La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real. 

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano. 

Escotet no era un desconocido en el mundo financiero latinoamericano. Fundador del grupo Banesco, su trayectoria ha estado ligada al uso de sociedades offshore, estructuras fiduciarias en paraísos fiscales como Bahamas, Panamá, Malta o Miami. Los 'Bahamas Leaks' lo señalan como propietario de cuentas millonarias en HSBC Ginebra. Sin embargo, en España no se ha confirmado si declaró estas sociedades en el Modelo 720, como exige la ley fiscal para residentes. 

El papel de Feijóo en esta historia no termina con la venta de las cajas a su nuevo amigo. Pasó de regulador a inversor. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

A pesar de su perfil opaco, Escotet fue acogido sin reservas por el Gobierno del señor Feijóo, que incluso facilitó la creación de una universidad privada bajo el paraguas de Abanca. En Galicia, la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) —conocida como la universidad privada de Abanca— ha sido defendida desde la Xunta como un “proyecto de futuro”. Sin embargo, los pasos que condujeron a su aprobación reflejan más una estrategia política al servicio de intereses financieros que una necesidad educativa real.

La Xunta, bajo el liderazgo del Partido Popular gallego, impulsó desde 2021 la transformación de la antigua escuela de negocios IESIDE en una universidad con pleno reconocimiento académico. Para lograrlo, obtuvo informes favorables del Consello Galego de Universidades y de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Incluso el Ministerio de Universidades emitió un informe positivo en 2024, aunque con muchas reservas sobre futuras exigencias legales.

No obstante, estos avales contrastan con el informe claramente desfavorable del Consello Económico e Social de Galicia, que advirtió de las graves carencias del proyecto: ambigüedad en la oferta académica, escaso encaje en la normativa universitaria vigente y una estructura más cercana a una escuela de negocios que a una universidad con vocación investigadora y pública. Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta. La creación de una universidad bajo su control afianza su posición en el tejido económico y educativo gallego.

Pese a las alertas de universidades públicas como la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo por la duplicación de grados como Derecho o Empresa, la Xunta sostuvo que la UIE ofrecía una “perspectiva empresarial diferenciada”. Pero detrás de esta justificación se oculta una lógica de privatización encubierta: mientras se congelan plazas públicas y se recortan medios en campus tradicionales, se facilita el desembarco de un operador privado con vínculos políticos evidentes.

No se ha celebrado una sola comisión parlamentaria para revisar el procedimiento. Las protestas del profesorado universitario fueron ignoradas. Las demandas de transparencia sobre el proceso de autorización se despacharon como ataques ideológicos. La UIE no nace del consenso ni de una necesidad del sistema universitario gallego, nace del poder de una entidad financiera con fuertes lazos con el poder político, especialmente con Feijóo y su entorno. Los informes favorables existen, pero también los que fueron desoídos. La pregunta clave no es si la UIE cumple la ley, es por qué se le construyó una ley a medida. Y para quién.

Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet desde julio de 2024. Abanca es dueña de la práctica totalidad de las acciones. 

La incorporación de Currás al consejo de administración del club de fútbol de la ciudad herculina –donde Feijóo ya posee vivienda propia, comprada en el año 2023 en una de las mejores zonas de A Coruña– tiene una remuneración de 252.000 euros anuales y es vista por muchos como una forma de retribución política por los servicios prestados. El Deportivo, lejos de su época dorada, se ha convertido en un satélite institucional de Abanca, con poca transparencia y una alta concentración de poder.

¿Por qué no se ha investigado el entramado financiero de Escotet? ¿Qué consecuencias éticas tiene la inversión personal de Feijóo en Abanca? Sin fiscalización ni rendición de cuentas, Galicia y España siguen sin saber dónde acabó realmente el dinero público, ni quién se benefició verdaderamente de su dispersión.

La figura de Marta Fernández Currás se ha consolidado en la encrucijada entre la política, las finanzas y las élites deportivas. Su trayectoria desde la Xunta gallega hasta el consejo del RC Deportivo, bajo el mando de Juan Carlos Escotet, revela una trayectoria político-técnica plagada de favores cruzados que exige un escrutinio más riguroso.

Elegida conselleira de Hacienda en 2009 por Alberto Núñez Feijóo, Currás lideró desde la Xunta la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, convertida en Novacaixagalicia en 2010. Sin embargo, el proceso no estuvo libre de sombras. Una comisión parlamentaria solicitó su comparecencia en 2013, que ella rechazó aduciendo su entonces cargo de secretaria de Estado de Presupuestos del gobierno de M. Rajoy. Mientras tanto, informes como el de KPMG apuntaban a que la operación favoreció una línea única sin contrastar alternativas ni evaluar los riesgos reales de la concentración bancaria.

La imagen de Currás al firmar el acuerdo fue elevada a símbolo de estabilidad, pese a que años después el rescate costó 9.000 millones al erario. La narrativa oficial omitió análisis sobre las consecuencias sociales, las condonaciones fiscales o los errores estructurales que precipitaron el colapso de las cajas.

Su llegada al club de fútbol se justificó como refuerzo institucional y de control financiero. Pero pocos olvidan que la misma persona que impulsó la fusión que benefició a Juan Carlos Escotet ahora ocupa un puesto en el entorno empresarial que controla. 

El caso de Marta Fernández Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego.

Currás aportó a la Xunta su experiencia como inspectora de Hacienda y su perfil técnico. Pero el uso de su posición para estructurar decisiones estratégicas en beneficio de terceros privados plantea serios interrogantes. ¿Hay separación real entre interés público y retribución futura? ¿Debe aceptarse como normal que la alta administración termine en consejos financiados por las mismas entidades a las que dio acceso institucional privilegiado?

El silencio institucional en torno a estos casos es clamoroso. Ni el Parlamento de Galicia bajo el yugo de la mayoría absoluta del Partido Popular, ni los órganos reguladores han abierto investigaciones. La ciudadanía aún no conoce los detalles reales de la operación. El caso Currás-Escotet-Feijóo exige un ejercicio de rendición de cuentas urgente por parte del líder de la oposición, antes de que estas prácticas sigan desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

Otra amistad “peligrosa” más que añadir a la lista del señor Feijóo. 

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Entre 2003 y 2011, Caixanova, con su director general al frente, Julio Fernández Gayoso, perdió 45 millones de euros en una fallida operación urbanística para construir una promoción de lujo y un puerto deportivo en la antigua conservera Massó, en Cangas (Pontevedra). Así lo estableció la Fiscalía, que concluyó que el dinero se destinó a sociedades creadas a medias entre la caja y el empresario Ubaldino Rodríguez y su esposa para desarrollar un proyecto con fuerte oposición social y que finalmente nunca vería la luz. 

Pero este relato de los hechos de la Fiscalía quedará impune porque la investigación de lo sucedido se inició en 2016, cuando los posibles delitos ya habían prescrito. Así lo ha sentenciado la Audiencia Nacional en una resolución hecha pública estos últimos días en la que se absuelve al entonces máximo responsable de Caixanova y a los empresarios implicados, que fueron acusados ​​de apropiación indebida y administración desleal.

La investigación sobre lo ocurrido con el dinero de Caixanova perdido en el proyecto Massó llegó a juicio el pasado 27 de noviembre, con el expresidente de la caja gallega y los empresarios sentados en el banquillo de los acusados ​​en la Audiencia Nacional. Sin embargo, ese primer día, la Fiscalía pidió la palabra para señalar que el último hecho perseguible penalmente había ocurrido en febrero de 2011, mientras que el procedimiento penal se inició en septiembre de 2016, más de cinco años después, lo que significaba que ya habían prescrito los posibles delitos de apropiación indebida y administración desleal. 

Las defensas coincidieron, al igual que los abogados tanto de la heredera de las cajas gallegas, Abanca, como de la que asumió sus pérdidas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creado por el Estado. Así que ante la retirada de todas las acusaciones contra los implicados, la Audiencia Nacional los absolvió.

Quedará así impune y sin certificación judicial el relato de los hechos con los que había llegado a juicio la Fiscalía, que estableció en 2003 el inicio por parte de Gayoso de un "plan" para construir la urbanización y el puerto deportivo en tierras de Massó, para lo cual se contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, el Ayuntamiento de Cangas y la empresa Conservas e Frigoríficos del Morrazo, propietaria de los terrenos y titular de las concesiones existentes en la zona. Esa sociedad había concedido una opción de compra por 13,8 millones a Atlántico de Construcciones y Promociones SL, de Ubaldino Rodríguez y su esposa, que acabó creando al 50% con Caixanova, las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Complejo Residencial Marina Atlántica SL.

En el caso del puerto deportivo, la Autoridad Portuaria de Vigo otorgó en 2005, con el popular Julio Pedrosa como presidente, una concesión que su sucesor ese mismo año, el socialista Abel Caballero, consideró correcta. Sin embargo, en 2013 el Tribunal Supremo la anuló. 

Entremedias, Marina Atlántica inició las obras del puerto deportivo en 2005, pero no pudo continuar debido a las sucesivas protestas vecinales, encabezadas por la Cofradía de Pescadores de Cangas. Y en tierra, pese a que el plan urbanístico de Cangas estaba suspendido, Marina Atlántica, ya con Caixanova como socia al 50%, acordó en 2006 la compra del suelo. 

Pero si Frigoríficos del Morrazo había firmado una opción de venta con Atlántico de Construcciones y Promociones por poco más de 13 millones, esa operación se acabó cerrando por 19,3 millones. Y a su vez la sociedad controlada por Ubaldino Rodríguez y su mujer revendió los terrenos a Marina Atlántica, en los que ellos y Caixanova poseían el 50%, por valor de 53,3 millones, algo que la Fiscalía calificaba de "plusvalía injustificada para el vendedor".

Según la Fiscalía, "para hacer frente a las cuotas pactadas en la escritura de compraventa del terreno" y "a su participación en el capital social" de Marina Atlántica, los acusados ​​en la cúpula de la caja "utilizaron e instrumentalizaron una sistema de financiación cuyo objetivo, en última instancia, era ocultar a los órganos rectores de Caixanova el precio finalmente pagado", algo que hicieron "mediante la concesión de préstamos participativos, ampliaciones de capital y pólizas de crédito a las sociedades Residencial Marina Atlántica SA y Conjunto Residencial Marina Atlántica SL".

El desembolso de dinero de Caixanova en apoyo al proyecto urbanístico finaliza "en 2011, cuando NovaCaixaGalicia Banco, entidad surgida tras la fusión de Caixanova con Caixa Galicia, en adelante NCG Banco, se adjudicó el terreno tasado en junio de 2012 por la Sociedad de Tasación de 1,9 millones de euros, en pago de las deudas de sus sociedades participadas que ascendieron a 45.059.139,18 euros".

Por la pérdida de esos 45 millones de euros de Caixanova en el proyecto Massó, la Fiscalía consideró que el Estado acabó saliendo perjudicado en última instancia ya que salió a su rescate el FROB, "que al inyectar 10.000 millones de euros que eran necesarios para poder hacer frente a la preocupante situación económica de la entidad asumió, entre otras, las pérdidas derivadas de esta operación". Por su parte, los terrenos quedaron en propiedad de Abanca como sucesora de NCG Banco.

Por estas actuaciones, la Fiscalía llegó a juicio el pasado 27 de noviembre solicitando diversas penas de prisión para los implicados por delitos societarios de administración desleal y apropiación indebida. Pero ese mismo día admitió que los hechos ya habían prescrito, se retiraron las acusaciones y la Audiencia Nacional dictó una sentencia absolutoria que ahora se ha publicado. La desaparición de 45 millones de euros de Caixanova en Massó queda así impune.

Ni la bajada de los tipos de interés, ni las incertidumbres geopolíticas globales, ni las OPA hostiles, ni los cambios en las cúpulas, ni el impuesto extraordinario hacen mella en los resultados de la gran banca española. En los nueve primeros meses del año las seis mayores entidades financieras españolas han vuelto a romper récord de beneficios. Han ganado 23.656 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2023.

Aunque la época del dinero caro, tras la invasión rusa de Ucrania, ha tocado a su fin con la inflación bajo control y el PIB europeo en riesgo de caída, los bancos españoles siguen presumiendo de resultados galácticos. E incluso de una rentabilidad mejorada. Compensan la desescalada de tipos aumentando su volumen de negocio –reforzando su operativa comercial: más hipotecas, más cuentas nómina–, y diversificándose geográficamente. El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, aseguró en la presentación de resultados que su objetivo es convertir la entidad “en el banco principal” para sus clientes, y de ahí que, por ejemplo, haya prorrogado ya varias veces la promoción en la que ofrece el pago de 400 euros a cambio de domiciliar la nómina. Una guerra por las cuentas a cambio de un regalo en efectivo en la que están embarcados los mayores bancos del país.

Grisi, de hecho, anunció que el Santander seguirá batiendo récords de beneficios –“Lo mejor está por venir”, avanzó– en el futuro, pese a la moderación de los tipos de interés y la consiguiente rebaja de los márgenes bancarios.

El banco que preside Ana Patricia Botín ganó 9.309 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, superando las previsiones del mercado. Y aumentando el número de sus clientes hasta los 171 millones, cinco millones más. Precisamente a la mayor “actividad de clientes” y a la “buena gestión de los márgenes” atribuye el banco la subida del 8% del margen de intereses –la diferencia entre ingresos y costes financieros, que sirve para medir el negocio puramente bancario–.

Al mismo tiempo, ha mejorado su rentabilidad, alcanzando un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%.

Los números son tan positivos, destaca el banco en el informe sobre sus más recientes resultados, que ya en julio revisó al alza tres de sus objetivos para este año: el crecimiento de los ingresos, la ratio de eficiencia y el mencionado RoTE.

Sin embargo, aun con semejante bonanza, el Santander va a despedir a 1.425 trabajadores en su filial del Reino Unido, según alega, debido al “cambio del modelo operativo del grupo y de la simplificación y automatización de procesos” que está llevando a cabo. “Es posible que al final el recorte afecte a un número de empleos algo mayor. Dependerá de cómo evolucione el proceso”, advirtió Grisi.

Los cuantiosos beneficios y grandes expectativas tampoco impiden al Santander atacar el impuesto temporal a la banca que creó el Gobierno en 2022 y cuya extensión durante tres años más acaba de pactar el PSOE con PNV y Junts. Hace una semana, Ana Patricia Botín dijo durante un acto en Washington que el gravamen va “contra el crecimiento” y no facilita “un ambiente inversor y más atractivo y dinámico”, informa Efe.

No ha sido la única crítica. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, arremetió contra el “mercadeo político” que, a su juicio, se está practicando en torno al polémico impuesto. Ortiz pidió una “discusión entre adultos” en temas fiscales y reiteró que el banco recurrirá el gravamen si considera que no cumple la normativa, pero sin amenazar con llevarse “nada a ningún sitio”, en alusión a Repsol, que advirtió de su intención de trasladar inversiones a otros países si se mantenía en vigor el impuesto a las energéticas.

