Renfe suprimirá la circulación de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, de los que 272 son de alta velocidad y larga distancia y 683, de media distancia, según la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, que recoge EFE.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos (que no incluyen Cataluña y País Vasco) para la huelga del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 75% en horario punta y del 50% en el resto del día en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías. Así, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán esos días como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%, y de los 1.960 de media distancia, circularán 1.277, el 65%.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El ministerio lleva dos días reuniéndose con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las tres jornada de huelga. El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. 

Así, además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. 

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de viajeros que no podrán utilizar los servicios ferroviarios por la situación de huelga y que asimismo el transporte aéreo y por carretera se verán afectados, se ha estimado que un porcentaje mínimo del 73% de los trenes es necesario para asegurar los servicios esenciales para la comunidad. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el servicio de transporte por ferrocarril de largo recorrido, que prestan Renfe, Iryo y Ouigo se verá afectado totalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector ferroviario y especialmente en las empresas operadoras, coincidentes en las fechas y en determinados itinerarios, lo que multiplica la anormalidad en el servicio de transporte por ferrocarril.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, capitanea la primera reunión con los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario -CCOO, UGT y Semaf- para buscar un acuerdo que permita evitar las tres jornadas de huelga convocadas para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, según recoge EFE.

Además de Puente, por parte del ministerio asisten el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de forma telemática; los presidentes de Adif y Renfe, Pedro Marco y Álvaro Fernández Heredia, respectivamente; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

La reunión de hoy, que se celebra tras una concentración convocada por todos los sindicatos del sector ferroviario que tuvo lugar el martes delante del ministerio, se considera como "una primera toma de contacto" por parte de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales la consideran "una reunión preliminar", en la que se abordará el conflicto -surgido a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida- "a grandes rasgos".

Según fuentes del sindicato de maquinistas Semaf, las posiciones son "distantes", ya que piden "un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España".

La parte social exige un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Dado que el ministerio solo ha convocado a la reunión a los sindicatos mayoritarios, aunque las movilizaciones están convocadas también por CGT, SF y SCF, estos últimos lo tachan de "una maniobra para silenciar a quienes alertan de los riesgos reales del sistema ferroviario".

CGT ha denunciado este miércoles la decisión del ministro de anunciar reuniones con organizaciones sindicales del sector ferroviario, "excluyendo deliberadamente a parte de la representación legal de las personas trabajadoras, entre ellas al propio CGT". "No es un error administrativo, es una decisión política consciente", ha subrayado CGT, que incide en que "es uno de los sindicatos con mayor implantación en el conjunto del sector ferroviario, tanto en empresas públicas como privadas, con representación en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo".

Para CGT, este comportamiento "evidencia una falta absoluta de voluntad política para afrontar el problema real del ferrocarril", ya que, en su opinión, la solución no puede abordarse por colectivos aislados, ni por empresas, ni mediante acuerdos parciales. La situación del ferrocarril exige la participación y la corresponsabilidad de todos los actores implicados: los ministerios competentes, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, las empresas públicas y privadas y la representación legal de las personas trabajadoras, ha agregado.

El sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha convocado tres días de huelga —del 9 al 11 de febrero— para reclamar "un cambio inmediato del modelo" que priorice la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía, tras los accidentes de los últimos días.

La CGT ha denunciado en un comunicado el "colapso operativo cada vez más evidente" del sistema ferroviario, por lo que apoyará una huelga que ya anunció este miércoles el sindicato de maquinistas Semaf.

El sindicato del sector federal ferroviario ha señalado que este "colapso" se ha provocado por "la liberalización sin control, la externalización masiva y la precarización estructural", una serie de factores que, a juicio de la organización sindical, han comprometido la seguridad ferroviaria.

Por todo ello, han pedido "colocar de nuevo en el centro la seguridad en la circulación, la calidad del servicio y la protección de las condiciones laborales" y reclaman medidas reales, recursos suficientes y el fin de un modelo basado en la rentabilidad por encima de la seguridad.

Este anuncio ocurre un día después de que el sindicato de maquinistas Semaf convocara una huelga para esos mismos días como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

CGT pide no tratar los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) como hechos aislados ni como errores puntuales, pues "son el reflejo de un modelo que ha debilitado la capacidad de prevención, mantenimiento y respuesta ante incidencias".

Así, han denunciado que el modelo pone en riesgo la seguridad y lo que ha ocurrido "no es casualidad, sino consecuencia directa de años de privatización encubierta, abandono de la red convencional y desmantelamiento de medios y plantillas".

Esta situación, ha insistido CGT, no afecta a un único colectivo, sino que compromete a todas las personas que sostienen el ferrocarril: circulación, infraestructura, personal a bordo de los trenes, personal de empresas auxiliares y contratas, junto con el personal de conducción.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad del sector ferroviario: "No es momento de dividir ni de buscar culpables entre trabajadores. La respuesta debe ser colectiva, inmediata y dirigida hacia quienes han tomado decisiones políticas y empresariales que han roto el modelo", han resaltado.

La organización ha recalcado que el pasado 26 de septiembre se le remitió una carta al Ministerio de Transportes en la que se alertaba de la degradación del modelo ferroviario y del impacto directo sobre la seguridad, aunque esa comunicación, han asegurado, no obtuvo respuesta.

"El sistema ferroviario está en plena crisis operativa y reputacional. No vamos a permitir que se siga jugando con la vida de la ciudadanía y de las plantillas. Es momento de actuar y de exigir responsabilidades", han concluido.

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y para poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.

"Daremos un paso de gigante para ser un país civilizado en materia de relaciones laborales (...) Lo que hay ahora es anacrónico", ha dicho en rueda de prensa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en referencia a los dos días actuales por fallecimiento, ampliables a cuatro cuando se requiere desplazamiento.

Una vez pactado con los sindicatos, el Ministerio negociará con los grupos parlamentarios para garantizar que la norma consigue los apoyos necesarios para su aprobación, si bien Pérez Rey se ha mostrado convencido de que tendrá un respaldo mayoritario puesto que se trata de "una necesidad sentida por el conjunto de la sociedad española". El secretario de Estado ha lamentado que la patronal se haya "autoexcluido" del acuerdo "por cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo".

Trabajo dio por finalizada la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, tras su negativa a modificar el permiso por duelo y a poner en marcha otros dos nuevos, fundamentalmente por el coste que supone para los empresarios. "Aquí debería estar la patronal y no lo está", ha dicho Pérez Rey, que ha pedido a la CEOE "que deje de perseguir trabajadores enfermos", al tiempo que se ha preguntado "cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad tan enorme frente a las personas que peor lo pasan".

"Nadie puede incorporarse al trabajo a los dos días de ver cómo ha fallecido un hijo. Nadie puede trabajar en condiciones normales cuando tiene a alguien que está pasando sus últimos días en un hospital. Las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas", ha añadido.

El acuerdo es, en esencia, la propuesta que desde un primer momento planteó el Gobierno, con la que los sindicatos ya estaban de acuerdo, pero se han añadido mejoras técnicas para evitar que la redacción de la norma pueda quedar a albur de interpretaciones en los tribunales, llegado el caso.

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo, que estos permisos son "una necesidad frente a una anomalía legislativa" y ha considerado desafortunada la "gran insensibilidad" mostrada por la organizaciones empresariales en esta negociación.

A su juicio, si tanta preocupación hay en la empresa por el aumento de las bajas laborales, deberían haber tenido en cuenta que en muchas ocasiones el duelo termina provocando una baja en el trabajador ante la falta de tiempo para asimilar la situación.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha asegurado que estos permisos suponen un "ejercicio de humanidad" para con los 18 millones de asalariados que tienen en plantilla las empresas españolas, a cuyos representantes ha afeado las trabas que han puesto en la mesa del diálogo social para que no salieran adelante.

Pacheco ha hecho un llamamiento al arco parlamentario para que respalden el acuerdo nacido del diálogo social y les ha pedido que eviten "tacticismos partidistas" que supondrían una "indignidad" frente a la mejora de los permisos para acompañar en la muerte y en el duelo.

A pesar de haberse alcanzado un plan de paz para Gaza, varios sindicatos españoles mantienen la convocatoria de movilizaciones prevista para este miércoles. “Seguimos movilizándonos por Palestina”, titulan CCOO y UGT un comunicado conjunto en el que exponen sus motivos para mantener los paros parciales de este 15 de octubre. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado, junto con otros sindicatos, una huelga general, como ya hizo el año pasado.

Concretamente, las organizaciones Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical se han sumado a la huelga, que se desarrollará durante las 24 horas de este miércoles. También han mostrado su apoyo colectivos como la plataforma Madrid por Palestina, la asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS). “Llevamos décadas viendo cómo el Estado de Israel viola sistemáticamente resoluciones – una tras otra- de organismos internacionales que en teoría velan por la paz en el planeta”, argumenta CGT en un comunicado.

El motivo principal de CGT para llevar a cabo esta jornada de huelga es “la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización”. Desde CGT ponen el foco en el Gobierno de España y la comunidad internacional como “cómplices” del genocidio en Gaza.

“A pesar de las movilizaciones ciudadanas para boicotear económicamente al Estado sionista, no hay evidencias más allá de un tímido comunicado de intenciones para cortar lazos con este país”, prosigue la nota de prensa. El sindicato hace hincapié en las relaciones comerciales de España con Israel, destacando las exportaciones de material militar. “Además de evidenciar la complicidad con este crimen también indica que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español”, razonan.

CGT considera que estos gastos tienen un impacto negativo en “otros servicios esenciales para la vida digna de las personas trabajadoras”. Es por esto que entre las exigencias del sindicato se encuentra el aumento de las pensiones, el incremento de ofertas de empleo público o la mayor dotación a partidas autonómicas relacionadas con la vivienda. 

Además de la huelga general, CGT ha convocado una manifestación en Madrid para el mismo día, que comenzará en Atocha a las 19.00 horas y terminará en la plaza de Callao. La organización anarcosindicalista registró la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el pasado 3 de octubre. Unos días antes, el 29 de septiembre, CCOO y UGT presentaron ante el ministerio la convocatoria de varios paros parciales.

“Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”, exponen los sindicatos en un comunicado conjunto. Es por esto que la movilización convocada para este miércoles sigue en pie, para “mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino”.

CCOO y UGT anunciaron una “jornada de lucha” el pasado 19 de septiembre, tras conocerse días antes que una comisión independiente de la ONU acusaba a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Ahora, la protesta se ha materializado en una serie de paros parciales, distribuidos en tres horquillas: de 2.00 a 4.00 horas, de 10.00 a 12.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas. 

Al igual que CGT, estos sindicatos se muestran escépticos ante el plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump. “A día de hoy seguimos sin conocer todos los detalles del acuerdo, que apenas constituye un primer paso hacia un eventual alto el fuego”, afirman en la nota de prensa. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, que también ha convocado una huelga estudiantil este miércoles, ha tildado el acuerdo de “una farsa”.

“Estamos aquí porque tenemos que intentar no perder los que hemos conseguido hasta ahora”, dice Lorena Martín, trabajadora del sector de la seguridad privada. “Cuidamos a familiares dependientes y eso también es un trabajo. Es incompatible con cualquier otra actividad y estamos aquí para reclamar que sea reconocido como tal”, cuenta Jana, de 35 años, a quien acompaña su hijo pequeño de tres años, con una enfermedad que le requiere cuidados continuos. Las de Lorena o la de Jana son solo algunas de las voces que este jueves se han escuchado en la manifestación del Primero de Mayo de Madrid, una concentración que ha transcurrido con un ojo puesto en la “ola reaccionaria internacional”, y otro en los derechos laborales de los trabajadores españoles, con la reducción de jornada como objetivo más próximo.  

La capital amanecía menos transitada de lo habitual y, aunque se notan las primeras horas del puente de mayo, la concentración de personas comenzaba a notarse en Gran Vía. Aun entre el tráfico y mezclándose con turistas y paseantes, en torno a las 11 de la mañana han sido los representantes sindicales y las autoridades políticas los encargados de abrir el acto. Del lado de las agrupaciones sindicales Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT) se han referido a un Primero de Mayo “especialmente importante” y han hecho referencia al “auge de los fascismos” y al cuestionamiento de derechos básicos como la salud, la educación o la libertad de expresión. “Estamos ante el riesgo de la involución reaccionaria más importante desde la II Guerra Mundial”, señalaba Sordo minutos antes del inicio de la marcha.

Bajo el lema “Proteger lo conquistado, ganar futuro”, han marchado los sindicatos UGT y CC OO —organizadores de la marcha— junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la titular de Seguridad Social, Elma Saiz; el de Transformación Digital, Óscar López o la de sanidad, Mónica García, junto a miles de manifestantes. A nivel nacional, el Primero de Mayo se replicó en diversas ciudades, reflejando reivindicaciones comunes como la reducción de la jornada laboral, cuya tramitación comienza la semana que viene, mejoras salariales y la defensa de los derechos laborales. En las intervenciones ha tenido un especial protagonismo el contexto internacional y la “ola reaccionaria” que, según los secretarios sindicales, promueven dirigentes como el presidente norteamericano, Donald Trump, o al argentino Javier Milei. “Quiero pedirle a las personas trabajadoras de mi país que salgan a la calle porque la internacional del odio, odia la igualdad, odia los derechos LGTBIQ+, odian a los migrantes, odian nuestros derechos sociales”, insistía Álvarez.

En los primeros momentos de la concentración, mientras las personas se agolpaban en Gran Vía, la calle no se había cortado y el tráfico aún seguía circulando. La representante madrileña de CC OO, Paloma López, acusó al ayuntamiento de Madrid de entorpecer la marcha e intentar “que no se vea a los trabajadores en la calle”. En la misma línea, Susana Huertas, de UGT, se disculpó con los medios y con los asistentes y señaló que “los permisos estaban pedidos”, aunque no les fue posible iniciar el acto tal como estaba previsto, porque no habían llegado las autorizaciones por parte del Ayuntamiento.

Más lejos de los focos, pero poniendo sobre la mesa problemas laborales de toda clase, han marchado miles de personas con diferentes reivindicaciones. En el ámbito de la educación, Diego, profesor de francés en un instituto público madrileño, habla de la dificultad de dar clases con unas ratios de alumnos por aula elevadas y de la escasez de medios con los que cuentan para atender a la diversidad o para centrarse en las clases. “Necesitamos un plan que nos quite cargas burocráticas para poder dedicar la mayor parte de nuestras fuerzas a enseñar, a trabajar en el aula y no simplemente a realizar informes”, concluye. Unos pasos más atrás, van trabajadores de la universidad pública madrileña, que llevan tiempo reclamando la infrafinanciación y el mal trato que reciben por parte de la Comunidad. Agitan una pancarta que resume su petición: “Ante el ataque del gobierno de la Comunidad de Madrid defendemos la universidad pública”.

Unos metros más atrás, al grito de “cuidar también es trabajar”, las compañeras de Jana, miembros de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, piden ayuda para que su trabajo deje de ser invisible y lograr así cotizar a la seguridad social. “Necesitamos un sueldo, un trabajo digno, una ayuda, porque son muchas las personas (sobre todo madres) que lo tienen que dejar todo cuando tienen un hijo o un familiar con una enfermedad grave”, explica Carmen Laguna, de 54 años y con un hijo dependiente de 24. “Cuidamos todas las horas de todos los días, no nos podemos poner enfermas, no tenemos bajas. Somos trabajadoras profesionales, aunque la ley nos quiera llamar de otra manera”, concluye.

La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas es otra de las medidas que hoy tiene protagonismo, ya que su tramitación —que se aplazó a la semana próxima debido al apagón general en España que tuvo lugar este lunes— llegará al Consejo de Ministros el martes para ser convalidado por los grupos. La norma se enfrentará a un trámite parlamentario duro, puesto que no cuenta con mayoría para su aprobación, pero Yolanda Díaz insistió en su intervención en que los contactos con Junts iban por buen camino: “me parece que hay margen para la negociación y para mejorar la vida de los pequeños empresarios”. También ha tenido palabras para el Partido Popular y ha pedido a los diputados de esa formación que estén “a la altura de las circunstancias” y usen su voto “para mejorar la vida de la gente”.

