“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”, pregunta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “La vivienda”, responde el 41,5% de la ciudadanía. Y es que el mercado inmobiliario es la principal preocupación de los españoles mes tras mes. Si se les interpela acerca de qué es lo que más les afecta personalmente, la respuesta es primero la economía y después, de nuevo, la vivienda. Pero lo que para la mayoría son desvelos, para el mercado es una oportunidad. Al menos, así lo presenta The District, la polémica feria inmobiliaria que reúne a bancos, fondos de inversión, socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, empresas que cotizan en bolsa y se dedican a comprar, rehabilitar y gestionar inmuebles para alquilarlos), inmobiliarias o lobistas relacionados con el sector de la vivienda y contra la que protestan los sindicatos y las asociaciones por el derecho a la vivienda. “Los participantes tendrán la oportunidad de identificar nuevas oportunidades, establecer alianzas y descubrir proyectos acerca del nuevo ciclo inmobiliario europeo”, reza una de las notas de prensa del evento.

Este miércoles se ha presentado en la Consejería de Vivienda de Madrid la edición de 2026, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que, por primera vez, se celebrará fuera de Cataluña tras cuatro años en Barcelona. En los últimos años, además de un evento para inversores, se había convertido en un foco de protestas en cuyas inmediaciones los movimientos de vivienda expresaban sistemáticamente la disonancia entre un mercado en ebullición y unos presupuestos familiares cada vez más tensionados por el gasto en vivienda. Allí hizo su aparición uno de los lemas más repetidos: “Fuera especuladores de nuestros barrios”. También allí comenzó a generarse un clima hostil para este tipo de eventos, que fueron reforzando su presencia policial.

El año pasado, la feria reunió a 14.000 directivos de empresas (1.200 más que el año anterior) y 2.500 inversores internacionales de los principales fondos. Para la edición de este año, las entradas van desde los 175 euros por un acceso básico hasta los 1.493 euros del "pase platino", que cuenta con un descuento del 25%. Sin la rebaja, su precio es de 1.990 euros.

El evento abandonó Cataluña bajo el pretexto de explorar Madrid y al considerar que la capital era la puerta de entrada de inversores latinoamericanos porque ha apostado por atraer este tipo de actividad económica. Juan Velayos, el presidente de The District, se refería a la capital como un "contexto positivo" para la actividad inmobiliaria. "Así es como crece también una región", señaló por su parte Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al anunciar el pasado diciembre que la capital albergaría el evento en Ifema.

En estos años, las protestas contra la especulación se repitieron en casi todas las ediciones –incluso llegaron a lanzar polvos de colores a los asistentes– y la organización se quejó de falta de apoyos. Además, en abril del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Jaume Collboni (PSC) retiró al evento una subvención nominativa de 250.000 euros que hasta ese momento le había otorgado el consistorio. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha señalado a infoLibre que The District no ha recibido ningún respaldo económico público. “No existe ninguna subvención nominativa ni de ningún otro tipo para este evento”, aseguran desde el área de Vivienda. “La presentación de hoy se ha celebrado en la sede de la Consejería de Vivienda sin coste para la Administración y no existe financiación pública autonómica del evento”, concluyen.

En su presentación inaugural en Madrid de este miércoles, en cambio, el salón del ladrillo ha tenido una acogida más calurosa y la sesión ha contado con la participación de varios representantes públicos. Álvaro González, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, han participado en esta primera jornada. A juicio de Rodrigo, el evento “refuerza el atractivo de la región como destino para la inversión y reconoce el dinamismo de su mercado inmobiliario”. Y, aunque también habló de vivienda asequible, lo hizo para señalar que "el acceso a una casa se garantiza construyendo oportunidades".

En la sesión también participaron personas del ámbito de la consultoría y del sector inmobiliario. Un representante del fondo de inversión neerlandés Rockfield, con gran presencia en el ámbito de las residencias y que posee una cartera de activos en Europa de más de 2.500 millones de euros; un directivo de la empresa inmobiliaria cotizada Merlín Properties o la presidenta de ASPRIMA, la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid. También participó Ricardo Martínez Rico, presidente y CEO de Equipo Económico. En cuanto a los temas que se debatían, estaba el alquiler de “oficinas y retail como motores de inversión” o la “inversión récord en un contexto incierto”.

La inversión y las cifras del sector ayudan a hacerse una idea de lo separados que están los puntos de vista en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda. Mientras una parte habla de "oportunidades" y cifras récord, la otra se queda rezagada en una crisis de acceso que se ceba con los jóvenes y multiplica la vulnerabilidad de quienes tienen menos ingresos.

Como ejemplo de estas dos realidades, cabe destacar que, por ejemplo, las seis principales socimis y promotoras casi duplican sus cifras en 2025 con un resultado neto agregado de más de 1.400 millones, frente a los 733 del ejercicio previo. Al mismo tiempo, los últimos datos señalan que el precio de la vivienda se disparó un 15,2% en el segundo trimestre, la tasa más alta en 20 años, según Tinsa. Otro dato que ayuda a medir la distancia entre los ciudadanos y el mercado lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística: en 2025 los hogares españoles dedicaron un 33,2% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un 5,8% más que en el año previo.

El horizonte que se dibuja es muy distinto según el lado del mercado desde el que se mire. Y en eventos como The District, donde las narrativas inversoras chocan tan abiertamente con el malestar social por la vivienda, la polémica parece servida.

“España es uno de los mercados más atractivos para la inversión inmobiliaria”. Así comienza un informe de la consultora JLL publicado esta semana que detecta un crecimiento del 50% en esta actividad durante el primer semestre de 2026. “Superará los 10.000 millones de euros” en transacciones durante la primera mitad del año, según su análisis. En el mercado de la vivienda participan muchos actores y en general, no compiten en igualdad de condiciones. Hay pequeñas y grandes empresas de inversión que buscan aumentar su riqueza, hay fondos internacionales que miran a las rentabilidades del mercado actual, hay pequeños multipropietarios que quieren ampliar su patrimonio, hay una empresa pública de vivienda que trata de ganar espacio en el mercado y hay, también, familias que buscan una casa para vivir y no se la pueden permitir. Todos compiten en el mismo ecosistema, pero no con los mismos medios. Y es que, a la vez que las cifras de inversión brillan, el Banco de España advierte que la creación neta de hogares está superando el ritmo de construcción y aumenta el déficit de vivienda estimado hasta las 750.000.

Una vivienda “vale lo que el que más pueda pagar por ella esté dispuesto a dar”, a no ser, puntualizaba a infoLibre el arquitecto y urbanista Gerardo Roger, que haya un parque público que ayude a quienes quieren una casa para vivir y no como vehículo inversor. La otra ley básica de este mercado es la de oferta y demanda: cuantos más interesados hay en un bien escaso, más crecen los precios sobre el bien en cuestión. Las pocas viviendas en el mercado, un fuerte apetito inversor y miles de familias tratando de acceder a una son las circunstancias que sirven de gasolina para avivar la crisis de vivienda en España. Y de entre todos los actores de este juego, también es fácil saber quiénes son los que cuentan con más recursos a la hora de competir por un inmueble. 

El informe de JLL señala que el “motor principal de este crecimiento ha sido el segmento de Living, que ya representa el 44% de la inversión total con más de 4.375 millones de euros acumulados”. Living es el anglicismo que designa en el sector a las casas en las que los habitantes comparten vida en común, esto es, desde hogares para familias a alquileres por habitaciones, alojamientos para estudiantes o residencias de mayores. Y hay, dentro de esta categoría, otro término y otra cifra que destacan sobre el resto: “Dentro de este grupo, el Multifamily ha registrado un comportamiento histórico con un aumento del 625% respecto al primer semestre de 2025”. Este otro anglicismo se refiere a los casos donde un edificio completo pertenece a un único inversor y se ofertan los pisos en alquiler. Aquí parece estar puesta la atención de los inversores con operaciones como una realizada por el fondo canadiense Brookfield, que adquirió 5.000 viviendas en Madrid por valor de 1.000 millones. 

La compañía, que gestiona un fondo de alrededor de 900.000 millones en activos, se convertía así en uno de los grandes caseros de España y sembraba incertidumbre entre los inquilinos de dichas viviendas, quienes se dirigían a ellos en una carta pidiendo que se respetasen sus contratos. “Teniendo en cuenta que las viviendas que pretende adquirir fueron en su día vivienda pública o de protección oficial, resulta inadmisible que ningún fondo pretenda utilizarlas con fines lucrativos. Es por ello que, ante esta venta, las familias organizadas de los bloques en lucha exigimos a las administraciones públicas que recuperen las viviendas”, señalaban en una carta enviada a los representantes del fondo en España.

La incertidumbre es comprensible en un contexto como el actual, donde establecerse indefinidamente en una vivienda resulta imposible si no es mediante la compra, y volver al mercado del alquiler tras salir de un contrato largo implica casi siempre pagar mucho más que antes. Lo que provoca que los ahorros para una hipotética entrada para una vivienda se esfumen, cerrando así una espiral económica de la que es difícil deshacerse. 

En la primera mitad de año también se cerró otra gran operación. El fondo de pensiones norteamericano Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) se hizo con otro paquete de 27 edificios, pagando más de 600 millones para cerrar la operación al fondo Ares. Sin embargo, y ahondando un poco más en la paradoja, aunque las inversiones están en máximos, los datos de compraventas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la compra de vivienda lleva cuatro meses descendiendo.

Es en este mar revuelto en el que tienen que pescar los compradores y también la empresa pública de vivienda, Casa 47, que hasta el momento cuenta con suelos traspasados y viviendas por valor de 2.080 millones. Aunque en lo que se refiere a la adquisición de vivienda, hasta el momento solo ha anunciado un paquete de 100 millones para compra de casas. Mucho más modesto en cifras que el de los fondos de inversión. 

Aunque las políticas destinadas a regular el mercado no encajan bien en el arco de la derecha y algunos expertos las rechazan, la pregunta que surge cuando se observan estas dinámicas es si, por muchas viviendas nuevas que se edifiquen, la construcción será capaz de responder al apetito inversor y a las necesidades de las familias, generando un stock lo suficientemente amplio como para que los precios bajen por sí solos. 

