El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla llegó el lunes al debate de Canal Sur con el objetivo de reforzar una imagen de gestor moderado, proteger el flanco sanitario y repetir que su Gobierno ha fortalecido como nunca los servicios públicos. El candidato del PP volvió a desplegar la misma estrategia que en el debate de la anterior semana en RTVE al reivindicar inversión, estabilidad y gestión frente a una oposición que le acusó de haber abierto la puerta a una privatización de derechos básicos como la sanidad y la educación.

Sendos debates demostraron que hay dos Juanma Moreno. Uno que sonríe, baja el tono, defiende la sanidad pública, habla del andalucismo y pide estabilidad. Ese es el que explota en mítines y actos de campaña, en el que no hay contrincantes a la vista. El otro rechaza la intervención pública cuando amenaza intereses privados, deriva recursos hacia conciertos y externalizaciones, utiliza la financiación autonómica como arma contra el Gobierno central y se muestra hostil con los candidatos del resto de formaciones políticas.

Con todo, el conservador intentó que nada alterara su relato de campaña, que Andalucía funciona, el PP garantiza tranquilidad y cualquier alternativa es "lío". Un argumento que utilizó al arrancar la campaña y ha repetido en los debates. "Cuando las cosas van razonablemente bien", dijo, "no podemos depender de quien nos quiere meter los palos en la rueda, de quien nos quiere chantajear, o de quienes quieren volver atrás". 

La sanidad fue el apartado más complicado para Moreno pese a ser la principal preocupación de los andaluces, según recogen todas las encuestas. En el debate de RTVE, el presidente de la Junta aseguró que la oposición había dicho "barbaridades y mentiras" que debilitaban la imagen de los servicios públicos, y anunció una ley para blindar el crecimiento del gasto sanitario y del número de profesionales. Pero en ese debate en concreto evitó responder sobre la crisis de los cribados pese a las preguntas directas de los portavoces de izquierdas.

En el de Canal Sur ya no optó por el silencio y defendió que la Junta actuó correctamente al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades", además de promover la destitución de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, insistió en que "no ha fallecido ninguna mujer" como consecuencia de ese fallo, y acusó a la oposición de "mentir" y de "hacer política con el dolor”. La presidenta de la asociación Amama, Ángeles Claverol, le respondió este martes y aseguró que sí se han producido tres muertes “por los fallos en los cribados” por las que “se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo”.

La contradicción, sin embargo, no terminaron en los cribados. Frente a las críticas por listas de espera, deterioro del sistema y privatización, se refugió en el argumento de la gestión y sostuvo que la Junta recurre a conciertos con empresas e instituciones externas, como hacen otras administraciones, para atender necesidades sanitarias. Moreno cifró esos conciertos sanitarios y sociales para 2025 en 562 millones de euros, un 3,7% del presupuesto, mientras crecen los recursos destinados a derivar servicios al sector privado, con un aumento del 21,5% de esas externalizaciones, según han denunciado los sindicatos.

En los dos debates, Moreno no desarrolló una propuesta educativa concreta. Habló de educación como parte de los "servicios públicos" y la vinculó a la financiación y a la estabilidad presupuestaria, mientras evitó entrar en el fondo de la crítica de la oposición: la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP), el crecimiento de la oferta privada y la expansión de universidades privadas durante sus ocho años de Gobierno.

En FP, la oferta privada se ha disparado en poco más de una década, con cada alumno pagando entre 4.000 y 6.000 euros por curso de media. A esto se le suma que Andalucía ha pasado de tener una sola universidad privada cuando Moreno llegó a la presidencia en 2019 a contar con cuatro nuevos campus privados en funcionamiento en 2026.  Un reproche que le lanzaron tanto la socialista María Jesús Montero, que criticó la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad” y que también mencionó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que señaló que la Junta avala universidades privadas “con menos papeles que un conejo de campo”.

Lo cierto es que Moreno no solo ha ampliado el mapa de universidades privadas sino que lo ha hecho incluso contra el criterio de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) salió adelante pese a un informe desfavorable por unanimidad de la Conferencia General de Política Universitaria. La CEU Fernando III, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía no tuvieron ese veto ministerial, pero sí nacieron con el rechazo de los rectores de las públicas en el Consejo Andaluz de Universidades.

El presidente andaluz también trató de presentarse como defensor de su comunidad frente a los supuestos privilegios territoriales. En ambos debates encontró ahí uno de sus argumentos estrella al acusar a la candidata socialista de haber "privilegiado" a sus socios independentistas para sostener a Pedro Sánchez. 

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le espetó este lunes en el debate en Canal Sur. Montero, por su parte, volvió a defender que Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo de financiación autonómica. “Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova”, le respondió la exministra de Hacienda. Durante su etapa en el Ministerio, Montero planteó una propuesta de reforma en la que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Junta no quiso, siquiera, abordar criterios como la población ajustada, la deuda o los servicios públicos para reajustar el modelo. Según el presidente andaluz, si lo proponía Montero y formaba parte de un acuerdo con Cataluña, nada bueno traería. La paradoja, sin embargo, se pudo ver durante los debates. El presidente reclamó más financiación para Andalucía mientras la Junta ha rechazado abrir el melón de la financiación autonómica.

La vivienda fue protagonista del primer debate y, aunque también se mencionó en el de Canal Sur, ocupó menos tiempo de pantalla, aunque volvió a enseñar la doble cara de Moreno. El presidente andaluz defendió su balance asegurando que su Gobierno ha "cuadruplicado" la vivienda protegida y vinculó esa política a la estabilidad, mientras los partidos de la izquierda le reprochaban el rechazo a regular el alquiler y Vox trataba de llevar el problema al terreno de la inmigración con su “prioridad nacional”.

La respuesta del presidente andaluz al problema pasa por construir más, movilizar suelo y ofrecer seguridad al promotor, pero siempre bajo la premisa de que no hay que intervenir en el mercado para poner coto a los alquileres disparados, la compra especulativa, la vivienda turística y la expulsión de vecinos de los barrios. Moreno presentó su nueva ley de vivienda como una vía para generar más vivienda protegida en venta y alquiler, con más suelo, cambios de uso, menos burocracia y colaboración público-privada.

El representante de Adelante Andalucía recriminó al candidato del PP que la Junta permita a una persona con rentas altas poder acceder a una vivienda de protección oficial, que viviendas financiadas con recursos públicos puedan venderse años después y que no se ponga freno a la especulación. Moreno respondió entonces acusando a García de "demagogia" y defendiendo que esos precios estaban por debajo del mercado. Así, una cara promete VPO, jóvenes propietarios y acceso asequible mientras la otra rechaza cualquier tipo de intervención y convierte el derecho a la vivienda en una operación de oferta, suelo y colaboración con promotores. 

Santiago Abascal está en política "por la pasta". Así de contundente se muestra quien fuera su número dos hasta hace cuatro años, Javier Ortega Smith, se ha unido recientemente a un largo reguero de nombres que han denunciado la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en el partido y las instituciones en las que los ultras tienen presencia. Aunque desde la dirección de Vox aseguran que los críticos tienen el síndrome "del príncipe destronado", en palabras de su actual secretario general, Ignacio Garriga, lo que aflora en la guerra interna no es solamente una pelea por el poder, sino graves acusaciones internas sobre la utilización de los fondos del partido, el enriquecimiento personal de Abascal y su núcleo duro y las coacciones internas.

Los críticos, encabezados por figuras que tuvieron mucho peso en el partido como Ortega Smith o el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, sostienen que se ha consolidado una estructura en la que el líder del partido, su entorno familiar y varios asesores bien posicionados se están beneficiando de dinero procedente del propio Vox o de entidades satélite vinculadas a la formación. No aportan pruebas documentales que lo sustenten, pero coinciden en lo publicado en los medios. Por ejemplo, que Vox ha transferido sumas millonarias a la fundación Disenso y que también ha pagado grandes cantidades de dinero por los contratos de asesoría del grupo empresarial Tizona, liderado por Kiko Méndez-Monasterio, el asesor de cabecera de Abascal.

La dirección de Vox, por su parte, niega irregularidades, asegura que sus cuentas son públicas y están fiscalizadas, aunque obvian las multas que han recibido por parte del Tribunal de Cuentas por, precisamente, irregularidades en su financiación. La respuesta de la cúpula del partido ha sido expulsar a quienes están realizando estas denuncias y asegurar que se trata de una campaña orquestada por el Partido Popular para hacer daño a la formación ultraderechista. Según Garriga, los críticos "votaron a favor de unas reglas internas y de unos estatutos y de unas decisiones" que en su momento no reprobaron. "Ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno de juego y Vox ya no es democrático", señaló en alusión a Ortega.

El choque del ex número dos de Vox con la cúpula ya está en vías de judicialización por supuestas irregularidades relacionadas con la protección de datos y con el funcionamiento orgánico del partido y se produjo tras su negativa a apartarse de la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. Tras su expulsión del partido, acusó en una carta a "los cuatro que han secuestrado" Vox de haber convertido el proyecto en su "gallina de los huevos de oro". Además, retó públicamente a Garriga a "filtrar" el modelo 347 —el documento fiscal que recoge operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros— insinuando así que hay irregularidades económicas en el partido. Una petición que ya hizo en su día Macarena Olona tras marcharse de la formación ultra.

La cuestión económica está en el centro de todo. En varias entrevistas, Ortega ha hablado de contrataciones a través de sociedades interpuestas, de dinero que "llega y se convierte en un sueldo para la mujer" de Abascal y de desvío de "cantidades ingentes de dinero" hacia Disenso pese a que, según su relato, la dirección de Vox aseguró "que tendría una mínima inyección inicial". El también fundador de Vox también denuncia públicamente el sueldo que percibe el citado Méndez-Monasterio "que cobra la friolera de 27.000 euros mensuales" y lamenta que se esté embolsando esa cantidad de dinero de un partido que decía "defender a los mileuristas".

Es más, el exsecretario general está "convencido" de que fue cesado hace cuatro años por resistirse a autorizar pagos a la red de empresas de los asesores de Abascal. "A mí me cesan como secretario general en 2022, cuando ya llevaba más de un año con tensiones brutales porque en el comité de gestión aparecían facturas que nadie explicaba, sueldos que no se entendían, contratos caros… Yo no me callé y, precisamente porque no quise firmar algunas cosas, se produjo mi cese", sostiene una entrevista.

"Algunos fundadores hemos descubierto que el partido ha sido utilizado por cuatro personas que lo han convertido en su negocio personal. Mientras miles de afiliados, simpatizantes y votantes actúan por ideales, patriotismo y de forma desinteresada, hay una cúpula muy reducida que se está lucrando con un entramado de empresas, familiares y personas cercanas", aseguró en una entrevista con La Nueva España publicada el domingo. Un "negocio personal", según el todavía diputado y concejal de Vox, de un Abascal "vendido a intereses económicos y patrimoniales, primero los suyos y luego los de otros que le rodean".

Así, asegura abiertamente que el líder de Vox se mueve por el dinero. "Abascal no está en política solo por la pasta, pero también", señaló en una entrevista en Onda Madrid. Tanto él como los "otros tres" que dirigen Vox, "son personas que en su vida han tenido dos euros juntos y que, cuando los han tenido, los han perdido y han dejado deudas, que han visto que esto de la política es un trampolín fabuloso para tener recursos públicos, tener mucho dinero y poder decidir con eso para colocar a muchos amigos, tener ellos una vida que ni de broma han tenido antes ni podrían siquiera soñar por sus profesiones y sus oficios", planteó.

Otras figuras como la de Iván Espinosa también han denunciado que las decisiones en la dirección de Vox se toman desde la "opacidad, el cierre y un entramado que es cada vez más sospechoso" y por ese motivo ha reclamado que se revise "euro por euro el dinero que sale de Vox, su destino último y su justificación". Pero quien más claro ha hablado sobre esta cuestión es el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que dimitió en febrero de 2025 para sorpresa de muchos tras negarse a cumplir una orden de Abascal y en estas semanas no ha descartado dar un paso al frente para crear un nuevo partido. Por el momento, tanto Espinosa como Ortega han pedido la convocatoria de una asamblea extraordinaria, pero nada más.

En una entrevista concedida al diario El Mundo a mediados de marzo, García Gallardo aseguró que antes de su dimisión descubrió que Abascal "se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer" tras una noticia de El Confidencial y que ese fue el momento en el que perdió la "confianza" en él. "Conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar".

Además, también apuntó a que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas", y cita concretamente a "una parte relevante de la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio", que conforman una "galaxia de sociedades" que parecen externas a Vox, pero que acaban formando una "especie de parapartido que está parasitando los recursos económicos de Vox". Así, sostiene que si Vox sigue igual, "solo quedará el plan de pensiones de Abascal". Lo cierto es que Tizona Comunicación, facturó casi 1,3 millones de euros a Vox en un solo año, además de más de medio millón en 2019, y que desde 2024 cobra 22.145 euros mensuales más IVA por consultoría de comunicación y estrategia.

Macarena Olona fue la primera en denunciar irregularidades económicas. Tras ser la candidata para la Junta de Andalucía en 2022 y no obtener el resultado esperado, atribuyó su marcha a Andalucía a una estrategia de Abascal para desplazarla fuera de los focos de la política nacional, donde asegura que rivalizaba en popularidad con el dirigente ultra. Tras su salida, acusó al eurodiputado Jorge Buxadé de "juego sucio" y de "destruir el proyecto político de Vox" por no dar sitio a distintas sensibilidades dentro de la formación.

Tras unos meses de silencio, en octubre de ese año denunció que Vox había desviado millones de euros de dinero público a fundaciones y empresas, en especial a la Fundación Disenso, presidida por Abascal. "Si miento, que se querellen contra mí", afirmó en el programa Salvados. Según Olona, Disenso ha funcionado como un canal para sacar recursos del partido hacia una estructura controlada por Abascal. Desde su constitución en julio de 2020, la entidad ha recibido más de diez millones de euros de Vox.