Si llegase a buen puerto, los trabajadores que aún no cuenten con esto en sus convenios, verían reducida su jornada laboral ordinaria máxima de 40 a 37 horas y media, lo que supone 30 minutos menos por día. El plazo para su puesta en marcha, señalan desde el Ministerio de Trabajo, abarcaría hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el que las empresas ya tendrían que establecerlo con normalidad. Además, el decreto contempla un mayor control de las horas extra, con la obligatoriedad de establecer un sistema de fichaje digital que diese acceso directo a Inspección de Trabajo. 

En términos económicos, la movilización de este 2025 llega en un momento fuerte para la economía española, que según los organismos monetarios está resistiendo bien las tensiones derivadas de los aranceles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo la previsión de crecimiento de la economía española en el 2,3%, para 2025, y en el 1,8% para 2026, siendo el único país en el que se han mantenido las estimaciones realizadas antes de la crisis arancelaria. Por otra parte, el empleo no tuvo el mejor comportamiento en el primer trimestre del año, en parte porque en 2025 los datos de la Semana Santa se recogen en el segundo tramo del año. El paro se situó en 2,79 millones, un 11,36% y el número de ocupados se situó en 21,7 millones. 

“Hoy es nuestro día y debemos reclamar por quienes ya no trabajan y por quienes lo harán más adelante, para que no pierdan lo que tenemos y consigan más”, explica Lorena Martín, que porta camiseta, pegatina y bandera de UGT. Ella trabaja como guarda de seguridad y cree que “aunque se hayan conseguido unas cuantas cosas”, aún quedan muchas en el tintero. “Esto es una herencia, mi padre era sindicalista y luchó por muchos derechos que luego nos quitaron y que estamos volviendo a conquistar”. Mientras se despide sonriendo, señala que cuando tengas nietos, los traerá al Primero de Mayo.

Alrededor de 13.000 leoneses han salido este domingo a las calles en una manifestación organizada por los principales sindicatos en la que también han participado líderes políticos y varias plataformas para reclamar un futuro para una provincia "enferma terminal" y "en permanente crisis", según informa EFE.

Así lo han asegurado, en declaraciones a los periodistas y minutos antes de iniciar la marcha, los portavoces de los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, CGT y USO, que han partido unidos y sujetando una pancarta con el lema de la manifestación 'Más soluciones, menos cuentos'.

"No pedimos limosna, queremos un plan estratégico y urgente que revitalice esta provincia. León existe y empieza a rugir hoy de nuevo", ha afirmado el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero.

La provincia "es un enfermo terminal en permanente crisis" pero que saldrá de esa situación, ha asegurado el secretario provincial de CGT, Jesús López, convencido de que a León le han robado "el pasado y el presente pero no el futuro". 

"Necesitamos recursos para León gestionados por gente de León", ha añadido.

La secretaria provincial de CC.OO, Elena Blasco, ha exigido por su parte "un plan integral que haga resurgir la actividad económica, industrial y los servicios".

"Esperemos que a partir de hoy cambien todas las situaciones, porque la lucha va a ser continuar", ha apuntado por su parte el líder de USO, Antonio Nicolás.

Seis tractores han abierto una marcha que ha salido a las doce de la mañana de la plaza de San Marcos, y en la que el campo ha aprovechado para lanzar también un grito de auxilio y reivindicar que el futuro de la provincia leonesa está ligado a la ganadería y a la agricultura.

Estos vehículos no han podido concluir la manifestación ante la imposibilidad de acceder al casco histórico, aunque sí lo han hecho sus ocupantes a pie.

La manifestación ha tenido un marcado carácter leonesista, con varias alusiones a la autonomía de la región leonesa mediante la palabra 'Lexit', que se ha repetido en numerosas ocasiones al igual que el número 18 y la presencia de miles de banderas de León.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha repartido más de mil de estos emblemas para los participantes en una manifestación que llega en un momento de debate sobre la pertenencia de León a la comunidad autónoma de Castilla y León, después de que sesenta ayuntamientos incluido el de la capital y la diputación hayan suscrito una moción para pedir que el León sea la autonomía número 18 de España.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), que recientemente ha encargado un estudio sobre la viabilidad de esa autonomía para León, también ha participado en una manifestación en la que ha destacado el apoyo que la ciudadanía ha mostrado a esa posibilidad.

"Los leoneses estamos convencidos de ese deseo y ese anhelo, y los representantes tenemos que transmitirlo fuera de nuestras fronteras, este deseo justo por esa autonomía para León", ha añadido.

Arrancó el pasado 12 de junio. Mario Gálvez es un joven del municipio de Prado del Rey (Cádiz), diplomado en Ciencias de la Educación que dijo sí a un contrato de formación en un supermercado franquiciado de Eroski ubicada en la también gaditana localidad de El Bosque porque sus padres son dependientes y quería “ayudar en casa”. Pero ha acabado despedido y usando la red social TikTok para denunciar los motivos en un vídeo que ha superado los dos millones de reproducciones.

Relata que el horario estipulado en su contrato nunca se respetaba en la práctica y cuando comunicó a su jefe que un sábado, día que solía empezar a trabajar “a las 8 de la mañana” para acabar “sobre las 10 de la noche”, sólo podía acudir a su puesto por la tarde, cumpliendo aún así "con sus horas", por un asunto personal, este le espetó que “estaba despedido y que no volviera el lunes. El joven se negó a irse sin una copia del contrato, que sí firmó, pero que "nunca" le habían proporcionado. Tuvo que llegar incluso a hacer el amago de llamar a la Policía. Sólo entonces se lo dio, de acuerdo a su versión. Y hay más. “Decía que era su forma de trabajar y que, cuando cobrara, de los alrededor de 1.000 euros, le tenía que llevar unos 200”, asevera Mario a infoLibre. “Otro chaval se fue de la empresa por algo parecido”, engarza.

Ha querido difundirlo en redes para que “no le pase a más gente joven porque no es nada justo” y para que “los empresarios tomen conciencia de que no pueden hacer estas cosas”. Desde la publicación del vídeo se ha puesto “mucha gente” en contacto con él. “En una semana me han llegado más de 2.000 mensajes”, dice, de quienes han pasado por situaciones parecidas o conocen a quién lo ha hecho. “Se piensan que por ser jóvenes somos tontos”, le resumió una de esas personas. “He intentado hablar con la máxima gente posible, sobre todo con los que tienen situaciones familiares parecidas o querían aportarme algo”, narra algo desbordado.

Manifiesta haberse sentido arropado por "la mayoría" de todos los que han reaccionado a su vídeo, aunque tampoco han faltado comentarios del tipo: “Bienvenido al mundo laboral”, que no comparte. Ahora busca empleo. Anota que tras el revuelo que se ha formado en redes con su testimonio le han ofrecido "uno en Madrid", aunque le ha sido "imposible" aceptar. "Tengo ganas de trabajar", proclama, pero intentará quedarse por su zona de residencia debido a la situación familiar.

En cualquier caso, no se ha quedado ahí. Mario ha puesto lo sucedido en conocimiento del sindicato CGT, desde donde lamentan que haya tenido que comprobar en primera persona “como son las relaciones laborales con muchos empresarios de este país, viendo truncadas sus expectativas de subsistencia por un empleador desalmado”. La asesoría jurídica de la organización sindical, desde la que celebran que el joven “no se haya callado”, interpondrá “las correspondientes actuaciones judiciales”, así como “ante la Inspección de Trabajo de Cádiz”.

Este periódico ha contactado con el empresario, que prefiere no dar su nombre y que tiene un visión muy distinta de lo sucedido. Sitúa entre el 14 de junio y 4 de julio el tiempo en el que el empleado ha trabajado en su establecimiento. Afirma que lo despidió porque "había días que no cumplía su horario". Detalla que en una ocasión "sólo fue un par de horas" y además "no hacía su trabajo bien". Niega que no quisiera darle una copia del contrato. Tuvo que pedirle a su asesor que se lo enviara y por eso, expone, no se lo pudo entregar inmediatamente. Y, por último, garantiza que lo de los 200 euros "no salió de su boca". Le ha ingresado todo lo que le correspondía, según su contrato, y se queja de que el joven le está "destrozando la vida". "Si quiere denunciar, que denuncie, pero no son formas. Tengo testigos de todo y he intentado dar mi opinión en Tiktok para que la gente conozca las dos partes de la historia, pero, como no le interesa, borra los comentarios", concluye. 

Desde el lado de Eroski han querido dejar claro que "la relación laboral que ha mantenido el trabajador ha sido con otra empresa", al "tratarse de una franquicia". Por tanto, "en las decisiones que haya podido tomar esa empresa, Eroski no ha intervenido". A esto agregan que "las buenas prácticas forman parte" de la "identidad cooperativa" de Eroski y su "objetivo" es "velar por un trato justo para todas las personas que trabajan en establecimientos" bajo su marca. En este asunto, "a Eroski le ha sobrevenido una situación ajena a su control, que le puede ocasionar daños y perjuicios, especialmente el reputacional". "Y es por ello -señalan- que se reserva las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos intereses y derechos".

“El compañero Mario, ha tenido la valentía de explicar cómo son las relaciones laborales habituales de un Jospe”, deslizan fuentes de CGT. Han acuñado ese término, para definir a los Jóvenes sobradamente preparados y explotados “a manos de empresarios sin escrúpulos”. Critican que “la patronal andaluza y española sigan ancladas en épocas pasadas en las que cualquier persona empleada debía ser servil, permanecer callada y agradecer que le debe el puesto de trabajo por muy precario e indignante que sea. Quieren personas esclavas en lugar de asalariados con derechos”, censuran. Y es que declaran que el de Mario, a quien llegaron a pedirle una "comisión por darle trabajo", no "es un caso aislado”. Otros jóvenes vinculados al sindicato han recurrido a Tiktok para evidenciar las precarias condiciones laborales que soportaban en grandes superficies comerciales.

De hecho, Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, lo constata: “En el sindicato tenemos constancia de que en el medio rural de Andalucía están pasando cosas así e incluso peores. Se cometen todo tipo de abusos porque no llega la Inspección de Trabajo, a menudo por ser lugares remotos, no hay organizaciones sindicales y a la gente le cuesta denunciar porque son vecinos del pueblo”, transmite a este diario.

“Mario, como es un chico con estudios, se ha plantado”, apostilla, para añadir: “En el sector del telemarketing, por ejemplo, tenemos un montón de personas universitarias perfectamente preparadas cogiendo llamadas porque no tienen ocupación de lo que han estudiado y algunas han acabado en un expediente de regulación de empleo (ERE) como el de la empresa Konecta. Y hay en servicios de limpieza u otros de los considerados precarios, pero que, como tienen la necesidad de comer todos los días, se agarran a un clavo ardiendo y acaban haciendo multitud de horas”, advierte.

Antes que el joven gaditano, Carmen, la usuaria de TikTok @rayomcqueer_, se hizo viral por quejarse de las condiciones de su trabajo en una cafetería. Aunque también aireó una lista de cosas respecto al comportamiento de sus clientes. En un vídeo, la joven afeaba cuestiones como la hipervigilancia en su empleo, ya que el establecimiento contaba con un circuito de cámaras, o que hubiera un grupo de WhatsApp de los empleados. Acabó despedida y luego ha seguido poniendo el foco a veces en la precariedad laboral que sufre la juventud. Y Leticia, @vazquezleeti hizo públicos impagos por parte de una empresa con la que había trabajado de camarera en dos eventos musicales. Sin contrato, sin plus de nocturnidad, sin horas y con la información enviada a través de un grupo de WhatsApp. Así resume las condiciones laborales con las que se topó.

Cristo, @crisblack473, se ha colocado en el mismo escaparate para ironizar sobre la hilera de contratos que ha encadenado en un año. "Estuve de prácticas en una empresa, tres meses de colaborador en una revista, dos meses en un restaurante como camarero, un mes en una cervecería y dos semanas de colaborador en una revista" otra vez, sintetiza. En ese punto lo despidieron, al día siguiente lo contrataron "en Zara para nueve días". Al menos, únicamente estuvo "un día en paro", subraya en su perfil de Tiktok.

Los jóvenes no lo tienen fácil en el actual mercado laboral. Como sostiene el profesor de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes, en el libro La desigualdad de España, editado por Lengua de Trapo y el Círculo de Bellas Artes, los nacidos en los 80 “han vivido en una sociedad cuya renta per cápita a los veinte años de edad es aproximadamente la misma que a los 35, lo que habla de tres lustros de estancamiento”. Tal vez por eso, han perdido el miedo y usan las redes sociales como altavoz para dejar constancia de sus experiencias, en ocasiones áridas, laborales. 

El concepto “Nómina abril maricón” que aparecía en la transferencia con la que una panadería del municipio malagueño de Coín pagó a un trabajador ha desembocado en una demanda en los tribunales. J. C., el empleado que se encuentra aún de baja por ansiedad, ha interpuesto una a través de la cual reclama el autodespido por violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por su condición sexual, recogidos en la Constitución, después de que fuera imposible el entendimiento con la empresa, La Semilla de Oro, S.L., en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Málaga.

“Ya se ha interpuesto este viernes la demanda en el juzgado, tras no haber sido posible el acuerdo en el CMAC, para solicitar ese autodespido, una indemnización adicional, porque entendemos que se han vulnerado los derechos fundamentales y, como medida cautelar, que si el trabajador es dado de alta médica, se le exima de acudir al trabajo hasta la sentencia”, confirma a infoLibre, Cristina Morones, graduada social de la oficina jurídica del sindicato CGT, que se ha puesto a los mandos del caso.

¿Qué es el autodespido? “Se conoce la figura del despido, pero el empresario tiene unas obligaciones y, si no las cumple, el trabajador puede solicitar el autodespido, la extinción de la relación laboral con la indemnización propia de un despido improcedente, 33 días por año trabajado, y además se tiene derecho a las prestaciones por desempleo”, expone Morones. Y añade: “En este caso se ha incumplido la obligación recogida en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que éstos tienen derecho a no ser discriminados entre otras cuestiones, por razones de orientación sexual -apartado c, del punto 2 del mencionado artículo-. Si la empresa no te paga las nóminas, o lo hace con retraso durante varios meses, igualmente se puede pedir”.

El autodespido se rige en esencia por los artículos 40, 41 y 50 del Estatuto de los Trabajadores, que establecen las condiciones bajo las cuales un empleado puede decidir dejar su puesto y recibir compensación por ello. En concreto en el 50, se fijan las circunstancias específicas en las que se puede abandonar un trabajo con la máxima indemnización correspondiente a un despido improcedente y el derecho al desempleo. Son tres: una modificación sustancial que menoscabe la dignidad del trabajador; la falta de pago o retrasos en el salario; o el incumplimiento grave de las obligaciones de la empresa.

Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT Andalucía, incide en que “el autodespido es una de las opciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley reguladora de la jurisdicción social para cuando hay situaciones de acoso, de menoscabo de la dignidad u otras extremas”. “Por eso lo hemos planteado -enlaza- porque el compañero ha sufrido un trato vejatorio impropio del siglo XXI”. Montenegro no duda en aseverar que, el empresario, quien ha negado ser homófobo agarrándose a argumentos como que con ellos trabajan varias lesbianas, “no ha querido llegar a un acuerdo, sabedor de lo que están tardando los juicios por los retrasos que hay en la Justicia”.

Aporta un dato: “Estamos teniendo señalamientos ya para 2029”, lamenta, para añadir: “Si esta demanda cae en uno de los juzgados de lo Social, de los 14 que tiene Málaga, que esté más atascado, como pueden ser el 11 o el 2; habrá que ver cuándo lo señalan. Aunque, al tratarse de derechos fundamentales, debe tener la prioridad de juicio preferente, pero, visto lo visto, pueden pasar dos años. El empresario ha querido dar una patada hacia adelante”, sostiene.

Montenegro desvela que en CGT creen que la famosa nómina “fue un golpe más de la empresa para invitar al compañero, que ya estaba de baja entonces, a que se fuera, después de haberlo vejado desde que se conoció su condición sexual”. La organización sindical asegura que “se le modificaron turnos, horarios” y se le hizo “la vida imposible”. “Y todavía no ha cobrado la nómina del mes de mayo”, apostilla el secretario de Organización.  