La propia pregunta apunta al escepticismo y desde los socios de Gobierno arrecian las críticas hacia el propio Ejecutivo en esta materia. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda porque está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas, que están imponiendo los intereses de una minoría, de unos pocos que se están haciendo ricos a costa del derecho a la vivienda de las mayorías”, señalaba este jueves el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena Ser. “El Gobierno tiene que intervenir políticamente el mercado de la vivienda”, insistió. 

Este jueves el Banco de España publicó su informe anual relativo a 2025 y una de las cosas que ha hecho es elevar el déficit de viviendas que arrastra el país desde las 600.000 que estimaba en 2024, hasta las 750.000 que considera que se necesitan para responder al ritmo de demanda y a la creación de nuevos hogares actualmente. Aunque se construye más y el número de visados de obra nueva crece tímidamente en los últimos años, el regulador no ve que el stock de casas esté aumentando, sino todo lo contrario.

Mientras las cifras de inversión dejan comentarios optimistas, el Banco de España señala con claridad a los más perjudicados. "Los problemas de acceso a la vivienda se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular jóvenes y población de origen extranjero", puntualiza el documento. Ellos son los peces pequeños dentro de un mar cada vez más complicado de habitar.

La crisis de vivienda se ha materializado últimamente en varios desahucios mediáticos que afectan a pensionistas. El de Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años al que una orden religiosa echó de su casa en mayo; o el de Maricarmen Abascal (87 años), que afrontará su tercer intento de desalojo en los próximos días, son algunos ejemplos. La crisis inmobiliaria arrecia en dos momentos vitales: el momento de incorporación al mercado laboral, porque se cobra poco y suele haber escasos ahorros, y en el momento de salir, sobre todo si se vive de alquiler. Y aunque el foco se suele poner en los jóvenes, hay un colectivo especialmente vulnerable entre los mayores de 65 que no son propietarios y cuyas pensiones tampoco son capaces de seguir el ritmo a la burbuja de precios de la vivienda. Estos últimos son el grupo que más trozo de renta se deja en pagar la mensualidad de su casa, pero incluso entre quienes tienen un alquiler de renta antigua por debajo de los precios de mercado, la situación comienza a complicarse.

Pese a que la mayoría de pensionistas en España posee vivienda en propiedad libre de hipoteca (82,4%), un 5,5% de las personas mayores de 65 años viven en alquiler a precio de mercado según los últimos datos del INE relativos a 2025. Si se observan las tendencias, el porcentaje de viviendas en propiedad con o sin hipoteca, se situó en 2025 en el 88,2% para los mayores de 65 años y este porcentaje ha caído ininterrumpidamente desde 2022, tras haber tocado un máximo en 2012 del 90,1%. Es decir, cada vez hay menos personas jubiladas propietarias y, además, estas están expuestas a un sobreesfuerzo económico considerable. 

Entre las cifras emerge una realidad complicada para muchas personas. Aunque en términos porcentuales un 5% no parece demasiado, si tenemos en cuenta que en España hay 4,2 millones de pensionistas mayores de 65 años, a ese 5% le ponen nombre y rostro más de 214.000 personas que potencialmente estarían expuestas a un mercado de alquiler a precios desbocados. Por su edad, estas personas tampoco son candidatas a una hipoteca, así que si un revés les impide pagar las mensualidades, su mejor opción termina siendo una residencia o el amparo de los servicios sociales. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experta en vivienda. 

En esta circunstancia, las únicas armas que tienen quienes viven de alquiler a edades avanzadas son su patrimonio (si lo tuviesen) y su pensión. Pero lo que dicen los datos es que esas armas sirven de poco contra el mercado, porque quienes llegan a la jubilación sin casa en propiedad se enfrentan a las tasas más altas de sobreesfuerzo económico de todos los cortes de edad. Un estudio realizado por CaixaBank Research a partir de sus datos internos señala que los mayores de 65 años se dejaban en 2025 más de un 33% de sus ingresos en pagar la renta mensual de sus casas. Los más jóvenes, entre 16 y 29, son los segundos peor parados, con una tasa de esfuerzo que ronda el 30%, según el mismo estudio.

Si analizamos la nómina de pensiones, estos cálculos cobran más sentido. Aunque la pensión media en España se sitúa en los 1.515 euros mensuales, casi la mitad de los pensionistas en España (48,5%) cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros brutos mensuales. El porcentaje de personas que ganan menos del SMI se eleva al 60% para las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicados en mayo.

Basta un repaso rápido por los portales inmobiliarios para ver que los alquileres que se puede permitir una renta de menos de 1.200 euros mensuales no abundan. Y a esto se añade otro problema: a la vez que el precio de los alquileres en España se ha encarecido de media un 50% desde 2025, cada vez menos personas llegan a la jubilación con casa en propiedad. Es decir, la tendencia no tiene buena pinta.

El seguimiento que hace el INE señala que el porcentaje de mayores que viven de alquiler a precio de mercado ha aumentado casi un punto desde 2023, a la vez que desciende el número de los que viven de alquiler a precios reducidos (desde el 2,7% en 2023 hasta el 2,3% de 2025). Esto se debe, en parte, a que las personas que pagaban rentas antiguas van falleciendo, pero también a que la presión del mercado hace que las casas que se alquilan a bajo precio sean un caramelo muy tentador, ya que suelen ser más grandes y estar situadas en barrios que ahora son céntricos. "Hay una embestida sostenida por parte de fondos de inversión y empresas que adquieren viviendas con gente de renta antigua viviendo dentro", señala Jacinto.

Eso es lo que le pasó a Maricarmen. El bloque en el que vivía, propiedad de una familia, terminó en manos de la empresa Urbagestión, dedicada a la inversión inmobiliaria, que la llevó a los tribunales para anular el contrato de renta antigua que había firmado su padre en 1956 y al que, primero su madre y después ella, se habían subrogado. Pero tras una victoria en primera instancia, el Tribunal Supremo concluyó que solo se permitían dos subrogaciones y anuló el contrato, dejando a Urbagestión la posibilidad de elevar a placer la renta de la afectada. Lo hizo reclamándole una cuota de 1.650 euros mensuales, muy por encima de los 1.450 euros que cobra de pensión. 

Aunque situaciones como esta pueden resultar inexplicables, el ansia por conseguir viviendas para especular con ellas se entiende mejor si consideramos que el rendimiento medio de esta actividad ofrecía una rentabilidad media del 16% en el último trimestre de 2025, de acuerdo con el Banco de España, y que el riesgo es muy inferior al de otros productos de inversión. Esto es lo que se ve desde el otro lado del mercado.

Cerca de 100.000 euros. Eso es lo que el fondo de inversión que compró el edificio de la calle Tribulete, en el centro de Madrid, ofreció a algunos inquilinos de renta antigua para que se marcharan. "La mayoría han ido cediendo. Y teniendo en cuenta que estaban sometidos a un presunto caso de acoso inmobiliario, con unas obras que les hacían la vida muy difícil, mucha gente acabó llegando a acuerdos económicos para abandonar sus viviendas", explica Alejandra Jacinto, que representa a los vecinos de este edificio que aún se resisten a marcharse. Porque pelear contra una empresa para tratar de permanecer en una vivienda requiere, además de recursos, energías para hacerlo.

La cantidad puede resultar jugosa, pero en estos casos implica renunciar a un alquiler asequible asegurado para volver a un mercado de vivienda en el que 100.000 euros no te permiten comprar un piso en muchas regiones y donde buscar un alquiler tampoco es sencillo. En los datos del INE, el porcentaje de mayores que tiene un alquiler por debajo del precio de mercado es de un 2,3%, muchos menos que quienes pagan precios corrientes.

"Vemos de todo. Hay casos, como el de Maricarmen, donde la empresa propone triplicarle el alquiler; hay otros en los que tratan de repercutirles gastos que antes no venían soportando y luego están los casos en los que se ofrece dinero porque se quitan de un plumazo el problema e impiden así que haya subrogaciones en caso de que el inquilino tuviese hijos que se pudieran acoger a él", resume la abogada. "De momento va a cuentagotas, pero cada vez estamos viendo más casos", concluye.

HBO Max ha estrenado tres episodios de Ravalear y las tres semanas próximas se emitirán los restantes. Ofrecen una propuesta deslumbrante por su protagonismo coral y su potente puesta en escena.

Una serie que supone un salto en lo que solemos ver en pantalla. Va de lo micro a lo macro en el tema que más preocupa a los españoles según decimos encuesta tras encuesta: la vivienda. No lo hace desde un piso, sino desde un local para un negocio familiar, pero hace carne lo que leemos en el periódico a diario.

Un título ambicioso en su mensaje y en su lenguaje y que sale fortalecido de una apuesta tan alta. Se entiende, emociona y deslumbra. Toca muchos mundos que se encuentran, muchos puntos de vista que conforman la calidad de vida de un barrio.

La historia parte de la realidad que vivió su creador, el guionista y director Pol Rodríguez. Sus padres regentaban un restaurante en el barrio del Raval. El real, Can LLuis, el ficticio, Can Mosques.

El bisabuelo de Rodríguez había comenzado con el negocio que inspira la serie. Su padre nació allí mismo. 90 años de historia familiar se vieron amenazados por causas externas.

El edificio en el que se ubicaba el restaurante real fue comprado por un fondo de inversión. Tras años con negociaciones y la amenaza de un desalojo, la llegada de la pandemia precipitó que les echaran en 2021 con un desahucio exprés.

Muy parecido a lo que vemos como detonante en pantalla. Y a partir de ahí la serie explora la vida de estas calles de Barcelona que recogen población de muchos lugares y culturas y se ven sometidas a numerosas presiones.

Fondos de inversión extranjeros, turismo en masa, inmigración multicultural, movimiento okupa o narcopisos conviven en un vecindario con sabor, con una personalidad rotunda.

