Sheinbaum aseguró que no iba a "coartar la libertad de expresión" de Ayuso pero sí que señaló que no creía que hablar de Hernán Cortés y la conquista ayudara políticamente a quienes habían invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El choque se produce en un momento especialmente delicado. La relación entre España y México arrastraba años de tensión desde que en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, reclamó a la Corona una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Esa crisis tuvo uno de sus puntos más visibles cuando Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión y España respondió sin enviar representación hace dos años. 

Pero en los últimos meses Moncloa y Zarzuela habían tratado de recomponer la relación. El rey Felipe VI reconoció en marzo que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas" y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió hace una semana con Sheinbaum para trasladar una invitación del rey a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que es clave para España y en la que México juega un papel importante. En ese contexto aterrizó Ayuso. La cancelación le permite ahora reforzar la idea de la intolerancia de la izquierda latinoamericana y su supuesta hostilidad hacia Madrid. 

Las memorias de los pueblos son un saber histórico, incluso genealógico, de alto valor político, no virtual, no potencial, presente. Las memorias transforman las narrativas de las naciones y pueden cambiar el curso de la identidad de sus habitantes. No somos culpables de lo que antes hicieron, pero lo seremos si transitamos por aquí a favor de la ignorancia y sus consecuencias. Esa parte de nuestra identidad que se forja unida al tiempo pasado de un territorio no lo es todo, pero sí conforma la manera en que miramos el mundo. Se llama cultura y contiene tradiciones, costumbres, religiones, ideologías, el calendario, la lengua.

Esto lo sabe cualquiera, pero, sobre todo, aquellos que se juegan el poder. Lo sabemos en España muy bien, pues la derecha y sus compañeros ultras, sin saber ya quién es quién, practican la contradicción de pasar página solo en los números pares de nuestra historia para sí subrayar hazañas y épicas que no sostienen la mirada contemporánea, deshaciéndose siempre de la represión y la violencia si esto tensa su ciencia ficción de la patria, y da igual si hace 100 años o más de medio milenio. Tan poco no les importará la memoria si es constante su utilización con fines de rédito.

He coincidido en tiempo en México con la visita de Isabel Díaz Ayuso al país. Y he sentido vergüenza solo por compartir un origen. Por su desprecio absoluto a los pueblos originarios, por su incapacidad, después de más de 500 años, de pronunciar un discurso en algún punto solidario con los perdedores de aquella historia, que no fue solo Moctezuma II, por ir hasta allá a rendir homenaje a Hernán Cortés, el mal llamado conquistador extremeño que rindió a los mexicas y aztecas ordenando matanzas de civiles y dejando tras de sí un reguero de sangre y enfermedades nuevas. No pronunció una palabra Isabel Díaz Ayuso sobre la Batalla de Cholula, la del Templo Mayor o la caída de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. También se le olvidó, en las relaciones históricas entre los dos países, recordar el exilio del siglo XX, cuando decenas de miles de españoles fueron expulsados por sus ideas y México los recibió. Solo a Morelia llegaron 500 niños, hijos e hijas de familias republicanas, solos. Sí habló de malinches en el metro de Madrid o de evangelización. Pero hasta la Archidiócesis Primada de México canceló la celebración de su acto de reivindicación de la conquista en la Catedral del Zócalo.

Qué puede importar ahora a la presidenta del desfile de la Hispanidad que murieran uno o decenas de millones de personas hace tantos años. Qué importa todo esto.

La batalla cultural es la forma de ganar el poder político o económico influyendo en la manera en que pensamos la realidad. Practica la provocación constante, marca el relato según su deseo, desvía la atención de los problemas concretos de los ciudadanos y moviliza el voto. No exige matices, dilapida el reconocimiento de los agravios, es contraria al encuentro y a la empatía.

Esta visita se produce en un momento exacto: cuando España, por primera vez, palabras incluidas de Felipe VI, abría la puerta al reconocimiento de las injusticias históricas y ambos países planteaban un relato compartido de su historia común.

La palabra México, con su equis, viene del idioma náhuatl, la lengua de los aztecas, y su significado más aceptado es “ombligo de la luna”, y hace referencia a Tenochtitlan, por estar ubicada en el centro de una laguna. Pues hacia allá nos ha hecho mirar Díaz Ayuso en estos días, su dedo señalando, su boca hablando, mientras nos distraemos del pan y el techo por aquí.

El hantavirus y su brote en el crucero MV Hondius han acaparado horas de tertulia y titulares de periódicos esta semana. Su contagio está calificado de riesgo bajo, pero es inevitable retroceder en el tiempo seis años y volver a los tiempos de la pandemia. No hay más que ver cómo unas simples palabras de Fernando Simón sobre el asunto han activado el cóctel de memes pandémicos en los teclados de los creadores de X y Bluesky. ¡No tienen desperdicio!

"Todas las modas vuelven: los pantalones de campana, el gloss y las ruedas de prensa de Fernando Simón", bromea @marinaLobL, "Queda abierta la temporada de epidemiólogos", se ríe @grouchico.bsky.social, "¿Alguien sabe si hay que ir comprando papel higiénico? Es para una amiga", se cachondea @lavecinarubia, "Hoy, a las 20:00h, todos a los balcones para aplaudir al millonario que, yendo en un crucero de lujo, acabó en un lugar con abundantes restos de pis de rata", critica @chemapizca.

El otro tema calentito de la semana es la visita de Ayuso a México. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha paseado por el país levantando ampollas en cada una de sus intervenciones públicas: ha reivindicado la "evangelización" de los indígenas por parte del ilustrado español medieval y defendido el pasado imperial y colonizador. Le han respondido la presidenta mexicana y también los usuarios de redes. "Hernán Cortés invadió México para evitar que los aztecas tuvieran la bomba atómica", ironiza @ElPadreDeBrian junto a una foto de Ayuso dando un discurso, "El Metro de Madrid está lleno de Malinches y de gente muy descortés", escribe @chemapizca mofándose de las palabras de la baronesa.

La tercera polémica en ciernes la protagoniza la proliferación de predicadores evangélicos en los vagones del Metro de Madrid. Durante esta semana se han viralizado vídeos en redes sociales realizados por los propios viajeros que, en muchas ocasiones, denuncian lo incómodo que es tener que ir en el transporte público mientras alguien trata de evangelizarte. "Parece ser que se está poniendo de moda que se suban a dar la vara en el transporte público predicadores evangélicos", postea @MalaMalamente junto a un vídeo con una respuesta creativa para que dejen de molestarte en tu trayecto, "Nos vais a acabar dando la razón a los que nos llamabais maniáticos por pedir el máximo silencio posible en transporte público. Y más pronto que tarde", señala @Farmaenfurecida.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Los viajes de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en momentos complicados de su mandato no son una novedad y, en total, lleva más de 20 visitas a países extranjeros desde que ocupa el cargo. En este caso, la declaración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en los juzgados ha coincidido con un viaje de diez días de la baronesa del PP por México. Una visita que está tratando de aprovechar para convertir la historia compartida entre España y México en un campo de batalla ideológico, justo cuando Moncloa, Zarzuela y el Gobierno de Claudia Sheinbaum acababan de rebajar la tensión diplomática abierta desde hace tiempo.

