Conseguir una vivienda pública o con algún tipo de protección social es el único medio para acceder a un alquiler asequible. Pero además, es una lotería difícil de ganar. Basta con entrar en las ofertas de vivienda que lanzan algunos ayuntamientos y consultar las listas de candidatos para hacerse una idea de la desproporción de solicitantes admitidos con respecto al número de casas ofertadas. Sevilla: 24 casas en Tejares de Triana y 11.886 nombres en la lista provisional; Salamanca: 55 viviendas en la zona de Pizarrales y 720 demandantes; Majadahonda: 180 viviendas y 322 solicitudes; Barcelona: 146 candidatos admitidos para 30 viviendas.

Estos son solo algunos ejemplos, porque pedir una vivienda pública en España pasa, en general, por largas listas de espera y sorteos. Los criterios de admisión y adjudicación varían según la administración convocante o el tipo de vivienda, pero, en general, el primer paso es acreditar que se cumplen los requisitos económicos para después entrar en el sorteo. “Hay un desfase entre el número de personas que piden una vivienda y la cantidad de casas que se ofertan. Y eso a pesar de que no se publicitan demasiado”, señala Mario Manjón, de Provivienda, una entidad que promueve vivienda social a precio limitado. “Esto evidencia la gravedad del actual nivel de exclusión residencial en España”, concluye. 

Aunque la mayoría de expertos coinciden en que crear un parque de vivienda pública es la solución más sólida al problema de la vivienda, las solicitudes resultan abrumadoras en relación a los pisos ofertados. Más allá de las ofertas locales, el problema persiste. Casa 47, la empresa pública estatal que el Gobierno creó para gestionar y ampliar el parque público de viviendas, echó a andar con tres ofertas y, de nuevo, una altísima demanda. La entidad señala a infoLibre que, en total, recibieron 7.357 solicitudes para unas 171 viviendas. Esta primera promoción en alquiler de Casa 47 se repartía entre Mieres (Asturias), donde ofertaron 37 viviendas y se gestionaron 482 peticiones; la provincia de Valencia, que ofrecía 67 inmuebles para un total de 5.465 demandantes; y, finalmente, Vigo, con otra oferta de 67 casas y 1.410 ciudadanos interesados en adquirirlas. 

El Ministerio de Vivienda, a través del Boletín Especial de Vivienda Social publicado el año pasado, estima que en 2024 (último dato disponible) existían alrededor de 600.000 viviendas con alquiler asequible en España. Estas suponen alrededor del 3,3% sobre el total de inmuebles en el mercado, una cantidad que está por debajo de la media europea, donde el porcentaje promedio ronda el 8%. Aunque no existe un registro centralizado, las estimaciones colocan a España por debajo de sus países vecinos en este sentido. "Actualmente, esto implica que España necesitaría incrementar su parque existente de vivienda en alquiler social en 4,7 puntos porcentuales para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. Lo que representa alrededor de 850.000 viviendas más en alquiler social", señala el informe del Ministerio de Vivienda. 

La cifra que ofrece Vivienda es similar a la que ha estimado el Banco de España en sus sucesivos análisis. Según afirmaba el pasado mes de septiembre el gobernador de la entidad, José Luis Escrivá, se requerían alrededor de 700.000 nuevas casas para responder al ritmo de creación de hogares. Una medida que, si bien se postula como solución a medio y largo recorrido, es poco eficiente para atajar en corto el problema, ya que los plazos de construcción suelen alargarse por encima del año. 

“Se necesita más vivienda pública con protección permanente y mecanismos que amplifiquen el parque público”, resume Manjón. Las organizaciones como Provivienda son la versión española de las llamadas housing association que funcionan en otros países y que se ocupan de ofrecer bolsas de vivienda a precio asequible (tanto propia como pública) y con beneficios controlados. “El gran problema de la vivienda pública es la descalificación y si eso se hubiera blindado antes, casi la mitad del parque actual de vivienda tendría algún tipo de protección”, concluye. 

La caducidad de la vivienda protegida y años de escasa inversión en inmuebles públicos han pasado factura. El Boletín de Vivienda también constata que España había invertido entre 2007 y 2022 menos de 47 euros por ciudadano y año en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, mientras que de media en la Unión Europea esta cifra superaba los 72 euros. En algunas regiones como Países Bajos, Italia, Francia, Dinamarca o Luxemburgo, esa cifra aumentaba hasta los 100 euros por ciudadano y año.

Otra cuestión importante a la hora de valorar cómo ha evolucionado el parque público de vivienda es el plazo de protección de las casas edificadas. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), si la etiqueta de vivienda protegida hubiese sido permanente, España tendría en la actualidad un 38% del parque inmobiliario en manos públicas. De hecho, el blindaje de los inmuebles edificados sobre suelos municipales o con dinero público es uno de los objetivos que persigue el Gobierno, aunque las comunidades del Partido Popular no están adoptando esta medida cuando se trata de promociones público-privadas.

A quienes se quedan fuera del paraguas de lo público no se les presenta un panorama demasiado esperanzador. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio del alquiler se encareció un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 metros cuadrados pasó a costar unos 1.160 euros al mes, 300 euros más, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago del techo en el que residen y la tendencia es, por el momento, al alza. Pese a todo, alquilar es la única opción para los jóvenes (incapaces de hacer frente a las entradas de hipotecas cada vez más altas) y el 57% de los que se emancipan lo hacen en régimen de alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud de España.

A un parque público de viviendas aún muy exiguo, hay que sumar el problema de los precios cuando la oferta de pisos llega en forma de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es Madrid, donde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado en reiteradas ocasiones que las ofertas del Plan Vive exceden la capacidad de los salarios medios, con alquileres que superan en ocasiones los 1.200 euros.

Con estos mimbres, quienes llegan a la fase de sorteo de los paquetes de vivienda social se enfrentan a una lotería difícil de ganar, aunque sus condiciones económicas lo requieran. Así, atendiendo a las promociones con las que abre este artículo, en Sevilla hay 0,002 casas por solicitantes, en Salamanca 0,07 y en Majadahonda 0,5.

Lo habrán leído: el domingo 24 hay convocada en Madrid una manifestación por el derecho a la vivienda. La generación de cristal vuelve con sus reivindicaciones arrogantes. ¿Qué será lo próximo? ¿La escolarización universal? ¡Bolcheviques!

Asistimos, como dirían los moderados, a un choque de legitimidades. En la gresca, dos contendientes. De un lado, herederos diletantes, fondos buitres y gente que compró un piso en 1980 por dos pesetas y un chicle a medio mascar; del otro, a una miríada de trabajadores pobres, infame conjunción. En el centro, un delicioso bajo interior alicatado con amianto, que se cotiza a dos mil quinientos machacantes el metro cuadrado. "Cada uno tiene las propiedades que se ha ganado", declaró hace no mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid, terruño invivible. La declaración coincidía con los tejemanejes inmobiliarios de la Casa de Alba —próceres de esa meritocracia de la que usted me habla—, quienes, siguiendo la consigna de la doña, andaban desalojando a unos fastidiosos inquilinos de un edificio ("que se han ganado") llamado a reconvertirse en una colmena de apartamentos turísticos.

En la última década, el problema ha escalado enteros. Lo que hace unos años era indignante ahora es insoportable. Las excusas las sabemos: el aumento poblacional, el famoso bien de mercado, el escaso parque público, las competencias autonómicas y mire usted, que somos el pe so e, no espere milagros de la buena gente que hizo ministra a Isabel Rodríguez. También, los análisis pertinentes están más que hechos: el alquiler medio ronda el salario típico, las tasas de emancipación juvenil caen a mínimos y porciones gigantescas de la población han inmolado sus aspiraciones vitales sobre el voraz altar en el que se alimentan sus caseros. Los bancos, esos usureros profesionales a los que rescatamos hará 20 años, trasladan su control de daños a las hipotecas de los más vulnerables. Y los grandes partidos escurren el bulto, no sea que la generación de jubiletas que gozó la mayor expansión económica de la historia de la humanidad tuerza el morro antes de las generales.

Yo entré en la facultad el día que quebraba Lehman Brothers. Figúrense, toda la adultez escuchando milongas sobre que lo del ladrillo es un nudo gordiano, que el segundo y el tercer pisito son el ahorro de la clase media, que la legislación no puede cambiarse a la ligera y que hay que exorcizar la inseguridad jurídica. Los espantajos asustan por barrios: el que entonces tenía un piso ahora junta tres, mientras que sus inquilinos —ya talluditos— siguen compartiendo baño a precio de gran suite.

No me suele adornar la prudencia, pero diría que los sintecho de este mundo hemos esperado suficiente. Si los poderes públicos no han encontrado cómo reconducir la avaricia de los rentistas (haría falta un experto carísimo para, en ocasiones, distinguir a los segundos de los primeros) habrá que plantarse. Lo han demostrado hace un par de días las compañeras del Sindicato de Inquilinas: para impedir que la Seguridad Social siguiera subastando casas (manda cojones), tuvieron que asaltar su sede e insistir con una sentada. El domingo tenemos la oportunidad de dejar las cosas claras. Uno no puede conversar con un buitre, pero sí espantarlo.

Allí nos vemos.

El Ministerio de Consumo acaba de anunciar que abre un expediente sancionador a una "gran inmobiliaria" que alquila "miles de viviendas" en España. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy señala que ha identificado potenciales infracciones consistentes en el cobro de cláusulas abusivas a los inquilinos que residen en esas viviendas. El nombre de la empresa no ha trascendido, ya que no hay una propuesta de sanción firme, pero en caso de probarse los delitos, se enfrentaría a una multa de varios millones de euros. Lo que sí se conoce es que se trata de una empresa que opera a nivel nacional y que gestiona "miles de viviendas". Consumo señala a infoLibre que el procedimiento se abrió inicialmente tras haber recibido denuncias.

Los delitos que se le achacan corresponden a la imposición de un seguro de impago a los arrendatarios, una cláusula que muchos juzgados han declarado abusiva y que traslada al inquilino la cobertura por un servicio que, en realidad, beneficia al casero. Otro punto de la sanción es la imposición de penalizaciones y gastos extraordinarios al hacer un cambio de titularidad en los suministros.

Consumo señala también que la empresa en cuestión estaría incorporando una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión. Esta es una figura mediante la cual las partes, generalmente la que se adhiere, declaran que las condiciones del contrato han sido objeto de negociación previa, información suficiente y aceptación consciente e individualizada. Se puede considerar abusiva cuando en realidad no se han podido negociar las condiciones y la cláusula solo pretende blindar el contrato ante posibles reclamaciones. De hecho, para que se puedan denunciar las conocidas como "cláusulas abusivas", es necesario no haber reconocido esta negociación individualizada.

Dentro del paraguas de tasas abusivas entran aquellas prácticas de gestión que legalmente no corresponden al inquilino, pero que se le aplican y se le cobran. El ejemplo más claro suele ser el de los honorarios de agencia, que pese a estar prohibidos por ley, se siguen manteniendo bajo otros nombres y suponen un sobrecoste muchas veces inasumible para los inquilinos.

Finalmente, otro comportamiento fraudulento que señala el ministerio es el hecho de aplicar "una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda". Es decir, un recargo económico cuando, una vez finalizado el contrato, el inquilino permanezca en la vivienda sin justificación. En el mercado inmobiliario actual, donde terminar un contrato de alquiler supone inevitablemente terminar pagando más dinero en otro piso o asumir una subida considerable en el mismo, los sindicatos de inquilinos han promovido campañas como "Nos quedamos". Con esto, señalan, quieren evitar lo que llaman "desahucios invisibles", es decir, la no renovación del contrato para poder aplicar al siguiente inquilino un importe mayor al que fija la ley. Con estas penalizaciones, las inmobiliarias tratan de desincentivar este tipo de iniciativas.

"Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", recoge la nota. Por el momento, el caso está siendo investigado y la apertura del expediente no implica que vaya a existir sanción en firme, aunque sí existen precedentes.

Consumo tiene puesto el foco en las viviendas de alquiler. En abril, la inmobiliaria Alquiler Seguro recibió una sanción de 3,6 millones de euros por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos. El expediente consideró que se vulneraron los derechos de los consumidores aprovechando la posición de dominio en el mercado que tiene la inmobiliaria. En este caso, la multa llegó tras más de un año de investigaciones y litigios entre las partes. También se sumaban al expediente denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas, CECU, FACUA Consumidores en Acción y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

En estas quejas se presentaban testimonios de personas afectadas, aunque la empresa negó en todo momento la imposición de dichas cláusulas fraudulentas y anunció que recurriría la decisión de Consumo en los tribunales al haberse agotado la vía administrativa.

La regulación que protege a los inquilinos cuando se dan estas prácticas ilícitas es la Ley de Vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso en abril de 2023. Desde entonces, todas estas actuaciones que denuncian los sindicatos de inquilinos y las asociaciones de consumidores son punibles. 

En la tarde de este jueves, Mariano Ordaz (Madrid, 67 años) ha sido desahuciado de la vivienda familiar en la que ha residido toda su vida. Este era el quinto intento de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, propietaria del edificio, de sacar a Ordaz del inmueble, que ha estado en manos de su familia desde hace dos generaciones. A la casa de la calle Carnero de Madrid se acercaron de madrugada varias furgonetas de policía, que acordonaron la calle, y, horas más tarde, la comitiva judicial que debía ejecutar el desalojo. El inquilino explicaba a infoLibre que había intentado negociar un alquiler asequible y ponerse al día con lo que debía, pero con un importe acorde a su pensión, de poco más de mil euros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada y, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, ha intentado permanecer en la casa, ya que no dispone de otra alternativa habitacional.

Tras ser notificado por quinta vez de que debía abandonar la casa, el sindicato de vivienda organizó en la tarde de ayer una vigilia para tratar de parar la operación. Ante la vivienda se concentraron decenas de personas y dos activistas se colgaron de una de las ventanas, anclados a la puerta, para evitar que la policía la tirase abajo. Los portavoces del sindicato señalan que la comisión judicial no quiso negociar en ningún momento con los mediadores. "Simplemente nos dijeron que el desahucio se iba a ejecutar", afirman, y califican el caso de "inaudito". Para acceder a la vivienda ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que aseguraron a los activistas colgados de la fachada para que la policía accediese al inmueble.

"Van a romper una vida simplemente para ganar cuatro perras más", señalaba una de las portavoces momentos antes de ejecutarse el desalojo. "Si la política de vivienda va a ser mandarnos a la policía, que sepan que nos van a tener en frente", protestaba la sindicalista, que culpaba al Gobierno por "dejar decaer la prórroga de los alquileres y la moratoria antidesahucios", y a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de haber llegado a esta situación. "Son incapaces de mejorar la calidad de vida de los madrileños y hoy se han puesto al servicio del rentismo".

Ordaz explicó que no tenía ninguna alternativa habitacional y que tampoco tenía ingresos suficientes para buscar otro piso, pero ni esa evidencia ni la presión vecinal han conseguido frenar el lanzamiento. La operación concluyó entre gritos de "vergüenza" y "Mariano estamos contigo". En cuanto a los activistas que permanecían colgados del balcón, han sido detenidos por la policía. Desde la agrupación sindical madrileña señalan que le han ofrecido un albergue "durante unos días" y que ha podido sacar una mochila con ropa, a la espera de saber si podrá pasar a recoger sus cosas.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre. “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo”, señalaba el Sindicato de Inquilinas en una nota de prensa.

A Mariano Ordaz (67 años, Madrid) una orden religiosa le ha intentado desahuciar en tres ocasiones durante el último año. Cinco veces en los últimos seis años. Ha residido toda su vida en el mismo lugar, en un piso cuyo primer contrato firmó su abuela y que llegó hasta él. El alquiler de renta antigua se extinguió por el camino y pasó a pagar un precio de mercado que un día superó sus ingresos y dejó de poder abonar. Su pelea es la de muchas personas en España, que tratan de mantener un techo en un mercado de la vivienda que no admite fallos, porque salir de un piso te aboca casi indefectiblemente a pagar más en otro lugar. Si no puedes, te quedas fuera. “Lo intento sobrellevar de la mejor manera, con mucha pena y con la ayuda de amigos y del sindicato, pero no me lo puedo quitar de la cabeza”, cuenta a infoLibre. “No tengo a dónde ir”.

Su casero es la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que hasta ahora no se ha reunido con él y que se acoge a unas supuestas obras que necesita el edificio para insistir en la necesidad de que Ordaz abandone el inmueble. “Yo puedo pagar un alquiler social, pero no quieren atenerse a ninguna negociación ni nada”, apunta.

La situación que le ha llevado hasta este punto se remonta a la pandemia. “El tema del desahucio vino por un problema laboral en la época del covid. Terminé un contrato y lo único que tuve luego eran contratos vacacionales en el hospital Gregorio Marañón, en temas de limpieza”, cuenta. Solo tenía 480 euros de paga que en ese momento no le alcanzaban para abonar los 600 de alquiler y ahí comenzó a contraer la deuda. “Intenté hablar con ellos, decirles que me quedaba poco para la jubilación y que después, ya con la pensión, podría pagar, pero me pidieron una cantidad imposible”. Ordaz cuenta que durante ese momento en el que no tenía ingresos les daba “150, 100, 200 euros al mes, lo que podía en ese momento”, pero contrajo una deuda de 15.000 euros.

Responder con silencio a los intentos de negociación de los inquilinos es una técnica habitual. “Después de que rechazasen llegar a un acuerdo, incluso estuve hablando con la procuradora de la Orden Tercera Franciscana y ella decía que no tenía potestad para poder negociar, que me informaría sobre el tema. Pero vamos, ni me han llamado, ni me han dicho nada”, explica. “La única alternativa que tengo es que el juzgado o el juez instructor anulen el desahucio, porque ellos no aceptan nada”.

Para poder quedarse en un piso que además sufre de graves desperfectos, le piden que se ponga al corriente con la deuda acumulada más 800 euros de mensualidad. “Pero si yo voy a cobrar 1.030 euros al mes de pensión, ¿cómo voy a pagar eso?”, remarca. Además, tiene miedo de que, si sale de casa para que arreglen el inmueble, no le permitan regresar. “Yo no quise abandonar la vivienda para la obra porque temía que fuera una estrategia de ellos para cambiar la cerradura y no dejarme volver”. A Ordaz se le desprendió una parte del techo de la cocina por un problema de humedades y su baño también está inutilizable, lo que le obliga a ducharse en casa de sus vecinos o de amigos.

Sin otro sitio al que ir y sin unos ingresos que le permitan acceder al mercado del alquiler, las alternativas de Mariano no son muchas. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que la Venerable Orden Tercera no es un pequeño propietario: “Es una entidad con un vasto patrimonio inmobiliario exento de impuestos y gestora de centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Se trata de un nuevo caso de rentismo religioso, que teniendo recursos de sobra para garantizar un alquiler digno, prefieren utilizar el deterioro que ellos mismos han provocado para vaciar el edificio y rentabilizarlo, explican en una nota de prensa.

La Venerable Orden Tercera es una rama religiosa ligada a los franciscanos y orientada tanto a clérigos como a laicos. En Madrid, la asociación vinculada a la orden posee uno de los hospitales más antiguos de la capital, fundado en 1697, que lleva el mismo nombre.

Si nada lo remedia, este jueves Mariano Ordaz se verá abocado a dejar la casa familiar que ha habitado durante toda su vida. El sindicato ha convocado para la tarde del miércoles una vigilia “contra el rentismo” con la que intentarán detener, por quinta vez, el intento de desahucio.

Las compraventas de viviendas encadenan cinco meses consecutivos a la baja, pero los precios no parecen darse por aludidos. La evolución mensual que elabora el Consejo General del Notariado muestra cómo desde octubre del año pasado las transacciones se van frenando, aunque los precios siguen sin contener su tendencia ascendente. En los datos que se han conocido este jueves se lee la misma tendencia a la baja que ya venía señalando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada. Según las estadísticas notariales, la compraventa de casas descendió un 7,7% en febrero y "muestra un retroceso generalizado en España". De hecho, caen las operaciones en 14 comunidades autónomas. Pero los precios no parecen seguir la misma trayectoria que la demanda y suben en 12 autonomías, de forma que aumentan un 5,4% a nivel nacional. 

En el gráfico se puede ver cómo el importe de las casas se mantiene en positivo, creciendo unos meses más y otros meses menos, mientras que las transacciones habían pasado a territorio negativo ya en octubre de 2025 y se mantienen ahí. El mayor retroceso se produjo en enero, con una caída del 11% mientras los precios aumentaban un 9,3% en ese mes.

Aunque la estacionalidad y la acumulación de operaciones en determinados momentos pueden influir, lo cierto es que en los últimos datos ofrecidos por diferentes organismos, la tendencia que se observa apunta a que existen menos compras y el mercado empieza a dar señales mixtas. El INE recogía la pasada semana que durante el segundo mes del año las ventas habían caído un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025.

Los datos, aunque paradójicos en un contexto de alta demanda donde la vivienda es un bien al que los ciudadanos no consiguen acceder, apuntan a una ralentización que habían previsto algunos informes. CaixaBank Research señalaba recientemente que el mercado se enfriaría en 2026 y 2027 y vaticinaba un frenazo del 6% para las compraventas de este año. La entidad lo achacaba a la escasez de oferta de viviendas asequibles y no a una caída de la demanda. Además, hablaba de un "cuello de botella en la oferta" que no se vería acompañado, como así está siendo, de una contracción de los precios.

La estadística notarial también recoge que el número de hipotecas concedidas se recuperó de la caída pronunciada que sufrió en enero (-7,1%) y aumentó muy ligeramente en febrero (0,2%). Lo que sí ha aumentado es la cuantía promedio de estos préstamos, que creció un 6,3% interanual, hasta los 175.904 euros. De hecho, no son buenos tiempos para quienes buscan una hipoteca. El euríbor, índice de referencia para estos productos financieros, cierra abril con un ascenso del 2,743%, por encima del 2,565% de marzo y 0,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. La guerra en Irán, la inflación y una política monetaria que probablemente vuelva a los tipos de interés elevados en junio, no parece que vayan a generar un entorno amigable para aquellas personas que busquen financiación en el corto plazo.

En el informe del Notariado señalan que los préstamos concedidos en febrero solo cubrían de media el 72,4% del coste de las viviendas adquiridas, por lo que para acceder a una vivienda en propiedad hay que disponer de un ahorro previo considerable. Además, la estadística también recogía que un 45,5% de las operaciones se realizaron sin recurrir a financiación.

Los problemas que plantea el mercado inmobiliario tienen muchas aristas, pero en los análisis esta contención de las compraventas obedece más a una falta de oferta y a unos precios desbocados que a una contención en la demanda. Pedro Álvarez Ondina, analista de CaixaBank Research, señala también que se podría estar dando un aplazamiento de las decisiones de compra debido a la incertidumbre geopolítica y económica. "Un eventual deterioro de la confianza de los hogares y de las empresas podría retrasar decisiones de inversión y moderar la demanda residencial", señala en un artículo.

Al endurecimiento de las condiciones del crédito se suma el hecho de que los presupuestos familiares se quedan atrás con respecto a la evolución de los precios. Mientras que los salarios, descontado el efecto de la inflación, han crecido un 0,8% entre 2024 y 2025 si nos atenemos a lo pactado por convenio; la vivienda, por su parte, cerró el año pasado con un incremento del 13,1%, según los datos de valor tasado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Si bien todos los análisis insisten en que la falta de oferta o de stock de vivienda, otro elemento que hace que la demanda se contraiga, no es la falta de compradores sino las dificultades de la gran mayoría de las personas para acceder al mercado. "El episodio actual parece caracterizarse menos por una expansión exuberante del crédito y más por una retracción en la oferta en un contexto de demanda robusta", recoge un análisis del centro de estudios Fedea y BBVA Research. Es decir, el crédito no se regala pero las expectativas de rentabilidad del mercado y el aumento del número de hogares mantienen en tensión la demanda.

En los datos del Notariado las comunidades autónomas que han bajado más en número de compraventas son las Islas Canarias (-21,0%), Navarra (-19,2%) e Islas Baleares (-18,6%), mientras que estas operaciones solo aumentan en tres regiones: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%). Curiosamente, son los mercados periféricos los que crecen, ya que los altísimos precios en los grandes mercados como Madrid, Cataluña o las islas están propiciando que la gente tenga que desplazarse para poder comprar.

De la evolución de estos indicadores dependerá si esta tendencia de contracción en las compraventas termina siendo el primer frenazo del mercado inmobiliario o un descanso puntual. Por el momento, la construcción de vivienda nueva ha ido creciendo tímidamente, aunque todos los expertos coinciden en que no lo suficiente como para que se note ya en los precios. Por ejemplo, los visados de obra nueva crecen desde los 109.483 de 2023, hasta alcanzar los 139.016 en 2025. Una tendencia positiva, pero muy alejada de los más de 860.000 visados que se solicitaban en 2006.

Que en Canarias o en Madrid bajen las compraventas de casas y en Castilla y León se disparen puede parecer contraintuitivo, pero es lo que ha ocurrido en 2025. Si se mira solo el volumen de operaciones de compraventa, siguen ganando en cifras aquellas zonas que tradicionalmente han estado más tensionadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid). Sin embargo, cuando nos fijamos en la evolución, vemos que Madrid y Canarias han bajado un 4,7% las compraventas, lo mismo que Baleares, donde disminuyen un 0,4%. En el otro extremo, se puede ver en el mapa cómo se ponen de moda las dos Castillas, País Vasco, Aragón o Extremadura, según se deduce de las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Notariado.

Es el efecto "mancha de aceite", explica José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Los precios altísimos y cada vez más disociados de los salarios, la escasez en la oferta y la demanda desbocada hacen que la gente, aun trabajando en grandes núcleos como Madrid, se mueva hacia la periferia o hacia otras comunidades. "El desplazamiento de la demanda, que antes era hacia anillos externos de las ciudades, ahora llega hasta el cambio de comunidad", señala Alfaro. De hecho, en 2025 se invirtió el flujo de población entre Valladolid y Madrid. Por primera vez en 25 años, la capital vallisoletana recibía a más personas desde Madrid de las que se iban a vivir a la capital. "El flujo es del pueblo a la ciudad para trabajar y de la ciudad al pueblo para poder vivir", concluye Alfaro.

La parte mala es que los precios de estas zonas, que hasta ahora resultaban relativamente asequibles, también empiezan a sentir la fiebre inmobiliaria. Si vamos a la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2025 las mayores subidas interanuales de precios se produjeron en Castilla y León (15,3%); Aragón, Murcia y La Rioja (14,4%); la Comunidad de Madrid (14,2%) y Galicia y Asturias (que rondaron el 14,0%).

Con el impulso de los precios también aumentan las decisiones precipitadas por el miedo a quedarse fuera y la capacidad de negociar de los compradores prácticamente desaparece. Es uno de los efectos que generan los mercados tensionados cuando hay un torbellino de demanda. "Ofertas que luego no coinciden con lo que se vende, desperfectos o derramas que aparecen después de la compraventa", enumera el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y experto en vivienda, Javier Rubio. Él trabaja con casos de este tipo en Madrid y lo achaca a la creciente aceleración del mercado. "Las operaciones se hacen muchas veces bajo presión por miedo a perder la oferta y sin tomar las debidas precauciones", concluye. Una velocidad que también constata Alfaro, quien señala que muchas veces las inmobiliarias no publican ofertas porque no consiguen gestionar el aluvión de peticiones de compra que ya se dan también en las comunidades menos tensionadas.

La ebullición del mercado inmobiliario en los últimos años no para de firmar récords y tampoco da tregua a unos precios de compra que cada vez se distancian más de los salarios. A finales de 2025 se habían vendido más de 714.000 casas, una cifra que no se alcanzaba en las tablas del INE desde 2007, justo antes de que la burbuja inmobiliaria dinamitara todo el sistema económico.

Otro dato que respalda este desplazamiento de la demanda es la serie de compradores extranjeros. Cuando se menciona esta estadística, solemos tener en mente segundas residencias, paisajes de sol y playa o chiringuitos al lado del mar. También jubilados de países nórdicos que adquieren una segunda residencia o compradores que llegaban en busca de las ya extintas golden visa, derogadas en abril de 2025 y que permitían a quienes adquirían una vivienda de más de 500.000 euros disfrutar de permisos de residencia. Pero la tensión desmedida sobre los precios en los destinos tradicionales y la llegada de trabajadores extranjeros está introduciendo cambios en este paisaje y también acelerando las ventas en mercados más allá de los habituales, como la Costa del Sol o las islas. 

Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura lideran el crecimiento en compraventas por parte de extranjeros con incrementos a dos dígitos si comparamos el total de 2024 con el de 2025. En el extremo opuesto de la tabla, la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y la Comunitat Valenciana reducen el número de compraventas con respecto al ejercicio anterior. En el gráfico, elaborado a partir de los datos del Notariado, se comprueba cómo  las compraventas por parte de extranjeros caen un 0,8% a nivel nacional. Esta dinámica se ve empujada por el descenso de las compraventas entre no residentes, que podría estar sufriendo una corrección por la prohibición de las golden visa. Esas operaciones de no residentes disminuyeron un 3,7% en el primer semestre del 2025 y un 15,1% en la segunda mitad de ese año con respecto a los mismos periodos del año previo. 

Aunque en los datos generales, sin separar por tipo de comprador, la dinámica es más suave y las compras caen en menos comunidades, sí se puede constatar (como muestra el primer mapa) un cierto desplazamiento desde grandes mercados como Madrid o Canarias hacia otros menos tensionados como las dos Castillas o el País Vasco. 

"Al final, de lo que se trata aquí es de que la gente se siente insolvente económicamente y también escéptica con respecto a poder llegar a tener una casa propia en estos grandes mercados que son también núcleos laborales", apunta el secretario general de las asociaciones inmobiliarias. Y la solución que encuentran, relata, es comprar en otro sitio: bien para poder tener algo en propiedad más adelante, o bien para desplazarse diariamente al trabajo sacrificando una parte considerable de su tiempo. 

Las estadísticas de los notarios dicen que quienes más pagan por adquirir una casa son los extranjeros no residentes, que en la segunda mitad de 2025 (último dato disponible) procedían principalmente de Países Bajos (acaparan un 12% de las compraventas), Alemania (11,9%), Reino Unido (11,5%) y Bélgica (8%). De media, este grupo pagó unos 3.242 euros por metro cuadrado, un 55% más que los 1.839 euros que pagaron de media los compradores nacionales y un 49% más de lo que pagan los extranjeros que viven en España. Si miramos dónde han comprado, los holandeses se fijaron sobre todo en la Comunitat Valencia, Murcia, Andalucía y Aragón; los alemanes optaron por Baleares, Cantabria, Canarias, Galicia o Asturias; y los belgas, que compraron en Murcia, Aragón, Extremadura y Comunitat Valencia. En general, este conjunto suele adquirir propiedades más caras ya que los precios siguen siendo relativamente asequibles en relación al poder adquisitivo de Alemania, Reino Unido o Bélgica. 

Las estadísticas de compradores que no viven en España hacen referencia a aquellas personas que no pasan en el país más de 183 días y que no están obligadas a pagar impuestos aquí, por lo que, en general, estaríamos hablando de segundas residencias, de inversores o de personas que buscan lugares en los que pasar tiempo después de la jubilación.

¿Y los extranjeros residentes? Esta categoría incluye a aquellas personas que poseen un permiso de residencia, tienen actividad económica y pasan en el país más de 183 días al año. En este conjunto los números cambian. Pagan de media 1.963 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de la media nacional, pero muy por debajo de los no residentes. Por nacionalidades, son marroquís (con un 12% del total de compraventas, principalmente en Murcia, Navarra, Aragón y La Rioja), italianos (que acaparan un 9,2% de adquisiciones, sobre todo en Canarias, Baleares o Madrid) y rumanos (con un 9,3% de las compraventas, sobre todo en Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja) los que más casas adquirieron en 2025. En este contexto, cabe destacar que Marruecos y Rumanía son dos países que lideran también los datos de afiliación extranjera en el mercado laboral español.

Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

Este martes el Consejo de Ministros ha ratificado la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida, dotada con un presupuesto total de 7.000 millones, ha generado polémica desde que se anunció el año pasado. Si bien el Gobierno insiste en que el tono de las negociaciones con las distintas comunidades autónomas ha sido sosegado, algunas autonomías como Madrid ya han reiterado su rechazo al plan del Ejecutivo. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo donde insistía en que la nueva regulación es una injerencia en sus competencias.

Hoy también se ha conocido cómo quedará el reparto de fondos que se ha realizado teniendo en consideración parámetros como la tensión del mercado, la dispersión poblacional, las tasas de desempleo y otros similares. Las comunidades que más se llevan son Andalucía y Madrid. La primera, con un importe total de 1.197 millones, de los cuales el Estado aportaría 718 millones (un 60%), mientras que el 40% restante correspondería a la región. En el caso de Madrid, recibiría en total 1.113 millones, de los cuales 667 millones provendrían de las arcas del Gobierno central. En la cola quedarían La Rioja y Cantabria, con una dotación total de 119 millones y 133 millones, respectivamente.