Este mismo jueves, fue el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, quien cargó contra el gravamen: “Lo que me parece más grave es que consagra y exagera la discriminación entre entidades. Es un impuesto progresivo, algo en lo que creo en las personas físicas, pero en las jurídicas es un concepto que se me escapa. Se está gravando según el tamaño y nosotros somos la entidad financiera más grande en España; por tanto, seremos los que más paguemos”. Gortázar se lamentó de que al gravamen bien podría llamársele “tasa Caixabank”.

El impuesto a la banca, que originalmente era del 4,8% sobre los ingresos, pasará a ser progresivo desde un mínimo del 1% hasta un máximo del 6% en función de la base liquidable, que es el que corresponde a Caixabank. Pero también se permitirá una deducción del 25% en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de un determinado umbral. Este año, Caixabank ha pagado 493 millones de euros en concepto de gravamen extraordinario. En total, según los cálculos de Efe, los seis grandes bancos nacionales han abonado un total de 1.500 millones de euros por el impuesto. Es decir, aún sin finalizar el ejercicio, esa cantidad equivale a sólo el 6,34% de sus beneficios. En 2023, el Santander pagó 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–, el BBVA 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros.

El BBVA ganó 7.622 millones entre enero y septiembre, más que nunca en ese periodo y un 28% más que en los nueve primeros meses de 2023. El banco lo atribuye, al igual que el Santander, al aumento del crédito y de los depósitos. El negocio en España creció un 37,6%. Y la rentabilidad sobre recursos propios, un 20,1%. Ni al BBVA ni al Sabadell les ha penalizado la OPA hostil que el primero lanzó sobre el segundo el pasado mayo y que está pendiente de autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Hemos cerrado, un trimestre más, una mejora de la rentabilidad y la solvencia, lo que apoya la creación de valor para los accionistas de forma recurrente y el proyecto en solitario de Banc Sabadell”, elogió el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, al presentar los beneficios del banco: 1.295 millones de euros, un 25,9% más que entre enero y septiembre de 2023. Unas cifras que son el resultado del alza del 26% en el crédito a empresas y de un 34% en el número de hipotecas. La rentabilidad también ha mejorado, casi dos puntos, hasta el 13,2%.

En Caixabank la presentación de resultados ha servido también para anunciar la renuncia voluntaria de José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de la entidad, y su sustitución por Tomás Muniesa. Caixabank cumple así con la recomendación del BCE, que presiona para que se separen las funciones ejecutivas y no ejecutivas en los órganos de poder de los bancos. Ya lo han hecho Bankinter y Unicaja, que cuentan con un consejero delegado y un presidente ejecutivo, pero aún mantienen todo el poder Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Carlos Torres en el BBVA y Josep Olíu en el Banco Sabadell.

El cambio en la cúpula se produce mientras Caixabank se apunta unos beneficios de 4.248 millones de euros hasta septiembre, un 16,1% más, gracias a “una intensa actividad comercial, una morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables”, en palabras de Gonzalo Gortázar. Por ejemplo, las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones han crecido nada menos que un 54,3%, y las hipotecas, un 55%.

Los beneficios de Bankinter han sido más modestos, 731 millones de euros, un 7% más que el año anterior, mientras su rentabilidad sobre recursos propios se eleva al 18%. La entidad atribuye los números a un “sólido crecimiento en todos los volúmenes del negocio con los clientes”.

El sexto mayor banco español, Unicaja, ganó 451 millones de euros hasta septiembre, un 58% más que en el mismo periodo de 2023. Gracias a la caída de los tipos de interés, las hipotecas repuntaron un 35%. Mientras que su RoTE ha mejorado dos puntos, hasta el 10%.

También podría añadirse a la lista de los grandes beneficios Abanca, heredera de las quebradas cajas de ahorro gallegas. Porque la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ganó 988,1 millones de euros hasta septiembre –casi el doble que Unicaja y por encima de los de Bankinter–, nada menos que un 160% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye la integración del banco portugués EuroBic. Aun sin contar esa operación, los beneficios de Abanca sumaron 638 millones de euros, un 48,8% por encima de los resultados de septiembre de 2023. Su rentabilidad roza el 17%. Como el resto de la banca, la entidad gallega gana gracias a un aumento del crédito a particulares del 12,1% y a empresas del 12,7%, así como al 22% en que han crecido los depósitos.

Quince años de gobiernos consecutivos del Partido Popular han dejado tras de sí una ristra de sonados cierres de grandes empresas, crisis sin resolver en compañías emblemáticas, llamativos fracasos en el intento de mantener vivas las entidades financieras propias y rimbombantes promesas que resultaron ser falsas. Todo ello sin mejorar de manera sustancial la producción industria de Galicia.

Si se toma como base el año 2008 para calcular la evolución del índice de producción industrial de Galicia, justo el último año antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta, el resultado en 2022 sería de 80,2. Casi 20 puntos menos. “Este último dato sugiere una caída de la producción industrial gallega, ya que la actividad de 2022 está muy lejos de alcanzar la dimensión existente antes del inicio de la crisis en 2008”, asegura Juan José Ares Fernández, profesor de Fundamentos de Análisis Económico, en A Economía Galega, Informe 2022, el último publicado por la Universidad de Santiago. 

“Este freno está motivado, entre otras causas, por las ventajas competitivas de otros territorios que incitan a externalizar procesos productivos”, razona el citado documento. “A medida que transcurren los años, el sector industrial depende cada vez más de la producción y el mercado que se desarrolla en economías alejadas”.

Los últimos quince años de gobiernos del PP, los trece primeros bajo la batuta de Feijóo y los dos últimos responsabilidad de su sucesor, Alfonso Rueda, están sembrados de grandes fracasos. Lo ocurrido con las cajas gallegas es uno de ellos. El 29 de noviembre de 2010 Feijóo apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas y los celebró como un “hecho histórico”, una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

No había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros de los que el supervisor dio por perdidos 9.178: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros. Y le dio la oportunidad de pagar esa suma en cómodos plazos.

Apenas unos meses antes –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcel cada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre del mismo año.

Galicia se quedó sin cajas de ahorros. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad ya no tiene bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de este, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no solamente se perdieron 9.178 millones de euros de dinero público, sino que se llevaron a cabo cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones —la mitad de la plantilla—, y en el cierre de 300 sucursales. Todo para que la entidad, apenas un año después de ser vendida, empezase a dar beneficios millonarios.

Pescanova es otro buen ejemplo. Con el fin de esquivar los efectos de la crisis de 2008, el presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro asumió su destacado rol político para clamar por el desalojo de la Xunta de PSdeG y BNG detrás del cual se ocultaban los primeros compases de una trama para esconder la millonaria deuda del grupo y engañar a miles de inversores, organismos reguladores y acreedores. 

La compañía quedó en manos de la banca hasta que en 2015 se creó el Grupo Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España en ese momento, con 1.000 millones de euros de facturación, la mayor flota pesquera congeladora del mundo y 11.000 empleados. 

Abanca, convertida en su principal accionista, anunció en 2023 el traspaso de la mayoría del capital al grupo canadiense Cooke con el argumento de que no podía mantener tal participación —superaba el 97%— en una compañía que aportaba un importante riesgo en su balance. Su plan era quedarse con el 20% después de que Cooke pagase 100 millones y asumiese alrededor de otros 700 de deuda.

La operación, sin embargo, fracasó el pasado otoño. Abanca renunció a la venta al no llegar a un acuerdo con la canadiense Cooke. “Hemos decidido aparcar el proceso de búsqueda de un socio industrial”, anunció en octubre el presidente del banco, Juan Carlos Escotet. El futuro de la compañía, que no hace tanto tiempo era uno de los emblemas de Galicia, sigue sin estar asegurado.

La central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) agotó sus últimas existencias de carbón y se apagó definitivamente el pasado octubre después de 47 años operando. Se desconectó la caldera para posteriormente desacoplar la instalación de la red eléctrica, poniendo fin a una era desde el punto de vista industrial y económico de la que también formaba parte la central de Meirama (Cerdeda), cerrada por Naturgy en 2020. 

La cada vez menor rentabilidad económica de la quema de carbón, el abaratamiento del precio del gas, la mayor producción de energías renovables, la menor demanda y el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono explican el declive de las centrales térmicas de carbón, impulsado también por las exigencias europeas de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. As Pontes y Meirama han cerrado, pero las comarcas afectadas siguen sin alternativa laboral e industrial que compensen el desmantelamiento de ambas centrales.

Hace doce años, en septiembre de 2012, Feijóo protagonizó el que quizá haya sido el mayor fiasco de su carrera. En víspera de las elecciones, la Xunta anunció de urgencia la firma de dos contratos con la petrolera mexicana Pemex: uno con el astillero público Navantia de Ferrol y otro con el privado Barreras, en Vigo. Las promesas anunciadas aquel día incluían miles de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de La Coruña. 

Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, un histórico astillero que acabó quebrado. Barreras ya no existe. Tras 130 años, quedó liquidado en 2012. Diez años antes comenzó el idilio con Pemex, que adquirió el 51% de la empresa viguesa por algo más de 5 millones de euros y con el apoyo de la Xunta. 

Un rastro de promesas incumplidas alrededor de Pemex, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sombras y muchas dudas por resolver siguieron a lo largo del tiempo.

Alcoa es el caso más reciente. El complejo, construido en los años 70 en Cervo, sobre 500 hectáreas de la costa de Lugo, con la intención de alimentarlo después con una central nuclear proyectada en Xove y que nunca llegó construirse, creó miles de puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en una zona dominada por la actividad agraria y pesquera.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que la privatizó en el año 1998 vendiéndosela a la multinacional americana que hoy le da nombre. Los elevados precios de la electricidad son claves para una industria que depende y mucho de ella, hasta el punto de que sus propietarios llevan cinco años moviéndose entre planes de venta y excusas para un cierre que amenaza el futuro de A Mariña.

Lo último, en estos momentos es el reinicio de las cubas de la empresa en el marco de un plan de viabilidad firmado entre Alcoa y el comité de empresa, un pacto que la empresa advirtió que no cumpliría, después de volver a amenazar con un cierre poco antes de unas elecciones, anunciar el retraso en el reinicio que ahora lleva a cabo y reclamar ayuda a las administraciones, un proceder habitual en las últimas convocatorias electorales en Galicia e incluso a nivel estatal.

El goteo de quiebras bancarias en Estados Unidos, con las turbulencias bursátiles que está acarreando, y el miedo al contagio, mientras la incertidumbre no deja de sacudir los mercados en Europa, apenas han rozado a los bancos españoles en el comienzo del año. Animados por las subidas de tipos de interés que aún no han frenado la actividad económica, los grandes bancos españoles continúan hasta marzo la misma tónica optimista con la que acabaron 2022. Las seis mayores entidades han ganado 5.696 millones de euros y, si se les suman los beneficios de Abanca y Kutxabank, alcanzan los 5.911,9 millones. Casi un 13% más que en el primer trimestre de 2022.

Y, pese a que todos los bancos han destacado en la presentación de sus resultados las cuantías que han pagado a Hacienda por el nuevo impuesto, lo cierto es que el tributo apenas ha arrugado unas cifras de las que todos presumen. Los ocho mayores bancos han abonado un total de 1.206 millones de euros por el gravamen que se aprobó el pasado diciembre. La previsión del Gobierno era llegar a los 1.500 millones.

El impuesto temporal a la banca, diseñado como una prestación patrimonial, grava con un 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que facturaran más de 800 millones en 2019, el año previo a la pandemia. Sólo de la actividad que desarrollen en España y sólo durante dos ejercicios, el actual y 2024. Es decir, los bancos no tributan por sus beneficios, sino por sus ingresos, lo que ha suscitado el rechazo del sector. El margen de intereses es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario. Las comisiones netas resultan de la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga.

Ambas magnitudes gozan de una excelente salud en este comienzo del año: el margen de intereses de los ocho mayores bancos se ha disparado hasta los 20.603,3 millones, un aumento de casi el 43% respecto al primer trimestre de 2022, mientras que los ingresos por comisiones ascienden a 6.099 millones, un 4,5% más. En los casos de Bankinter y Kutxabank, además, los ingresos por intereses escalan un 63,2% y un 69,8%, respectivamente. Caixabank, Abanca y BBVA los han mejorado un 48,6%, un 47,4% y un 43,3%. El Santander es el banco cuyo negocio bancario ha crecido menos, y aun así lo ha elevado un 17,4%.

Los ingresos por comisiones no han tenido una mejora tan espectacular. Pero, aun así, el BBVA los ha aumentado un 15,8%, Abanca un 9,8% y el Santander un 8,2%. Sólo Sabadell –un 2,4%– y Kutxabank –un 0,9%– han tenido menos ingresos por comisiones este primer trimestre que en 2022.

En consecuencia, Caixabank y BBVA subrayan la “solidez” de sus resultados, “fruto del dinamismo comercial y de la fortaleza del balance de la entidad, pese al contexto de incertidumbre financiera”, según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. “Seguimos a la cabeza de la banca europea en eficiencia y rentabilidad, con el retorno sobre el patrimonio tangible más elevado de los últimos 10 años. Miramos al futuro con optimismo, gracias a nuestra solidez financiera, nuestro modelo de negocio y el foco estratégico en digitalización, innovación y sostenibilidad”, resaltó por su parte el consejero delegado de BBVA, Onur Genç cuando presentó los resultados. No es para menos: el beneficio de su banco hasta marzo –1.846 millones de euros– ha crecido un 39,4% respecto al mismo periodo de 2022. El de Caixabank –855 millones–, un 21,1%.

Las ganancias del Santander ascendieron a 2.571 millones de euros, gracias al “fuerte crecimiento de la actividad comercial”, asegura la entidad. Dice que su base de clientes ha aumentado en nueve millones, las hipotecas un 2%, los créditos al consumo un 9% y los depósitos un 6%. Sin embargo, el beneficio ha crecido sólo un 1,1% respecto a hace un año; sin el gravamen temporal, el crecimiento habría sido del 8%, según se encarga de señalar el banco de Ana Patricia Botín.

El Santander ha pagado 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–. El BBVA, 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros. Las entidades detallan cuánto habría crecido su beneficio si no hubieran tenido que abonar el nuevo tributo. En el caso del BBVA, en España ganó 541 millones en el primer trimestre, un 9,5% menos que el año pasado, dice, por culpa del impuesto. Al tiempo, reconoce que su negocio en el país se está beneficiando de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) “y de la contención en el coste de los depósitos”, que en España las entidades financieras están remunerando muy por debajo de los bancos europeos. El BBVA, según dejó claro su consejero delegado, Onur Genç, no piensa en mejorar la retribución de los depósitos a sus clientes en el corto plazo, por el “exceso de liquidez” del sistema.