Desde la organización sindical afean que, “tres semanas después de su incalificable actuación, el empresario no haya aprendido nada y compareciera ante el CMAC acompañado de abogada para oponerse a la solicitud de autodespido del panadero menospreciado por su condición sexual, solicitando del letrado conciliador un acta sin acuerdo”. Ello “mientras persiste en continuar con la asfixia económica”, al “no haber abonado las retribuciones correspondientes a la nómina de mayo a J. C., pese a ser mitad de junio”, recalcan. E hilvanan: “Confiamos en que al menos en la identificación de la operación bancaria, se limite a poner nómina de mayo esta vez”.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, CGT implicó a la Inspección de Trabajo a través de dos denuncias: una “por los hechos muy graves contra la dignidad del trabajador por su condición sexual” y la segunda “por el retraso" en la inyección del salario, por "no respetarse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por infra cotizaciones a la Seguridad Social, excesos de jornada no retribuidos e incumplimientos múltiples del convenio colectivo, tanto en materia económica como laboral”. Las dos están siendo investigadas, tras haber sido admitidas a trámite.

Por último, Morones ha armado varias reclamaciones para exigir ante la Seguridad Social el cambio de contingencia de la Incapacidad Temporal (IT) que padece el trabajador, para que sea considerada derivada de accidente de trabajo, y las diferencias retributivas asociadas a las horas extraordinarias que no han sido retribuidas en el último año; así como solicitar un embargo preventivo para garantizar el puntual ingreso en la cuenta de las nóminas, "ante las actuaciones del empresario".

El trabajador ha querido hacer público, vía la organización sindical que lo está respaldando, que seguirá “luchando” para que “cosas así no queden impunes” y para “poder ayudar y dar fuerza a la gente” que se encuentre en circunstancias similares a las suyas para que “no se callen y denuncien”.

Los sindicatos defienden que el “sindicalismo es un pilar transformador” de las democracias que mejora “la vida de la clase trabajadora”. Pero, ¿sigue teniendo sentido afiliarse a un sindicato en el siglo XXI o son organizaciones ligadas al pasado? En los cuatro primeros meses de 2024, las centrales sindicales se han visto implicadas en una hilera de negociaciones laborales en un arranque de año "muy activo", y algunas han acabado en éxito para los representantes de los trabajadores, más allá de los que se atribuyen al diálogo social como las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sólo en lo que va de año hay varios ejemplos. 

Tras semanas de intensas negociaciones y protestas, que afectaron al funcionamiento habitual de los aeropuertos a principios de enero, los sindicatos e Iberia sellaron un pacto para crear una nueva empresa de handling –servicios de asistencia en tierra a los aviones– que garantiza el futuro del negocio y de los empleos. En otro sector, el de la banca, CCOO, UGT y FINE han logrado rubricar con las patronales Unacc y Asemecc el XXIII Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito, que incluye subidas salariales de casi el 12,48% del acumulado en tres años. Y las movilizaciones y un complejo periodo negociador de nuevo permitieron que los tres mencionados sindicatos firmaran el Convenio de Ahorro para 2024-2026, con alzas de sueldos de entre el 11% y el 14%, en función del IPC, en otros tres años. Fuentes del sector financiero de UGT aseguran que "ahora toca el Convenio de Banca" e instan a los grandes bancos a "mejorar la propuesta que han puesto encima de la mesa", dados "los beneficios que están obteniendo". "Les hemos dejado tiempo, pero esperamos una oferta decente o la cosa cambiará y habrá más movilizaciones", avisan, y rematan: "No puede ser que tras una jornada de huelga después de 34 años, vengan sin propuestas”.

Y a los tres triunfos mencionados, desde CGT y CCOO aportan otros dos significativos: el "incremento salarial en todos los centros de la compañía” arañado al Grupo Inditex, tras un abanico de protestas de las empleadas de las tiendas, entre otros colectivos; y la renovación “del plan de igualdad de Mercadona”. Respecto a la esfera textil, advierten de que los movimientos en otras empresas como H&M continuarán y recuerdan que se negocia el que podría ser "el primer convenio a nivel nacional para el sector" con la Asociación Retail Textil España (ARTE), integrada por Inditex, Mango, Primark y la propia H&M, entre otras firmas de moda, que podría afectar a 110.000 trabajadores.

Y hay más triunfos sindicales a enlazar a esos cinco de calado. "El juicio ganado a la patronal de Metalgráfica para que suban el salario a las plantillas”, o la “actualización salarial de un 10,3% a los trabajadores de la química”, señalan desde CCOO, para mostrar luego su confianza en que otros conflictos sin cerrar acaben cayendo del lado de los trabajadores, como “el del sector de Justicia, la Agencia Tributaria, la Casa de la Moneda, una demanda interpuesta a Decathlon por discriminación salarial", o los casos de "Schneider e Iveco de Madrid”.

Desde CGT enumeran algunos otros, como la “importante reducción de las tasas de jubilación adelantada fijadas por la empresa Michelín”; la crecida salarial conseguida en el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona; la “remuneración de los cuatro días de permiso por causas de fuerza mayor” en el área de Telemarketing; o el que se haya desconvocado una huelga en la planta de Motherson en Rioseco porque la empresa ha aceptado las peticiones del personal. También esta central sindical apunta a “más luchas que están abiertas y en las que CGT está dando todo por mejorar las condiciones laborales” de "las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Sevilla o en Catalunya, las profesoras de enseñanza en Madrid", los "bomberos forestales" o "los trabajadores de todos los centros del grupo Accenture" del país.

Incluso “cuando se acaba produciendo un expediente de regulación de empleo (ERE) es importante que estén presente los sindicatos para que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles para los trabajadores”, mantienen las fuentes sindicales sondeadas. En ese sentido, desde UGT hacen notar que este 2024 “han negociado y cerrado el ERE en Welhelp, con acuerdo de que se abonen 33 días por año trabajado; el de Majorel, con 30 días por anualidad, con un máximo de 18 y el 75% de voluntariedad; o el de Emergia Canarias, con 28 días por año y el 90% de voluntarios”, detallan.

Las fuentes consultadas dan otro motivo para enarbolar la bandera sindical: “Sólo en los dos primeros meses del año murieron 103 trabajadores en accidente laboral, en el tajo. Son 11 menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue siendo una cifra insostenible”, proclaman. Lo cierto es que, según datos del Ministerio de Trabajo, los accidentes con baja laboral aumentaron un 5,2% hasta febrero en relación al año anterior y se colocaron en los 97.049 siniestros, de los que 83.637 se produjeron en los centros laborales y 13.412 fueron accidentes in itinere, esto es, en el trayecto de casa al lugar de trabajo o viceversa.

Este Primero de Mayo habrá además un nexo que unirá la historia con la actualidad. A las cuatro de la tarde de hace 105 años, Barcelona se quedó sin luz y permaneció así más de 44 días entre febrero y abril de 1919 por una huelga en la empresa eléctrica La Canadiense, que se extendió a otros sectores y paralizó la ciudad. Aquella movilización, con un papel protagonista del sindicato CNT, derivó en un logro sindical que estará de alguna manera presente este miércoles para ser superado: España se convirtió entonces en el primer país de Europa en regular la jornada laboral de ocho horas. Esa reivindicación, centró, asimismo, la manifestación internacional original del 1 de mayo y la que se celebre este miércoles en España, 134 años después, tendrá una reclamación compartida por CCOO, UGT, CGT o CSIF: la reducción de ese periodo laboral para ganar tiempo de vida sin perder salarios. Un hito que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social que encabeza Yolanda Díaz creen factible "antes del verano".

Más allá del recorte de jornada, en el texto Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios rubricado por CCOO y UGT¸ sindicatos que saldrán a la calle en más de 70 ciudades del país, se refleja la necesidad de “una apuesta decidida por el pleno empleo”, de “proteger el contrato de trabajo a través de una nueva regulación del despido" que respete la Carta Social Europea, o de “la extensión de los contenidos de la llamada Ley Rider al conjunto de la economía de plataforma”. Abogan, de la misma manera, por “impulsar la política industrial y de desarrollo sectorial” y por que España aproveche “el potencial de la energía renovable a precio competitivo”, para generar “empleo de calidad”, ayudada por los fondos europeos. Piden igualmente una “reforma fiscal” y que se aborde la “asignatura pendiente” del derecho a la vivienda, con “una apuesta clara por la promoción de vivienda pública" y por "un parque público de vivienda de alquiler”.

Carlos Gutiérrez, responsable de Estudios y Formación Sindical de CCOO, pone el foco en “la recuperación del poder adquisitivo, es decir, en las mejoras salariales". "Es verdad –admite– que el año pasado se empezó a recobrar de media algo, pero esa senda debe proseguir”. Ligado al pleno empleo, sostiene que “existen varias palancas que hay que tocar para mejorar el desempleo". Las resume en tres: "La política industrial, el conocimiento y la formación de los trabajadores, y los derechos laborales, que tienen que ver con las buenas empresas que nacen y ponen en el centro de su actuación la mejora de la productividad y sitúan ahí su estrategia empresarial y no en la precariedad”.  No se olvida tampoco de “los cuidados”, que "cada vez cobrarán más importancia, porque la sociedad va hacia una mayor longevidad", advierte. Y cierra: "El Estado tiene que ser corresponsable para el despliegue de unos servicios sociales públicos universales y de calidad para abordar este asunto".

De su lado, Miguel Fadrique, secretario general de CGT, destaca “la lucha contra la precariedad laboral, que todavía es muy palpable en el Estado español y contra la brecha salarial de género", para apostar luego por "la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación en ciertos sectores con trabajos tóxicos, penosos y con alto índice de mortalidad y de siniestralidad". "Son batallas en las que aún hay que hacer hincapié todos los días, no sólo el 1 de mayo", apostilla. El eslogan para la jornada elegido por este sindicato es Recupera tu vida: por la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, que saldrá a la calle bajo el lema Todo x Todas. Porque nos jugamos el futuro. Alcemos la voz, reivindica, al margen de la demanda de 35 horas semanales, “una revisión salarial para los trabajadores del sector público” o “una mejora en la jubilación”.

Junto a lo planteado, habrá otra cuestión inevitable este Primero de Mayo: lo laboral tendrá que hacerle hueco a lo político, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cancelara el pasado miércoles su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad en el cargo, al calor de la admisión a trámite por parte de un juzgado de una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, basada en informaciones de varios medios, alguna desmentida. Sánchez ha optado por seguir al frente del Ejecutivo y liderar la pelea por lo que ha rotulado como "regeneración democrática", como UGT y CCOO han decido clamar este 1M por la "decencia democrática”.

De hecho, en el manifiesto conjunto de ambos sindicatos se asevera que “la situación política apunta a una legislatura de difícil gestión con tono encendido en la confrontación política”. “España necesita racionalizar las discrepancias legítimas entre los partidos, para emprender los consensos necesarios ante las reformas, retos y desafíos que tenemos por delante. Para ello, debiera partirse del reconocimiento a la legitimidad de la actual mayoría parlamentaria, rebajando el tono de crispación política que limita gravemente la capacidad de dar respuesta a los verdaderos problemas de la ciudadanía”, concluyen.

Los 197 operadores que atienden el servicio de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social gracias a una subcontrata con la empresa de contact-center Konecta BTO se quedan sin trabajo el próximo jueves, 5 de octubre. El Ministerio de Seguridad Social no va a volver a sacar a concurso el contrato, que lleva ejecutando personal externo desde hace casi una década. A partir del día 6, el teléfono lo atenderán funcionarios de la Seguridad Social, o al menos es lo que Konecta BTO ha comunicado al comité de empresa y de lo que algunas direcciones provinciales de la Tesorería General han informado internamente.

De manera que el comité de empresa de Konecta BTO, integrado por CGT, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera y Valorian, ha convocado un día de huelga para este mismo lunes. Porque, al expirar el contrato de la Seguridad Social, los 197 trabajadores se quedan en la calle, sin indemnización ni derecho a cobrar prestación de desempleo. “En el limbo”, según explica Goyi Sánchez, representante de CCOO en Konecta. Y, a juicio de los sindicatos, no debería ser así: reclaman que la Seguridad Social cumpla la Ley de Contratos del Sector Público y el convenio colectivo del sector de contact-centers, firmado el pasado de mes de mayo, y se haga cargo de los 197 trabajadores.

La ley, en su artículo 130.3, establece que “en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. Y eso es lo que hace precisamente el convenio colectivo en su artículo 20: determina que las plantillas se subrogarán “cuando el cliente principal extinga el contrato mercantil de la campaña o servicio para internalizar el objeto principal de dicha campaña”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se niega a subrogar a los operadores telefónicos, algunos de los cuales llevan atendiendo el 901 de la Tesorería General desde 2015, aunque sólo cobrando de Konecta desde 2019, cuando esta empresa se hizo con el contrato. Han ido pasando de adjudicatario en adjudicatario, como suele ser habitual en las subcontratas. El departamento que dirige José Luis Escrivá argumenta, tras “elevar las correspondientes consultas jurídicas”, que ahora “no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, sin precisar más. Es decir, que no le corresponde asumir a los trabajadores. Tampoco ha querido el ministerio confirmar a infoLibre si va a “internalizar” el servicio de atención telefónica para que lo presten funcionarios. Según indica, “la contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”. Konecta, concluye, “ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”.

Por el contrario, Lola Panero, responsable de la sección sindical de CCOO en la Seguridad Social, asegura que algunas direcciones provinciales sí han publicado instrucciones internas comunicando que la atención telefónica de la Tesorería la prestarán funcionarios del ministerio. Probablemente, algunos de los 2.000 interinos que se han incorporado a la Seguridad Social este año. “Pero no tenemos comunicación oficial”, se queja Panero, quien pide que este asunto se debata en la mesa delegada cuya convocatoria urgente han pedido al departamento. La dirigente sindical encuadra la asunción del servicio telefónico en la reestructuración que se está llevando a cabo para crear la Agencia de la Seguridad Social.

En mayo, después de que CCOO y CSIF convocaran una huelga –la primera de la historia de la Seguridad Social– en protesta por el mal funcionamiento de la atención a los ciudadanos, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos donde se sientan las bases de un plan estratégico de recursos humanos. A su vez, el primer paso para reordenar las plantillas de cara a la creación de la futura Agencia. Entre otras medidas, el ministerio se compromete a acometer “un importante refuerzo de las unidades de gestión de la Seguridad Social” mediante la incorporación de los 2.000 interinos antes citados. Aunque también precisa que el empleo interino sólo podrá ser un recurso “excepcional”, sólo aceptable “para los estrictos casos indispensables, a fin de dar cobertura a nuevos servicios o para garantizar mediante un plan de choque la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Seguridad Social”.

Este mismo viernes, el comité de empresa de Konecta y su responsable de Recursos Humanos se han reunido en los servicios regionales de mediación, en un último intento por evitar la huelga. Konecta le ha ofrecido aplicar un ERTE a partir del 6 de octubre, que presenta como una forma de que los trabajadores puedan cobrar prestaciones. Los representantes sindicales han rechazado lo que tachan de “ERTE exprés”, puesto que no tienen tiempo para cumplir en sólo unos días con los plazos de negociación exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. “Konecta quiere saltarse la ley en su propio beneficio, reduciendo el procedimiento legal a su conveniencia económica y delegando en el SEPE lo que debería ser su responsabilidad”, critican en un comunicado público.

Este periódico ha contactado con Konecta BTO para preguntarle por el conflicto, pero la empresa se ha limitado a responder que está “trabajando en buscar una solución”. El ministerio adjudicó a Konecta en diciembre de 2019 el contrato para prestar el servicio de atención telefónica de la Tesorería General, por un importe de 16,26 millones de euros, impuestos incluidos. Tenía dos años de duración, pero fue prorrogado hasta cinco veces, la última vez el pasado 6 de julio. Por esos dos años adicionales, el ministerio pagó a Konecta un total de 9,96 millones de euros, de acuerdo con los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

La Seguridad Social abrió un total de 680.707 expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2022, pero sólo fue capaz de resolver 364.349. El pasado diciembre, los ciudadanos detrás de los restantes 316.358 estaban aún a la espera de saber si se les concedía o no la ayuda de los 484 euros. Es decir, casi la mitad de los expedientes –el 46,74%– se encontraban en el limbo burocrático. Las cifras proceden del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que hace y publica un seguimiento mensual de indicadores y objetivos para cada una de las prestaciones que concede. En el correspondiente al IMV figuraba como meta para el ejercicio pasado “conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados)” del 100%, que obviamente no se ha cumplido. Y por mucho.