La propuesta queda ahora en fase de implementación y aún tiene camino por delante. Primero, el Ministerio de Vivienda se reunirá con las comunidades para explorar su implementación técnica y para la redacción de convenios. Además, se espera que en abril se celebre una comisión multilateral como primera toma de contacto con las diferentes autonomías. En mayo se celebrará la primera conferencia sectorial donde se aprobará la distribución territorial de los fondos y, finalmente, (considerando que haya acuerdo) se espera que el plan se despliegue entre julio y diciembre de este año.

El Gobierno ha condicionado los fondos al cumplimiento de determinados puntos, algo que le reprochan comunidades como Madrid o Andalucía. La primera línea roja es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de llevar la etiqueta VPO nunca. La segunda es la cofinanciación, es decir, que las comunidades pongan un 40% del dinero. La tercera es el control de los datos y la transparencia en materia de precios o de depósitos de fianza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, justificaba las condiciones impuestas señalando que el Estado no podía seguir siendo un mero pagador: "Que nunca más con este dinero público se pueda especular", insistió. Sobre el rechazo de la Comunidad de Madrid, la primera en pronunciarse, señaló que su presupuesto en vivienda subiría desde "apenas 300 millones el año pasado a más de 1.100 millones".

La respuesta era al hilo de las declaraciones de Jorge Rodrigo, que calificó la financiación de inviable. "El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, señaló.

En el documento compartido por el Ministerio de Vivienda señalan que un 40% de la financiación debe destinarse a construcción de vivienda; un 30% debe canalizarse a la rehabilitación de vivienda existente y el 30% restante a ayudas directas para los ciudadanos. Por otro lado, ni País Vasco ni Navarra están incluidas en este plan, ya que no forman parte del régimen común.

Como se observa en el gráfico posterior, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las tres comunidades que más presupuesto tendrían. En la cola, La Rioja, Cantabria y Baleares serían las regiones con menos dotación. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se llevarían siete millones cada una en total.

A la espera de lo que ocurra en las próximas semanas, la previsión del Gobierno de llegar a acuerdos con las autonomías ha encontrado en Madrid un primer escollo. Sobre esto, la responsable de Vivienda se mostró dura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ella [en referencia a Isabel Díaz Ayuso] cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley, pero a quien está dañando es a un millón de personas que viven de alquiler en Madrid". Rodríguez señaló que durante este tiempo se habían reunido con la comunidad y se mostró escéptica ante una posible renuncia: "Tras el trabajo de estos meses con todas las comunidades, incluida la de Madrid, a mí no me entra en la cabeza que vayan a renunciar a estos mil millones. Tengo que verlo", concluyó.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

El Gobierno del presidente argentino Javier Milei ratificó este miércoles que enviará al Congreso modificaciones a las leyes que prohíben la venta de tierras incendiadas para evitar la especulación inmobiliaria, y que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros, como parte de un paquete de normas "dedicado a fortalecer la propiedad privada".

Una de las normativas que el Ejecutivo buscará reformar es la Ley de Manejo del Fuego, que desde su modificación en 2020 impide realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o modificaciones en el uso de tierras incendiadas.

Esta modificación se produce en el contexto de incendios forestales frecuentes, que cada verano azotan la Patagonia argentina y otras regiones del país y que afectaron, desde mediados del pasado diciembre, a unas 64.000 hectáreas de tierra, según las estimaciones de Greenpeace.

El Gobierno también impulsará cambios en la norma conocida como ley de tierras rurales, que limita la compra de territorios por parte de extranjeros al 15% del total nacional, provincial o departamental y prohíbe la venta de zonas estratégicas con recursos hídricos o fronterizos.

Asimismo, la norma establece que ninguna nacionalidad específica puede superar el 30% del territorio permitido para la venta y que un mismo titular extranjero puede poseer un máximo de mil hectáreas en la zona de mayor actividad agropecuaria del país. "Inversiones como el petroleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico", dijo en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y aseguró que "hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión".

Adorni anunció a su vez que el Ejecutivo intentará impulsar una modificación al régimen de expropiaciones, que limite a casos excepcionales la aplicación del concepto de 'utilidad pública' y que aumente la indemnización percibida por los expropiados. "El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobernante de turno", argumentó Adorni.

Finalmente, el jefe de Gabinete reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares —que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales— en la Cámara de Diputados, tras la luz verde obtenida en el Senado el pasado febrero.

La iniciativa ha despertado el rechazo de ciudadanos, organizaciones ecologistas y diputados opositores, quienes solicitaron una audiencia pública que comenzó este miércoles y contará con la exposición de 400 personas —entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie—, mientras otras miles anticiparon que presentarán escritos y vídeos.

Este miércoles comenzó el proceso judicial entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la inmobiliaria Alquiler Seguro. La demanda, interpuesta en 2024 por los inquilinos organizados en torno a la agrupación, acusa a la empresa de cobrar “honorarios encubiertos” y de retener “de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres”. Azael Babiano, abogado de la acusación, explicó a la salida de los juzgados que, tras la audiencia previa de hoy, la primera vista se ha fijado para febrero de 2028. “A los inquilinos que estaban pagando estas cláusulas les hemos dicho que dejaran de hacerlo porque son abusivas”, explican desde la agrupación sindical. Pese a que el juicio se dilatará otros dos años, este es un capítulo más en la batalla que muchos arrendatarios libran contra los sobrecostes que imponen ciertas agencias de alquiler de vivienda. 

El caso más llamativo son los honorarios de agencia, una tasa que se declaró ilegal en 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Desde ese momento, la normativa entiende que estas empresas ofrecen un servicio a los caseros y, por tanto, el inquilino no es quien debe abonarla. “Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia”, señalaba a infoLibre el portavoz del Sindicato de Inquilinas madrileño, Pablo Pérez. La “asimetría” de poder y “la urgencia del mercado”, explicaba, terminan por obligar a la gente a aceptar “condiciones abusivas o ilegales” si quieren tener un techo. En el caso de esta demanda, el sindicato afirma en su nota que “Alquiler Seguro camufla esta práctica bajo el sobrenombre de ‘servicio de atención al inquilino’, un servicio inventado que los inquilinos no reciben, no firman y del que no pueden desistir”.

La empresa tiene dos frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales; por otro, la denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que este miércoles ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla. "No lo decimos únicamente nosotras. Tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3,6 millones de euros por esas mismas prácticas abusivas", explica Rufina Parra, una de las afectadas y portavoz de los inquilinos. 

La agrupación sindical señala que la documentación aportada durante el procedimiento investigador “proveniente de varias afiliadas al sindicato”, demostraría que la inmobiliaria “exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino con las que se quedaba la propia empresa”, apunta en una nota de prensa. “Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico seguro de impago”, añaden. Además de estos dos puntos, también denuncian un presunto delito contra la protección de datos, al “obligar” a ceder sus datos a las dos partes implicadas en los contratos de alquiler.

La demanda comenzó su recorrido hace dos años y para sustentarla, el sindicato enumera diversas prácticas de dudosa legalidad: “Solicitan una cantidad de 200 euros por reservar un piso y puedes acabar perdiéndolos si al final no eres el inquilino elegido. Hay una letra aún más pequeña en la que se indica que, si pagas ocho euros, te aseguran la devolución de la reserva”. En otros casos hablan de exigencias como revisar “los últimos tres meses de movimientos bancarios” o exigir "un pago de 180 euros" por un estudio de solvencia cuando haya un cambio de nombres de las personas que habitan la vivienda.

La sanción del Ministerio de Consumo tenía también como objetivo poner el foco en una práctica que no se limita solo a una compañía. "Es un mensaje a otras empresas", señalaba el ministro Pablo Bustinduy tras anunciar la apertura de expediente. Su intención, apuntaba, era "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de prácticas, especialmente en materia de vivienda". Por su parte, Alquiler Seguro sostenía en una nota de prensa que cumplía con la ley y que "todos los servicios de la compañía son públicos, transparentes y voluntarios".

Estas tasas abusivas son, para los colectivos de vivienda y las asociaciones de consumidores, el gran elefante en la habitación. Facua ha denunciado en varias ocasiones y el propio sindicato ha mediado en reclamaciones que no llegaron finalmente a los tribunales. "Los tiempos de la justicia son lentos", apuntó Babiano a la salida de los juzgados, quien también se mostró optimista sobre el desenlace de la sentencia. "El resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando", concluyó.

Pero también hay sobrecostes abusivos que van más allá de este caso concreto: seguros de impago que debería abonar el casero, pero repercuten en el inquilino; cobros por visitar una vivienda que ni siquiera sabes si vas a alquilar; o gastos indebidos de comunidad y basuras son algunos ejemplos habituales que denuncian quienes buscan piso en la vorágine del mercado inmobiliario. 

Además, un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA, por sus siglas en catalán) titulado El impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler constata que estas prácticas han aumentado en los últimos años. En el caso de Madrid, entre quienes llevan más de 5 años en la misma vivienda, un 29,8% afirma haber pagado honorarios a la inmobiliaria. Entre personas que llevan menos de cinco años, ese porcentaje se dispara al 62%. El informe también constata que las agencias gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas en alquiler; en concreto, median en el 34% de las operaciones en Madrid y en el 74,8% en Barcelona.

El informe de IDRA coincide con la sensación de los sindicatos de inquilinas. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler, y todo parece indicar que en una parte significativa se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la Ley de Vivienda de 2023", concluyen.

Los sindicatos advierten que la persistencia de esta práctica se alimenta de la presión por conseguir un piso y de la altísima demanda. Ambas hacen que muchas personas terminen pagando estas tasas ilegales, aun sabiendo que tienen derecho a negarse, para conseguir un techo. Un dato que ayuda a ponderar la velocidad del mercado del alquiler es que el 15% de las viviendas que se anunciaron en el portal Idealista tardaron menos de 24 horas en encontrar un inquilino. En Barcelona y Girona ese porcentaje se elevó hasta el 36% y en Madrid se quedó en un 11%.

En cuanto a los precios, este miércoles un informe de UGT apuntaba que las mensualidades del alquiler cada vez se llevan un bocado mayor de los salarios. Constata, en base a 4.300 entrevistas, que casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% del salario al pago y que un 31% se había mudado de piso cinco veces o más. "El alquiler es insostenible", remataba el estudio. Y más aún, si se le suman costes extra.

"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

Los centros sociales okupados y autogestionados (CSOA) son espacios ciudadanos que surgen en los noventa como una forma de dar un nuevo uso a lugares abandonados y que hoy ofrecen actividades variopintas. Se puede acudir a un taller de bicicletas, a clases particulares gratuitas, a recibir asesoramiento en materia de vivienda, a conciertos, a exposiciones de arte urbano o a eventos culturales. En ellos se habla de ecología, desigualdad, feminismo, modelos de ciudad, de trabajo... con un enfoque político de lo cotidiano. Pero también con un punto polémico: suelen ocupar espacios que, si bien estaban en desuso, no son de su propiedad. Esto los convierte en centros de protesta contra el sistema, su principio esencial, pero los vuelve también vulnerables a la hora de mantener su actividad. Tampoco son siempre un oasis de acuerdos asamblearios y luchas por la justicia social, pero cargan con un matiz negativo que no agota su definición.

La agenda de actividades depende del espacio y de quienes participen en él. Suelen describirse con un matiz underground, porque en muchos casos se ubican en edificios abandonados que se han okupado y rehabilitado a medias para prestar servicio o tejer una red vecinal. Muchas sedes eran (y aún son) ruinas de la burbuja inmobiliaria, locales que quedaron atrapados en la onda expansiva que dejó la crisis de 2007 y que nadie reclamó en aquel mar de quiebras y desahucios. Pero eso ha cambiado. Ahora, al calor de la fiebre inmobiliaria y de la crisis de la vivienda, los edificios abandonados se transforman en potenciales fuentes de rentabilidad y de poco sirve apelar a su función como espacio de socialización frente a una rentabilidad inmobiliaria desenfrenada.

El espacio EKO, un espacio autogestionado en el barrio de Carabanchel (Madrid) con 14 años de recorrido, lleva tiempo denunciando las presiones que reciben para abandonar el edificio en el que desarrollan su actividad. Dos de sus miembros cuentan a infoLibre que la presencia de una empresa de desokupación y la presión policial arreció durante un tiempo, después de que un fondo de inversión comprase el edificio. "En agosto de 2025 vinieron a las cinco de la mañana varios desocupas y antes de que aparecieran estas personas, pasó un coche de policía por allí poniendo un sonido de "tic, tac" por el altavoz", relatan.

Durante más de una década el espacio de EKO estuvo dentro de un concurso de acreedores y terminó en manos de una sociedad inmobiliaria llamada Midtown Capital Partners en 2024. "Denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners", relataban en septiembre a través de su página web. "Claro que la especulación se nota en la presión que reciben los centros sociales", confirman desde la Asamblea Popular de Carabanchel, otro espacio social conectado con este CSOA.

"Compran barato para maximizar beneficios y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva aunque ilegal", protestaban desde EKO.

Pero la comunidad en torno al CSOA consiguió frenar el proceso de acoso. "El barrio respondió muy bien; como estábamos en la puerta todo el día, mucha gente se pasaba un rato o nos traía comida y también vinieron desde otros colectivos como las asociaciones de vecinos", cuentan. Desde esa primera intentona han tenido algún incidente más. Este mismo miércoles "a eso de la 1:30 de la madrugada han intentado entrar varias personas con una supuesta abogada", relatan. "Había varias personas en el centro y apareció después la Policía, por lo que el incidente no fue a más", explican, aunque la sensación de incomodidad sí ha aumentado en este tiempo. "Tenemos la sensación de estar en alerta todo el tiempo", concluyen.

Colectivos como La Atalaya, que estaba en el barrio madrileño de Vallecas, también llevaban más de una década de actividad, aunque terminaron siendo desahuciados. Su sede, un instituto abandonado que pasó a ser propiedad del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), fue desalojada por la Policía Nacional en 2024 sin ninguna notificación previa, según expone el grupo en sus redes.

No es un fenómeno exclusivo de Madrid y en la lista hay nombres que se hicieron famosos. Minuesa, La Quimera, La Rosa, el Patio Maravillas, EKO, La Ingobernable y La Gatoteca, en Madrid; Can Vies, El Palomar de San Andreu, Can Masdeu o La Ruïna, en Barcelona; Malatesta o La Huelga, en Sevilla; Escarnio e Maldizer, en Santiago de Compostela. Muchas han sido clausuradas y otras aún continúan. Algunas ciudades, como Berlín, presumen de este tipo de iniciativas y Madrid incluso llegó a ceder espacios en régimen de alquiler a colectivos como la Eskalera Karakola, pero su realidad actual parece otra.

Hay un rosario de ejemplos y no todos se ciñen a Madrid. En junio de 2014 la Policía desalojaba en Oviedo el centro social autogestionado de nombre La Madreña. Era un antiguo edificio de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que pasó a manos de una constructora y había quedado en letargo, como todo el sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. En 2011, al hilo de la euforia del movimiento social 15M, pasó a convertirse en un edificio okupado en el que vecinos y estudiantes de las cercanas facultades realizaban actividades. Pero esta iniciativa popular desapareció apenas tres años después con una sorprendente protesta social en la vetusta ciudad asturiana. Hoy es un bloque de pisos blanco y negro. 

Los CSOA proliferaron con el movimiento ciudadano 15M en solares o edificios vacíos que habían quedado varados en embargos, expropiaciones, concursos de acreedores o simplemente en manos de empresas que no podían permitirse hacer nada con ellos. Suelos sin calificación adecuada y un sector paralizado hicieron que nadie se ocupase de esos espacios. Sin embargo, hoy, en 2026, un suelo urbano es un diamante en bruto y la materia prima más cotizada de las constructoras.

El déficit de 700.000 viviendas en España que cifra el Banco de España, el encarecimiento de la vivienda y las altas rentabilidades del sector hacen que estos espacios vuelvan a ser muy codiciados. Por ejemplo, el precio de los suelos en los municipios de más de 50.000 habitantes subió en 2025 un 15,9% interanual, según las estadísticas de suelo urbano del Gobierno. En Madrid el metro cuadrado se situó en el tercer trimestre en los 415 euros de media, la comunidad más cara según la serie del Ministerio de Vivienda.

En 2019 también se hizo efectivo el desalojo de La Ingobernable, situada en un edificio del Paseo del Prado. El local, cedido a la fundación privada Ambasz, permanecía vacío cuando se okupó, lo que no evitó que el CSOA fuese desalojado. Tres años más tarde, esa ejecución terminó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

Precisamente es en la capital donde se acelera el desmantelamiento de estos proyectos autogestionados, cumpliendo con una promesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba en 2024: "Tolerancia cero con la okupación". Desde entonces , el cierre de espacios de este tipo ronda la decena.

Desde un punto de vista estrictamente legal, poco pueden hacer para mantener su actividad, ya que los desalojos suelen contar con órdenes judiciales. Ni pagan alquiler, ni el espacio es suyo. Sin embargo, la crisis en torno a la vivienda y la permeabilidad de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda y los espacios comunes, han amplificado la importancia de estos espacios de socialización. Y es que hay una corriente de pensamiento que ve en la okupación una forma de resistencia a la gentrificación y una lucha de clases moderna. Como un espacio al que acudir cuando los resortes sociales no llegan.

En un ensayo reciente titulado Generación Inquilina (Capitán Swing, 2026), el sociólogo del CSIC Javier Gil afirma que "la ciudad ya no se diseña para compartirla, sino para monetizarla" y critica un proceso de atomización que se agudiza por una crisis inmobiliaria que no permite a los ciudadanos asentarse en un lugar, hacer comunidad. En este punto confluye una teoría social que, al calor de la crisis inmobiliaria, habla de una lucha de clases moderna en la que "se disputa el derecho a permanecer, a habitar, a decidir qué se hace en el territorio y con los recursos", concluye el sociólogo. 

El movimiento okupa tiene una historia más larga y bebe de culturas como los punks o los movimientos anarquistas. En noviembre de 1985, un artículo de El País describía el fenómeno, novedoso en ese momento, sin encontrar un adjetivo claro para definirlo: lo llamaban "ocupar viviendas vacías por el procedimiento de la patada a la puerta". Se les describía como jóvenes entre 18 y 23 años y no acertaba el cronista a ligarles a un grupo o filiación política concreta. Sí contaba que quienes habían okupado un edificio en Barcelona habían terminado detenidos. Y es que, este colectivo arrastra también desde sus inicios un sambenito ligado a la delincuencia que tratan de quitarse de encima.

En el contexto actual, en plena crisis habitacional, es una lectura que se ha ido relativizando. Movimientos ciudadanos como el "Nos quedamos", que promueven los sindicatos de inquilinos para responder a la especulación inmobiliaria, o el propio escudo social que el Gobierno sostuvo desde la pandemia hasta este año para suspender el desahucio de personas vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler, han abierto muchos matices en el debate.

Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Oxford, desliza esta idea en su libro La ciudad autónoma: una historia de la okupación urbana (Alianza, 2017). En él habla de formas alternativas de convivencia y de reivindicar la ciudad en una época de crisis habitacional. En una entrevista con el diario Público, el profesor hacía referencia a un proceso de relectura de la okupación: "El mito está cambiando porque la crisis mundial de la vivienda está afectando sobre todo a la gente joven. Hijos de familias de clase media cuyos padres pudieron comprarse una casa. Pero el sistema ya no funciona para ellos y ni siquiera sus padres pueden ayudarles a comprar", señalaba.

"Tenemos despensa solidaria, un grupo artístico que se llama La Silla, un gimnasio popular, yoga, tres grupos de consumo, taller de autodefensa laboral, acogemos a la Asamblea Popular de Carabanchel, taller de bicis, teatro...". Y la lista que enumeran desde EKO sigue varios minutos de conversación. En estos 14 años, explican, las actividades han cambiado mucho en función de sus miembros y de unos intereses que, para ellos, siempre deben ser "asamblearios y comunitarios".

Una vivienda pública a precios asequibles es la esperanza para muchas personas que ven cómo el alquiler empieza a quedar fuera de sus posibilidades. El Banco de España recomienda destinar un máximo del 30% de los ingresos al alquiler para evitar el sobresfuerzo financiero. Por ejemplo, si tomamos el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, de 1.381 euros al mes en doce pagas, el alquiler ideal sería de unos 414 euros al mes. Una quimera en la mayor parte del territorio español. Si hacemos la cuenta para un salario de 1.500 euros, la renta que nos podríamos permitir de forma desahogada es de 450 euros. Otra quimera en el mercado libre.

José Alcaide (35 años) es funcionario y buscaba piso junto a su pareja en Madrid. Con unos sueldos de unos 1.400 y 1.200 euros, respectivamente, pensaron que serían buenos candidatos para una vivienda protegida del Plan Vive de Madrid. Vieron en uno de los anuncios “pisos hasta 980 euros” y decidieron solicitar uno, ya que con esa cantidad no estarían muy por encima del 35% del salario de ambos. Aquí empezaron las sorpresas. “Pedimos en San Sebastián de los Reyes y quiero hacer hincapié en que la oferta ponía ‘hasta 980’. Me asignan el piso a las dos semanas, enviamos los documentos, los validan en la plataforma y antes de firmar me sale un precio de 1.200 euros”, explica. Pensando que era un error, deciden llamar y le confirman que, efectivamente, el precio final del piso es ese, con plaza de garaje, comunidad e IBI. “Era un piso sin equipar, así que a los 1.200 euros del alquiler teníamos que sumar los muebles y algunos electrodomésticos. También nos obligaban a tener dos plazas de garaje que no necesitamos y menos en una zona donde se puede aparcar en la calle”, sentencia en una conversación con infoLibre. Al final renunciaron al piso porque “no es una vivienda protegida”, concluye. 

El Plan Vive de la Comunidad de Madrid nació en 2019 con la intención de colocar en el mercado 25.000 viviendas con precios entre 300 y 600 euros, pero la realidad parece estar siendo otra. Al cierre del año pasado, la comunidad había entregado 5.175 y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recogido un rosario de quejas y malestares. Muchas de ellas tienen que ver con los precios y fallan al tratar de solucionar el principal problema que deberían corregir: el precio. 

“El descontento más extendido se centra en que los costes finales convierten a estas viviendas en inasequibles para muchos perfiles”, señalan desde el colectivo vecinal. Así lo atestigua también María López (32 años). Cuenta que trabaja en el ámbito de la sanidad desde hace seis años y que tampoco ha conseguido entrar en el mercado protegido madrileño: “Es imposible pagar 900 euros por una vivienda cuando gano 1.100 euros. Esto no es vivienda asequible”, reclama. 

El programa se describe en la propia web institucional de la región como “una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado”. Lo hacen en colaboración público-privada con empresas como Avalon (perteneciente al fondo norteamericano Ares Management), Aedas Homes o Sogeviso (de la firma OCM Redes Holdco, con sede en Luxemburgo). Pero cada vez más voces reclaman que se están quedando fuera, pese a tener un trabajo y un salario que es estable, aunque insuficiente, ante el incremento sostenido de precios. 

“Actualmente pago un alquiler que es igual al que me ofrecía el Plan Vive, y lo hago sin problema. Vivo con mi esposa y mis tres hijos, y no estoy buscando independizarme ni acceder a una vivienda por capricho: en octubre de 2026 tengo que dejar mi casa actual y estoy buscando una alternativa estable y razonable para mi familia”, explica Vicente Raposo, a quien le denegaron el piso, gestionado por Avalon, porque su renta no era suficiente. Explica a infoLibre que su esposa es propietaria de un negocio y él cuenta con un salario. “¿Qué clase de plan de vivienda es este que deja fuera a familias trabajadoras que ya están pagando alquileres equivalentes a los que ellos ofertan? ¿Para quién están pensados estos pisos? ¿Para quienes ya tienen una situación económica cómoda?”, lamenta. “Esto no es vivienda asequible, es negocio con sello institucional”, concluye. Tras reclamar y presentar documentos que avalaban sus ingresos tampoco recibieron ofertas alternativas y siguen buscando. 

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló en alguna ocasión que estas casas estaban destinadas a jóvenes y no eran “vivienda social”, pero los estándares de ingresos están dejando fuera también a sus supuestos destinatarios. De hecho, unos datos obtenidos este año por la Cadena Ser a través del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid señalan que 242 viviendas del Plan Vive estaban vacías, de un total de 5.175 terminadas a 9 de enero de 2025. Algunas, incluso, llegaron a estar anunciadas en portales inmobiliarios como Idealista. 

En los datos de conjunto que ofrece la FRAVM (hasta abril de 2025), se certifican 157.641 solicitudes, con un 28,2% de rechazos y desistimientos. Además, señalan que un 67,8% de los solicitantes permanecían en lista de espera. Desde la agrupación vecinal piden un portal que unifique todas las solicitudes, en vez de que cada empresa concesionaria gestione sus inmuebles, de forma que exista un mayor control administrativo durante el tiempo que la gestionan. En Madrid, las parcelas del Plan Vive tienen una concesión demanial por periodos temporales que van desde los 60 a los 75 años, de forma que durante ese tiempo las empresas concesionarias edifican el inmueble y lo explotan en régimen de alquiler asequible.

Ni José Alcaide, ni María López, ni Vicente Raposo, consiguieron al final un hueco en el Plan Vive madrileño. Tampoco Nazaret Suárez, que junto a su marido, que sufre una minusvalía, buscaba un bajo adaptado que nunca llegó. En su caso, el mal estado del inmueble les llevó a renunciar y nunca recibieron alternativas. "Nos quedamos sin piso en un momento muy delicado", lamenta. "De cara al exterior parece que se está haciendo una labor social que luego no es real", remata Alcaide. A los suyos se suman otros testimonios depositados en el buzón de quejas de la FRAVM y que, unos con nombres y otros de manera anónima, profundizan en el mismo problema. "Me tocó un piso en Tres Cantos a 1.000 euros y sin ningún electrodoméstico. Una vergüenza, no pude aceptar, pues era más caro que el piso donde estoy", narra un mensaje. "Es el plan sobrevive", recoge otro. "No tiene ningún sentido asignar dos plazas de garaje a una única persona con la clara finalidad de engrosar su alquiler", apunta un tercero.

En el último capítulo de esta historia, la Comunidad de Madrid, lejos de aligerar los requisitos de acceso, ha anunciado que pedirá estar empadronado en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años para poder ser adjudicatario de un piso protegido, según recoge la propuesta del Reglamento de Vivienda, que está actualmente en fase de tramitación y se espera para julio.

El problema de la vivienda se dimensiona mejor al escuchar los relatos de la gente. Un burofax para dejar su piso, una tasa extra, una subida inasumible, un mercado de vivienda al que no se puede acceder aún teniendo trabajo, un hijo que no se puede independizar… Y lo peor es que las dinámicas especulativas se repiten una y otra vez. Problemas para encontrar casa, pagar el alquiler, desahucios, búsquedas interminables en portales inmobiliarios, incertidumbre o una peregrinación constante de piso en piso. Esas son algunas de las cosas que les ha tocado vivir, esta vez, a los vecinos del edificio Valverde 42, situado en Malasaña, dentro del distrito centro de Madrid.

Algunos tendrían que irse ya en febrero, pero los habitantes de nueve de los pisos han pronunciado un “nos quedamos” e intentan que se renueven sus contratos o al menos que se prorroguen por un tiempo razonable. “Los vecinos siempre hemos tenido relación entre nosotros, incluso teníamos un grupo de WhatsApp para pedir cosas prestadas, y cuando recibimos la noticia comenzamos organizarnos”, relata Carlos Rubio.

También les ha tocado otro clásico en estas situaciones, la presencia de un grupo de desokupación que patrulla su portal desde que la empresa Vencar Capital adquirió en noviembre el inmueble en el que residen y les pidió que se marchasen. “Desde hace un mes, un empleado de Desokupa puebla la que antes era la garita del portero, en teoría para evitar que «pase algo» en los pisos vacíos”, explica Sara Barquinero, otra vecina afectada. “De momento es majo”, apostilla con cierta sorna.

Pero además de con los vecinos, el ímpetu de la especulación inmobiliaria está arrasando también con muchos negocios de barrio. Este mismo jueves, la librería Tipos Infames, que llevaba 15 años en funcionamiento, anunciaba el cierre: “Lamentablemente, la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha pasado factura”, señalaban. Eso mismo le ha pasado al Bar Josefita, que regenta Sol Pérez-Fragero y se aloja en el bajo del edificio de Valverde en cuestión.

Ella narra, enfadada, cómo va desapareciendo el Madrid al que llegó hace dos décadas: “No queda nada de la ciudad que me abrazó cuando llegué y que ahora no reconozco. Yo vivo sorteando maletas trolley todo el día”, lamenta. Tipos Infames y Bar Josefita comparten barrio y, pese a ser negocios muy distintos, también habían colaborado. Durante el confinamiento por la pandemia de 2020, Sol compartía en las redes recetas de cocina con sus clientes y sorteaba, de paso, una cesta de libros que habían confeccionado sus vecinos libreros. De esta forma, se creó una comunidad que hablaba de libros y cocina mientras todo volvía a la normalidad. “Estoy destrozada desde que me enteré de que cierran, aunque ahora también empieza mi peregrinación fuera del centro de la ciudad”, cuenta.

Un bar de confianza en el que dejarle un recado a un amigo, una librería en la que sentarse a leer o una panadería que te fía: ese es el tejido de barrio que Sol ha visto descomponerse en el centro de la ciudad durante estos años. Su negocio, que da empleo a nueve personas y es plenamente rentable, se enfrenta al cierre porque los nuevos propietarios del edificio han decidido que cuanto antes se marche, mejor. “Me quedan dos años de contrato, pero me ofrecieron dinero para negociar mi salida”, cuenta. Y aunque no lo ha cogido, ya se ha buscado un local para comprar en Carabanchel “con los ahorros de su vida”, porque ningún negocio sobrevive a la incertidumbre de no saber si podrá mantener su ubicación a corto y medio plazo. De hecho, tiene otro negocio en el que, lamenta, le terminará pasando lo mismo cuando sus caseros, ya “mayores”, fallezcan. “Necesitaba un lugar al que poder ir y donde llevarme a mis trabajadores cuando se me termine el contrato en el otro local”, concluye.

Aunque asume la derrota, la propietaria del Bar Josefita ha decidido unir fuerzas con los vecinos. “Había tirado la toalla. En parte yo me quiero ir, porque el barrio ya no es nuestro, pero hablé con los vecinos y les dije que consideraba que tenía que salir con ellos a denunciarlo”, concluye.

“Nos enteramos cuando la venta ya se había realizado y nos comunicaron que no se renovaría ninguno de los contratos”, explica Sara Barquinero. Todos coinciden en que su anterior casero, fallecido recientemente, había tenido un comportamiento siempre correcto y alquilaba los pisos a unos precios “razonables”. Hasta que el mercado irrumpió en sus vidas y la rentabilidad pasó por encima del bienestar de los vecinos. “El edificio se vendió en 5,3 millones de euros y creemos que la intención de la compañía es revenderlo cuanto antes, ya que viene gente a verlo constantemente y se pasean por aquí contando lo que harían en tal o cual zona”, explica la afectada.

Y así es como los vecinos han dicho "basta": “Hay gente que lleva 20 años, y a otros —que finalizan su contrato en febrero— no les han dado ni siquiera más tiempo para buscar una alternativa”, cuenta Rubio. Ellos, junto con el Sindicato de Inquilinas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), han convocado para este sábado una protesta en la que desplegarán pancartas para protestar.

La oferta que han recibido de Vencar Capital es una “indemnización para aquellos inquilinos que opten por abandonar la vivienda antes del vencimiento legal de sus contratos”, recoge un correo al que ha tenido acceso infoLibre. “El importe de la indemnización disminuirá proporcionalmente cada mes que transcurra”, advierten, ya que lo que se les abonaría es el equivalente a los meses de alquiler que les queden hasta el fin de su contrato.

En Madrid los edificios que son propiedad de una única persona o entidad son un caramelo muy tentador para la especulación. En mayo del año pasado el Ayuntamiento aprobó el Plan Reside, con el fin de “garantizar una oferta turística ordenada y legal”. Una de las regulaciones que introduce es que no se otorguen licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico, o lo que es lo mismo, si una empresa quiere poner pisos turísticos, debe ser propietaria de todo el edificio. Pues bien, lejos de proteger a los inquilinos de los malestares del turismo, ha provocado que muchas personas reciban un burofax instándolas a abandonar sus pisos. Ha ocurrido en la calle de Galileo, 22; en San Ildefonso, 20 o en Tribulete, 7. Y ahora en Villaverde, 42. 

Pero los inquilinos y las agrupaciones sindicales se han rebelado contra una regulación en materia inmobiliaria que parece dejarlo casi todo a la buena voluntad de los caseros. “Nos quedamos” es el eslogan y la decisión que han tomado la mayoría de habitantes del bloque. “Hemos intentado negociar con la empresa para que nos permitan, al menos, quedarnos hasta que finalice el último contrato (en 2028), pero no hubo manera”, explica Rubio. Quizá con la “presión social”, apunta Barquinero, haya más suerte.

Las bonificaciones fiscales que el Gobierno ha propuesto para que los caseros no suban el alquiler a sus inquilinos ha desatado en España un terremoto político. El Gobierno alega que trata de crear incentivos para que se ponga más vivienda asequible en el mercado, Sumar habla de “regalar dinero público a los rentistas”, los sindicatos de vivienda señalan que se está “reforzando el paraíso fiscal para el rentismo”, Podemos las rechaza y el PP las tacha de medidas “improvisadas”, aunque apoya el respaldo a los arrendadores. Pero, además del dualismo caseros-inquilinos, empieza a aflorar un debate sobre cómo podría reordenar el esquema social esta realidad donde fondos buitre, grupos inmobiliarios, pero también pequeños inversores, cada vez ven más rentable tener arrendatarios.

Según el Ministerio de Consumo, la brecha económica entre los arrendadores y los inquilinos es actualmente de 23.638 euros, al tener los primeros una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los segundos. “Lo que significa que en la actualidad los caseros tienen una renta un 82% superior”, señalan. El cálculo del ministerio se hace sobre la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE y recoge, además, que en ocho autonomías la renta de los caseros es ya el doble que la de los arrendatarios. Son Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias.

Esto en un contexto donde el vencimiento de los contratos de alquiler vigentes —y que se renovarán previsiblemente a precios de mercado— amenaza con provocar un serio encarecimiento en el alquiler. “A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,85 euros el metro cuadrado en 2020 a 14,5 euros en 2025 (un 34% más), según los informes de precios de Idealista”, advierte el informe de Ministerio de Consumo, quien además prevé que 632.369 contratos venzan en este año, con el consiguiente encarecimiento de la renta para 1,6 millones de personas.

La burbuja de precios avanza y en 2025 el importe de las casas aumentó un 13,1% interanual en el cuarto trimestre del año, hasta situarse en los 2.091 euros por metro cuadrado, la mayor subida desde hace casi 20 años. En la parte de los alquileres, portales inmobiliarios como Idealista apuntan que en diciembre la subida con respecto al año anterior fue del 8,5%.

Más allá de estas cifras, algunos análisis académicos advierten que en una economía dónde los activos son centrales, la rentabilidad del sector inmobiliario solo agrandará la brecha entre quienes tienen casa y quienes solo pueden alquilar. “El control de activos y la extracción de rentas se han convertido en elementos determinantes de la organización social”, defiende el investigador de CSIC, Javier Gil, en el prólogo del libro Vivienda. La nueva división de clase, de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings. “En una economía dónde los activos inmobiliarios son centrales […] la lucha en torno a los alquileres se debe enmarcar como una lucha central contra las estructuras del capitalismo contemporáneo”, concluye.

Capitalismo rentista, extracción de rentas, sindicalismo inquilino… es probable que se hayan tropezado con alguno de estos términos en los titulares o los hayan escuchado en las manifestaciones por la vivienda que se han sucedido en España desde 2024. “Hay que bajar los alquileres. Hay que acabar con el negocio de la vivienda”, es una reivindicación que no solo constata el malestar de una parte amplia de la ciudadanía que no tiene asegurado un techo en el que vivir, sino que quiere señalar una falla profunda del sistema. Tanto es así, que muchas voces, cómo la de Gil, empiezan a identificar el surgimiento de un nuevo sistema de clases que se divide entre rentistas e inquilinos. Es decir, entre quienes pueden vivir y extraer dinero de lo que poseen y aquellos que ven alejarse la posibilidad de tener un hogar propio y, por tanto, pagan un precio cada vez más alto por un bien básico como es la vivienda. 

El análisis no es tan simple como que los caseros sean malos y los inquilinos víctimas. Tampoco señala a quienes alquilan una vivienda, sino que sugiere que la vivienda se ha convertido ya en un factor de desigualdad más determinante que el salario o el trabajo. Quienes logran, por herencia o por capacidad económica, tener una vivienda en propiedad y salen del sistema del alquiler, explica el libro de Adkins, Cooper y Konings, están en un escalafón privilegiado a la hora de afianzar su posición social. 

La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Y aquí los jóvenes se llevan la peor parte. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. De ahí que las manifestaciones de vivienda tengan, en la mayoría de los casos, rostro joven.

Si hablamos de patrimonio, la riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. La precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda son más gasolina para esta dinámica.

El informe de la UPV construye su narrativa sobre un pilar principal: la crónica y extrema escasez de oferta. Los datos son incontestables. En seis años, el número de "testigos" (viviendas nuevas en oferta) se ha desplomado, mientras el precio medio se ha más que duplicado. Esta tensión se ha visto exacerbada, según el documento, por un crecimiento poblacional "no orgánico" de unos 40.000 nuevos residentes entre 2022 y 2025, para el cual el parque de viviendas no estaba preparado.

El informe acierta al señalar la incompetencia e incoherencia de la política pública. Critica con dureza que se haya sustituido "el análisis técnico por el relato político", implementando medidas "sin base científica" que, lejos de proteger a los vulnerables, los han expulsado del sistema. Su denuncia de que el Estado es el "principal beneficiario" de la escalada de precios —con aproximadamente el 31% del precio final correspondiendo a impuestos— es un golpe certero a la hipocresía fiscal en un contexto de emergencia. Pero las soluciones que propone son las propias del paradigma tecnocrático: movilizar suelo, producir vivienda pública y privada de forma sostenida, profesionalizar la gestión, reducir trámites y, sobre todo, apostar por el Plan VIVE y la colaboración público-privada. Es el discurso, legítimo pero demostradamente limitado, el de la eficiencia, la coordinación y el incentivo correcto. Un discurso que, desde la óptica de la crítica a las estructuras del mercado, se queda en la superficie del problema.

La perspectiva crítica y el movimiento por el derecho a la vivienda parte de una premisa radicalmente distinta: la crisis no es un fallo del mercado, sino su lógica de funcionamiento actual. Para este análisis, el problema central no es meramente la insuficiencia cuantitativa de viviendas, sino el cambio cualitativo en su naturaleza: ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un activo fundamental para el sistema financiero global. Hasta que pincha la burbuja, e incluso entonces, las pérdidas ocasionadas son incorporadas al “haber” y no al “debe” en los libros de contabilidad.

Desde este ángulo, el informe de la UPV comete una omisión capital: no pregunta quién posee la vivienda y con qué fin. No hay en sus páginas un análisis del peso de los fondos de inversión internacionales en la compra de promociones enteras (en ocasiones a precios rídículos) en Valencia. No se menciona cómo la compra por parte de no residentes (facilitada antaño por mecanismos como las 'golden visas') puede estar distorsionando la demanda. Tampoco se analiza el stock de viviendas vacías mantenidas por grandes tenedores a la espera de mayor revalorización, una práctica de especulación pasiva que agrava artificialmente la escasez.

El informe menciona de refilón —es inevitable, son conscientes— que algunas políticas han generado "miedo a la okupación" y han llevado a "pequeños propietarios a retirar viviendas del mercado". Pero aquí hay que hacer una distinción crucial: el problema no es el pequeño propietario, sino el gran tenedor institucional. Mientras el primero puede verse acosado por normativas mal diseñadas, el segundo opera con una lógica puramente financiera, ajena a las necesidades del territorio.

Otro punto ciego del informe es la turistificación. Aunque dedica una sección al alquiler temporal —que ya representa el 37% de los alquileres en Valencia—, lo hace como un dato más, sin conectar este fenómeno con la expulsión de residentes y la presión alcista sobre los alquileres de larga duración. Para Palomares, la turistificación no es un efecto colateral, sino un mecanismo de extracción de renta que convierte barrios en parques temáticos para visitantes, vaciándolos de vida comunitaria y encareciéndolos más allá del alcance de sus propios vecinos.

El informe confía en que el Plan VIVE, con su promesa de vivienda protegida (VPP), puede comenzar a revertir la situación. Pero desde la crítica a la financiarización, esta confianza es ingenua. Sin mecanismos que impidan que esa nueva vivienda pública o protegida sea luego absorbida por el mercado secundario especulativo, o sin atacar la raíz del poder de los grandes actores financieros, se corre el riesgo de que el Estado simplemente subvencione un mercado disfuncional.

Abogar por medidas que el informe ni siquiera contempla parece fuera de toda valoración: la expropiación o incautación de uso de viviendas vacías en manos de fondos, la creación de un parque público de alquiler social masivo gestionado democráticamente, la prohibición del alquiler turístico en zonas tensionadas, y el establecimiento de controles estrictos a la propiedad concentrada. La lucha es por el derecho a la vivienda en la Constitución, no como una declaración retórica, sino como un derecho exigible judicialmente, que prime el uso social sobre el beneficio privado.

El informe de la UPV es un documento necesario y valioso. Su denuncia de una década de negligencia institucional y su llamamiento a la acción técnica y coordinada son imprescindibles. Sin embargo, opera dentro de los límites de lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría el "pensamiento abismal": solo ve lo que su marco técnico le permite ver. No ve la lucha de clases en el mercado de la vivienda, no ve la transformación de la ciudad en una máquina de generar rentas para el capital financiero, no ve la vivienda como un derecho humano inalienable.

Esta crítica nos recuerda que no se trata solo de construir más, sino de decidir para quién y para qué se construye. Mientras el informe clama por "movilizar suelo" y "reducir trámites", el movimiento por la vivienda clama por "movilizar derechos" y "reducir el poder del capital especulativo".

El futuro de Valencia —y de todas las ciudades españolas— se debate entre estos dos polos. Por un lado, un futuro de gestión tecnocrática que quizás logre moderar los precios, pero manteniendo intacta la lógica de la vivienda como inversión. Por otro, un futuro de transformación radical, donde la vivienda sea, por fin, un derecho garantizado, y la ciudad, un espacio para vivir y no solo para invertir. El informe de la UPV nos dice que la casa se está quemando. La perspectiva crítica nos pregunta quién trajo la gasolina y nos recuerda que, a veces, apagar el incendio requiere cambiar por completo la estructura de la casa.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Al abordar las posibles soluciones al problema de los precios de la vivienda, hay dos frentes distintos —aunque no independientes entre sí— a los que hay que atender: el altísimo precio de los alquileres y la escasez de vivienda nueva, que hace de la compra una quimera para los bolsillos medios. En el caso de la construcción de casas, la escasez estructural que vino después de la gran crisis de 2007 y el frenazo de la edificación han hecho que sea necesario reactivar la promoción de obra nueva, no sin ciertas reticencias en un país que sabe de burbujas inmobiliarias, pelotazos o desahucios, por experiencias propia. Incluso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trataba de ser cautelosa con el lenguaje cuando, a principios del año pasado, anunciaba medidas para impulsar el sector de la construcción: “Poner suelo público no es liberalizar”, puntualizaba. 

Ahora que Casa 47, la empresa pública de vivienda, empieza a despegar ofertando a comienzos de este año los primeros pisos y movilizando terrenos para edificar, vuelve a planear el debate sobre cómo garantizar que el despegue del sector no termine en especulación y sí en pisos baratos. También sobre cómo se articulará una colaboración público-privada entre constructoras y Estado para que un sector con tan jugosas rentabilidades contenga los precios y no deje fuera a las clases medias y trabajadoras.

Las dos claves que citan los expertos están en la capacidad del Estado para gestionar la vivienda como arrendador, y en controlar los beneficios que las constructoras privadas pueden obtener cuando trabajen sobre suelos públicos. “En los lugares donde hacemos colaboración público-privada y la vivienda no se descalifica, la posibilidad de pelotazo es cero”, señala Javier Burón, gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa) y autor del libro El problema de la vivienda (Arpa, 2025).

Y es que lo público está empezando a ganar peso en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, tanto como promotor de los suelos como en forma de casero que alquila y gestiona vivienda. La construcción, en cambio, se licita a empresas privadas en un modelo de colaboración que ha recibido críticas, pero que los expertos coinciden en decir que es seguro y generará precios asequibles si se administra de manera adecuada. “No tiene sentido que el Estado monte una empresa de construcción porque operando como promotor puede tener el control sobre los suelos, las plusvalías y las viviendas finales”, explica José Manuel López, experto en urbanismo y, además, jefe de gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García. “Hacerlo sería largo, costoso y complicado, porque hay que construir en muchos lugares diferentes de España”, concluye.

“Nosotros mantenemos la dirección del proyecto”, explica Burón, “sabemos qué queremos encargar, qué queremos que nos diseñen, qué queremos que nos construyan y discutimos, como cualquier proveedor, cuándo se paga”. Para el gerente de Nasuvinsa, una de las empresas públicas pioneras en gestión de casas públicas, otra de las claves para evitar los temidos pelotazos es mantener la protección de las viviendas, de forma que los precios estén siempre supervisados. “Si tú construyes vivienda protegida que se puede alquilar a 6 u 8 euros el metro cuadrado cuando el mercado está en 11 euros o la puedes vender a 2.100 o a 2.400 euros el metro cuadrado cuando el mercado está en 3.000 y pico, tú puedes ganar dinero, pero no dar un pelotazo”, señala.

Cuando se pone suelo a disposición para vivienda y una empresa gana el concurso para viviendas protegidas, explica Gerardo Roger, arquitecto y profesor de urbanismo, “el coste del suelo es cero”. Pero la compañía tendrá unos gastos de financiación bancaria, unos gastos de construcción y también añadirá su margen de beneficios. “Si luego se le concede el derecho de explotar esos alquileres, eso termina colocando las rentas en 1.200, 1.500 euros al mes o más. Eso no es vivienda asequible, sobre todo si tenemos en cuenta que dos tercios de los trabajadores ganan menos de dos veces el salario mínimo”, concluye.

Pero cuando el promotor público es además quien gestiona, la cosa cambia: “Aquí es cuando podemos lograr precios de 400, 500 o 600 euros donde pueda entrar gente que no llega al mercado privado”, remata el arquitecto. Una variante de esto es que entidades sociales de vivienda se ocupen de esa gestión con un lucro limitado, algo que ha propuesto también el Gobierno. “Eso no quiere decir que no se pueda seguir construyendo vivienda puramente de mercado, porque estas modalidades no tienen por qué competir entre sí”, sentencia Roger.

“La otra cuestión es que los números tienen que dar. Los precios no pueden ser tan bajos que a ninguna empresa privada e incluso a algunas públicas no les salga a cuenta o no les den los números para intervenir”, explica Burón. Porque otra de las escasas certezas dentro del laberinto inmobiliario es que faltan casas asequibles para alojar a las familias que las demandan. En concreto, unas 700.000, según afirmaba el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el pasado septiembre, tras corregir al alza las 600.000 que la entidad había estimado en un informe anterior.

Pero esto no quiere decir que no se pueda llegar a un acuerdo y a unos límites sobre el beneficio. “Cuando un inversor privado quiere invertir a tres o cinco años y quiere ganar dos dígitos de beneficio, es imposible que se dé una colaboración público-privada simbiótica y no parasitaria. Pero hay inversores privados que quieren invertir a largo plazo para ganar a un dígito, ahí hay una oportunidad de colaboración porque hay empresas que quieren ganar dinero de forma responsable y segura. No todo inversor privado es un buitre”, explica Burón.

“La construcción de un hospital o una universidad son inversiones a fondo perdido, sin embargo, la vivienda ofrece un retorno. Por eso es incomprensible que no se hayan tomado medidas hasta ahora”, concluye Roger.

Victoria (65 años) y sus dos nietos menores han tenido que dejar este miércoles la casa en la que residían, en el barrio madrileño de Villaverde, tras una orden de desalojo. Es otra historia cruda que ahonda en la herida social abierta por el problema de la vivienda y que también está marcada por la violencia machista. La madre de las pequeñas fue asesinada en 2023 a manos de su expareja. Era la víctima número 49 de ese año. En 2026 el sistema falla de nuevo, esta vez en forma de desahucio, al haberse ejecutado el lanzamiento de la casa que habitaba la abuela y sus dos nietos de 5 y 10 años. 

“Llamamos a Servicios Sociales, a Samur Social, a la policía, a atención a víctimas, hablamos con representantes políticos y acudimos a otras instituciones, pero todo era un laberinto”, explica Silvia González, de la asociación vecinal La Unidad de Villaverde. “Creo que lo primero que ha fallado es la información —porque esta gente ni siquiera sabe a qué recursos tiene derecho— y también la justicia gratuita, porque su abogada de oficio no se presentó en el desahucio y envió a un procurador”, concluye.

La mujer contaba con un informe de vulnerabilidad, que en este caso, sirvió de poco. “La cuestión de qué es ser vulnerable, de cuándo un juez considera si se debe aplicar o no esta categoría, es una categoría lo suficientemente arbitraria como para que al final los juzgados tengan demasiado margen de maniobra a la hora de ejecutar desahucios”, explica la abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto. “Al final termina sucediendo esto, que hay casos en los que, aun contando con informes acreditados, se termina ejecutando el desahucio”, concluye.

El caso de Victoria empieza con un préstamo hipotecario de 168.429 euros que pidió en 2003. Años después, no pudo pagar, como le ocurrió a muchos ciudadanos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2007, de forma que terminó contrayendo una deuda con Caixabank. Los autos y resoluciones sobre la vivienda se acumulan desde, al menos, 2018, de acuerdo con la documentación judicial a la que ha tenido acceso infoLibre. 

La situación de vulnerabilidad ya era patente y en 2020 solicita la suspensión del lanzamiento por encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad. El juzgado reconoce que “la documentación aportada acredita que el inmueble constituye la única vivienda y residencia habitual”, además de señalar que, en ese momento, Victoria tenía hijos menores a cargo. Recoge, además, que Victoria trabaja como empleada de hogar y que posee una renta de 400 euros mensuales. 

Con todo, el proceso de desahucio sigue adelante y posteriormente, su casa pasa a manos de Circleville S.L, una sociedad cuyo objeto social es la adquisición, enajenación, tenencia y explotación de bienes inmuebles. En 2020 se solicita una suspensión del lanzamiento y se le concede una moratoria hasta 2024. En medio de todo, en 2023, tiene lugar el asesinato de su hija y se hace cargo del cuidado de sus nietos.

Y aquí, de nuevo, el sistema falla, ya que desde el entorno de la familia explican que no recibían ninguna ayuda: “Por no tener, no tienen ni beca comedor los niños”. En casos de orfandad por violencia machista, los niños tienen derecho a una pensión que varía en función de la situación particular de cada caso, pero que está pensada para respaldar, en la medida de lo posible, la situación de desamparo en la que quedan los menores. “Ser hijo de una mujer asesinada es una situación de vulnerabilidad de libro”, explica Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres. Aunque también apunta que en el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, destinado a dar apoyo económico a descendientes de mujeres asesinadas por violencia de género, ven muchas situaciones en las que las familias tienen dificultades para enfrentarse al trance burocrático de las solicitudes.

El capítulo más reciente de esta historia ha terminado con el desalojo de la familia, cumpliendo la orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid. La abuela apenas cuenta con unos ingresos actualmente de 600 euros, de acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que las ha acompañado en este trance. Su idea, explican, era tratar de lograr un acuerdo para obtener un alquiler asequible, aunque no tuvieron ocasión. 

Más allá de los pormenores judiciales, cuesta imaginar una situación de mayor vulnerabilidad, y desde la FRAVM, se muestran sorprendidos: “No nos esperábamos que el juzgado no fuese a aplazar el desahucio, porque tenía un informe de vulnerabilidad respaldado por los Servicios Sociales de Madrid”. Cuentan que la familia no percibía ayudas y que “ellos mismos se han tenido que buscar una alternativa habitacional a través de unos familiares”. 

El sistema ha fallado de muchas maneras diferentes en esta historia, pero en lo que tiene que ver con la vivienda, siempre se dan resonancias parecidas. Lidiar con un proceso burocrático y judicial complejo en el que la otra parte, en este caso una entidad inmobiliaria, siempre tiene más medios económicos, o saber a qué prestaciones sociales acudir no siempre es fácil. “El desconocimiento, el lenguaje jurídico o la burocracia son un obstáculo para el acceso a la justicia y mucha gente termina siendo desahuciada porque en un primer momento recibe una notificación que no entiende”, señala Alejandra Jacinto.

Para los expertos en vivienda, la categoría de “vulnerable” no protege como debería a los inquilinos que entran dentro de este conjunto. “El Observatorio DESCA de vivienda sacó el año pasado un informe en el que decía que solo se estaban frenando el 27% de los desahucios y esto es porque al final estos informes de vulnerabilidad que realiza Servicios Sociales son difíciles de obtener y aun cuando se emiten, los jueces no los consideran suficientes”, explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Nos ha pasado en el caso de compañeras con discapacidad reconocida y con el caso de Maricarmen”. Este último hace referencia a una mujer de 87 años cuyo desahucio se paró en Madrid por la presión social.

“A la hora de interpretar la vulnerabilidad, hay bastante margen de maniobra para los jueces. Algunos, si no aportas toda la documentación, no te la conceden; otros, si no se da una disminución sobrevenida de los ingresos, tampoco la aceptan (dejando fuera situaciones de precariedad crónica); y otros se acogen a lo que opine Servicios Sociales”, enumera Jacinto.

“Se han quedado sin casa, pero el problema no acaba ahí”, protesta González, que desde la asociación vecinal de Villaverde ha visto muchos casos similares. “Intentaremos apoyarles en este proceso y ponerles en contacto con otras personas que hayan pasado por lo mismo para que sepan los pasos a seguir”, concluye.