Como explica el propio Pol Rodríguez, en El cine en la SER, “uno de los barrios con más tejido asociativo y de las ONG de Europa. Un barrio muy hospitalario donde hay unas realidades muy difíciles, muy complicadas, pero donde hay muchísima gente que las combate”.

La serie respira Raval. Los planos generales son reales, con los actores moviéndose entre vecinas y vecinos a quienes se difuminan los ojos por privacidad. Ropa tendida, distintos colores de piel, gente ocupada, gente ociosa, bullicio, vida.

La cámara simula desorden, se mueve al hombro, hace zoom, a veces está lejos, otras pegada a los actores. La electrónica estresante domina una banda sonora compuesta por Eloi Caballé que late como una taquicardia.

Los personajes corren, discuten o cocinan, manteniendo una constante tensión que cuenta este relato en código de thriller. Unos hechos que suelen venir envueltos como drama social optan se convierten en un contrarreloj vertiginoso.

Así como el fondo maniobra contra los vecinos, sus víctimas se revuelven con todas sus armas en una guerra soterrada entre dos bandos en la que ambos son a la vez el ratón y el gato.

“Thriller hiperrealista” es un combo usado por el equipo para definir el género de Ravalear. Rodríguez se alió con el documentalista Justin Webster para el armazón del guion.

Al diálogo se han añadido Isa Campo, Isaki Lacuesta (este también en la dirección), Edu Sola, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danès y Maialen Vélez. Vélez ha estado documentándose y colaborando con asociaciones del barrio durante los años de preparación del proyecto.

Además de los profesionales, se ha contado con docenas de intérpretes que se localizaban en la calle y se contrataban para participar en la producción. Hasta unos 72 actores intervienen en los episodios.

A estos debutantes se une un elenco profesional que transmite viveza, liderados por un Enric Auquer que corre, suda o salta. Le acompañan María Rodríguez Soto, Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castell o Quim Ávila entre otros.

Entre sus influencias para la serie, Rodríguez cita a los cineastas Joaquim Jordà o José Luis Gerín. Ambos comieron en el restaurante familiar, ambos le dieron trabajo, ambos contaron Barcelona en magníficos trabajos documentales. Jordà, con De nens, ubicada en el barrio chino de la ciudad y Guerín con En construcción, también en el Raval.

The wire surge espontáneamente como referencia al ver Ravalear. La ciudad convertida en protagonista, la intención de no simplificar, de contar múltiples puntos de vista, la visión política, la verosimilitud de la calle. Rodríguez habla también de las películas de mafiosos, por ejemplo, en lo que respecta a las persecuciones.

Lo que revitaliza esta serie y la hace original más allá de sus inspiradoras es trasladar este lenguaje cinematográfico a lo inmobiliario. Convertir la especulación en una organización que penetra en las ciudades y destruye la vida de sus habitantes.

La serie no aboga por dejar la ciudad muerta, sin evolución. Se pregunta, como dice su director: “¿Cuánto necesitamos de progreso y cuánto de memoria?”. Y aboga por la organización colectiva para que elementos débiles cobren fuerza. Para “pedir leyes que amparen al ciudadano más allá de los intereses empresariales”.

Su cara aparece en miles de carteles naranjas con el logo del Sindicato de Inquilinas y la imagen de Maricarmen apoyada en su andador durante las concentraciones para evitar su desahucio, la han convertido en un símbolo de la actual crisis de vivienda que ha dado la vuelta al país. Su caso tiene todos los ingredientes: es pensionista, no puede afrontar el precio del alquiler que le pide el grupo de inversión que ha comprado su casa, lleva siete décadas en la misma vivienda y, con 87 años, le obligan a buscarse otro sitio en el que vivir en un mercado de vivienda cuyos precios siguen desbocados. La otra alternativa es una residencia. Ha agotado las vías legales porque “el sistema permite que ocurran estas cosas”, señaló su abogada a infoLibre. Sin embargo, este lunes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que habían acudido como último recurso, le da la razón. Es un paso adelante, aunque sin garantías explícitas de que se pueda solucionar su situación, ya que los mandatos de este comité de la ONU en este sentido están muy abiertos a la interpretación.

“Han notificado al juzgado que la ONU solicita la suspensión del desahucio para evitar un daño irreparable mientras se tramita el procedimiento”, explica la letrada que lleva el caso, Beatriz Duro. La respuesta del organismo internacional les llegó este lunes, 15 días antes de la fecha para la que está programado el tercer intento para desalojar a Maricarmen. 

La pregunta inmediata es si este mandato servirá de algo o solo prolongará aún más un proceso que ha ido agotando las fuerzas de Maricarmen. La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto explica que las resoluciones que emite este organismo de la ONU en lo relativo a la vivienda dependen bastante de la interpretación que haga cada juzgado.

Al acudir al Comité DESC, lo que ha obtenido la defensa son unas medidas cautelares, en base a un mandato de la ONU que señala que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Estas medidas piden al Gobierno y a todas las administraciones públicas implicadas que aporten soluciones y dan un plazo de seis meses para que se informe sobre el plan a seguir. “Para evitar el daño irreparable que supone un desahucio, se suelen dictar unas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Esto se hace para que, bien se suspenda el desahucio, o bien se dicten planes alternativos”, explica Jacinto, que ha llevado otros casos como este.  

Pese a que se trata de un organismo internacional, no hay garantías de que se pare el proceso. “Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos, es una resolución que debería respetarse porque el Estado español suscribe los tratados internacionales de la organización”, explica Jacinto. Pero la realidad no es tan contundente. “Hay debate al respecto y hay casos en los que los juzgados entienden que no aplica y otros que sí lo aplican. Debería tomarse siempre en cuenta, pero no siempre pasa”, lamenta. "Lo que está fuera de toda duda y defiende también la Abogacía del Estado es que hay que tomar en consideración el dictamen, así que, tanto si suspenden el desahucio como si no, tienen que razonar su decisión y explicar cómo han llegado a esa conclusión", afirma la abogada.

El problema de Maricarmen comenzó hace ocho años. En ese momento, la familia propietaria del edificio lo vendió a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Le ofrecieron que se quedara con el piso, ya que la ley marca un derecho de adquisición preferente para el arrendatario, pero el precio era demasiado alto para una pensión de 1.450 euros. Aquí entró en juego Urbagestión, que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba, lo anuló en los tribunales y, tras pedirle un alquiler de más de 1.600 euros que no podía pagar, comenzó el proceso de desahucio porque ella siguió abonando el alquiler que pagaba antes de que la especulación inmobiliaria pusiera los ojos en su casa, los 440 euros que estipulaba la renta antigua. 

El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025 y la movilización social consiguió posponerlo. El segundo estaba programado para el pasado 3 de junio, pero de nuevo, la presión popular y una concentración que el día antes reunió a cientos de personas y a varios artistas frente a su casa hicieron que el juzgado retrasase 20 días el lanzamiento. “Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar”, explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Este aplazamiento es un burdo intento de desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la avalancha de apoyos que está recibiendo Maricarmen”, concluían en una nota de prensa. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lleva el caso de Maricarmen, se habían organizado una serie de eventos, tanto el día del desahucio como en jornadas previas, para tratar de evitarlo. Unas horas antes de que el primero se realizase, el juzgado que lleva el caso anunció que posponía 20 días el lanzamiento. Para el sindicato, se trata de una estrategia destinada a "desmovilizar" y esperar a que la presión y el descontento vecinal se rebajen.

La vivienda está situada en el distrito madrileño de Retiro y Maricarmen entró en ella hace 71 años, cuando su padre era titular del contrato. El precio de este barrio es uno de los más altos de España. De acuerdo con el portal estadístico del Notariado, el precio del metro cuadrado en la compra supera los 9.000 euros y los alquileres rondan los 24 euros por metro cuadrado. En términos generales, un estudio reciente de la tasadora Tinsa señala que desde 2015 el precio de la vivienda nueva y usada en España ha aumentado un 75,4%, un ritmo imposible de seguir tanto para los salarios como para pensiones como la de Maricarmen. 

“No le debo ni un euro a Urbagestión”. Son las palabras de María del Carmen Abascal (87 años), una vecina de Madrid que se enfrentará el miércoles a su segundo intento de desahucio. El fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba; lo recurrieron en los tribunales y, tras perder en primera instancia, ganaron en el Tribunal Supremo. Así se convirtió su casa familiar en un activo inmobiliario que la vecina lleva cinco años disputándole a una empresa cuya actividad se centra en la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. 

“Llevo cinco años luchando, y me está pasando factura porque duermo mal y he perdido mucha masa muscular”, dice sentada en su andador. Al principio reconoce que no supo qué hacer cuando recibió las primeras notificaciones de un proceso que hizo que la vivienda en la que residía pasase de mano en mano. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos vendió toda la finca a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle que comprara el piso, pero no se lo podía permitir. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, su casa fue adquirida por Urbagestión.  

Ese fue el final de su contrato de renta antigua y el principio de su penitencia. El padre de Maricarmen había firmado en 1956 el contrato y, con las actualizaciones pertinentes sujetas al IPC, ella pagaba 440 euros mensuales hasta que la ley del mercado se impuso. La empresa le reclamó tras el fallo del Supremo un alquiler de 1.650 euros al mes, pero su pensión es de 1.450 euros. De hecho, ella les paga religiosamente el importe que ha abonado durante los últimos 70 años más las actualizaciones estipuladas por ley: 440 euros. Por eso insiste en que “no les debe nada”. 

Maricamen charla con infoLibre sentada a la sombra de los árboles que hay frente al Congreso. Acaba de atender a los medios en una rueda de prensa breve con micrófonos y cámaras en la que ha explicado lo “incomprensible” de su situación, pero también que está cansada. “Hace 71 años que vivo en mi casa; si el Gobierno o la ministra de Vivienda me dan un sitio al que ir, yo me voy, pero no tengo otra alternativa”. Asegura que le ha escrito una carta a cada Administración, pero no ha recibido respuesta ni del Gobierno, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento. La alternativa que le han ofrecido es una residencia fuera de su barrio y fuera de su ciudad. 

En estos cinco años ha tratado de ponerse al día sobre la normativa y los derechos que le asistían, una tarea, dice, que es “agotadora”. Lo cuenta con resignación, pero dispuesta a seguir en su casa o a que alguien la escuche y esto "sirva para ayudar a otras personas", dice. “Primero hablé con mi abogada y luego con el Sindicato de Inquilinas, que me cuidan mucho y me acompañan en esto”. Lo que más incomprensible le resulta es que ninguna administración se implique y la conversación gira rápido desde su vivencia personal hacia la ausencia de medidas políticas. “Hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo, hay muchas casas vacías. ¿Por qué no invierten dinero para llevar a esas casas, de momento, a la gente que lo necesita? Y mientras tanto, que construyan lo que haga falta”, señala. 

En la Plaza de las Cortes, donde la afectada y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han estado protestando minutos antes, se reúne un conjunto variopinto: una protesta para mejorar las condiciones de los presos, una excursión escolar de visita en el Congreso, turistas con botellas de agua y gorros de playa... También hay otro grupo que protesta por la crisis de vivienda. “Aunque sea para hacerse un lavado de cara, alguien debería ofrecerle algo”, comenta una de las personas presentes.

La otra protesta de vivienda es de Amnistía Internacional, que ha ido frente al Congreso a denunciar con cifras lo que Maricarmen vive en primera persona. Quieren “recordarle al Estado” sus obligaciones jurídicas sobre vivienda y pedir que se frenen los desahucios. Lo mismo que esta mujer casi nonagenaria: “Hay muchos intereses en la vivienda, pero nadie vela por el interés de los ciudadanos. ¿Por qué el Gobierno no hace nada?, ¿por qué no dice ‘no’ a esto con la misma fuerza con la que ha dicho el señor Sánchez el ‘no a la guerra’?”, lamenta. 

Cuenta que ha hecho tantas declaraciones públicas, ruedas de prensa y vídeos para redes sociales, que ya ni sabe por dónde empezar a contar su problema cuando los periodistas le preguntan. Repetir una y otra vez algo que debería ser evidente —"es que es mi casa"— termina por hacerle pensar que su discurso es redundante; sin embargo, esa evidencia no basta y por eso está al borde de perder su vivienda. A esa sensación de incomprensión, de hacer dudar a una persona de lo evidente mediante una manipulación sutil, se le llama en la jerga moderna “luz de gas”: ¿cómo va a ser tu casa el lugar en el que has vivido 71 años, si el inmueble lo ha comprado una empresa mientras vivías dentro? “Luz de gas” es un sistema entero diciéndole a Maricarmen que esa ya no es su casa porque no tiene suficiente dinero para vivir donde ha vivido siempre.

Desde las puertas del Congreso volverá en taxi a su vivienda en el distrito de Retiro, una zona que ya es de las más caras de Madrid y de España. Se despide de infoLibre y se queda un rato a la sombra, "a ver si los que están ahí dentro hacen algo", dice señalando con el pulgar hacia el Congreso.

“Se han agotado absolutamente todos los recursos, se ha ido a todas las instituciones públicas, se han tocado todas las puertas, y la realidad es que el sistema permite que se desahucie a una mujer en su situación”, explica Beatriz Duro, de Duroa Abogados. Ella es quien ha llevado este caso desde el principio y acaba de pedir una prórroga de un mes para tratar de retrasar el desahucio, aunque aún no ha recibido una contestación.

La incertidumbre empieza a pesar más a medida que se acerca el día. “Es imposible saber si se ejecutará o no”, dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero están preparando otra acción para que la presión social vuelva a paralizar el segundo intento, previsto para el miércoles 3 de junio. “Vamos a hacer un pasacalles al que van a venir artistas, vamos a convocar a la gente y vamos a dormir en casa de Maricarmen para tratar de frenar el desahucio”, concluye.

El caso de Abascal reúne muchas anomalías, explica Duro. Primero, que Urbagestión conocía la situación de la inquilina cuando compró el inmueble. "En primera instancia la jueza nos dio la razón porque nuestro argumento principal es que a una persona que lleva años subrogada en un contrato de alquiler y pagando la renta —es decir, que ha sido una subrogación consentida— no pueden luego decirle que no están de acuerdo y tratar de impugnar su propio contrato", señala la abogada. "Sabían lo que había al comprar la casa —que por cierto adquirieron muy por debajo del valor de mercado— y aceptaron", concluye.

Pero en los sucesivos recursos de la empresa, las sentencias contradijeron el primer fallo y Maricarmen empezó a perder su casa. Con respecto al desalojo programado para el próximo miércoles, Duro explica que ni el posible coste reputacional de un desahucio tan mediático, ni la situación vulnerable de Maricarmen les han hecho desistir. "Lo último que hemos pedido en los juzgados es una prórroga de un mes que contempla la ley, pero Urbagestión ha presentado un escrito oponiéndose radicalmente a esta suspensión. Es más, requiriendo el uso de fuerza policial toda vez que se prevé que haya movilización social", concluye Duro.

Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.

Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye. 

Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas. 

El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda. 

La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año. 

“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye. 

La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.

Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.

A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.

A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.

Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.

Lo habrán leído: el domingo 24 hay convocada en Madrid una manifestación por el derecho a la vivienda. La generación de cristal vuelve con sus reivindicaciones arrogantes. ¿Qué será lo próximo? ¿La escolarización universal? ¡Bolcheviques!

Asistimos, como dirían los moderados, a un choque de legitimidades. En la gresca, dos contendientes. De un lado, herederos diletantes, fondos buitres y gente que compró un piso en 1980 por dos pesetas y un chicle a medio mascar; del otro, a una miríada de trabajadores pobres, infame conjunción. En el centro, un delicioso bajo interior alicatado con amianto, que se cotiza a dos mil quinientos machacantes el metro cuadrado. "Cada uno tiene las propiedades que se ha ganado", declaró hace no mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid, terruño invivible. La declaración coincidía con los tejemanejes inmobiliarios de la Casa de Alba —próceres de esa meritocracia de la que usted me habla—, quienes, siguiendo la consigna de la doña, andaban desalojando a unos fastidiosos inquilinos de un edificio ("que se han ganado") llamado a reconvertirse en una colmena de apartamentos turísticos.

En la última década, el problema ha escalado enteros. Lo que hace unos años era indignante ahora es insoportable. Las excusas las sabemos: el aumento poblacional, el famoso bien de mercado, el escaso parque público, las competencias autonómicas y mire usted, que somos el pe so e, no espere milagros de la buena gente que hizo ministra a Isabel Rodríguez. También, los análisis pertinentes están más que hechos: el alquiler medio ronda el salario típico, las tasas de emancipación juvenil caen a mínimos y porciones gigantescas de la población han inmolado sus aspiraciones vitales sobre el voraz altar en el que se alimentan sus caseros. Los bancos, esos usureros profesionales a los que rescatamos hará 20 años, trasladan su control de daños a las hipotecas de los más vulnerables. Y los grandes partidos escurren el bulto, no sea que la generación de jubiletas que gozó la mayor expansión económica de la historia de la humanidad tuerza el morro antes de las generales.

Yo entré en la facultad el día que quebraba Lehman Brothers. Figúrense, toda la adultez escuchando milongas sobre que lo del ladrillo es un nudo gordiano, que el segundo y el tercer pisito son el ahorro de la clase media, que la legislación no puede cambiarse a la ligera y que hay que exorcizar la inseguridad jurídica. Los espantajos asustan por barrios: el que entonces tenía un piso ahora junta tres, mientras que sus inquilinos —ya talluditos— siguen compartiendo baño a precio de gran suite.

No me suele adornar la prudencia, pero diría que los sintecho de este mundo hemos esperado suficiente. Si los poderes públicos no han encontrado cómo reconducir la avaricia de los rentistas (haría falta un experto carísimo para, en ocasiones, distinguir a los segundos de los primeros) habrá que plantarse. Lo han demostrado hace un par de días las compañeras del Sindicato de Inquilinas: para impedir que la Seguridad Social siguiera subastando casas (manda cojones), tuvieron que asaltar su sede e insistir con una sentada. El domingo tenemos la oportunidad de dejar las cosas claras. Uno no puede conversar con un buitre, pero sí espantarlo.

Allí nos vemos.

El Ministerio de Consumo acaba de anunciar que abre un expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles de viviendas" en España. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala que ha identificado potenciales infracciones consistentes en el cobro de cláusulas abusivas a los inquilinos que residen en esas viviendas. El nombre de la empresa no ha trascendido, ya que no hay una propuesta de sanción firme, pero en caso de probarse los delitos, se enfrentaría a una multa de varios millones de euros. Lo que sí se conoce es que se trata de una empresa que opera a nivel nacional y que gestiona "miles de viviendas". Consumo señala a infoLibre que el procedimiento se abrió inicialmente tras haber recibido denuncias.

Los delitos que se le achacan corresponden a la imposición de un seguro de impago a los arrendatarios, una cláusula que muchos juzgados han declarado abusiva y que traslada al inquilino la cobertura por un servicio que, en realidad, beneficia al casero. Otro punto de la sanción es la imposición de penalizaciones y gastos extraordinarios al hacer un cambio de titularidad en los suministros.

Consumo señala también que la empresa en cuestión estaría incorporando una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión. Esta es una figura mediante la cual las partes, generalmente la que se adhiere, declaran que las condiciones del contrato han sido objeto de negociación previa, información suficiente y aceptación consciente e individualizada. Se puede considerar abusiva cuando en realidad no se han podido negociar las condiciones y la cláusula solo pretende blindar el contrato ante posibles reclamaciones. De hecho, para que se puedan denunciar las conocidas como "cláusulas abusivas", es necesario no haber reconocido esta negociación individualizada.

Dentro del paraguas de tasas abusivas entran aquellas prácticas de gestión que legalmente no corresponden al inquilino, pero que se le aplican y se le cobran. El ejemplo más claro suele ser el de los honorarios de agencia, que pese a estar prohibidos por ley, se siguen manteniendo bajo otros nombres y suponen un sobrecoste muchas veces inasumible para los inquilinos.

Finalmente, otro comportamiento fraudulento que señala el ministerio es el hecho de aplicar "una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda". Es decir, un recargo económico cuando, una vez finalizado el contrato, el inquilino permanezca en la vivienda sin justificación. En el mercado inmobiliario actual, donde terminar un contrato de alquiler supone inevitablemente terminar pagando más dinero en otro piso o asumir una subida considerable en el mismo, los sindicatos de inquilinos han promovido campañas como "Nos quedamos". Con esto, señalan, quieren evitar lo que llaman "desahucios invisibles", es decir, la no renovación del contrato para poder aplicar al siguiente inquilino un importe mayor al que fija la ley. Con estas penalizaciones, las inmobiliarias tratan de desincentivar este tipo de iniciativas.

"Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", recoge la nota. Por el momento, el caso está siendo investigado y la apertura del expediente no implica que vaya a existir sanción en firme, aunque sí existen precedentes.

Consumo tiene puesto el foco en las viviendas de alquiler. En abril, la inmobiliaria Alquiler Seguro recibió una sanción de 3,6 millones de euros por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos. El expediente consideró que se vulneraron los derechos de los consumidores aprovechando la posición de dominio en el mercado que tiene la inmobiliaria. En este caso, la multa llegó tras más de un año de investigaciones y litigios entre las partes. También se sumaban al expediente denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

En estas quejas se presentaban testimonios de personas afectadas, aunque la empresa negó en todo momento la imposición de dichas cláusulas fraudulentas y anunció que recurriría la decisión de Consumo en los tribunales al haberse agotado la vía administrativa.

La regulación que protege a los inquilinos cuando se dan estas prácticas ilícitas es la Ley de Vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso en abril de 2023. Desde entonces, todas estas actuaciones que denuncian los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de consumidores son punibles. 

En la tarde de este jueves, Mariano Ordaz (Madrid, 67 años) ha sido desahuciado de la vivienda familiar en la que ha residido toda su vida. Este era el quinto intento de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, propietaria del edificio, de sacar a Ordaz del inmueble, que ha estado en manos de su familia desde hace dos generaciones. A la casa de la calle Carnero de Madrid se acercaron de madrugada varias furgonetas de policía, que acordonaron la calle, y, horas más tarde, la comitiva judicial que debía ejecutar el desalojo. El inquilino explicaba a infoLibre que había intentado negociar un alquiler asequible y ponerse al día con lo que debía, pero con un importe acorde a su pensión, de poco más de mil euros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada y, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, ha intentado permanecer en la casa, ya que no dispone de otra alternativa habitacional.

Tras ser notificado por quinta vez de que debía abandonar la casa, el sindicato de vivienda organizó en la tarde de ayer una vigilia para tratar de parar la operación. Ante la vivienda se concentraron decenas de personas y dos activistas se colgaron de una de las ventanas, anclados a la puerta, para evitar que la policía la tirase abajo. Los portavoces del sindicato señalan que la comisión judicial no quiso negociar en ningún momento con los mediadores. "Simplemente nos dijeron que el desahucio se iba a ejecutar", afirman, y califican el caso de "inaudito". Para acceder a la vivienda ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que aseguraron a los activistas colgados de la fachada para que la policía accediese al inmueble.

"Van a romper una vida simplemente para ganar cuatro perras más", señalaba una de las portavoces momentos antes de ejecutarse el desalojo. "Si la política de vivienda va a ser mandarnos a la policía, que sepan que nos van a tener en frente", protestaba la sindicalista, que culpaba al Gobierno por "dejar decaer la prórroga de los alquileres y la moratoria antidesahucios", y a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de haber llegado a esta situación. "Son incapaces de mejorar la calidad de vida de los madrileños y hoy se han puesto al servicio del rentismo".

Ordaz explicó que no tenía ninguna alternativa habitacional y que tampoco tenía ingresos suficientes para buscar otro piso, pero ni esa evidencia ni la presión vecinal han conseguido frenar el lanzamiento. La operación concluyó entre gritos de "vergüenza" y "Mariano estamos contigo". En cuanto a los activistas que permanecían colgados del balcón, han sido detenidos por la policía. Desde la agrupación sindical madrileña señalan que le han ofrecido un albergue "durante unos días" y que ha podido sacar una mochila con ropa, a la espera de saber si podrá pasar a recoger sus cosas.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre. “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, señalaba el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa.

A Mariano Ordaz (67 años, Madrid) una orden religiosa le ha intentado desahuciar en tres ocasiones durante el último año. Cinco veces en los últimos seis años. Ha residido toda su vida en el mismo lugar, en un piso cuyo primer contrato firmó su abuela y que llegó hasta él. El alquiler de renta antigua se extinguió por el camino y pasó a pagar un precio de mercado que un día superó sus ingresos y dejó de poder abonar. Su pelea es la de muchas personas en España, que tratan de mantener un techo en un mercado de la vivienda que no admite fallos, porque salir de un piso te aboca casi indefectiblemente a pagar más en otro lugar. Si no puedes, te quedas fuera. “Lo intento sobrellevar de la mejor manera, con mucha pena y con la ayuda de amigos y del sindicato, pero no me lo puedo quitar de la cabeza”, cuenta a infoLibre. “No tengo a dónde ir”.

Su casero es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que hasta ahora no se ha reunido con él y que se acoge a unas supuestas obras que necesita el edificio para insistir en la necesidad de que Ordaz abandone el inmueble. “Yo puedo pagar un alquiler social, pero no quieren atenerse a ninguna negociación ni nada”, apunta.

La situación que le ha llevado hasta este punto se remonta a la pandemia. “El tema del desahucio vino por un problema laboral en la época del covid. Terminé un contrato y lo único que tuve luego eran contratos vacacionales en el hospital Gregorio Marañón, en temas de limpieza”, cuenta. Solo tenía 480 euros de paga que en ese momento no le alcanzaban para abonar los 600 de alquiler y ahí comenzó a contraer la deuda. “Intenté hablar con ellos, decirles que me quedaba poco para la jubilación y que después, ya con la pensión, podría pagar, pero me pidieron una cantidad imposible”. Ordaz cuenta que durante ese momento en el que no tenía ingresos les daba “150, 100, 200 euros al mes, lo que podía en ese momento”, pero contrajo una deuda de 15.000 euros.

Responder con silencio a los intentos de negociación de los inquilinos es una técnica habitual. “Después de que rechazasen llegar a un acuerdo, incluso estuve hablando con la procuradora de la Orden Tercera Franciscana y ella decía que no tenía potestad para poder negociar, que me informaría sobre el tema. Pero vamos, ni me han llamado, ni me han dicho nada”, explica. “La única alternativa que tengo es que el juzgado o el juez instructor anulen el desahucio, porque ellos no aceptan nada”.

Para poder quedarse en un piso que además sufre de graves desperfectos, le piden que se ponga al corriente con la deuda acumulada más 800 euros de mensualidad. “Pero si yo voy a cobrar 1.030 euros al mes de pensión, ¿cómo voy a pagar eso?”, remarca. Además, tiene miedo de que, si sale de casa para que arreglen el inmueble, no le permitan regresar. “Yo no quise abandonar la vivienda para la obra porque temía que fuera una estrategia de ellos para cambiar la cerradura y no dejarme volver”. A Ordaz se le desprendió una parte del techo de la cocina por un problema de humedades y su baño también está inutilizable, lo que le obliga a ducharse en casa de sus vecinos o de amigos.

Sin otro sitio al que ir y sin unos ingresos que le permitan acceder al mercado del alquiler, las alternativas de Mariano no son muchas. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que la Venerable Orden Tercera no es un pequeño propietario: “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo, explican en una nota de prensa.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre.

Si nada lo remedia, este jueves Mariano Ordaz se verá abocado a dejar la casa familiar que ha habitado durante toda su vida. El sindicato ha convocado para la tarde del miércoles una vigilia “contra el rentismo” con la que intentarán detener, por quinta vez, el intento de desahucio.

Las compraventas de viviendas encadenan cinco meses consecutivos a la baja, pero los precios no parecen darse por aludidos. La evolución mensual que elabora el Consejo General del Notariado muestra cómo desde octubre del año pasado las transacciones se van frenando, aunque los precios siguen sin contener su tendencia ascendente. En los datos que se han conocido este jueves se lee la misma tendencia a la baja que ya venía señalando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. Según las estadísticas notariales, la compraventa de casas descendió un 7,7% en febrero y "muestra un retroceso generalizado en España". De hecho, caen las operaciones en 14 comunidades autónomas. Pero los precios no parecen seguir la misma trayectoria que la demanda y suben en 12 autonomías, de forma que aumentan un 5,4% a nivel nacional. 

En el gráfico se puede ver cómo el importe de las casas se mantiene en positivo, creciendo unos meses más y otros meses menos, mientras que las transacciones habían pasado a territorio negativo ya en octubre de 2025 y se mantienen ahí. El mayor retroceso se produjo en enero, con una caída del 11% mientras los precios aumentaban un 9,3% en ese mes.

Aunque la estacionalidad y la acumulación de operaciones en determinados momentos pueden influir, lo cierto es que en los últimos datos ofrecidos por diferentes organismos, la tendencia que se observa apunta a que existen menos compras y el mercado empieza a dar señales mixtas. El INE recogía la pasada semana que durante el segundo mes del año las ventas habían caído un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025.

Los datos, aunque paradójicos en un contexto de alta demanda donde la vivienda es un bien al que los ciudadanos no consiguen acceder, apuntan a una ralentización que habían previsto algunos informes. CaixaBank Research señalaba recientemente que el mercado se enfriaría en 2026 y 2027 y vaticinaba un frenazo del 6% para las compraventas de este año. La entidad lo achacaba a la escasez de oferta de viviendas asequibles y no a una caída de la demanda. Además, hablaba de un "cuello de botella en la oferta" que no se vería acompañado, como así está siendo, de una contracción de los precios.

La estadística notarial también recoge que el número de hipotecas concedidas se recuperó de la caída pronunciada que sufrió en enero (-7,1%) y aumentó muy ligeramente en febrero (0,2%). Lo que sí ha aumentado es la cuantía promedio de estos préstamos, que creció un 6,3% interanual, hasta los 175.904 euros. De hecho, no son buenos tiempos para quienes buscan una hipoteca. El euríbor, índice de referencia para estos productos financieros, cierra abril con un ascenso del 2,743%, por encima del 2,565% de marzo y 0,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. La guerra en Irán, la inflación y una política monetaria que probablemente vuelva a los tipos de interés elevados en junio, no parece que vayan a generar un entorno amigable para aquellas personas que busquen financiación en el corto plazo.

En el informe del Notariado señalan que los préstamos concedidos en febrero solo cubrían de media el 72,4% del coste de las viviendas adquiridas, por lo que para acceder a una vivienda en propiedad hay que disponer de un ahorro previo considerable. Además, la estadística también recogía que un 45,5% de las operaciones se realizaron sin recurrir a financiación.

Los problemas que plantea el mercado inmobiliario tienen muchas aristas, pero en los análisis esta contención de las compraventas obedece más a una falta de oferta y a unos precios desbocados que a una contención en la demanda. Pedro Álvarez Ondina, analista de CaixaBank Research, señala también que se podría estar dando un aplazamiento de las decisiones de compra debido a la incertidumbre geopolítica y económica. "Un eventual deterioro de la confianza de los hogares y de las empresas podría retrasar decisiones de inversión y moderar la demanda residencial", señala en un artículo.

Al endurecimiento de las condiciones del crédito se suma el hecho de que los presupuestos familiares se quedan atrás con respecto a la evolución de los precios. Mientras que los salarios, descontado el efecto de la inflación, han crecido un 0,8% entre 2024 y 2025 si nos atenemos a lo pactado por convenio; la vivienda, por su parte, cerró el año pasado con un incremento del 13,1%, según los datos de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Si bien todos los análisis insisten en que la falta de oferta o de stock de vivienda, otro elemento que hace que la demanda se contraiga, no es la falta de compradores sino las dificultades de la gran mayoría de las personas para acceder al mercado. "El episodio actual parece caracterizarse menos por una expansión exuberante del crédito y más por una retracción en la oferta en un contexto de demanda robusta", recoge un análisis del centro de estudios Fedea y BBVA Research. Es decir, el crédito no se regala pero las expectativas de rentabilidad del mercado y el aumento del número de hogares mantienen en tensión la demanda.

En los datos del Notariado las comunidades autónomas que han bajado más en número de compraventas son las Islas Canarias (-21,0%), Navarra (-19,2%) e Islas Baleares (-18,6%), mientras que estas operaciones solo aumentan en tres regiones: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%). Curiosamente, son los mercados periféricos los que crecen, ya que los altísimos precios en los grandes mercados como Madrid, Cataluña o las islas están propiciando que la gente tenga que desplazarse para poder comprar.

De la evolución de estos indicadores dependerá si esta tendencia de contracción en las compraventas termina siendo el primer frenazo del mercado inmobiliario o un descanso puntual. Por el momento, la construcción de vivienda nueva ha ido creciendo tímidamente, aunque todos los expertos coinciden en que no lo suficiente como para que se note ya en los precios. Por ejemplo, los visados de obra nueva crecen desde los 109.483 de 2023, hasta alcanzar los 139.016 en 2025. Una tendencia positiva, pero muy alejada de los más de 860.000 visados que se solicitaban en 2006.

Que en Canarias o en Madrid bajen las compraventas de casas y en Castilla y León se disparen puede parecer contraintuitivo, pero es lo que ha ocurrido en 2025. Si se mira solo el volumen de operaciones de compraventa, siguen ganando en cifras aquellas zonas que tradicionalmente han estado más tensionadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid). Sin embargo, cuando nos fijamos en la evolución, vemos que Madrid y Canarias han bajado un 4,7% las compraventas, lo mismo que Baleares, donde disminuyen un 0,4%. En el otro extremo, se puede ver en el mapa cómo se ponen de moda las dos Castillas, País Vasco, Aragón o Extremadura, según se deduce de las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Notariado.

Es el efecto "mancha de aceite", explica José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Los precios altísimos y cada vez más disociados de los salarios, la escasez en la oferta y la demanda desbocada hacen que la gente, aun trabajando en grandes núcleos como Madrid, se mueva hacia la periferia o hacia otras comunidades. "El desplazamiento de la demanda, que antes era hacia anillos externos de las ciudades, ahora llega hasta el cambio de comunidad", señala Alfaro. De hecho, en 2025 se invirtió el flujo de población entre Valladolid y Madrid. Por primera vez en 25 años, la capital vallisoletana recibía a más personas desde Madrid de las que se iban a vivir a la capital. "El flujo es del pueblo a la ciudad para trabajar y de la ciudad al pueblo para poder vivir", concluye Alfaro.

La parte mala es que los precios de estas zonas, que hasta ahora resultaban relativamente asequibles, también empiezan a sentir la fiebre inmobiliaria. Si vamos a la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2025 las mayores subidas interanuales de precios se produjeron en Castilla y León (15,3%); Aragón, Murcia y La Rioja (14,4%); la Comunidad de Madrid (14,2%) y Galicia y Asturias (que rondaron el 14,0%).

Con el impulso de los precios también aumentan las decisiones precipitadas por el miedo a quedarse fuera y la capacidad de negociar de los compradores prácticamente desaparece. Es uno de los efectos que generan los mercados tensionados cuando hay un torbellino de demanda. "Ofertas que luego no coinciden con lo que se vende, desperfectos o derramas que aparecen después de la compraventa", enumera el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experto en vivienda, Javier Rubio. Él trabaja con casos de este tipo en Madrid y lo achaca a la creciente aceleración del mercado. "Las operaciones se hacen muchas veces bajo presión por miedo a perder la oferta y sin tomar las debidas precauciones", concluye. Una velocidad que también constata Alfaro, quien señala que muchas veces las inmobiliarias no publican ofertas porque no consiguen gestionar el aluvión de peticiones de compra que ya se dan también en las comunidades menos tensionadas.

La ebullición del mercado inmobiliario en los últimos años no para de firmar récords y tampoco da tregua a unos precios de compra que cada vez se distancian más de los salarios. A finales de 2025 se habían vendido más de 714.000 casas, una cifra que no se alcanzaba en las tablas del INE desde 2007, justo antes de que la burbuja inmobiliaria dinamitara todo el sistema económico.

Otro dato que respalda este desplazamiento de la demanda es la serie de compradores extranjeros. Cuando se menciona esta estadística, solemos tener en mente segundas residencias, paisajes de sol y playa o chiringuitos al lado del mar. También jubilados de países nórdicos que adquieren una segunda residencia o compradores que llegaban en busca de las ya extintas golden visa, derogadas en abril de 2025 y que permitían a quienes adquirían una vivienda de más de 500.000 euros disfrutar de permisos de residencia. Pero la tensión desmedida sobre los precios en los destinos tradicionales y la llegada de trabajadores extranjeros está introduciendo cambios en este paisaje y también acelerando las ventas en mercados más allá de los habituales, como la Costa del Sol o las islas. 

Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura lideran el crecimiento en compraventas por parte de extranjeros con incrementos a dos dígitos si comparamos el total de 2024 con el de 2025. En el extremo opuesto de la tabla, la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y la Comunitat Valenciana reducen el número de compraventas con respecto al ejercicio anterior. En el gráfico, elaborado a partir de los datos del Notariado, se comprueba cómo  las compraventas por parte de extranjeros caen un 0,8% a nivel nacional. Esta dinámica se ve empujada por el descenso de las compraventas entre no residentes, que podría estar sufriendo una corrección por la prohibición de las golden visa. Esas operaciones de no residentes disminuyeron un 3,7% en el primer semestre del 2025 y un 15,1% en la segunda mitad de ese año con respecto a los mismos periodos del año previo. 

Aunque en los datos generales, sin separar por tipo de comprador, la dinámica es más suave y las compras caen en menos comunidades, sí se puede constatar (como muestra el primer mapa) un cierto desplazamiento desde grandes mercados como Madrid o Canarias hacia otros menos tensionados como las dos Castillas o el País Vasco. 

"Al final, de lo que se trata aquí es de que la gente se siente insolvente económicamente y también escéptica con respecto a poder llegar a tener una casa propia en estos grandes mercados que son también núcleos laborales", apunta el secretario general de las asociaciones inmobiliarias. Y la solución que encuentran, relata, es comprar en otro sitio: bien para poder tener algo en propiedad más adelante, o bien para desplazarse diariamente al trabajo sacrificando una parte considerable de su tiempo. 

Las estadísticas de los notarios dicen que quienes más pagan por adquirir una casa son los extranjeros no residentes, que en la segunda mitad de 2025 (último dato disponible) procedían principalmente de Países Bajos (acaparan un 12% de las compraventas), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8%). De media, este grupo pagó unos 3.242 euros por metro cuadrado, un 55% más que los 1.839 euros que pagaron de media los compradores nacionales y un 49% más de lo que pagan los extranjeros que viven en España. Si miramos dónde han comprado, los holandeses se fijaron sobre todo en la Comunitat Valencia, Murcia, Andalucía y Aragón; los alemanes optaron por Baleares, Cantabria, Canarias, Galicia o Asturias; y los belgas, que compraron en Murcia, Aragón, Extremadura y Comunitat Valencia. En general, este conjunto suele adquirir propiedades más caras ya que los precios siguen siendo relativamente asequibles en relación al poder adquisitivo de Alemania, Reino Unido o Bélgica. 

Las estadísticas de compradores que no viven en España hacen referencia a aquellas personas que no pasan en el país más de 183 días y que no están obligadas a pagar impuestos aquí, por lo que, en general, estaríamos hablando de segundas residencias, de inversores o de personas que buscan lugares en los que pasar tiempo después de la jubilación.

¿Y los extranjeros residentes? Esta categoría incluye a aquellas personas que poseen un permiso de residencia, tienen actividad económica y pasan en el país más de 183 días al año. En este conjunto los números cambian. Pagan de media 1.963 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de la media nacional, pero muy por debajo de los no residentes. Por nacionalidades, son marroquís (con un 12% del total de compraventas, principalmente en Murcia, Navarra, Aragón y La Rioja), italianos (que acaparan un 9,2% de adquisiciones, sobre todo en Canarias, Baleares o Madrid) y rumanos (con un 9,3% de las compraventas, sobre todo en Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) los que más casas adquirieron en 2025. En este contexto, cabe destacar que Marruecos y Rumanía son dos países que lideran también los datos de afiliación extranjera en el mercado laboral español.

Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

Este martes el Consejo de Ministros ha ratificado la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida, dotada con un presupuesto total de 7.000 millones, ha generado polémica desde que se anunció el año pasado. Si bien el Gobierno insiste en que el tono de las negociaciones con las distintas comunidades autónomas ha sido sosegado, algunas autonomías como Madrid ya han reiterado su rechazo al plan del Ejecutivo. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo donde insistía en que la nueva regulación es una injerencia en sus competencias.

Hoy también se ha conocido cómo quedará el reparto de fondos que se ha realizado teniendo en consideración parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Las comunidades que más se llevan son Andalucía y Madrid. La primera, con un importe total de 1.197 millones, de los cuales el Estado aportaría 718 millones (un 60%), mientras que el 40% restante correspondería a la región. En el caso de Madrid, recibiría en total 1.113 millones, de los cuales 667 millones provendrían de las arcas del Gobierno central. En la cola quedarían La Rioja y Cantabria, con una dotación total de 119 millones y 133 millones, respectivamente.

La propuesta queda ahora en fase de implementación y aún tiene camino por delante. Primero, el Ministerio de Vivienda se reunirá con las comunidades para explorar su implementación técnica y para la redacción de convenios. Además, se espera que en abril se celebre una comisión multilateral como primera toma de contacto con las diferentes autonomías. En mayo se celebrará la primera conferencia sectorial donde se aprobará la distribución territorial de los fondos y, finalmente, (considerando que haya acuerdo) se espera que el plan se despliegue entre julio y diciembre de este año.

El Gobierno ha condicionado los fondos al cumplimiento de determinados puntos, algo que le reprochan comunidades como Madrid o Andalucía. La primera línea roja es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de llevar la etiqueta VPO nunca. La segunda es la cofinanciación, es decir, que las comunidades pongan un 40% del dinero. La tercera es el control de los datos y la transparencia en materia de precios o de depósitos de fianza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificaba las condiciones impuestas señalando que el Estado no podía seguir siendo un mero pagador: "Que nunca más con este dinero público se pueda especular", insistió. Sobre el rechazo de la Comunidad de Madrid, la primera en pronunciarse, señaló que su presupuesto en vivienda subiría desde "apenas 300 millones el año pasado a más de 1.100 millones".

La respuesta era al hilo de las declaraciones de Jorge Rodrigo, que calificó la financiación de inviable. "El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, señaló.

En el documento compartido por el Ministerio de Vivienda señalan que un 40% de la financiación debe destinarse a construcción de vivienda; un 30% debe canalizarse a la rehabilitación de vivienda existente y el 30% restante a ayudas directas para los ciudadanos. Por otro lado, ni País Vasco ni Navarra están incluidas en este plan, ya que no forman parte del régimen común.

Como se observa en el gráfico posterior, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las tres comunidades que más presupuesto tendrían. En la cola, La Rioja, Cantabria y Baleares serían las regiones con menos dotación. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se llevarían siete millones cada una en total.

A la espera de lo que ocurra en las próximas semanas, la previsión del Gobierno de llegar a acuerdos con las autonomías ha encontrado en Madrid un primer escollo. Sobre esto, la responsable de Vivienda se mostró dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ella [en referencia a Isabel Díaz Ayuso] cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley, pero a quien está dañando es a un millón de personas que viven de alquiler en Madrid". Rodríguez señaló que durante este tiempo se habían reunido con la comunidad y se mostró escéptica ante una posible renuncia: "Tras el trabajo de estos meses con todas las comunidades, incluida la de Madrid, a mí no me entra en la cabeza que vayan a renunciar a estos mil millones. Tengo que verlo", concluyó.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei ratificó este miércoles que enviará al Congreso modificaciones a las leyes que prohíben la venta de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria, y que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros, como parte de un paquete de normas "dedicado a fortalecer la propiedad privada".

Una de las normativas que el Ejecutivo buscará reformar es la Ley de Manejo del Fuego, que desde su modificación en 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas.

Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, a unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de Greenpeace.

El Gobierno también impulsará cambios en la norma conocida como ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.

Asimismo, la norma establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de mil hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país. "Inversiones como el petroleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico", dijo en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y aseguró que "hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión".

Adorni anunció a su vez que el Ejecutivo intentará impulsar una modificación al régimen de expropiaciones, que limite a casos excepcionales la aplicación del concepto de 'utilidad pública' y que aumente la indemnización percibida por los expropiados. "El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno", argumentó Adorni.

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares —que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales— en la Cámara de Diputados, tras la luz verde obtenida en el Senado el pasado febrero.

La iniciativa ha despertado el rechazo de ciudadanos, organizaciones ecologistas y diputados opositores, quienes solicitaron una audiencia pública que comenzó este miércoles y contará con la exposición de 400 personas —entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie—, mientras otras miles anticiparon que presentarán escritos y vídeos.

Este miércoles comenzó el proceso judicial entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la inmobiliaria Alquiler Seguro. La demanda, interpuesta en 2024 por los inquilinos organizados en torno a la agrupación, acusa a la empresa de cobrar “honorarios encubiertos” y de retener “de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres”. Azael Babiano, abogado de la acusación, explicó a la salida de los juzgados que, tras la audiencia previa de hoy, la primera vista se ha fijado para febrero de 2028. “A los inquilinos que estaban pagando estas cláusulas les hemos dicho que dejaran de hacerlo porque son abusivas”, explican desde la agrupación sindical. Pese a que el juicio se dilatará otros dos años, este es un capítulo más en la batalla que muchos arrendatarios libran contra los sobrecostes que imponen ciertas agencias de alquiler de vivienda. 

El caso más llamativo son los honorarios de agencia, una tasa que se declaró ilegal en 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Desde ese momento, la normativa entiende que estas empresas ofrecen un servicio a los caseros y, por tanto, el inquilino no es quien debe abonarla. “Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia”, señalaba a infoLibre el portavoz del Sindicato de Inquilinas madrileño, Pablo Pérez. La “asimetría” de poder y “la urgencia del mercado”, explicaba, terminan por obligar a la gente a aceptar “condiciones abusivas o ilegales” si quieren tener un techo. En el caso de esta demanda, el sindicato afirma en su nota que “Alquiler Seguro camufla esta práctica bajo el sobrenombre de ‘servicio de atención al inquilino’, un servicio inventado que los inquilinos no reciben, no firman y del que no pueden desistir”.

La empresa tiene dos frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales; por otro, la denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que este miércoles ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla. "No lo decimos únicamente nosotras. Tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3,6 millones de euros por esas mismas prácticas abusivas", explica Rufina Parra, una de las afectadas y portavoz de los inquilinos. 

La agrupación sindical señala que la documentación aportada durante el procedimiento investigador “proveniente de varias afiliadas al sindicato”, demostraría que la inmobiliaria “exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino con las que se quedaba la propia empresa”, apunta en una nota de prensa. “Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico seguro de impago”, añaden. Además de estos dos puntos, también denuncian un presunto delito contra la protección de datos, al “obligar” a ceder sus datos a las dos partes implicadas en los contratos de alquiler.

La demanda comenzó su recorrido hace dos años y para sustentarla, el sindicato enumera diversas prácticas de dudosa legalidad: “Solicitan una cantidad de 200 euros por reservar un piso y puedes acabar perdiéndolos si al final no eres el inquilino elegido. Hay una letra aún más pequeña en la que se indica que, si pagas ocho euros, te aseguran la devolución de la reserva”. En otros casos hablan de exigencias como revisar “los últimos tres meses de movimientos bancarios” o exigir "un pago de 180 euros" por un estudio de solvencia cuando haya un cambio de nombres de las personas que habitan la vivienda.

La sanción del Ministerio de Consumo tenía también como objetivo poner el foco en una práctica que no se limita solo a una compañía. "Es un mensaje a otras empresas", señalaba el ministro Pablo Bustinduy tras anunciar la apertura de expediente. Su intención, apuntaba, era "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de prácticas, especialmente en materia de vivienda". Por su parte, Alquiler Seguro sostenía en una nota de prensa que cumplía con la ley y que "todos los servicios de la compañía son públicos, transparentes y voluntarios".

Estas tasas abusivas son, para los colectivos de vivienda y las asociaciones de consumidores, el gran elefante en la habitación. Facua ha denunciado en varias ocasiones y el propio sindicato ha mediado en reclamaciones que no llegaron finalmente a los tribunales. "Los tiempos de la justicia son lentos", apuntó Babiano a la salida de los juzgados, quien también se mostró optimista sobre el desenlace de la sentencia. "El resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando", concluyó.

Pero también hay sobrecostes abusivos que van más allá de este caso concreto: seguros de impago que debería abonar el casero, pero repercuten en el inquilino; cobros por visitar una vivienda que ni siquiera sabes si vas a alquilar; o gastos indebidos de comunidad y basuras son algunos ejemplos habituales que denuncian quienes buscan piso en la vorágine del mercado inmobiliario. 

Además, un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA, por sus siglas en catalán) titulado El impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler constata que estas prácticas han aumentado en los últimos años. En el caso de Madrid, entre quienes llevan más de 5 años en la misma vivienda, un 29,8% afirma haber pagado honorarios a la inmobiliaria. Entre personas que llevan menos de cinco años, ese porcentaje se dispara al 62%. El informe también constata que las agencias gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas en alquiler; en concreto, median en el 34% de las operaciones en Madrid y en el 74,8% en Barcelona.

El informe de IDRA coincide con la sensación de los sindicatos de inquilinas. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler, y todo parece indicar que en una parte significativa se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la Ley de Vivienda de 2023", concluyen.

Los sindicatos advierten que la persistencia de esta práctica se alimenta de la presión por conseguir un piso y de la altísima demanda. Ambas hacen que muchas personas terminen pagando estas tasas ilegales, aun sabiendo que tienen derecho a negarse, para conseguir un techo. Un dato que ayuda a ponderar la velocidad del mercado del alquiler es que el 15% de las viviendas que se anunciaron en el portal Idealista tardaron menos de 24 horas en encontrar un inquilino. En Barcelona y Girona ese porcentaje se elevó hasta el 36% y en Madrid se quedó en un 11%.

En cuanto a los precios, este miércoles un informe de UGT apuntaba que las mensualidades del alquiler cada vez se llevan un bocado mayor de los salarios. Constata, en base a 4.300 entrevistas, que casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% del salario al pago y que un 31% se había mudado de piso cinco veces o más. "El alquiler es insostenible", remataba el estudio. Y más aún, si se le suman costes extra.

"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.

La agenda de actividades depende del espacio y de quienes participen en él. Suelen describirse con un matiz underground, porque en muchos casos se ubican en edificios abandonados que se han okupado y rehabilitado a medias para prestar servicio o tejer una red vecinal. Muchas sedes eran (y aún son) ruinas de la burbuja inmobiliaria, locales que quedaron atrapados en la onda expansiva que dejó la crisis de 2007 y que nadie reclamó en aquel mar de quiebras y desahucios. Pero eso ha cambiado. Ahora, al calor de la fiebre inmobiliaria y de la crisis de la vivienda, los edificios abandonados se transforman en potenciales fuentes de rentabilidad y de poco sirve apelar a su función como espacio de socialización frente a una rentabilidad inmobiliaria desenfrenada.

El espacio EKO, un espacio autogestionado en el barrio de Carabanchel (Madrid) con 14 años de recorrido, lleva tiempo denunciando las presiones que reciben para abandonar el edificio en el que desarrollan su actividad. Dos de sus miembros cuentan a infoLibre que la presencia de una empresa de desokupación y la presión policial arreció durante un tiempo, después de que un fondo de inversión comprase el edificio. "En agosto de 2025 vinieron a las cinco de la mañana varios desocupas y antes de que aparecieran estas personas, pasó un coche de policía por allí poniendo un sonido de "tic, tac" por el altavoz", relatan.

Durante más de una década el espacio de EKO estuvo dentro de un concurso de acreedores y terminó en manos de una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners en 2024. "Denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners", relataban en septiembre a través de su página web. "Claro que la especulación se nota en la presión que reciben los centros sociales", confirman desde la Asamblea Popular de Carabanchel, otro espacio social conectado con este CSOA.

"Compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal", protestaban desde EKO.

Pero la comunidad en torno al CSOA consiguió frenar el proceso de acoso. "El barrio respondió muy bien; como estábamos en la puerta todo el día, mucha gente se pasaba un rato o nos traía comida y también vinieron desde otros colectivos como las asociaciones de vecinos", cuentan. Desde esa primera intentona han tenido algún incidente más. Este mismo miércoles "a eso de la 1:30 de la madrugada han intentado entrar varias personas con una supuesta abogada", relatan. "Había varias personas en el centro y apareció después la Policía, por lo que el incidente no fue a más", explican, aunque la sensación de incomodidad sí ha aumentado en este tiempo. "Tenemos la sensación de estar en alerta todo el tiempo", concluyen.

Colectivos como La Atalaya, que estaba en el barrio madrileño de Vallecas, también llevaban más de una década de actividad, aunque terminaron siendo desahuciados. Su sede, un instituto abandonado que pasó a ser propiedad del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), fue desalojada por la Policía Nacional en 2024 sin ninguna notificación previa, según expone el grupo en sus redes.

No es un fenómeno exclusivo de Madrid y en la lista hay nombres que se hicieron famosos. Minuesa, La Quimera, La Rosa, el Patio Maravillas, EKO, La Ingobernable y La Gatoteca, en Madrid; Can Vies, El Palomar de San Andreu, Can Masdeu o La Ruïna, en Barcelona; Malatesta o La Huelga, en Sevilla; Escarnio e Maldizer, en Santiago de Compostela. Muchas han sido clausuradas y otras aún continúan. Algunas ciudades, como Berlín, presumen de este tipo de iniciativas y Madrid incluso llegó a ceder espacios en régimen de alquiler a colectivos como la Eskalera Karakola, pero su realidad actual parece otra.

Hay un rosario de ejemplos y no todos se ciñen a Madrid. En junio de 2014 la Policía desalojaba en Oviedo el centro social autogestionado de nombre La Madreña. Era un antiguo edificio de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que pasó a manos de una constructora y había quedado en letargo, como todo el sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. En 2011, al hilo de la euforia del movimiento social 15M, pasó a convertirse en un edificio okupado en el que vecinos y estudiantes de las cercanas facultades realizaban actividades. Pero esta iniciativa popular desapareció apenas tres años después con una sorprendente protesta social en la vetusta ciudad asturiana. Hoy es un bloque de pisos blanco y negro. 

Los CSOA proliferaron con el movimiento ciudadano 15M en solares o edificios vacíos que habían quedado varados en embargos, expropiaciones, concursos de acreedores o simplemente en manos de empresas que no podían permitirse hacer nada con ellos. Suelos sin calificación adecuada y un sector paralizado hicieron que nadie se ocupase de esos espacios. Sin embargo, hoy, en 2026, un suelo urbano es un diamante en bruto y la materia prima más cotizada de las constructoras.

El déficit de 700.000 viviendas en España que cifra el Banco de España, el encarecimiento de la vivienda y las altas rentabilidades del sector hacen que estos espacios vuelvan a ser muy codiciados. Por ejemplo, el precio de los suelos en los municipios de más de 50.000 habitantes subió en 2025 un 15,9% interanual, según las estadísticas de suelo urbano del Gobierno. En Madrid el metro cuadrado se situó en el tercer trimestre en los 415 euros de media, la comunidad más cara según la serie del Ministerio de Vivienda.

En 2019 también se hizo efectivo el desalojo de La Ingobernable, situada en un edificio del Paseo del Prado. El local, cedido a la fundación privada Ambasz, permanecía vacío cuando se okupó, lo que no evitó que el CSOA fuese desalojado. Tres años más tarde, esa ejecución terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Precisamente es en la capital donde se acelera el desmantelamiento de estos proyectos autogestionados, cumpliendo con una promesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba en 2024: "Tolerancia cero con la okupación". Desde entonces , el cierre de espacios de este tipo ronda la decena.

Desde un punto de vista estrictamente legal, poco pueden hacer para mantener su actividad, ya que los desalojos suelen contar con órdenes judiciales. Ni pagan alquiler, ni el espacio es suyo. Sin embargo, la crisis en torno a la vivienda y la permeabilidad de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda y los espacios comunes, han amplificado la importancia de estos espacios de socialización. Y es que hay una corriente de pensamiento que ve en la okupación una forma de resistencia a la gentrificación y una lucha de clases moderna. Como un espacio al que acudir cuando los resortes sociales no llegan.

En un ensayo reciente titulado Generación Inquilina (Capitán Swing, 2026), el sociólogo del CSIC Javier Gil afirma que "la ciudad ya no se diseña para compartirla, sino para monetizarla" y critica un proceso de atomización que se agudiza por una crisis inmobiliaria que no permite a los ciudadanos asentarse en un lugar, hacer comunidad. En este punto confluye una teoría social que, al calor de la crisis inmobiliaria, habla de una lucha de clases moderna en la que "se disputa el derecho a permanecer, a habitar, a decidir qué se hace en el territorio y con los recursos", concluye el sociólogo. 

El movimiento okupa tiene una historia más larga y bebe de culturas como los punks o los movimientos anarquistas. En noviembre de 1985, un artículo de El País describía el fenómeno, novedoso en ese momento, sin encontrar un adjetivo claro para definirlo: lo llamaban "ocupar viviendas vacías por el procedimiento de la patada a la puerta". Se les describía como jóvenes entre 18 y 23 años y no acertaba el cronista a ligarles a un grupo o filiación política concreta. Sí contaba que quienes habían okupado un edificio en Barcelona habían terminado detenidos. Y es que, este colectivo arrastra también desde sus inicios un sambenito ligado a la delincuencia que tratan de quitarse de encima.

En el contexto actual, en plena crisis habitacional, es una lectura que se ha ido relativizando. Movimientos ciudadanos como el "Nos quedamos", que promueven los sindicatos de inquilinos para responder a la especulación inmobiliaria, o el propio escudo social que el Gobierno sostuvo desde la pandemia hasta este año para suspender el desahucio de personas vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler, han abierto muchos matices en el debate.

Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Oxford, desliza esta idea en su libro La ciudad autónoma: una historia de la okupación urbana (Alianza, 2017). En él habla de formas alternativas de convivencia y de reivindicar la ciudad en una época de crisis habitacional. En una entrevista con el diario Público, el profesor hacía referencia a un proceso de relectura de la okupación: "El mito está cambiando porque la crisis mundial de la vivienda está afectando sobre todo a la gente joven. Hijos de familias de clase media cuyos padres pudieron comprarse una casa. Pero el sistema ya no funciona para ellos y ni siquiera sus padres pueden ayudarles a comprar", señalaba.

"Tenemos despensa solidaria, un grupo artístico que se llama La Silla, un gimnasio popular, yoga, tres grupos de consumo, taller de autodefensa laboral, acogemos a la Asamblea Popular de Carabanchel, taller de bicis, teatro...". Y la lista que enumeran desde EKO sigue varios minutos de conversación. En estos 14 años, explican, las actividades han cambiado mucho en función de sus miembros y de unos intereses que, para ellos, siempre deben ser "asamblearios y comunitarios".