Para medir el volumen de trabajo pendiente, se puede comparar esa cifra con la de los 595.511 hogares beneficiados con el IMV desde que comenzó a pagarse, en junio de 2020, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de la Seguridad Social.

Entre esos indicadores y objetivos no se incluye en el caso del IMV ninguno relativo a tiempos medios de tramitación, a diferencia de otras prestaciones. Para las de incapacidad permanente se fija un objetivo de 60 días en 2022, pero la espera media se situaba en diciembre en 89 días, casi tres meses. Para tramitar una pensión de jubilación, se pretendía llegar a sólo 12 días, pero se quedó en 21. El derecho a las de viudedad y orfandad debería haber sido reconocido en 10 días, pero no baja de 23. Aunque el INSS no haya fijado ningún objetivo de tiempo de resolución para los expedientes del IMV, en la solicitud en PDF para solicitar la ayuda sí que destaca en su primera línea que “el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento iniciado es de seis meses”. El doble que el actual para reconocer una incapacidad permanente, por tanto.

El problema es que la tramitación supera ampliamente ese plazo. “Pueden ser 10 meses o incluso más”, lamenta Ana Herrero, que trabaja con estos expedientes en el INSS de Soria y es delegada del sindicato CGT. Las causas de semejante demora son múltiples. “Es una prestación más complicada que las demás, ha habido muchas modificaciones en la ley desde que se creó, utilizamos programas informáticos que no están preparados y no hay personal suficiente”, resume.

En los indicadores y objetivos del IMV, el INSS hace constar que la plantilla dedicada a tramitar estos expedientes debería haber sido el año pasado de 1.275 funcionarios, para los que se había presupuestado un gasto de personal de 49,8 millones de euros. En enero de 2022, los empleados públicos al cargo del IMV eran 1.131, un número que creció hasta llegar a 1.239 en septiembre, pero que se quedó en 1.219 al acabar el año, 56 funcionarios por debajo del objetivo presupuestado inicialmente.

“Tocamos a 400 expedientes por funcionario”, explica Ana Herrero, “y tramitamos unos 10 o 15 al día”. El volumen nunca baja, añade, porque cada nuevo día entran otros tantos como los resueltos la víspera.

La falta de personal en la Seguridad Social, así como su envejecimiento, han sido una denuncia constante de los sindicatos de la función pública desde hace una década. El propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifra en un 20% la reducción de las plantillas desde 2012, que achaca a la falta de cobertura de las vacantes. Llamadas y citas previas desatendidas, colas en las oficinas, interrupciones en el pago de prestaciones, demoras en el reconocimiento del derecho, el cierre de las oficinas de atención desde la pandemia, el paso de la atención presencial a la telemática para trámites muy complejos… son sólo algunas de las quejas sindicales y ciudadanas que han llegado al Defensor del Pueblo.

En su último informe, hecho público el pasado día 13, Ángel Gabilondo destaca las “cuantiosas” quejas recibidas por “la dificultad que encuentran los ciudadanos para conseguir cita en la Seguridad Social”. Además, es el IMV la prestación social sobre la que el Defensor recibe más denuncias desde que se creó la ayuda en mayo de 2020, “por encima incluso de la pensión de jubilación”. En el Congreso, José Luis Escrivá minimizó estos datos señalando que eran sólo “3.500 quejas de los 17 millones de interacciones” que la Seguridad Social tiene cada año con los ciudadanos. Según el informe del Defensor del Pueblo, Seguridad Social y Empleo es el área de la que recibe más quejas, un 13,2%. De los 31.452 expedientes abiertos por la institución, 4.151 proceden de esos dos territorios. Por lo que a la Seguridad Social se refiere, el Defensor del Pueblo constata el “lastre” que para la asistencia al ciudadano supone la “carencia de personal” en la red de oficinas del INSS, la dificultad para dotarlas de más funcionarios y la brecha digital, toda vez que se fomenta la asistencia no presencial.

Nada más aprobarse el IMV, el Ministerio de Seguridad Social firmó una encomienda de gestión con Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para que le apoyara en la gestión de los expedientes. Fueron dos encargos: uno para tramitar las solicitudes y otro para proporcionar atención telefónica a los solicitantes de la ayuda. Las encomiendas, de cuatro meses de duración, se prorrogaron hasta diciembre. Pero no se renovaron en 2021. Para ayudar en la gestión de los expedientes, Tragsatec aportó 500 empleados en régimen de teletrabajo –España se encontraba todavía en plena pandemia–. En total, la Seguridad Social se gastó 9,31 millones de euros para lanzar el IMV.

Además, el ministerio puso a 3.380 interinos a trabajar con los expedientes, según la cifra facilitada a infoLibre por el departamento. Ana Herrero recuerda que el contrato de esos interinos terminará en septiembre. Preguntada por la falta de personal y las demoras en la tramitación de los expedientes, la Seguridad Social responde que la mayoría de los 316.358 no resueltos “requieren documentación adicional, que deben expedir otras administraciones, como el certificado de servicios sociales, y muchos se encuentran a la espera de recibirla”. Pero no explica a qué se debe el retraso, si la causa es la falta de personal, cuánto tiempo se tarda en resolver una solicitud o por qué no se renovaron las encomiendas con Tragsatec.

En efecto, la tramitación del IMV resulta especialmente compleja debido a que es necesario “incorporar de forma automatizada mucha información procedente de otras administraciones públicas”, reconoce el Defensor del Pueblo en su informe. Los funcionarios deben cruzar datos de la Agencia Tributaria, del padrón –que elabora el Instituto Nacional de Estadística–, de los ayuntamientos –que emiten los certificados sociales— y a veces del Ministerio del Interior si es necesario un certificado de residencia legal en España al tratarse de un ciudadano extranjero.

En definitiva, el IMV ha supuesto un aumento de la carga de trabajo para una administración “ya tensionada por la disminución y adelgazamiento de su plantilla”, subraya el Defensor del Pueblo. Pero, además, los funcionarios se encuentran con problemas adicionales. Según denuncia Sergio Álvarez, delegado de CGT en el INSS, la gestión del IMV está “deslocalizada”, por lo que una solicitud puede tramitarse en la delegación de una provincia distinta a la de residencia del futuro perceptor. “Y los programas informáticos son tan malos que, por ejemplo, no te permiten incluir el acuerdo derivado de una sentencia de divorcio o, como no es obligatorio incorporar el DNI de los menores, la Intervención te para el expediente porque ellos sí los exigen. Entonces tienes que cancelar el expediente y enviarlo a lo que llamamos la ‘rueda’, donde se le vuelve a asignar a una delegación provincial del INSS y empieza de nuevo la tramitación… con el consiguiente retraso”, describe Ana Herrero.

Así, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso infoLibre, el pasado septiembre en Barcelona se estaban tramitando aún las solicitudes de febrero. Y en Madrid, de las 61.113 solicitudes recibidas en 2021, 4.118 fueron canceladas y 10.746 inadmitidas, una calificación que sólo existe para el IMV, pero para ninguna otra prestación. Las primeras son aquellas que aparecen duplicadas o a las que se pide documentación y no se entrega. Las segundas no llegan a pasar el primer filtro, el de la renta y el patrimonio. En total, casi una cuarta parte de las solicitudes del IMV en Madrid fueron rechazadas sin llegar a ser tramitadas o se hallaban en “la rueda” tras ser canceladas y a la espera de reanudar su tramitación. Muchas más, 21.174, el 34,6%, fueron denegadas y sólo 13.910, el 22,7%, fueron aprobadas. Otras 2.831 fueron reconversiones de prestaciones familiares y las restantes 8.334 estaban a la espera de ser resueltas.

Otra disfunción del sistema, tal y como revela Ana Herrero, es que desde que la Seguridad Social concede también el complemento de ayuda para la infancia –100 euros para los menores de tres años, 70 euros para quienes tienen hasta seis años y 50 euros hasta los 18– no se hace distinción entre éste y el IMV. El ingreso mínimo no tiene prioridad en la tramitación respecto al complemento, pese a que la ayuda a la infancia la pueden cobrar familias con mayores ingresos y patrimonio que los fijados para el IMV. Se tramitan ambos al mismo tiempo.

¿Qué ocurre cuando la solicitud del IMV pasa más de seis meses en tramitación? El ciudadano puede preguntar al INSS. Pero se encontrará con “importantes dificultades para obtener cita previa en la mayoría de las provincias, por no estar disponibles, o por significativas demoras en su concesión”, advierte el informe del Defensor del Pueblo, “lo que conduce a reiterados intentos, en sucesivos días y horas, a acudir a una provincia menos saturada que no corresponde a su domicilio o a recurrir a gestorías privadas, con el consiguiente abono del servicio”.

De nuevo según al informe sobre indicadores y objetivos del INSS, la atención a los usuarios se ha reducido un 38% entre 2019 y 2022. En 2019 la Seguridad Social pretendía atender a ocho millones de personas, pero en 2022 los atendidos de forma presencial y por teléfono sólo fueron 4,95 millones de ciudadanos. El resto contactó con el INSS a través de internet, o no contactó en absoluto. La asistencia telemática es desde 2021 el canal que prioriza el ministerio. Según las cifras facilitadas a este periódico, las “atenciones” a través de la web superaron los seis millones en 2022.

Pero, si la consulta es sobre el IMV, puede que el interesado no obtenga una respuesta satisfactoria. Para empezar, el teléfono de asistencia para esta prestación atiende sólo por las mañanas, de nueve a dos y media de la tarde, mientras que para el resto de las prestaciones el horario de atención se prolonga hasta las ocho. infoLibre ha preguntado al ministerio por el motivo de esta diferencia, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Además, desde que dejaron de ayudar los 150 empleados de Tragsatec, en diciembre de 2020, sólo se han añadido cinco funcionarios a este servicio, por lo que ahora únicamente 20 personas atienden a los solicitantes del IMV de toda España por teléfono, lamenta Sergio Álvarez. Además, en algunas provincias el funcionario al otro lado de la línea no puede abrir una incidencia; no se permiten, asegura. O, a diferencia de lo que ocurre con otras prestaciones, no puede comprobar en su ordenador los datos de la solicitud para informar al ciudadano de cuál es el problema con su expediente. “No existe una aplicación informática propia para el IMV”, resume.

Así que no es de extrañar que las llamadas al teléfono de atención al IMV se desplomaran de las 813.055 de 2020 a sólo 136.609 en 2021, último año del que el INSS publica datos en su memoria.

En su lugar, el ministerio potencia el trámite electrónico. Que no está exento de dificultades. El PDF que ofrece el INSS para solicitar la prestación tiene nada menos que 19 páginas y requiere adjuntar múltiple documentación. Un buen ejemplo de la brecha digital que se abre para muchos posibles perceptores del IMV. El ministerio asegura a infoLibre que intenta hacer “más ágiles” los trámites y permitir “fórmulas de autenticación sencillas”. Por ejemplo, ahora los ciudadanos pueden solicitar el IMV haciéndose un selfie donde aparezca con su DNI. “Pero hay veces”, cuenta resignada Ana Herrero, “que en la foto el número del carné aparece tan borroso que no podemos leerlo y hay que pedirle al solicitante que lo vuelva a mandar…”. La Seguridad Social asegura que el 25% de las personas que se han acercado al autobús informativo que recorre España desde el pasado mes de octubre preguntaban por el IMV que tenían en tramitación.

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** Una vez publicada esta información, el Ministerio de Seguridad Social confirma que "los datos de solicitudes resueltas que figuran en el artículo se han extraído del informe de seguimiento de indicadores y objetivos" que publica el propio departamento,  pero precisa que no son "coincidentes con los datos de gestión internos que permiten valorar la gestión real, puesto que no incluyen los expedientes "inadmitidos", los que se rechazan tras cruzarlos con los datos de renta de la Agencia Tributaria. Según el ministerio, las cifras reales de gestión son más elevadas: 512.910 expedientes fueron resueltos en 2022, lo que supone más de un 75% de los expedientes iniciados.

Además, asegura que el final del año 2022 fue "especialmente intenso", con 130.000 solicitudes en noviembre y diciembre, por lo que muchas de ellas, "al requerir cierta documentación", no quedaron resueltas al terminar el ejercicio. En enero de 2023, por el contrario, se resolvió un volumen mayor, "probablemente muchas de la solicitudes que se presentaron en noviembre y diciembre de 2022".

Los sindicatos van a sacar a la calle por el bloqueo de los convenios colectivos, en un intento por mover a la patronal de su negativa a subir los salarios tanto como lo está haciendo la inflación. “Es el abecé del sindicalismo, no tenemos más herramientas”, razonó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando presentó este miércoles con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, las manifestaciones que han convocado para el 7 de octubre y 3 de noviembre.

Con la ruptura de la negociación el acuerdo marco salarial (ANC) el pasado mayo, el resto de las mesas de los convenios sectoriales se quedaron sin referencia y sin incentivo. CCOO y UGT se quejan de que las patronales no han mostrado “ni un ápice de voluntad” para sentarse a “negociar modificando sus posiciones de partida”: subidas salariales sí, pero cláusula de revisión no. No se oponen a aumentar las retribuciones, pero no hasta el punto de que alcancen una inflación que, al acabar el año, puede quedar en torno al 8,5%. Los sindicatos, por su parte, rechazan que los trabajadores pierdan poder adquisitivo como fórmula para salir de la crisis, de nuevo.

Hasta el mes de agosto se han firmado 538 convenios, que establecen las condiciones laborales de 1,2 millones de trabajadores. Son un 20% menos de los 673 con que terminó el mismo mes de agosto de 2019 y que protegían a 1,36 millones de trabajadores. En 2020 y 2021 la negociación perdió mucha intensidad por la pandemia. Que no termina de recuperarse este año por la tempestad que ha traído la crisis energética y de precios. Sólo en Cataluña, CCOO y UGT cifran en 71 los convenios sectoriales atascados, lo que significa que 875.000 trabajadores tienen sus condiciones laborales en el limbo. En la hostelería, los convenios provinciales bloqueados rozan la treintena en toda España.

Las subidas salariales que reclaman los sindicatos no son exageradas, si se tiene en cuenta que la inflación ha llegado al 10,8% en su máximo del año. “La patronal alude a los porcentajes [de subida salarial] que quedaron sobre la mesa cuando se rompió el ANC en mayo, el 3% o 3,5% para este año”, explica Ana Oller, responsable de Política Sindical de CCOO Industria, cuando se le pregunta por los convenios atascados en el sector del metal, que reúne a 300.000 trabajadores en toda España. En Ourense están en huelga este jueves sus 4.500 empleados. Si no hay cambios en la negociación, la huelga será indefinida a partir del 5 de octubre. CCOO, UGT y CIG piden una subida del 6,5% este año y en 2023, y un 5% para 2024. En Bizkaia ya hubo tres días de huelga en mayo y junio. En Barcelona y Tarragona, con unos 180.000 trabajadores, la patronal no ofrece más que un 2% de subida salarial. También en Lugo y en Navarra, continúa Oller, la negociación está bloqueada.

Por el contrario, tanto Cantabria, como A Coruña y Araba alcanzaron acuerdos ya antes del verano. Pero sólo tras muchos días de huelga, recuerda la dirigente de CCOO. Los tres convenios incluyen cláusulas de revisión, pese al rotundo rechazo que despierta en las patronales esa fórmula para recuperar el poder adquisitivo perdido por culpa de la elevada inflación.

Las cláusulas están presentes en el 14,4% de los convenios, según la estadística de agosto del Ministerio de Trabajo, lejos del 34,1% que la incluían en 2011. Desde la reforma laboral de 2012, estos mecanismos comenzaron una lenta desaparición que llegó al mínimo del 7,7% de los convenios en 2015. Desde entonces se han recuperado, pero no igualan las cifras anteriores a la reforma del PP. Es más, ese 14,4% es casi un punto y medio inferior a la que había en enero de este año. Y han perdido eficacia. El Banco de España destaca en un análisis publicado este miércoles que las cláusulas de las que se benefician el 75% de los trabajadores que las tienen en sus convenios incluyen “topes” o “umbrales” que limitan la traslación a los salarios del diferencial de inflación. Es decir, que ésta no es total. Por tanto, el grado de cobertura de las cláusulas se ha reducido muchísimo en los últimos años.

