La exministra Carmen Montón será la nueva embajadora observadora permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

El nombramiento de que fuera ministra de Sanidad y Bienestar Social con el primer gobierno de Pedro Sánchez ha sido aprobado este martes por real decreto en el Consejo de Ministros.

Montón dimitió como ministra tras las informaciones difundidas por irregularidades en el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos y de un posible plagio en su Trabajo de Fin de Master (TFM).

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha detectado una serie de irregularidades tras la auditoría realizada en el Centro Integral de Formación Permanente y ha remitido estas conclusiones a la Fiscalía para que decida si abre una investigación, según informa Europa Press.

Así lo avanzó ayer el rector de la URJC, Javier Ramos, durante la celebración del claustro de la universidad para informar de las conclusiones de la labor de auditoría que se ha realizado en los centros de la institución.

El informe de auditoría ha corroborado las sospechas de irregularidades contables en este organismo cuyo informe se remitirá al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid que instruye la causa por presunta malversación en el Instituto de Derecho Público (IDP), tal y como denunció la propia URJC. Y es que el IDP fue el centro en donde se produjo el escándalo del caso máster por el cual dimitió la exministra de Sanidad, Carmen Montón, y por el que está siendo investigada la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 

En el caso del Centro Integral de Formación Permanente de la URJC, la auditoría ha detectado una serie de incumplimientos de la normativa y de las funciones de control de gasto que podrían implicar un "grave" perjuicio para las arcas de la propia universidad.

Por tanto, se ha remitido esa información al Ministerio Público para que decida si es pertinente abrir una investigación para depurar posible comisión de delitos.

Las mismas fuentes han detallado, por ejemplo, que este centro compartía dos trabajados con el extinto IDP. El Centro de Formación Permanente organizaba cursos no oficiales en colaboración con empresas externas.

La URJC ha iniciado ya un proceso de transformación de este centro para que sea de gestión interna de cara a desplegar actividad formativa propia de la universidad.

Desde la institución se procedió a hacer una auditoría de todos sus centros, con especial atención a los que tenían CIF propio como se detectó en el IDP. Así, se revisó también el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, donde el estudio perifial ha determinado que todo está correcto.

La universidad que dirige Javier Ramos con estas auditorías ha completado todo el proceso de escrutinio de los centros propios y adscritos de la URJC, con lo que se inicia "una nueva etapa", han enfatizado las mismas fuentes.

La exministra de Sanidad Carmen Montón se declara "contenta" y "satisfecha" tras el archivo de la causa que se abrió contra ella por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Estoy contenta de que todo haya terminado y de que se confirmen las explicaciones que di", ha indicado Montón, quien dimitió en septiembre por este asunto. Informa Europa Press.

En declaraciones a las puertas del Congreso, la socialista ha recalcado que la Justicia ha determinado lo que ella sostuvo "desde el primer momento", es decir, que no cometió ninguna irregularidad, ni ningún delito y que no hubo ningún trato de favor hacia su persona. "No sólo la jueza en su auto, que es lo más importante, sino que tanto la fiscalía como la propia universidad corroboran las explicaciones que di", ha aseverado Montón.

La exministra ha remarcado que siempre quiso explicarse "de manera honesta y transparente" y que dimitió para no influir en la acción del Gobierno, renunciando también al aforamiento que tenía por ser ministra para "ser tratada como cualquier ciudadano normal y corriente" ante la Justicia "ordinaria". "Hoy, que todo ha terminado, la verdad es que estoy ciertamente satisfecha. Hoy para mí es un buen día", ha confesado Montón, quien, no obstante, ha rehusado especificar si cree que a los políticos se les pide la dimisión con mucha premura y si se debe acordar en qué momento deben dejar sus cargos cuando surgen sospechas sobre su actuación.

Montón diferencia su caso del de otros

"Cada uno tiene que poner el listón en un nivel, cada uno tiene que marcar la diferencia y en mi caso creo que se marcó", ha dicho, volviendo a remarcar, aunque sin citarla expresamente, las diferencias entre su actitud y la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien precisamente este miércoles ha sido imputada por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster que dijo haber cursado también en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Dimití, renuncié al aforamiento, ofrecí todas las explicaciones desde el primer minuto, la propia universidad ha pedido que se archive el caso, no encuentra tampoco ningún indicio de irregularidad y acredita la existencia de actividad académica. Por tanto, digan ustedes si es lo mismo", ha zanjado.

La negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el máster que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha derivado finalmente, casi dos meses más tarde, en el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de Madrid y por hechos casi idénticos contra Carmen Montón, quien dimitió en septiembre tras su efímera estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La jueza que el día 21 de ese mes decidió investigar a Montón y que este miércoles acaba de dictar el archivo provisional de las actuaciones contra la exministra es la misma que había pedido al Supremo la imputación de Pablo Casado, que goza de aforamiento ante el alto tribunal por su condición de diputado. Titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la URJC diversos documentos sobre el máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género cuya titulación obtuvo la exministra de Sanidad en el curso 2010-2011. El objetivo de aquel requerimiento era decidir a la vista de los documentos sobre el futuro de esas diligencias.

El auto de Rodríguez-Medel, muy escueto, se limita a dejar constancia en su único fundamento de derecho lo siguiente: "Habiendo informado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en el sentido de interesar el sobreseimiento al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna, en base al principio acusatorio procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el art. 779.1 en relación con el art. 641, 1º de la LECrim".

Como ya publicó este periódico basándose en el análisis de fuentes conocedoras del caso, el carpetazo del Supremo a investigar al líder del PP –carpetazo acordado pese a admitir que todo apunta a que recibió un "trato de favor"–  se saldó primero con el archivo de las diligencias que afectaban a otros alumnos en las mismas circunstancias que Casado e investigados por prevaricación y cohecho. Y auguró desde el primer momento que también la exministra de Sanidad saldría ilesa de la investigación emprendida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tras recibir una denuncia anónima. Los únicos que quedan imputados, pero por falsedad documental, son la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y los miembros de la URJC involucrados en la supuesta falsificación del acta sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Montón dimitió como ministra el 11 de septiembre. Dos días antes, eldiario.es había publicado que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se benefició de un trato de favor para la obtención de un posgrado impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.

La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local –el que logró Pablo Casado– sino el ya mencionado sobre Estudios Interdisciplinares de Género.

El Supremo rechazó la solicitud de imputación de Casado, cursada por la jueza en lo que se conoce como una exposición razonada, pese a reconocer la existencia de indicios de "trato de favor". El auto que salvó al líder del PP lo presentaba como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según la resolución judicial, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

La fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que no investigue a la exministra de Sanidad Carmen Montón en relación a las diligencias que abrió por delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), informa Europa Press.

El pasado septiembre, la magistrada incoó diligencias previas a raíz de una denuncia anónima y pidió a la universidad documentación sobre los estudios de postgrado de la exministra socialista.

Tras la apertura de diligencias, dio traslado a la fiscalía para que se pronunciara al respecto. Ahora, el fiscal entiende que Montón no debe declarar como investigada. La juez ya ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre esta petición.

Tras estallar el caso, Carmen Montón presentó su dimisión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo su "honestidad" y asegurando que no había cometido ninguna irregularidad.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, apuesta por que la futura Ley de Universidades que prepara el Gobierno incorpore un "órgano externo" o "parcialmente externo" para "detectar cualquier tipo de irregularidad" y evitar así casos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.

Para el titular del departamento, "es muy difícil saber cómo se va a perfilar" esta futura Ley por la transferencia de las competencias entre comunidades autónomas en materia de educación, pero sí ha asegurado que debería contemplar una mayor "corresponsabilidad entre universidad y sociedad".

"Es lógico que uno de los cambios sea una mayor participación del tejido social en la definición de qué es y lo que tienen que hacer las universidades, qué estudios son necesarios y qué camino deberíamos seguir", opina Duque, que apunta que el Ministerio "seguramente" incluirá "algún tipo de mecanismo" para que la sociedad pueda aportar ideas con el objetivo de influir en el funcionamiento "positivo" del sistema.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, Duque ha vuelto a decir que es "injusto" el tratamiento informativo que ha recibido el sistema universitario a raíz de los casos de Cifuentes, Casado y Montón, y ha insistido en que estos son "casos puntuales". "El sistema no está sujeto a ningún problema de los que se ha informado", ha añadido. "Espero que no hayamos tenido un mazazo universal, una vez el pico de información haya remitido, probablemente la universidad seguirá teniendo el prestigio que merece", sostiene Duque.

Según indica, España tiene actualmente "las mejores universidades" de su historia y para mantener ese nivel es necesario "rehacer, cambiar, modificar, el modelo de universidad". Otra de las medidas que ha destacado del ámbito universitario guarda relación con el acceso a la universidad. Así, ha señalado que "para no perder ningún talento ni por procedencia ni situación económica", su departamento está trabajando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en una reforma del modelo de becas.

Montón dimitió como ministra al trascender que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se había beneficiado de un trato de favor para la obtención de un máster impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.

En el auto de incoación de diligencias, Rodríguez-Medel solicitaba a la URJC diversos documentos que aún no han llegado a su mesa. Una vez los reciba, lo previsible es que la jueza se dirija a la Fiscalía y recabe su opinión. Pero, según las fuentes jurídicas consultadas, la similitud entre los hechos que la exposición razonada atribuía a Pablo Casado con los que han originado el sobreseimiento en bloque de la investigación a los otros alumnos y con los que sostiene la denuncia contra Montón, "lo raro sería que la investigación contra la exministra siguiera adelante".

La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local sino otro sobre Estudios Interdisciplinares de Género.

Esta mañana, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel Nieto, ha dictado el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

Por ello, mantiene como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela, todos ellos por el delito de falsedad documental.

En el auto, fechado a 1 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza destaca que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Como explicó infoLibre tras conocerse el auto del Supremo, éste reconocía la existencia de indicios de "trato de favor", pero presentaba a Casado como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según el auto, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

La preocupación es evidente en las filas del PSOE pero la presión del PP, de Ciudadanos y de sus aliados mediáticos, que desde hace varias semanas tratan de ahogar al Gobierno con una ofensiva que busca poner en entredicho la credibilidad de todo el Ejecutivo y que, en su fase más reciente, se ha centrado en el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Justicia y el ministro de Ciencia e Innovación, está teniendo el efecto contrario. Los socialistas cierran filas ante lo que consideren una coalición de “las cloacas del Estado” y una versión actualizada de lo que en los noventa se conoció como “el sindicato del crimen”: una alianza de periodistas y políticos dirigida a derribar el Gobierno de Felipe González.