Kutxabank también puede hacer gala de beneficios, 110,7 millones de euros, nada menos que un 47,3% más que hace un año, el mayor aumento de los ocho grandes. Ha pagado 47 millones por el nuevo gravamen. Sin el impuesto, su resultado habría superado los 155 millones de euros; es decir, lo habría aumentado un 106,4%, más que duplicado de un año para otro. Abanca, que ha desembolsado 39 millones por el nuevo tributo, ganó este primer trimestre 105,2 millones de euros, un 29,6% por encima de sus resultados de 2022. Bankinter –184,7 millones–ha mejorado sus ganancias un 19,7%, tras pagar 77 millones a Hacienda. E incluso piensa en revisar al alza sus previsiones para todo 2023, porque espera que los ingresos por intereses crezcan un 25%, cinco puntos más de lo que planificaron en enero. Sólo el Banco Sabadell y Unicaja han tenido esta apertura de ejercicio menos beneficios que el año pasado. La entidad presidida por Josep Oliu ha sufrido un descenso del 4% en el resultado, hasta los 205 millones de euros. Su factura fiscal ha sido de 157 millones, por lo que, si no lo hubiera pagado, habría ganado 361 millones, un 69,4% más que en 2022.

La caída de Unicaja ha sido mucho mayor, un 43,2%, hasta los 34 millones de euros, después de pagar 63,8 millones de euros al fisco. Sin el impuesto, el beneficio habría crecido un 63%. La entidad viene de una fusión convulsa con el asturiano Liberbank y de una etapa de conflicto alrededor del expresidente de su fundación, Braulio Medel. En 2022 ejecutó un ERE para 1.513 trabajadores. El director financiero de Unicaja, Pablo González, anunció el mismo día de la presentación de resultados que la entidad estudia una reducción de costes que puede incluir un nuevo recorte de la plantilla. Pero el descenso del beneficio no será obstáculo para aumentar la remuneración de los accionistas, añadió González, a través de un programa de recompra de acciones. También mencionó nuevas inversiones en financiación al consumo o en banca privada.

En todo caso, los bancos ya abonaron a Hacienda –lo hicieron en febrero– el importe anual del impuesto, por lo que el resto del año el tributo no dañará sus cuentas, a la espera de cómo afecte en Europa la crisis financiera en ciernes en Estados Unidos. La liquidación definitiva será en septiembre. Todos han pagado antes de recurrir el impuesto ante los tribunales, sumándose a las acciones judiciales que iniciaron las dos patronales del sector, la AEB –bancos– y la CECA –antiguas cajas de ahorro–.

La sombra que aparece en el horizonte del año con los rescates del Silicon Valley Bank y el First Republican Bank en Estados Unidos y el Credit Suisse en Suiza asomó en España con una pérdida de depósitos que ascendió a 19.000 millones de euros para el Banco Santander, un 5% de los 394.700 millones con que contaba en diciembre. El banco le quita importancia, pues lo considera un fenómeno “estacional”. “El descenso en los depósitos siempre es cíclico y en este caso ha sido en Santander Corporate & Investment Banking, la unidad de negocio de inversión del grupo. No es muy relevante en cuanto al tamaño total de la cartera, y esperamos que vuelvan al final del año”, aseguró el consejero delegado, Héctor Grisi.

El mismo contagio sufrió el BBVA, con una salida de depósitos de 7.000 millones de euros en el primer trimestre. También lo atribuye la entidad a un componente estacional, y lo desecha como “algo marginal”. El banco, que descarta aumentar la remuneración de los depósitos a los clientes, sí que tiene previsto repartir un dividendo extraordinario este año o el próximo, utilizando para ello el exceso de capital de 4.000 millones procedente de la venta de su negocio en Estados Unidos.

La gran banca ganó 20.849 millones de euros en 2022, lo que significa que ha mejorado sus beneficios un 28,3% respecto al año precedente. Entonces, los cinco bancos del Íbex 35 –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– y Unicaja sumaron 16.240 millones de ganancias sin contar los impactos extraordinarios que les proporcionaron a Caixabank la fusión con Bankia –2.867 millones– y a Bankinter la salida a Bolsa de Línea Directa –895,7 millones–. La cifra del año en que estallaron la guerra en Ucrania y la crisis energética y de precios supera no sólo la de 2021, sino también la de 2019, antes de la pandemia, e incluso deja atrás los beneficios históricos de 2007, antes de que se rompiera la burbuja inmobiliaria.

De hecho, los dos gigantes del sector, Santander y BBVA, han batido sus propios récords: el banco de Ana Patricia Botín ganó 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más que el ejercicio anterior y un 6% más que en 2007, su anterior plusmarca, mientras que el que dirige Carlos Torres Vila supera en un 38% los beneficios de 2021 y alcanza los 6.420 millones, por encima también de los 6.126 millones ganados en 2007.

Las demás entidades pueden presumir igualmente de resultados. Caixabank ha ganado un 29,7% más, hasta los 3.145 millones de euros, respecto a 2021 y sin contar la fusión con Bankia. Banco Sabadell aumentó sus beneficios un 62% y consigue 859 millones, un 9,8% más que en 2007. Bankinter mejora sus resultados un 28,1% con unas ganancias de 560,2 millones, un 54,7% más que en 2007. Finalmente, Unicaja ha disparado su beneficio un 88,9% respecto a 2021, tras ganar 260 millones de euros.

A pesar de las incertidumbres económicas del año, tras estallar la guerra en Ucrania y dispararse primero los precios de la energía y después todos los demás, los seis mayores bancos españoles han aumentado sus clientes –siete millones más el Santander, 11,2 millones el BBVA– y su cartera de créditos –un 13,3% el BBVA, un 14% el crédito al consumo del Sabadell, un 7% el crédito a empresas de Caixabank–, al tiempo que han reducido la morosidad –Caixabank hasta su mínimo histórico, el 2,7%–.

En consecuencia, han elevado todos sus márgenes. El margen de intereses, que es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario, sumó 71.082 millones de euros en 2022. De esa cifra, más de la mitad –el 54,3%– corresponde al Santander. Todos mejoraron ese parámetro el año pasado; los que más, el BBVA, con un 30,4% y Bankinter con un 20,5%.

Lo mismo ha ocurrido con las comisiones netas, la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga. Han sumado 23.733 millones de euros, también por encima de las registradas en 2021 en todas las entidades.

Ambas magnitudes son las que grava el impuesto extraordinario a los bancos que el Gobierno empieza a cobrar este mismo sábado. El tributo deberán pagarlo las entidades financieras que facturaron más de 800 millones de euros en 2019 y gravará con un 4,8% los márgenes de intereses y las comisiones netas de los años 2022 y 2023. Pero sólo del negocio de los bancos en España. Las dos cifras anteriores incluyen también su negocio internacional.

Al mismo tiempo que anunciaban sus magníficos resultados, los bancos avanzaron cuánto les va a costar el nuevo impuesto. Entre 1.170 y 1.210 millones de euros para las seis mayores entidades. Por tanto, los beneficios de récord conseguidos el año pasado multiplican casi por 20 esa factura fiscal. Santander calcula que deberá pagar entre 220 y 230 millones de euros, Caixabank 400 millones, BBVA 225 millones, Sabadell 170 millones de euros, Bankinter entre 80 y 100 millones y Unicaja entre 75 y 85 millones. Pero no serán los únicos que tendrán que pagar. Abanca, que aumentó sus beneficios un 41% en 2022, hasta los 217 millones de euros –y su margen de intereses un 14,2%– calcula en unos 50 millones el coste del gravamen.

El banco que preside Juan Carlos Escotet es uno de los que ha anunciado ya que recurrirá en los tribunales el nuevo impuesto, lo mismo que ha hecho la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. “Es un impuesto injusto, arbitrario, confiscatorio y que no tiene ninguna razón objetiva”, criticó en la presentación de resultados, tras anunciar que el banco había alcanzado en 2022 con un año de anticipación, los objetivos de beneficio previstos para 2023.

Estos excelentes resultados los está cosechando la banca cuando, según reconoce, aún no están notando del todo la subida de los tipos de interés. El BCE empezó a elevar el precio del dinero el pasado julio. La última subida, que se anunció el pasado jueves, lo ha puesto en el 3%. Y la presidenta del supervisor europeo ya ha adelantado que en marzo volverá a aumentar los tipos otro medio punto. Con el dinero más caro, los préstamos también cuestan más a los clientes y los márgenes bancarios crecen.

Pero, al mismo tiempo, los bancos españoles no están aumentado los tipos con que remuneran los depósitos, que dejaron de retribuir cuando los tipos se pusieron al 0% en 2016. Los responsables de las principales entidades financieras han dejado claro que no se va a desatar una guerra por captar clientes subiendo la remuneración de los depósitos. Lo descartaron el consejero delegado del BBVA, Onur Genç –dijo que el banco ya tenía mucha liquidez–, y el director financiero de Unicaja, Pablo González: “El regreso a la remuneración de los depósitos tomará algo de tiempo y será gradual”.

De hecho, según datos del BCE, los bancos españoles son los que menos están compensando a los ahorradores, junto con los portugueses. Ofrecen de media una rentabilidad de sólo el 0,41% en depósitos con vencimientos menores a un año, mientras que la media de la eurozona es del 1,12%. Los bancos alemanes retribuyen los depósitos con el 1,34% de media, los belgas, con el 1,50%, los italianos llegan al 1,78% y los franceses al 1,83%. Los más generosos son los holandeses, que pagan el 1,85%. 

2022 ha sido un año tan bueno que incluso ha permitido a la banca española recuperar la rentabilidad. El ROE, un indicador que mide la rentabilidad sobre el patrimonio, es del 14,1% en el caso del BBVA, del 11,98% en el de Bankinter o del 10,67% en el del Santander. La media de la UE se sitúa en el 7,8%, según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

También han mejorado sus ratios de solvencia, que se sitúan por debajo de la media europea. Bankinter dice que su ratio de capital CET fully loaded –el capital de máxima calidad– ha subido hasta el 12%, más de cuatro puntos porcentuales por encima del 7,7% que el BCE ha establecido para el banco de Dancausa para 2023. El de Unicaja es del 13%, el del BBVA del 12,6% y el del Santander, del 12,04%.

Con los beneficios en niveles históricos y pese a la incertidumbre económica y el impacto del nuevo impuesto que temen en sus cuentas, los bancos no han dudado en aumentar el reparto de dividendos. De hecho, BBVA ha anunciado que destinará más de 3.000 millones –casi la mitad de sus ganancias anuales– a retribuir a sus accionistas. Así que elevará hasta 43 céntimos el pago por acción, el más alto en 14 años, y ejecutará un plan de recompra de acciones –otra forma de retribución– por importe de 422 millones de euros. “Es posible que haya otros pagos extraordinarios a nuestros accionistas en el futuro”, anunció Onur Genç en la presentación de los resultados, “no nos gusta operar con exceso de capital”.

El Sabadell también aumentará la retribución a los accionistas, del 31,8% de los beneficios que repartió en 2021 al 50% en 2022. Un total de 430 millones, entre el plan de recompra de 204 millones y un dividendo de 0,04 euros por acción. El dividendo de Caixabank crece en 2022 un 58% respecto al año anterior y alcanza los 0,23 euros por título. En total, la entidad destinará a remunerar a los accionistas el 55% de sus beneficios.

El Santander, por su parte, no sólo va a dedicar el 40% de sus beneficios a pagar dividendos sino que, además, subirá los salarios de sus empleados un 4,5% este año. En un primer momento, y a diferencia de otros bancos, iba a aplicar el aumento sólo a los trabajadores que no cobran complementos voluntarios. El convenio del sector permite a las entidades compensar y absorber las subidas salariales a quienes perciban esos complementos. Pero los sindicatos habían pedido al Santander que aplicara la mejora a toda la plantilla, dada la crisis inflacionista. El banco anunció el jueves que lo hará “tras conocerse que la inflación sigue por encima del 5%”. Lo mismo han hecho BBVA, Sabadell y Bankinter.

Hasta en la Bolsa les ha ido bien a los bancos en 2022, después de años con las cotizaciones hundidas. Desde enero del año pasado, la cotización del Sabadell ha mejorado casi un 37% y un 21,4% la del BBVA. Caixabank ha subido un 20%, mientras que Bankinter y Santander se han quedado más cortos, con un 15% y un 7%, respectivamente.

Abanca presentó este viernes sus resultados del ejercicio 2022, en el que "generó 217 millones de beneficio, un 41% más que en 2021 en términos recurrentes", según la propia entidad. En este acto su presidente, Juan Carlos Escotet, anunció la intención de recurrir ante la justicia el impuesto del Gobierno a los beneficios extraordinarios de la banca por considerarlo "claramente inconstitucional". Según dijo, el impacto de ese impuesto en su entidad sería de unos 50 millones de euros. 

A finales de este año, hará una década de la adjudicación de los restos de las antiguas cajas gallegas al grupo bancario de Juan Carlos Escotet, que renombró el negocio como Abanca. Una operación que supuso el primer rescate por parte del Estado de las antiguas cajas con alrededor de 9.000 millones de euros que el Banco de España dio por perdidos y la posterior venta de sus restos al grupo Banesco de Escotet por 1.000 millones, cifra que hace tiempo que ya superaron los beneficios que Abanca ha venido obteniendo.

En este contexto, la presentación de este viernes de los resultados de 2022 dejó cifras como que Abanca ya gestiona un volumen de negocio de 106.000 millones de euros, algo más de 111.000 si se incluye la reciente compra de Targobank. Adquisiciones que han sido una constante desde la creación de Abanca y que siguen abiertas, no a corto plazo sino a medio, según sus responsables.

Sin embargo, Escotet lamentó que la estrategia de crecimiento de su entidad pueda romperse por el impuesto a las ganancias extraordinarias promovido por el Gobierno, que lleva meses criticando. Según explicó, tendría un efecto de unos 50 millones de euros en su cuenta de resultados, por lo que la entidad lo recurrirá "en su momento".

Puedes leer el artículo original de Praza.gal en gallego en este enlace.

La Bolsa caía un 1,3% a los pocos minutos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un nuevo impuesto a los bancos para que éstos contribuyan al reparto de las cargas que la inflación y la guerra imponen a la ciudadanía. El Íbex 35 perdió los 8.000 puntos, la cota a la que lleva meses agarrándose con dificultades, y sólo los recuperó a última hora de la tarde. CaixaBank se llevó la peor parte, con una caída del 8,63%%, seguida del Sabadell (-7,44%), Bankinter (-5,08%), BBVA (-3,77%) y Santander (-3,65%).

Sin embargo, al secretario general de CCOO, Unai Sordo, el anuncio del nuevo impuesto a los bancos, como el ya previsto a las grandes energéticas, le sonó “bien”. “Es una lógica de medidas que compartimos”, explicó. Pero a continuación expresó su cautela “hasta ver cómo acaba concretando la normativa”. “Las medidas fiscales dependen mucho de cómo se reglamenten para que tengan un efecto recaudatorio u otro y no se queden en agua de borrajas”, advirtió.