Por ejemplo, entre 1994 y 2011 la desviación media de la inflación con respecto al incremento salarial pactado fue de 1,1 puntos porcentuales. Pero la revisión salarial media inducida por las cláusulas de salvaguarda en ese periodo fue de 0,56 puntos. Teniendo en cuenta que la incidencia de las cláusulas de salvaguarda entonces era del 60,1%, su grado de cobertura implícito era del 85%. En cambio, entre 2012‑2016 el grado de cobertura de las cláusulas fue del 41% y, en 2021, del 33%. Notablemente inferiores.

Es lo que ha pasado en los convenios de hostelería de Valencia y Badajoz. En ambas provincias sindicatos y patronal firmaron el acuerdo. Pero en el primer caso, con una cláusula de revisión de sólo el 0,5%, pero con un 8% de subida salarial para el conjunto de 2022 a 2025. En el segundo, el acuerdo fue posible con una subida salarial mínima, del 2% y el 1,5% en dos años, y una cláusula también “muy pequeña”, en palabras de Miguel Ángel Rodríguez, de la dirección del sector de hostelería de UGT. Los trabajadores llevaban desde 2019 con el convenio caducado y los salarios congelados. En Alicante también se firmó, ya antes del verano, y con una subida mucho más generosa, del 4,5% y cláusula de revisión salarial. “La patronal quería empezar la temporada alta del turismo con paz laboral, por eso dejamos los flecos para después del verano”, detalla.

En cambio, los convenios de hostelería de Asturias y Murcia –40.000 trabajadores en esta última provincia–, que llevan bloqueados desde 2011 y 2018, respectivamente, siguen atascados. También en Las Palmas. En Madrid, están en plena negociación tanto el de hostelería como el de hoteles. En Baleares empezarán ahora, una vez acabada la temporada estival, a debatir las condiciones para 2023. Pero las ofertas de las patronales no llegan de media ni al 2% anual, asegura Miguel Ángel Rodríguez, mientras los sindicatos reclaman al menos un 3,5%. El bloqueo se repite en los convenios de algunas provincias de Castilla y León, que también llevan años con los sueldos congelados al haber caducado los convenios. Un camarero gana de media unos 1.300 euros brutos como salario base.

Subidas mínimas en sectores precarios

Otras empresas de salarios bajos son las de la limpieza de edificios. Que también constituyen un sector “muy feminizado”, subraya un portavoz de CCOO del Hábitat. Sin embargo, la patronal no ofrece ni el 5% de subida para los tres próximos años. Los sindicatos repiten aquí las cifras de otros sectores: 3,5% para este ejercicio, 2,5% para 2023 y 2% para 2024. En Castilla-La Mancha están bloqueados todos los convenios provinciales y algunas más en Castilla y León. Lo mismo ocurre en Cataluña, con unos 65.000 trabajadores afectados.

El telemárketing, o contact centers, es otro sector con el convenio caducado y los salarios congelados desde 2019. Pero la patronal se niega a subir con carácter retroactivo los sueldos de 2020 y 2021 y para este año ofreció un 2,5% retroactivo desde enero, aunque sólo después de dos huelgas en mayo y junio y movilizaciones desde febrero. Los sueldos medios entre los teleoperadores rondan el salario mínimo, advierte Rocío Camacho, del sector de Telemárketing de CGT. Aunque sus reclamaciones laborales van más allá del salario: piden compensaciones para el teletrabajo y que las empresas queden obligadas a contratar a las plantillas tras ser subrogadas. La patronal ha accedido a garantizar que el 80% de las plantillas sean trabajadores indefinidos.

Los vigilantes privados piden un 16% de subida en cuatro años

En el sector de la seguridad privada –100.000 trabajadores–, CCOO, UGT y USO han presentado una plataforma conjunta que pide una subida del 8% para 2023, el 4% para 2024 y el 2% para 2025 y 2026. Un 16% en cuatro años. Además de la cláusula de revisión según el IPC de cada ejercicio. El sindicato gallego CIG reclama más: un 24% en cuatro años. Sin embargo, la última propuesta de la patronal Aproser se quedó en un 3% para 2023, un 3,5% para 2024 y un 4% para 2025. El aumento para 2026 sólo quiere negociarlo en 2024.

No obstante, en esa reunión, el pasado día 21, las empresas accedieron a “estudiar algún tipo de cláusula de garantía plurianual”, que sólo se aplicaría “al vencimiento del periodo de vigencia del nuevo convenio” y siempre que equivalga a un “porcentaje máximo de cobertura de la diferencia entre la inflación real del periodo frente al sumatorio de los porcentajes de incrementos pactados”. Los sindicatos, que saludan el cambio de postura, del rechazo frontal a la cláusula a aceptarla con limitaciones, siguen considerando “insuficiente” la subida salarial, tal y como figura en las actas de las reuniones, a las que ha tenido acceso infoLibre. La cláusula sólo sería aceptable, añaden, si el aumento de los sueldos fuera mayor al inicialmente propuesto por la patronal.

Las empresas de seguridad se quejan de que no pueden repercutir en sus clientes –las administraciones públicas y empresas privadas a las que proporcionan sus vigilantes– las alzas salariales, porque la ley les impide actualizar los contratos si sube el IPC. Y el 85% de sus gastos de explotación son los gastos de personal. Por ese motivo, pretenden suprimir el pago de la antigüedad a los trabajadores y reducir al mínimo posible el absentismo laboral. Los sindicatos, por contra, les reprochan que su modelo empresarial esté basado en la precariedad, con “ofertas a la baja”, de escaso “valor añadido” en los concursos a los que se presentan y que les proporcionan una “rentabilidad mínima”. La consecuencia, lamentan, no son sólo los retrasos en el abono de las nóminas sino incluso el cierre de algunas empresas por su mala gestión.

En la banca, los sueldos y las condiciones se sitúan en las antípodas de los vigilantes privados. Además, tanto los bancos agrupados en la AEB (Asociación Española de Banca) como los procedentes de las antiguas y reunidos en la CECA, firmaron sus convenios antes de la crisis y siguen vigentes hasta diciembre de 2023. Pero el vuelco de la economía en el último año impulsó a los sindicatos a pedir una revisión de ambos convenios, mediante la apertura de un observatorio sectorial, una figura con la que cuentan ambas normas.

De forma que CCOO y UGT reclaman una revisión retroactiva de los salarios de 2021 y de las subidas de este año y el próximo. Porque las establecidas en los convenios se han quedado muy cortas por culpa de la inflación. Para 2021 el alza de los sueldos fue de sólo un 0,25%, y las fijadas para 2022 y 2023, del 1% y el 1,25%. La inflación de 2021 alcanzó el 6,5% y la de 2022 ya va por el 9%.

Además, tanto el Santander como el Banco de Sabadell han compensado a las plantillas de sus filiales en Reino Unido por la escalada de los precios. El banco presidido por Ana Patricia Botín ha subido un 4% los salarios de quienes cobran menos de 35.000 libras al año, mientras que el Sabadell ha concedido un pago único de 1.000 libras a los trabajadores a los que paga menos de 32.000 libras. También en Brasil y Argentina el Santander ha resarcido a sus empleados por la subida de la inflación.

Las reuniones del observatorio, que comenzaron en mayo, continuarán porque al menos la AEB parece dispuesta a ofrecer algún tipo de compensación que aún no han definido, asegura Nuria Lobo, secretaria de Políticas Sindicales del Sector Financiero de CCOO. No así la CECA. Pero Lobo confía en que, si la AEB hace una propuesta salarial, los bancos terminen arrastrando a las antiguas cajas de ahorro en la misma dirección. Aunque ambas patronales acuden siempre a las directrices emanadas de la CEOE, que se opone de plano a las cláusulas de revisión, lo que los sindicatos les reclaman es, en realidad, una salvaguarda que les proteja de la evidente pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los trabajadores si se mantienen las exiguas subidas salariales de unos convenios negociados antes de la guerra de Ucrania.

“Las plantillas están muy cabreadas”, revela Nuria Lobo, por las subidas concedidas en el Reino Unido. Un malestar que viene a sumarse al acumulado en los últimos años por el aumento de la carga de trabajo y la falta de personal. Lobo no sabe si la propuesta que ha prometido la AEB se parecerá en algo a las medidas adoptadas en las filiales británicas de Santander y Sabadell. “La primera fue negociada, pero la segunda no, fue una decisión unilateral, y nosotros estamos por la negociación”, sostiene. “Los beneficios de la banca han crecido y seguirán haciéndolo con la subida de tipos”, razonan los sindicatos, “mientras las condiciones laborales de las plantillas y su poder adquisitivo se han deteriorado”. 

El vicesecretario de acción institucoinal del PP, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que ofrece al Gobierno renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva caducado casi cuatro años, y acometer después la reforma del sistema de elección de sus vocales, en base a una propuesta elaborada por el nuevo CGPJ, recoge Europa Press.

"Mi partido no renuncia a promover una reforma legislativa en la que, como exige la UE, los jueces elijan a los jueces, y a ejecutarla si los ciudadanos nos ofecen la confianza para ello, pero también estamos dispuestos a elegir este órgano con el actual sistema. No nos escudamos en nuestra discrepancia respecto al modelo para obstruir la renovación del CGPJ", ha indicado González Pons.

En consecuencia, se ha puesto a la disposición de Bolaños para avanzar en una serie de propuestas que, a su juicio, "servirían para que la nominación de candidatos no sea un mero reparto de cuotas".

De ellas, destacan que la negociación se llevará a cabo en las Cortes Generales y que, de forma simultánea al proceso de renovación del CGPJ, "se presentará una proposición de ley, de forma conjunta por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia".

Esa proposición de ley incluiría la derogación de la reforma legal que impide al CGPJ ejercer plenos poderes estando en funciones; la regulación de las "puertas giratorias" en la Justicia; y que "el CGPJ recién nombrado (...) presentará a las Cámaras en un pazo de seis meses, desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial".

Junio comenzará con huelga de carteros. Los tres primeros días del mes CCOO y UGT han convocado a los trabajadores de Correos a parar en protesta contra el “plan de desguace” que, según dicen, está ejecutando el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano, desde que llegó al cargo hace casi cuatro años. Es el penúltimo episodio de la guerra que libran ambos sindicatos con la dirección del grupo y a la que se añade un segundo frente con el resto de las organizaciones sindicales, desde CSIF y el Sindicato Libre hasta la CGT el gallego CIG o los vascos ELA y LAB.

Hace apenas dos semanas, la primera reunión para negociar el convenio colectivo no llegó a celebrarse tras el “escrache”, dice CSIF, que varias decenas de miembros CCOO y UGT realizaron al resto de los sindicatos y los representantes de la empresa. “Entraron por la fuerza 25 personas con megáfonos y abarrotaron la sala con con consignas y voces, algunos en actitud agresiva e impidieron la reunión“, relata el presidente de CSIF Correos, Óscar Venteo. Las dos organizaciones mayoritarias, con el 75% de los delegados, aseguran que se encerraron en la sede de Correos en protesta por la “farsa” de negociación que Serrano pretende abrir sólo con los minoritarios y que los vigilantes de seguridad agredieron a dos delegadas de CCOO y UGT. Según critican, la empresa pretende acometer una negociación “clandestina” con sindicatos que representan sólo al 25% de la plantilla. Y firmar un convenio de eficacia limitada; es decir, se aplicará sólo a los trabajadores de los sindicatos firmantes y a los que expresamente se adhieran al pacto. “Es la mayor ruptura del Diálogo Social que se ha producido nunca”, sostienen los representantes de CCOO y UGT con los que ha hablado infoLibre. “Les hemos invitado para que se sumen, pero no nos han contestado”, replica Óscar Venteo.

La negociación no es un asunto baladí si se tiene en cuenta que el convenio lleva caducado desde 2013. En estos nueve años, algunos de sus artículos han quedado derogados por sentencias judiciales y las leyes laborales aprobadas desde entonces. Pero CCOO y UGT creen que no es el momento para entrar en harina con el convenio. “No es la prioridad”, recalcan, “sino el modelo de desarrollo del servicio postal y de la actividad de paquetería, para después diseñar un plan estratégico acorde con ese modelo y luego negociar un convenio que dé respuesta a ambos”. A su juicio, Juan Manuel Serrano pretende validar en el convenio “los desajustes laborales” que ha infligido a la plantilla en estos últimos cuatro años. La próxima reunión está prevista para el 18 de mayo. “No vamos a participar en ese teatro”, zanjan los portavoces de CCOO y UGT.

Exjefe del gabinete de la Ejecutiva federal del PSOE y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, Serrano es el blanco de todos los dardos de ambos sindicatos. Ingeniero técnico informático y licenciado en Derecho, hizo toda su carrera profesional en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). A su llegada a Correos, no tenía, por tanto, experiencia en el sector postal. Y se ha convertido en la bestia negra de CCOO y UGT, que no dudan en tacharle de “mal gestor” del “juguete” que Pedro Sánchez le ha regalado.

Aunque ambos sindicatos rechazan que estén embarcados en una cruzada personal contra Serrano –“Es un problema de modelo de servicio postal y de modelo de gestión, que no hemos podido discutir en estos cuatro años”, razonan—, lo cierto es que culpan al actual presidente de las pérdidas de 264 millones con que cerró Correos en 2020, así como de los más de 100 millones en rojo con que terminará 2021. La empresa aún no ha hecho públicos los resultados del año pasado. A preguntas de infoLibre se limita a avanzar que las pérdidas rondarán los 91 millones de euros, la cifra que figura como previsión en el Plan Operativo Anual. En esa cifra incluye la provisión de los 24 millones de euros de una sanción que ha impuesto Correos a la CNMV por aplicar entre 2015 y 2019 descuentos a grandes clientes, remitentes de envíos masivos de cartas –bancos, recibos de luz, teléfono o gas…–, lo que excluía a sus competidores y constituía un abuso de posición de dominio: su cuota de mercado alcanza el 95%. CCOO y UGT aseguran que los números negativos son superiores porque en el último minuto del año pasado Correos vendió por 24 millones de euros su edificio en Valencia para “maquillar” las cuentas. Y, de paso, permitir el cobro de sus bonus a la dirección de la empresa pública por haber contenido las pérdidas en las cifras previstas. Según dicen, Juan Manuel Serrano ha cobrado un premio de 40.000 euros. La empresa ni lo confirma ni lo desmiente. “Las retribuciones variables se aplican de acuerdo con la normativa vigente y están sujetas al cumplimiento de objetivos, que se establecen a través de un procedimiento y sistema de evaluación”, ha sido toda su respuesta.

El dirigente postal de CSIF, por su parte, recuerda que Correos “nunca ha ganado dinero, excepto un par de años”. En 2018 tuvo unos beneficios de 14,8 millones de euros, después de encadenar cinco años de pérdidas. En 2013 también cerró con 48,4 millones de números positivos tras haber vuelto a pérdidas en 2012 –3,9 millones—. En 2011 los beneficios fueron de sólo 400.000 euros; en 2010 alcanzaron los 6,27 millones y en 2009 se quedaron en 2,96 millones.

Los sindicatos mayoritarios no dudan en asegurar incluso que Correos se encuentra en quiebra técnica, no sólo por las pérdidas acumuladas, sino también porque tiene un flujo de caja negativo por primera vez en su historia, lo que le ha obligado a pedir préstamos de 433 millones para atender los pagos a corto plazo, resaltan.

En lo que sí coinciden todas las organizaciones sindicales es en criticar las políticas de personal de Correos. CCOO y UGT cifran en 7.000 los puestos de trabajo perdidos desde que llegó Serrano a la dirección. CSIF dice que se han perdido 15.000 empleos en los últimos 10 años, a razón de casi cinco al día. La empresa niega que esté “realizando despidos ni destruyendo empleo” sino, por el contrario, “trabajando por el empleo estable y de calidad”. Asegura que ha convocado 13.297 plazas para personal laboral indefinido, de las cuales 7.730 ya se han incorporado. Correos es la empresa pública con la mayor plantilla. De acuerdo con los números que aparecen en los informes anuales de la empresa, en 2009 el grupo contaba con 65.781 trabajadores. En 2020 tenía 54.456. Por tanto, se han perdido 11.325 empleos en 11 años, un 17,2%. Entre 2019 y 2020, la plantilla ha encogido en 2.233 personas.