La estrategia de Ayuso busca presentar a la Comunidad de Madrid como refugio económico y político frente a la izquierda latinoamericana, tejer alianzas con sectores conservadores mexicanos y reivindicar la Conquista y la Hispanidad como bandera. Se trata de un discurso nacionalista con tintes católicos en el que la madrileña reivindica la evangelización de los indígenas por parte del ilustrado español medieval –un mito ampliamente discutido por los historiadores– y defiende el pasado imperial y colonizador. 

Ayuso, además, ha aterrizado en México después de haber llamado al país "narcoestado" y de haber equiparado el Gobierno de Sheinbaum con la dictadura cubana desde un acto organizado por el universo MAGA en Mar-a-Lago. Ya en Ciudad de México, elevó el simbolismo con un acto en honor al conquistador español Hernán Cortés, en el que defendió que "el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría". Sheinbaum respondió al día siguiente, sin citar a Ayuso directamente, que quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" están "destinados a la derrota".

El choque por el papel de España en la conquista de México no es nuevo. En 2019, el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pidió a España y al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La petición abrió una grieta diplomática que llegó hasta la toma de posesión de Sheinbaum en 2024. Entonces, la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI y, en respuesta, España no envió a ningún representante.

La tensión diplomática continuó hasta que, el pasado mes de marzo, Felipe VI reconoció que durante la colonización hubo "abusos y controversias éticas". Sus palabras fueron entendidas como un gesto de acercamiento hacia el Gobierno de Sheinbaum, pero no se libraron de las críticas de la derecha. "Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa”, aseguró la líder madrileña al ser preguntada por las manifestaciones del monarca. Vox también mostró su desacuerdo y afirmó que fue la conquista fue la “mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”.

Hace solo unas semanas, Sheinbaum decidió viajar a última hora a Barcelona para participar en la cumbre progresista organizada por el presidente español, Pedro Sánchez. Allí la presidenta mexicana estuvo junto a otros líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). En la ciudad condal, Sheinbaum dijo ante los periodistas: "No hay crisis diplomática, nunca la ha habido". La mandataria mexicana constató un "acercamiento”, pero mantuvo la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios.

Para el Gobierno, es esencial mantener una relación de máxima fluidez con México porque detrás hay unas relaciones económicas e históricas como pocas para España. Hace solo una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en el país norteamericano con Sheinbaum y le entregó en persona una invitación de Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Albares habló de "afinidad", "sintonía" y "buena salud" de la relación bilateral. Fue entonces cuando la presidenta madrileña anunció su viaje.

Pero Ayuso se había metido de lleno en la relación México-España antes siquiera de pisar el país. El pasado mes de febrero equiparó el Gobierno de Sheinbaum con regímenes autoritarios y pidió que "Cuba, Nicaragua y otros países como México" rompieran sus "cadenas" y que se pusiera fin a los "narcoestados" de "dictadores de ultraizquierda". Sheinbaum respondió al día siguiente y calificó esas palabras de "propaganda" y "calumnia", y dijo que era "absolutamente falso" que México copiara modelos como Cuba o Venezuela.

Eso, sin embargo, no le ha impedido planificar un viaje que comenzó con una misa en la Basílica de Guadalupe y que también tendrá parada en la Riviera Maya. Ese primer día estaba previsto el acto "Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés", con la presencia de Nacho Cano, creador del musical Malinche, que aborda la historia entre la traductora indígena Malinche y Hernán Cortés, y que ha sido objeto de polémica por la supuesta contratación ilegal de becarios mexicanos. La denuncia, sin embargo, fue archivada provisionalmente por la Audiencia de Madrid en abril del pasado año. Ahora, la empresa que lo produce está en concurso de acreedores.

El acto, inicialmente previsto en la catedral Metropolitana, tuvo que trasladarse al Frontón México después de que la Arquidiócesis Primada se desmarcara. La cancelación llegó con apenas una hora de antelación y no frenó las protestas de organizaciones indígenas frente a la catedral. Ayuso reivindicó el “mestizaje” y la “evangelización” gracias a Hernán Cortés.

La respuesta de Claudia Sheinbaum llegó horas después en un acto de conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin citar expresamente a Ayuso, la presidenta mexicana criticó a quienes "buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades" y sostuvo que quienes reviven la conquista como salvación están "destinados a la derrota”. En el aeropuerto de Aguascalientes, la diputada mexicana Anayeli Muñoz, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, se encontró con la presidenta madrileña y le reprochó que hubiera dicho que España tuvo que ir a "civilizar" México y que sus palabras faltaban al respeto a la cultura, al país y a la democracia mexicanas. 

El día anterior, había asegurado que precedía de “ese Madrid en el que hay muchas malinches” en “el metro, en las calles y en los colegios”. Un ejercicio de desconocimiento de las connotaciones que tiene en México lo relacionado con La Malinche, una mujer indígena nahua que actuó como intérprete, mediadora y consejera de Hernán Cortés durante la conquista de México que fue convertida en símbolo de “traición” por haber colaborado con los españoles. 

De hecho, el Diccionario del español de México define malinchismo como la tendencia de algunos mexicanos a preferir lo extranjero sobre sus compatriotas, productos, valores o tradiciones; y la RAE lo define como apego a lo extranjero “con menosprecio de lo propio”. No obstante, La Malinche como figura histórica es mucho más compleja y hoy también se reinterpreta desde perspectivas feministas, indígenas o poscoloniales, que la analizan como una mujer esclavizada, en un contexto de violencia colonial y alianzas indígenas complejas.

Ante las críticas de la izquierda española y de la mexicana por su visión colonialista, la baronesa del PP defendió que ella no va “a renegar de todo lo que hizo España”. Para la conservadora no se trata solo de defender una lectura concreta del pasado, sino de usarla como marco de confrontación presente.  

Con todo, Sheinbaum ha señalado que “no cree” que las palabras de Ayuso “minen” la relación diplomática entre ambos países. Para el Ejecutivo español, México es un aliado clave y por eso le da la máxima importancia a la cumbre iberoamericana, de la que España será el país anfitrión el próximo mes de noviembre. Una cumbre que ayudará a escenificar la normalización de una relación estratégica, histórica y económica, pero también muy sensible.

Además de México, Portugal y Andorra, están invitados Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, sobre los que ha asegurado no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado antes.

Rodríguez ha declarado este miércoles como querellado por presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía en las cercanías del domicilio de Isabel Díaz Ayuso el 19 de marzo de 2024.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid citó el pasado mes de marzo para este miércoles a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", así como a los dos periodistas de 'El País' perjudicados, a otro profesional de este medio y al director general de seguridad de la Comunidad de Madrid.

Se trata de las primeras declaraciones en esta causa, que la magistrada abrió en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que determinó que -en contra de lo que estipuló la jueza- había que admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas.

Los dos informadores se han ratificado en lo denunciado, mientras el periodista que firmó informaciones relativas a esos hechos ha defendido lo publicado, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Por su parte el máximo responsable de seguridad de la Comunidad de Madrid ha declarado que no tuvo nada que ver con lo que se investiga, ya que ni recibió ni transmitió información sobre los periodistas. Ha precisado que entre los agentes que les identificaron y él hay cargos intermedios, policiales.