Sordo ha coincidido con la CEOE en criticar que el paquete de nuevas medidas se haya adoptado sin consultar antes con los agentes sociales, sindicatos y patronal. Además, la CEOE cree que no son “una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española”, sobre todo las subidas de impuestos, que consideran una barrera añadida para que las empresas se recuperen de la pandemia. Según argumenta la patronal, apoyándose en cifras del Banco de España, mientras que cerca del 77% de las empresas ha aumentado sus costes de producción por culpa del encarecimiento de sus consumos intermedios, sólo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales.

También el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, reclamó concreción al Gobierno. Le piden que defina el hecho imponible del nuevo impuesto a los bancos, puesto que en 2019 sólo 26 de ellos, pertenecientes a grandes entidades, tuvieron bases imponibles positivas superiores a 2.031 millones de euros, aseguran. Al nuevo impuesto a gasistas, eléctricas y petroleras, Gestha lo considera más bien un incentivo para que estas grandes compañías contengan los precios, de forma que eviten la “tacha reputacional” que supondrá el anuncio de que tienen que pagarlo. Todas las mayores empresas deben tributar ya por un mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que se eleva al 18% en al caso de los bancos y las empresas de hidrocarburos. Esta medida, incluida en los Presupuestos del Estado de este año, afecta sólo a 12.000 empresas, el 1% de las existentes.

De momento, el Ministerio de Hacienda sólo ha detallado que los dos nuevos impuestos gravarán los beneficios de las empresas y bancos que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Por encima de ese umbral se sitúan ampliamente todas las energéticas y entidades financieras del Íbex 35.

De hecho, sólo en el primer trimestre del año, cuando aún no se habían dejado sentir los efectos de la guerra en Ucrania, las seis energéticas del selectivo español facturaron 46.849 millones de euros, casi un 52% más que en esos tres meses de 2021. En todo el ejercicio pasado, Repsol alcanzó una cifra de negocio de 49.480 millones de euros. Iberdrola ingresó 39.114 millones; Naturgy, 22.130 millones. La facturación de Endesa se quedó en 20.899 millones. Mucho menor es la de Red Eléctrica, que cerró con 1.952,9 millones de euros en 2021. La única que podría librarse del nuevo impuesto, si no superara este año la cifra de negocio de 2021, es Enagás, que facturó 975,68 millones de euros. En 2020 sí los superó: 1.053 millones.

Los ingresos de la gran banca también fueron de récord histórico el año pasado. Santander consiguió un margen bruto –los ingresos de la entidad– de 46.404 millones de euros en 2021. El de BBVA fue de 21.066 millones. Caixabank alcanzó los 10.274 millones de euros y Banco Sabadell, 5.026 millones. Bankinter también supera el umbral fijado por el Gobierno, con un margen bruto de 1.855,3 millones en 2021. Fuera del Íbex 35, entidades de menor tamaño como Unicaja, que ingresó 1.099 millones el año pasado, o la gallega Abanca, con un margen bruto de 1.052 millones en 2021, también tendrán que pagar el nuevo impuesto. Unicaja, que cotiza en el mercado continuo, cayó este martes un 7,67%.

Las patronales de la banca y las antiguas cajas de ahorro no han recibido la noticia con mucho entusiasmo. “El sector bancario paga muchos impuestos, superiores a los de otros sectores [un 30% en sociedades, que tiene un tipo general del 25%], se ha quejado el portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, por lo que, a su juicio, la medida del Gobierno “va en contra del principio de igualdad y distorsiona el mercado”. También ha lamentado la “improvisación jurídica” en que opera en el sector. Y ha negado que la próxima subida de tipos que aprobará el BCE el día 21, y a la que aludió Pedro Sánchez en el debate, “asegure necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos ni se traduzca en beneficios extraordinarios”. Por su parte, Alberto Aza, portavoz de la CECA, ha criticado el nuevo impuesto porque “no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria”.

Hacienda no ha dado más detalles sobre estos dos nuevos gravámenes, excepto que el PSOE y Unidas Podemos presentarán dos proposiciones de ley en el Congreso para crearlos. Según ha explicado la ministra, María Jesús Montero, éste es el “instrumento jurídico más ágil” para que ambos tributos entren en vigor el próximo ejercicio. Se tramitarán al mismo tiempo que los Presupuestos Generales de 2023, puesto que los nuevos impuestos no pueden crearse ni por decreto-ley ni utilizando las Cuentas del Estado, ha recordado la titular de Hacienda.

Con estos tributos a bancos y energéticas, el Gobierno prevé recaudar un total de 7.000 millones de euros en los dos años que estarán en vigor –2023 y 2024–.

Las medidas para paliar el daño que la inflación está infligiendo a los bolsillos de los ciudadanos se centran en la gratuidad del abono de transporte para cercanías y media distancia de Renfe y Rodalies (en Cataluña) y en una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya tengan otra ayuda.

El abono gratuito ha sido recibido por el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, como una medida “populista”. “Lo que esperan los usuarios de Rodalies-Renfe es que funcione, no que sea gratis”, se ha quejado en Twitter, donde ha asegurado también que la medida del Gobierno “sitúa al transporte público al límite del colapso económico y de servicio”.

Por lo que respecta a las nuevas becas, se pagarán desde septiembre hasta diciembre, para lo que se aprobará un crédito extraordinario de 400 millones de euros. El Ministerio de Educación ha precisado que la ayuda será lineal para todos los becados independientemente de la cuantía que reciba ya cada uno y que su concesión será automática sin necesidad de que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite, informa Europa Press. La cuantía media de las becas en España se sitúa en 2.173 euros por curso. Las universitarias se elevan hasta 2.982 euros y las no universitarias se quedan en 1.606 euros.

Otro de los anuncios del presidente ha sido el desbloqueo de la Operación Campamento, que permitirá la construcción de 12.000 viviendas, de las que el 60% serán públicas. La operación se encontraba paralizada desde 1989 por la falta de acuerdo entre las instituciones involucradas. Los terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa, y la planificación urbanística corre a cargo el Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa corrió a cargo de la Comunidad de Madrid cuando gobernaba Joaquín Leguina. El Ministerio de Transportes es el comprador del suelo.

El Gobierno ha anunciado ahora un acuerdo entre los dos ministerios involucrados que el Ayuntamiento de Madrid ha saludado con escepticismo. “Es un buen anuncio, pero de momento, vacío de contenido”, ha respondido el delegado de Urbanismo del consistorio, Mariano Fuentes. Son más de ocho millones de metros cuadrados situados en el suroeste de Madrid, entre la A-5 y Pozuelo de Alarcón.

Alberto Núñez Feijóo inicia a la inversa el camino que recorrió Manuel Fraga cuando dejó la Presidencia del PP estatal para aspirar a la de la Xunta. Lo hará casi dos décadas y media después y tras derogar durante sus trece años de mandato buena parte de las leyes que había impulsado su antecesor. Un revisionismo —o “reformismo”, como lo califica el propio Feijóo— que supuso aplicar con éxito dispar una agenda liberal-conservadora presentada a veces como socialdemócrata. Estos son los 13 hitos que resumen las principales zonas oscuras de sus 13 años de gobierno en Galicia.

Tras la dura campaña electoral de 2009 contra el gobierno de coalición PSdeG-BNG, una de las primeras políticas que revirtió Feijóo nada más llegar a la presidencia fue la que planificaba un sector eólico con participación pública y proyectos industriales ligados a los aerogeneradores. El nuevo gobierno del PP anuló a finales de 2009 el denominado concurso eólico que estaba en marcha y lo sustituyó por un nuevo proceso de reparto de parques. 

Años después el Tribunal Supremo condenó las ilegalidades cometidas tanto en la anulación del concurso previo —por el que aún se siguen pagando indemnizaciones— como en el nuevo proceso que se abrió a continuación. Más de una década después, la política eólica sigue siendo de las más polémicas que desarrolla la Xunta, con sucesivas sentencias que condenan su gestión.

Uno de los pilares de la estrategia de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG consistió en señalar una supuesta “imposición” del gallego en Galicia. Lo hizo especialmente desde que, en 2007, aquel Ejecutivo aprobó un decreto que fijaba un “mínimo” del 50% de las materias escolares en lengua gallega, norma que desarrollaba a su vez el Plan General de Normalización aprobado por unanimidad en tiempos de Fraga y que había sido inicialmente apoyada por los populares.

De la mano de grupos minoritarios que caricaturizaban Galicia como una especie de dictadura lingüística, Feijóo prometió derogar aquel decreto y, en el penúltimo día de 2009, presentó el texto llamado a sustituirlo, una nueva normativa para “pasar” del supuesto “monolingüismo” y la “imposición” en las aulas a la “normalidad”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”. Aseguraba también el entonces nuevo presidente que su decreto gantatizaba que los padres iban “a decidir” sobre la presencia de castellano y gallego en la enseñanza, pretensión que después fue tumbada por la Justicia.

La famosa “casilla en el sobre de matrícula” prometida por Feijóo para que padres y madres condicionaran el idioma de la enseñanza no llegó nunca a entrar en vigor, pero sí el resto de la norma a partir del curso 2011-12. Culminaba así el primer retroceso en la protección legal de la lengua gallega en la historia de la autonomía, contradiciendo el espíritu de la Ley de Normalización Lingüística, que señala el carácter “progresivo” de la recuperación del uso del idioma. Desde entonces, la Xunta evita divulgar los resultados de sus evaluaciones sobre el resultado del decreto y, al mismo tiempo, Feijóo desdeña las consideraciones de entidades que, como el Consejo de Europa, reclaman la “inmediata” eliminación de las “limitaciones a la docencia en gallego”. “Allá los autores del informe”, aseguró al ser preguntado al respecto en 2019.

En mayo de 2011 fueron detenidos el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, y varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo, en el marco de una investigación por presunto fraude en subvenciones públicas. El Igape es una entidad que depende de la Xunta y que es clave en el reparto de ayudas públicas. Comenzaba el caso Campeón, que finalizaría en 2017 con la condena por corrupción de Varela de Limia, Silva y del diputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Feijóo no sólo defendió que sus cargos públicos únicamente habían realizado una “mala gestión” pero no tenían responsabilidad penal, sino que avaló que la Xunta, que participó en el proceso judicial, no formulara acusaciones contra ninguno de ellos y se centrara exclusivamente en los empresarios implicados. Un año después de que la sentencia por corrupción fuese firme, el presidente gallego reconoció expresa y públicamente al exdirector del Igape condenado.

El Pleno de la Diputación de Ourense hizo efectivo el 26 de enero de 2012 el relevo de quien había sido su presidente desde 1987, José Luis Baltar, por su hijo Manuel. Tres años antes el padre ya había cedido a su vástago el mando del PP provincial en lo que supuso la primera gran derrota interna de Feijóo desde su llegada a la presidencia del partido y de la Xunta. Fue en un congreso en el que los Baltar vencieron al candidato de Feijóo, Juan Manuel Jiménez Morán, tras enchufar el padre ilegalmente en la Diputación a 104 personas próximas al partido.

Por aquellos hechos Baltar padre acabaría en 2014 condenado por prevaricación, pero Feijóo ya no volvió a dar la batalla por el control de una provincia que tanto le ha facilitado unos resultados electorales indispensables para sus sucesivas mayorías absolutas, pero que también se ha enfrentado a decisiones de la Xunta como la de intentar cerrar la sala de partos del hospital de Verín hace dos años. 

El domingo 31 de marzo de 2013 el diario El País reveló la amistad que Feijóo mantuvo durante años, en la década de los noventa, con Marcial Dorado, entonces conocido contrabandista y posteriormente condenado por narcotráfico. El entorno del presidente intentó presentar aquello como unas fotos puntuales sacadas de contexto, aunque las imágenes probaban una amistad duradera entre el político popular y el contrabandista y revivieron toda una época de connivencia entre el PP y las actividades delictivas en la costa gallega.

A pesar de la polvareda que supuso aquella información, y de que quedaron cuestiones sin aclarar como los posibles contratos entre empresas de Dorado y el Servicio Galego de Saúde o qué delegado del Gobierno de España le alertó de la existencia de las fotos, los populares dieron por amortizada la polémica con la siguiente mayoría absoluta, en 2016. 

El mismo día en que Feijóo presentó el texto de su decreto “del plurilingüismo”, el 30 de diciembre de 2009, el Consello de la Xunta aprobaba sin hacerlo público destinar un millón de euros a un informe de la consultora KPMG sobre la fusión de Caixa Galicia con Caixanova, las dos principales entidades financieras de Galicia. Poco después y aunque no lo era, el Gobierno gallego presentó un resumen de los resultados de aquel trabajo como una “auditoría” que “avalaba” la fusión. En noviembre de 2010, el propio Consello tramitó un informe de apenas cinco páginas autorizando una operación que también tenía el visto bueno del Banco de España.

Nacía así Novacaixagalicia, una nueva caja de ahorros marcada por la “solvencia” y la “galleguidad”, había defendido la Xunta, pero que duró como tal apenas unos pocos meses. A mediados de 2011, las nuevas normas estatales forzaron su bancarización transfiriendo su negocio al nuevo Novagalicia Banco, que a su vez acabaría precisando de un rescate estatal del que el Banco de España da por perdidos unos 9.000 millones de euros. El Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió vender la entidad por la vía rápida y así, a finales de 2013, se la adjudicaba al grupo venezolano Banesco por mil millones de euros.

De aquella compra salió la actual Abanca, que entró en beneficios poco después de comenzar a operar. Mientras, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las cajas está a punto de cumplir ocho años, cinco de ellos completamente paralizada. En la actualidad el bloqueo continúa.

A finales de agosto de 2015, el astillero Navantia llevaba a cabo en Ferrol la botadura de uno de los dos floteles (hoteles flotantes) que la petrolera mexicana Pemex encargó y construyó en las rías gallegas. El 9 de febrero del presente año, en una comparecencia pública, el presidente de México, Andrés López Obrador, señalaba que el “contubernio” de los negocios de la petrolera estatal azteca en Galicia apadrinados por la Xunta resultaron claves en su crisis con España.

Lo hacía casi una década después de aquel 24 de mayo de 2012 en el que el telediario de la TVG interrumpió su emisión para conectar en directo con la sede de la Xunta y retransmitir la firma del acuerdo con Pemex. Entonces se prometieron millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Pero todo quedó en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron quebrando. De por medio, una estela de promesas incumplidas, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sospechas, sombras y muchas dudas aún por resolver. 

La extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España e impulsor, de la mano de la Xunta, de sus principales negocios en Galicia, y su colaboración con la Fiscalía mexicana estrechó aún más el cerco. El Ministerio Fiscal investiga si los negocios de la petrolera en Galicia debieron ser llevados a cabo o si hubo algún aspecto irregular en ellos, al igual que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que llevan tiempo investigando la fracasada colaboración entre la Xunta y la empresa mexicana. 

En marzo de 2016 el Tribunal Supremo tumbó la decisión que tomó la Xunta en 2009, poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia, de retrasar la durante mucho tiempo postergada reforma del principal sistema de transporte público de Galicia: el autobús. Fue entonces cuando el Gobierno gallego inició un polémico proceso de reestructuración de líneas y servicios que aún ahora está llegando a su final y cuya valoración habrá que hacer dentro de unos años.

Mientras, como con gobiernos anteriores, la apuesta principal de los ejecutivos de Feijóo tanto a través de sus Presupuestos como en sus discursos públicos siguió siendo la construcción de infraestructuras, con todo tipo de promesas incumplidas y relegando a un segundo nivel el debate sobre los servicios y la movilidad que esas obras públicas podrían facilitar. Un foco en las inversiones por encima de la gestión de los servicios que tiene en la alta velocidad ferroviaria uno de los ejemplos más claros y recientes, con las principales obras —ahora sí— ya finalizadas pero con una similar indefinición a la de hace una década en relación con la configuración futura de la red gallega y de sus servicios sin que hasta ahora supusiera para el Gobierno gallego un motivo de especial preocupación.

El domingo 15 de octubre de 2017 la mayor ola de incendios de la última década arrasó con miles de hectáreas en toda Galicia y acabó con la vida de cuatro personas. El fuego puso en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del rural y la mala planificación territorial a pesar de años de propaganda oficial y sucesivas reformas parciales de las normativas de montes e incendios o urbanísticas. 

Las cifras de hectáreas quemadas, no obstante, disminuyeron notablemente en los años siguientes mientras la respuesta de Feijóo era culpar a supuestos terroristas que la Fiscalía no fue capaz de encontrar. También anunciar nuevas leyes de incendios, de ordenación territorial o de impulso del rural. Pero, al mismo tiempo, la Xunta siguió flexibilizando la ocupación del territorio y defendiendo la primacía de proyectos urbanísticos o empresariales sobre otras consideraciones. Haciendo la vista gorda en la aprobación de planes municipales, por lo que fue condenada por la justicia en varias ocasiones, defendiendo el aumento de las plantaciones de eucaliptos y que la papelera Ence siga ocupando terreno público costero de la ría de Pontevedra autorizando ilegalmente parques eólicos o minas a pesar de su impacto ambiental.

El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de explotar el caso Gürtel, Mariano Rajoy compareció ante la prensa en la sede central del PP para, rodeado por múltiples dirigentes del partido —entre ellos sus barones territoriales— asegurar que aquello no era más que una “trama contra el PP”. Alberto Núñez Feijóo pudo evitar aquella incómoda fotografía porque estaba en plena campaña electoral en Galicia pero también logró esquivar la cuestión siempre que fue interrogado sobre ella. Incluso cuando las preguntas se referían a Pablo Crespo, el número dos de la trama, antiguo secretario de organización del PP en Galicia y miembro del consejo de Portos de Galicia en la etapa de Feijóo en la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la entidad en aquellos años.

La onda expansiva de la Gürtel se volvió a cruzar en el camino político de Feijóo en 2018 cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida cómo primera época de la trama, condenando a sus principales líderes y certificando la financiación del PP con dinero negro desde su fundación. El presidente de la Xunta, que había reducido todo el caso a que Luis Bárcenas “no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar el PP”, pasó a estar en el centro del escenario después de que, el 1 de junio de aquel año, la moción de censura presentada por el PSOE como respuesta a la sentencia puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Como es sabido, buena parte de las miradas internas se volvieron entonces hacia Feijóo como el mejor colocado para la sucesión. Pero, en una comparecencia que desató la euforia en el seno del PP gallego, renunció a concurrir a la elección interna porque, según sus propias palabras, aún faltaba más de media legislatura en Galicia y “fallar a los gallegos” sería tanto como fallarse a sí mismo.

Nunca en la historia de la autonomía el PP tuvo una jornada de resultados electorales tan mala como la que vivió en 2019 y cuyos efectos aún se mantienen en buena parte de las instituciones. En las elecciones generales de abril los populares perdieron por primera vez unos comicios en el global de Galicia y se vieron superados por el PSdeG. En la repetición de las generales de noviembre volvieron a ser la fuerza más votada, pero empataron a escaños con los socialistas y perdieron de nuevo ampliamente frente a la suma de fuerzas de izquierdas.

De por medio, en mayo, tras años de sucesivos cambios impulsados personalmente por el propio Feijóo en las candidaturas municipales de las principales ciudades, las últimas elecciones locales celebradas hasta el momento, hicieron de Arteixo (poco más de 30.000 habitantes) el ayuntamiento gallego de mayor tamaño con alcalde o alcaldesa del PP. Los populares vieron cómo no sólo no podían gobernar ninguna de las siete ciudades gallegas sino que Baltar cedía la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome, líder de una formación antisistema y a quién Feijóo había calificado como “letal” para la ciudad, a cambio de conservar la presidencia de la Diputación provincial, la única de las cuatro aún en manos del PP. Solo la cuarta mayoría absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas celebradas un año más tarde logró mudar la tendencia, pero constató el debilitamiento de los populares especialmente en la provincia de Pontevedra.

Cuando el Servicio Galego de Saúde confirmó el primer caso de la covid en Galicia, a principios de marzo de 2020, hacía apenas un mes que Alberto Núñez Feijóo había confirmado la convocatoria de las elecciones gallegas para el 5 de abril, el mismo día en el que el lehendakari Urkullu había llamado a las urnas en Euskadi. Aquella convocatoria electoral quedó sin efecto mediante un inédito proceso de desconvocatoria tras el cual llegaría una nueva llamada a las urnas, finalmente para el 12 de julio.

Este contexto preelectoral es imprescindible para entender buena parte de los movimientos de Feijóo y de su Ejecutivo en las primeras semanas de la pandemia, marcadas por los rifirrafes con el Gobierno de España. Desde los reproches por la falta de material sanitario como mascarillas y batas de protección hasta las discusiones por la duración del estado de alarma, pasando por la afirmación de que el gabinete de Pedro Sánchez “había fracasado” en la lucha contra la pandemia cuando había pasado menos de un mes de su inicio o ligar a la gestión de la Xunta la menor incidencia del virus en Galicia en aquella primera ola.

Una vez pasadas las elecciones —con otra mayoría absoluta para el PP—, los enfrentamientos continuarían a cuenta de, por ejemplo, los criterios de reparto de las vacunas, aunque los datos acreditaran que Galicia recibió las que le correspondían en cada fase del proceso, o la aplicación y retirada de las diversas restricciones para intentar contener los contagios. Esa pugna pre y postelectoral se transformó en una especie de ruido de fondo, tanto mientras el virus causaba entre la población gallega un impacto relativamente menor al de otros puntos de España en términos de mortalidad como cuando Galicia destacó positivamente en todos los indicadores de vacunación.

Desde 2009 hasta hoy, Galicia ha perdido más de 33.000 empleos industriales y sufre una debacle en el sector que no se detiene. El lento desmantelamiento de la industria eólica y de todo lo vinculado con los molinos de viento ahondó especialmente la crisis que padece el norte gallego. El cierre de Vestas y Gamesa se sumó al de muchas otras empresas en los últimos años. 

No sólo en en lo eólico, obviamente. Las amenazas y cierres parciales y definitivos que pesan sobre gigantes como Alcoa —en A Coruña y en A Mariña—, la crisis del naval, el anunciado desmantelamiento de la central térmica de As Pontes —ahora reactivada temporalmente por la crisis energética— y otras muchas empresas importantes en crisis certifican la ausencia de políticas y modelos industriales alternativos ante los cambios que exigen, desde hace tiempo, la lucha contra el cambio climático y los nuevos horizontes económicos.

La captación de fondos europeos para novedosos y sostenibles proyectos, liderada por una sociedad de mayoría privada que encabeza Abanca, es ahora mismo la esperanza para una reactivación plasmada en la polémica ley del mismo nombre, con la que Feijóo pretende desregular permisos ambientales y subvenciones a empresas y empleo público. Con ella la Xunta permitirá, por ejemplo, que sean empresas privadas las que evalúen las alegaciones de los ciudadanos contra proyectos con impacto ambiental.

La repercusión de estos trece hitos de Feijóo en Galicia fue dispar en el debate político y social gallego. En parte por un sistema de medios de comunicación condicionado en el sector privado por la publicidad y el reparto discrecional de dinero de la Xunta y en el sector público por el control político de la CRTVG que desde hace cuatro años tiene su principal foco de crítica en el movimiento Defende A Galega. Son las dos vertientes de la política de comunicación de un ejecutivo que ha prestado una especial atención a su proyección pública por encima de otras consideraciones.

Con este equipaje Feijóo pone rumbo a Madrid y deja una Galicia que es hoy más pequeña que cuando empezó a presidirla en 2009, si se atiende a lo que solo en los últimos años viene siendo identificado por el presidente como el principal problema de su tierra, el demográfico. Si hace 13 años había 2.767.000 personas viviendo en Galicia, según la última cifra oficial equivalente ahora son 2.695.000, unas 70.000 gallegas y gallegos menos.

Sin embargo, hasta hace dos años la Xunta no decidió dar al problema el máximo rango político e impulsar una ley específica para combatirlo. Su resultado aún está por ver. Pero no serán las políticas demográficas de Feijóo una carga para quien lo suceda ahora o en los próximos años. “Por responsabilidad”, dijo él mismo, su ley demográfica, lo que él considera el gran hito de sus últimos años al frente de la Xunta, no concreta medidas porque no quería “hipotecar” a los gobiernos que le sucedan cuando inicie su carrera en Madrid.

Las grandes fortunas han dejado la crisis del covid-19 muy, muy atrás. La recuperación de la economía española es renqueante, por las sucesivas olas de contagios y por la dependencia del turismo. Pero los más adinerados ya están no como antes de la pandemia, sino mucho mejor de como terminaron 2019. Al menos a tenor de lo que muestra la lista de la revista Forbes. Los 100 más ricos de España suman una riqueza de 153.575 millones de euros. Es un 17,7% más de lo que acumulaban en 2020, cuando el cerrojazo de la economía redujo su capital un 11,9%, e incluso un 3,6% superior a los 148.200 millones de euros con los que despidieron 2019. Puede parecer poco, pero son 5.375 millones más. Para hacerse una idea del volumen basta una comparación: en 2019, las fortunas de los 100 más ricos sólo habían conseguido crecer un 1% respecto al año anterior; en 2021 han más que triplicado ese aumento. Si se divide el aumento de riqueza entre los 100 integrantes de la clasificación, cada uno de ellos ha añadido de media 565.000 euros a sus cuentas al día.

Además, el patrimonio de los cinco más pudientes entre los superricos es cada vez mayor. Antes de la pandemia sumaba 78.800 millones de euros; después del coronavirus, su capital se eleva a 83.500 millones. Si en 2019 el dinero de los cinco megamillonarios españoles equivalía al 53,17% de la lista de los 100 de Forbes, este año ya suponen el 54,37%.

Un año más, la cabecera está dominada por Amancio Ortega, con una fortuna de 67.000 millones que, por sí sola, representa el 43,6% de toda la clasificación de Forbes. El dueño de Inditex sufrió una caída de 6.000 millones de euros en 2020, afectada la cotización de su grupo por el parón del consumo. Pero este año ya ha superado en 4.000 millones los 63.000 con que terminó valorando su capital la revista en 2019.

Para calcular el porcentaje de capital que los empresarios poseen en empresas cotizadas y sicavs, Forbes utiliza la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. También recoge datos de activos inmobiliarios.

La segunda de la lista es la hija del fundador de Zara, Sandra Ortega, que igualmente se ha repuesto, con 6.300 millones de euros, del bache –5.600 millones – de 2020, porque en 2019 su fortuna alcanzaba los 6.000 millones.

2020 fue el año de Mercadona

Esa es la tónica entre los 20 primeros de la lista. Menos Juan Roig y su mujer, Hortensia Herrero, Juan Abelló, Manuel Lao y Tomás Olivo, el resto han mejorado sus cifras respecto a 2020. Pero hay que tener en cuenta que la riqueza de Roig y su esposa, los dueños de Mercadona, explotó el año del confinamiento. Este ejercicio, en cambio, ambos han caído en comparación con el anterior, pero aun así superan las cifras de 2019: 3.700 y 2.300 millones de euros, respectivamente. Los demás pertenecen a sectores especialmente dañados por el covid: Tomás Olivo –1.300 millones, un 38% menos que en 2019– es conocido como el rey de los centros comerciales y Manuel Lao –1.300 millones, un 18,75% menos– es el propietario de la empresa de juego Cirsa. El inversor Juan Abelló, el sexto más rico del país, suma un capital de 2.500 millones, 200 menos que el año pasado, pero 300 más de los que tenía antes de la pandemia.

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, cuenta con una fortuna de 3.000 millones de euros, lo que le convierte en el tercer más rico de España tras los Ortega. También ha mejorado respecto a 2020, añade 600 millones a su capital, pero aún no ha recuperado los 4.100 millones de 2019. Sí lo han conseguido sus hermanos. María y Leopoldo, accionistas de la constructora. La primera, la novena más rica de España, posee una riqueza valorada en 2.200 millones de euros, casi un 30% superior a la de 2019. El segundo vuelve a tener los 1.600 millones de 2019 tras perder 200 durante la pandemia. Otro Del Pino, Joaquín, suma 850 millones de euros, sólo 50 millones por debajo de los que tenía hace dos años. Un poco más lejos en la lista –el número 79– se sitúa Fernando del Pino, ex accionista de la empresa familiar y ahora inversor. Tiene una fortuna de 350 millones, 80 más que en 2020, y no aparecía en la lista de 2019.

En total, la familia Del Pino acumula 7.950 millones de euros, por encima de la riqueza de Sandra Ortega.

Un rescate público y un juicio por delito fiscal

Entre los nuevos ricos de este año tras la pandemia destaca el nombre del banquero hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca, que resulta ser el quinto más adinerado del país. Posee una fortuna valorada en 2.700 millones de euros. En diciembre de 2013 Escotet compró Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros.

También se ha estrenado en la lista José María Aristrain, con 950 millones de euros. Accionista de ArcelorMittal, se le juzga estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscalía pide para él una pena de 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros de multa por 15 delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2009: la deuda con Hacienda asciende a 210,98 millones de euros.

José Elías es otro de los nuevos ricos españoles de Forbes. Es accionista de Audax, pero también de los supermercados de congelados La Sirena. Su fortuna alcanza los 900 millones de euros.

Juan Miguel Villar-Mir ya estaba en la lista en 2019, con una riqueza de 850 millones, desapareció de la de 2020 y vuelve este año con 900 millones de euros. El pasado mes de mayo dejó la presidencia de su constructora, OHL, en manos de su hijo.

Las siete mujeres

En el grupo de los 20 megarricos sólo hay siete mujeres. La primera es Sandra Ortega y la segunda, Alicia Koplowitz, ex accionista de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ahora con un grupo de inversiones, Omega Capital. Posee 2.300 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia y después de que ésta no le afectara a su patrimonio el año pasado. Es la séptima persona más adinerada de España.

Les siguen Hortensia Herrero y María del Pino, esposa y hermana de otros dos ricos de la lista, en los puestos octavo y noveno. La número 11 es Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, que suma 1.900 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia. Su prima Carmen Daurella también es accionista de Coca-Cola y, con 950 millones, se sitúa en el puesto 28º de Forbes. Helena Revoredo es la viuda del fundador de Prosegur. Su riqueza asciende a 1.300 millones de euros, casi los que tenía en 2019 tras crecer en 350 millones desde la pandemia.

Florentino y los hoteles, a la espera; Mango y Pronovias, subiendo

¿Quiénes están aún esperando a recuperar los niveles de riqueza prepandemia? Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid es uno de ellos. El duodécimo español más pudiente amasa una fortuna de 1.700 millones, 300 menos que en 2019, pero 200 más que en 2020. El mismo patrón siguen los hermanos Juan María y Francisco Riberas Meray, accionistas de Gestamp, que fabrica componentes para el sector del automóvil. Cada uno de ellos posee 1.300 millones de patrimonio, más que en 2020 pero aún 100 millones por debajo de los que tenían antes del coronavirus.

Afectados por la crisis del turismo, el fundador de los Hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, y el presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxà, aún no han vuelto a cifras prepandemia. La fortuna de Fluxá, el número 22 de la lista, se ha quedado este año en 1.200 millones, cuando en 2019 más que la duplicaba, con 3.000 millones. Escarrer, el número 30, casi recupera los 1.000 millones de antes del covid, tras caer hasta 425 millones en 2020.

Por el contrario, la caída del consumo no parece haber tocado a Isak Andic, el propietario de la cadena de tiendas Mango, que con 1.600 millones de euros es el 14º más rico de España y cuyo patrimonio no ha dejado de aumentar desde los 1.200 millones de 2019. Lo mismo le ha ocurrido a otro empresario de la moda, Alberto Palatchi, el fundador de Pronovias. El vigésimo más pudiente del país, suma 1.300 millones de euros, cuando antes de la pandemia estaba en 950 millones.

Mención aparte merecen los casos de Julio Iglesias, que figura en el puesto 38º de Forbes, con una fortuna de 750 millones de euros, sólo 50 millones menos de los que poseía en 2019 y 2020, o las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil. Presidenta y accionista de El Corte Inglés, respectivamente, figuran en el puesto 52º de la lista. Cada una de ellas tiene 550 millones de euros de capital, por debajo de los 650 que poseían en 2020 pero por encima de los 450 con que aparecían antes del covid.

Finalmente, Carmen Thyssen es más rica que las dueñas de El Corte Inglés, pero un poco menos que el cantante de La vida sigue igual: aparece en el puesto 39º con una fortuna de 750 millones de euros. La pandemia no le hizo perder ni un euro, puesto que en 2020 mantenía los 600 millones del año anterior. Ahora ya es 150 millones más pudiente.

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

Más de 120.000 personas han firmado en la petición de la plataforma change.org para exigir a Abanca el cese del "cobro abusivo de comisiones" a sus clientes. La recogida de firmas la promovió la vecina de Cangas (Pontevedra) Yolanda López y serán entregadas en la sede central de Abanca en A Coruña.

"El pasado día 19 de junio, desde Abanca cobraron a sus clientes nuevas comisiones. En mi caso, el importe ascendió a 50 euros: 42 euros de 'comisión de mantenimiento' y 8 euros por 'gastos de administración'. Lo hicieron, además, sin avisarme antes, aunque ellos dicen que sí lo hicieron", relata esta vecina en el texto que acompaña a la recogida de firmas, recogido por Europa Press.

Acudirán a la entrega el presidente de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), Manuel Pérez Arias, y la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba Seivane.

Tanto el BCE como el Banco de España y la patronal AEB llevan tiempo animando las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, a la búsqueda de rentabilidad. El vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, llegó a decir el pasado julio que ese proceso es “ineludible” para reducir la “vulnerabilidad” de las entidades financieras europeas. Y tiene prisa: “Espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento”, aseguró en unas jornadas del Grupo Popular Europeo en el Parlamento de Estrasburgo. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a la creación de bancos transfronterizos y el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ve en el horizonte próximo “operaciones transnacionales” donde no descarta que participen bancos españoles. “Es posible que [los incentivos del BCE] generen un caldo de cultivo para las fusiones”, apuntó hace sólo unos días el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Pero el covid-19 ha puesto un paréntesis en los movimientos que ocupan desde hace años la rumorología de las fusiones bancarias en España. A los nombres más repetidos de Bankia y Sabadell se suman los de entidades más pequeñas como Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja. Lo que no quiere decir que no haya bancos que llevan ya tiempo practicando la compra transfronteriza de otras entidades. Es el caso de Abanca. De hecho, ningún otro banco ha comprado tanto y tan rápido como el que preside Juan Carlos Escotet.

El banquero, propietario del venezolano Banesco, adquirió en diciembre de 2013 Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros. Renacido como Abanca en 2014, la entidad ha sumado hasta el segundo semestre de este año 3.155,7 millones de euros en beneficios, lo que le permite disponer de liquidez suficiente, según asegura, para comprar. Escotet puso el pie en España comprando el Banco Etcheverria, una pequeña entidad con sede en Betanzos (A Coruña) que fue el que en realidad adquirió Novagalicia. Y tuvo que esperar hasta 2017 para emprender su política de expansión, ya que Bruselas prohibía ese tipo de operaciones a las entidades rescatadas. Desde entonces no ha parado.

Este mismo septiembre tiene previsto firmar el acuerdo definitivo de compra de Bankoa, que nació como un banco industrial en 1975 en Guipúzcoa y a día de hoy es propiedad de Crédit Agricole. Por un precio que no se ha hecho público, Abanca adquirirá las 30 oficinas de Bankoa en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid, lo que le permitirá aumentar su volumen de negocio en 4.374 millones de euros. Para entonces, el banco gallego se habrá convertido en la séptima entidad española por su volumen de activos y superará los 93.000 millones de cifra de negocio. En 2014 no superaba los 56.000 millones, por lo que casi la ha duplicado.

El propio Juan Carlos Escotet reconocía hace sólo unos días en la presentación de los resultados del segundo trimestre que “la vía del crecimiento inorgánico le ha resultado eficaz” a Abanca, por lo que estará “muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en España y en Portugal”.

Porque Bankoa es sólo la penúltima compra de Abanca, después de que el pasado mes de junio cancelara repentinamente la adquisición de EuroBicEuroBic, el banco portugués cuyo principal accionista era Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerada la mujer más rica de África y acusada en su país de malversación, blanqueo y evasión fiscal. Lo que se presentó como la operación que iba a convertir Abanca en un banco “ibérico”, gracias a la red de 250 oficinas de EuroBic y a un volumen de negocio cifrado en casi 12.000 millones de euros –casi el triple que Bankoa–, terminó de forma abrupta después de la auditoría preceptiva, firmada por Ernst&Young, la revelación de los problemas judiciales de Isabel dos Santos y las incertidumbres añadidas del covid-19. Según la prensa económica portuguesa, hubo un desacuerdo terminal sobre el precio de la transacción, que pudo haber alcanzado los 250 millones de euros por el 95% de las acciones que Abanca pretendía comprar. La entidad gallega dio por toda explicación que no se habían “cumplido las condiciones pactadas”.

Del Deutsche Bank a Caixa Geral

En cualquier caso, Escotet insiste en que Portugal sigue siendo una “apuesta estratégica de largo plazo”, así que continuará “analizando operaciones de compra que aporten sinergias” en ese país. De hecho, ya en 2018 Abanca se hizo con la red de Deutsche Bank en Portugal, después de haber intentado sin éxito comprar la del banco alemán en España. La filial lusa le proporcionó 41 sucursales en Lisboa y Oporto, 330 trabajadores y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros. Ahora aporta el 8% del resultado de Abanca, asegura la propia entidad.

Pero su primera adquisición fue Popular Servicios Financieros, en septiembre de 2017. Pagó 39 millones de euros por la antigua financiera al consumo de Banco Pastor, que contaba con 15 oficinas distribuidas entre España y, de nuevo, Portugal.

Hasta que apareció Eurobic, su gran operación fue, no obstante, la compra en 2019 de la filial española de Caixa Geral de Depósitos, otra entidad rescatada, en su caso por el Gobierno portugués, con una inyección de dinero público que sumó los 4.900 millones de euros. Para Abanca, que pagó por ella 384 millones, la integración de la red española de Caixa Geral se tradujo en 110 oficinas y 131.000 clientes más, además de unas sinergias “un 40% superiores a lo planificado”, según presumió en su más reciente presentación de resultados.

En ese mismo acto, Juan Carlos Escotet descartó que Liberbank siga estando en sus planes de crecimiento. En febrero de 2019 hizo un intento por adquirir la entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, considerado hostil por el consejo de administración, que ya estaba negociando con Unicaja. Finalmente, la falta acuerdo con la malagueña sobre el reparto de poder en la entidad resultante dio al traste con la operación. Liberbank sigue soltera, pero su cotización lleva semanas subiendo en la Bolsa, calentando motores para posibles movimientos este otoño.

Pescanova, Deportivo y bodegas de oporto

Claro que el interés de Abanca no se limita al sector financiero. Ha salido de compras con el bolsillo lleno. En marzo adquirió casi un 40% de las acciones de la Nueva Pescanova, por lo que ya posee el 80,46% de la primera compañía pesquera española. Ha pagado un total de 165 millones de euros, entre acciones y una inyección de 50 millones en la empresa, el montante de las pérdidas que registró en 2019. Hace sólo unas semanas, la junta general de accionistas del Deportivo de La Coruña aprobó la oferta de Abanca para hacerse con el club de fútbol: canjear 35 millones de euros de deuda en acciones, lo que le permitirá controlar hasta un 78% del capital. El club coruñés se encuentra en una difícil situación económica y deportiva, a las puertas del descenso a Segunda B. 

Aunque de nuevo es en Portugal donde Abanca ha echado las redes. Prueba de que la crisis del covid-19 no ha cambiado su política expansiva es que acaba de firmar la compra de la finca Quinta da Boavista: 80 hectáreas y dos marcas de vino, Quinta da Boavista y Boavista. La transacción la ha llevado a cabo a través de Sogevinus, la bodega que heredó de las antiguas cajas gallegas y que posee la marca Cálem de vinos de Oporto. Entre ambas bodegas, Abanca suma 360 hectáreas de viñedos en esa zona del Duero.

La pandemia está causando estragos en las cuentas de las empresas. La profundidad de la herida varía dependiendo del sector pero, desde la banca y la industria hasta las empresas de transporte y el turismo, los resultados corporativos están acusando el impacto con cifras que disparan todas las alarmas. Aun así, casi la mitad del ÍBEX 35 repartirá dividendos este año. Pese a la caída de beneficios e incluso las pérdidas que algunas de las grandes compañías han registrado este primer trimestre y las negras previsiones económicas para este año y el próximo. Otras los han recortado, pero no eliminado, y algunas más han pospuesto su decisión al verano o el pago de la remuneración al accionista al otoño.

Además, los anuncios de reparto del dividendo se están sucediendo al mismo tiempo que los mandatos institucionales a las empresas para que reserven sus beneficios y refuercen su calidad financiera o los reinviertan.

Así, el Banco Central Europeo (BCE) ha exigido a las entidades financieras que no abonen dividendos sobre los ejercicios de 2019 y 2020 hasta al menos el 1 de octubre de este año. Tampoco deberían recomprar acciones. En el mismo sentido se han pronunciado la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) y en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a las aseguradoras. Según el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, la banca europea ya ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos, el 75% de la cantidad que las entidades financieras tenían previsto repartir antes de que llegara el coronavirus.

Además, las millonarias ayudas públicas con que las diferentes administraciones van a ayudar a las empresas coinciden en incluir entre sus requisitos de concesión que las beneficiarias se abstengan de remunerar a sus accionistas. La Comisión Europea permite ya a los gobiernos entrar en el capital de las compañías perjudicadas por el coronavirus, pero a cambio éstas tienen prohibido repartir dividendos –o recomprar acciones y pagar bonus a sus directivos– hasta que el Estado haya salido de sus consejos de administración.

Son las mismas exigencias establecidas por el Ministerio de Economía para conceder los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas españolas impactadas por el covid-19: deben utilizar la financiación obtenida para afrontar sus necesidades de liquidez; es decir, para pagar nóminas, impuestos y facturas o devolver créditos. Y otro tanto se requiere a las empresas a las que se exime de pagar cotizaciones a la Seguridad Social tras aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Con pérdidas

Entre las grandes compañías que han repartido dividendos pese a sufrir pérdidas se encuentran Ferrovial y Siemens Gamesa. La constructora de Rafael del Pino terminó el primer trimestre con unos números rojos de 111 millones de euros, un 13,2% más de lo que perdió en el mismo periodo del año anterior. La empresa anotó una provisión de 39 millones que ya figuraba en el plan estratégico presentado en febrero, antes del covid-19, pero que ahora aparece incluida en las medidas de “reducción de costes, reestructuración y revisión de las inversiones” que está tomando para “adaptarse” a la pandemia.

Pero las pérdidas no han sido obstáculo para que Ferrovial abone el primer pago de los dos en que tradicionalmente reparte de su dividendo anual. Eso sí, el abono, por importe de 234 millones de euros, será en acciones, lo que se conoce como scrip dividend.

Siemens Gamesa cifra en 56 millones de euros el impacto del coronavirus en sus cuentas del último trimestre, que le han conducido a unas pérdidas de 165 millones de euros, frente al beneficio de 49 millones de euros en el mismo periodo de 2019. De forma que ha retirado sus previsiones financieras para este ejercicio. Pero, como dice tener un balance y una posición de liquidez “sólidos”, 2.000 millones de euros, pagará el dividendo correspondiente a 2019, un total de 34 millones de euros, el doble de lo que desembolsó el año anterior.

La constructora Sacyr, fuera del ÍBEX desde 2016, repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2019, pese a haber perdido 297 millones de euros en 2019 y pese a la crisis sanitaria: 0,110 euros por acción, pero no en efectivo, sino en papel.

Desplome de resultados

Telefónica, por el contrario, sí que ha tenido beneficios en el primer trimestre, 406 millones de euros, aunque la cifra supone un 56,2% menos que los registrados un año antes. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha suspendido sus objetivos financieros para este ejercicio por culpa de la pandemia. Pero, apoyada por su “confianza en la flexibilidad de su modelo de negocio”, junto con su “sólida posición de liquidez y la esperada resistencia del comportamiento” de su actividad, abonará un dividendo de 0,4 euros por acción. No en efectivo, sino mediante acciones.

Además, el covid-19 llega justo en el momento más bajo de Telefónica en Bolsa desde hace años. Su acción ha llegado a estar por debajo de cuatro euros. Sólo la fusión con Liberty Global en Reino Unido la ha animado en los últimos días. Pese a ello, su capitalización en Bolsa, que alcanzó en sus mejores tiempos los 100.000 millones de euros, no supera ahora los 20.000 millones.

Logista, que aunque no está en el ÍBEX le ronda cada año, ha recortado su beneficio casi un 12% –65,9 millones– y culpa al covid-19. Lo que no le impide mantener su política de remuneración al accionista: distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado y repartir un dividendo complementario de 0,81 euros.

Acciona ha ganado 78 millones de euros hasta marzo, un 6,9% más que en 2019, pero prevé que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se reducirá este año un 15% por culpa de la pandemia. Así que ha decidido recortar a la mitad su dividendo: repartirá 105,6 millones de euros en lugar de los 211 previstos en principio. Además, ha presentado ERTE en al menos dos de sus filiales: Acciona Facility Services y EROM.

Decisión aplazada

Acerinox también han sufrido una caída de beneficios, en su caso del 14%, en los tres primeros meses del año. Ha ganado 28 millones de euros. Iba a pagar un dividendo de 0,4 euros por acción, pero ha desconvocado su junta general de accionistas, que estaba prevista para el pasado 22 de abril, y no la convocará hasta que “se den las circunstancias de estabilidad, certidumbre y visibilidad de los mercados que las decisiones importantes exigen”.

Otro tanto han decidido Aena, Inditex, Indra y Grifols. El operador aeroportuario se le han desplomado los resultados –23,1 millones– un 83,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Por lo que ha aplazado su junta general de accionistas, inicialmente prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, y por tanto también el reparto de su remuneración al accionista. Además, ha dejado en suspenso las previsiones de tráfico y negocio que publicó el pasado febrero, debido a la paralización del transporte aéreo.

Inditex ha retrasado la decisión sobre los dividendos hasta el consejo de administración previo a la junta general de accionistas que celebrará en julio, y provisionará 287 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. “No se dan en el momento presente las condiciones necesarias para tomar la decisión adecuada sobre el reparto del dividendo”, ha explicado la multinacional de Amancio Ortega, cuyas ventas cayeron un 24% sólo entre 1 y el 16 de marzo pasados.

Los números de la semipública Indra son aún peores: su beneficio se ha hundió un 65,6% hasta marzo, y gana 6,3 millones de euros. También ha suspendido todos sus objetivos para 2020 y pospone la decisión sobre el abono de dividendos.

Los perjudicados del turismo

Al igual que AENA o Inditex, otro de los mayores perjudicados por la pandemia es IAG, el hólding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que ha retrasado hasta septiembre su junta general de accionistas y no pagará el dividendo complementario de 0,17 euros por acción. Además, IAG ha presentado un ERTE para 13.900 empleados de Iberia, 4.000 de Vueling y 32.000 en British Airways. El grupo perdió nada menos que 1.683 millones de euros en el primer trimestre, mientras que había ganado 70 millones un año antes en ese mismo periodo.

La crisis del covid-19 también ha transformado los 11,5 millones de euros de beneficio obtenidos por Meliá Hotels International en los tres primeros meses de 2019 en unas pérdidas de 79,7 millones este año. De sus 326 hoteles, según informó a la CNMV, sólo mantiene abiertos 43. Aún no ha decidido qué hará con los dividendos. La junta general de accionistas no se celebrará hasta junio.

Amadeus es una víctima más del desplome del turismo. Tras disminuir su beneficio un 12,6% ya en 2019, no repartirá un dividendo complementario este año por importe de 320 millones de euros, al tiempo que prepara un plan de recortes por otros 300 millones sólo para hacer frente a las “duras condiciones de mercado” que le amenazan por culpa del coronavirus. Además, reducirá su programa de recompra de acciones, que es otra forma de remunerar al accionista.

El negocio inmobiliario tampoco escapa del contagio. Merlin Properties ha preferido “dejar en suspenso” el pago del dividendo complementario, 0,32 euros por acción. Decidirá si lo abona o no “una vez se evalúen las consecuencias que tenga para el negocio la situación creada por la pandemia”, sin descartar su cancelación. La socimi, que cuenta con una de las plantillas mejor pagadas el ÍBEX, también ha recortado un 25% la retribución de sus consejeros.

Atresmedia y Mediaset, dos de las compañías más generosas con sus accionistas, han tomado diferentes direcciones tras toparse con el covid-19, pese a que las dos sufren la misma caída de los ingresos de publicidad. Las ganancias de la primera –21,7 millones– han caído un 24,4% hasta marzo comparadas con el año pasado, mientras que las de la segunda –48,9 millones– se han reducido un 8%. Pero mientras la matriz de Antena 3 pagará en julio 0,25 euros por acción, tras retrasar su junta general de accionistas, Mediaset no pagará nada y destinará a reservas los 168,9 millones de euros que tuvo de beneficios en 2019.

Casi toda la banca anula o aplaza

Mención aparte merecen los bancos. Especialmente castigados los últimos años en la Bolsa, se encuentran ahora también en el ojo del huracán con la crisis. Y obligados por el BCE a no repartir dividendos hasta octubre, que incluso les ha amenazado con tomar “medidas coercitivas” si desobedecen.

Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA han cancelado la retribución a sus accionistas. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha anulado el dividendo complementario de 2019 , cuyo reparto estaba previsto para mayo, y dejado en suspenso el dividendo de este año. La junta general de accionistas no se celebrará hasta octubre. En el primer trimestre el beneficio de Banco Santander se desplomó un 82%, hasta los 331 millones de euros, tras provisionar el impacto del coronavirus con 1.600 millones de euros.

Las ganancias del Banco Sabadell se también se hundieron en el comienzo de 2020, un 63,7%, hasta quedarse en 94 millones de euros. En su caso la provisión por la pandemia alcanzó los 213 millones de euros. Así que ha anulado el dividendo de 0,04 euros por acción con cargo a 2019 inicialmente aprobado por su junta general de accionistas.

Las pérdidas de BBVA se cifran en 1.792 millones de euros, tras anticipar saneamientos por la crisis del covid-19 por importe de 1.433 millones de euros. Tampoco abonará dividendos con cargo al ejercicio en curso al menos hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia, ha asegurado la entidad.

No obstante, otras entidades han sido menos drásticas. CaixaBank ha recortado también sus beneficios con cifras alarmantes, un 83,2%. La entidad que preside Jordi Gual ganó 90 millones hasta marzo después de hacer una dotación extraordinaria de 400 millones de euros por el coronavirus. Ha reducido el dividendo de 2019, pero no ha renunciado del todo al correspondiente a 2020: lo ha recortado del 50% al 30% del beneficio neto.

El descalabro en el resultado del semipúblico Bankia ha sido un poco menor pero aun así considerable, del 54%. Ha ganado 94 millones de euros por culpa de unas provisiones de 125 millones por el covid-19. Pero mantiene el abono del dividendo complementario de 2019, 355,32 millones. Sí que ha renunciado al dividendo extraordinario comprometido para 2020.

Bankinter ha pospuesto hasta octubre cualquier decisión sobre el reparto de beneficios entre sus accionistas. El banco de María Dolores Dancausa recortó sus ganancias un 10% en el primer trimestre, hasta los 130,3 millones de euros, tras notar una provisión de 107,3 millones por la crisis. Lo mismo han hecho con sus dividendos Abanca e ING.

Por el contrario, Mapfre abonará 447 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendo complementario con cargo a 2019. Desoye así las recomendaciones tanto de la Autoridad Europea de Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Los beneficios de la aseguradora ascendieron a 609 millones de euros el año pasado, un 15,2% más que en 2018.

Otra aseguradora, Grupo Catalana Occidente, ha suspendido el dividendo complementario, pero sí repartirá el cuarto dividendo a cuenta de 2019.

Lastrada por el descalabro de los precios del petróleo, con el barril de Brent por debajo de los 20 dólares, el beneficio de Repsol cayó en el primer trimestre un 27,7%. Ganó 447 millones de euros. Como ha ocurrido a otras grandes compañías, la de Antonio Brufau tuvo que retrasar hasta finales de este año o el primer trimestre de 2021 la presentación de su plan estratégico , así como suspender la recompra de acciones propias del 5% que había anunciado por valor de 1.000 milones de euros. Sin embargo, en julio pagará a sus accionistas 0,55 euros por acción, en forma de scrip dividend.

Viscofan también recortó sus beneficios en 2019, un 14,7%, por lo que ganó 105,6 millones de euros. Pese al coronavirus, la empresa, que se dedica a fabricar envolturas plásticas para productos cárnicos, prevé aumenar sus ganancias este año entre un 6% y un 9%, según informó a la CNMV. Así que mantiene el reparto de dividendos de 1,62 euros por acción, que incluye el dividendo complementario de 0,96 euros el 4 de junio, tras pagar 0,65 euros en diciembre.

Con el covid-19 a favor

Claro que también hay compañías que ganan a pesar del covid-19 o incluso gracias a él. Es el caso de Ebro Foods, fuera del ÍBEX 35, pero cuyo beneficio ha crecido casi un 30% –hasta los 48 millones de euros– en buena parte gracias al aumento de sus ventas de alimentos a los hogares por el confinamiento. De manera que no tiene previsto aplicar ERTE y sí pagar un dividendo de 0,57 euros por acción.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, asegura que la crisis del covid-19 no ha tenido ningún “impacto significativo” en sus cuentas. En 2019 ganó 962 millones, un 5,1% más que el año precedente, y este ejercicio retribuirá a sus accionistas con 630 millones de euros en forma de scrip dividend.

También las eléctricas mantienen el tipo y el dividendo. Iberdrola prevé que sus ganancias superen este año su récord histórico de 3.406 millones de euros, por lo que sostiene su política de remuneración a los accionistas. Hasta marzo, el beneficio alcanzó los 1.257 millones de euros.

Tampoco Endesa cree que la crisis sanitaria no va a afectar a sus objetivos para este año y que su capacidad para pagar dividendos se mantiene “intacta”, en palabras del director financiero, Luca Passa. Con cargo a 2019, abonará 1,475 euros por acción y la de este año subirá a 1,6 euros.

Enagás ha ganado un 14,7% más en el primer trimestre, con un resultado positivo de 119,1 millones de euros. La empresa destaca que no ha notado “impactos” por la pandemia, así que mantiene el dividendo: 1,6 euros en 2019 y 1,68 euros para este año. Entre 2021 y 2023 lo aumentará hasta que llegue a 1,74 euros al final del trienio.

Por el contrario, Naturgy redujo sus beneficios un 41,6% hasta marzo respecto al mismo periodo de 2019. 199 millones de euros en el primer trimestre del año. Pero eso no le impide sostener un dividendo de 1,37 euros con cargo a 2019 e incluso aumentar el de este año hasta los 1,59 euros por título. “No hay motivos para cuestionarlo”, subrayó el presidente de la compañía, Francisco Reynés al presentar sus resultados. No obstante, ha suspendido de forma temporal su programa de recompra de acciones, 400 millones de euros.

Finalmente, la semipública Red Eléctrica (REE) distribuirá un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2019 a partir de junio de 1,0519 euros, tras cerrar el primer trimestre con unos beneficios de 172,6 millones de euros. La cifra supone un recorte del 9,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Abanca ha adquirido a Banco Sabadell y CaixaBank el 39,8% del capital de Nueva Pescanova, lo que supone incrementar hasta el 80,46% su posición en la empresa pesquera gallega y tomar así su control con el objetivo de "salvaguardar una empresa fundamental para Galicia".

En un comunicado, Abanca informa de que la operación se formalizará en las próximas semanas. En ese momento, pasará a controlar mayoritariamente la multinacional con sede en el ayuntamiento pontevedrés de Redondela.

De este modo, la entidad financiera duplica su peso en la pesquera al pasar del 40% anterior al 80% actual en el capital de la compañía. La compra se produce sobre la parte que pertenecía al Banco Sabadell y Caixabank.

Según explica Abanca, el objetivo de la operación es "salvaguardar una empresa fundamental para Galicia" y devolver "los órganos de dirección" a la comunidad.

Así, la entidad que encabeza Escotet culmina el proceso de control sobre la multinacional pesquera, ya que ha pasado de contar con el 5% de las acciones de Nueva Pescanova a, posteriormente, el 40%, cifra que ahora se duplica, lo que le otorgará el control sobre la compañía.

Abanca explica que su "plan" incluye "reforzar la estructura financiera de la compañía" y "sus principales ámbitos de actividad corporativa y comercial".

"De acuerdo con su plan, Abanca retendrá una participación importante en el accionariado de Nueva Pescanova para avanzar en la búsqueda de un socio industrial que permita construir un proyecto de valor a largo plazo desde Galicia", añade la entidad financiera

Abanca cerró 2019 con un beneficio neto de 405 millones de euros, un 6,7% más que en el ejercicio precedente en términos comparables, en un año en el que el volumen de negocio de sus clientes superó los 85.000 millones de euros (+23%). Aunque obtuvo un beneficio neto en 2018 de 430 millones, la entidad señala que 2019 fue el primer ejercicio en el que la fusión inversa entre Abanca Corporación Bancaria (absorbente) y Abanca Holding Financiero (absorbida) toma efecto. Por ello, explica que en términos comparables el resultado es un 6,7% mayor que el año anterior, informa Europa Press.

El incremento en el volumen de negocio combina el dinamismo comercial –con especial atención en pymes y autónomos– con las compras de Deutsche Bank PCB Portugal y Banco Caixa Geral.

Asimismo, Abanca obtuvo una rentabilidad del 10%, entre las mayores del sistema financiero español. Mientras, la tasa de morosidad se sitúa por debajo del 3% (en el 2,8%) y la cobertura de activos improductivos es la más elevada del sector (el 58,8%).

En 2018, el banco obtuvo un beneficio neto de 430 millones de euros, un 17,3% más que en 2017, el "mejor ejercicio de su trayectoria en términos económicos". Los beneficios han sido una constante desde que el grupo venezolano que lidera Juan Carlos Escotet adquiriese en diciembre de 2013 la fracasada Novagalicia Banco –el banco nacido de la fusión de las cajas de ahorro gallegas promovida por la Xunta y avalada por el Banco de España– por 1.003 millones de euros. El Estado inyectó 9.050 millones de euros dentro de su plan de rescate de las cajas y en el primer ejercicio, en 2014, sus ganancias alcanzaron los 1.157 millones, superando el precio de compra. Las ganancias se han ido extendiendo en todos los ejercicios: en 2015 el beneficio fue de 330 millones; en 2016, llegó a los 333,6 millones; y en 2017, a los 367 millones. En total ya son más de 3.000 millones en beneficios en estos seis años.

Los seis mayores bancos españoles ganaron 10.467,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 20,8% menos que en el mismo periodo de 2018. De hecho, sólo los más pequeños entre los grandes, Banco Sabadell y Bankinter, aumentaron sus beneficios respecto al ejercicio anterior. Los cuatro gigantes, Santander, BBVA, Caixabank y Bankia, rebajaron sus resultados en los tres primeros trimestres del año.

Banco Santander es la entidad que más dinero gana, 3.732 millones de euros, pero también la que más ha reducido sus beneficios, un 35%. De la caída, el banco de Ana Patricia Botín culpa a las dotaciones que ha debido realizar en Reino Unido: un ajuste de su fondo de comercio de 1.491 millones de euros, una provisión adicional por los seguros de protección de pagos por importe de 103 millones y 40 millones de euros por otros cargos. También ha tenido que pagar 814 millones en costes de reestructuración tanto en Reino Unido como en España.

Si se excluyeran estas partidas, el beneficio del Santander habría alcanzado los 6.180 millones de euros, un 2% más que el año pasado.

BBVA casi ha igualado los beneficios del Santander en lo que va de año, con un resultado positivo de 3.667 millones de euros. Aun así, son un 15,2% menos que en los primeros nueve meses de 2018. La causa del descenso lo atribuye la propia entidad al aumento de los beneficios que supuso el año pasado la venta de su negocio en Chile.

Descontada esa plusvalía, la cuenta para el BBVA respecto al ejercicio precedente supone en realidad una mejora del 1,2%.

Caixabank redujo sus ganancias un 28,4% en los tres primeros trimestres de este año respecto de 2018, con un resultado de 1.266 millones de euros. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 2.023 trabajadores y le ha costado a la entidad 978 millones de euros está detrás de este descenso de beneficios. Sin ese gasto, el resultado de Caixabank habría alcanzado los 1.951 millones, un 10,4% por encima del registrado en los nueve primeros meses de 2018.

Los resultados de Bankia son más modestos: 575 millones de euros. Pero también encogen respecto al ejercicio anterior, un 22,6%. La mayor dotación de provisiones por reducción de dudosos y por la venta de carteras de renta fija ha lastrado sus cuentas. Prescindiendo de esos cargos, el negocio bancario de la entidad semipública se tradujo en unos beneficios de 946 millones de euros, un 0,7% más que en los nueve primeros meses de 2018.

Banco Sabadell, en cambio, ha aumentado sus beneficios un 216% respecto al ejercicio precedente, 783 millones de euros. Pero la abultada ventaja se deriva del elevado coste que tuvo para la entidad el año pasado la problemática migración tecnológica llevada a cabo en su filial británica, TSB: 320 millones de euros.

Finalmente, Bankinter ha ganado 444,4 millones de euros, un 10,1% por encima de los beneficios de 2018, gracias a que ha incorporado este año a sus cuentas las cifras de negocio de EVO Banco y de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard.

Caída de la rentabilidad

Hasta septiembre, la gran banca también ha empeorado sus ratios de rentabilidad. Para medirla se utilizan dos magnitudes, el ROE (cociente entre el beneficio neto y el capital) y el ROTE (entre el beneficio y el capital tangible). Atendiendo a cualquiera de los dos parámetros, todas las grandes entidades financieras españolas han empeorado su rentabilidad en los tres primeros trimestres del año respecto al mismo periodo de 2018. Excepto Caixabank si se atiende sólo al ROTE –que excluye de la fórmula intangibles como el fondo de comercio, las emisiones convertibles y las preferentes– ordinario, que alcanza el 10,1%, por encima del 9,5% de hace un año. Sin embargo, su ROE cae del 7,9% al 5,6%. La rentabilidad óptima exigida a las entidades financieras se calcula en un 10%, que se supone es el coste de capital del sector. Por encima de ese porcentaje sólo se sitúan ahora Bankinter, con un 12,64%, y BBVA, con un 10,1%. El resto queda muy lejos de la cifra idónea: un 7,02% el Santander –en el último mes, septiembre, fue incluso menor, un 5,9%–, un 6,92% el Sabadell, un 6% Bankia y, como queda dicho, un 5,6% Caixabank.

Otro tanto ocurre con el ROTE. La rentabilidad del BBVA ha caído dos puntos tanto si mide con esta magnitud como con el ROE. Casi la misma pérdida que ha sufrido Bankia en ambas ratios. Bankinter, el más rentable de todos, no publica sin embargo el rendimiento de su capital tangible, aunque también ha reducido el ROE en casi medio punto este año.

Las entidades atribuyen esta baja rentabilidad a los bajos tipos de interés, en mínimos históricos, pese a los desmentidos continuos del Banco Central Europeo (BCE). El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, cifró el pasado lunes en 500 millones de euros el impacto de los bajos tipos en sus cuentas. Por el contrario, tanto el ya expresidente del BCE Mario Draghi como su vicepresidente, Luis de Guindos, han insistido en que la culpa deben buscarla los bancos mucho más cerca: en su escasa eficiencia, su modelo de negocio, el lastre de sus activos tóxicos o el exceso de estructurasu modelo de negocio. De ahí que el exministro de Economía del PP no haya dudado en recomendarles que aceleren la venta de activos improductivos, sigan cerrando oficinas y negocien fusiones, nacionales o incluso internacionales.

Cierre de oficinas y fusiones

En algunas de esas recomendaciones ya le están haciendo caso. Tras presentar los resultados este jueves, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, anunció que el banco seguirá cerrando oficinas en 2020, aunque ha descartado despidos colectivos. La entidad ha prescindido de 1.355 sucursales desde que Carlos Torres aseguró en junio de 2016 que a la entidad le sobraban 2.800.

Otro banco que ha cerrado masivamente oficinas este año ha sido el Santander, tras ejecutar un ERE para 3.223 trabajadores. En total, desaparecerán 1.150 sucursales cuando concluya el proceso.

También avanzó Onur Genç que la prioridad del BBVA es “crecer de forma orgánica”, aun sin rechazar operaciones “siempre y cuando tengan sentido estratégico y orgánico”. Los rumores sobre posibles fusiones bancarias son una constante en los últimos tiempos. Una de ellas, la de BBVA y Bankia. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está pendiente de su privatización –el 61,7% del capital pertenece al FROB– pero, como ya ha advertido José Sevilla, habrá que esperar “un momento mejor en el futuro” para vender esas acciones. De hecho Bankia es la entidad financiera que más ha perdido en Bolsa este año, un 48,6%, seguida de Caixabank, un 33,6%. El BBVA, un 12,9%. Tras presentar sus resultados, los títulos del Santander cayeron un 3,1%, que se sumó al 6,48% del miércoles. De forma que Ana Botín compró el jueves un millón de acciones de la entidad, por los que pagó unos 3,6 millones de euros, para intentar parar el desplome de la acción. Los seis grandes se han dejado casi 33.000 millones de euros en el parqué hasta septiembre.

Mientras, la flecha de las posibles fusiones se dirige de nuevo a Unicaja y Liberbank, dos entidades con muy baja rentabilidad cuyas negociaciones ya se frustraron el pasado mes de mayo. Y hacia Abanca, que puede hacerse con cualquiera de las dos anteriores y acaba de cerrar la compra de la filial española del portugués Banco Caixa Geral de Depósitos. Una última combinación es la que incluye a Bankia y Sabadell, dos de los bancos medianos. Bankinter ya se hizo con parte de Evo Banco en 2018, pero excluyó de la operación a Evo Finance, que se quedó en manos de Apollo. Este mismo miércoles, el fondo estadounidense anunciaba el cierre definitivo de Evo Finance para el 30 de junio de 2020, así como un ERE para el 73,7% de la plantilla, 84 personas. Otro despido colectivo más que sumar a un sector financiero en constante sangría de trabajadores desde 2012.

El Banco de España recibió el año pasado 204 reclamaciones sobre tarjetas revolvingrevolving, aún pocas comparadas con las 1.346 que le llegaron sobre préstamos al consumo, pero ésta es la primera vez que el supervisor crea un apartado específico para este tipo de créditos en las estadísticas de su Memoria de Reclamaciones. De hecho, una de las entidades especializadas en tarjetas revolving, WiZink, fue en 2018 la segunda entidad, tras Evofinance –que también las comercializa– con mayor número de resoluciones del Banco de España a favor de los clientes sobre servicios de pago.

Estas tarjetas son un tipo de préstamo al consumo que permite al usuario disponer de una cantidad con un límite –entre 600 y 6.000 euros, aunque también puede ser superior–, que se amortiza mediante cuotas mensuales y a un tipo de interés muy elevado. Además, los intereses generados, las comisiones y otros gastos se suman y se financian junto con el resto de las operaciones que se realicen con la tarjeta –compras, reintegros en el cajero automático–, por lo que, si se pagan cuotas mensuales bajas, el préstamo se amortiza en un plazo de tiempo muy largo y, con el elevado interés que cobra el banco, se termina abonando mucho más dinero del que se recibió.

No sólo las ofrecen en su catálogo de productos entidades de reciente creación o basadas en internet, sino también todas las tradicionales, desde Bankia hasta el Santander, además de comercios –de Alcampo a Leroy Merlin– y grandes empresas como Repsol o Renfe.

Así, el Banco de España ya reconoció en su memoria de 2017 que recibía “numerosas consultas” sobre las tarjetas revolving. “Los consumidores tienen dudas sobre el tipo de interés aplicable y sobre las comisiones adeudadas”, explica el informe. Incluso expresan su “malestar porque, tras varios años realizando los pagos mensuales, no logran amortizar el capital principal de la deuda”.

Jurisprudencia del Supremo

Pues bien, ese “malestar” se ha transformado ya en un buen número de sentencias judiciales que condenan a estas entidades por cobrar intereses usurarios y abusivos. Los jueces se apoyan en la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en 2015, cuando falló a favor de un cliente al que el Banco Sygma –hoy integrado en Cetelem, la entidad de préstamos al consumo de BNP Paribas– había concedido en 2001 un préstamo revolving con un límite de 3.000 euros a un interés del 24,6% TAE y un interés de demora de 4,5 puntos porcentuales sobre el anterior. El prestatario dispuso de 25.634 euros y cumplió con el banco hasta 2009, en que dejó de abonar sus cuotas mensuales. La entidad le demandó dos años después: le reclamaba 12.269,4 euros, pese a que para entonces ya había pagado 31.932,98 euros. El crédito había devengado intereses por importe de 18.568,33 euros.

El Supremo calificó como usurario el interés del 24,6% por ser “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, los dos requisitos establecidos en la Ley de Represión de la Usura de 1908. Es más, la sentencia subrayaba que el banco no puede justificar el elevado interés de la tarjeta revolving en el riesgo que entrañan los préstamos al consumo por su “alto nivel de impagos”. Unas operaciones, añade, aprobadas “de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario”. “La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores […] no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”, concluyó.

Con detalle y con cuadros de amortización

El Banco de España deja claro que carece de competencias para “valorar y declarar” si un tipo de interés es usurario o no, por lo que se limita a hacer una serie de recomendaciones a las entidades financieras. Sólo en materia de transparencia. Por ejemplo, que faciliten a los clientes información sobre cuándo terminarán de pagar la deuda, así como ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que les supondría aumentar la cuantía de la cuota –que normalmente es mínima– y qué pago mensual deberían hacer para liquidar toda la deuda en el plazo de un año.

El supervisor asegura que los extractos enviados por los bancos con los detalles de las transacciones y la deuda pendiente “no suelen resultar sencillos y comprensibles” para comprobar la relación existente entre las cantidades dispuestas con la tarjeta, los reintegros efectuados y lo que aún se debe devolver. Así que pide a los bancos que proporcionen a sus clientes “un detalle lo más completo posible” de la deuda, desglosándola en principal, intereses acumulados y comisiones. También les reclama que confeccionen un “cuadro de amortización” donde se indique cuánto tiempo tardarán en devolver el préstamo si mantienen la cuota mensual pactada y si no hacen nuevas disposiciones de dinero.

Otro problema añadido con estas tarjetas son las ampliaciones automáticas del límite del préstamo, que se producen cuando las cuotas mensuales no son suficientes para amortizar el principal de la deuda. El Banco de España exige a las entidades que informen a sus clientes de que se hace esa ampliación, de la nueva cuota que se debe pagar y de la deuda acumulada. No es suficiente, recalca, que se mencione la ampliación en el extracto mensual de la tarjeta.

Como sus recomendaciones no son de obligado cumplimiento para los bancos, el supervisor facilita a los clientes de tarjetas revolving un simulador en su portal para que puedan obtener una aproximación sobre la fecha de amortización y la cuota mensual necesaria para liquidar la deuda. En 2018, WiZink sólo rectificó en el 57,7% de los casos en que el Banco de España dio la razón a los consumidores que reclamaron.

Abanca Corporación Bancaria y su accionista de control —su presidente, Juan Carlos Escotet— han renunciado a su interés de promover la posible operación corporativa con Liberbank y, en consecuencia, no formular una OPA sobre la entidad de origen gallego, según han anunciado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abanca ha tomado esta decisión después de que la CNMV le diera ayer un plazo "improrrogable" de diez días hábiles para que manifestara su decisión o no de formular una OPA sobre Liberbank, incluyendo únicamente condiciones admisibles de conformidad con el Real Decreto de OPAs.

En este sentido, Abanca ha explicado que, teniendo en cuenta este plazo, no le resulta posible realizar una revisión confirmatoria (due diligence) de determinados aspectos relativos a Liberbank y su grupo, ni por tanto, como se indicaba en la carta remitida al consejo de Liberbank, tomar una decisión definiva acerca de la posible formulación de una OPA. Asimismo, la entidad renuncia a la OPA sobre Liberbank al considerar que ésta sigue trabajando en la operación corporativa para una posible fusión con Unicaja.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de las acciones de Liberbank por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dichos valores.

Según informa este viernes el diario económico Expansión, Abanca se ha acercado a los principales accionistas de la entidad de origen asturiano para intentar comprarla, citando fuentes conocedoras. La operación que ha planteado la entidad controlada por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet sería a través de una especie de opa por partes.

En primer lugar, según explica el diario, propone a las tres fundaciones herederas de las cajas fundadoras de Liberbank (CajAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) un canje de acciones para mantenerse en el accionariado de una hipotética entidad combinada. Y por otro lado, ofrece a los accionistas privados dinero en metálico, a razón de unos 55 céntimos de euro por cada uno de los títulos que tienen en la actualidad, para salir del accionariado del banco.

Este precio supondría pagar una prima del 40% sobre el cierre de Liberbank ayer en Bolsa. Las acciones de Liberbank cerraron ayer a un precio de 0,392 euros, con un descenso del 0,76%. Tras la suspensión de la cotización de Liberbank, la CNMV decidió suspender también la negociación de Abanca en el Mercado de Renta Fija AIAF de sus emisiones de renta fija y participaciones preferentes.