Además, CCOO y UGT acusan a Serrano de incentivar los “contratos basura”, que cifran en un 23%. CSIF eleva al 30% la cuota de empleo temporal en la compañía pública, donde hasta un 8% de los trabajadores aún son funcionarios. Hay que recordar que hasta 1992, cuando se convirtió en organismo autónomo –en 2001 pasó a ser una sociedad mercantil estatal–, Correos era una dirección general del Ministerio de Fomento. En 2011, el empleo temporal representaba el 20% de la plantilla del grupo, de acuerdo con el informe anual. La empresa ya no hace público ese dato en sus últimas cuentas y no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado por esa cifra.

Los tres sindicatos explican que abundan los contratos a tiempo parcial. Unos 1.500 son de sólo dos días a la semana: martes y jueves, por ejemplo; o de fin de semana. Con sueldos, por tanto, exiguos de 300 euros al mes. La empresa tampoco ha precisado a este periódico cuántos trabajadores tiene contratados con este tipo de jornadas.

infoLibre ha preguntado a Correos cómo está aplicando la reforma laboral, que le obliga a fijar cuál es su plantilla estructural y convertir en indefinidos los contratos temporales que encajen en esa definición. La empresa sólo responde que está convocando reuniones semanales con los sindicatos para adaptarse a la nueva norma.

Pero la política laboral no es, a juicio de CCOO y UGT, más que el resultado del “plan de desguace” de Correos. Dicen que son conscientes de que ya no se envían cartas. De hecho, España es el país de Europa en que más ha caído el uso del producto postal tradicional. Y de ese brusco desplome culpan, más que al cambio de hábitos provocado por la digitalización, a Juan Manuel Serrano. “Siempre dice que la carta ha muerto, pero más bien le está aplicando la eutanasia”, resumen. Según denuncian, si cuando llegó los postales representaban casi el 65% de los ingresos del grupo, ahora no llegan al 50%.

El descenso lo atribuyen a una política deliberada, a un “vaciamiento de la actividad postal tradicional” de Correos, por culpa de una subida de tarifas continua que espanta a los clientes: el 7% las cartas, un 10% los certificados, el paquete azul –hasta 20 kilos– hasta un 20%, un 60% el publicorreo… También critican la pérdida de calidad del servicio. El pasado diciembre la CNMC multó a Correos por incumplir los plazos de entrega –uno de los estándares de calidad— del paquete azul. Se trata de una infracción muy grave, pero la sanción asciende a sólo 80.000 euros. En 2020, el año de la pandemia, las reclamaciones de usuarios contra Correos crecieron un 23%, hasta sumar casi 250.000.

La calidad es una cuestión primordial en Correos, puesto que cada año percibe una compensación de los Presupuestos del Estado por la prestación del servicio postal universal: debe tener una red suficiente para garantizar que llegan cartas y paquetes de hasta 20 kilos hasta el último pueblo de España. Aunque ese servicio resulte deficitario. Como es el caso. Ninguna empresa privada se lanzaría a cubrir esa necesidad básica ciudadana que sólo le reportaría pérdidas.

El cálculo de esa compensación siempre ha sido controvertido. Ha sido denunciado ante la Comisión Europea, que en sus últimas dos decisiones recortó las cantidades abonadas a Correos. CCOO y UGT se quejan de que la cantidad es menor cada año y que, desde la llegada de Serrano, acumula un recorte de 460 millones de euros. En 2021 se ha quedado en 110 millones. Según ambos sindicatos, esa cantidad es sustancial menor que la destinada por otros Estados europeos a sus respectivos sectores postales. La Poste Italiane recibe 260 millones al año, La Poste francesa, 520 millones; Česká pošta (Chequia), 181 millones en dos años en un país con el 21% de la población española y el 15% de su extensión, y 126 millones BPost en Bélgica, que tiene el 11% de los habitantes de España y una superficie 17 veces menor.

El abandono del servicio postal se refleja también en el cierre de oficinas y de centros de reparto, dicen CCOO y UGT. Más de 300, precisan, en los últimos cuatro años. Sobre todo, en zonas rurales. La empresa lo niega. “No estamos cerrando ninguna oficina ni centro de distribución”, resaltan. En todo caso, se está “adecuando la estructura de distribución para hacerla más eficiente”. Según Correos, el número de sus oficinas es de 2.370 ahora; en 2017 ascendían a 2.396. Óscar Venteo, por su parte, explica que Correos está “unificando carterías en pabellones logísticos y uniéndolas con Correos Express”, la filial de paquetería del grupo.

“Una carta de Padrón a Santiago de Compostela, distante a 20 kilómetros, va ahora al centro de clasificación de Valladolid”, aseguran CCOO y UGT, “y lo mismo una que vaya de Toro a Zamora, antes se da una vuelta por Valladolid”. Al menos es así para los envíos masivos desde principios de este año en Santiago. Esas cartas tardarán cuatro días en lugar de uno, denuncian ambos sindicatos. El motivo es el desmantelamiento de la única máquina de clasificación que quedaba en el centro de tratamiento de Lavacolla, cerca de Santiago. Antes había cinco. Será sustituida a finales de este ejercicio por una máquina de paquetería. Óscar Venteo, sin embargo, aduce que esos viajes de las cartas hasta centros de reparto lejanos llevan ocurriendo muchos años, antes de que llegara Serrano a Correos, y que es una forma de control de los envíos.

Y ése es el segundo caballo de batalla sindical contra la dirección de Correos. Incentivar la paquetería, habida cuenta del auge del comercio electrónico, es el paso lógico, conceden CCOO y UGT, pero advierten de que la conversión de la empresa pública en operador logístico tampoco la está haciendo bien la dirección encabezada por Juan Manuel Serrano. “Los paquetes han caído un 40% desde 2020”, aseguran. Correos, por el contrario, publica que la paquetería creció un 24,8% en el primer semestre de este año.

En una entrevista en El Economista el pasado día 6, Juan Manuel Serrano subrayaba que en 2020 Correos había perdido 560 millones de cartas respecto al año anterior, que en 2021 se había perdido otro 14% del negocio –212 millones de cartas menos– y que en enero de este año el retroceso era de un 18%. En 2018 trataban 11 millones de cartas; hoy sólo cuatro millones. Por eso quiere “diversificar” el negocio e internacionalizarlo. Paquetería y mucho más.

Así, acaba de inaugurar Correos Cargo, un servicio de transporte aéreo de paquetería y mercancías entre Hong Kong y Madrid. De momento es sólo un avión, pero el plan es que lleguen a ser tres en 2024. También han abierto Correos Market, un mercado en línea, donde las empresas –pymes locales– ofertan sus productos. Correos Pay –servicio de pagos para empresas–, Correos Cash –ingresos y pagos con bancos–, Correos Frío –para el envío de medicamentos o productos que precisen una temperatura controlada–… son nuevas unidades de negocio que se añaden a las filiales Correos Express, Correos Telecom y Nexea –gestión documental–. Los sindicatos temen que el “plan oculto” de Serrano es “segmentar” la empresa en “estructuras de negocio” como primer paso para la privatización de las que sean rentables. Correos lo desmiente: ni hay un plan de privatización, ni se está trasvasando la actividad de Correos a Correos Express, ni se va a despiezar la compañía, sólo se “reorganiza internamente” y especializa por áreas de negocio. Garantizando, además, el servicio postal universal con la incorporación de nuevos servicios en oficinas rurales y dotando a 6.000 carteros rurales de PDA con las que los ciudadanos pueden pagar recibos e impuestos, asegura la empresa.

CCOO y UGT culpan de la política “errática” de la dirección de Correos al informe que sobre la empresa publicó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2019 y que Serrano ha adoptado “como un catecismo”, destacan. El documento concluye que el servicio postal universal tiene un coste “elevado” en comparación con otros países europeos, además de presentar un “déficit operativo” en los últimos cinco años. “España es el país donde más ha caído la demanda postal en los últimos años, con un descenso de los envíos del 31% en 2012-2017 frente a un promedio [europeo] del 18%”, apunta la AIReF. También resalta la subida de tarifas, como han hecho otros países, pero objeta que no ha tenido los efectos esperados debido a los descuentos que Correos aplica a los grandes clientes, de mayor cuantía que otras empresas postales de la UE.

Según la Autoridad Fiscal, la compañía recortó su plantilla un 9% entre 2012 y 2017, menos de lo que lo han hecho sus homólogos europeos, pese a que éstos han sufrido una caída de su volumen de negocio menor. De ahí que el informe, primero, recomiende al Gobierno reducir la compensación que paga cada año a Correos, sufragando sólo el despliegue de la red en zonas rurales o sólo determinados centros de costes con mayor volumen de envíos o con mayores niveles de eficiencia. Y segundo, que la empresa se mueva hacia “mercados distintos y muy competitivos como la paquetería urgente”.

Además, los sindicatos mayoritarios acusan a Serrano de prescindir de directivos de la casa y gastarse hasta 60 millones de euros en consultorías. En concreto, en pagar a Deloitte y KPMG, a los que señalan como “responsables intelectuales del desmantelamiento” de Correos. “Ha liquidado hasta el 80% del expertise [experiencia]”, precisan. Por ejemplo, aseguran que la empresa ha tenido tres directores de Recursos Humanos en los últimos cuatro años y que ahora mismo, a punto de negociar el convenio colectivo, el departamento lleva un año sin responsable, pero han contratado a KPMG para que les asesore.

El dirigente de CSIF también critica el cese de “personas con recorrido en la empresa”, pero al mismo tiempo acusa a CCOO y UGT de haber “cogestionado” Correos durante años. “Ponían y quitaban directivos y jefes”, asegura. Venteo atribuye la guerra que han desatado contra Juan Manuel Serrano a una “lucha de poder” después de haberlo perdido.

Para los sindicatos mayoritarios, la política “fracasada” de Serrano, apoyada en “servicios con los pies de barro”, está poniendo a Correos “al pie de los caballos de los operadores privados”, que ganan en cuota de mercado en lo que a las cartas se refiere aprovechando las “debilidades” de la empresa pública. “Llevamos tres años”, lamentan, “intentando poner en evidencia ante el Gobierno y el PSOE la insensatez de los gestores de Correos”. 

Cerca de 100.000 empleados de los contact centers de toda España siguen trabajando en sus domicilios dos años después de que se desatara la pandemia. Pese a que la mayoría de las plantillas de casi todos los sectores productivos han regresado ya a sus oficinas según se ha ido extendiendo la vacunación y relajando los requisitos de seguridad, los trabajadores del telemarketing continúan en sus casas, pero sin ninguna de las garantías que les reconoce la Ley del Teletrabajo aprobada el pasado julio.

Las empresas consideran que siguen en vigor las “medidas de contención sanitaria” que permiten la extensión del teletrabajo covid, tal y como estableció el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. Amparándose en ese artículo, los contact centers no aplican la Ley del Teletrabajo, sino la normativa laboral ordinaria. “Están estirando una disposición transitoria de esa ley para prolongar el teletrabajo covid, pese a que tal cosa ya no existe”, denuncian fuentes del sindicato CGT. “Unas 100.000 personas están trabajando en fraude de ley”, recalcan, porque no han firmado el acuerdo individual de teletrabajo ni han podido establecer las condiciones del trabajo a distancia en el convenio colectivo como establece la ley.

El pasado 23 de marzo, la CGT envió una consulta al respecto a la Dirección General de Trabajo, en la que le preguntaba, como autoridad laboral, si sigue vigente la disposición transitoria de la Ley del Teletrabajo en que se amparan las empresas para mantener a sus plantillas en casa y no aplicar la mencionada norma. La respuesta, a la que ha tenido acceso infoLibre, es clara: “Parece difícil entender que en la actualidad se mantengan medidas que justifiquen la aplicación del trabajo a distancia previsto en el artículo 5 [del Real Decreto-ley 8/2020], puesto que esas medidas deberían, como poco, tener una entidad similar a las que formaron parte de cualquiera de los estados de alarma aprobados desde marzo de 2020”. En consecuencia, “resulta manifiesta la inexistencia de medidas de tal categoría en la actualidad”, concluye la Dirección General de Trabajo, en referencia a las medidas de “contención sanitaria” esgrimidas por las empresas para mantener el teletrabajo covid.

Basándose en ese dictamen, la CGT va a denunciar en las Inspecciones de Trabajo de toda España a las empresas de telemarketing que siguen con sus plantillas trabajando a distancia. Una situación que, asegura el sindicato, se repite en los sectores de oficinas y consultoría.

La Ley del Trabajo a Distancia obliga a las empresas a formalizar con sus empleados un “acuerdo individual de teletrabajo”, que deberá ser por escrito e incluir todas las condiciones de la prestación. También reconoce a la negociación colectiva la capacidad de establecer los detalles del teletrabajo en cada empresa. Pero el telemarketing lleva dos años con el convenio colectivo en ultraactividad; es decir, caducó en 2019 y sindicatos y patronal no han sido capaces desde entonces de llegar a un acuerdo para su renovación. Lo que significa que, además, los salarios de los trabajadores llevan dos años congelados.

CCOO y UGT convocaron paros en febrero y marzo para denunciar que la patronal CEX (Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente) “está utilizando la pandemia del covid y los cambios normativos para impedir el avance del convenio colectivo” en un sector donde las retribuciones de miles de trabajadores se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y donde el incumplimiento de las leyes de igualdad “es generalizado”. El 75% de las plantillas, resaltan, están formadas por mujeres, que tienen en gran número contratos a tiempo parcial y con sueldos de 800 euros al mes, destaca CCOO. Según sus cálculos, más del 80% de los trabajadores de telemarketing se han visto forzados a teletrabajar “con sus propios medios personal y sin acuerdo de compensación de gastos”.

La Ley del Teletrabajo establece que las empresas deben detallar en el acuerdo al que lleguen con cada uno de sus trabajadores desde el inventario de los medios, equipos y herramientas necesarios para trabajar a distancia, incluidos los consumibles y los muebles, hasta los gastos que suponga la actividad laboral en el domicilio y la compensación que “obligatoriamente” tiene que abonar la empresa. También el horario de trabajo, el plazo de aviso para su regreso a la oficina, los medios de control empresarial, la protección de datos…

En el caso de los contact centers que siguen alargando el teletrabajo covid, sin embargo, los empleados no han podido negociar ninguna de estas condiciones, ni de forma individual ni colectiva.

Es una de las materias que sindicatos y patronal están discutiendo en la mesa de negociación del convenio, actualmente bloqueada. Por contra, en los convenios colectivos de algunos sectores ya se han introducido las obligaciones de esta nueva modalidad laboral. Por ejemplo, los de banca y de cajas de ahorro recogen una compensación de 55 euros al mes por los gastos del teletrabajador. La empresa, además, debe proporcionarle el ordenador, un teléfono móvil y una silla ergonómica homologada, así como un teclado, un ratón y una pantalla o, en su lugar, una compensación de 130 euros.

El convenio de grandes almacenes reduce la compensación por gastos a 25 euros. El de la industria química sube hasta 35 euros. Otros se remiten directamente al acuerdo con cada trabajador para precisar las compensaciones.

Todos los sindicatos han preguntado a las empresas hasta cuándo se va a mantener el teletrabajo covid, pero de momento no han obtenido una respuesta, explica CGT, que no duda en calificar de “abuso de posición empresarial” el mantenimiento de una medida pensada para situaciones excepcionales. infoLibre ha hecho la misma pregunta a CEX y a la empresa Konecta, una de las principales del sector. La patronal se ampara en la negociación del convenio colectivo en curso para no hacer ninguna declaración que pueda influir en ella. Konecta no ha respondido. El próximo día 20 dejará de ser obligatorio llevar mascarilla en interiores.

CEX integra a 19 empresas, que representan el 88% de la facturación del sector en España. Según las cifras publicadas en su página web, el volumen de negocio de las 19 compañías ascendió a 1.888,54 millones de euros en 2020, de los cuales 1.693,27 millones corresponden a su facturación en España. Un informe del Observatorio Sectorial DBK cifra en 3.300 millones el volumen de negocio de todo el sector en 2020, con un aumento de casi el 4% en los servicios a clientes ubicados en España. Para 2021, el informe preveía un aumento de la facturación de entre el 4% y el 5%. Konecta, en concreto, calculaba que el año pasado elevaría su beneficio bruto hasta los 150 millones de euros, un 12% más que en 2020. El beneficio bruto de Atento en 2021 ascendió a 134,6 millones de euros, tras aumentar sus ingresos un 5,3% respecto al año anterior.