La noticia de Okdiario sobre la sociedad patrimonial que el ministro Pedro Duque creó cuando era astronauta para gestionar dos viviendas en España mientras él y su esposa —diplomática de profesión— vivían en el extranjero ha enfadado a los socialistas y ha colmado la paciencia de muchos de ellos, que desde hace ya varios días asisten con estupor a la repercusión mediática que están teniendo las grabaciones hechas hace nueve años a la ministra Dolores Delgado viniendo, como vienen, del excomisario José Manuel Villarejo, al que todos consideran el epítome del chantajismo político.

La sucesión de informaciones que tratan de comprometer la trayectoria de los miembros del Gobierno ha sido particularmente intensa desde que el líder de Cs, Albert Rivera, introdujo en la agenda pública la supuesta existencia de dudas en torno a la tesis de Pedro Sánchez, provocado así una tormenta política que se ha prolongado hasta ahora, alimentada primero con las grabaciones de Delgado, y después con las acusaciones contra Duque.

A diferencia de los ocurrido con la titular de Sanidad, Carmen Montón, a la que Sánchez acabó dejando caer después de que Eldiario.es diese a conocer un supuesto trato de favor en un máster expedido por la controvertida Universidad Rey Juan Carlos, el PSOE y el Gobierno han tomado conciencia de que la ofensiva para sacar a los socialistas de la Moncloa no va a remitir. Todo lo contrario. Se sienten víctimas de una cacería y no están dispuestos a conceder más piezas al adversario, especialmente si la munición viene de Villarejo o la materia que alimenta el incendio es tan endeble como, aseguran, es la que trata de quemar al ministro de Ciencia e Innovación.

“Hay que pasar olímpicamente”, sostiene gráficamente un parlamentario del PSOE poco sospechoso de ser indulgente con el sanchismo. Lo único que pretenden es desalojar “a cualquier precio” a Sánchez del Gobierno para “devolvérselo a la derecha”, que sigue “sin digerir” la moción de censura que les sacó de la Moncloa con una mayoría en el Congreso más holgada que la que había conseguido Mariano Rajoy. Una actitud en la que observa además rasgos de la peor derecha, la de José María Aznar, y su falta de escrúpulos a la hora de poner los medios que sean necesarios para recuperar el poder.

Intento de chantaje

La sensación en las filas del PSOE es, sobre todo de “indignación”, asegura otra fuente con escaño en el Congreso y asiento en la Ejecutiva del partido. Con el PP y con Ciudadanos pero también con la prensa que, asegura, está prestándose a servir de soporte a la estrategia de Villarejo. “Es un intento de chantaje” en toda regla, sostiene otro dirigente socialista por parte de una derecha que “no tolera el cambio de Gobierno” y sigue sin asumir el resultado de la moción de censura.

El cierre de filas en el PSOE es total, aunque algunas voces, pesimistas pero minoritarias, piensan que no habrá más remedio que anticipar las elecciones y hacerlas coincidir con el superdomingo electoral del próximo 26 de mayo en el que ya está previsto renovar los ayuntamientos, las asambleas autonómicas de trece comunidades y el Parlamento Europeo. Un escenario que algunos consideran más favorable que intentar prolongar la legislatura hasta 2020.

En ese objetivo insistió una vez más Sánchez en una entrevista con la agencia Reuters en Nueva York, donde se encontraba este jueves para participar en la asamblea anual de Naciones Unidas. “Si se prioriza la cooperación para hacer políticas sociales”,declaró, “creo que podemos aguantar hasta 2020 y hacer transformaciones en la sociedad”. Un objetivo sobre el que únicamente reconoció, hipotéticamente, una sombra potencial: si el independentismo catalán “prioriza el conflicto en lugar de la cooperación, la legislatura en España ha terminado y habrá elecciones”.

En cualquier caso, en el Gobierno tienen “clarísimo” que los acontecimientos de los últimos días responden a una “maniobra política” dirigida a desgastar al Sánchez y a su equipo. Saben además que la tormenta, que consideran artificial, no va a amainar, pero aún así se disponen a seguir adelante. Describen lo que está pasando como “un asedio prolongado y sostenido” pero “muy artificial, hinchado” y “sobreactuado” e insisten en que el Gobierno se ha comprometido a mantener la calma y seguir a lo suyo consciente de que la derecha —PP, Ciudadanos y sus medios afines— van a seguir aplicando la máxima de “crispar todo lo posible” la situación política. Como ya hicieron, recuerdan, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien también negaban la legitimidad por haber ganado las elecciones generales en el contexto de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004.

En las filas socialistas han asumido el mensaje que el miércoles lanzó Sánchez desde Nueva York: su Gobierno va a luchar contra la corrupción “venga de donde venga” y no va a aceptar chantajes. “Hemos venido a limpiar y vamos a seguir limpiando”. Este es un Ejecutivo “sin hipotecas” y no se va a plegar por lo que diga un corrupto, enfatizó.

En esta línea, Sánchez ha convocado a su Ejecutiva para el próximo lunes. Y los socialistas esperan que su líder enfatice la necesidad de perseverar en los objetivos políticos y hacer oídos sordos al ruido alimentado por la derecha. Lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamo este miércoles en el Congreso el “vuelo gallináceo” de la oposición.

La dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón no sólo ha salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez, sino que ha contribuido a ensanchar la grieta que parece atravesar al modelo universitario en el país. Tras el preludio de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y la polémica aún no resuelta respecto a Pablo Casado, el de Montón ha sido el último caso que ha hecho saltar las alarmas y ha abierto un debate enquistado: ¿se trata de casos puntuales o existe un fallo en el sistema?

La respuesta del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no ha sido lo pronta y rotunda que algunos actores reclamaban. El ministro ha tardado una semana, desde la dimisión de Montón, en participar en un acto público en el que abordara el problema. Lo hizo este lunes en el Pleno del Consejo de Universidades, donde aseguró que los casos de Cifuentes y Montón no son más que excepciones: "El sistema de certificación de los títulos funciona y todo se resume en unos casos muy puntuales dentro de un instituto muy concreto", indicó el ministro, de manera que el impacto sobre el sistema educativo no "debería ser ninguno".

Tampoco Duque anunció medidas concretas para evitar que este tipo de irregularidades se reproduzcan en los centros. "Los controles que están son los que tienen que estar y lo que vamos a intentar es que sean más eficientes", señaló el ministro, quien no descartó posibles cambios en "el marco con una nueva ley, pero no es por reaccionar ante un caso muy puntual y que en absoluto empaña la calidad de la universidad".

Las opiniones sobre su actuación son variadas. Marina Mata, portavoz del Sindicato de Estudiantes, cree que "la respuesta del ministro ha sido completamente escandalosa". A su juicio, los casos que han saltado a los medios convierten al fenómeno en norma. Es además "consecuencia directa de los recortes y la privatización de la universidad pública", sostiene en conversación con infoLibre. El escenario resultante de dichos recortes deja espacio para organismos como el Instituto de Derecho Público, añade, "sin control democrático, donde parece que si tienes dinero para comprar un título, no hay problema en regalarlo".

Francisco García, responsable de Enseñanza en CCOO, comulga con las explicaciones de Pedro Duque. "Yo no hablaría de sombra de sospecha sobre la universidad pública porque me parece una extrapolación exagerada", indica. García afirma que los casos en torno al máster de Montón y Cifuentes atienden a "dificultades de funcionamiento en una universidad y dentro de una institución concreta, el Instituto de Derecho Público, pero no hay que llegar a conclusiones precipitadas". La muestra de ello es que, hasta ahora, "los mecanismos de control han funcionado en general", de manera que el sindicalista invita a "abrir una reflexión" sin caer en "decisiones precipitadas".

También Manuel Ortega, responsable de Enseñanza Universitaria e Investigación en UGT, cree que las explicaciones de Duque son razonables. "El ministro quizá debería haber intervenido antes, pero coincido en que no se puede empañar la universidad por unas cuestiones excepcionales", admite el también catedrático de Ingeniería Informática en declaraciones a este periódico.

Ortega reconoce su sorpresa ante la información "que ha ido saliendo en torno a los másteres", pero recuerda que "todas estas irregularidades" son excepcionales, "no es habitual" que se produzcan en las universidades. "Está bien claro que ha habido una situación excepcional por el hecho de ser quienes eran", concluye, y ante ello es la propia universidad quien debe "asumir responsabilidades".

El presidente de la Conferencia de Rectores, Roberto Fernández, asegura por su parte que se trata de "un instituto de una universidad en el marco de 200.000 trabajadores universitarios" de los cuales ninguno ha sido imputado. En una entrevista concedida el martes a RNE, Fernández insiste en que "la honestidad de los trabajadores universitarios españoles es absoluta". No renuncia, no obstante, a un "análisis" para detectar los motivos del problema y evitar que se vuelva a repetir. Algo que es "obligación de cada universidad en su autonomía y del conjunto del sistema".

El conjunto de las universidades, añade, "funcionan con una regularidad realmente grande y además mediante mecanismos en los que no existen irregularidades" como las que la experimentado la universidad madrileña. "Un caso –resuelve– no puede empañar 200.000 trabajadores".

  Voluntad de los centros

Ignacio Lago es profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y ha sido responsable de posgrado de su departamento durante ocho años. El profesor cree que los sistemas de control dependen de las universidades. "Cualquier legislación que se haga desde el Ministerio puede ser papel mojado", afirma, porque "el último término de implementación depende de lo que quieran hacer las universidades".

Para el docente, el debate que ha suscitado la situación "muestra que hay universidades de primera y de segunda". Lago sostiene que "no hay casos de plagio en universidades de primer nivel, sino en las de nivel muy bajo" y eso tiene que ver "con la endogamia y la ausencia de mecanismos de control". Si un centro, agrega, cuenta con un "sistema exigente de control de calidad, no se produce ningún plagio". De ello dependerá que el "director del trabajo no participe nunca en una decisión sobre la evaluación del candidato y que haya comisiones soberanas, externas, de fiscalización de calidad".

La URJC, lanza, "es un ejemplo de endogamia universitaria, falta de calidad" y la solución es "caminar hacia un modelo más meritocrático". Aunque se confeccione "una ley española o autonómica", zanja, la última palabra la tienen las propias universidades.