Miguel Ángel Rodríguez ha declarado durante aproximadamente media hora y ha contestado a todas las partes, negando el supuesto delito de revelación de secretos.

En su primera declaración ante los medios ha explicado él se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional, y de hecho él se enteró porque le envió una foto de los dos informadores "un vecino enfadado porque habían molestado a su hija".

Al salir y ser preguntado por si la jueza le ha pedido que identificara a ese vecino, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha precisado que fue el novio de la presidenta, Alberto González Amador, el que le envió esa foto. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", ha aclarado.

"Me habré expresado mal, porque no creo haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono", ha dicho irónicamente, tras lo que ha añadido que "lo más importante es que no fue la Policía".

Rodríguez ha reiterado que no le hace falta nadie "para reconocer a dos personas que conozco" y ha afirmado que "el Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo", ha afirmado.

Y ha dejado claro que nunca habló con la Policía de este asunto, y de hecho no se enteró de que varios agentes habían identificado en la calle a esos periodistas hasta "después", y ni siquiera sabe qué policías son.

"Son dos personas que firman cada día en su periódico, no es ningún secreto... ¿dónde está el secreto?", se ha preguntado.

Por su parte su letrada, Blanca Alguacil, ha explicado al término de las declaraciones que esta defensa está contenta por el resultado de las declaraciones practicadas este miércoles porque confirman que hubo delito.

La denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez relata que envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La asociación 7291 Verdad y Justicia llevará su exposición sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia del covid a distintas localidades de la Comunidad de Madrid, tras el "éxito y las peticiones" expresadas por parte de la ciudadanía.

Según señalan los familiares de las víctimas en un comunicado, la hoja de ruta pasa también por emitir el documental No, no iban a morir igual, de Javier Quintas y Aman Homoudi, entre el 6 y el 20 de mayo en distintos puntos de la región.

Este miércoles echa a andar la iniciativa en el teatro Buero Vallejo, en Alcorcón (Madrid), con la participación de la alcaldesa del municipio, Candelaria Testa (PSOE); la presidenta de la asociación, María Jesús Valero y el director de cine y del documental que se expondrá, Javier Quintas.

Hace exactamente un año que murió mi madre.

Mi madre vivía en una casa llena de libros y, en sus últimos años, cuando ya no podía leer, aun entonces, se levantaba con dificultad del sillón en el que pasaba sus días y se acercaba a las estanterías para pasar su dedo por los lomos de los libros, elegir uno, llevárselo con ella al sillón, abrirlo y mantener la mirada fija en las letras durante mucho rato. A veces, muy seria y concentrada, cogía un lápiz y subrayaba la lectura. Cuando sus hijos íbamos a ver qué había subrayado con tanto empeño, veíamos que eran palabras al azar, sin ninguna relación entre ellas.

Contratar a una trabajadora interna para que se ocupara de ella, de que no quemase la casa o de que no se cayese en el baño, fue muy dificultoso. Mi madre era muy independiente y solitaria, le gustaba vivir sola. Después de años de insistencia hubo un día en que aquello fue inevitable y aquel mismo día supimos lo que nos esperaba, a todos. Según vio que la señora llegaba con unas bolsas, mi madre se las tiró al descansillo y le cerró la puerta en las narices. Porfiamos con ella un buen rato llegando incluso al encontronazo físico, lo tiraba todo al suelo y, cada vez que abríamos la puerta, mi madre la cerraba de un golpe. Fui yo la que la senté en el sillón casi de un empujón y la grité: “Es así, mamá, tienes que aceptarlo” y ella, en un terrible arranque de lucidez, dijo: “Me habéis vencido”. Y la señora que venía a ayudarnos a cuidarla pudo entrar. Después, claro, fue empeorando, y ya no bastaba con una señora, necesitaba dos o tres, para todas las horas del día y de la noche. Y eso que sus hijos (tres) íbamos todos los días a pasar horas con ella y los fines de semana enteros. Pero llegó un momento en que no podíamos moverla, ni asearla, ni alimentarla, teníamos que trabajar y, además, todos sus hijos tenemos ya más de 60 años; estamos entrando en nuestras propias vejeces. Pagar más ayuda era ya impensable. Entonces hubo que llevarla a una residencia. Ese día, aun en su estado, luchó con fiereza. Me dio un bastonazo a mí y otro a mi hermano y prácticamente la tuvimos que llevar en volandas. Creo que ese fue un día para mí más triste que aquel en el que murió.

Llegó a la residencia con la cabeza bastante entera. Al entrar dijo: “Me traéis aquí para morir, ¿no?”. Le dijimos que no, que era para que se repusiera. Después, muchos días nos preguntaba que si nos estábamos ocupando de limpiar su casa, para cuando volviera, pero llegó el día en que comprendió que no iba a volver, y lloró desconsolada. En la residencia no duró siquiera un año. La residencia nos costaba más de 4.000 euros al mes, un dinero que salía de su pensión (alta) y de lo que aportábamos los tres hermanos. Se supone que era una buena residencia, pero yo querría morir antes de tener que pasar allí un solo día. Entiendo que mi madre tuviera prisa por morirse y, aunque no tuvimos más remedio, nunca me quitaré la culpa de no haber hecho algo más por intentar que pasara en su casa, con sus cosas, sus últimos días.

Pienso mucho en las vejeces que nos esperan desde entonces. Mi primera experiencia con una residencia me hizo entender que es en la vejez —y no en la juventud— cuando las diferencias de clase, si no más evidentes (siempre son evidentes), sí se hacen mucho más dolorosas. Son lugares terribles y sólo una sociedad que no piensa en la vejez ni en la muerte ha podido naturalizar el hecho de que nuestros viejos (nosotros y nosotras mismas) estén condenados a terminar sus días allí. En algunos países nórdicos las residencias son apartamentos individuales, atendidos por profesionales. También muchos ayuntamientos proporcionan ayuda profesional que acude a las casas. No una hora a la semana, como aquí, sino 24/7. Supongo que estos servicios estarán en recesión y bajo la tensión privatizadora que sufren los servicios públicos en todo el mundo. Pero aquí hemos pasado de no tener nada a tener lo peor; para quienes no pueden pagarse un cuidado adecuado, claro. La mayoría que no puede pagar el precio del cuidado digno que necesitan y merecen sus familiares, tendrá que vender esa ansiada vivienda de los padres que esperaban llegar a tener en herencia como único patrimonio… Eso si existe.

Mi madre murió en una residencia muy cara y se supone que muy buena. Tenían a los residentes muy atendidos, el servicio médico era bueno, la decoración era agradable y la comida (para quien podía comer) era apetecible. Las enfermeras y auxiliares eran cariñosas y los trataban bien. Pero pasó sus últimos días sentada en un corro con personas desconocidas cada una con su propia enfermedad mental o su propio grado de vejez. Una chillaba, otro señor insultaba e incluso agredía, muchos eran como muebles, otra cantaba a voces y muchas, muchas personas, lloraban. Nadie hablaba con nadie, los viejos son como islas inexpugnables para los demás excepto, quizá y sólo a veces, para sus hijos e hijas. Y no tenía nada suyo a su alrededor, nada que le recordara quién era o qué había sido; ni un objeto querido, nada a lo que aferrarse. Mi madre, que llegó allí hablando y reconociéndonos, se hundió en la negrura muy rápido y, lo peor de todo, muy triste. 

Pienso mucho en esos viejos que tienen que sufrir la avaricia y la maldad de las políticas de Ayuso. Pienso mucho en las residencias de Ayuso. Pienso en esas personas que, después de toda una vida luchando y viviendo con carencias, acaban sus días comiendo comida escasa y podrida; en esos ancianos que tienen hambre y que ni siquiera pueden protestar porque les amenazan con la expulsión. Pienso sin parar en tantas familias que no tienen más remedio que ingresar a sus familiares, a sus padres o madres, y que se los encuentran con el pañal mojado porque nadie se lo ha cambiado en horas; pienso en esas trabajadoras agobiadas, mal pagadas y que aun así intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero que no llegan. Pienso en las llagas sin curar, en los que murieron ahogados en las residencias porque no les desviaron a un hospital, adonde sí enviaron a quienes pagaban un seguro médico, pienso en los que se caen por la noche y nadie los recoge hasta el día siguiente. Pienso en que Ayuso riega con millones a la empresa de su novio (que también es la suya) mientras le quita el presupuesto al servicio de paliativos, el que ayuda a morir con dignidad y el menor dolor posible.

Sé que es natural que los jóvenes no piensen en la vejez y en la muerte. Pero esta es una sociedad de hijos únicos de padres mayores que se tendrán que hacerse cargo, ellos solos, de sus progenitores… o abandonarlos a este sistema cada vez más injusto, más inhumano. A mi hijo ya le he dicho que, cuando no pueda, que me dé una pastilla, que ya lo dejo yo preparado y escrito. Mientras llega el día, la verdad es que si hay un motivo para quemar las calles es este. Los viejos que son y los viejos que seremos no nos merecemos esto. Ayuso y su novio seguro que mueren en su casa con todo el cuidado necesario. Malditos sean.

_______________

Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Isabel Díaz Ayuso presentaba esta semana una de sus medidas estrella. La presidenta madrileña ha anunciado una estrategia para ampliar la red de residencias de la Comunidad de Madrid que ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones que pelean por dignificar la atención a los mayores. El plan contempla la apertura de 40 residencias y 40 centros de día. En total, 8.000 nuevas plazas. Al menos 3.200 estarán integradas en la red pública, mientras que el resto —la mayoría— serán privadas y contarán con una inversión de 500 millones de euros. Explica el gobierno regional que a ellas se podrá acceder a través de un cheque servicio que ofrece ayuda monetaria para quien no pueda costearlas. Las familias de las víctimas de las residencias —que aun buscan justicia por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por este periódico, y no olvidan los desplantes del gobierno regional y de Ayuso durante todos estos años— recelan de que estas ayudas puedan cubrir parte de su coste.

El plan, aseguran las asociaciones, dista mucho de ser equitativo. El principal problema que ven es la abrumadora presencia de centros privados. “Hay una discriminación clara entre las personas que tienen dinero y las que no. La mayoría de las nuevas plazas serán privadas y el cheque servicio no cubre todos los gastos”, afirma Pilar Serrano, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“La colaboración público-privada no va a funcionar porque ya la hemos vivido. Cuando las residencias son públicas de gestión privada, sabemos lo que pasa: la estructura de los edificios está mal, no hay suficiente personal, tienen condiciones horribles, etc.”, retrata María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, al otro lado del teléfono. 

Desde la organización se oponen a que con dinero público se “construyan residencias cuya propiedad sea de fondos buitre o grandes empresas del sector de residencias”. Para ellas, el objetivo no es mejorar el servicio de las residencias sino por el contrario, “hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras”. 

En Marea de Residencias también ponen el foco en los riesgos de la colaboración público-privada. “Lo que se hace con este modelo es dar recursos públicos a empresas que no tienen ningún control. Se quitan de en medio a personas vulnerables y las dejan en manos privadas", asegura Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. 

Las cifras dejan ver las grietas que tiene el modelo privatizado. Algo que se hizo más evidente en la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, la mortalidad en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid fue del 7,4%. En las concertadas, la cifra se elevó a un 21,9%. Aun así, tan solo el 5,7% de las residencias son totalmente públicas. En ellas, cuentan desde Verdad y Justicia en un comunicado, imperan las “malas condiciones de vida de los residentes” además de “las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras”. 

“La presidenta Ayuso quiere ‘un pelotazo’ para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020”, denuncian desde estas asociaciones. Y critican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en favorecer políticas públicas: “La presidenta Ayuso nunca ha actuado en favor de la salud de la ciudadanía. Es una medida que, más que útil, es puro marketing político”, afirma Serrano. 

Hay muchas cosas que se han dejado fuera del nuevo plan. Se trata de acciones que, tanto para Marea de Residencias como para 7.291: Verdad y Justicia, son imprescindibles. La principal es la zonificación. “No han hecho ningún tipo de estudio. Conceden el suelo sin tener en cuenta las necesidades de las personas que están en lista de espera. Hay muchas personas que tienen a sus mayores a kilómetros y kilómetros porque no porque no hay disponibilidad en su zona y, si dices que no, no te dan alternativa: vuelves al final de la lista”, cuenta Valero. 

Pero desde 7.291: Verdad y Justicia son claros con lo que piden: 40 nuevas residencias completamente públicas, distribuidas territorialmente en función de la población y adaptadas a los criterios de acreditación, además de mecanismos de participación. 

No parece que se vaya a cumplir en el futuro cercano. Ni siquiera la región parece escuchar las demandas, ya no de las familias, sino de la Administración central. Ahora mismo, lo que impera es un acuerdo marco que muchas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se saltan. “El acuerdo se tiene que convertir en una ley marco que pueda blindar a las personas de las ganancias de las empresas. Hay muchos que se lo saltan. Por ejemplo las ratios están fijadas en 120 mayores por residencia pero en Madrid hay muchas que superan los 150”, relata Carmen López. 

“Si la presidenta Ayuso ya no cumple con el acuerdo marco, ¿cómo esperamos que cumpla con las promesas de este nuevo plan?”, se pregunta María Jesús. Por ejemplo, el plan recoge una forma de estructurar las residencias por módulos para que los mayores vivan como si estuvieran en un piso. “Esto es una utopía y el Gobierno de Madrid nunca ha facilitado las cosas. No se va a cumplir”, zanja María Jesús Valero.

La Comunidad de Madrid se engalana este sábado para celebrar su festivo regional con los focos puestos en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y en qué palabras utilizará esta vez para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ya avisaba el año pasado en infoLibre el presidente de la FRAVM Jorge Nacarino, el acto institucional por el Dos de Mayo ha pasado de ser un homenaje al levantamiento del pueblo madrileño en el año 1808 a escenificar por todo lo alto la ruptura entre el Gobierno regional y el central.

El acto de este año llega marcado, igual que en 2025, por el enfado de Ayuso ante la negativa del Ministerio de Defensa de autorizar un desfile militar en el ‘Kilómetro Cero’. ¿La respuesta? Excluir –de nuevo– de la celebración a cualquier miembro del Ejecutivo central y definir como “sectaria” la postura del Gobierno central. 

Repasamos cuáles han sido las polémicas que han marcado a lo largo de los años el Dos de Mayo y cómo esta fiesta ha servido a Díaz Ayuso para afianzar su cruzada contra Pedro Sánchez y el Ejecutivo. 

La inquina contra el Ministerio de Defensa por dejar a Madrid sin desfile en 2025 dista mucho de la estampa en plena pandemia, cuando el 2 de mayo de 2020, guardando todas las medidas de seguridad por el covid-19, Díaz Ayuso bautizaba a la ministra Margarita Robles como “la nueva Manuela Malasaña” por su labor durante lo peor de la crisis sanitaria que asoló el mundo ese año.

“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, aseguró a los presentes.

Un año después, la misma fiesta coincidió con el fin de una campaña electoral en la que la palabra más repetida fue “libertad” y en la que dedicó a Sánchez declaraciones como esta: “Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda”.

Tras estas declaraciones durante la campaña, el Dos de Mayo adquirió un tono conciliador, deseando que ese día sirviese “de paréntesis en la disputa”, pero dejando claro que dos siglos atrás "el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad", y lo hizo "por la nación entera, y no sólo por Madrid". Dos días después, Díaz Ayuso salió victoriosa al balcón de Génova tras conseguir una mayoría absoluta para gobernar la región.

Después de un año gobernando en solitario, en 2022 Isabel Díaz Ayuso llegó a la fiesta regional con toda la artillería pesada, dejando claro que Madrid es la España necesaria “frente a las ideologías totalitarias que enfrentan a unos contra otros; es la realidad abierta de unos junto a otros y que niega la confrontación ideológica en la Educación, en la familia, entre sexos, el campo y las ciudades o nuestra intimidad, que no fabrica clases sociales”. 

“El verdadero fracaso viene cuando se cede ante el terror, la mentira, el totalitarismo, o la injusticia, hasta que la confrontación o la ruptura de la convivencia se hacen inevitables”, destacó la dirigente madrileña, agregando que no iba a “perder tiempo, ni malgastar energías en batallas estériles, en confrontaciones absurdas, en iniciativas fracasadas, en gasto inútil que despilfarra el esfuerzo de los ciudadanos”. “Madrid se respeta a sí misma y por eso respeta a todos”, sentenció.

El discurso de 2022 sentó un precedente para todos los Dos de Mayo que estaban por llegar, siendo el del año 2023 la fiesta de la polémica con un gran protagonista: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La foto del día no fue ni Ayuso durante su discurso ni ninguna sobre el homenaje a los héroes de Madrid. La foto del Dos de Mayo de 2023 fue una en la que se ve a la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid impidiendo el paso a Bolaños a la tribuna de honor, lugar al que sí se le dio acceso en 2022.

Que el foco se pusiera en este hecho fue algo que enfureció a Ayuso, cuyas declaraciones sobre Madrid, la libertad y la “inmensa responsabilidad” que tiene la capital –“porque lo que pase aquí resonará en toda España”–, quedaron diluidas en la controversia.

Con más calma, pero todavía con rencor, al día siguiente la popular acusó a Bolaños en la Cadena Ser de presentarse allí para “provocar” e intentar “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo. 

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, indicó. También advirtió que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”. 

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, reiteró Ayuso. Quien sí subió a la tribuna de autoridades fue Alberto Núñez Feijóo, invitado personalmente por Ayuso, la cual subrayó que el Gobierno ya estaba representado en la tribuna con la presencia de Margarita Robles, que sí fue invitada –junto a Isabel Rodríguez, que no acudió–. Desde este incidente, Bolaños no se ha atrevido a acercarse a la Real Casa de Correos un Dos de Mayo.

El Dos de Mayo de 2024 llegó cargado de tensión por los diversos ataques entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Tras lo ocurrido con Bolaños el año anterior, el “desplante” a Díaz Ayuso en la inauguración de un tramo del AVE y la “cacería política” orquestada –según Ayuso– desde Moncloa contra su persona y Alberto González Amador, la presidenta decidió que al Dos de Mayo no iba a ir nadie del Gobierno, excepto el Delegado en Madrid, Francisco Martín, con el que la relación en los últimos años también ha ido de mal en peor.

Finalmente se instauró la tregua para celebrar la fiesta de los madrileños, y en representación del Gobierno central acudieron tanto Martín como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. 

Torres señaló su voluntad de “tender la mano” a la Comunidad de Madrid para “caminar juntos en la convivencia y la democracia” y hablar de temas como “la vivienda o el empleo”. Por su parte, Ayuso reiteró que en la región madrileña no triunfan “ni los abusos, ni las injusticias”, afirmando que su Comunidad es “la región al servicio de España” como ”siempre” ha sido porque es “la plaza mayor de todos”.

A pesar de la tregua, las críticas entre PP y PSOE se dejaron ver igualmente. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perder la ocasión de opinar que los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno “consisten en la persecución a todo aquel que disiente de Pedro Sánchez”, que “no acata los deseos del amado líder”. 

Por su parte, fuentes socialistas hicieron hincapié en la ausencia de Núñez Feijóo, incidiendo en que “los grandes nombres del Partido Popular” han dejado “sola a Isabel Díaz Ayuso en uno de sus días grandes por excelencia”. “Tiene un aluvión de preguntas sin responder, una pareja delincuente confeso por delito fiscal y una casa en la que reside que no sabemos si se está pagando con dinero del fraude fiscal”, agregaron.  

Esta calma tensa volvió a romperse en 2025, cuando desde Defensa decidieron suprimir el desfile militar, habitualmente desplegado el día de la fiesta de la comunidad, y Ayuso, sin echarse atrás como el año anterior, denegó la invitación a cualquier ministro y no se quedó corta con las “puyitas” en su discurso.

"A nosotros nadie nos encierra, nos apaga, ni nos deja en evidencia ante el mundo. (...) Si alguien duda de que España es así, que se venga a Madrid, y escuche por sus calles esta misma forma de ver la vida, en todas sus formas", espetó. 

Todo hace presagiar que, este sábado, Díaz Ayuso volverá a valerse del acto institucional del Dos de Mayo para ejercer una crítica mordaz contra el Gobierno central disfrazándola de la gran fiesta de los madrileños.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso afronta su último Dos de Mayo antes de la precampaña de las autonómicas del próximo año. l

Le acompañará el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, señalan fuentes de la formación conservadora a infoLibre. La dirigente que convirtió la confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su seña de identidad, llega a la fiesta de la Comunidad con menos presencia mediática que en otras ocasiones. La cita funciona, además,  como antesala de una campaña larga hacia 2027, en la que Ayuso espera reeditar su mayoría absoluta, aunque el desgaste por la situación procesal de su entorno más cercano empieza a pesar. 

Desde su pareja pasando por su jefe de gabinete. Sus colaboradores más cercanos están vinculados a investigaciones, polémicas o causas que han terminado erosionando el relato de una dirigente que siempre ha intentado separar su figura de los problemas judiciales de quienes la rodean. A ello se suma la crisis interna derivada del caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles que presuntamente encubrió, el cese de su consejero de educación, Emilio Viciana, la posterior rebelión de los pocholos y la presión de Vox.

Hasta ahora, una de las claves del éxito de Ayuso es que apenas se hable de su gestión ni de los problemas que atraviesa la comunidad que dirige con una cómoda mayoría absoluta desde 2023, entre ellos los precios de la vivienda, las listas de espera en sanidad y las ratios en la educación pública. Desde su llegada a la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid se ha convertido en un espejo del Congreso, mientras ella ha construido una imagen de liderazgo hipermediatizado basada en la polarización y la victimización.  

El hecho de que una  jueza decidiera enviar al banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros impactó de manera directa en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento puso recursos del Gobierno autonómico al servicio de la defensa de su novio, empezando por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, siempre ha presentado la investigación contra el empresario con el que convive como una persecución política por ser ella quien es, y no por lo que supuestamente ha hecho González Amador. Pero su situación también le compromete.

Actualmente, la pieza separada, que deriva de la principal –la que versa sobre el fraude fiscal–, se mantiene en stand by a la espera de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que se encargó hacer averiguaciones en relación a una operación de compraventa societaria que podría esconder, a ojos de la Fiscalía, una comisión encubierta a un directivo del grupo sanitario Quirón. Un informe que, más de medio año después, sigue sin llegar, lo que puede retrasar la fijación de la vista y resolución hasta después de las elecciones autonómicas del próximo año, previstas para el mes de mayo.

Tampoco se libra Miguel Ángel Rodríguez de su cita con los tribunales, su jefe de gabinete, el arquitecto comunicativo del ayusismo, capaz de convertir cada crisis en una batalla cultural y cada denuncia en munición contra Moncloa. Su citación como investigado por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en el caso González Amador no ha sentado nada bien en Sol. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a investigar cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos al jefe de gabinete de Ayuso, y el juzgado lo ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de mayo.

Además, hace solo dos semanas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y mano derecha de Ayuso, declaró como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. Serrano subió a X una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delincuencia, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares. Durante su declaración, aseguró que la foto le llegó por mail y que la publicó sin leer siquiera el encabezado.

Solo un día después de la declaración de Serrano, la Fiscalía envió un escrito al juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que se diera impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta". Según el testimonio de la concejal, la cúpula del PP madrileño, con Ayuso a la cabeza, encubrió el caso y mantuvo al alcalde en el cargo. Tras conocerse la denuncia, Bautista se ha negado a abandonar el consistorio con el visto bueno de Ayuso y su núcleo duro.

En los últimos meses, Ayuso ha lidiado con su peor crisis interna de la legislatura tras el cese del consejero Emilio Viciana. La versión oficial fue que la presidenta madrileña lo apartó por su incapacidad para consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana. Sin embargo, desde la oposición siempre han mantenido que su salida tuvo que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la Consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos.

Al cese de Viciana le siguió la dimisión de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como los pocholos, lo que fue todo un shock para un partido acostumbrado al orden. Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había "formado"' en su compañía de teatro.

Tras estas salidas se produjo la dimisión del propio Castillo Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño aunque no tenía despacho alguno en Sol. Según aseguró él mismo en redes sociales, detrás de la campaña en su contra se escondía Miguel Ángel Rodríguez, aunque desde su entorno negaron haber tenido trato con él.

Vox también supone una amenaza para la presidenta madrileña. Durante años, Ayuso neutralizó a la extrema derecha absorbiendo parte de su tono y presentándose como una versión más eficaz, institucional y ganadora de esa batalla cultural hasta el punto de lograr una mayoría absoluta que les dejó fuera de juego en las últimas autonómicas. Pero la formación ultraderechista ha cambiado de estrategia y acusa a la dirigente del PP de haber abandonado a los madrileños de los barrios y de apostar por el “Madrid de todos los acentos” frente a la “prioridad nacional”. 

Con perfiles como el del diputado Carlos Hernández Quero, Vox busca atacar a Ayuso desde el malestar social en los barrios y municipios del sur de Madrid y por eso ha lanzado la campaña "Madrid Sur en Pie". El partido presenta a Quero como una cara distinta a la de Rocío Monasterio, anterior cabeza visible en la comunidad, pero compatible con la de Isabel Pérez Moñino, actual portavoz, menos vinculada a la élite tradicional de Vox y más centrada en vivienda, empleo y jóvenes expulsados del mercado inmobiliario.

El objetivo último de Vox es acabar con la mayoría absoluta de Ayuso en 2027 y recuperar relevancia en Madrid. En Génova creen que la presidenta madrileña puede mantener su mayoría, pero consideran que “no está garantizada” y por eso creen que se mostró tan combativa con la idea de “prioridad nacional” presente en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón. La presidenta de la Comunidad de Madrid busca distanciarse de los ultras sin renunciar a dar determinadas batallas.

A ese pulso externo con Vox se suma una lectura interna en el PP: el espejo de Juanma Moreno. El equipo de Ayuso mira de reojo la estrategia electoral del presidente andaluz, que intenta contener a Vox evitando el choque y presentándose como un gestor institucional mientras que Ayuso representa la vía dura, la de la confrontación permanente con Sánchez, la polarización ideológica y Madrid como fortín nacional de la derecha. Mucho se ha escrito sobre sus aspiraciones nacionales, pero en Génova consideran que, “cuanto más tiempo pase”, más difícil tendrá alcanzar La Moncloa pese a que su entorno “así lo quiere”.

La prueba de que a Ayuso le preocupa lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo año es que el PP de Madrid ha enviado una carta a los cerca de 90.000 interventores y apoderados que participaron en la campaña de 2023 para pedirles que estén "más vigilantes que nunca" ante un PSOE al que presentan como "capaz de todo". La misiva, adelantada por Artículo 14, vincula el voto por correo, regularizaciones y nacionalizaciones con el riesgo de alteración del censo.

La misiva está firmada por Serrano, la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario de agentes electorales, Juan Peña, y piden a los suyos un “ejército de agentes electorales” para ser “más ambiciosos” y “cubrir todas las mesas con interventores para “teñir de azul los colegios”. “A todos nos une una pasión, Madrid, y una pesadilla que se llama socialismo”, arenga a la militancia para que, tras los próximos comicios, la Comunidad siga siendo “libre, próspera y abierta”.

La expresión “vivir del cuento” define el modo de vida de quienes subsisten sin trabajar, sin esforzarse, valiéndose de engaños, de triquiñuelas o de terceros (familiares o amistades), y llevan una vida parásita como la cigarra de la fábula de Esopo. Se trata de una aspiración de quienes buscan una salida rápida de una realidad que les impide acceder a todo lo que los mercados ofrecen y su situación económica les niega. Otros viven del cuento por herencia, linaje u otras circunstancias. Son formas de vida propias del género picaresco.

La picaresca mantiene en el siglo XXI muchos rasgos que despuntaron en el siglo de Oro como propios del antihéroe de baja estofa (Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache) que se valía del ingenio y de la astucia para sobrevivir en una sociedad hipócrita y corrupta. Los siglos XVI y XVII vivieron la decadencia de la hidalguía y de valores como el honor, circunstancia reflejada en el tercer amo de Lázaro que, simulando nobleza y riqueza, vestía elegante y cuidaba su aspecto a pesar de vivir en una miseria extrema, manteniendo las apariencias y prefiriendo con orgullo clasista morir de hambre a la deshonra de trabajar.

Hay pícaros en todos los estamentos sociales de esta España hipócrita y corrupta que reclaman como virtudes propias lo que no son sino vicios, delitos y pecados cuando son otros quienes los practican. La decadencia de la patria, de sus gentes y sus valores, reproduce un ambiente de patio de Monipodio donde medran rufianes y bribones, políticos y desafectos, currantes y patrones, palurdos e ilustrados, inopes y ricachones, plebeyos y borbones, con la complicidad de alguaciles, la anuencia de justicias, la bendición del clero, el aplauso de voceros y la algarabía de pregoneros. Patio de Monipodio corrupto y podrido.

Diera la impresión de que el político es el ámbito con mayor concentración de pícaros y bribones. Soto del Real pudiera ser prueba de que funciona el Estado de Derecho si no quedase fuera el grueso de la pillería y si quienes entran lo hiciesen sin ventajas. Pero dejen a un lado a reos, convictos y penados y observen a quienes viven del cuento con maestría, aparentando valía para desempeños por encima de sus posibilidades y más allá de un talento por lo común escaso. Son modelos y ejemplos de ello Abascal y Ayuso.

El primero llegó al PP con 18 años, comenzando sus andanzas como concejal y procurador de las Juntas de Álava hasta ascender a diputado del Parlamento Vasco en sustitución de compañeros. Tras breve aprendizaje, desempeñó cargos en el partido que le llevaron al de director gerente en un chiringuito de Aguirre hasta que fundó Vox, invento de FAES para forzar la derecha sin complejos exigida por Aznar, donde vive del cuento este caudillo de limitadas mientes manejando las opacas cuentas del partido, purgando a su militancia díscola y ofreciendo una panoplia de odios sectarios como único y violento programa.

Ayuso llegó al PP en 2005. Su carrera política y los pelotazos en sus entornos cercanos han sido fulgurantes. Vive del cuento en el PP madrileño donde la han usado lo mismo para llevar el área virtual del partido que el Twitter del perro de Aguirre. Candidata por descarte, una carambola electoral a tres bandas la hizo presidenta de una institución con acreditada tradición en corrupción. Sabedores en Génova 13 de su incompetencia para elaborar discursos y atender a la prensa sin chuletas, le han puesto una dipsómana niñera de canosa barba y colmillos retorcidos. Como Monipodio, a la pícara de Chamberí le gusta rodearse de vividores del cuento como un tal González Amador, Nacho Cano o Toni Cantó.

_______________

Verónica Barcina es socia de infoLibre.

¿Mónica García o Emilio Delgado? Más Madrid, camino de unas primarias muy enconadas. Pero este proceso no va sólo de nombres para encabezar la candidatura para las elecciones autonómicas del próximo año, sino que también tiene un potente trasfondo político sobre el modelo de partido y el futuro de la izquierda.

Más Madrid está en un momento determinante para este joven partido, que nació en 2019, pero que desde 2021 se aupó como líder de la oposición frente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que hasta ahora no había prendido en la comunidad: un espacio a la izquierda del PSOE con carácter regionalista y con implantación municipal pero sin dirección federal ni réplicas en otras comunidades. Una herramienta que se ha mirado en el espejo de opciones como Compromís.

Las elecciones del próximo año son vitales para la formación, que medirá su fuerza para seguir liderando el espacio progresista ante un PSOE que quiere revertir el sorpasso y que ha apostado por una candidatura encabezada por Óscar López, ministro de Transformación Digital y una de las figuras con más peso político del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y detrás de las primarias de Más Madrid está también el debate de fondo que sacude a la izquierda desde hace meses: adecuar el discurso para llegar a un público que se ha desconectado de los progresistas (como los hombres jóvenes) o reforzar la lucha para defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ en un momento de avance de la ola de ultraderecha.

Delgado lleva tiempo insistiendo en la tesis de que la izquierda ha dejado un espacio abierto a la ultraderecha obviando a sectores de la población al señalar, por ejemplo, a los hombres que van a los gimnasios. Los partidarios del portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea creen necesario hacer un discurso más integrador y de lucha de clases frente a las clásicas críticas a los gymbros que salpican las intervenciones, por ejemplo, de Rita Maestre, líder en el Ayuntamiento.

Esos postulados de Delgado han causado rechazo por su enfoque en muchos sectores de Más Madrid. En una entrevista en febrero, el político incendió a parte de su partido cuando contestó de esta manera a la hora de abordar la cuestión LGTBI: “Creo que durante mucho tiempo ha habido mucha gente que ha estado invisibilizada y que no podía permitirse ser ella misma. Y han estado absolutamente metidos en un rincón de la historia y castigados. Y hay que hacer visible a toda esa parte de la población y tiene que tener sus derechos absolutamente reconocidos”.

Para añadir: “Hay que hacerlo de tal manera que hagamos visible lo que ha sido invisible hasta ahora sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible, es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad. Y en esto no siempre acertamos. ¿Qué tiene la izquierda que decirle a los chicos varones, por ejemplo, o a los señores mayores, para que sientan que también se están teniendo en cuenta los problemas específicos que tienen? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos hombres que creen que para ser feminista tienen que renunciar a su propia masculinidad y creo que la izquierda tiene que hacer un trabajo importante ahí y decir que no, que hay masculinidades muy distintas y de lo que se trata es de que todas sean respetuosas con cualquier otra expresión identitaria, sexual o de género”.

Estas palabras fueron criticadas por referentes del colectivo que tienen un papel político e institucional destacado en Más Madrid. La diputada Jimena González dijo que estas declaraciones eran un disparate: "Sé que está lejísimos del sentir y de la posición de Más Madrid. Comprar el marco del reemplazo y aplicarlo a la visibilidad LGTBIQ+ es una torpeza inmensa". La senadora Carla Antonelli también lamentó las palabras de su compañero de partido, que pidió disculpas posteriormente.

Ese debate no se limita solo a Más Madrid, sino que se extiende por la mayoría de formaciones de izquierdas. Esa división se palpó también a raíz del acto de Delgado con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, en la sala Galileo de Madrid. Por un lado, generó mucha ilusión por zarandear el tablero político, pero también tuvo críticas entre sectores de la izquierda por la imagen de “dos hombres diciendo lo que tiene que hacer el espacio”, como señala una dirigente de izquierdas.

Además, existe un debate interno entre muchos dirigentes del espacio de la izquierda: ¿el espacio progresista va a renunciar a mujeres candidatas para tratar de subir votos entre los hombres jóvenes? Por el momento, a nivel nacional, el espacio de Sumar no ha elegido a su número uno tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir. Los grandes partidos irán con hombres: PSOE (Pedro Sánchez), PP (Alberto Núñez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal). La única formación que por ahora ha escogido a una mujer es Podemos con Irene Montero. Una candidatura que se encuentra a la espera de saber qué sucede al final con las negociaciones para una confluencia de izquierdas.

En muchos espacios de la izquierda se rechaza comprar ese marco de la ultraderecha de que hay una excesiva representación de mujeres y de personas LGTBIQ+ frente a los hombres heterosexuales en las instituciones. Estos dos grupos de votantes fueron esenciales para que la izquierda lograra conservar el Palacio de la Moncloa tras las últimas elecciones generales. 

Aunque se avanza en igualdad, los datos evidencian que no existe ese ‘reemplazo’. En el Congreso, por ejemplo, hay 194 diputados frente a 156 parlamentarias. En el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez a la cabeza, se sientan trece hombres frente a diez mujeres. Asimismo, en el Gobierno sólo hay un miembro reconocido LGTBI (Fernando Grande-Marlaska). 

Las primarias de Más Madrid prometen muchos titulares. Por los nombres. Por los votos. Por el censo. Pero, detrás de ellas, hay un debate que la izquierda todavía no ha resuelto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año, informa Efe.

García ha hecho este anuncio en la III edición de la verbena La Madrileña, organizada por el partido en el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

La decisión de Mónica García cuenta con el respaldo de la coalición Sumar, en la que está integrada Más Madrid a nivel nacional. Fuentes del movimiento han destacado que no hay mejor candidata para disputar la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso y han asegurado que Sumar se pone "dese ya" a la orden de Más Madrid para "desalojar" al PP "de una vez por todas" de las instituciones madrileñas.

La ministra ha asegurado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso".

"Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha subrayado en alusión a la derrota del ultraderechista, Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. Se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitres".

"El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".

Para la dirigente de Más Madrid, el "daño" que ha hecho la presidenta popular es "imperdonable" y, por eso, "la próxima estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno". Ha asegurado que lograrlo "no es imposible" y ha destacado que en sus años como médica y ministra ha aprendido que si se quieren cambiar las cosas, hay que ir a la raíz de los problemas, "remangarte" y "hacerte cargo".

"Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Ha incidido en que el futuro "no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras" y ha añadido que si en Más Madrid pensaran que fácil conquistar ese futuro, "estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre".

En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil, según recoge EFE.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado a través de su gabinete de prensa que "la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno".

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han añadido fuentes municipales, aventurando una querella por "vulnerar su honor".

El delegado del Gobierno, en su comparecencia ante los medios a la salida del Ayuntamiento, ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Bautista descartó nuevamente el pasado lunes su dimisión después de que la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles haya admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

El delegado del Gobierno por su parte ya había advertido a lo largo de esta semana que esperaba que Bautista no estuviera ya en la Junta Local de Seguridad prevista para este viernes, ya que considera "absolutamente impresentable que el alcalde de Móstoles siga en su asiento" después de las acusaciones de acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la reunión comenzaba esta mañana de viernes, en torno a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles con Manuel Bautista al frente, algo que para el delegado del Gobierno "nunca había debido de producirse", según ha explicado Martín al término de la reunión.

"Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha añadido. El delegado del Gobierno ha denunciado también "el lamentable amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

Seis años después, todavía no hay justicia. Tampoco reconocimiento. Sin embargo, los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid no desisten y, año tras año, siguen recordando lo que fue “una matanza”. Este sábado, Marea de Residencias ha convocado un acto en la madrileña plaza de Juan Goytisolo a las 12:00 horas. Allí, se realizará una performance para “romper el muro de cristal del olvido”. Con ello, quieren denunciar la crueldad de unos protocolos que dejaron morir a 7.291 personas. Algo que la justicia todavía no ha subsanado. 

Es una protesta, sí, pero también mucho más, según cuentan al otro lado del teléfono. “Es recordar. Para nosotras la memoria es lo más importante. Sabemos que nuestra lucha es algo muy difícil, pero creemos que una batalla ganada es poder seguir recordando lo que pasó y que nadie lo olvide”, explica Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. “Cada año, queremos recordar que no vamos a tirar la toalla y que seguiremos persiguiendo la justicia que todavía no ha llegado. Vamos a estar ahí”, añade. 

Contarán con la ayuda de las actrices Ana Fernández, ganadora de un Goya, y Andrea Guardiola, que pondrán su voz al servicio de la memoria y recitarán varios poemas, todos ellos con una raíz principal: el edadismo. Es precisamente esto lo que, señalan, ha hecho que sus reivindicaciones tuvieran menos impacto en la opinión pública.

Justo después, uno de los familiares, miembro de Marea de Residencias, leerá un manifiesto para reclamar la reparación de las familias, en forma de justicia y reconocimiento por lo sucedido. Después de ello, la plaza se sumirá en el silencio más absoluto durante un minuto en honor de aquellos que fallecieron en las residencias durante el covid. 

7.291. Es el número de mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un número que se ha vuelto grito en manifestaciones, símbolo de resistencia y antídoto contra el silencio. Un número que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de “inventado” por unas plataformas a las que ha llamado “resentidas”. 

Los llamados Protocolos de la Vergüenza, revelados por infoLibre, se crearon en el seno de su gobierno. Carlos Mur, en ese momento director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, firmó un plan de actuación que establecía unos criterios de exclusión que llevaron a lo que, desde Marea de Residencias, califican de “barbarie”. 

Según esos criterios, se impidió que los usuarios de residencias fuesen trasladados a los hospitales si tenían covid o estaban enfermos por otros motivos. Solo había una excepción: que las personas tuvieran la posibilidad de ir a un centro privado. 

La investigación judicial también continúa, aunque a paso lento. No fue hasta diciembre de 2025 cuando varios responsables fueron imputados: Francisco Javier Martínez Peromingo, exalto cargo del Gobierno de Ayuso y uno de los ideólogos de los protocolos; Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112. Los dos últimos ni siquiera acudieron a la cita. El primero reconoció que los protocolos eran “discriminatorios”. 

“No fue un error, fue algo que se hizo a conciencia, se reconoció desde el minuto uno: donde iba a haber más vulnerabilidad iba a ser en las residencias. Por las propias características de los espacios, era el sitio más peligroso. Sin embargo, sabiendo esto, se les negó la ayuda”, resume Carmen López. 

Después de todo y a pesar de las críticas acumuladas, la presidenta Ayuso ganó las elecciones de 2021 con mayoría absoluta. En 2023 sucedió lo mismo. Algo "doloroso" para las familias y que desde Marea de Residencias achacan a que la ciudadanía "no conoce o no quiere conocer" lo que pasó. “Es absolutamente necesario que haya justicia, porque la sociedad no sabe lo que realmente se ha hecho con estas personas. No puede ser que quien no quiera saberlo no se entere”, reiteran desde la plataforma.

Tampoco la justicia ha estado de parte de los familiares. Las investigaciones contra los responsables tienen constantes demoras, notificaciones que nunca llegan y, en términos de investigación, tampoco se ha llegado a mucho. “Lo que quieren es que nos cansemos, que nos aburramos y que pasemos. Retuercen nuestro dolor en la Asamblea de Madrid diciendo que hemos pasado página. Es imposible pasar página de esto, porque cuando se muere un ser querido de esta forma, eso no se olvida nunca”, asegura la portavoz.

Pero no son solo ellos. “Estamos hablando siempre de una cifra de 7.291 personas que murieron dentro de las residencias, pero es una cifra oficial del portal de transparencia. Nosotras creemos que se están quedando cortas. No hablamos de los que fallecieron en hospitales porque fueron derivados tardíamente por decisiones políticas. Y en realidad la cifra oficial es 9.468. Es escalofriante”, sostiene Carmen López Llorente.