Según reconoce CEX en el estudio sobre el sector de contact centers que publica cada año, el 79,16% de los trabajadores de sus 19 empresas teletrabajaron en 2020, el año más duro de la pandemia. De forma que las horas trabajadas a distancia pasaron de 800.000 a 70,7 millones. Estas 19 compañías sumaban en 2020 una plantilla de 98.180 personas, de las cuales 78.0781 trabajan en España. El resto, sobre todo en Colombia y Perú. El 71% son mujeres.

En el estudio, la patronal destaca que el sector “protagonizó una de las más espectaculares adaptaciones al excepcional cambio del entorno laboral creado por la pandemia”. “Las empresas velaron por la seguridad de sus trabajadores y rápidamente redujeron el aforo de sus centros de trabajo, realizando un esfuerzo titánico (tanto logístico como tecnológico) para implantar el teletrabajo en tiempo récord”, describe la patronal.

Sin embargo, la deficiente aplicación de las medidas sanitarias contra el covid de algunas de estas empresas durante la primera ola terminó en los tribunales. CGT presentó una querella contra Konecta por un delito de “omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por imprudencia grave”: el sindicato cifró en 575 los contagios por coronavirus en las instalaciones del grupo en Madrid entre marzo y mayo, y en 1.483 en toda España, cuando la empresa se negó a paralizar la actividad y a desalojar a los trabajadores de sus tres centros en Madrid, pese a los requerimientos que habían hecho tanto la Inspección de Trabajo como el Gobierno regional.

Konecta acaba de anunciar su fusión con la italiana Comdata, que dará lugar a una de las mayores empresas de externalización de procesos de Europa, con una facturación de 2.000 millones de euros.

La bautizada como ley rider reconoció la “presunción de laboralidad” de los repartidores de plataformas digitales como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Tras años de lucha y muchas sentencias a su favor, incluida una del Tribunal Supremo, se abría la puerta a que los mensajeros trabajasen con contratos laborales y paguen sus cotizaciones a la Seguridad Social. Las empresas tuvieron entonces que adaptar sus estructuras laborales: Just Eat, que ya tenía contratados a sus riders, ha firmado ya un convenio con UGT y CCOO, Uber Eats optó por subcontratar plantilla y Deliveroo abandonó España. Glovo, en cambio, anunció en verano la contratación de 2.000 repartidores del total de 15.000 que mantiene en España. Pero, además, cambió las condiciones en que trabajaban los que siguen como autónomos. Y, pese a que muchos de ellos prefieren mantener esa condición, han terminado por copiar a sus antiguos compañeros de bicicleta y han convocado paros este fin de semana en toda España. La Asociación Unificada de Riders (AUR) protesta así por la bajada de sus tarifas al tiempo que exige “autonomía plena”. Su presidente, Fernando Roán Gómez, dice que el 76% de los riders autonómos de Glovo se ha manifestado a favor de los paros.

“Nos han bajado las tarifas y ahora tenemos que trabajar muchas más horas para cobrar lo mismo”, se queja Roán Gómez. Explica que el multiplicador por perdido es ahora de 1,3 “en el bono básico, cuando antes era de 1,8. Y así no cubren los gastos por perdido. Quieren, añade, un mínimo por perdido de cuatro euros. “Y que nos permitan cambiar el multiplicador cuando queramos, no una vez al día como ahora”. También reclaman una tarifa igual para todos los repartidores en todas las ciudades y que no se les obligue a trabajar en zonas delimitadas de cada ciudad.

Además, la empresa les prometió que el tamaño de los pedidos se correspondería con el tipo de vehículo del repartido, pero no se ha cumplido, asegura el presidente de AUR. “Glovo se ha quedado con el monopolio de los autónomos [tras la entrada en vigor de la ley rider], así que puede hacer con nosotros lo que quieran”, lamenta Fernando Roán.

Fuentes del sindicato CGT confirman los cambios aplicados por Glovo tras la entrada en vigor de la ley, el pasado agosto. “En ciudades más pequeñas, como Tarragona o Sant Cugat, los repartidores hicimos una asamblea para ponernos bonos más altos, pero Globo se dio cuenta y nos bajó las horas”, revela. Ahora cuentan con free logging, la conexión a la plataforma es libre, y se ha suprimido el sistema de puntos con el que Glovo primaba a unos mensajeros frente a otros. Pero “las notas de ajenidad y dependencia [que determinan la existencia de una relación laboral, según el Estatuto de los Trabajadores] continúan existiendo”, replica CGT, “porque la aplicación y el logaritmo son de Glovo, y las facturas, por ejemplo, te las siguen dando ellos”.

Nada más entrar en vigor la ley, CCOO denunció en Cataluña que la empresa había introducido cambios en la aplicación para “eliminar indicios de laboralidad”, lo que había reducido los ingresos de los repartidores. CCOO y UGT demandaron también entonces en la Audiencia Nacional a Uber Eats por desconectar a 3.000 mensajeros de un plumazo, en lo que consideraron como un auténtico despido colectivo: la desconexión se produjo el 12 de agosto, el mismo día en que entró en vigor la ley rider.

Tampoco la compra, anunciada esta pasada Nochevieja, de Glovo por la empresa alemana Delivery Hero, ha supuesto un cambio de política laboral. El equipo directivo, integrado por los dos fundadores de la empresa, Óscar Pierre y Sacha Michaud, continuará al mando, y Glovo “seguirá operando con su aplicación y mantendrá su marca”, asegura a infoLibre un portavoz de la firma española.

Sin embargo, a Glovo no le va a resultar fácil continuar con su actual modelo laboral. Este mismo jueves el Juzgado de lo Social número de 1 de León ha reconocido como falsos autónomos a 142 repartidores de esa ciudad. El pasado día 8 fueron 329 en Zaragoza los que fueron considerados asalariados. En noviembre la Inspección de Trabajo había sancionado a la empresa con 8,65 millones de euros por mantener como falsos autónomos a 1.316 mensajeros. El próximo 22 de abril está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona la vista oral por la laboralidad de 3.800 repartidores, por los que la empresa debió ingresar 3,84 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social adeudadas entre mayo de 2015 y abril de 2018. Y este mismo jueves el sindicato CGT se reunió con la Inspección de Trabajo de Barcelona, que prepara una nueva acta de infracción contra Glovo por 8.500 riders que trabajaron para la empresa entre mayo de 2018 y agosto de 2021.

Todos estos litigios se refieren a repartidores y cotizaciones debidas a la Seguridad Social antes de que entrara en vigor la ley rider. Pero los sindicatos ya han empezado a denunciar a Glovo también por la nueva estructura laboral implantada para adaptarse a los cambios legales. Y la Inspección tendrá que investigar de nuevo.

Glovo explica que, pese a contar con “un periodo de transición muy corto”, por un lado, empezó a contratar directamente a repartidores, “con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente”. Y por otro, lanzaron “un nuevo modelo de colaboración para profesionales autónomos inédito en España, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Este modelo, destacan, permite “simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia”.

Sin embargo, tanto Riders X Derechos, el colectivo que empezó a luchar contra los falsos autónomos de las plataformas digitales de reparto, como la CGT denuncian que Glovo sigue utilizando sistemas ilegales para eludir la ley. En concreto, recurre a Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para contratar al personal de Glovo Supermercado, por el que un empleado de la empresa –lo llaman picker– hace la compra en los supermercados con los que firma convenios y se encarga de gestionar el pedido que luego un repartidor lleva al domicilio. También con Glovo Express, su propio supermercado fantasma.

CGT ya ha denunciado que estos trabajadores están contratados en fraude de ley, porque se dedican a lo que no es una actividad temporal, sino la actividad principal de la empresa. Más aún si se aplica la nueva regulación de los contratos temporales incluida en la reforma laboral recién aprobada. El sindicato cita a Randstad como la ETT que está utilizando Glovo. Otra empresa del sector, Stuart, acude a los servicios de Adecco y del Grupo Crit para no contratar directamente a los repartidores.

Pero no es el único mecanismo empleado por estas plataformas para burlar la nueva ley. Uber Eats prefiere subcontratar los repartidores. Para ello ha recurrido a Deelivers, una firma de Vigo que sí tiene a sus mensajeros como asalariados. CGT asegura que en este caso se trata de una “cesión ilegal de trabajadores de libro”. Se trata de una infracción laboral muy grave que se comete cuando una empresa cede a otra una plantilla y esta última es la que mantiene la dirección y el control de las tareas; es decir, decide desde el horario hasta las vacaciones, o incluso proporciona las herramientas de trabajo. Es lo que ocurre con los repartidores subcontratados, apunta el sindicato, puesto que utilizan la aplicación de Uber Eats y es ésta, y no Deelivers, la que dirige y controla su trabajo. Otro tanto puede decirse de Stuart, que actúa de subcontratada de Glovo, Uber Eats o incluso de Seur, indica CGT.

“Con la ley rider no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo, en contra de lo que auguraban muchos cuando se aprobó; todo lo contrario, de hecho: han aparecido empresas nuevas como Gorillas, Dija, Rocket o Getir, es un sector en total expansión”, resume un portavoz del sindicato. Todas prometen entregar el pedido en menos de 10 minutos.

La reforma laboral que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros se queda en un mero retoque cosmético de la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 o supone un auténtico cambio de paradigma. Los análisis no pueden ser más encontrados: van del “humo” (Gabriel Rufián) a la apelación de lo histórico (Yolanda Díaz).

Desde el mismo momento de la firma, el mensaje de la CEOE ha intentado subrayar que casi nada ha cambiado, porque el acuerdo con los sindicatos y el Gobierno mantiene intactos los aspectos fundamentales de la reforma de 2012. “El esqueleto principal”, lo ha llamado su presidente, Antonio Garamendi. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dice que el nuevo texto conserva el 95% de la reforma que el PP aprobó sin negociación previa con los agentes sociales.

Pero por el mismo motivo, que todo sigue demasiado igual, los socios del Gobierno en el Congreso y otros sindicatos ajenos al pacto han dejado clara su decepción. El compromiso que esperaban ver cumplido era la derogación de la ley de 2012, o al menos ese encabezamiento abría el capítulo correspondiente del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Después, tanto el Ejecutivo como los sindicatos comenzaron a repetir el latiguillo reduccionista sobre “los aspectos más lesivos” de la reforma. Así fue como se situaron fuera de la agenda de la negociación buena parte de los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores por aquella ley del PP. Para ERC, Bildu, BNG o Más País, el acuerdo tripartito se ha quedado manifiestamente “corto”, mientras que el sindicato CGT cree que no sólo “olvida muchos aspectos dañinos para los trabajadores”, sino que además “consolida” parte de la “terrible” reforma de 2012.

“Aún quedan cosas por hacer”, admite por su parte el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mientras el de CCOO, Unai Sordo, advierte de que “no renuncia” a sus reivindicaciones. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, niega que la reforma pactada sea “menos ambiciosa” de lo que pretendía y precisa que ejecuta una “derogación política, no técnica” de la ley del PP. También asegura que ha cumplido el acuerdo de gobierno.

Pero lo cierto es que el pacto tripartito ha excluido dos de las promesas del texto suscrito por el PSOE y Unidas Podemos: limitar la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar los descuelgues de los convenios.

Es más, ya en ese acuerdo de gobierno quedaban de hecho fuera de la derogación algunos de los puntos más significativos de la reforma de 2012. El primero, el despido. Que se eliminó del “perímetro” de la negociación por el rechazo frontal de la patronal a renunciar a unos cambios que facilitaron y abarataron la medida laboral más extrema justo en el peor momento de la crisis económica. Entonces las empresas recortaron costes reduciendo sus plantillas. Si en el primer momento, en 2009, habían prescindido de los contratados temporales, a partir de 2012 recurrieron a las extinciones de contratos indefinidos. Miles de despidos individuales y despidos colectivos. Las siglas ERE se convirtieron en noticia diaria.

La reforma del PP abarató el despido generalizando la indemnización de 33 días por año trabajado –con un tope de 24 mensualidades– para las rescisiones improcedentes, por lo que desapareció la de 45 días que había sido la más utilizada desde que otro gobierno del PP, con José María Aznar, instaurara el llamado “despido exprés” con esa cuantía compensatoria. Además, desde 2012 es la empresa, y no el trabajador, la que decide si éste vuelve a su puesto o es despedido e indemnizado cuando un tribunal determina que la medida ha sido improcedente. Y, sólo si el empleado es readmitido, el empresario está obligado ahora a pagar los llamados salarios de tramitación, los dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre la extinción del contrato y la sentencia.

También lo facilitó: cuando los despidos son colectivos, deben tener una causa, económica, organizativa, técnica o de producción. Entonces, la indemnización para lo que se considera un despido “objetivo” se mantuvo en 20 días por año trabajado, con un tope de 12 meses, la misma cantidad que ya existía antes. Pero se redefinieron las causas económicas, las más invocadas por las empresas. Desde 2012 basta con que la empresa prevea que va a tener pérdidas en el futuro o que durante tres trimestres consecutivos disminuyan sus ingresos respecto al año anterior, para despedir.

Aún más, la reforma del PP suprimió la autorización administrativa para ejecutar lo que hasta entonces se denominaban Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y que incluían tanto los de extinción –despidos– como los de suspensión del contrato y reducción de jornada, los ahora famosos ERTE. Desde 2012, los empresarios sólo tienen que comunicar a la autoridad laboral competente que van a ejecutar un despido colectivo, suspender contratos o reducir la jornada. Y abrir un periodo de consultas con los representantes sindicales. Da igual si hay acuerdo o no con ellos, la empresa lo ejecutará. Antes sólo podía hacerlo si la Consejería o el Ministerio de Trabajo determinaban que el ERE cumplía las causas legalmente establecidas.

Todas estas medidas convirtieron el despido en la herramienta preferida de las empresas para recortar costes laborales durante la anterior crisis. Sindicatos, patronal y Gobierno no las han tratado en la mesa de diálogo; no se han modificado, por tanto.

Tampoco se han tocado los descuelgues de los convenios, otro de los cambios fundamentales de la reforma de 2012. Desde ese año, las empresas pueden acogerse a las citadas causas económicas, organizativas, técnicas y de producción para no aplicar el convenio colectivo a sus plantillas en materias tan determinantes como el salario, la jornada, el horario, el sistema de trabajo y las mejoras voluntarias como pólizas de seguros o planes de pensiones. Para que una empresa presente una propuesta de descuelgue por causas económicas basta con que la disminución de los ingresos se produzca durante dos trimestres, no tres como en los despidos colectivos. En todo caso, las inaplicaciones de convenios no han sido muy utilizadas durante estos años. Si en 2013 fueron 2.179 las empresas que recurrieron a esta herramienta, en 2019 se quedaron en sólo 825. En estos dos últimos años anómalos de pandemia, la cifra no ha alcanzado las 500 empresas.

Limitar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo ha quedado también para la siguiente negociación. Para bajar el salario, aumentar la jornada o cambiar el horario y el sistema de trabajo, el empresario puede de nuevo invocar las mismas causas económicas, organizativas, técnicas o de producción que para despedir o dejar de aplicar el convenio. Si el trabajador no acepta el cambio, todo lo que puede hacer es dejar su puesto a cambio de la indemnización mínima de 20 días por año. La medida puede igualmente ser colectiva, pero en ese caso la empresa debe abrir un periodo de consultas con los representantes sindicales de 15 días. Después, la aplica. A la misma indemnización tiene derecho el trabajador que no acepta un traslado –movilidad geográfica– o un cambio de función o puesto –movilidad funcional–. Todo este conjunto de mecanismos integran la “flexibilidad interna” que debería prevalecer sobre los despidos –“el último recurso”– y que, para la CEOE, “garantizan la adaptabilidad de las empresas y aseguran la libertad de empresa”.