Cuestión de calidad

Ignacio Molina, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), reflexiona en torno a la respuesta del ministro. "Es posible que tuviera que haber salido antes", pero no sólo Pedro Duque, sino "el propio mundo universitario", observa. Y hace autocrítica: "Los profesores somos muy poco activos, estamos muy poco sindicalizados". El docente lamenta, por tanto, que el "mundo universitario no ha salido a decir que esto es excepcional".

Molina hace dos lecturas de la situación. La primera es precisamente que se trata de una situación puntual. "Los tratos de favor, las irregularidades administrativas o penales" son casos "muy excepcionales y más en la universidad pública". En general, añade, "es prácticamente impensable que puedan darse estas situaciones en los másteres oficiales de la universidad pública". A los profesores, agrega, les "escandaliza verlo" y de hecho se tienen que conjugar aristas "muy concretas para que esto ocurra".

La segunda conclusión a la que llega Molina tiene que ver con la calidad del modelo universitario. Falta, a su entender, "hacer un autoexamen y ser sinceros" respecto al sistema. "En la universidad española hace falta un paso más de rigor, de autoexigencia", lo que responde a un problema "algo más general y sistémico". No llama aquí a la puesta en marcha de "controles y auditorías", porque no se trata de "un tema legal, sino de calidad". La receta, comenta, guarda relación con "tomarse en serio los trabajos y poner en valor la investigación", entre otras cuestiones. "Estamos mejor que hace 20 años, pero espero que estemos peor que dentro de 20", confiesa.

Privatización y recortes

Francisco García y Marina Mata sí coinciden en expresar su preocupación ante la situación de la universidad frente a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Mata cree que los escándalos en torno a la URJC son, precisamente, consecuencia de los recortes y la privatización que han permitido "comprar a golpe de talonario los títulos". La activista sostiene que "el tráfico de influencias, en concreto en la URJC, sirve para desprestigiar a la universidad pública basándose en el corporativismo".

La solución, advierte, no pasa por "continuar privatizando y poniendo organismos que supervisen, sino por lograr que la universidad pública sea realmente pública, accesible para todo el mundo". La activista recuerda a los "decenas de miles de estudiantes que se quedan fuera cada año por no poder pagar las tasas", mientras "los políticos usan su influencia para sacarse títulos sólo teniendo dinero". Es, por ello, fundamental "dar un giro de 180 grados a las políticas de recortes y privatización del PP", pero siguiendo "la misma estela que dejaron es imposible acabar con este fraude".

En el diagnóstico de García sobre la situación de la universidad pública aparece también en escena el elemento clave de los recortes. "Eso sí requiere atención", estima el sindicalista, quien apuesta por "recuperar los niveles de inversión, de becas y ayudas, desvirtuados por las normas del PP". Esas, dice, "son las prioridades" que requieren "atención inmediata de los poderes públicos". Cuando se produce "un problema de funcionamiento en un sitio concreto", es oportuno "reflexionar, pero no es el principal problema de las universidades españolas". Será positiva una "conclusión que valga para mejorar el funcionamiento del sistema, pero por el momento no hay ninguna otra universidad bajo la sombra de la duda" por hechos similares a los ocurridos en el centro madrileño.

El Sindicato Independiente de Maestros y Profesores, ANPE, sí solicita, tras la polémica, mejorar "los mecanismos de control interno" que regulan los "procesos de emisión de titulaciones, la gestión económica y la contratación del profesorado, para evitar males como la endogamia, modalidades que impliquen un trato de favor u otras situaciones que puedan derivar en hechos reprobables".

Irregularidades como las que se han puesto de manifiesto, añade el sindicato, "erosionan la imagen de la universidad y desacreditan su importante labor, sobre todo si se cierne sobre ella la sombra de la duda y se extrapolan estas prácticas a otros ámbitos de la vida universitaria". Por ello, reitera su exigencia de un pacto estatal "que dé un nuevo rumbo a la educación española, incluida la universitaria, la preserve de la confrontación ideológica permanente ante cualquier cambio, modificación o reforma que se deba acometer, la sitúe como una verdadera prioridad política y social, y vertebre el sistema educativo".

Miembros del claustro de la Universidad Rey Juan Carlos, agrupados en la lista URJCritica, han convocado una huelga para el próximo jueves 27 de septiembre bajo el lema "Fuera la mafia de la universidad", para "protestar por toda la mafia que corrompe nuestra URJC", según han expresado en un comunicado al que ha tenido acceso infoLibre.

"En los últimos años, son numerosos los escándalos que atañen a la URJC: los plagios del antiguo rector Fernando Suárez, las contrataciones irregulares del profesorado, el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios de Pablo Casado y, ahora, el máster cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón", ha repasado URJCritica en el texto difundido este lunes por el sector crítico con el actual rector, Javier Ramos.

"Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello nosotras y nosotros, que luchamos día a día por sacar nuestros estudios adelante, nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos", han señalado las siete asociaciones estudiantiles que firman bajo el nombre URJCritica.

Cartel de la convocatoria de huelga. | URJCritica

Según denuncian, el rector Javier Ramos no tenía intención de acometer una "verdadera limpieza de la institución", sino que solo pretendía "alejar a los medios de comunicación de la universidad". "Nunca asumió que el problema de la URJC era estructural y no de manzanas podridas"manzanas podridas, por lo que "consideramos que toda su labor ha sido puro maquillaje".

La comunidad estudiantil de la URJC, representada a través de URJCritica, ha pretendido "dejar constancia del esfuerzo que realizamos para obtener nuestros títulos, tanto nosotras y nosotros como nuestras familias, debido al proceso de mercantilización de la educación pública". Las asociaciones críticas han terminado el comunicado apuntalando una serie de exigencias: dimisión del rector Javier Ramos, investigación externa, limpieza completa de la URJC y regeneración de los órganos de gobierno.

Cambio en el sistema de pago para un mayor control

La URJC ha modificado el sistema de pago a los profesores que imparten estudios de postgrado, han informado a Europa Press desde la universidad. El rector, Javier Ramos, anunció la semana pasada que las horas de docencia que imparte el profesorado de la URJC en los estudios de máster se están incluyendo en el plan de ordenación docente de manera gradual desde el curso pasado. 

Tras el caso máster, la universidad extinguió el Instituto de Derecho Público y ahora modifica totalmente el sistema de pago para los profesores que dan estos estudios de postgrados. Según ha adelantado la Cadena Ser, en el sistema anterior, los docentes cobraban de manera proporcional al número de alumnos matriculados. Si había más de 50 alumnos, se llegaban a cobrar 150 euros la hora; y si había menos de diez, la hora giraba en torno a los 40 euros.

"No utilicen la universidad como arma arrojadiza"

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) pide a la clase política española que "no utilicen la universidad como arma arrojadiza en sus legítimas disputas". "Con eso nos tiramos un tiro al pie toda la sociedad española", ha destacado el presidente de Crue, Roberto Fernández.

Así lo ha defendido Fernández tras la Asamblea General de Crue Universidades, que ha tenido lugar en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha avanzado las líneas de un comunicado que van a emitir en defensa de la universidad. Asimismo, ha explicado que en este comunicado Crue expresa al Gobierno su disposición "a colaborar", y le pide que les "trate lo mejor posible" y "hable lo mejor posible del sistema universitario español".

En concreto, Roberto Fernández ha explicado que en estos momentos la comunidad universitaria española "necesita manifestar que se siente muy orgullosa de su tarea histórica y de su tarea de presente, que siente que merece el respaldo de la sociedad española".

Caso tesis, no

Preguntado por la polémica en torno a la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el también rector de la Universidad de Lleida ha negado la existencia "del caso tesis doctoral" porque, según ha señalado, la Universidad Camilo José Celá "ha hecho todo el procedimiento legal que tenía que hacer sin ninguna nada".

No obstante, sí que ha reconocido que en el tema de los másteres del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos "ha habido indicios racionales de irregularidades e incluso de ilegalidades". "Reconocemos unos casos, no reconocemos el otro", ha remachado, para después añadir que la Universidad española siempre está abierta a la mejora.

Revisar y mejorar los controles

En este contexto, rectores de varias universidades españolas reconocen que los últimos casos de supuestas irregularidades en la concesión de títulos de postgrado está afectando a la reputación del sistema, aunque creen que no debería ser así por tratarse de casos concretos. Además, han defendido los sistemas de control vigentes, sin perjuicio de que puedan ser revisados y mejorados.

En declaraciones a Europa Press previas a su participación en la Asamblea General de Crue Universidades, el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell, ha indicado que la polémica de la tesis doctoral de Sánchez, así como los casos de los másteres están "afectando a la imagen de la universidad española".

Tras los casos de supuestas irregularidades en la obtención de títulos de postgrado por parte de figuras del mundo de la política, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Miguel Ángel Collado, ha afirmado que es "evidente que siempre que hay noticias en las que se plantean dudas a la universidad no son positivas".

En este sentido, el rector de la UCLM ha defendido que "la universidad española es una buena universidad, que funciona bien, que cumple con las normas y que actúa éticamente". "Si hay algún caso en que no se hace, que se tomen medidas", ha manifestado Collado a Europa Press, que cree que los sistemas de control −externos e internos− funcionan, "sin perjuicio de que haya que mejorar".

"No son en absoluto extensibles"

Por su parte, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, considera que los casos de presuntas irregularidades "no deberían" afectar a la imagen de la universidad española en su conjunto porque "no son en absoluto extensibles" al sistema universitario en su totalidad.

"Obviamente, pueden cometerse fallos en algún momento, pero desde luego la universidad pública es responsable de lo que hace y, en principio, creo que serán casos aislados", ha asegurado Reigosa, que ha reconocido que "siempre puede haber trampas", lo cual significa que "hay que estar continuamente revaluando las políticas por si se cuela algún tramposo". De este modo, el rector de la Universidad de Vigo opina que "conviene de vez en cuando" revaluar los procedimientos, aunque son bastante garantistas".

La rectora de la Universitat Abat Oliba CEU, Eva Perea, ha declarado a Europa Press que estos casos "no deberían afectar" a la reputación del sistema universitario español. "Yo creo que la mayoría de las universidades españolas, por no decir todas, lo están haciendo súper bien y son cumplidoras, y no pasan cosas raras", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que existen "mecanismos para que esto no ocurra". Así, Perea cree que "la revisión siempre es necesaria en todo", pero insiste en que "hay mecanismos para que no existan" circunstancias así.

Es sencillo suponer a toro pasado que ni la exministra Carmen Montón, ni la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ni el líder del PP, Pablo Casado, repetirían sus másteres en la Universidad Rey Juan Carlos si pudieran viajar en el tiempo. Las dos primeras perdieron sus cargos al descubrirse irregularidades. En el caso de Cifuentes, rematada por el vídeo de un hurto, su conducta está bajo investigación judicial, al igual que la de Casado, sobre cuya posible imputación debe decidir el Supremo. Dicho de otro modo, tenemos fundadas razones para pensar que los tres se lamentan de haber cursado aquellos estudios, de forma supuestamente plagada de irregularidades. Pero, ¿por qué se metieron en aquel lío? ¿Qué los llevó adentrarse, ya con sus carreras políticas lanzadas en los dos partidos con mayor poder institucional en España, en ese empeño académico?

Sus versiones son conocidas: querían formarse para desarrollar mejor sus tareas políticas. En 2008 el que era presidente de NNGG en Madrid y diputado regional Pablo Casado quería –asegura– formarse en derecho autonómico. El interés en esta materia fue lo que llevó a Cifuentes, siendo delegada del Gobierno en Madrid, a empezar el mismo máster en 2011, según ha afirmado. Un año antes, Montón, que era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, buscó en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género –afirma la interesada–, formación útil para sus tareas parlamentarias. A juicio del lector queda la verosimilitud de estas explicaciones. Pero no está de más para formarse un criterio conocer el trabajo de Xavier Coller, catedrático de Sociología, investigador de la formación de nuestra clase dirigente. Su trabajo nos lleva a la conclusión de que Casado, Montón, Cifuentes y en general buena parte de la dirigencia política de los grandes partidos vive atrapada en una cierta inercia credencialista. Sí, es posible que casi nadie supiera que Casado tenía un Máster en Derecho Autonómico; pero, mirado con lupa el contexto, es probable que Casado pensara que lo necesitaba para su carrera política.

¿Por qué? En contra del tópico, los estudios de Coller indican que los diputados nacionales y autonómicos españoles tienen mayores credenciales académicas que la media europea. Más de un 90% de los representantes en las comunidades y el Congreso poseen tíulo universitario, con una diferencia abismal con respecto a la media española (25%). Sílvia Claveria, doctora en Ciencias Políticas, señala en su artículo Titulitis en el Gobierno español, publicado en Politikon: "Los ministros de España tienen un nivel educativo muy por encima de la media de los países europeos". La causa está en el mecanismo de selección de gobernantes. Hay dos modelos: Uno) generalista, en el que los ministros son escogidos de entre los parlamentarios, como ocurre en Reino Unido. Dos) especialista, en el que no son seleccionados exclusiva ni mayoritariamente de entre los diputados. Ahí está España.

"Mientras los sistemas especialistas tienen un nivel muy elevado de ministros que poseen un máster o doctorado (45%), en los sistemas generalistas este porcentaje es menor (27%). [...] Un 55% de los ministros españoles cuentan con un máster o postgrado. Un 70% de los ministros de Portugal tienen esos títulos, el 75% de los ministros fineses cuenta con ese nivel educativo o un 43% de los ministros de EE.UU. En cambio, en los países generalistas, como Reino Unido, solo un 27% de sus ministros han alcanzado un máster o doctorado, Bélgica llega hasta 28% o Italia cuenta sólo con un 9%", expone Claveria. El artículo es de abril, con el PP. Pero el esquema se ha mantenido con Pedro Sánchez, cuyo gobierno fue de hecho aplaudido por la trayectoria de numerosos miembros en el campo "profesional" o "de la gestión", así como por sus currículos académicos... Es decir, por tener títulos y venir de fuera de la política (Grande-Marlaska, Pedro Duque ...) o por tener más galones políticos de gestión que orgánicos (Nadia Calviño, Luis Planas...). No fueron pocos los colaboradores de Sánchez, bregados en la batalla que libró contra el aparato del partido para ser secretario general, que se quedaron con un palmo de narices en el reparto de cargos. Es en ese sistema que premia la credencial y desdeña el activismo político el que conviene conocer para entender el telón de fondo de los casos de Cifuentes, Montón y Casado.

Una sociedad con "titulitis"

El enfoque de Coller no desmerece la formación académica de los políticos españoles, sino que la sitúa en el marco de una lógica mayor. El discurso meritocrático –"elijo a los mejores"– no explica el fenómeno. Los políticos con aspiraciones necesitan, incluso al precio de descuidar puntualmente tareas políticas urgentes, trabajarse un perfil académico que los valide en unos circuitos de identificación social donde la experiencia como negociador en conflictos o la identificación con su electorado potencial pueden acabar valiendo menos que un lustroso CV.

"Somos una sociedad de titulitis. [Lo que ocurre en la política] es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Hay mucho credencialismo. Necesitamos enseñar lo que [Pierre] Bourdieu llama el capital social institucionalizado. Como cuando vas al médico y ves toda esa pared cubierta de títulos", explica Coller. Es tan sencillo como antiguo. "Las credenciales educativas no solo reflejan un elevado grado de formación, sino también un cierto origen social, dado que los hijos/as de universitarios tienen más probabilidades de serlo debido a factores que economistas y sociólogos/as han estudiado ampliamente", expone Coller con otros colegas en un artículo en El País de 2012.

Tentaciones formativas

El catedrático Coller es director de uno de los pocos másteres en España dirigidos a formar gestores políticos, el deSociedad, Administración y Política de la Pablo de Olavide. La oferta en nuestro país de este tipo de formación es incipiente. Y no hay nada parecido al Philosophy, Politics and Economics de Oxford, o a la École Nationale d'Administration francesa, auténticas canteras de la élite. Las escuelas de los partidos políticos se centran en el adoctrinamiento y la explicación de códigos políticos, pero no en aspectos transversales como la negociación, la empatía o la expresión en público.

Se da una contradicción. Los animales de partido, los cachorros que echan los dientes en las estructuras orgánicas y acceden pronto a responsabilidades institucionales, se encuentran con múltiples obligaciones urgentes y poco tiempo para ir ensanchando ese "capital cultural institucionalizado" que a la postre van a necesitar para llegar a la cima. Sí, se hacen con cierta popularidad, contactos y amistades relevantes, experiencia... Pero, en un mundo volátil como la política en el que un traspiés puede apartarte para siempre, es tentador ir construyendo un suelo académico. "Si entras muy joven en la política", señala Coller, sin referirse a nadie, "es fácil sentir la necesidad de conseguir títulos". Sin escuelas específicas de referencia a las que acudir, como en Reino Unido o Francia, es tentador buscar la acreditación allí donde ofrecen mayores garantías de conseguirla sin excesivo esfuerzo. Por ejemplo, en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, bien conectado con el poder y con estándares de exigencia bajos, sobre todo con los debidos contactos, tal y como se viene desvelando desde hace meses.

Reproducción social de las élites

Andrés Santana, doctor en Ciencias Políticas, coincide con su colega Coller en que hay una "sobrerrepresentación de personas con niveles de titulación altos" en la clase dirigente. Y que este sesgo es mayor en España que en otros países. Y subraya un hecho: no es una decisión del electorado. Salvo en el Senado, no votamos listas abiertas. Es decir, "el proceso de selección de representantes con elevados niveles educativos tiene lugar en el seno de las propias las élites", afirma Santana, que lanza una pregunta pertinente: "¿Los partidos seleccionan a candidatos con títulos porque tienen títulos, o porque el tipo de perfil que seleccionan y su ambiente social vienen de la mano de títulos?". Sea cual sea la respuesta –Santana se inclina por la segunda–, el título ayuda. Las lógicas de los partidos los empujan a seleccionar a sus puntales entre integrantes de clases superiores, donde es más sencillo que se den perfiles académicos altos. Es la "ley de desproporción creciente", que va conformando una cierta homogeneidad en la élite. Los másteres se convierten en signo de reconocimiento en el seno de esa élite.

En paralelo se tiende a denigrar al político sin carrera universitaria. Como al jornalero y sindicalista Diego Cañamero, sin formación escolar. Se ridiculiza a los responsables institucionales que no saben inglés, a los que "no terminaron la carrera", como el exministro José Blanco o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y es un fenómeno que va a más. Hace treinta años el electricista José Luis Corcuera llegó a ministro del Interior sin mayor controversia. ¿Sería posible hoy? Hay otro factor que lo dificulta. España es el país europeo con más trabajadores sobrecualificados. Casi cuatro de cada diez graduados desempeñaron en 2017 tareas para las que no es necesario título universitario, según un informe de la Fundación CYD. Es conocido el fenómeno de la fuga de cerebros. Con ese panorama se hace incómodo explicar que jóvenes criados en los partidos, sin trayectoria profesional al margen de la política ni un currículo brillante, alcancen elevados puestos de responsabilidad. Eso lo saben todos los cuadros que aspiran a un puesto importante. Un puesto de ésos en los que te van a mirar el currículo. Por eso necesitan títulos. Pero a la vez necesitan seguir en la brecha, en la vida orgánica, en la refriega política, en los medios... Tampoco tienen tiempo de dejarlo todo un año para hacer un máster.

La irrupción de dos nuevos partidos, Podemos (que exalta la dedicación pasajera a la política y demoniza la profesionalización) y Ciudadanos (adalid de la "meritocracia"), meten aún más presión a los cuadros de los viejos partidos para adornar sus currículos y no parecer aparateros sin más oficio que la política. Lo que ven en su entorno y lo que imitan, en pos de lo que los sociólogos llaman "deseabilidad social", son CV cargados de referencias. A todo esto se suman factores históricos: España es país de hidalguías, de apellidos, de sagas... La tecnocracia opusina que pilotó la modernización económica desde finales de los 50 hasta el tardofranquismo imprimió en amplios sectores de la sociedad la idea de que para gestionar bien lo público hay que provenir de entornos bien conectados... Nada mejor que los estudios de posgrado para conectarse.

El riesgo de todo ello es objetivo: que fecunde una endogamia de élites académicamente competentes, pero cada vez más desconectadas de la realidad, sin experiencias ni trayectorias transversales.

Currículos engordados

España sigue siendo una partitocracia, pero al mismo tiempo se denigra a los partidos como escuelas de líderes, con lo que se exige a sus cuadros una formación paralela que demuestre que "no necesitan la política para vivir". Ahí empiezan a engordar los currículos. Ha habido decenas de políticos criticados por una presentación supuestamente artificiosa de sus trayectorias: el propio Casado (Harvard-Aravaca), Albert Rivera, Juan Manuel Moreno Bonilla, Toni Cantó, Elena Valenciano..."Según los documentos oficiales", escribe en su artículo Claveria, "los ministros españoles tienen un nivel educativo alto y especializado, sobre todo comparado con sus homólogos europeos". Pero añade: "El sistema institucional donde estamos insertos, sistema especialista, incentiva a elegir gente muy preparada, al menos en su campo de especialización. Sin embargo, ahora quedará la duda si ese nivel educativo que poseen es real o fruto de la inflación artificial del currículum".

Según un estudio de la plataforma de formación online Udemy, una cuarta parte de los españoles admite haber falseado alguna vez su currículo. Ese "nivel alto" de inglés que se ve tanto en los currículos pero tan poco en la calle. La política no es una excepción, aunque el fenómeno tiene el agravante de que sus miembros son élite. El currículo puede inflarse bien embelleciendo logros reales o bien conquistándolos por procedimientos cuestionables haciendo uso de las relaciones. Por lo que se conoce, las facilidades para obtener titulaciones máster que ofreció el Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos no eran para cualquiera. Sino para gente bien conectada.

'Sistema Bankia'

Hasta ahora hemos descrito el hambre: políticos ávidos de una titulación con la que reforzar su posición en un entorno credencialista. Pero es que el hambre se juntó con las ganas de comer: un instituto dentro de una universidad gestionado de forma opaca, próximo al poder y mimado a base de subvenciones. La Coordinadora en Defensa de las Universidades Públicas de Madrid y otros colectivos críticos han descrito su funcionamiento como "modelo Bankia": una estructura de poder y silenciamiento en la que todos los sectores obtienen satisfacción y garantizan silencio, al modo en que ocurrió en Caja Madrid con las tarjetas black. La discrecionalidad de los puestos de libre designación y de la formación de tribunales, la laxitud en la aplicación de los principios de publicidad y transparencia, la afinidad de los dirigentes con el partido gobernante en la comunidad, el PP, todos los factores de riesgo se concitaron en la Rey Juan Carlos, especialmente en el Instituto de Derecho Público que creó el catedrático imputado Enrique Álvarez Conde. Ahí es donde se centran las investigaciones de tratos de favor.

¿Es la Rey Juan Carlos la excepción o la norma? Los profesores consultados para este reportaje, tanto los que dan su nombre como los que prefieren opinar anónimamente, creen que no es representativa. Que allí se ha dado una tormenta perfecta única. Pero los mismos académicos afirman que la universidad pública en general no está libre, en mayor o menor medida, de los vicios del nepotismo, la arbitrariedad, la relajación de la exigencia y la falta de control. Lo más grave es que ha habido profesores que han apuntado a una falta de reacción de la Conferencia de Rectores (CRUE). Un comunicado de docentes emitido tras el estallido del caso Cifuentes censuraba el "silencio" de la CRUE y ponía el dedo en una llaga que no es exclusiva de la Rey Juan Carlos. "La absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que [...] a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad", señalaba.

El envés de los másteres

El promotor de aquel comunicado es el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León Juan Antonio García Amado, la antítesis del arquetipo de profesor acobardado por el sistema y que no habla por temor. Su relato muestra el envés universitario de los casos políticos que marcan la actualidad. "El vergonzoso silencio de la CRUE es la prueba de un sistema universitario incapaz de autodepurarse", afirma. Amado ve signos sistémicos en el problema, pero rechaza una generalización. Lo que ocurre en la Rey Juan Carlos, afirma, es "un cáncer" que empezó con el exrector Gustavo Villapalos y no ha sido extirpado. Es más, cree injusto que en el terreno del favoritismo a políticos se apunte a la universidad pública, cuando él ve el cogollo en la privada. "En la pública hay chiringuitos, las privadas son chiringuitos", dice. Y se refiere directamente a "venta" de doctorados, obtenidos con unos requisitos mucho menores a los exigidos por la pública. El presidente Pedro Sánchez se doctoró en una universidad privada.

Según el relato que hace García Amado, los favores a políticos, la relajación de exigencias, la falta de control y la opacidad son el dedo. La luna es Bolonia: el acortamiento y desvalorización de los grados y el boom de los másteres. Eso pone a las universidades a correr en busca de la concesión y consolidación de másteres. Para eso necesitan alumnos. Esa es la carrera en la que se pierde rigor y autoexigencia. Ese es el caldo de cultivo de todo lo demás. El profesor David Senabre lo expresó así en Twitter: "Entró la Atila política en la universidad. La transferencia educativa de la gestión universitaria a las consejerías de educación abrió la puerta al control de planes, plantillas, nóminas, plazas, proyectos de investigación y entes universitarios por políticos. Su influencia sobre la financiación directa, año a año, el uso de las agencias propias de investigación, fue convirtiendo a la institución en un cortijo arrendado. Se perdió la autonomía universitaria. La corrupción dio apariencia de legalidad a falsas acreditaciones de 'saber'. Se diseñaron universidades ex profeso para estas tramas de adorno curricular. Las inercias tienen apenas 20 años. Y mientras tanto hemos pasado, en el mismo tiempo, de 50 universidades a 82, entre públicas y privadas". Un retrato demoledor del paisaje post-Bolonia, con su consiguiente politización, banalización de la enseñanza de posgrado, sustitución de la lógica del conocimiento por la lógica del credencialismo.

Una carrera desesperada

Francisco García Pérez, catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla, hace también un balance sombrío. No extrapola las corruptelas de la Rey Juan Carlos a todo el sistema, pero sí afirma que es "la punta del iceberg". "El sistema de acreditaciones y de mercantilización del conocimiento ha terminado llevando a una carrera desesperada por los másteres. Participan todos. Los alumnos y sus familias, que han interiorizado la idea de que un grado no es suficiente y resulta indispensable el posgrado. Las universidades, que los utilizan como mecanismos de recaudación. Con más másteres tienen más prestigio, más dinero y más horas para sus profesores", explica. García Pérez sitúa también el origen del problema en el Plan Bolonia, que desató esa"carrera" por conseguir másteres, cuantos más mejor. Eso ha sido lo prioritario, explica García: conseguir que las autoridades educativas -y en último término la administración de cada Comunidad Autónoma- concedan másteres y lograr el suficiente número de alumnos cada año para mantenerlos. Lo demás ha quedado en un segundo plano, por ejemplo la evaluación de su calidad. "La regla ha sido 'Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita'. ¿Cuál es el problema? Que puede haber másteres que no funcionan, pero siguen ahí porque ninguna universidad quiere renunciar a los que ya tiene, taponando quizás así la incorporación de otros más necesarios". García Amado abunda en esta línea y subraya lo infrecuente que es que la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, cuya sola mención hace enarcar todas las cejas) retire un máster.

La explicación de García Amado y García Pérez ayuda a entender el interés de una universidad como la Rey Juan Carlos por conseguir alumnos VIP, que a su vez atraigan a otros alumnos, al mismo tiempo que puedan contribuir a situar a la institución en buena disposición con las autoridades. Las facilidades a Pablo Casado, por ejemplo, cobran sentido en este marco. Ahí se encontraron el joven dirigente político que busca credenciales académicas con la institución necesitada de tejer relaciones y consolidar másteres. Al catedrático García Pérez le parece insólito que se intente hacer pasar por normal lo puramente extraordinario, como la convalidación de 18 de las 22 asignaturas a Casado. "¿Pero cómo se van a convalidar 18 asignaturas de un grado en un posgrado? ¡Si es un pos-grado!", subraya. La juez que instruía el caso de Casado hasta que lo tuvo que enviar al Supremo porque está aforado ya advirtió que veía prevaricación y cohecho.

El caldo de cultivo del plagio

García Amado se esfuerza en hacer una distinción. "Por un lado está el problema de la titulitis de los políticos, que pueden encontrar más o menos facilidades para conseguir su título según quién sean y dónde lo intenten. Por el otro está lo de los plagios", explica. Ambas cosas pueden formar parte de un mismo gran tema, pero según García Amado los plagios son harina de otro costal. El catedrático coincide en un comentario extendido: que, con los casos Cifuentes, Casado y Montón, la opinión públicas se queda en la superficie, sin ir al cogollo. ¿Qué cogollo? García Amado da tres claves: Una) "Pésimos mecanismos de selección del profesorado". Dos) Incentivos perversos, en los que la importancia de la cantidad eclipsa la calidad en todos los órdenes. Tres) Una "pérdida de profesionalidad" en paralelo a una creciente "anomia", o pérdida de tensión moral en la institución.

García Amado pone un ejemplo, que además ha publicado en Twitter. Este mismo año denunció en su decanato el descubrimiento de dos plagios. "La respuesta fue: 'Tenemos las manos atadas'. Nombraron otro tutor y punto", explica García Amado. El catedrático afirma que, por increíble que parezca, no hay mecanismos legales concretos para sancionar el plagio. "En lo penal, o se demuestra que ha habido un negocio, o nada. Y para que haya una indemnización civil, hay que demostrar que ha habido un daño económico", afirma el académico, que lamenta la falta de normativa clara contra el plagio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo su doctorado y presentó su tesis en una universidad privada, la Camilo José Cela. Las privadas son por regla general menos exigentes, coinciden los profesores consultados. ¿Significa eso que en las públicas los listones de exigencia y rigor están por las nubes? En absoluto. El catedrático Francisco García Pérez afirma que "la sobreabundancia de tesis puede dar lugar a una bajada de la calidad", aunque ha habido, hay y habrá excepciones. Otro investigador de una universidad andaluza, catedrático que habla con la condición de anonimato y que lleva treinta años asistiendo a lecturas de tesis, ofrece un panorama lúgubre. Y anota cuatro problemas. Uno) Un exceso de cum laude, calificación convertida en norma. "Yo he visto en mi vida dos tesis sin cum laude", dice. Dos) Un procedimiento mecánico y rutinario de formación de los tribunales, en el que el director de tesis propone al departamento nombres que jamás son cuestionados, con lo que es frecuente que se seleccionen "amigos". "Nadie fiscaliza los currículos de los que el director propone", explica. Tres) Antes de la lectura de la tesis, es presentada al departamento para su crítica y mejora, pero nadie aporta nada nunca, según este catedrático. Cuatro) "En la lectura el presidente da la palabra a los doctores para que digan algo, aporten algo. Es rarísimo que alguno diga algo", afirma.

Si escuchamos las voces más dignas de la comunidad universitaria deberíamos empezar a ocuparnos mucho más de lo importante. De la mercantilización de la universidad. De esa titulitis alentada por el modelo Bolonia en la que no se da valor a lo que se aprende sino a los títulos acumulados (y pagados). De unas estructuras universitarias en las que se imponen la endogamia, el nepotismo, los amiguismos… Donde el tribunal de una tesis doctoral se elige entre el director o directora de la tesis y el propio doctorando, con la connivencia habitualmente unánime del departamento respectivo ("hoy por ti, mañana por mí"). Donde cuesta mucho encontrar tesis doctorales no calificadas con sobresaliente cum laude. Donde los controles de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se limitan al rellenado de impresos casi automático, sin filtros eficaces que detecten irregularidades tan clamorosas y duraderas como las protagonizadas por ese siniestro Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. Habrá más chiringuitos como el de Álvarez Conde en universidades públicas. Pero se trata, antes que nada, de negocios, así que vayamos haciéndonos una idea de los chiringuitos que funcionan en las universidades privadas.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha denunciado "un borrado de información" de los correos del Instituto de Derecho Público (IDP) relativo al periodo comprendido entre 2008 y 2014 en el marco de la investigación sobre las cuentas del centro que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, según han informado a Europa Press fuentes de la universidad.

Los hechos se denunciaron ante la Policía una vez que se comprobó que se habían eliminado más de 5.000 corres electrónicos, según ha adelantado este viernes el diario El País

La denuncia está incorporada al sumario en el que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid investiga la comisión de un delito de malversación de fondos públicos atribuible a Álvarez Conde, imputado también por la causa relativa a las presuntas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes.

Los correos eliminados corresponderían a la época en la que cursaron estudios de posgrados la expresidenta regional Cristina Cifuentes, la exministra de Sanidad Carmen Montón y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Tras el caso máster, la universidad acordó extinguir el instituto que dirigía Conde, el considerado por la juez Carmen Rodríguez Medel 'el urdidor' del presunto sistema fraudulento que llevaba este centro de estudios objeto de investigación judicial.

Dentro del proceso de regeneración que está haciendo la URJC, en lo que respecta al IDP no quedan ni títulos ni alumnos. El centro no tiene ningún tipo de actividad académica aunque se mantiene abierto a efectos de poder acceder a toda la documentación recogida en el instituto de cara a colaborar con todas aquellas solicitudes que requiera la Justicia.

Hace unos años yo mismo realicé un máster. De él conservo todo. Y hasta he cambiado de ordenador. Esa excusa que usó Cifuentes (incluida mudanza) es un absurdo absoluto; cuando alguien cambia de ordenador no tira todo lo que hay dentro. De hecho el valor de un ordenador no suele ser el material exterior, sino la información interior: fotos, cartas, películas, música, documentos, etc. Nadie elimina sus trabajos de fin de máster ni sus trabajos de cada una de las asignaturas así como así, pero en el caso de los políticos, ¿alguien cree que siendo ya cargos públicos iban a haberlo eliminado si lo hubieran hecho? Yo conservo cada carpeta de cada asignatura, con los apuntes y lecturas, con las presentaciones en power point que tuve que dar y con los trabajos que tuve que hacer. Los exámenes no los conservo porque no me los dieron, si no, los tendría. En el ordenador no ocupan nada, ni tiempo, ni dinero y apenas espacio (del disco duro, no físico). En mi máster (cursado en Alemania, en la Universität de Passau) tuve un total de tres semestres académicos y uno final de prácticas más TFM. De todo ello conservo documentación solo por si acaso alguna empresa en el futuro tuviera interés en conocer mi perfil académico o profesional. ¿Por qué iba a tirar algo que tanto esfuerzo me ha costado hacer?

Entiendo un punto argumentativo a su favor. Ahora son, todos ellos, figuras muy públicas y podría ser vergonzante que el nivel de esas tesis no fuera el adecuado. Un plagio en Wikipedia no es no tener nivel, es ser un plagiador. Me refiero al nivel en la investigación, en las conclusiones, en su metodología, en su redacción. Sin duda yo sería el primero que defendería que no se acusara a ningún cargo público porque su tesis doctoral o TFM no haya sido brillante. Fueron alumnos y no tenían por qué serlo. Hay a gente que se le da mejor y peor, pero lo importante son las ganas de aprendizaje que uno tenga para afrontar el cometido. Quizá el trabajo de Cifuentes no fuera brillante (que solo conoceremos si un día su perro lo vomitara), pero no la criticaré si su hipótesis fue mal planteada. Cuando yo releo mis trabajos de cada asignatura siento que podía haberlo hecho mejor y que, ahora, con el tiempo, habría ido por otros lados, otros enfoques, otros métodos y hasta otra redacción. Pero no importa, para eso está la universidad, para no hacerlo perfecto y aprender de los errores.

El problema es que en su caso su falta de transparencia quizá se debe a que no tuvieron tiempo para estudiar. Y me explico: cualquiera que haya hecho un máster o una tesis doctoral sabrá que el tiempo de dedicación es casi total. Pues bien, Cifuentes era delegada del gobierno, Casado diputado en la Asamblea de Madrid, Montón diputada en el Congreso y Pedro Sánchez más de lo mismo. Desempeños, estos de ser político, que suelen ocupar jornadas de más de ocho horas. No creo que nuestros políticos trabajen poco, creo que trabajan mal. Así que, ¿alguien me puede explicar cómo se puede hacer una tesis doctoral los domingos por la tarde? ¿O un TFM siendo la delegada del gobierno a tiempo más que completo? He ahí el problema y su insulto: o el resto de humanos somos muy lentos con los estudios, o ellos no están engañando. Sacarse un máster o un doctorado en los plazos más cortos posibles mientras se desempeñan labores políticas de tanta responsabilidad es, prácticamente, imposible si no se cuenta con el apoyo indirecto de algún tipo de corrupción (aunque sea pasiva, dejarse regalar). En caso contrario, el resto de personas tendremos que asumir que no valemos para estudiar, que nos cuesta muchísimo esto de hacer una tesis doctoral dedicándole ocho horas al día en vez de solo un rato los domingos. Por eso la indignación es tan grande. Nos dijeron que nos formaramos para tener un buen trabajo, cuando lo que querían decir es que para llegar a ese fin, lo mejor era ser corrupto, a las blandas o a las duras, pero ser corrupto.

Que todo esto no se convierta en un circo. Que todos enseñen sus trabajos y sus TFM orgullosos de lo que fueron, porque ningún pasado llevado con dignidad y humildad merece la risa del presente. Que todos se aseguren de que se cierren los chiringuitos universitarios, y a ser posible, intenten garantizar que aquellos que sí dedicamos todas las horas posibles del día a estudiar, aspiren a tener un puesto de trabajo relacionado con su formación. Quizá esto es pedir mucho, por si acaso, y hasta que llegue ese momento, lo único que puedo decir es que yo sí guardé todo de mi máster (valga este hilo para demostrarlo). Como cualquier ciudadano normal, no es este –o no debería ser– ningún mérito. ______________

Alberto Rosado del Nogal es socio de infoLibre.

Pablo Casadoparece dispuesto a estar en el punto de mira por sus estudios de posgrado, caso que ya está judicializado, y a no hacer nada para que se disipen las dudas sobre los cuatro trabajos que, según su propia versión, presentó para obtener el máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La decisión del presidente del Gobierno de hacer pública su tesis se ha vuelto contra el líder del PP. Pero todo apunta a que no habrá un cambio de estrategia. En su entorno insisten en que sólo enseñará los documentos si se lo reclama un juez. 

¿Qué argumentos esgrimen a la hora de no levantar el velo a estos cuatro trabajos? Fuentes de la dirección nacional del PP sostienen que Casado no los hará públicos porque el caso está judicializado. "Estamos en la instancia jurídica y ahí se tiene que dilucidar", destacan.

En este sentido, añaden, que una tesis doctoral como la de Pedro Sánchez, si no está sujeta a propiedad, debe ser pública. Pero que los trabajos de una asignatura, "nadie" los publica.

Otro de los motivos, según exponen las mismas fuentes, es que el líder del PP no quiere fomentar lo que denominan "cotilleo" de si los trabajos son "mejores o peores".

El líder del PP convocó a la prensa el pasado 10 de abril para dar explicaciones sobre sus estudios tras publicarse las primeras informaciones. Más de medio centenar de informadores acudieron a la sede del PP a un encuentro con el por el entonces responsable de Comunicación. Al término de esta conversación, Casado permitió a los periodistas echar un vistazo al material con el que acudió a la cita. Junto a los cuatro trabajos estaban el documento de matrícula, el documento con la solicitud de las convalidaciones y los correspondientes pagos. Los periodistas pudieron fotografiar las carátulas de los documentos y echar un vistazo a las páginas, pero no tuvieron acceso a copias de los mismos.

Hasta que el anuncio de Pedro Sánchez dinamitó la estrategia de los conservadores, en el PP invitaban al presidente del Gobierno a imitar a Casado. A saber: convocar a los periodistas, dar explicaciones y enseñar su tesis. ¿Está Pablo Casado dispuesto ahora a repetir esa cita con los informadores para mostrar esos cuatro trabajos? La respuesta es no. En el equipo del líder del Partido Popular consideran que la exposición mediática de Casado cuando aparecieron publicadas las primeras noticias sobre su máster fue perjudicial para él. Y creen que este es el motivo de que esté judicializado el caso. 

Si el tema está pendiente del Supremo, dicen, es porque se excedió en sus explicaciones y a ellas se acoge la jueza Rodríguez-Medel.

En su escrito, la magistrada considera que la conducta de Casado "puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa". Y también de cohecho impropio.

"El trámite procesal habitual"

Este jueves, el Supremo pidió a la Fiscalía que informe sobre si debe abrir causa al presidente del PP, "el trámite procesal habitual", destacan en el partido.

En la dirección nacional del PP existe el convencimiento de que Casado no va a ser imputado, que el caso quedará en nada. Por ello, está dispuesto a aguantar la presión. Una vez que pase este trámite, destacan, ni Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ni ningún adversario político, podrá recurrir a los estudios de posgrado para desgastarle.

Esta misma semana, Casado ha remitido un escrito al Supremo en el que defiende su inocencia. Según adelantó El Independiente, en el documento, de 28 páginas de extensión, el protagonista de la polémica niega la existencia de los delitos que le atribuyó la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid.

En este escrito que el presidente del PP remite al Supremo de forma voluntaria, intenta rebatir el auto de la jueza "punto por punto" con el objetivo de que la Fiscalía acabe pidiendo el archivo al tener todos los datos para concluir que "no hay nada".

Pese a la seguridad con la que en el equipo de Casado aseguran que el caso va a quedar en nada, la preocupación en sectores del PP es evidente. Temen que el llamado efecto Casado que se refleja "en la calle y en algunas encuestas" se evapore en un momento en el que tienen que empezar a preparar elecciones andaluzas, europeas, municipales y autonómicas.

"Si el caso se tuerce, no es buena carta de presentación hacer elecciones con un presidente imputado", resume la inquietud un dirigente regional.

Si no se cumplen los pronósticos de Génova y Casado acaba siendo imputado por el Supremo, el tribunal competente porque es aforado, su intención no es dimitir. Para ello, le arropan los estatutos del PP. Las normas de funcionamiento interno del Partido Popular fijan la asunción de responsabilidades políticas en el momento de la apertura del juicio oral.

¿Una ofensiva parlamentaria arriesgada?

El miércoles, el líder de Ciudadanos consiguió poner de los nervios a PSOE y PP a cuenta de las tesis doctorales y los máster. Sin haber registrado antes la pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso, Rivera expuso sus dudas sobre el trabajo de final doctorado de Pedro Sánchez.  El resto vino rodado: el presidente defendió que su tesis sí era accesible y los socialistas aprovecharon para pedir la dimisión de Casado. Veinticuatro horas antes había renunciado Carmen Montón, ya exministra de Sanidad.

El hecho de que Albert Rivera se llevara todos los titulares despertó algunas alarmas en el PP. Pablo Casado no había logrado ubicarse como el verdadero líder de la oposición en su primer cara a cara con Sánchez.

Este jueves, el partido naranja siguió marcando el paso al PP. Poco antes de que el presidente del Gobierno anunciara de que su tesis iba a estar disponible el mismo viernes, Ciudadanos anunció que pediría la comparecencia de Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja para que rindiese cuentas sobre su tesis.

En menos de media hora, el PP pasó de negar que fuese a apoyar la iniciativa de Cs a anunciar que la apoyaba. Una vez más, el partido de Rivera se llevaba el gato al agua al lograr que los conservadores diesen luz verde a una iniciativa que pone todavía más en evidencia las contradicciones de Casado y los suyosCasado. ¿Cómo exigir explicaciones a Sánchez cuando Casado no enseña sus trabajos?

La explicación oficial es que ellos son el único grupo que puede pedir la comparecencia; la oficiosa la ofrecía un veterano diputado en conversación con infoLibre: "No podíamos hacer otra cosa".

En el texto de la petición de comparecencia de Sánchez, firmado por los grupos parlamentarios de PP y Cs se exige a Sánchez que comparezca de forma "urgente" ante "las versiones contradictorias generadas por sus explicaciones en la sesión de control al Gobierno" de este miércoles.

A ojos de ambos grupos, esas "versiones contradictorias" han generado "una importante preocupación en la sociedad española, fundamentalmente en el ámbito universitario". 

La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido este miércoles expresamente la dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, por su presunto máster fraudulento en Derecho, que obtuvo con supuesto trato de favor en el controvertido Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que entregó títulos similares a las dimitidas Cristina Cifuentes y Carmen Montón, ha informado Europa Press.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Lastra ha subrayado que Casado, de no ser porque es diputado, hoy estaría imputado por la jueza que investiga las irregularidades cometidas en el instituto de la Rey Juan Carlos y que ha derivado su caso al Supremo precisamente por la condición de aforado del líder conservador.

Lastra ha pedido la dimisión de Casado tras ser preguntada por la petición de Ciudadanos a Sánchez para que publique en Internet su tesis doctoral.

Sánchez no tiene nada que ocultar

La portavoz socialista ha señalado que el presidente, que hizo un doctorado en Economía, "no tiene nada que ocultar y su tesis está como todas en el registro de la universidad". Y ha acusado a Albert Rivera de haber ejercido, una vez más, como "muleta" del PP.

Pero quien tiene verdaderamente "un problema" es, a juicio de Lastra, Casado, a quien la socialista Carmen Montón, que dimitió el martes como ministra de Sanidad tras revelarse que plagió parte de su proyecto fin de máster, le ha "indicado el camino a seguir". "La exigencia ética en nuestra democracia se ha ejemplificado con la dimisión de la compañera Carmen Montón", ha añadido Lastra, que recuerda que Montón, a diferencia de Casado, no estaba siendo investigada por la justicia.

Aunque Lastra ha dicho que el PSOE ya pidió en su día la dimisión de Casado cuando la jueza de Madrid que investiga el caso Máster elevó al Supremo la causa que investiga sobre los presuntos máster fraudulentos de Cristina Cifuentes y el presidente del PP, lo cierto es que ni ella ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidieron expresamente su dimisión, como ha hecho Lastra.

Sánchez se limitó entonces a pedirle a Casado que diera explicaciones. "Ahí me quedo", dijo, mientras que Lastra señaló que el diputado conservador no era "un representante político digno", ni podía liderar un PP "ejemplar y transparente". Este miércoles la portavoz socialista sí ha pedido su dimisión "como responsable político".

El PP continúa con su estrategia de marcar distancias entre el caso que ha hecho dimitir a la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez y el suyo, pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. 

Carmen Montón presentó su dimisión conocerse que había copiado, sin citar, trabajos de otros autores para el Trabajo de Fin de Máster (TFM). Los trabajos que presentó Pablo Casado para sus estudios de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no se conocen. Todo apunta que no verán la luz, al menos, por iniciativa del protagonista: "En un doctorado los trabajos aportados no son públicos", dijo.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, el líder del PP dio por zanjado su caso cuando está en el foco tras la dimisión de Montón. "Llevo cinco meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto", añadió.

"Sigo muy tranquilo, sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial", dijo a los periodistas.

Cuando estalló su caso, Casado era responsable de Comunicación del PP. Durante toda una mañana, el dirigente conservador atendió a los medios de comunicación en la sede nacional del PP, enseñó los documentos de la matrícula, las convalidaciones y cuatro trabajos. Lo que no pudieron hacer los informadores fue hacer copias de esos documentos.

Casado insistió en que cuando cursó su posgrado era "un alumno más" que no conocía a los profesores que impartían las clases.

"Lo mío era un curso de doctorado con otra regulación, con otra normativa e incluso con otro enmarque en el plan Bolonia", resaltó.

"Yo sí hice todo a través de Secretaría, guardé toda la documentación y además, apenas 10 horas después de conocer por la noche la información de ese curso de doctorado, hasta 60 compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas", intentó Casado marcar distancias.

"Creo que España no está para seguir hablando de un curso de doctorado de hace 10 años", dijo añadiendo que el PP está "en lo importante".

A ojos del nuevo líder de los conservadores es el Ejecutivo del PSOE el que tiene que ofrecer explicaciones acerca de por qué ha dimitido Montón "como hoy [por este miércoles] ha hecho el presidente del Gobierno". No obstante, señaló que había "muchos más motivos" para pedirle explicaciones por su "gestión" al frente de Sanidad.

No piensa dimitir

Para los conservadores, las diferencias entre el caso de Casado y el de Montón son "brutales". Por ello no seguirá los pasos de la exministra de Sanidad.

Tampoco renunciará a su cargo si es imputado por el Supremo. Para explicar esta posición, en el PP recurren a los estatutos de la formación, que ubican el momento de la asunción de responsabilidades políticas en la apertura de juicio oral.

La renuncia de Montón, que la ministra argumentó como una forma de no perjudicar al Ejecutivo, tuvo lugar apenas tres horas después de que el presidente del Gobierno le mostrase su respaldo anunciando que estaba haciendo un magnífico trabajo y que lo iba a seguir haciendo. Justo cuando Sánchez creía tener la crisis bajo control, laSexta dio a conocer que el trabajo de fin de máster de la ministra, y que ella se había resistido a compartir con los periodistas, está “lleno de párrafos coincidentes con otros trabajos: textos idénticos que aparecen en al menos 19 de las 52 páginas. Son párrafos sacados de tesis doctorales, de autoras a las que Montón no cita e incluso de la Wikipedia”.

LaSexta asegura que fuentes próximas a la ministra reconocieron que “los textos idénticos están mal referenciados y mal citados”, aunque argumentaron que no era plagio y que “las conclusiones finales iban incluso en la línea contraria” de los textos no citados.

A los pocos minutos de difundir que la ministra presentó un trabajo lleno de plagios, fuentes del Gobierno confirmaron que Carmen Montón había decidido presentar la dimisión. Lo anunció pasadas las nueve de la noche en una rueda de prensa convocada en la sede del ministerio donde la víspera había defendido su inocencia y su intención de no renunciar al cargo.

El respaldo que le había brindado Pedro Sánchez este martes en los pasillos del Senado en una calculada declaración en la que anunciaba su continuidad al frente del Ministerio de Sanidad trataba de zanjar el runrún que había empezado a emerger de las filas del PSOE pidiendo su renuncia como la única manera de evitar que su situación contaminase al conjunto del Gobierno.

La ministra de Sanidad era una pieza clave del gabinete de Sánchez. No sólo por ser una mujer de partido —milita en las filas socialistas desde que tenía 16 años— y haber brindado su apoyo al hoy presidente cuando éste vivía sus horas más bajas en el seno del PSOE sino porque desde su departamento lideraba hasta este martes algunas de las políticas centrales del proyecto dirigido por Sánchez, como son la sanidad y la política social. Como consellera del Gobierno valenciano ya destacó por su compromiso con la sanidad pública.

Esa era, según todas las fuentes consultadas, la principal razón por la que Sánchez había decidido ignorar las informaciones que hasta la tarde del martes habían destapado irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que la ministra consiguió en 2011, cuando era portavoz de igualdad del PSOE en el Congreso, a pesar de que no asistió a ninguna clase al menos en la mitad de las asignaturas, lo que no le impidió culminarlo con una nota media de 8,43.

Al dejarla caer, nada más conocer que su trabajo de fin de máster está repleto de textos copiados de otros autores, Sánchez se ha anotado la segunda dimisión en el Gobierno en sólo tres meses: la primera la protagonizó, a los pocos días de tomar posesión, el entonces titular de Cultura, el periodista Màxim Huerta, que se vio obligado a abandonar el cargo tras conocerse que había sido multado por fraude fiscal.

Con todo, el respaldo de Sánchez a la ministra se había expresado en términos muy precisos, pensados para comprometerle lo menos posible. “Carmen Montón”, había dicho, “está haciendo un trabajo extraordinario como ministra de Sanidad (…). Lo que está haciendo durante estos últimos meses es lo que se le pidió: revertir los recortes en la sanidad pública. Y por tanto lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo”.

Desde que Eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre este asunto Carmen Montón tuvo que defenderse en absoluta soledad. Ningún dirigente del PSOE, así como ningún miembro del Gobierno, hizo declaraciones públicas respaldándola. Hasta este martes, cuando, de manera coordinada, tanto la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, como el secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, salieron a defenderla ante los periodistas, coincidiendo con las primeras informaciones que señalaban cómo se iban extendiendo en el PSOE las opiniones favorables a la dimisión de la ministra. Sobre todo después de que la propia universidad, a través de un comunicado, confirmase que al menos una de las notas de las asignaturas del máster de Montón fue modificada fuera de plazo para transformarla de suspenso en aprobado, algo que la propia ministra no fue capaz de explicar en una entrevista concedida a la Cadena SER.

No perjudicar al Gobierno

La sensación en las filas del PSOE era que Montón no hizo nada ilegal, más allá de beneficiarse de un máster con exigencias muy “laxas”, pero también era prácticamente unánime la opinión de que su continuidad sólo podía perjudicar al Gobierno.

La dimisión eleva de nuevo la exigencia ética con la que llegó al Gobierno Pedro Sánchez y vuelve a poner el foco en el presidente del PP, Pablo Casado, afectado también por un máster de la Universidad Rey Juan Carlos y, en su caso, pendiente de que el Tribunal Supremo decida imputarle o no dos delitos de prevaricación y cohecho.

Las palabras de apoyo que Montón recibió antes de dimitir fueron muy matizadas. Lastra anunció a los medios la comparecencia de la ministra en el Congreso, con la que buscaban ganar tiempo y ver cómo evolucionaban las informaciones que en ese momento ensombrecían el máster que adorna el currículum de Carmen Montón. También Ábalos se había limitado a elogiar las explicaciones que la ministra estaba dando y a intentar distinguir su caso del de Pablo Casado, sin asegurar explícitamente que no debía dimitir.

En línea con este planteamiento, la afectada intentó volver a dar explicaciones en el programa radiofónico Hoy por Hoy y pidió comparecer en el Congreso de los Diputados. Allí, tal y como le pidieron la vicepresidenta Carmen Calvo y el propio Sánchez, quería volver a explicarse. La comparencia ya no tendrá lugar.

Su situación estaba siendo aprovechada por Ciudadanos, que ya había pedido que acudiese a la Cámara alta para poder preguntarle directamente y anunció que impulsará una comisión de investigación sobre la Rey Juan Carlos en la Asamblea de Madrid. Lo ocurrido también motivó declaraciones muy críticas por parte de Podemos y PNV. Estas dos formaciones, sin embargo, habían evitado pedir la dimisión de la ministra a la espera de oír sus explicaciones.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró “preocupado” y apesadumbrado por la dimisión de la ministra, a quien considera “una defensora de la sanidad pública muy competente”.

La nueva ministra de Sanidad

El lugar de Montón en el Gobierno será ocupado por María Luisa Carcedo Roces, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil.

Nacida en Asturias, en 1953, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Desarrolló actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en Sotrondio y en el Centro de Salud de El Natahoyo de Gijón.

Entre 1984 y 1991, Carcedo asumió responsabilidades de gestión en el ámbito regional asturiano, primero como directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón, del Insalud y, posteriormente, como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias. Fue diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.

Ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias. Fue diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias en la VIII y X legislaturas, y senadora por designación de la Junta General del Principado de Asturias entre 2015 y 2018. También fue presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios entre 2008 y 2011.

Desde el 21 de junio era alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo. Su nombramiento saldrá publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

No quedaba ya más salida que la renuncia, aunque llegara incluso demasiado tarde:

1.- Porque lo más relevante no era si Montón cometió alguna irregularidad, sino si se vio beneficiada por las irregularidades cometidas en ese chiringuito expendedor de títulos llamado Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

2.- Porque estaban ya documentadas y confirmadas las principales irregularidades desveladas sobre el caso por eldiario.es: que Montón no asistió a las clases de la mitad de las asignaturas de un máster que oficialmente era de “modalidad presencial”; que no hay constancia alguna de los trabajos que habría realizado a distancia para superar esas seis materias; que presentó el Trabajo Fin de Máster pese a no tener en aquella fecha aprobadas todas las asignaturas, y que alguien entró en el sistema informático de la Universidad meses después de finalizar el máster para modificar alguna de las actas del expediente de Montón, como ha constatado la Inspección de la URJC.

3.- Porque la propia Carmen Montón había manifestado reiteradamente que se matriculó en el máster de Estudios Interdisciplinares de Género “para aprender” sobre la materia, ya que era portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad. Si las circunstancias personales o las obligaciones laborales le impiden a alguien cumplir las exigencias de un máster universitario, lo correcto (incluso lo inevitable) para cualquier estudiante “normal” es renunciar a hacerlo.

4.-  Porque escudarse en que sólo hizo lo que “se le pidió”, utilizando exactamente el mismo argumento que en su día usaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado para disfrazar el incumplimiento de trámites inexcusables como el de “entregar la justificación correspondiente” de que están aprobadas todas las asignaturas antes de presentar el Trabajo Fin de Master, suponía aducir la supuesta ignorancia como eximente de responsabilidad. Algo que no es de recibo para ningún particular, menos aún para un servidor público.

5.- Porque más allá de las diferencias que haya (y las hay) entre los casos de Cristina Cifuentes, de Pablo Casado y de Carmen Montón, lo trascendente desde el punto de vista político era la diferencia a la hora de asumir responsabilidades. Fue indecente que Cifuentes cayera como presidenta de Madrid no por las mentiras sobre su máster sino por una antigua grabación en la que aparecía hurtando un par de cremas. Es insultante que Pablo Casado pretenda instalar que su currículum universitario es intachable cuando el cúmulo de irregularidades lo ha colocado a las puertas del Tribunal Supremo. Y era descabellado que el Gobierno y el PSOE renunciasen a los baremos de exigencia ética que plantearon para Cifuentes y para Casado con el único fin de proteger a su ministra. Que Pedro Sánchez se lanzara hace unas horas a elogiar el "extraordinario trabajo" de Montón al frente del ministerio de Sanidad y anunciara su continuidad era una huida hacia adelante que llevaba a ninguna parte. Porque nadie estaba discutiendo la gestión de Montón durante estos meses en el ministerio, sino su acción y reacción al cursar un máster repleto de irregularidades e indicios de favoritismo.

6.- Porque se trataba de ética y de credibilidad. Y no deberían haber olvidado, ni Pedro Sánchez ni Carmen Montón, que lo que hizo triunfar la moción de censura que sacó al PP del Gobierno fue la imperiosa necesidad de regeneración política que sirvió de pegamento a intereses de partidos distintos y distantes tras una sentencia de la Gürtel que constataba un “auténtico sistema de corrupción institucional”. Salvando las siderales distancias entre un latrocinio sistemático y unos comportamientos individuales censurables, lo que desgasta a un gobierno de izquierdas no es el cese de un Máxim Huerta o una Carmen Montón sino volver a la contradicción clamorosa entre lo que se proclama y lo que se practica. 

P.D. Sin restar un ápice de importancia al escándalo de los másteres (ni a ese broche grotesco del TFM plagiado), había un motivo más para que la ministra Montón dejara de serlo rápidamente: este país tiene por delante y con urgencia demasiados retos e incertidumbres (Cataluña, presupuestos, sostenibilidad de las pensiones, precariedad del empleo…) como para concentrar la mayor atención en unas prácticas nepotistas que deberían sonrojarnos como ciudadanos. Y que agreden a la dignidad de la universidad pública.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, anunció este martes al filo de las 21.30 su dimisión por el escándalo de su máster. Montón, que compareció en torno a las 21.20 en el Ministerio de Sanidad, ha tomado la decisión tras publicar La Sexta que su trabajo de fin de máster (TFM) contenía en 19 de sus 52 páginas fragmentos copiados de artículos publicados en internet, en revistas y en plataformas como Wikipedia. La ministra incluyó estos textos en su trabajo sin citar su procedencia, y al ser preguntada por ellos, únicamente explicó que estaban mal referenciados.

El escándalo comenzó este lunes, cuando eldiario.es publicó que Montón había obtenido irregularmente un máster en "Estudios Interdisciplinares de Género" en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Montón compareció el lunes y rechazó dimitir, y este mismo martes por la mañana la dirigente se había reafirmado en su decisión al entender que su cese sería una decisión "injusta", pese a que nuevas informaciones apuntaban a que las notas de su máster fueron manipuladas después de que terminase los estudios.

Por el contrario, en su comparecencia ante los medios por la noche, Montón se rindió y anunció que renuncia a su cargo "para que esta situación no influya" en la acción del Gobierno. Lo hizo, según señaló, con "la conciencia muy tranquila" y el convencimiento de no haber cometido "ninguna irregularidad" en la consecución de su título. "Desde el primer minuto he dado explicaciones, he ofrecido toda la información de la que dispongo, me he puesto a disposición de los medios, y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta", defendió la ya exministra.

"Decidí cursar un máster para mejorar los conocimientos y hacer mejor mi trabajo en el Congreso de los Diputados. Lo hice, como muchas personas, con esfuerzo e ilusión", insistió igualmente Montón, que lamentó que en los últimos días se haya "puesto en cuestión" su "trabajo", su "asistencia" a clase y "la superación de las diferentes asignaturas". La exdirigente aseguró que tiene pensado seguir defendiendo como hasta ahora "con toda la convicción" su inocencia, y en su breve intervención realizó un repaso por los logros de su departamento durante su mandato, entre los que se cuentan la recuperación de la sanidad universal o la "elaboración de un real decreto para la mejora de la atención y la acogida de los menores extranjeros no acompañados".

Apenas unas horas antes de que se conociera la información sobre los plagios incluidos en su TFM, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había ratificado en su puesto a Montón. Al ser preguntado por el escándalo tras la sesión de control en el Senado, Sánchez aseguró que Montón estaba "haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo". Esa misma mañana, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, señalaba que la ministra tenía "todo el respaldo de la dirección" del partido.