En Baleares, la exportavoz Idoia Ribas, junto a Agustín Buades y Maite de Medrano, también denunciaron presiones de la dirección nacional para transferir “ingentes cantidades” de dinero público del grupo parlamentario balear a Disenso. Ribas aseguró que, mientras ella se negó a transferir más del 10%, su sucesora pasó a desviar el 50% del dinero del grupo. En línea con Ortega y García Gallardo afirmó que "esos son los intereses de Abascal, el dinero" y que la fundación servía para que el líder pudiera "forrarse".

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello. Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, que también está prohibido por ley.

Concretamente, en abril de 2025, el tribunal multó a a Vox con 862.496,72 euros por recibir donaciones irregulares entre 2018 y 2020, y en julio de 2025 volvió a sancionarlo con 50.000 euros por donaciones finalistas. Además, ese mismo tribunal pidió explicaciones por adjudicaciones a dedo a Tizona, al considerar demasiado genérico el concepto de las facturas. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. La formación de Santiago Abascal argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para poder financiar la querella contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Vox también ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello.

Hace cuarenta años se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS). La Constitución y las leyes reconocen el derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho, la LGS creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal, con un amplio abanico de prestaciones, financiado a través de impuestos, y gestionado de forma descentralizada. Desde 1986 hasta 2010 el SNS mejoró decididamente en calidad de servicios y en valoración social. La sanidad pública española ha sido, y todavía es, un gran logro de nuestro país. Sin embargo, desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera y la gestión de dicha crisis, se produjeron recortes en el gasto sanitario público, iniciando un proceso de deterioro que no ha parado hasta hoy. La encuesta de 40dB publicada en enero de 2026 pregunta: “¿Cómo evalúas el funcionamiento de la sanidad pública en tu comunidad autónoma?”, y solo el 42,4% contesta que bien o muy bien.

Coincide con el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2025 donde solo un 48,5% pensaban que funcionaba bien o muy bien, mientras que en 2010 era un 74% de la población quien valoraba positivamente el Sistema Sanitario. Por su parte, el Barómetro del CIS de diciembre 2025 alerta de que la sanidad es el tercer problema que más preocupa personalmente a los españoles, señalado por un 21,5% de la población (detrás de los problemas económicos que son señalados por un 30,7% y de la vivienda, que señala un 27,9%). Conviene recordar que en 2010 la sanidad ocupaba el sexto lugar en los problemas que más preocupaban personalmente a la ciudadanía, y era señalado solo por un 3,5% de la población.

La encuesta de 40dB muestra también que la mayor parte de la población, un 67,5%, prefiere un modelo público de sanidad y que se fortalezca la sanidad pública. También una mayoría, 58,7%, opina que se destinan pocos recursos a sanidad. Y lleva razón.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) para poder cumplir sus respectivas competencias y obligaciones. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente esas competencias. Sería bueno abordar los tres aspectos de forma coherente: una reforma que construya un sistema fiscal progresivo (para cumplir el artículo 31 de la Constitución Española); un acuerdo de financiación autonómica suficiente y justo; pero también un mecanismo de control que permita garantizar que el dinero se gasta adecuadamente para cumplir las competencias y obligaciones respectivas.

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España supondría inyectar 21.000 millones de euros más a las CCAA. Esta cantidad se sumaría a lo que ya se ha ido incrementando la financiación en los últimos siete años respecto a los siete anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda, ascendería a 300.000 millones de euros. Estos recursos deberían permitir recuperar las dotaciones suficientes para prestar un servicio sanitario de calidad, “blindando la universalidad de la sanidad pública”.

En efecto, según estas cuentas, el Gobierno de España facilitaría a las CCAA los recursos para poder cumplir con la gestión de las competencias sanitarias. Pero, ¿qué significa “cumplir” y “blindar” la sanidad pública? ¿Cómo lo medimos y quién lo mide? ¿Qué estándares son exigibles, y por quién? ¿Qué pasa si, aún disponiendo de recursos, una CCAA no garantiza la calidad en la atención sanitaria en tiempo y forma adecuada? ¿Qué pasa si se debilitan los centros públicos y se favorecen los privados? ¿Qué pasa si se gestiona de forma ineficiente, por ejemplo, el gasto farmacéutico? Esto es lo que está realmente ocurriendo. 

Frente a ese deterioro progresivo e incontrolado, hemos de fortalecer la sanidad pública definiendo con claridad y sencillez los estándares de calidad de los servicios y fijando las condiciones para alcanzarlos: tiempo de demora para la atención; tiempos de resolución para los diferentes tipos de problemas; estándares de personal de los centros públicos (dotación, cualificación, remuneraciones suficientes, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo); instalaciones adecuadas; tecnología apropiada; y un mecanismo de evaluación permanente del funcionamiento del SNS, con sistemas de corrección, local, regional y nacional que incluyan, en caso extremo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno de España podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CCAA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, protegiendo el interés general).

Por todo ello, entendemos que, cuarenta años después de aprobada la Ley General de Sanidad, sería muy conveniente una refundación del SNS. Enfrentamos un problema de primera magnitud y se requiere una respuesta acorde con el desafío: cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, profesionales, tecnológicos... Para ello es necesario un Ministerio de Sanidad más fuerte, así como una estructura de coordinación (federal) más potente y ejecutiva del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial y agencias vinculadas), para impulsar y desarrollar una política de personal sólida, así como el mantenimiento y actualización de las infraestructuras apropiadas, que permitan un acceso universal y, en tiempos y condiciones adecuados, el refuerzo de la salud pública, de la atención primaria y de la atención al sufrimiento psíquico, y el control y reducción radical de gasto farmacéutico. 

Solo así podremos blindar, de verdad, un sistema sanitario público de calidad, para toda la población española, resida donde resida, que recupere el aprecio de la ciudadanía por su excelente desempeño. La discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, con el importante incremento de recursos que supondría, es una oportunidad para lograr la recuperación y fortalecimiento del SNS, ligando la asignación de recursos al cumplimiento de estándares de personal sanitario, así como de calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Si en lugar de eso nos echamos la culpa unos a otros (gobierno central a gobiernos autonómicos y viceversa), no resolveremos el problema y la sanidad pública continuará deteriorándose, gota a gota. 

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

El 2026 ha arrancado con uno de los 'melones' que el Gobierno se había resistido a abrir hasta ahora: el de la financiación autonómica. La propuesta busca renovar el actual modelo que data de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y que está caducado desde hace doce años. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez surge de un acuerdo con Esquerra Republicana en 2024 pero supone más recursos no solo para Cataluña sino para todas las autonomías, una mayor cesión de impuestos y una reducción de las brechas de financiación entre territorios.

La reforma deberá canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que integra al Gobierno central y a los autonómicos donde se debaten y votan las cuestiones que afectan a ambos organismos, y en el Congreso posteriormente. Este último será el escollo más difícil para el Gobierno, tanto por la negativa del Partido Popular como la de Junts, que tacha de insuficiente el acuerdo.

Este miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá el CPFF, con una mayoría de consejeros de ramo del Partido Popular, que acudirán a la cita pero que —como ya sucedió en el consejo que aprobó la quita de la deuda autonómica— podrían amagar con levantarse de la mesa en señal de protesta pese a que, según el reparto anunciado por Montero, las comunidades controladas por las derechas recibirán el 70% de los nuevos fondos.

Lo cierto es que la mayor parte de las autonomías del PP no están cómodas con el modelo actual, que caducó en 2014. En aquel entonces era Mariano Rajoy quien presidía el Gobierno, pero fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. En las dos primeras legislatura con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso y el complejo calendario electoral.

La propuesta que presentó la ministra de Hacienda el pasado viernes ampliaría en 21.000 millones los recursos que se reparten entre las comunidades y las principales beneficiarias serían Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Unos fondos que saldrían de una mayor cesión de impuestos a las autonomías, que pasarían a recaudar el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, en lugar del 50% actual, aunque el Estado aportaría también más. Una de las novedades pasaría por el cambio en las reglas de reparto, con el objetivo de que las autonomías dependan más de "lo que cuesta dar servicios", la llamada población ajustada, y de un mecanismo de solidaridad.

Con todo, todavía falta por conocer mucha "letra pequeña" de esta propuesta, tal y como subraya Jesús Ruiz-Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas. El experto, eso sí, destaca que la propuesta "trata de salir del impás" del modelo actual. "Lo más significativo es que hay un importante volumen de recursos. Eso significa poner trabas al desequilibrio vertical, es decir, a las autonomías que se encontraban con insuficiencia de recursos. Eso es importante y se hace realizando nuevas propuestas y ajustando los problemas actuales", explica a infoLibre.

Hacienda ha planteado ajustes metodológicos en el cálculo de la población ajustada, la principal variable de reparto de los recursos del sistema. Este indicador se corresponde a la población real de cada territorio, ponderada por variables que influyen en el coste de prestar los servicios públicos básicos, como el envejecimiento o la dispersión geográfica. Pero también garantiza a Cataluña el "principio de ordinalidad", que implica que las comunidades que más aportan a la financiación común no se queden después rezagadas en el reparto de los recursos del sistema.

Esto último es lo que ha provocado el enfado de algunas comunidades del PP y de otras socialistas como Castilla-La Macha, pero a juicio de Ruiz-Huerta no es "ninguna barbaridad" ya que "es lógico que haya una redistribución" pero también tiene sentido que las comunidades que más aporten pidan un retorno similar. "La filosofía general, y es necesario que la gente lo sepa, es que ordenamos las autonomías según su capacidad de obtención de recursos", señala. El experto afirma que hay muchas "variables" a tener en cuenta y a veces hay que "ajustar" el reparto, pero que con este modelo la diferencia entre "la que mas recibe y la que menos se recorta sustancialmente".

Tal y como explicó Montero, uno de los objetivos es ese. Es decir, reformar el "mecanismo de solidaridad interterritorial" para reducir la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor, una brecha que actualmente alcanza los 1.500 euros por habitante y que con el ajuste diseñado se estrecharía hasta los 700 euros. Frente al discurso enarbolado por la derecha de que 'España se rompe' con este reparto, Ruiz-Huerta subraya que, según lo que conocemos, se trata de "un reparto razonable" porque "ninguna autonomía va a perder": "Todas van a ganar", zanja.

Desde que se anunció el acuerdo en 2024, los barones autonómicos del PP han rechazado el modelo antes de conocer los detalles argumentando que únicamente iba a beneficiar a Cataluña y a conferirle unos privilegios territoriales sobre el resto. La realidad es mucho más compleja, ya que las autonomías del PP tienen intereses contrapuestos en función de las especificidades de sus territorios. Eso no ha impedido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cite a sus barones este domingo en Zaragoza para "fijar una postura común". El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, también prometió que su formación aprobará un nuevo sistema de financiación autonómica "en un año" si llega a la Moncloa.

Las autonomías de la derecha se quejan de manera habitual de la cantidad de recursos que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección: la de bajar impuestos.

La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades del PP. La que defienden Juanfran Pérez Llorca, Juanma Moreno y Fernando López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población. En el caso valenciano, se reconoce que la propuesta puede aportar un aumento "sustancial" de recursos, pero se insiste en que sin condonación de deuda ligada a la infrafinanciación —o con un fondo transitorio previo— el problema no queda resuelto. Todas ellas insisten en que el modelo debe ser multilateral y "sin singularidades" pese a que el actual reparto les beneficia.

Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. Algunas de ellas rechazan frontalmente la "ordinalidad", ya que según ese criterio serían las que menos fondos recibirían.

El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio citado anteriormente: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos. En ese sentido, las dos comunidades presididas por Isabel Díaz Ayuso y por Marga Prohens critican que solo se aplique a Cataluña, lo que a su vez choca con lo que demandan otras autonomías del PP.

Para el director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas "es normal que los políticos de cada comunidad intenten defender sus intereses", pero cree que que es "importante romper la dinámica partidista" y califica de "lamentable" los intentos de hacer una "guerra" con esta cuestión. "En las negociaciones hay que ceder y es muy importante tener lealtad institucional, porque al final al quien acaba repercutiendo es a la ciudadanía", zanja.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este jueves que la negociación entre el Gobierno y ERC para la financiación de Cataluña es "lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política", según informa EFE.

Bravo, que ha participado en Córdoba en un encuentro con autónomos, ha señalado a los periodistas que se trata de "coger el dinero de unos para dárselos a otros" cuando en el Ministerio de Hacienda "está una persona -María Jesús Montero- que, cuando era consejera de la Junta de Andalucía, defendía justo lo contrario".

Ha recordado que entonces Montero "defendió que había que hacer un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que en ningún caso se podía hacer una financiación singular, que la condonación no era la solución, sino que la solución era un nuevo sistema de financiación".

Sin embargo, el Gobierno y ERC se han reunido para una financiación singular para Cataluña que es la "exigida por un partido independentista en contra de la voluntad del conjunto de los españoles" con el único fin de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Ejecutivo.

Para Juan Bravo "lo que realmente, como defiende el presidente Juanma Moreno, se requiere ahora es una financiación autonómica para todas las comunidades, con más recursos para todas las comunidades, con multilateralidad, con las puertas abiertas para que todo el mundo sepa lo que se está negociando teniendo en cuenta las variables y los criterios que defienden cada comunidad autónoma".

Por ello, es necesario compartir "un sistema de financiación que sea común para todos y que nos permita tener oportunidades" y ha añadido que "mientras unos escuchamos y hacemos propuestas, otros lo que hacen es comprar con el dinero de todos los españoles voluntades de partidos independentistas para que Sánchez siga siendo presidente".

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el presidente del Gobierno sobre el modelo de financiación, que conllevaría el principio de ordinalidad y supondría un desembolso adicional de 4.700 millones para el Ejecutivo catalán. Este acuerdo tendrá que aprobarse en una votación en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones posteriores a la reunión entre el líder nacionalista y Pedro Sánchez en La Moncloa, la primera desde que el catalán salió de prisión, Junqueras ha aclarado que con este acuerdo "nadie pierde y todo el mundo gana". A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos.

El presidente de Esquerra ha avanzado este acuerdo aunque ha señalado que todos los detalles serán avanzados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras también ha remarcado que no hay ningún acuerdo sobre recaudación fiscal ni sobre los presupuestos, ha querido dejar claro que ERC quiere que los haya y ha confiado en que el PSOE y otros partidos demuestren el mismo "compromiso" y la misma "voluntad".

Sobre la continuidad de la legislatura, ha estimado que la pregunta debería estar dirigida a Sánchez, pero ha señalado que para ERC es importante que siga en la medida en que sea "útil" para la sociedad y permita generar una riqueza compartida. 

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que todas las comunidades autónomas van a ganar con el nuevo modelo de financiación autonómica pero ha advertido de que lo importante es que todos estos nuevos recursos lleguen a la ciudadanía y no a negocios privados. "Todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quirón", ha asegurado el ministro en un acto en Miranda de Ebro (Burgos).

López ha insistido en que el nuevo modelo de financiación, que lleva 13 años sin renovarse, es bueno para todas y cada una de las comunidades, por lo que ha negado que el acuerdo con Cataluña pueda afectar a los candidatos socialistas en las próximas elecciones de Aragón o Andalucía.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirá el próximo jueves 8 de enero en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la reforma de la financiación autonómica, según ha anunciado en declaraciones a El Periódico y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

El objetivo de esta reunión, según ha dicho Junqueras, "es desbloquear del todo el modelo de financiación y recordarle (a Sánchez) que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF".

"Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Cataluña, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria", ha subrayado el presidente de ERC.

Para Junqueras, un buen acuerdo "es posible" porque los republicanos han "batallado" para conseguirlo, ya que "si dependiera solo del partido socialista, no habría habido nunca un acuerdo para una nueva financiación ni respeto a la ordinalidad".

"Esta próxima semana concretaremos las cifras", ha apuntado el presidente de ERC.

Los Gobiernos central y vasco han acordado aplazar al día 16 de enero la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias inicialmente prevista para el próximo lunes, debido a que persisten desacuerdos vinculados con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social, según informe Efe.

El Gobierno Vasco ha señalado, en un comunicado este viernes, que, a día de hoy, "no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta, que tenía previsto firmar el lunes 29 de diciembre el traspaso de cinco transferencias acordadas en el mes de julio.

Se trata de las competencias de prestaciones de desempleo, de prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Tras constatar que existían problemas para cerrar los acuerdos, el pasado 22 de diciembre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, mantuvo un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, del que la representante vasca afirmó salir "más preocupada de lo que estaba a la entrada" al constatar "resistencias" surgidas en los últimos días en relación al modo de materializar los acuerdos políticos que ya se habían suscrito.

Desde aquella reunión el Gobierno vasco aprecia avances, pero también constata que "persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes que impiden cerrar los traspasos en los términos acordados".

El Ejecutivo autonómico ha detallado que no se han resuelto "cuestiones fundamentales relativas al sistema de financiación", al tiempo que ha explicado que no hay acuerdo sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social.

Tras tachar de "contrariedad" el aplazamiento de la reunión, el Gobierno Vasco ha subrayado que las dos partes coinciden en que "lo más coherente, serio y responsable es continuar trabajando para cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias".

Por este motivo, se han emplazado al 16 de enero con el objetivo de disponer del tiempo necesario "para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos alcanzados en la reunión bilateral celebrada el pasado mes de julio".

"El Gobierno Vasco no aceptará traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de dichos acuerdos", ha advertido.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial han explicado que el aplazamiento se ha acordado conjuntamente entre los dos gobiernos con el fin de disponer "del tiempo necesario para avanzar en los acuerdos políticos y cerrarlos con plenas garantías jurídicas y técnicas"

El Gobierno asegura que es consciente "de la importancia y complejidad de las materias que se están negociando", al tiempo que expresa su confianza en que "el trabajo conjunto tenga un resultado satisfactorio que se pueda certificar en esa cita acordada".

Aparte de estas materias quedan pendientes otras diez transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979. El Gobierno de España se había comprometido a acordarlas todas antes del fin de 2025, un objetivo que no se podrá cumplir.

Cada 22 de diciembre, España se detiene frente al televisor. El bombo gira con su estridente aunque familiar tintineo de bolas, mientras los niños de San Ildefonso cantan números largos y millones de personas revisan sus décimos, esperando que algún cántico les conceda el milagro de la Navidad. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es solo un sorteo, es un ritual colectivo que apela a la esperanza de un cambio de vida.

Sin embargo, este juego propone tanto ganadores seguros como perdedores casi garantizados. Mientras la mayoría de los jugadores recupera poco o nada de lo invertido, El Estado, las administraciones de lotería, las entidades bancarias y la industria televisiva y publicitaria no compiten con el azar.

El resultado del sorteo es secundario. Pase lo que pase, ellos siempre ganan El Gordo.

La Lotería de Navidad de este 2025 juega con un total de 198 series, cinco más que el año anterior. Cada una está compuesta por 100.000 números, lo que eleva a 198 millones la cifra de décimos puestos a la venta. Si dicha cantidad de boletos se vendieran en su totalidad, el Estado alcanzaría una recaudación bruta de 3.960 millones de euros.

De esa cantidad, el 70% se destina a premios, lo que supone que este lunes se reparten 2.772 millones de euros. El 30% restante queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuyo margen se reparte entre costes de producción, distribución y gestión, así como otros gastos operativos. No obstante, su finalidad principal es el refuerzo de las arcas públicas.

SELAE es una empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda. Su propietario es el propio Estado y, por ende, la ciudadanía. Teniendo en cuenta que se trata de una de las empresas más lucrativas de España (con un beneficio neto de 2.437 millones de euros en 2024 según sus cuentas públicas) su papel como fuente de ingresos para el Estado resulta clave. Solo este año pasado, la compañía abonó 812 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades y transfirió al Tesoro Público 2.275 millones de euros.

Tal aportación se traduce en un plus en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o las políticas de empleo.

Aunque estos resultados proceden del conjunto de sorteos que gestiona la entidad, el Sorteo Extraordinario de Navidad mueve por sí solo más dinero que las ventas combinadas de Euromillones, Lotería Primitiva y Bonoloto.

A esta recaudación hay que sumar la retención de Hacienda, que grava con un 20% la parte del premio que supere los 40.000 euros. En la práctica, esto se traduce en una retención de 72.000 euros por cada décimo premiado con El Gordo, 17.000 euros por cada segundo premio y 2.000 por cada tercer premio. 

De este modo, el verdadero impacto del 22 de diciembre se produce en la economía pública. La tradición nacional se convierte en un mecanismo indirecto de recaudación mediante el cual millones de personas aportan voluntariamente recursos al Estado, sin que ello se perciba como una carga fiscal adicional.

Los loteros son la pieza clave en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, la magnitud del concurso no les asegura la mejor rentabilidad, puesto que no perciben ningún porcentaje adicional por la venta de los grandes premios.

Sus ingresos proceden de una comisión fija por venta, en concreto el 4,5% del precio de cada décimo, lo que equivale a 0,90 euros por boleto. No hay excepciones ni existe ninguna bonificación ligada al importe del premio.

Sin embargo, sí se permite una remuneración adicional en la gestión del pago de los premios. Los establecimientos cobran una comisión por abonar los décimos premiados, fijada en un 2,5% cuando el importe anual pagado en premios no alcanza los 200.000 euros. A partir de esa cifra, la comisión se reduce al 1,25%. 

Más allá de los ingresos directos, que un premio importante recaiga en una administración suele traducirse en un beneficio intangible: visibilidad y reputación. La notoriedad asociada a haber vendido un gordo actúa como reclamo y suele provocar que aumente la afluencia de clientes en los años posteriores. El azar se convierte en una forma de publicidad difícil de cuantificar, pero su impacto puede generar fenómenos como el de Doña Manolita en Madrid, con estimaciones de venta cerca de 70 millones de boletos (según Business Insider España), que equivale a ganar 157 premios de El Gordo.

Entre los beneficios mencionados, la Lotería de Navidad también se convierte en un puente entre entidades bancarias y segmentos de clientes de alto valor. Aunque los bancos no obtienen ingresos directos por el pago de los premios de la Lotería de Navidad, el sorteo sí genera beneficios indirectos relevantes.

Los premios superiores a 2.000 euros solo pueden cobrarse en bancos autorizados por Loterías y Apuestas del Estado, como BBVA o CaixaBank. En muchos casos, el premiado no era cliente del banco previamente, de modo que el cobro del décimo se convierte en una oportunidad de captación de nuevos clientes.

Una vez ingresado el premio, el dinero suele permanecer durante un tiempo en el sistema bancario. Esa liquidez adicional refuerza el balance de la entidad y puede ser utilizada para concesiones de créditos o inversiones.

Además, tras el cobro del premio, las entidades suelen ofrecer servicios de asesoramiento financiero, como cuentas de ahorro, depósitos, fondos de inversión o productos de banca privada. Una parte de los ganadores acepta este acompañamiento, lo que se traduce en ingresos a medio y largo plazo a través de comisiones de gestión o inversión.

Este sorteo no es solo una cita con la suerte, sino uno de los mayores acontecimientos mediáticos del año en España. La retransmisión en directo, liderada por RTVE y seguida también por otras cadenas, se sitúa año tras año entre los programas más vistos de la temporada. En 2024, el sorteo congregó a más de 8 millones de espectadores, según datos de Kantar Media, monopolizando la atención televisiva durante toda la mañana.

Esta audiencia masiva convierte el espacio en un escaparate publicitario privilegiado, que permite a las cadenas vender los bloques de anuncios a precios superiores a los habituales. Según estimaciones de Infoadex, la inversión en publicidad relacionada con la Lotería de Navidad puede superar los 20 millones de euros cada año solo en medios tradicionales.

No solo eso, el fenómeno del Sorteo de Navidad ha sido aprovechado para la construcción de relatos memorables. Desde hace más de una década, su anuncio oficial se ha consolidado como uno de los acontecimientos publicitarios más esperados del año, hasta el punto de marcar simbólicamente el inicio de la Navidad en España. Anuncios como Carmina (2016, sobre una maestra jubilada que cree haber ganado el décimo), El bar de Antonio (2014, cuyo lema fue "El mayor premio es compartirlo") y Justino (el primer spot de animación de la Lotería de Navidad) han provocado lágrimas en más de un telespectador y han revolucionado el imaginario español sobre la Navidad.

Ninguno de los beneficios que genera este fenómeno sería posible sin los jugadores, el verdadera actor imprescindible de este esquema. Aunque, paradójicamente, rara vez gana un premio.

Según las predicciones de consignación publicados por Loterías y Apuestas del Estado para 2025, cada español habría gastado de media 76,08 euros en el Sorteo de Navidad, 2,2 euros más que el año anterior.

Las razones de este desembolso van mucho más allá de la mera expectativa matemática de ganar. Con unas probabilidades tan bajas (1 entre 100.000 de acertar El Gordo), no tendría sentido que la expectativa se centrara únicamente en el premio. Realmente, la Lotería de Navidad se ha convertido en una narrativa relacionada con la superstición, el costumbrismo y la oportunidad de compartir la ilusión con los seres queridos.

Pero, ¿es una pérdida de dinero? Aunque la mayoría de jugadores no vea el dinero llegar a su bolsillo, este no desaparece.

Como se explicó anteriormente, la Lotería de Navidad promete otros beneficios más allá del décimo agraciado. El jugador realiza una aportación indirecta al sistema del que se beneficia como ciudadano, por lo que la pérdida individual se transforma en un retorno colectivo.

Desde esta perspectiva, todos ganan.

La magistrada Ana López-Suevos intenta reconstruir el rastro del dinero que recibió El Correo Gallego en su etapa de mayor deterioro económico. En la causa se analizan las ayudas públicas concedidas por la Xunta durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y los pagos procedentes de la Televisión de Galicia, que según los informes policiales pudieron acabar integrándose en una operativa de desvío y ocultación de fondos. La investigación se inicia en 2022 y sigue abierta, ya que la UDEF continúa aportando nuevos indicios. Feijóo llega a Madrid ese mismo año.

Con una trayectoria de línea editorial conservadora, El Correo Gallego ha funcionado durante décadas como uno de los principales respaldos mediáticos a las políticas del Partido Popular en Galicia, primero bajo Manuel Fraga y después bajo Alberto Núñez Feijóo.

José Manuel Rey Novoa no llegó a El Correo Gallego como un inversor externo que compra un medio para reforzar su influencia; se hizo con él desde dentro, mediante una progresión lenta, silenciosa y sostenida en el tiempo. Su carrera arranca como trabajador de la casa, pero pronto escala posiciones clave hasta consolidarse como figura central del periódico. En 1987 ya era director, y en los años siguientes amplía su poder en la estructura de Editorial Compostela hasta convertirse en administrador único, controlando tanto la línea editorial como la gestión económica de la empresa.

Es durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo cuando Rey Novoa consolida su condición de propietario de facto del principal periódico de la capital gallega. En ese periodo, su posición accionarial se refuerza y El Correo Gallego intensifica su papel como apoyo editorial al Partido Popular, heredando una larga tradición iniciada en tiempos de Manuel Fraga.

La confirmación de su control total llega en 2020, cuando Rey Novoa negocia la venta del 60% de Editorial Compostela a otro empresario. En todas las informaciones aparece ya descrito como “primer accionista” del grupo, señal inequívoca de que, antes de esa operación, tenía en sus manos la mayoría decisiva del capital y el mando absoluto sobre la empresa.

Ese poder interno, acumulado durante décadas bajo el manto del Partido Popular, es el que ahora examina la justicia: la gestión financiera bajo su control terminó en un concurso de acreedores declarado culpable, en una inhabilitación de cinco años dictada por un juzgado mercantil y en una investigación penal abierta por la jueza Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Santiago de Compostela por presunto blanqueo de capitales, administración desleal y movimientos opacos de fondos procedentes de administraciones públicas.

Los investigadores de la UDEF centraron su atención en un crédito de 2,5 millones de euros que la Xunta de Galicia nunca debía haber concedido y en la creación de una serie de empresas pantalla para evitar pagar a los trabajadores y a los acreedores, además de una red familiar que se dedicaba a comprar propiedades inmobiliarias.

La UDEF sospecha que El Correo Gallego seguía recibiendo dinero público mientras sus trabajadores llevaban más de dos años sin cobrar. De hecho, a los agentes que investigan el caso les ha llamado la atención la facilidad del empresario para conseguir dinero público, y así lo han reflejado en sus informes, en manos ya de la jueza que instruye la causa. Además de ese crédito de la Xunta, también está bajo el foco un acuerdo por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía también a Hacienda. 

Cuando El Correo Gallego entró definitivamente en barrena, con trabajadores sin cobrar durante meses y una deuda que ya no podía ocultarse, no se trataba de una crisis repentina ni imprevisible. El deterioro económico del grupo editor, Editorial Compostela, era conocido desde hacía años. Sin embargo, en ese contexto, la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo no solo mantuvo su relación económica con el periódico, sino que dio un paso más: le concedió financiación pública directa cuando la empresa ya hacía aguas. La UDEF destaca la “facilidad” con la que Editorial Compostela obtuvo el crédito de 2,5 millones de euros.

A través de XesGalicia, el brazo inversor de la Xunta, el Gobierno gallego, en 2018, aprobó un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa editora de El Correo Gallego. No se trataba de publicidad institucional ni de una subvención cultural, sino de un crédito público otorgado a una compañía privada que ya arrastraba impagos, conflictos laborales y una situación financiera extremadamente delicada. Aquel dinero no evitó el naufragio: la empresa acabaría entrando en concurso de acreedores y el periódico perdería gran parte de su estructura.

El préstamo no fue un hecho aislado. Antes y después de esa operación, la Xunta siguió firmando convenios y acuerdos económicos con Editorial Compostela. Bajo distintos conceptos: difusión informativa de la capitalidad de Santiago, promoción institucional o fomento del uso del gallego (aunque usasen castellano), el grupo recibió ingresos públicos recurrentes en los años previos al colapso. En la práctica, esos convenios funcionaron como una vía de oxígeno financiero para un medio que ya no era viable por sí mismo.

La cuestión clave no es solo cuánto dinero público recibió El Correo Gallego, sino cuándo lo recibió. Según la documentación y las informaciones publicadas, parte de esos fondos llegaron cuando la empresa ya acumulaba deudas con la plantilla, con la Seguridad Social y con Hacienda. Los trabajadores denunciaban impagos mientras la Xunta seguía aprobando convenios y, finalmente, un préstamo millonario. El resultado fue demoledor: el dinero público no salvó el proyecto, pero sí prolongó artificialmente una agonía empresarial que acabó dejando a decenas de empleados en una situación límite.

Años después, ese flujo de dinero público ha adquirido una dimensión judicial. La justicia mantiene abierta una investigación contra el exdirector y expropietario del diario, José Manuel Rey Novoa, y otros exdirectivos, por presuntos delitos económicos. La causa se centra en un posible desvío u ocultación de fondos, el uso de un entramado de cuentas y sociedades y maniobras para eludir el pago a acreedores y trabajadores tras el hundimiento del grupo. La investigación cuenta con informes de la UDEF y ha dado lugar a decisiones relevantes: en octubre de 2025, la jueza impuso una fianza de más de un millón de euros y advirtió de embargos si no se consignaba esa cantidad.

La causa penal sigue viva. Son ya tres años de instrucción. Con la UDEF entregando todavía informes y la jueza tomando declaración a los investigados, los tiempos judiciales no invitan al optimismo: la apertura de juicio oral no será inmediata. En causas económicas de esta complejidad, entre sociedades pantalla, cesiones de créditos y dinero público de varias administraciones, la fase de instrucción suele prolongarse de tres a cinco años. Con estos precedentes, la fecha más probable para un eventual juicio se sitúa entre finales de 2026 y 2027.

A ello se suma un antecedente clave: en 2024, un juzgado mercantil declaró culpable el concurso de acreedores de Editorial Compostela y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación por irregularidades en la gestión de la empresa. No es una sentencia penal, pero sí una resolución judicial que describe una administración gravemente dañina del grupo.

Pero si hubo un actor decisivo en la supervivencia artificial del entramado dirigido por Rey Novoa fue la Televisión de Galicia (CRTVG). Según la investigación policial, la TVG garantizaba a El Correo Gallego una “cuota fija” de producción externa cercana a los dos millones de euros anuales, un sistema de reparto interno que asignaba a cada grupo mediático un trozo del pastel de contratos pagados con dinero público. Esa cuota —que debía servir para financiar programas y contenidos— se convirtió, en manos del empresario, en una vía para obtener liquidez fuera del alcance de Hacienda, de los trabajadores y de los embargos judiciales. Con las cuentas de Editorial Compostela embargadas, Rey Novoa procedió a ceder a sociedades intermediarias los derechos de cobro que tenía frente a la TVG, convirtiendo esos pagos públicos en dinero rápido fuera del alcance de los embargos. Vendía anticipadamente esos pagos a productoras “intermediarias” por apenas una fracción de su valor real, y estas, posteriormente, cobraban íntegramente de la cadena pública.

La CRTVG no puso ninguna objeción a ese tipo de operaciones hasta que la UDEF descubrió el juego.

El crédito concedido por la Xunta a la editora de El Correo Gallego tampoco tuvo el final que se esperaría de una operación “rigurosa”. Nunca fue devuelto, pese a que se trataba de financiación pública canalizada a través de XesGalicia. La empresa entró en concurso de acreedores y acabó colapsando sin haber reintegrado el dinero. Hoy en día, no consta que la Xunta haya recuperado esos fondos, lo que convierte el préstamo en una de las decisiones más controvertidas del apoyo institucional al periódico: dinero público concedido a una empresa ya en crisis, sin retorno conocido y hoy bajo el foco de una investigación penal por posible desvío y blanqueo.

La Policía considera este mecanismo un “acuerdo incomprensible” que permitió al empresario esquivar obligaciones fiscales y laborales mientras seguía recibiendo dinero público articulado desde la propia Xunta. La Federación de Sindicatos de Periodistas resume el funcionamiento del sistema de forma lapidaria: la TVG acabó actuando como “autopista financiera” que facilitó que Rey Novoa moviera fondos de administraciones como la Xunta, y la propia CRTVG mientras mantenía nóminas sin pagar.

La Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, decidió invertir dinero público en un medio privado en crisis, sin que hasta hoy se haya explicado con claridad qué informes de viabilidad justificaron ese préstamo ni qué garantías reales se exigieron para proteger el interés general. Tampoco se ha aclarado por qué se siguieron firmando convenios mientras la empresa dejaba de pagar a sus trabajadores. ¿Qué controles fallaron para que ese dinero acabara, presuntamente, formando parte de un circuito opaco hoy bajo investigación judicial?

La operación no solo llegó al Parlamento, sino que fue defendida por la propia Xunta. La respuesta oficial está publicada en el Boletín del Parlamento. Para el Gobierno de Feijóo la empresa era “operativamente viable” cuando recibió 2,5 millones de euros, pese a los impagos de nóminas y las múltiples deudas que arrastraban y que hoy investiga un juzgado.

En condiciones ordinarias, una empresa con deudas con Hacienda y la Seguridad Social no puede recibir dinero público. Por eso el crédito de 2,5 millones de euros que XesGalicia otorgó a El Correo Gallego resulta tan anómalo: exige explicaciones políticas porque se concedió a una empresa que, según la UDEF y los autos judiciales, ya arrastraba impagos y deudas que habrían bloqueado cualquier ayuda pública normal.

La justicia investiga si parte del dinero público recibido por Editorial Compostela fue desviado u ocultado, mientras la Xunta, pese a conocer el deterioro económico de la empresa, no activó mecanismos de control ni nadie exigió responsabilidades por el uso de esos fondos.

Solo con los datos oficiales conocidos, Editorial Compostela recibió durante los años de Feijóo al frente de la Xunta al menos entre 5,5 y 6 millones de euros en convenios, subvenciones directas sin ningún tipo de control y un préstamo público de XesGalicia. A esa cifra habría que añadir, además, la publicidad institucional y los contratos con la Televisión de Galicia, que no están completamente cuantificados.

La causa penal abierta investiga si el gestor de El Correo Gallego utilizó de forma irregular fondos procedentes de dinero público, sin que Feijóo haya dado hasta hoy explicaciones sobre por qué siguió financiando a la empresa ni qué controles ejerció sobre ese dinero.

Si se confirma judicialmente que hubo desvío u ocultación de fondos públicos, la pregunta ya no será solo qué hizo el empresario, sino por qué se permitió que Rey Novoa siguiera recibiendo dinero público cuando los impagos a los trabajadores y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social lo ahogaban y la empresa ya era inviable.

Somos todo oídos, señor Feijóo.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Este último verano, el apoyo directo o indirecto de la industria musical a determinados conflictos bélicos en curso comenzó a ocupar poco a poco la agenda pública. Ocurrió cuando en pleno genocidio palestino salió a la luz que muchos festivales estaban gestionados por el fondo israelí KKR, de manera que estos pasaron a estar señalados públicamente por financiar la masacre perpetrada por las fuerzas sionistas. Ese posicionamiento colectivo se materializó en seguida en un boicot de grandes dimensiones en todo el Estado español. Miles de personas rehusaron comprar entradas para macroeventos como el Viña Rock, el Sónar o el Resurrection Fest. Aquel fue un ejemplo exitoso de bloqueo cultural llamado a impactar en los bolsillos de quienes participan en el jugoso negocio de la guerra, pero no ha sido el único en los últimos meses. 

Recientemente, muchos consumidores y artistas han replicado esta estrategia retirando su música de Spotify por motivos políticos de carácter antiimperialista: el fundador y CEO de la plataforma, Daniel Ek, ha invertido más de 600 millones de euros en la compañía alemana de IA militar Helsing, una de las tecnológicas privadas de mayor valor de mercado en Europa (12.000 millones de euros), a través de su empresa de inversiones Materia Prima. Aunque esta operación financiera se remonta realmente a 2021, según el diario británico Financial Times la empresa ha “redoblado su apuesta” desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Este conflicto se ha convertido en un laboratorio de las nuevas tecnologías de guerra basadas en IA prácticamente experimental, con los perjuicios que esto naturalmente conlleva. 

De hecho, el colectivo independiente Carro de Combate, que investiga el origen de los productos de consumo cotidiano, estima que el objetivo original de Helsing era crear software de uso bélico que integrara “datos de múltiples sensores, imágenes térmicas, radar y vídeo para crear representaciones en tiempo real del campo de batalla”. Así, la empresa utiliza algoritmos para analizar los datos de los sensores y los sistemas de armas de los campos de batalla con el fin de informar las decisiones militares en tiempo real. Tanto Helsing como Palantir (esta última en EEUU) son empresas pioneras en este sector.

Desde que las instituciones comunitarias implantaron políticas de rearme para hacer frente a una posible amenaza rusa, ha habido una clara reorientación empresarial hacia las tecnologías militares. Las empresas de IA militar son actualmente la gallina de los huevos de oro capaz de generar beneficios millonarios a futuro, y Helsing es una de las que lideran este cambio de paradigma. Es por ello que miles de usuarios y artistas han decidido movilizarse al respecto. El caso más mediático quizás fue, el pasado mes de septiembre, el del grupo de trip-hop Massive Attack. 

En su cuenta de Instagram anunciaron su marcha de Spotify con el siguiente comunicado: “A la luz de las importantes inversiones realizadas por su director general en una empresa que produce drones militares y tecnología de inteligencia artificial integrada en aviones de combate, Massive Attack ha solicitado por separado a nuestro sello discográfico que nuestra música sea retirada del servicio de streaming Spotify en todos los territorios”, explicaban. Antes que ellos habían dado el paso bandas como King Gizzard & The Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor o Deradoorian. Sobre la banda estadounidense de rock Hotline TNT, el magazine musical Mondo Sonoro se hizo eco este mes de agosto de su partida y traslado a la plataforma Audiotree. En España, el ejemplo más sonado ha sido el de Fermin Muguruza, pero más de 162 bandas de Euskal Herria, unos 650 artistas en total, han secundado el boicot. 

Muchos de estos artistas, pero también consumidores habituales, venían de apoyar otras campañas antibelicistas centradas en el sector musical como la antisionista No Music for Genocide, de la que forman parte cantantes como Wednesday, Nourished by Time, Rina Sawayama, Yaeji o Amyl and the Sniffers. Según la propia web de la campaña, más de 1.000 artistas y discográficas retiraron su música de ese territorio por las necropolíticas de Israel. Para las personas que ya habían participado en esta acción colectiva, hacer lo propio con Spotify parecía un paso natural y lógico.

A día de hoy no se ha podido demostrar que Helsing contribuya a financiar las operaciones militares israelíes en territorio palestino. En cambio, las tecnologías de armamento que fabrican van destinadas a proveer de software al ejército ucraniano y su alcance es exclusivamente europeo (al menos hasta la fecha). Eso sí, resulta ser un negocio muy rentable en una Europa llamada a rearmarse cada vez más: según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los 2.718 mil millones de dólares en 2024, con un incremento del 9,4% en términos reales respecto a 2023.Las empresas pronto han descubierto lo lucrativo que resulta orientar su producción hacia la defensa. 

Particularmente Helsing está haciendo el agosto suministrando drones de ataque HX-2, su nuevo modelo introducido en diciembre de 2024 y fabricado en sus instalaciones del sur de Alemania. En la propia web de la empresa lo venden como un artefacto “capaz de atacar artillería, blindados y otros objetivos militares a una distancia superior al alcance visual (hasta 100 km)” cuya IA integrada “garantiza que el HX-2 sea inmune a las medidas hostiles de guerra electrónica (EW) gracias a su capacidad para buscar, reidentificar y atacar objetivos incluso sin señal o conexión de datos continua”. 

Desde el Centro Delàs de Estudios por la Paz insisten en que, en este sentido, en la escena bélica actual el arma estrella son sin duda los drones y los proyectiles 155. Mientras los buques acostumbran a ir rodeados de drones para su vigilancia y protección, en Tierra se utilizan para observar movimientos de los tanques e incluso para penetrar y ver dentro de los edificios. Pero en su portal Helsing también oferta otros productos de fines similares, como el sistema de vigilancia submarina SG-1 + Lura, una plataforma de software capaz de supervisar vastas áreas en los océanos y “patrullar discretamente en grupo o mantener su posición en el lecho marino”. 

Tica Font, presidenta e investigadora del Centro Delàs, infiere a infoLibre que esta es la primera vez en que los militares han utilizado empresas civiles para obtener medios en conflictos armados: “Con alguna otra empresa de inteligencia artificial y con los satélites de estas empresas consiguen resultados muy óptimos en clasificación de datos. Por ejemplo, usaron la IA para, viendo los movimientos que realizaban de tanques y tropas rusos, hacer previsiones de por dónde iban a atacar o también para tener datos sobre cómo evoluciona un campo de batalla o para diseñar un tanque e interpretar comunicaciones”, desliza. 

Alude a la confección de algoritmos de Israel para vigilar los movimientos de los palestinos a través de una gran base de datos digital que recoge fotografías, conversaciones, teléfonos, comportamientos en Internet y toda clase de datos de ciudadanos palestinos. “El algoritmo decía a quién había que matar cada día en base a decidir si la persona podía o no pertenecer a Hamás o a la Yihad”, alega la experta. Pero para Alemania, principal potencia defensora de los planes de rearme en la UE, la apuesta por tecnologías bélicas responde a una estrategia económica nacional que parece no prestar demasiada atención las cuestiones éticas. Su industria automovilística ha perdido fuelle por la fuerte competencia que ejerce en el sector el mercado chino, sobre todo en la producción de vehículos eléctricos. De este modo, el gobierno alemán ha optado por invertir en industria militar (como ocurre en el caso de Helsing) para generar, al menos en la teoría, nuevos puestos de trabajo que compensen los destruidos y así a su vez incrementar el PIB.

Jaime y su pareja decidieron hace poco más de un mes apoyar el boicot a esta plataforma y trasladar su música de Spotify a otra similar cuando empezaron a recibir publicaciones que denunciaban las prácticas empresariales de Ek. Aunque él nunca había sido, confiesa, demasiado activo a la hora de limitar su compra de productos “manchados de sangre”, salvo a la hora de evitar determinados supermercados vinculados al genocidio, las experiencias exitosas de los boicots selectivos (como los promovidos desde el movimiento BDS -Boicot, Sanciones y Desinversiones.) le motivaron a cambiar sus prácticas de consumo. “Con todo el tema del boicot a Israel, se ha visto que el boicot tiene un efecto colectivo bastante positivo, motiva ver que en otros casos ha funcionado”, afirma en conversación con este medio. 

Entre el cóctel de motivos que le indujeron a retirarse de la plataforma no sólo figura la cuestión las inversiones millonarias en Helsing (el CEO de la plataforma alega que de esta forma está ayudando a “defender” Europa), sino también las críticas por los pagos ínfimos a los artistas o la complicidad con la maquinaria antiinmigración en EEUU. Los anuncios promocionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de la plataforma difundían mensajes racistas y xenófobos como  "Estados Unidos ha sido invadido por delincuentes y depredadores. Necesitamos que TÚ los eches. Cumple tu misión de proteger América. Únete en Join.Ice.Gov". En los mismos, el organismo al servicio del gobierno republicano tacha de criminales a las personas migrantes que llegan a EEUU en busca de un futuro para su familia. El New York Times asegura que este servicio de deportaciones ilegales y extrajudiciales ha aumentado en los últimos meses y, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 200.000 personas migrantes en situación administrativa irregular han sido expulsadas a su país de origen o a terceros.

Aunque muchos ya se han mudado a plataformas alternativas como Bandcamp, Tidal o Deezer para posicionarse contra estas acciones, Jaime mantiene que todavía es difícil conseguir un lugar donde reproducir canciones con el mismo nivel de almacenamiento que alberga Spotify. Admite que Q-Booth, a donde han “migrado” desde que dejó Spotify y que cuenta con más de 100 millones de pistas, tiene una interfaz parecida y buena calidad de sonido. Dentro del mundo de los servicios de streaming musical ocupa uno de los primeros puestos en sonoridad. 

No obstante, recalca, “cuando coges tus playlists antiguas y te las llevas a la nueva plataforma se ve que hay un montón de canciones que no las tienen, a parte de que muchos artistas no suben su discografía a Q-Booth”. Para reducir estas diferencias sería preciso que la mayoría de artistas, aquellos que generan mayores beneficios, tomaran posición y decidieran casi de forma unánime situarse en estas otras alternativas. Lo que, al parecer de Jaime, “es sumamente complicado porque está mucho dinero en juego y los artistas en su mayoría no quieren renunciar a esos beneficios que les dan las apps de streaming gigantes”.

Los veintiséis decanos y decanas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se han concentrado este jueves en la Puerta del Sol para pedir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso diálogo y un plan de financiación urgente.

El decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Antonio Bru, y la decana de la Facultad de Trabajo Social, Aurora Castillo, han leído el manifiesto en el que lanzan una "llamada de atención y una petición de ayuda a la sociedad madrileña", ya que "defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto".

En el manifiesto destacan que la UCM, con una comunidad de más de 80.000 personas, tiene un empeño permanente en alcanzar la excelencia.

Entre las claves de la excelencia de la Universidad enumeran el alto nivel en grado, máster y doctorado, la trascendencia de la investigación, el aumento constante de proyectos de investigación nacionales e internacionales y las publicaciones y reconocimientos del profesorado.

Asimismo, resaltan su papel esencial en la transferencia de conocimiento mediante la generación de patentes y asesoría científica, la elaboración de propuestas legislativas y la participación en avances tecnológicos y de salud.

Unos análisis elaborados por la propia Universidad indican que los recursos de las universidades son "insuficientes" para mantener los estándares de calidad en docencia, investigación y transferencia.

Subrayan que corresponde a las administraciones públicas asumir la financiación de los estudios impartidos en las universidades, a fin de que cualquier estudiante pueda acceder a la universidad, independientemente de su situación socioeconómica.

Además, en el manifiesto expresan su preocupación por el impulso de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) "sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo, abierto y profundo, con quienes conforman la comunidad universitaria".

El acto ha estado presidido por una pancarta de la Conferencia de Decanas y Decanos de la Universidad Complutense de Madrid con el lema "Defender la Universidad pública es defender el futuro de nuestra sociedad".

Tras el acto, cuatro representantes de los veintiséis decanos y decanas de la UCM entregarán el manifiesto a la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, en una reunión que mantendrán en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En declaraciones a los medios tras el acto, Bru ha advertido de que la "infrafinanciación" compromete su futuro y ha expresado su temor a "perder competitividad" frente a otras comunidades autónomas.

Bru ha sostenido también que la Comunidad de Madrid "es la que menos invierte en educación por estudiante de toda España", un hecho que, a su juicio, relega a la región y provoca problemas en el profesorado y en la calidad de la enseñanza.

Sobre las necesidades económicas de la Complutense, el decano ha explicado que, si bien recibieron un crédito de 34 millones de euros para "salir del paso" y pagar a proveedores, la Universidad precisa una financiación "realista" que cubra bajas, mejore planes de estudio y mantenga su vasto patrimonio histórico.

"Nosotros necesitaríamos unos 500 millones (de euros) simplemente para infraestructuras y solamente se destinan dos millones para mantener esas infraestructuras y ese patrimonio", ha aseverado.

Finalmente, Bru ha criticado la "falta de diálogo" en la elaboración de la nueva Ley del Sistema Universitario de Madrid (LESUC), que, a su entender, no consultó a facultades ni departamentos ni ha atendido a las peticiones de los rectores de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) de manera efectiva hasta el momento.

Estas declaraciones llegan después de que la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas anunciara la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Las plataformas enfatizaban en un comunicado conjunto que su exigencia es que el presupuesto de las universidades alcance el 1% del PIB de la Comunidad de Madrid y que cualquier cifra que no suponga un "acercamiento real a ese horizonte" no será contemplada, y de acuerdo con sus primeros análisis, la supuesta "subida" para 2026 representa pasar del 0,44% al 0,46% del PIB regional.

"No podemos hablar ni siquiera de 'subida', sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando", subrayó el comunicado.

Las seis plataformas de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares) consideraban que "la asfixia continúa básicamente igual" y, con ello, los motivos para la convocatoria de huelga de al menos dos días a finales de noviembre.

Además de la lucha presupuestaria, el movimiento estudiantil y de profesores señalaba que, "pase lo que pase con los presupuestos", después vendrá la tramitación de la Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc). Su meta es parar esa ley y lograr una movilización lo más amplia posible, que incluya a toda la sociedad madrileña que defiende lo público para que "el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid", afirmaba el comunicado conjunto.

"Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad Pública", concluía el texto, reafirmando que "la lucha es el único camino".

La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento y archivo de la causa contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la compañía sevillana Manuel Sánchez Ortega por presuntos delitos societarios y de falsedad en la inversión de capital.

En el auto, consultado por EFE, la sección cuarta de la sala de lo Penal desestima el recurso de las acusaciones particulares y confirma el criterio del juez Ismael Moreno, que el pasado julio ya decretó el sobreseimiento provisional de la querella al no apreciar indicios de delito tras las pruebas practicadas en la investigación.

Las diligencias se instruyeron para averiguar si las cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su situación con anterioridad a su colapso financiero, que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de preconcurso, "eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía".

El auto de la sección cuarta, del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, rechaza las peticiones de las acusaciones particulares "ante los contundentes dictámenes" de los peritos acerca de que las cuentas de Abengoa "reflejaban la exactitud e imagen fiel de la sociedad mercantil".

Así pues, no puede apreciarse "ningún delito de falseamiento en las cuentas". De hecho, prosigue el documento, las cuentas muestran "la exactitud y la imagen fiel del grupo de empresas, sin necesidad de inútiles e innecesarias diligencias complementarias de ratificación de dichos dictámenes".

La sala también descarta que el archivo provisional se haya basado en una sola prueba, ya que, a lo largo de los años de instrucción, "se han practicado otras muchas, de naturaleza personal (declaraciones de inculpados, testificales y periciales) y documental".

Todas ellas, prosigue, "han venido a converger" en el auto del juez instructor.

En su exposición, la sección cuarta de la sala de lo Penal insiste en que "la determinación mostrada por los peritos judiciales" les hace que no puedan concebir, "ni siquiera indiciariamente, caracteres supuestamente delictivos a las conductas de los querellados".

A través de sus redes sociales y de su página web, el expresidente de Abengoa ha celebrado la decisión de la sala.

Esta llega "después de 10 años, desde que me echaron de Abengoa por imposición de Banco Santander (según sentencia de la Audiencia Nacional 1/2018) en plena ampliación de capital y en una maniobra que mató Abengoa, y tras una investigación exhaustiva de las cuentas, por una querella presentada con la sola intención de destruirme (...)", ha escrito Benjumea.

En 2018, la Audiencia Nacional ya absolvió a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para Benjumea, tras descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.

Durante el juicio, la defensa del expresidente de Abengoa insistió en que su marcha se produjo como imposición de los bancos aseguradores de la fallida ampliación de capital.

Por su parte, la de Sánchez Ortega sostuvo que los 4,5 millones de euros que el ex consejero delegado de la compañía recibió eran una "contraprestación por no competencia impuesta en defensa de la propia sociedad" que estaba "bien" cuando la abandonó.

Argumentos que aceptó la sala, la cual sostuvo en su sentencia que en el momento de la firma de los contratos, el endeudamiento de Abengoa era "estable", y que la crisis se "aceleró" por la reacción del mercado ante la sucesiva salida de sus dos máximos ejecutivos, la repercusión de la ampliación, los retrasos en su negociación y las condiciones de los bancos.

La crisis del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama no ha surgido de la nada. No es fruto de un error técnico ni de un descuido administrativo. Es la consecuencia directa de siete años de políticas que han debilitado deliberadamente los cimientos de la sanidad pública andaluza. Lo que se está viviendo hoy —colapsos en las unidades, retrasos en las citaciones y una caída en la confianza de las pacientes— no es más que el desenlace lógico de una estrategia que priorizó los recortes y la gestión externalizada por encima de la prevención y la vida.

Durante más de dos décadas, el programa de cribado de cáncer de mama había sido un motivo de orgullo colectivo. Un símbolo de cómo la sanidad pública podía cuidar de su gente con eficacia, sensibilidad y justicia. Cada cita en una mamografía era una promesa cumplida: la de que la salud de las mujeres no dependía del dinero que tuvieran en la cuenta, sino del compromiso de una comunidad con su bienestar. Ese espíritu es el que se ha ido diluyendo lentamente entre contratos temporales, ratios imposibles y hospitales que se ven obligados a hacer más con menos.

Hoy, los datos empiezan a mostrar el daño: menos mujeres llamadas, más demoras en las pruebas, más diagnósticos tardíos. Pero detrás de cada cifra hay historias reales, nombres, familias, miedos. Está la mujer que lleva meses esperando una llamada que no llega. Está la enfermera que encadena turnos dobles para cubrir a sus compañeras. Está la médica que, a pesar del agotamiento, sigue empujando para que el sistema no se derrumbe del todo. Son ellas las que sostienen con esfuerzo lo que la política del Partido Popular está dejando caer.

El discurso oficial lo maquilla. Hablan de “ajustes”, de “nuevos modelos de gestión”, de “eficiencia”. Pero en la práctica, esas palabras son eufemismos para esconder un vaciamiento premeditado. La eficiencia no consiste en ahorrar a costa de retrasar diagnósticos, ni en medir resultados sin entender sufrimientos. Si una mujer recibe su mamografía con meses de retraso y el cáncer avanza, ¿de qué sirve la eficiencia? Si el sistema se sostiene gracias al sacrificio de profesionales agotadas, ¿qué clase de modernización es esa?.

La desatención no es sólo un fallo sanitario: es un atentado moral. Porque estamos hablando de un programa que salva vidas, que reduce la mortalidad y que ofrece esperanza. Dejarlo caer no es un error técnico: es una decisión política. Y toda decisión política tiene responsables con nombres y apellidos.

El Gobierno de Moreno Bonilla ha insistido en que el sistema funciona, en que los recursos son suficientes. Pero cada centro de salud saturado, cada mujer olvidada en la lista de espera, desmiente ese relato complaciente. No hay excusa que justifique que una política pública esencial, construida durante años con el esfuerzo de miles de profesionales, se degrade bajo la indiferencia gubernamental.

Andalucía necesita una sanidad que cuide, no una que justifique su abandono con discursos tecnocráticos. Necesita volver a colocar la prevención en el centro, reforzar las plantillas, dignificar los contratos y escuchar a quienes advierten desde dentro que el sistema se resquebraja. Las trabajadoras sanitarias no piden milagros: piden medios, respeto y estabilidad. Y las mujeres andaluzas no piden privilegios: piden que se respete su derecho a la detección temprana, a vivir.

No hay nada más profundamente político que decidir a quién se cuida y a quién se deja esperando. Por eso defender el programa de detección precoz del cáncer de mama no es solo una lucha por un servicio concreto: es una defensa del sentido mismo de la sanidad pública. Es decir “no” al abandono, “no” a la precariedad, y “sí” a una política que mire a las personas y no a los balances.

La salud de las mujeres no puede depender del azar, ni de la retórica de quienes se esconden tras cifras maquilladas. Cada demora, cada silencio, cada mamografía perdida, es una grieta en la confianza de toda una sociedad. Andalucía no merece vivir con miedo a enfermar, ni ver cómo se destruye, sin ruido, una de las conquistas más humanas de su historia reciente. Toca recuperarla. Toca levantar la voz. Porque la sanidad pública no se defiende sola: la defienden quienes no se resignan a verla morir.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Vox ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como ha demostrado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello. 

Pero el partido de Santiago Abascal lleva años incumpliendo la ley de financiación de partidos por otros motivos. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha sancionado a Vox por ese tipo de infracciones en cuatro ocasiones. En concreto, por recibir donaciones prohibidas por la legislación española. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. 

Esta investigación revela ahora las resoluciones de las tres primeras sanciones, una información obtenida tras realizar una solicitud de acceso, al amparo de la ley de transparencia, ante el Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que se publican los dictámenes al completo, ya que el Tribunal no lo hace por sí mismo.

Vox acumula ejercicios incumpliendo la ley de financiación de partidos (LOFPP) al recabar donaciones. La mayoría de ellas por ser donaciones finalistas, algo que prohíbe la ley española. Las donaciones finalistas son las que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, una campaña específica, un crowdfunding para un caso judicial, la reforma de una sede o un evento puntual.

Ese tipo de donativos son los que no pueden solicitar ni recibir las formaciones políticas. No están permitidos porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de los partidos. Una donación finalista puede convertir al donante en alguien que acabe marcando la agenda del partido al imponer cómo se tienen que destinar los recursos que está entregando. Por ello, ese tipo de donaciones pueden acabar suponiendo una forma de comprar al poder político.

A pesar de las prohibiciones, Vox ha recibido donaciones finalistas, tal y como ha resuelto el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, para querellarse contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra o para apoyar a Borja, un joven que peleó con unos ladrones que habían robado a una mujer. Debido a los golpes, uno de los atracadores cayó al suelo y acabó falleciendo. Borja fue condenado por homicidio imprudente.

Esta forma de actuar ha provocado que, en lo referido a las donaciones recibidas por Vox entre 2018 y 2020 —el organismo revisa las cuentas de los partidos pero con cierto retraso en cuanto a los ejercicios—, el Tribunal de Cuentas haya penalizado hasta en cuatro ocasiones al partido. 

Solo Vox y Nueva Canarias han llegado a recibir cuatro sanciones del organismo. Aún así, el partido de Abascal es el que ha recibido el mayor correctivo monetario: en total, 1.145.821 euros. Una de las sanciones, de 862.497 euros, es la más elevada que ha puesto el Tribunal de Cuentas sobre contabilidad ordinaria en toda su historia.

Las resoluciones obtenidas por infoLibre muestran cómo el Tribunal de Cuentas considera que la ley "prohíbe claramente tanto la recepción como la aceptación de donaciones finalistas, entendiendo por las mismas toda aquella aportación económica o en especie que sea realizada con la voluntad expresa del donante de destinarla a una finalidad concreta". El organismo, además, resuelve que Vox ha incumplido ese precepto.

Las dos primeras sanciones, acordadas ambas en una misma resolución de julio de 2024, se produjeron por los mencionados casos de Torra y Borja. Vox se defendió argumentando que la ley electoral permite a los partidos recibir donaciones para financiar campañas electorales y que, por tanto, ese caso sería similar y se podrían realizar ese tipo de donaciones con un fin concreto. El Tribunal de Cuentas resolvió dictaminando que mientras la ley electoral permite ese tipo de donaciones finalistas para el caso concreto de las campañas, la ley de financiación de partidos prohíbe que las formaciones políticas acepten otro tipo de donaciones finalistas y que, por tanto, Vox había incumplido la legislación.

El organismo también destacaba en su resolución que Vox hacía marcar a sus donantes una casilla al realizar las donaciones aceptando que estas se hacían supuestamente con arreglo a la ley y que la finalidad de las mismas "era la realización de las actividades propias de Vox", pero que, a pesar de ello, las campañas se hicieron "para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica" y que se registraron "de forma diferenciada del resto de donaciones, habiéndose destinado al pago de las respectivas" actividades indicadas por el partido previamente. Vox recibió 31.665 euros para la querella contra Torra y 120.483 para apoyar a Borja.

El segundo dictamen contra Vox, del 28 de abril de este año, es el relativo a la tercera sanción que el organismo ha impuesto al partido (la multa más elevada, de 862.497 euros) y tiene una motivación algo distinta: se debe a la recepción de donaciones no identificadas —en las que no hay un registro de quién es el donante—, a pesar de que la ley española prohíbe las donaciones anónimas. 

El Tribunal de Cuentas consideró que Vox recibía ese dinero no identificado a través de sus mesas informativas instaladas a lo largo de toda España y que luego lo ingresaba directamente y de forma conjunta a través de cajeros en sus cuentas corrientes, impidiendo así certificar quién había realizado cada donación y cuál era el monto de cada una —la ley prohíbe también que una misma persona entregue más de 50.000 euros a una misma formación en un año—.

Según certifica el organismo, Vox registraba esas donaciones como "ingresos por actividades de huchas de mesas informativas". El Tribunal de Cuentas resolvió que no se había podido verificar "la naturaleza de los registros contables en concepto de ingresos por actividades promocionales" y, por tanto, "se deduce la existencia de cajas no registradas en contabilidad correspondientes a las entradas de efectivo que se producen en las denominadas mesas informativas de la formación".

El Tribunal de Cuentas explora también en su resolución que no hay constancia de que esas entradas de dinero en efectivo se debieran a la venta de productos promocionales, ya que en las cuentas del partido existen otros registros para ese tipo de ingresos. Y, además, concluye que Vox "no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales, por lo que existe una limitación al alcance ya que no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos".

El Tribunal también certifica que el dinero en efectivo que iba a las huchas de las mesas informativas y acababa en las cuentas de Vox venía de las personas que lo entregaban de forma voluntaria e independientemente de si a cambio recibían algún producto de merchandising del partido o no —algo que en ocasiones se podía hacer y en otras no, según reconoce la propia formación en sus alegaciones—. Por tanto, el TCu entiende que esos ingresos son simplemente donaciones. En total, Vox ingresó 434.596 euros entre 2018 y 2020 por esas huchas, según el organismo.

El Tribunal de Cuentas concluye su argumentación basándose también en las cuentas electorales de Vox. El partido ultra no indicó ingresos por la venta de productos promocionales en mesas informativas en ninguna campaña electoral, a pesar de que en sus alegaciones argumentó que realizaba esas ventas. Aun así, siguió ingresando ese dinero en efectivo en las huchas y, por tanto, el Tribunal de Cuentas entiende que "se puede sostener que todo el dinero en efectivo recibido por las mesas informativas eran donaciones".

La resolución del TCu también recoge que Vox continuó con ese mismo tipo de donaciones anónimas al menos durante los ejercicios de 2021 y 2022 —por las que ingresó unos 600.000 euros entre ambos años—. Esos ejercicios aún no han sido fiscalizados por el organismo, pero el precedente de la reciente resolución para años anteriores podría hacer que Vox vuelva a ser sancionado en un futuro no muy lejano por el mismo motivo.

A pesar de estos correctivos, el partido de ultraderecha ha seguido recibiendo donaciones irregulares. Hace solo unas semanas, el 28 de julio, el organismo impuso una cuarta sanción a Vox. De nuevo, según anunció el TCu, por recibir donaciones finalistas. La multa asciende a 50.000 euros y versa aún sobre el ejercicio de 2020, pero la resolución no es pública y, por tanto, no se puede conocer el incumplimiento y la argumentación del organismo de forma detallada.

En cualquier caso, Vox ha recurrido las distintas sanciones ante el Tribunal Supremo. Ahora la justicia deberá pronunciarse y confirmarlas o anularlas. El partido se defiende asegurando que la ley "prohíbe la donación finalista cuando es el donante quien establece la finalidad y no cuando la establece el donatario ya que afectaría a su autonomía que terceras personas decidieran a qué destinar las donaciones". 

Pero el Tribunal de Cuentas considera que la definición de donación finalista viene indicada por la ley de financiación de partidos como "las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto", independientemente de quién defina y concrete la finalidad, y que esa concepción no ha variado en ningún momento.

La formación de Santiago Abascal también argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para la fianza de Borja o poder financiar la querella contra Torra. En el caso de Borja el partido va aún más allá y defiende la inexistencia del hecho sancionable y que fue un mero intermediario: "Vox no fue el donatario ni destinatario ya que no obtuvo enriquecimiento patrimonial ninguno que fuese correlativo al empobrecimiento de los miles de donantes. Solo hubo una donación: de los donantes a Borja".

Este segundo argumento también es el defendido en los votos particulares de algunos consejeros del organismo en las resoluciones contra Vox. Aún así, la posición mayoritaria del Tribunal de Cuentas es que Vox sí se enriqueció al recibir las donaciones y añadirlas a sus fondos, aunque después también pagara las fianzas. De hecho, el organismo concluye, que tal y como argumentaba el partido en sus alegaciones, este se podría haber quedado el dinero para otros fines y no haber abonado esos gastos; ya que la formación política no está obligada a cumplir con unas donaciones finalistas que, en realidad, están prohibidas.

Todas las sanciones del Tribunal de Cuentas a Vox se han dado tras la revisión de sus cuentas anuales. Por ahora, hasta el año 2020. Está por ver qué pasa con los siguientes ejercicios. Además, este organismo no solo revisa la contabilidad ordinaria de los partidos. También se encarga de fiscalizar la contabilidad de las campañas electorales. La infracción de Vox es de tal gravedad que la sanción de 862.497 euros también es más alta que cualquier otra impuesta por el Tribunal respecto a contabilidad electoral. La más cuantiosa sobre infracciones en campañas se puso respecto de las municipales de 2023 y era de 377.591,68 euros, menos de la mitad que la aplicada a Vox.

La financiación de Vox ha sido oscura desde sus inicios. El partido se fundó gracias a un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, tal y como reveló en su día El País. Esas donaciones llegaron gracias a los vínculos de uno de sus fundadores, Alejo Vidal-Quadras, con la oposición iraní en el exilio. En 2023 Vidal-Quadras sufrió un intento de asesinato en Madrid en plena calle. Él mismo vinculó el suceso al Gobierno de Irán, aunque hasta el momento la relación no se ha podido demostrar.

Los fondos iraníes fueron recibidos en 2013, cuando la actividad del partido de la extrema derecha española apenas arrancaba. Más de una década después, Vox se sigue financiando de forma oscura y con injerencias extranjeras, tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money.

Vox ha recibido dos préstamos millonarios del banco húngaro MBH Bank para financiar sus últimas grandes campañas electorales: la de las elecciones generales de 2023 —con Santiago Abascal como candidato— y la de las elecciones europeas de 2024 —con Jorge Buxadé como cabeza de lista—. No es una excepción. Tal y como revela esta investigación, el banco húngaro, que pertenece en parte al Gobierno de Viktor Orbán y por tanto, es semipúblico, está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha en toda Europa.

La gran pregunta tras el asunto de los préstamos es: ¿por qué Vox necesita acudir a un banco húngaro para financiar sus campañas? Según su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, porque "los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza" del país.

Millán hizo esta afirmación en septiembre de 2024, cuando la prensa ya había revelado el primer crédito que Vox recibió del MBH Bank. Hasta entonces el hecho había permanecido oculto, ya que la formación de ultraderecha no había detallado ese préstamo en las cuentas e información económica que publicaba en su página web, incumpliendo así la ley de financiación de partidos, que obliga a hacer públicos esos datos.

Además, la razón que esgrime el partido resulta llamativa porque Vox sí ha tenido préstamos de bancos españoles. Las elecciones municipales de 2023 se celebraron solo dos meses antes de las generales de ese mismo año y Vox financió esa campaña con un crédito del Banco Santander y otro del BBVA, los dos bancos más grandes del país. Para las generales, en cambio, según ellos, necesitaron acudir al banco húngaro porque las entidades financieras españolas no querían darles crédito.

Aún así, la cantidad aportada por el MBH Bank, 6,5 millones de euros en un préstamo para aquellas generales, es muy superior a la que recibieron de los bancos españoles. Para las municipales el BBVA prestó 1,83 millones de euros a Vox y el Santander, 795.110 euros. En cualquier caso, esa nueva estrategia de Vox para financiar sus campañas, que arrancó en las generales y continuó en las europeas, consistente en pedir a un banco un único préstamo de una cantidad elevada de dinero, es distinta a la que siguen el resto de partidos políticos españoles.

Formaciones como Sumar, Podemos o EH Bildu no recurren a créditos bancarios. Los grandes partidos, PSOE y PP, por su parte, acostumbran a solicitar varios préstamos a distintas entidades para financiar sus campañas. Estos, además, son por montos inferiores a los préstamos húngaros de Vox. De hecho, el préstamo del MBH Bank al partido de Santiago Abascal es el crédito electoral de mayor cantidad para un partido político español en el año en que se concedió.

También es el único préstamo otorgado por una entidad financiera extranjera. Y no solo eso: es el que tiene un interés más alto. Los créditos más cuantiosos que recibieron el PP y el PSOE fueron de 4 y 3,5 millones de euros, respectivamente. Ambos procedentes del Banco Sabadell. En el caso del PSOE, el tipo de interés de sus préstamos varió entre el 5,25% y el 6,69%. Muy lejos del 11% que Vox pagó al MBH Bank.

El siguiente tipo de interés más alto es el que pagó Junts por un préstamo de 450.000 euros, también del Banco Sabadell: 7,79%. En el caso del PP, no se puede saber el coste que le supusieron los créditos, ya que para el ejercicio de 2023, como explicó infoLibre, los populares incumplieron la ley de financiación de partidos ocultando las condiciones de sus préstamos electorales.

El caso de Vox contrasta también con el de Marine Le Pen. La líder de la Agrupación Nacional francesa recibió un préstamo del MKB Bank, una de las tres entidades financieras que se fusionaron en 2023 para dar lugar al semipúblico MBH Bank —el MKB Bank fue completamente público en determinados momentos y también estuvo ligado a grupos empresariales de Lőrinc Mészáros, oligarca húngaro y amigo de la infancia de Orbán—. En el caso de Le Pen, el crédito fue para las elecciones presidenciales de 2022. Le prestaron 10,49 millones de euros con un tipo de interés anual del 6,7%, una coste bastante más bajo que el asumido por Vox.

Los intereses pagados por Vox se vieron afectados por el tipo de interés básico que aplicaba el MBH Bank en 2023, año en el que escaló por encima del 10% durante casi todo el ejercicio. En la primavera de 2024, cuando se concede el segundo crédito, el tipo de interés básico del banco húngaro rondaba el 7%. Aun así, Vox volvió a contratar el préstamo con un tipo del 11%. De todos modos, los tipos del MBH se suelen aplicar para préstamos en florines húngaros —la moneda del país—. Los créditos a Vox se realizaron en euros. Por lo que no es tan extraño que los intereses fueran más altos, a pesar de que se situaran tan por encima de los que estaban cobrando los bancos españoles en esos momentos.

Lo cierto es que a pesar de los motivos esgrimidos por Millán, los préstamos a Vox se otorgaron tras el acercamiento de Vox al primer ministro húngaro Viktor Orbán, al que el presidente del partido, Santiago Abascal, califica ya de "amigo". El primer crédito, para financiar la campaña del partido a las generales, se concedió el 22 de junio de 2023, solo veinte días después de que Abascal y Orbán se reunieran en Budapest.

El segundo se aprobó en 2024 para financiar la campaña de las europeas. Tras esas elecciones, Vox abandonó el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Giorgia Meloni, para pasarse a Patriotas por Europa (Patriots), el grupo que capitanea el Fidesz de Orbán. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen también forma parte de ese grupo.

En el caso del préstamo de 2024, el importe fue de siete millones de euros y el tipo de interés, de nuevo, del 11%, según recoge la formación en sus cuentas anuales del ejercicio. Otra vez el tipo de interés pagado por Vox era mucho más alto que los del resto de partidos españoles. Y, otra vez, el préstamo era de mucho mayor importe que los del resto.

Todos los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a informar sobre esos créditos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo en ninguna de las dos ocasiones que dio crédito a Vox, incumpliendo así la ley electoral. Aún así, infoLibre solicitó, al amparo de la ley de transparencia, una copia de la información que los bancos habían mandado sobre los préstamos electorales al Tribunal de Cuentas y la misma información que habían remitido los partidos para poder compararla. 

De hecho, en el caso de Vox, aunque el MBH Bank no hubiera mandado información, el partido debería haberlo hecho. El Tribunal de Cuentas ha inadmitido a trámite la solicitud de este medio al considerar que la ley de transparencia no le obliga a entregar ese tipo de información y, por tanto, la mantiene oculta. 

La información sobre los préstamos es fundamental para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar que se otorgan con arreglo a la ley. De hecho, Vox podría llegar a ser sancionado por su contabilidad electoral. La ley española no es del todo clara pero los préstamos del MBH Bank podrían no ajustarse a derecho. El Tribunal de Cuentas no ha llegado a estudiarlos porque considera que "no ha sido posible acreditar" si el MBH Bank "se encuentra participado o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras". A pesar de esa afirmación, la primera parte de esta investigación demuestra que una quinta parte del banco pertenece de forma directa al Gobierno húngaro.

Aún así, la ley española da espacio a distintas interpretaciones. Los expertos consultados por infoLibre y Follow The Money no concuerdan en si haber recibido esos créditos es motivo de infracción y, por tanto, sanción por parte de Vox. Mientras unos defienden que los préstamos electorales se pueden considerar financiación, otros argumentan que la ley no da espacio a esa interpretación. 

El asunto es crucial: en caso de que los préstamos efectivamente se consideraran financiación, Vox estaría incumpliendo la legislación, ya que la ley de financiación de partidos indica en su artículo 7.2 que las formaciones políticas "no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

"El tema es discutible porque la ley se refiere a 'ninguna forma de financiación', pero entiendo que se podría interpretar que los partidos sí pueden recibir préstamos de bancos extranjeros porque la ley en general diferencia entre donaciones y préstamos. Creo que el artículo 7.2 está pensando en donaciones [no en préstamos], para impedir la posible captura del Estado español por un Estado extranjero", explica Inés Olaizola, Catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"La ley diferencia entre aportaciones (donaciones) y préstamos. Esto lo hace cuando se refiere a los nacionales y así, por ejemplo están prohibidas las donaciones de personas jurídicas pero no los préstamos de entidades bancarias; por esto se podrían plantear dudas. Aunque, como respecto a los Gobiernos y organismos extranjeros es verdad que se refiere a 'ninguna forma de financiación', cabría defender que tampoco son posibles préstamos en tanto en cuanto es una forma de financiación", detalla Olaizola.

Óscar Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, defiende claramente esta segunda interpretación: "Está claro que un préstamo es una 'forma de financiación'. El apartado 2 del artículo 7 no se refiere sólo a donaciones y si se demuestra la vinculación de MBH Bank con el Gobierno húngaro, creo que estaríamos ante una infracción muy grave por parte de Vox". Aunque el experto reconoce que uno de los problemas de la ley española es que no refleja claramente cuál podría ser la sanción en un caso así.

"Es importante que no haya financiación por parte de bancos vinculados a Gobiernos extranjeros para evitar la influencia de estos en nuestras elecciones. El caso húngaro es paradigmático, pues se trata de un Gobierno alineado con Putin y es evidente el interés que tiene Putin en desestabilizar las democracias europeas alentando los extremismos (de todo tipo) y exacerbando las divisiones internas preexistentes", recalca Sánchez.

A pesar de todo ello, a día de hoy el Tribunal de Cuentas no ha llegado a profundizar en el caso de los préstamos de Vox. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado una investigación que abrió al partido de Abascal por financiación irregular en la que se abordaban, entre otros asuntos, estos préstamos. "La actuación de la Fiscalía se refiere a la vía penal. Efectivamente, si el Código Penal solo habla de donaciones, los préstamos no estarían incluidos en el tipo delictivo, pero sigue habiendo una infracción de la ley que podrá sancionarse por el Tribunal de Cuentas", detalla Sánchez.

El 2 de junio de 2023 el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro húngaro y presidente del Fidesz, Viktor Orbán, se reunían en Budapest. Abascal definía a Orbán como "amigo" y los dos mandatarios ultras se comprometían a trabajar para dar un giro hacia la derecha en Europa. No han trascendido muchos más detalles de la reunión, pero es posible que no hablaran solo de eso.

Solo veinte días después de ese encuentro, el Magyar Bankholding Bank (MBH Bank Nyrt), una entidad financiera húngara, otorgaba un primer préstamo a la formación de Abascal: 6,5 millones de euros para sufragar su campaña para las elecciones generales de 2023. 

Pero Vox no es el único partido al que este banco húngaro ha prestado dinero. Tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), llevada a cabo por infoLibre y Follow the Money, el MBH Bank está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha a lo largo y ancho de Europa. No se trata de una entidad financiera cualquiera. Este banco está participado por el Gobierno húngaro de Orbán y entre sus clientes se encuentra lo más granado de la extrema derecha del continente. 

Aunque la creación del banco data solo de 2023, ha financiado ya dos campañas electorales de Vox con préstamos: la de las últimas elecciones generales y la de las últimas europeas. El banco surgió a partir de la fusión de tres entidades financieras. Una de ellas, el MKB Bank, ya había prestado dinero para la campaña de Marine Le Pen para las presidenciales francesas de 2022. El propio partido de Orbán, el Fidesz-Unión Cívica Húngara, también tenía sus cuentas en dicha entidad.

Pero las relaciones con los ultras no se limitan solo a los partidos políticos. El MBH Bank cuenta entre sus clientes con el canal austríaco de televisión AUF1 o el Mathias Corvinus Collegium (MCC), otros dos actores de la extrema derecha europea. 

AUF1, fundado por Stefan Magnet en 2021, es un canal que se ha caracterizado por difundir teorías de la conspiración, amplificar los discursos ultras y apoyar al partido de extrema derecha austríaco: el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, por sus siglas en alemán). 

Magnet fue dirigente de la Bund freier Jugend, una organización juvenil neonazi de Austria, aunque también militó en las juventudes del FPÖ. En los programas de su canal ha participado, por ejemplo, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. AUF1 se ha dedicado a pedir donativos a sus espectadores y las cuentas en las que solicitaban los ingresos correspondían al MBH Bank.

Algo similar sucede con el Mathias Corvinus Collegium, una supuesta institución educativa que recibe su financiación directamente del Estado húngaro. En 2022, el MCC abrió un think tank en Bruselas para difundir y promover el mensaje conservador y nacionalista de Orbán a nivel europeo. Al igual que AUF1, el MCC pide donativos a una cuenta que tiene abierta en el MBH Bank.

La financiación del banco a la extrema derecha europea está estrechamente ligada al Gobierno húngaro. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco y tiene el 21,51% de derechos de voto dentro del mismo. Esos porcentajes se canalizan a través de Corvinus. 

Corvinus International Investment Private Limited Company es un fondo propiedad del Ministerio de Economía húngaro, cuyo objetivo es "garantizar la presencia de la propiedad estatal en sectores económicos de importancia estratégica". Corvinus BHG, una filial del fondo, es quien posee ese 20,01% del MBH Bank, convirtiendo así al Estado húngaro en el segundo mayor accionista, según los propios datos del banco a cierre de 2024.

El MBH Bank es el segundo banco más grande Hungría. Según sus informes anuales, cuenta con unos 30.000 millones de euros en activos, 500 sucursales, dos millones de clientes y aproximadamente 10.000 empleados. El otro gran accionista del banco es Zenith Asset Management Zrt. Esta empresa, que se dedica a gestionar activos e inversiones, tiene un 24,84% de la propiedad del banco. Es privada y pertenece a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. (MATAK), un holding de inversiones. Zenith, MATAK y el MBH tienen la misma dirección como sede central, según el registro mercantil húngaro.

Entre Zenith y Corvinus pueden controlar el banco de facto, al sumar el 48,22% de derechos de voto dentro del mismo. Además, un 7% de las acciones pertenecen al propio banco y un 13,65% corresponden a libre circulación. Estas segundas están mayormente en manos de accionistas minoritarios que las compran en bolsa. A esas acciones de libre circulación les corresponde el 14,68% de los votos. Por tanto, el control de Zenith y Corvinus sobre la entidad financiera es aún más claro.

El holding MATAK, dueño de Zenith, está vinculado a capital privado ligado a un empresario y amigo de la infancia de Orbán, Lőrinc Mészáros, que lleva años beneficiándose de licitaciones públicas del Gobierno de Orbán. El oligarca es la persona más rica de Hungría. Además, fue alcalde de Felcsút entre 2011 y 2018, tras ganar las elecciones como candidato del Fidesz. Este municipio de Hungría es el pueblo de la infancia de Mészáros y Orbán.

La composición del accionariado del MBH Bank ha ido cambiando desde su constitución en 2023. Al cierre de ese ejercicio, Corvinus tenía un 30,35% de las acciones del banco. Por tanto, cuando la entidad otorgó el primer préstamo a Vox, la parte pública de la misma perteneciente al Gobierno húngaro era aún mayor. En ese entonces, MATAK poseía un 37,69% a través de dos holdings distintos. Así, entre el Gobierno de Orbán y los fondos de Mészáros controlaban más de dos tercios de la entidad financiera.

En Hungría, como en gran parte de Europa, el 25% es la cifra clave para identificar al propietario real de una empresa. Si una persona física posee o controla al menos ese porcentaje, directa o indirectamente, se la considera beneficiario último y se activan obligaciones extra de transparencia, auditoría y control; también en el caso de los bancos. Por ello, es probable que los accionistas del MBH Bank hayan ido modificando el accionariado para que todos posean menos del 25%. 

"En el caso de los accionistas vinculados al Estado, lo más probable es que redujeran su participación para adaptarse a las exigencias del mercado y simplificar la rendición de cuentas que se le exige al banco", explica un experto húngaro en finanzas sobre el MBH Bank. El experto estuvo vinculado a uno de los bancos que dio origen al MBH Bank y prefiere no ser identificado.

La financiación por parte del banco húngaro se da en un nuevo contexto de alianzas de la ultraderecha. Tras las elecciones europeas de junio de 2024, el Fidesz de Orbán impulsó un nuevo partido político europeo. El nuevo grupo, Patriotas por Europa (Patriots), está formado por el Fidesz y por otros partidos de extrema derecha como la Lega (Liga) italiana de Matteo Salvini, el Vlaams Belang (Interés Flamenco) belga o la Chega (Basta) portuguesa.

Patriots se ha caracterizado por estar aún más alineado a la extrema derecha que el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y por una mayor cercanía a la Rusia de Vladimir Putin. Vox en la anterior legislatura europea formaba parte de ECR, pero después de las últimas elecciones europeas —que financió gracias a un segundo préstamo del MBH Bank— se pasó al nuevo grupo de los Patriots. No solo eso. Santiago Abascal fue elegido presidente de la formación a nivel europeo.

Pero Vox no es el único partido que forma parte de Patriots y ha recibido dinero del banco húngaro. Le Pen se benefició de un préstamo de más de 10 millones de euros para su campaña presidencial en 2022 y su partido, la Agrupación Nacional, también comparte grupo europeo con el Fidesz y Vox. La extrema derecha austríaca del FPÖ es asimismo integrante de Patriots y, aunque no ha recibido préstamos como Abascal y Le Pen, su canal de televisión de referencia está entre los clientes del banco.

La financiación a partidos extranjeros por parte del MBH Bank resulta aún más llamativa al tener en cuenta que la ley de Hungría no permite a los partidos políticos del país financiarse a través de fondos extranjeros. Tampoco recibir préstamos de bancos de otros países. De hecho, la ley de protección de la soberanía —contra la que la Comisión Europea interpuso un recurso de incumplimiento ante el TJUE por considerar que infringe el Derecho de la Unión—, recoge penas de hasta tres años de prisión por financiación extranjero de partidos y campañas electorales.

En España la regulación en materia de financiación extranjera para los partidos políticos no es tan clara. Vox se ha valido de ese hecho para recibir los préstamos del MBH Bank. El primero, de 6,5 millones de euros, sirvió para sufragar la campaña electoral de las elecciones generales de 2023. El segundo, de 7 millones, sirvió para hacer lo propio con las elecciones europeas de 2024.

Aún así, el Tribunal de Cuentas español no ha llegado a considerar en profundidad el caso. Los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a enviar determinada información sobre esos préstamos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo ninguna de las dos ocasiones con respecto a Vox, incumpliendo así la ley electoral.

Debido a esos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas considera que "no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras" y, por ello, no entra a valorar el caso ni si puede constituir una infracción de la ley por parte de Vox haber recibido esos préstamos. La investigación Money to the far-right revela ahora que de forma efectiva una quinta parte del banco pertenece directamente a Corvinus, un fondo que es propiedad al 100% del Gobierno húngaro.

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumirá a partir de 2028 algunas funciones en la gestión del IRPF y su identidad visual comenzará a utilizarse en comunicaciones con los contribuyentes, según consta en el plan director del organismo hecho público este jueves por el Govern catalán y recoge EFE. La intención inicial, según el pacto entre el PSC y ERC que dio a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat, era de que “a lo largo de 2026″, Cataluña asumiera parte de esas competencias.

La Generalitat de Cataluña encargó a principios de este año a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra, la redacción de una hoja de ruta para la primera fase del despliegue de la hacienda catalana, con el objetivo de que la ATC "en el futuro acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos, empezando por el IRPF", ha señalado en un comunicado el departamento de Economía.

El plan prevé que en 2027 la agencia esté en condiciones de asumir por completo la asistencia en la campaña de la renta -ahora la ATC colabora en esa atención con la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)- y contempla que el organismo necesitará contratar más personal y abrir más oficinas.

Con relación a este anuncio, la consellera de Economía, Alícia Romero, defiende que la Agència Tributària de Catalunya debe avanzar "poco a poco" en la gestión del IRPF, pero hacerlo de forma "sólida" y "segura", para evitar "fugas de fraude fiscal" en esta transición en las tareas que ahora lleva a cabo la AEAT.

En declaraciones a EFE, Romero ha recordado que el IRPF supone un gran reto para la ATC porque se trata de un impuesto masivo y esta agencia apenas tiene unos 850 trabajadores, frente a los 4.400 de la AEAT en Cataluña.

La consellera ha asegurado que, de entrada, el Govern necesita que se aprueben "los cambios legales" pertinentes en el Congreso para poder gestionar al completo este impuesto.

En particular, el plan admite que la ATC debe ser capaz de desarrollar una plataforma tecnológica propia "a medio plazo" y que para gestionar el IRPF se deberán aprobar primero cambios en varias leyes estatales, entre ellas la ley orgánica de financiación de las comunidades.

El plan hecho público este jueves no facilita un calendario estimativo sobre cuándo podría llegar la ATC a asumir al 100% la gestión del IRPF, pero sí expone una hoja de ruta para la primera fase de despliegue de la Hacienda catalana.

El pacto entre PSC y ERC preveía arrancar la gestión de impuestos estatales con el IRPF, y en este punto la primera fase de transformación de la ATC prevé tres hitos.

El primero, que la ATC "prestará información y asistencia en la campaña de la renta de 2025, la que se hará en 2026, a los solicitantes de cita previa".

Sin embargo, el propósito de la Generalitat es que la ATC pueda acabar "asumiendo la totalidad de la asistencia de la campaña del IRPF en el año 2027", es decir, durante la campaña de la renta del ejercicio fiscal de 2026.

Para conseguirlo, el plan director prevé que el año 2026 se incorporen más de 400 agentes de refuerzo -en la campaña de la renta de 2024, la que se acaba de terminar, se han incorporado 102-.

Y de cara a asumir toda la asistencia de la campaña de la renta, en 2027 haría falta contratar temporalmente "más de 700 agentes, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes", y para entonces se necesitarían también nuevas oficinas temporales y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para facilitar dicha asistencia.

El segundo hito en esta fase inicial de despliegue de la ATC es que en la campaña de la renta de 2025, es decir, en el año 2026, la ATC debería "estar presente en la documentación que se facilita a los ciudadanos".

Finalmente, el tercer hito de esta fase inicial es que la ATC -a través del trabajo en red-, "colaborará en la aplicación de tributos y en la revisión de las actas y que tendrá presencia de identidad visual en las comunicaciones y actos administrativos dirigidos a los consumidores", precisa el comunicado del departamento de Economía. El objetivo es lograrlo en la campaña de la renta de 2027, es decir, en 2028.

Los Ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular ya han anunciado que llevarán ante los tribunales el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña en caso de que llegue a materializarse; una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española, sino también de la independentista e incluso de algunas formaciones como Compromís y la Chunta. El PP busca, además, exprimir al máximo lo que se presenta como una nueva batalla entre socialistas, ya que algunos barones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el asturiano Adrián Barbón o dirigentes territoriales como el extremeño Miguel Ángel Gallardo han rechazado el acuerdo, hasta el punto de plantearse ir también por la vía judicial.

La marcada oposición de todos los dirigentes autonómicos del PP, incluyendo a su líder en Cataluña, Alejandro Fernández –que ha llegado a asegurar que el objetivo con este acuerdo es "volver a activar el proceso separatista"–, contrasta con la posición del partido en el pasado sobre la financiación singular de Cataluña. Hasta el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016, cuando era presidente de la Xunta. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", señalaba, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión.

Lo que para el PP es ahora un acuerdo fruto "del chantaje" y de "la corrupción", ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basada en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente del PP catalán, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.

Lo cierto es que, más allá de escenificaciones, cuando el PP ha estado en el Gobierno ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación bilateral con el entonces president catalán, Jordi Pujol (CiU), para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las comunidades, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.

El PP, además, defiende el modelo vasco bajo el argumento de que la Constitución Española de 1978 reconoce esta singularidad de los dos territorios forales y de que les aporta mayor seguridad y competitividad frente a otras comunidades. Feijóo también ha cerrado filas con este modelo de financiación, si bien durante su etapa como presidente de la Xunta demandó en más de una ocasión más transparencia sobre el reparto. Otros de sus grandes defensores son el portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, y el exportavoz del Senado Javier Maroto, ambos de Euskadi.

La financiación autonómica se convierte así en el enésimo estandarte judicial de Feijóo contra el Gobierno, aunque enarbolarlo contradiga sus propios planteamientos o, incluso, líneas de negociación previas del partido. Pero antes de esta hubo otras guerras, algunas de las cuales siguen abiertas.

El PP se opuso desde el primer momento a la amnistía. De hecho, fue su principal caballo de batalla contra el Ejecutivo de Sánchez, hasta el punto de convocar cinco manifestaciones en los meses posteriores a su aprobación. Las comunidades del PP anunciaron rápidamente que presentarían recursos contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC) y la sentencia por parte del órgano de garantías llegó hace solo unas semanas en forma de jarro de agua fría para los de Feijóo: avaló todos los aspectos nucleares de la ley y concluyó que la amnistía tenía encaje legal en nuestro ordenamiento jurídico.

Los conservadores argumentaban que suponía un retroceso en el Estado de derecho; que no respondía a intereses generales sino solo al particular de Pedro Sánchez de lograr la investidura como presidente y alegaban que tampoco existía ninguna circunstancia excepcional que justificara una amnistía en Cataluña. El TC, sin embargo, desmontó estos argumentos al rechazar que afecte al Estado de derecho y encuadrarla en "circunstancias excepcionales que no se pueden resolver con instrumentos ordinarios".

También presentaron un recurso contra el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. Un recurso que solo hace unos meses el Constitucional tumbó, estimando que la norma regula por primera vez el régimen urbanístico de dicho tipo de viviendas en Cataluña, "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia, y que es además conforme con la protección constitucional de la propiedad privada".

Lo cierto es que el boicot a la legislación estatal por parte del PP no es una novedad. En enero de este año el tribunal de garantías también echó por tierra la mayor parte del recurso que el PP presentó contra puntos clave de la ley de vivienda de 2023. Muchos de sus argumentos ya habían sido estudiados hace casi un año, cuando se desestimaron prácticamente todas las alegaciones de la Junta de Andalucía. Pero a principios de 2025 el TC avaló también las limitaciones a subir el alquiler en estas zonas cuando se negocia un nuevo contrato.

Asimismo, el PP llevó un recurso de amparo ante el Constitucional contra el acuerdo que tomó la Mesa de Edad de la Cámara catalana, cuando aceptó los votos delegados del líder de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig en la sesión constitutiva del Parlament pese a no estar presentes. El tribunal falló a favor del PP, pero su decisión no alteró la composición de la Asamblea autónoma ni tuvo efectos retroactivos, en aras de "la seguridad jurídica". Sus votos no fueron decisivos, por lo que no afectaron al resultado ni, por tanto, a la composición del Parlament ni de la Mesa.

Fueron varios los diputados del PP del Parlamento de Cataluña que presentaron el recurso al considerar que se había "vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes”, vinculado directamente con “el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.

Feijóo también lideró la oposición de las comunidades del PP a la delegación a Cataluña de las competencias en materia migratoria como parte del acuerdo de Pedro Sánchez con Junts. Un acuerdo que implica que la Generalitat de Cataluña gestione integralmente los CIE, expida los NIE y despliegue a los Mossos en las fronteras en coordinación con la policía y la Guardia Civil.

A juicio del líder del PP, supone "desmantelar la seguridad nacional" lo que, a su juicio "es malo para todos los territorios". Los conservadores advirtieron también desde el primer momento de que presentarían recursos ante el TC en caso de que la norma, que todavía no ha visto la luz, se aprobara.

El Gobierno central y la Generalitat han fijado para el lunes 14 de julio la celebración de una comisión bilateral en la que se tratará la financiación 'singular' de Cataluña, una cita que tendrá lugar dos semanas después del plazo máximo previsto en el pacto con ERC, que ha restado importancia a esta demora.

Minutos después de que, este sábado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dijera que es más importante el contenido que los plazos fijados -"si necesitan unos días o semanas más, que se las cojan", ha señalado en alusión a la crisis que atraviesa el PSOE-, la Generalitat ha comunicado que la citada comisión bilateral tendrá lugar en quince días.

Fuentes del Govern de Salvador Illa han explicado que en los últimos días "se han acelerado los trabajos" entre los dos ejecutivos y que en estas dos semanas "se prevé avanzar hacia un acuerdo sobre la financiación y la gestión tributaria". El miércoles, la consellera y portavoz, Sílvia Paneque, aseguraba que el Govern aún confiaba en que la bilateral tuviera lugar antes de que acabara el mes.

Illa ha evitado pronunciarse sobre esta comisión en un acto en la sede del PSC, mientras que el otro socio de investidura, Comuns, espera que ese 14 de julio se alcance un acuerdo "sólido", en palabras de su portavoz parlamentario, David Cid, que ha participado en una manifestación contra la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

ERC votó el pasado agosto a favor de la investidura del socialista Salvador Illa, una decisión que supuso un punto y aparte en la política catalana al conllevar el fin de la política de bloques en el Parlament, entre independentistas y no independentistas, tras más de una década.

Los republicanos, sumidos entonces en una fuerte crisis interna, accedieron a hacer president a Illa solo tras una ajustada consulta interna y a cambio, sobre todo, de conseguir una financiación 'singular' para Cataluña, una bandera que ya había enarbolado Pere Aragonès desde el Palau de la Generalitat en la pasada legislatura.

El pacto de investidura entre PSC y ERC contempla que la Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, determina también que la solidaridad con el resto de comunidades "debe estar limitada por el principio de ordinalidad" -sin fijar un porcentaje- y prevé que la administración catalana aumente sustancialmente su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.

Contempla, asimismo, que se acometan "las modificaciones que correspondan" de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), lo que requiere el aval mayoritario del Congreso de los Diputados.

Un extremo al que ha hecho referencia Junqueras en la intervención de este sábado: ha dicho que la financiación que se acuerde para Cataluña también deberá ser "buena" para los grupos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez, que fue posible gracias a una mayoría "compleja" y "variada".

Ese pacto de investidura, sellado en el mes de julio del año pasado, reza que en el marco de la mencionada comisión bilateral se deberá "formalizar" lo acordado por los dos partidos.

También añade que "el primer tributo en el cual se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF" y que se adoptarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución "a lo largo de 2026".