Otros aspectos de la reforma de 2012 que permanecen inalterados son, por ejemplo, las horas complementarias que pueden trabajar los asalariados a tiempo parcial. La ley del PP permitió incluso que estos trabajadores hicieran horas extraordinarias. Pero la medida duró poco. En diciembre de 2013 se volvieron a prohibir, pero a cambio se autorizaron las “horas complementarias”: previamente pactadas entre empresa y trabajador –en teoría no impuestas–, pero pagadas como ordinarias.

Tampoco se ha tocado el nuevo papel que la ley de 2012 otorgó a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), a las que se permite desde entonces trabajar también como agencias de colocación. El Gobierno del PP intentó convertirlas en colaboradoras del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), mediante acuerdos que, además de polémicos, no resultaron muy eficaces. Ahora el proyecto del Ministerio de Trabajo es transformar el SEPE en una Agencia Española del Empleo, que realizará perfiles individualizados a los parados y les ofrecerá tutores. También quiere disponer de 7.000 orientadores profesionales para atender a un millón de personas en 2024.

Antes de firmar el acuerdo tripartito, ya habían sido eliminados algunos puntos de la reforma de 2012. El contrato de apoyo a los emprendedores, una de las creaciones estrella de la ley del PP, fue derogado en diciembre de 2018 cuando era ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Ese contrato indefinido fue polémico desde su nacimiento porque incluía un periodo de prueba de un año que casi lo convertía en temporal: el 40% de los trabajadores eran despedidos antes de ese plazo.

También ha quedado sin efecto el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, una de las promesas cumplidas del acuerdo de gobierno. Fue derogado en febrero de 2020. La reforma de 2012 había desligado este tipo de despido de los índices de absentismo de la empresa, haciéndolo depender únicamente de las faltas de asistencia individuales, por lo que eliminaba un criterio de proporcionalidad.

Si alguno de los asuntos pendientes de la reforma de 2012 reaparece durante la convalidación parlamentaria del acuerdo tripartito dependerá de la capacidad de presión de los socios del Gobierno, que se reafirman en su deseo de conseguir la derogación total. Pero, tirando desde el otro lado de la cuerda, Antonio Garamendi ha amenazado con abandonar el pacto recién alcanzado si el Congreso cambia siquiera “una coma” del texto que ha estado negociando con los sindicatos y el Ejecutivo durante nueve meses.

Caixabank tiene previsto plantear a los representantes sindicales con los que negocia estos días el despido de 7.791 trabajadores una propuesta para homologar las dispares condiciones laborales de quienes conserven sus puestos de trabajo, una vez integrada la plantilla de Bankia. La próxima reunión se celebrará el día 19. Pero el informe técnico del ERE, al que ha tenido acceso infoLibre, cifra en 231 millones de euros el coste anual de esa futura homologación, lo que supondría recortar un 35% los 662 millones que la entidad bancaria pretende ahorrar con los despidos. “La homologación supondría consolidar, para una plantilla de mayor dimensión, una situación que minora significativamente la competitividad de Caixabank”, advierten los autores del documento, porque el banco ya tiene unos costes salariales medios “muy superiores” a los de sus competidores.

El coste salarial medio en Caixabank alcanza los 86.300 euros, mientras que en Bankia es mucho menor, 68.200 euros, según consta en el informe mencionado. Además, está un 21,9% por encima de la media de las principales entidades españolas, que es de 70.800 euros. Por eso, sus autores consideran “imprescindible” que Caixabank adopte “medidas” para “reducir sensiblemente el diferencial de coste de personal” respecto de sus competidores, con el fin de no perder “una parte relevante de las sinergias y ahorros” de la fusión y “no incurrir con carácter estructural en unos sobrecostes salariales” que, a su juicio, comprometen “la eficiencia y la competitividad del banco”.

“La homologación es una pieza clave de la negociación del ERE”, subraya Óscar Bayona, secretario general de la sección de UGT en Caixabank en la Comunidad Valenciana. Pero la prioridad sindical, asegura, es preservar el empleo. La homologación, que se opte por las prejubilaciones en lugar de los despidos forzosos y el carácter voluntario de la adhesión al ERE son “vasos comunicantes”, explica Bayona. “El problema es que, por el momento, no tenemos nada en ninguno de ellos”, describe gráficamente. Los 15.950 empleados de Bankia llevan años conviviendo con los problemas de homologación de las diferentes entidades que la constituyeron: Cajamadrid tenía mejores condiciones salariales que Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja y Banco Mare Nostrum. En Caixabank, hasta ahora, la integración de Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y el portugués BPI se ha hecho “de forma progresiva, hasta igualar al 100% las condiciones [de la entidad catalana] en cinco años”, detalla Joan Sierra, secretario general del sector financiero de CCOO. “Ahora puede ser que extiendan aún más ese plazo”, aventura.

Pero lo que el dirigente de CCOO descarta es que se rebajen los salarios de los 35.434 trabajadores procedentes de Caixabank, pese al llamamiento que hace el informe a rebajar los costes de personal frente a los otros grandes bancos. Cuando hay una sucesión de empresas, como es el caso de la fusión con Bankia, deben mantenerse las condiciones de la plantilla. “Otra cosa es que se decida, por ejemplo, suspender las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones de los trabajadores”, advierte Joan Sierra. Manuel Marino Peche, responsable de la sección sindical de CGT en la antigua Bankia, cree que el peligro de desaparecer lo corren los complementos como las ayudas por hijos, pero que no se podrán tocar los sueldos base. “No es de recibo que una entidad que ha ganado 1.381 millones el año pasado y 514 millones este primer trimestre recorte plantilla y lo haga, además, a coste del Estado, después de triplicarse el sueldo sus directivos”, resume Manuel Marino la indignación sindical. Caixabank justifica el ERE en causas organizativas y de producción, no en causas económicas. La fusión con Bankia le ha reportado un impacto extraordinario de 4.272 millones que, sumado a los 514 millones antes citados, se traduce en un beneficio de 4.786 millones de euros sólo hasta marzo.

El triple de cargos por mantenimiento de las cuentas

Unos 400 trabajadores de Caixabank protestaron este viernes contra los despidos ante al Palacio de Congresos de Valencia donde se celebraba la junta general de accionistas de la entidad, que aprobó las cuentas de 2020, el reparto de 216 millones de euros en dividendos y los sueldos de sus principales ejecutivos. No obstante, este último punto del orden del día contó con el voto en contra del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee una participación del 16,11% en Caixabank a través de su participación en Bankia, entidad rescatada y nacionalizada durante la crisis financiera. El expresidente de Bankia y ahora presidente ejecutivo de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, cobrará en su nuevo puesto 1,65 millones de euros al año más una retribución variable de 200.000 euro. Triplica así los 500.000 euros que ingresaba en su anterior puesto, donde tenía el sueldo limitado por la participación pública en el banco, entonces del 61,78%.

El FROB expresa de esta manera las críticas que antes formularon tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, a las elevadas retribuciones de los banqueros mientras planean miles de despidos. También el BBVA ha anunciado un ERE para 3.798 trabajadores tras haber ganado 1.210 millones de euros en el primer trimestre de este año. En su intervención ante los accionistas, Goirigolzarri ha defendido sus emolumentos, que se sitúan “en la línea con los esquemas tradicionales de CaixaBank”, ha dicho, y son “inferiores a las referencias comparables del mercado”.

En el informe del ERE, Caixabank reconoce que, para compensar la caída de los ingresos por intereses, ha aumentado “el asesoramiento y comercialización de productos y servicios financieros” para elevar los ingresos por comisiones. Éstos han crecido un 4,5% desde 2018, hasta situarse en 3.390 millones de euros en 2020. En Bankia, los cargos por el mantenimiento de las cuentas de los clientes casi se han triplicado entre 2019 y 2020, al pasar de 64,2 a 175,9 millones de euros, mientras que los ingresos por cuotas de las tarjetas de crédito se han elevado un 47,4% y por las transferencias un 70%.

Los sindicatos también critican que Caixabank haya planteado “por primera vez” que la mitad de los despedidos deban tener menos de 50 años. Su primera propuesta de indemnización, además, es del mínimo legal por despido objetivo, 20 días por año trabajado. De esta forma, la entidad se ahorra las penalizaciones de la llamada Enmienda Telefónica, que deben pagar las empresas con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años con beneficios.

Menos negocio por oficina y por empleado que la media 

“No hay argumentos objetivos para despedir”, replica Óscar Bayona, “lo peor ya ha pasado, suben en la Bolsa y el sector ya está ajustado”. No son ésas las conclusiones del informe técnico que ha presentado Caixabank para justificar el enorme volumen de despidos: propuso 8.291 inicialmente para luego rebajar 500 –cambiados por recolocaciones–, el mayor ERE de la banca hasta el momento.

El documento dibuja un escenario catastrófico por culpa de los bajos tipos de interés, la escasa demanda de crédito solvente, el repunte de la morosidad, la baja rentabilidad del capital, las crecientes exigencias regulatorias, las elevadas inversiones necesarias para la digitalización, y la “proliferación” de nuevos competidores –Google, Apple, Facebook, Amazon, PayPal y Samsung–. Comparando los números de 2018 con los de 2020, el año de la pandemia, el resultado de la actividad de explotación cae un 63,5%, aunque en esa caída el banco incluye 1.502 millones de euros en provisiones extraordinarias por el covid-19. Igualmente empeora su ratio de eficiencia en más de tres puntos. Es más, el margen bruto por oficina –todos sus ingresos, incluidos las comisiones– de Caixabank y Bankia en 2020, 1,6 millones de euros, fue muy inferior al del sector, 2,1 millones, y al de sus más cercanos competidores, 3,2 millones. Lo mismo ocurre con el margen bruto por empleado, que fue de 0,23 millones, en comparación con los 0,33 millones de los grandes bancos y con los 0,28 millones de media del sector bancario español.

También destaca el informe que las operaciones realizadas en las sucursales de Caixabank se redujeron un 9,2% y los procesos administrativos un 25,4%, mientras que las transacciones cayeron un 62,1% en las de Bankia. Una vez más, la comparación se realiza entre 2018 y el año de la pandemia, 2020. Por el contrario, las operaciones a través del móvil se dispararon un 78,9% en el banco catalán y los clientes digitales han pasado de representar en Bankia el 37,3% al 60,5%.

Cerrarán 664 sucursales rurales

Si a este cambio en el consumo de productos y servicios bancarios se le suman los “solapamientos geográficos, duplicidades e ineficiencias funcionales en las direcciones territoriales y servicios corporativos” que el informe dice haber detectado en las estructuras del banco como resultado de la fusión con Bankia, la consecuencia es la supresión de 5.742 empleos en la red de oficinas, 250 en las direcciones territoriales, 1.611 en los servicios corporativos y 630 en las filiales. Además, no podrán reincorporarse a sus puestos 58 empleados que disfrutaban de excedencias incentivadas. En total, se cerrarán 1.534 oficinas, el 27,2%.

El informe no precisa cuántos de esos trabajadores y sucursales corresponderán a Caixabank y cuántos a Bankia. “Sería discriminatorio si eliminaran por origen, los tribunales lo rechazarían”, advierte Óscar Bayona. Pero sí detalla cuántas oficinas van a desaparecer en cada provincia y comunidad autónoma. Y las que más van a sufrir van a ser Madrid, con 401 sucursales menos, y la Comunidad Valenciana, con 259. Precisamente donde más peso tenía hasta ahora Bankia. En Cataluña serán menos, 224.

También se concreta el número de supresiones por tipo de oficina. El ERE cerrará 664 sucursales rurales. Como tales se consideran aquellas oficinas con menos de cinco empleados situadas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Como tienen “menores niveles de eficiencia y rentabilidad”, dejará de ser obligatorio que cuenten con un subdirector, y los salarios y pluses de sus trabajadores tendrán una regulación específica, adecuándose “a la responsabilidad y márgenes” de estas sucursales. Que podrán ser unipersonales y tener un horario de atención al público reducido o incluso cerrar en algunos periodos de tiempo.

Del total, 134 oficinas se reconvertirán en “ventanillas”, puntos de atención al cliente que abren sólo dos o tres veces a la semana en horario limitado y dependen de una sucursal matriz. A su vez, 12 de las ventanillas actuales desaparecerán. Sin embargo, se mantendrán los 14 ofibus, vehículos para atender pequeñas poblaciones rurales, puesto que los 12 de Bankia y los dos de Caixabank cubren zonas geográficas distintas.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene que pronunciarse sobre la querella que la sección sindical de CGT presentó contra el grupo Konectael grupo Konecta por poner en peligro la salud de sus trabajadores en marzo de 2020, nada más decretarse el estado de alarma. El sindicato, que ha recurrido ante la Audiencia después de que el juzgado de instrucción dictaminase que no era una causa penal, acusa a la empresa de un delito de omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por imprudencia grave.

Según explica la CGT en su querella, Konecta BTO, que presta servicios de telemarketing a otras empreas, se negó a paralizar la actividad y a desalojar a los trabajadores de sus tres centros en Madrid, pese a los requerimientos que habían hecho tanto la Inspección de Trabajo como el Gobierno regional. El 16 de marzo el comité de empresa aprobó, con los votos a favor de CGT, USO y Solidaridad Obrera y en contra de UGT, CCOO y Fasga, requerir a Konecta que cerrara los tres centros de trabajo, habida cuenta de que ya se habían constatado 23 contagiados sólo en las instalaciones de Alcobendas y de que ni se respetaba la distancia de dos metros entre puestos de trabajo, ni se facilitaba gel hidroalcohólico, ni se limpiaban ni se desinfectaban los micrófonos, auriculares, ordenadores, sillas y mesas, que eran de uso compartido.

Curiosamente, Konecta BTO fue la adjudicataria, con carácter de urgencia, de los servicios de atención telefónica sobre el covid-19 de la Comunidad de Madrid, que se atendió desde los centros de trabajo del grupo en Sevilla. Se le concedieron dos contratos, por un total de 1,23 millones de euros en mayo de 2020, para atender el desbordamiento de llamadas por la pandemia en un periodo de una semana el primero y 18 días el segundo.

La Inspección de Trabajo pidió a la empresa y al comité que acreditaran el cumplimiento de las normas de higiene pero, como no se aplicaron, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid decidió el día 18 “mantener la paralización de las actividades […] acordada de forma unánime por los representantes legales de los trabajadores, en tanto no se adopten las medidas preventivas referidas en el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid incorporado al expediente y en el requerimiento remitido por ese organismo a la empresa”. A petición de los sindicatos, la policía acudió a los tres centros, que continuaban abiertos el día 19.

Según las cifras que proporciona CGT en su querella, las bajas por covid-19 en Konecta BTO ascendieron a 575 de una plantilla de 3.723 en la Comunidad de Madrid. En toda España, las bajas por coronavirus se elevaron a 1.483, a 18 de mayo de 2020, de una plantilla de 15.577 personas. Fuentes de Konecta no confirman esas cifras y aseguran que las de la empresa, en todo caso, se situaron “muy por debajo de la media del país”. “Konecta cumplió con todas las medidas de prevención en unos momentos que fueron muy complicados y en los que todos estábamos muy desbordados”, explican a infoLibre. También indica que la mayoría de los contagios “venían de fuera del trabajo”.

Teletrabajo

Fuentes de CCOO atribuyen el “caos” de los primeros días de pandemia a la “inexperiencia” de todas las empresas en una situación tan imprevista y desconocida. Para CGT, tras la reticencia de la empresa a paralizar o a enviar a su personal a trabajar desde los domicilios se encuentra la negativa de algunos de los clientes a Konecta al teletrabajo. En esos primeros días, a los empleados del grupo que optaban por trabajar desde casa se les comunicaba que su ausencia sería considerada “justificada” pero “no remunerada”, indica el sindicato.Las fuentes de Konecta, por el contrario, subrayan que la empresa puso en marcha “el trabajo en remoto con mucho éxito”. En estos momentos, añaden, aún se encuentran teletrabajando entre 45.000 y 50.000 de sus empleados en todo el mundo.

El dueño del 49,9% de las acciones de Konecta desde 2019 es el fondo británico IGV, también propietario de la cadena de residencias de ancianos Domus Vi donde murieron 1.800 ancianos durante la primera ola de la pandemia. Domus Vi gestiona 139 centros de mayores, que cuentan con 18.500 plazas. Como ha desvelado infoLibre, el fondo ICG ha creado una trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de España hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco.