Cataluña ha sido tradicionalmente uno de los principales motores económicos de España. Con una población de 7,7 millones de habitantes, la mayor después de la de Andalucía, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la comunidad que más produce y su Producto Interior Bruto (PIB) superó los 255 millones de euros en 2022; como sobrepasa en casi 5.000 euros anuales la media estatal su PIB por habitante. Pero en los últimos años la economía catalana ha ido perdiendo fuelle a favor de la de Madrid, región que ahora ocupa la primera posición del ranking. Su aporte al PIB nacional no llega ya al 20%, que sí alcanzó en años anteriores.

La tendencia continuada a ejercer de cabeza tractora del conjunto de la economía española se ha ido quebrando con el tiempo debido a múltiples factores como el retroceso de la industria y la innovación, para dejar más peso a otros sectores como el turismo donde han surgido problemas de masificación; y durante la pandemia Cataluña sufrió más que otros territorios del Estado. En el análisis no se puede obviar que en 2012 arrancó lo que, a juicio de fuentes del ámbito económico, ha “repercutido sin duda” en la economía de ese territorio: el procés independentista, durante el que “más de 7.000 empresas se dieron a la fuga”, recuerdan, y que aún no se ha desactivado del todo.

De hecho, PwC recabó la visión de presidentes, consejeros delegados y otros altos directivos de las grandes empresas catalanas para su informe Temas candentes de la economía catalana y detectó que había “un sustrato común" de asuntos de debate que permitían identificar “los principales problemas” económicos. “La incertidumbre generada por el conflicto político con el Gobierno central” asomó entre los que más preocupaban dentro del fluir de opiniones. “Los directivos consultados creen que en el momento más caliente del enfrentamiento, en el último trimestre de 2017, se resintieron algunos indicadores, como la demanda de turismo o de bienes de consumo”. Y aunque pensaban que los efectos negativos podrían ser “transitorios”, sí existía la idea generalizada de que "se han perdido oportunidades de inversión difícilmente recuperables”, lo que los representantes del empresariado sumaron a “la falta de iniciativa legislativa de la Generalitat”, de acuerdo a lo recogido en el mencionado documento. 

En ese sentido, fuentes socialistas defienden que durante “la más de una década donde la prioridad ha sido la independencia, no lo han sido las infraestructuras, la planificación económica estratégica...”. “Se ha vivido con la inercia de atrás”, dicen, para dejar resbalar que “ahora hay una oportunidad, en el contexto del reparto de fondos europeos, de que la expansión económica de Cataluña vuelva a coger ritmo e impulso -sólo el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 742 millones de la UE a proyectos de inversión en aquella comunidad-, lo que redundaría en toda España, de la misma manera que, cuando la economía alemana va bien, le va mejor a Europa”, ejemplifican.

Dejados los muros fronterizos a un lado, las fuentes sondeadas consideran que el que Salvador Illa, a quien definen como “moderado” y “socialdemócrata”, sea el presidente de la Generalitat “contribuirá a la estabilidad política y ésta, a su vez, a la económica”, aseveran. “En Cataluña ha habido históricamente mucha innovación y desarrollo, con lo que tiene las condiciones naturales para que vuelva a haberlo. Sólo necesita estabilidad política, porque lo demás, inversores que volverán a estar interesados, maquinaria, background… ya cuentan con ello”, inciden quienes auguran un nuevo proceso “de reimpulso a la industria, la tecnología, la automoción o las energías limpias, donde se han quedado muy atrás”. De hecho, según fuentes del sector, “a este paso, la energía eólica terrestre no llegaría ni a la mitad de los objetivos de lo planificado para el año 2030 en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat). Y en el resto habría que avanzar igualmente mucho más rápido”, advierten. 

Para el ex rector de la UNED Juan Gimeno, la estabilidad política “es condición más necesaria que suficiente” de cara a que pueda producirse un nuevo resurgir económico catalán. Lo que sí tiene claro es que “el horizonte es más prometedor para Cataluña y para España en su conjunto”, en lugar de delineados por separado ambos territorios. Gimeno confía en que “Junts se desinfle” y en que “el ruido por los temas catalanes vaya disminuyendo”, lo que supondrá “más oportunidad para las políticas de interés ciudadano en Cataluña y en España”. “Pero no sé si es sólo optimismo por mi parte”, confiesa.

Los futuribles bríos económicos y el que la comunidad “pudiera ser un mayor actor en el mercado interno español para el resto de regiones” podrían ayudar, además, “a compensar el que Cataluña pueda contribuir menos al sistema de financiación”, en el caso de salir adelante el llamado concierto catalán o “financiación singular”, anotan las fuentes políticas consultadas, que, en cualquier caso, descartan que "se vaya a saltar la solidaridad territorial".

Desde la esfera económica recuerdan que el traspaso de ingresos desde el Estado a Cataluña, “la parte compartida de impuestos, el 50% de IRPF, el 50% IVA y el 48% de los impuestos especiales, supone unos 30.000 millones”. A ello habría que agregarse el trasvase anual de la caja común estatal de entre 6.600 a 13.200 millones que, según un primer cálculo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), podría conllevar el modelo de financiación singular pactado entre PSC y ERC para desbloquear la investidura de Illa. Lo que no podría utilizarse para llegar ahí es el argumento de que Cataluña está infrafinanciada, según esa entidad.

En el informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado año a año por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, se refleja que no es así, ya que Cataluña se ha situado siempre más o menos en la media en cuanto a recursos efectivos por habitante y, en concreto en 2022, se colocó ligeramente por encima con 3.396 euros por persona, frente a los 3.365 del promedio del país. En su caso, tras registrar unos ingresos iniciales de 28.000 millones, se quedó con una financiación efectiva de 25.912, lo que dio lugar a un saldo neto negativo de 2.088 millones, lejos de los 7.395 que aportó al sistema Madrid, comunidad que tras lograr unos ingresos tributarios homogéneos de 29.393 millones, tuvo una financiación efectiva de 21.998, tras aplicarse los ajustes del sistema.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha calculado que el ahorro medio de la rebaja o eliminación del IVA de algunos alimentos, que entró en vigor el pasado 1 de enero, será de 32,4 euros por hogar, pero se elevará a 60,7 euros en el 1% de las familias con mayor renta bruta, informa Europa Press.

El ahorro de esta medida va creciendo de sde los 22,4 euros para los hogares del primer quintil de renta bruta, hasta los 60,7 de los ubicados en el 1% con más renta bruta, de acuerdo con los cálculos de Fedea.

Los expertos señalan que aunque es cierto que la reducción de los tipos reducido y superreducido es una medida que favorece más, en términos relativos, a las personas y hogares con menos renta, su coste es "innecesariamente elevado", porque en términos absolutos, la reducción beneficia más a las personas y hogares con rentas elevadas, que, seguramente, "no necesitan esa ayuda".

Por ello, Fedea señala en el informe Efectos recaudatorios y distributivos de la reducción de los tipos del IVA a determinados productos de alimentación, publicado este viernes, que esta reforma tributaria temporal tendrá un efecto positivo, aunque de poca importancia, sobre el efecto redistributivo del IVA, que verá reducido su impacto desigualador de la renta de los hogares.

En términos relativos, los hogares más favorecidos por la rebaja impositiva, en relación con su renta bruta, son los integrados o sustentados por mayores de 65 años, así como los perceptores de transferencias de otros hogares y subsidios.

Asimismo, los expertos de Fedea han alertado de que no puede descartarse que, al menos en parte, la reducción del IVA acabe trasladándose "a una mejora de los márgenes empresariales".

Fedea calcula que el coste recaudatorio de la reducción temporal de los tipos de IVA aplicados a los alimentos podría alcanzar los 700 millones de euros, de los que la mitad corresponderían al beneficio obtenido por el 40% de los hogares con mayor renta.

El último paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y el incremento de precios incorpora para este 2023 una rebaja del IVA del 10% al 5% para el aceite y la pasta y una eliminación del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche.

El real decreto ley recoge que la rebaja del IVA del 10% al 5% para los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias y la eliminación del tipo impositivo del 4% para los alimentos básicos se dejará de aplicar a partir del 1 de mayo en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5%.

Dentro de los alimentos básicos que han visto eliminado el IVA a partir del 1 de enero figuran: el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario.

“Una camisa de fuerza”. Así describe Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que han gobernado las finanzas de la UE durante 23 años. Hasta que la pandemia forzó su suspensión. “No sirvieron para salir de la crisis anterior de forma adecuada y en esta no podemos permitirnos otra respuesta fallida”, advierte. Entonces, a la misma altura de la crisis en que Europa se encuentra ahora –dos años de caídas del PIB– “ya se estaban adoptando medidas de recorte y de austeridad”, recuerda Tamames, cuyo fin era volver cuanto antes al 3% de déficit público y el 60% de deuda que dictaban las normas aprobadas en 1997.

El resultado de ponerse esa camisa de fuerza es conocido: débil crecimiento económico, aumento de la desigualdad, ruptura de la cohesión social, polarización política… Una década después, el estallido del coronavirus ha impuesto un cambio radical en la forma de encarar la crisis subsiguiente: préstamos para que los gobiernos sufraguen sus planes de lucha contra el desempleo (SURE), los fondos de recuperación NextGeneration –140.000 millones para España–, las compras de emergencia de bonos que aún hace el BCE. Medidas excepcionales que están amortiguando el golpe asestado por el covid a la economía y la sociedad pero que, al mismo tiempo, han disparado de nuevo el déficit y la deuda de los Estados miembros. Por primera vez en la historia de la zona euro, la deuda pública de los países que lo integran ha superado el 100% de su PIB.

“Existe un consenso en Europa sobre que las reglas fiscales se pensaron en los años 90 teniendo en la cabeza un mundo económico que no es el de hoy y que, por tanto, hay que actualizarlas”, explica Jorge Tamames. La insatisfacción con esas normas es “general”, apunta Javier Ferri, investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Así que abrir la reforma va a ser fácil, añade. Entrar en los detalles, no tanto. Hasta el punto de que la negociación necesaria para ponerlas al día puede convertirse en un auténtico campo de batalla europeo. Sin ir más lejos, modificar el protocolo que establece los umbrales de déficit y deuda requiere la unanimidad del Consejo Europeo. La negociación debería comenzar este año, mientras dure la suspensión de las reglas fiscales, en principio hasta 2023. De momento, la reforma del Pacto de Estabilidad se encuentra en fase de consulta pública, por lo que son numerosas las propuestas que se están presentando para abordar una cuestión tan capital.

Ya antes de la pandemia había sido objeto de debate el cambio de las normas fiscales, que fueron reformadas en 2005, 2011 y 2013, y en 2016 adquirieron unas cláusulas de flexibilidad. Pero ahora atraviesan un momento crucial, apunta el investigador de Elcano. Si se recuperan en 2023 tal y como están, y vuelve la austeridad, peligrará la recuperación económica y, si dejan de aplicarse, “se socavará la autoridad de las instituciones europeas”.

En España, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el mismo Real Instituto Elcano han elaborado propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Todas ellas presentan elementos comunes. “Hay una constatación tácita de que a los umbrales del 3% de déficit público y 60% de deuda pública no se va a volver en ningún momento cercano”, concede Jorge Tamames. Cuestión distinta son cuáles deben ser los nuevos valores. Un documento elaborado por los economistas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) planteaba el pasado octubre elevar al 100% el umbral de deuda. “No hay cifras mágicas”, objeta el investigador de Elcano, “ni el 60% ni el 100% garantizan la sostenibilidad”.

Javier Ferri cree que la discusión sobre esos parámetros es importante, pero más aún lo es el “cambio de paradigma”. Y que lo deseable sería pasar “de reglas más cuantitativas a reglas más cualitativas”. “Se trata de que los agentes económicos sepan que los gobiernos se toman en serio los procesos de consolidación a medio y largo plazo”, sostiene, de forma que esos planes “hagan creíbles los objetivos [de déficit y deuda]”.

Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que los tan denostados umbrales de déficit y deuda darán paso a objetivos de empleo, inflación, crecimiento económico, desigualdad o convergencia de niveles de renta. “Los que antes eran indicadores auxiliares serán ahora los indicadores clave”, resume.

Tanto el Banco de España como la AIReF como el Real Instituto Elcano coinciden en sus críticas a las reglas fiscales europeas: demasiado complejas, poco transparentes e incluso poco creíbles: los países corrigen sus déficits pero no las causas estructurales que los originan, mientras que la regla de la deuda nunca se ha utilizado, “quizás con razón”, precisa el documento del Real Instituto Elcano, elaborado por Enrique Feás, Carlos Martínez Mongay, Miguel Otero-Iglesias, Federico Steinberg y Jorge Tamames. Según los cálculos del Banco de España, la zona euro necesitaría mantener un superávit fiscal del 1,1% del PIB durante 20 años para reducir la ratio de deuda al 60% fijado en el Pacto de Estabilidad.

También repiten las soluciones. La principal es un instrumento fiscal central y permanente, que consolide e institucionalice el NextGeneration creado para combatir la crisis del covid. Su fin debería ser financiar inversiones públicas, “que es lo primero que se recorta cuando hay una crisis”, destaca Jorge Tamames. En concreto, las destinadas a la transición ecológica y digital. Además, añade la AIReF, serviría para estabilizar la economía de la UE “en el caso de un shock, especialmente cuando la política monetaria está restringida”, como es el caso actual, con los tipos de interés en negativo y la capacidad de maniobra del BCE al límite. Como se financiará con eurobonos, dice la Autoridad Independiente Fiscal, ese nuevo instrumento reforzará la disciplina fiscal si el acceso a la deuda europea se condiciona al cumplimiento de los planes fiscales nacionales. La AIReF habla también de un seguro de desempleo común y de “acuerdos ad hoc y temporales, financiados con deuda común” como ya se ha hecho con el SURE o con las líneas de liquidez del MEDE.

Las tres instituciones defienden igualmente la aplicación de una regla de gasto “sencilla y transparente”, la que limita el crecimiento del gasto público –excluidos la inversión o las prestaciones de desempleo, por ejemplo– a un cierto umbral calculado a partir del crecimiento potencial o de medio plazo de la economía. La regla dispondría de una cláusula de salvaguarda para países muy endeudados y su cumplimiento sería vigilado por las instituciones europeas y nacionales.

Apoyados en los antecedentes, Jorge Tamames confía más en la eficacia de la zanahoria que en la del palo a la hora de hacer cumplir las reglas fiscales a los gobiernos. “Las sanciones pecuniarias han demostrado ser ineficaces en el pasado y deben abandonarse como mecanismo de aplicación”, aconseja la AIReF. En su lugar, prefiere dar apoyo financiero a los países en situación precaria, pero condicionado a la puesta en marcha de reformas consensuadas, dice el investigador de Elcano.

El fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo en la vigilancia de las políticas fiscal y tributaria, diseñar senderos específicos de reducción de deuda para cada país y conceder mayor protagonismo a las autoridades fiscales independientes de cada Estado miembro son también parte de los esquemas dibujados por el Banco de España, la AIReF y Elcano para hacer más flexibles y eficaces las reglas fiscales de la UE. El Banco de España, además, subraya la necesidad de que vayan acompañadas de reformas estructurales y reclama que se complete la unión bancaria y se avance en la de mercado de capitales.

Pero, ¿caminan en la misma dirección el resto de los países europeos? Alemania ya no parece estar en la disposición de blandir el látigo de la austeridad como hizo en la anterior crisis. Aunque la política económica del socialdemócrata Olaf Scholz no debería desviarse demasiado de la ortodoxia merkeliana, los nuevos vientos –“la austeridad expansiva está absolutamente desacreditada”, recalca Jorge Tamames– que soplan desde Europa invitan a la convergencia, asegura Javier Ferri. “Las propuestas [de las instituciones españolas]”, sostiene, “son fáciles de comprar también por los centroeuropeos, en principio; el debate político ya es otra cosa”.

Jorge Tamames también recela de la negociación “política”. A algunos países como Francia y Alemania, avisa, les gustaría dar “un perfil bajo” al debate en Bruselas sobre la reforma de las reglas fiscales. Emmanuel Macron afronta unas elecciones presidenciales en abril y Scholz prefiere evitar las críticas de la derecha, aunque se ha mostrado a favor de cambiar el Pacto de Estabilidad. Así que el investigador de Elcano teme que el club de los frugales –además de Alemania, lo conforman Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia— opte por alargar otro año la suspensión de las normas fiscales antes que “sentarse a negociar una reforma ambiciosa”. Tampoco Países Bajos parece liderar con tanto brío como antes la cruzada frugal contra los derrochadores del sur.

Por el contrario, Javier Santacruz cree que una discusión de semejante calado va a convertirse en un debate que durará “años”. Se abrirá ahora, dice, pero de momento seguirán aplicándose las reglas fiscales, pero con flexibilidad, “no lo que se hizo en 2010”. A su juicio, 2022 será “un año perdido” para la política europea, “de transición, en el que no se va a poder reformar nada”. Para empezar porque “no se va a hacer nada hasta abril, hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas”. Y luego, dependiendo del resultado –“la diferencia puede ser muy grande si continúa Macron o no”, apunta– habrá que “recomponer el eje franco-alemán”. Tampoco está claro qué va a suceder en Italia si finalmente Mario Draghi opta por presentarse a las elecciones presidenciales. Su pronóstico, por tanto, es que se mantendrá el objetivo de déficit en el 3% al menos hasta 2025. “Habrá un cambio total del modelo, no sólo de los parámetros”, recalca, “pero llevará tiempo negociarlo”.

Barbara Baarsma es la consejera delegada de Rabo Carbon Bank y Roel Beetsma es el vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Amsterdam. Ambos han elaborado una propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad por encargo del Gobierno holandés. Su análisis pone el foco en la “vulnerabilidad” que para la Unión Europea suponen los elevados niveles de deuda y priorizan su reducción, fundamental para conseguir márgenes presupuestarios, un colchón que permita el crecimiento y apoye la convergencia entre los Estados miembros, pero también las necesarias inversiones en la transición ecológica.

Por eso no dejan de recordar que los países que salieron más endeudados de la crisis financiera son aquellos con los mayores aumentos de deuda tras el covid: 20 puntos porcentuales de media frente a 11-13 puntos de los países con deudas media y baja. No los citan, pero se trata de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia.

Y aquí sí que se abre una primera brecha con las propuestas españolas. De hecho, Jorge Tamames recomienda “no obsesionarse con la deuda”. “En la medida en que haya crecimiento económico y el déficit estructural se estabilice en índices bajos, la deuda en relación con el PIB decrece de forma natural”, explica. Javier Ferri admite que los “austeros se pasaron un punto” en su día. “Pero, entre el derroche y comportarse de forma frugal, me quedo con esto último”, matiza. España, lamenta, habría podido gastar más para hacer frente a la pandemia, si sus cuentas hubieran estado más saneadas. “Que a partir de ahora vaya a haber un punto menos de exigencia y de austeridad, no quiere decir que las reglas [fiscales] ya no valen y que el gasto público es libre”, zanja.

No obstante, los economistas holandeses coinciden con los españoles en buena parte de sus propuestas para reformar el Pacto de Estabilidad. Quieren una regla de gasto más sencilla y “observable”, a diferencia de la actual, aseguran, que se basa en la brecha de PIB y es difícil de medir. También plantean sustituir –las instituciones españolas prefieren eliminarla– la regla que exige a los países más endeudados reducir en una veinteava parte cada año la diferencia de su deuda pública con el umbral del 60%. Baarsma y Beetsma plantean no tocar esta última cifra porque, a su juicio, proporciona “un ancla visible y resultaría políticamente difícil de cambiar”. Sí que consideran la regla del 1/20 “poco realista”.

Además, están de acuerdo con los españoles en reclamar más protagonismo para las autoridades fiscales independientes en la supervisión del cumplimiento de las reglas. Y en sustituir las sanciones por incentivos positivos, en forma de acceso a líneas de crédito o subvenciones, para compensar a los países que respeten las normas fiscales. Pero, he aquí la segunda brecha, ni de lejos piensan en un instrumento fiscal permanente financiado con eurobonos. Los holandeses ya fueron los más agresivos en su rechazo a mutualizar la deuda cuando en Bruselas se discutía el diseño de los fondos de recuperación contra el covid.

Para Javier Ferri, el “cambio de paradigma” debería pivotar sobre tres ejes: una reducción “a un ritmo más acompasado a la economía”, tanto de la deuda en relación con el PIB como de la exigencia de tener superávits estructurales en las fases de expansión; poner el foco en la composición del gasto público, para que contribuya al crecimiento, y que aquel sea compatible con los objetivos de la transición digital y ecológica.

Los temores de Javier Santacruz se centran en la negociación del procedimiento de déficit excesivo, el que se aplica a los países que superan el 3% y que puede terminar siendo “una batalla de todos contra todos”, así como en la del régimen sancionador a los incumplidores. “Veinte años de euro han dejado muchos muertos en el armario”, advierte, que pueden salir en un momento tan complejo como el que se avecina. El miedo de Jorge Tamames, en cambio, es que la reforma se quede corta: “La UE siempre ha sido tímida y conservadora”.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a sembrar la alarma en un asunto tan sensible como las pensiones. Si en julio dijo que la generación del baby boom debería hacerse a la idea de que, para mantener su pensión, tendrían que “trabajar un poco más”, este domingo ha pedido un “cambio de cultura” para igualar a los españoles con los europeos, que cada vez trabajan más hasta los 70 o 75 años. Pese a que ha aclarado sus palabras, asegurando que pedía medidas para que las empresas no despidan a sus empleados a partir de los 55 años, pero de ninguna manera estaba planteando ampliar la edad de jubilación, la mecha ya se ha encendido. El PSOE se ha apresurado a descartar que defienda un retraso de la edad de jubilación y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que esa medida “desde luego no forma parte del acuerdo de Gobierno” con Unidas Podemos.

En su entrevista con el diario Ara, Escrivá explicó que la tendencia en Europa es “trabajar cada vez más entre los 55 y los 70, 75 años”. Y es cierto, desde 2008 hasta 2021, la tasa de actividad de quienes tienen entre 55 y 64 años en la zona euro ha crecido 15,5 puntos, según Eurostat. La de ocupación, 15,2 puntos. Pero el ministro también aseguró que España es una “anomalía europea” porque la tendencia nacional es “reducir la proporción de mayores de 55 años en activo”. La estadística, en cambio, muestra todo lo contrario: España acompaña a la evolución de la zona euro porque aquí también ha aumentado, y mucho, tanto la tasa de actividad como la de ocupación de los trabajadores mayores. De hecho, son el grupo de edad que más ha crecido en ambos parámetros.

Así, el 74,75% de quienes tienen entre 55 y 59 años están activos –disponibles para trabajar–, 14,6 puntos más que en 2008. Los de 60 a 64 años han crecido más aún, 15,8 puntos, hasta alcanzar una tasa del 51,5%. Los de 65 a 69 han pasado del 6% al 9,64% entre 2008 y 2021. En total, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, hay 4,42 millones de activos que superan los 55 años. En 2008 eran 2,5 millones. Su número se ha elevado un 76%. El crecimiento de la población activa en su conjunto ha sido mucho menor en ese tiempo, sólo un 1,7%. Otro tanto ocurre con el número de ocupados sénior: los de 55 a 59 años han aumentado un 56,3% desde 2008; los de 60 a 64, un 74,1% y los de 65 a 69 años, un 115,8%. Hay 3,81 millones de mayores de 55 años trabajando, cuando en 2008 eran 2,3 millones, han crecido un 65%. Por establecer una comparación, el alza de los ocupados de 45 a 49 años ha sido sólo del 8,2%.

En los activos se incluyen ocupados y parados. Y en el paro los mayores de 55 años se han llevado un buen bofetón: han más que duplicado su tasa desde 2008, al pasar de una tasa del 7,3% al 15,9% 13 años después.

Tanto Santos Ruesga, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, como José Ignacio Conde-Ruiz, de la Complutense, rechazan que el problema con la edad de jubilación sea “cultural”. España tiene una tasa de actividad del 62% para los mayores de 55 años, muy por debajo del 74% de Alemania Dinamarca y Finlandia o el 73% de Países Bajos –Suecia e Islandia superan el 82%–, pero por encima de Francia, que se queda en el 58,6%, e Italia, que sólo tiene activos al 57,1% de sus trabajadores de más edad. La tasa de Bélgica es del 55,6%, siempre según las cifras de Eurostat referidas a 2020, el último año del que ofrece datos. Ruesga recuerda que la razón de esta baja participación de los sénior en estos países es la edad de jubilación legal, más que la “cultura”: 62 años, con excepciones a los 60 años, en los dos primeros, y prejubilaciones a partir de los 60 en Bélgica.

La proporción de los mayores de 55 años que trabajan en España alcanza el 54,7%, también muy por debajo del 71,7% de Alemania, el 71,7% de Dinamarca o el 77,6% de Suecia. Pero una vez más superior al 53,3% de Bélgica y el 54,2% de Italia, y casi igualando el 55,2% de Francia. Estas diferencias corren paralelas a la también menor tasa de ocupación media española respecto de las principales economías de la UE, recuerda Ruesga.

Las empresas y las leyes

A su juicio, está “en manos de las empresas” aumentar el número de mayores que trabajan. Santos Ruesga cree que aumentar la edad de jubilación según lo va haciendo la esperanza de vida, de forma gradual y flexible, no sería “injusto”: “Se reduciría el gasto [en pensiones] sin perjudicar a las personas”, aduce. Incluso se muestra partidario de que el futuro mecanismo de equidad intergeneracional, que sindicatos, patronal y Gobierno deben negociar antes de que acabe el año, se aplique sobre la edad de jubilación –lo que la retrasaría de forma gradual–, en lugar de sobre la pensión inicial como hacía el factor de sostenibilidad de la derogada reforma de las pensiones de 2013.

Para José Ignacio Conde Ruiz, el problema es la legislación, que parece pensada, dice, para “echar a los mayores cuanto antes” y sólo pone trabas a las empresas. “Debería ser mucho más flexible y permitir el trabajo a tiempo parcial a partir de una determinada edad, compatibilizar el trabajo y la pensión, excluir de la ampliación de la vida laboral a las profesiones más penosas o tener en cuenta la salud de los trabajadores”, enumera. Así sería posible “adaptar la cultura empresarial” a un mundo cada vez más próximo donde el número de mayores duplicará al de jóvenes. “A las empresas no les va a quedar más remedio que aprovechar el talento sénior debido al envejecimiento de la población”, advierte el catedrático, que como Santos Ruesga fue uno de los expertos de la comisión que asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy en la redacción de la reforma de las pensiones de 2013.

Los jóvenes y los sénior, complementarios

Conde-Ruiz destaca que debería atacarse la “rigidez y las limitaciones” del sistema en vigor para compatibilizar pensión y empleo o para que las empresas utilicen los contratos de relevo –el que firma un trabajador joven a tiempo parcial para sustituir a otro que pide una jubilación también parcial–. El catedrático de la Complutense, quien también es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), no duda en tachar de “falacia” la idea de que alargar la vida laboral va a quitar empleos a los más jóvenes, aquejados en España de una tasa de paro récord en la UE. “Es el mismo argumento falso que se emplea para decir que los migrantes ocupan puestos de trabajo de los nativos de un país o que se usaba antes para justificar que las mujeres quitaban empleos a los hombres”. En realidad, subraya, los puestos de trabajo de unos y otros son “complementarios”.

Santos Ruesga precisa que, quizá, se produzca un efecto de “desplazamiento” en el corto plazo al alargar la edad de jubilación, pero que desaparece a medio plazo. “No hay un stock fijo de empleos”, resume, en el que un trabajador sustituya a otro, sino que se nueve en función de diferentes parámetros. Uno de ellos, el crecimiento económico.

En 2015 el Tribunal Constitucional dictaminó que no existe discriminación por edad en los despidos colectivos que afectan a los mayores de 55 años si la empresa adopta medidas para minimizar el perjuicio ocasionado a los trabajadores. Por lo general, las empresas suelen utilizar los ERE para rejuvenecer –y abaratar– sus plantillas, colocando en primera línea de salida a los empleados de más edad. Una práctica que deja fuera del mercado laboral a un buen número de personas, aquellas que precisamente por su edad tienen enormes dificultades para regresar. El 35% de los parados de larga duración, quienes llevan más de 12 meses sin encontrar trabajo, superan los 55 años. El grupo más numeroso de entre quienes llevan más de dos años sin empleo –parados de muy larga duración– son quienes tienen entre 55 y 59 años: 140.100 personas, según la última EPA. infoLibre ha preguntado a la CEOE por las medidas para “cambiar la mentalidad de las empresas” que pedía el ministro Escrivá, pero no ha obtenido respuesta.

El mayor descenso mensual del paro desde 1996. Fue el titular con el que se desayunaron los españoles el pasado miércoles: 129.378 desempleados habían abandonado las listas del SEPE en lo que se interpretaba como un síntoma claro de rebote económico. El fin de las restricciones del estado de alarma, el buen ritmo de la vacunación y la llegada del verano, la mejor temporada productiva en España, han puesto el motor de la economía a tope de revoluciones tras año y medio de ir al ralentí.

Los sindicatos, la patronal y el Gobierno coincidieron enseguida en aplaudir el buen dato. Pero lo cierto es que mayo es siempre un mes propicio para el empleo –hubo 211.923 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, la mejor cifra ese mes desde 2018–, porque marca el comienzo de la temporada alta del turismo en una economía marcada a fuego por la estacionalidad. Y que, al mismo tiempo, la primavera ha llegado con nubarrones en forma de grandes despidos colectivos que no se veían desde los tiempos de la anterior crisis. Además, los ERTE, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada acompañadas de prestaciones para los trabajadores y descuentos en las cuotas sociales para las empresas, siguen protegiendo sobre todo a los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería y los hoteles, pero son un paraguas cuyo uso se está prolongando mucho más de lo que en principio se había previsto. Las ayudas directas a las empresas aún no se han desembolsado, pero los préstamos ICO ya se están reestructurando para quienes no pueden devolverlos.

La previsión del Gobierno es que España recuperará en 2022 el 14% de tasa de desempleo que tenía en 2019 –medido en la Encuesta de Población Activa (EPA), no como paro registrado, que suele ser ligeramente más elevado–. Tampoco es una cifra para echar las campanas al vuelo: duplica la media de la Unión Europea. Puestos a pronosticar, el Banco de España y el FMI retrasan a 2023 y 2024 la vuelta a la normalidad de la tasa. Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO, cree que es posible cumplir el plazo del Ejecutivo. Antonio González, ex secretario general de Empleo y miembro de Economistas frente a la Crisis, tiene sus dudas. Y Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, es mucho más pesimista.

“Los datos de mayo son especialmente buenos y, los de paro, sorprendentes”, celebra Carlos Martín, “sí esperábamos altas cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero la bajada del desempleo ha sido espectacular”. Es más, avanza que en la segunda mitad del año el país vivirá un “boom económico” gracias a las vacunas, al adelanto de 26.000 millones de euros sobre los fondos de la UE que ha prometido el Gobierno y a la “demanda embalsada”, compuesta por el ahorro de muchas familias que ahora se lanzarán consumir y la inversión o los pedidos retrasados de las empresas.

Antonio González enfría la euforia apuntando que el de mayo es, en realidad, “el primer dato bueno tras un cuatrimestre bastante malo”. “Si esa cifra se consolida y revela una tendencia de fondo de creación de empleo, aún no lo sabemos”, matiza. Hay un “tirón”, en efecto, pero puede ser sólo estacional y, cuando se acabe el verano, quizá se produzca un nuevo debilitamiento. Para evitarlo, el exresponsable de Empleo apremia al Gobierno a “mover” el adelanto de 26.000 millones y a poner en marcha “una política económica para que las empresas no tengan que ajustar y haya una demanda sostenida, de forma que las inversiones productivas tomen el relevo del consumo”. “Hay incertidumbres que no están totalmente despejadas”, resume, para recuperar el ritmo vital deseable en 2022.

Un motor al 80%

Florentino Felgueroso tiene una lista de esas incertidumbres. Aún no se han eliminado todas las restricciones a la actividad ni se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. “No sabemos cómo se va a comportar el turismo extranjero este verano”, añade. Reino Unido, de hecho, acaba de excluir a España de su lista de destinos seguros. Las empresas han llevado a cabo un cambio productivo adelantado “a marchas forzadas”, reorganizando el trabajo y sus recursos, cuyos efectos sobre el empleo también son desconocidos. Además, parte de los trabajadores –los que han terminado en el paro, los que ya estaban en él y no han podido encontrar un empleo en este año y medio, y los que han pasado por un ERTE– han perdido renta. Mientras otros han ahorrado mucho. “Va a aumentar la desigualdad”, por tanto. La negociación colectiva ha estado parada durante toda la pandemia y los salarios, congelados. Si en otoño la economía se recalienta, subirán los precios y la inflación, con lo que puede que se abran nuevos conflictos, previene el investigador de Fedea. Por ejemplo, los pensionistas pedirán que se les compense la pérdida de poder adquisitivo. “No vamos a terminar el año como en 2020 o como lo empezamos, pero seguiremos teniendo problemas precrisis que no hemos resuelto, en un contexto distinto y con más desigualdad”, resume.

Carlos Martín no ve un riesgo en la prolongación de los ERTE, que hay quien considera una suerte de respiración asistida que sostiene empresas zombis después de cinco prórrogas. “El verano vaciará la bolsa de los ERTE”, sostiene, “que quedan básicamente en los sectores ligados al turismo y al ocio”. Por el contrario, cree que el peligro acecha del lado del sector financiero, “el menos solvente de la UE”: que los bancos terminen recortando el crédito a familias y las empresas para mantener sus ratios de solvencia, si aumenta la morosidad en los próximos meses.

Felgueroso apunta hacia otra herida que va a dejar la pandemia en el mercado laboral: el volumen de empleo perdido, que calcula en medio millón de puestos de trabajo. Son los que deberían haberse creado en año y medio para jóvenes o inmigrantes, menciona. De hecho, este mes de mayo se han firmado un 25% menos de contratos que en el mismo mes de 2019. “Y lo mismo nos lleva pasando desde agosto de 2020”, apunta. También ocurre con las altas de la Seguridad Social, se han registrado un 75% de las contabilizadas antes de la pandemia. Es decir, el motor de la economía está funcionando al 80%, redondea. “Mayo ha sido un buen mes, pero los datos netos nos han engañado, los flujos siguen siendo iguales que antes, aún falta dinamismo”, advierte.

Reforma integral

Mientras la economía y el empleo se desesperezan, sindicatos, patronal y Gobierno negocian cambios que prometen acabar con los muchos males del mercado de trabajo y que Bruselas pide a cambio de los millonarios fondos comprometidos para la recuperación. “Hay una reforma [del mercado laboral] en marcha para cambiar el modelo y evitar que se traslade el riesgo del empresario al trabajador como ocurre ahora”, describe el director del gabinete técnico de CCOO. Los ERTE, asegura, han demostrado que existen otros mecanismos, distintos al despido, para gestionar las crisis, de forma que éstas sean “menos traumáticas”. La desaparición del contrato de obra y servicio, por un lado, y la adopción de los ERTE como mecanismo de ajuste interno preferente son dos de las herramientas que Carlos Martín ve como parte de una nueva regulación laboral imprescindible para “dar el salto”.

Una reforma que Antonio González urge a poner en marcha “cuanto antes”. Lo ideal, apura, sería solucionarlo para el final de verano, aunque concede que es “complicadísimo”. “Ahora no hay una prelación de medidas [para afrontar las crisis en las empresas], no se distingue entre causas coyunturales y causas estructurales, y no puede ser que la solución a un problema coyuntural de una empresa sean los despidos; deben ser los ERTE”.

A juicio de Florentino Felgueroso, la desaparición del contrato de obra y servicio, o penalizar los contratos muy breves como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no son más que “ideas muy puntuales y poco analizadas”, inútiles para un mercado laboral que padece un “problema muy complicado y estructural”. “Llevamos 40 años con él, hemos probado mucho y no ha funcionado nada”, protesta. Cuatro décadas desde que se generalizó el uso –y abuso– del contrato temporal, en las que España ha creado “un modelo laboral muy poco productivo” y con el paro estructural más alto de la Unión Europea, subraya Carlos Martín.

Para ese paro cronificado, la única receta es apostar por las políticas activas de empleo, el reciclaje profesional de decenas de miles de trabajadores que cada vez son más difíciles de recolocar, explica Antonio González. “Las políticas de empleo”, resalta, “deben ser como la sanidad pública, con médicos y tratamientos”. Que es como llama el ex número dos de Empleo a los servicios y los programas. “Aquí nunca han funcionado los servicios, las oficinas de empleo no tienen médicos suficientes para recibir a los parados, hacer pruebas diagnósticas, identificar la enfermedad y hacerles un itinerario personalizado”, compara. Por lo que ahora los programas son “ciegos”. “No conocemos a los parados”, concluye. González echa de menos “voluntad política” en el Gobierno para enfrentarse a las comunidades autónomas, entre las que debe repartir los fondos y que éstas quieren recibir sin condiciones.

Lo que Felgueroso echa en falta es un “paquete integral de medidas”, pero no una “contrarreforma”, sino “pensar en el futuro”. El abuso del contrato temporal es un problema “social y cultural”, subraya, que precisa un “abordaje integral con campañas, incentivos y regulación”. Una tara tan estructural como el galopante paro de los más jóvenes, que ni una década de Garantía Juvenil y sus muchos millones han conseguido enmendar. “Ni siquiera estoy seguro de que la mochila austriaca por sí sola ayude”, matiza, pese a que los investigadores de Fedea han sido los mayores defensores de ese instrumento como solución para el exceso de temporalidad, la mayor de la UE sólo por detrás de Polonia.

España 2050, el ejercicio de prospectiva recién elaborado por un centenar de expertos para el Gobierno, prevé que el paro baje hasta el 7%, un nivel europeo, dentro de 29 años, incorporando al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años. Y contando con que el PIB crezca un 1,5% anual hasta 2050. Antonio González cree que, en realidad, bastarían cinco años para llegar a esa tasa sólo con que la economía y el empleo mantuvieran la misma potencia que alcanzaron entre 2016 y 2019.

“Una agenda de reformas estructurales ambiciosa” pidió el pasado martes en el Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La necesidad de poner en marcha reformas estructurales fue un lugar común durante toda la crisis anterior en las declaraciones de economistas, políticos, empresarios, así como la receta de las instituciones internacionales para solucionar las anomalías del mercado laboral, los fallos de los sistemas sanitario y educativo, las ineficiencias del sistema fiscal, los problemas de competencia en algunos sectores económicos, la falta de innovación tecnológica, el retraso en la digitalización... lastres básicos que frenan la productividad de la economía española, hasta ahora basada en el éxito, polémico y frágil, del ladrillo y el turismo.

La penúltima recesión se vendió como una oportunidad para hacer los cambios esenciales destinados a corregir los desequilibrios que empujaron a España a la burbuja inmobiliaria, el paro estructural o una economía sumergida de récord, entre otros muchos males. Con el estallido del coronavirus y la irrupción de otra crisis de proporciones históricas, resurgen las apelaciones a las reformas estructurales. No en el corto plazo, dada la urgencia de tomar medidas excepcionales para amortiguar el tremendo golpe que ha asestado la pandemia sobre la economía mundial, pero sí en cuanto pase lo peor. Y la mayoría van en la misma y única posible dirección, según sus defensores: la de flexibilizar y liberalizar regulaciones, instituciones y mercados.

Hernández de Cos repitió ante los diputados una lista ya conocida de reformas que el Banco de España insta a adoptar a todos los gobiernos desde hace años. Y que no se diferencian mucho de las que reclaman la OCDE, el FMI, la Unión Europea y ciertos servicios de estudios. Primero, la reforma del mercado laboral, introduciendo el contrato único que lleva años rondando en algunos programas políticos y que era la enseña sobre todo los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Aunque él no le dio ese nombre y se refirió a un contrato con indemnización creciente.

Esa medida y la llamada mochila austriaca –una cuenta individual nutrida de las aportaciones de la empresa y el trabajador que éste puede cobrar si cambia de empleo o quiere formarse o puede guardarlo para su jubilación– ayudarían, a su juicio, a reducir uno de los males permanentes y más dañinos del mercado laboral español: el abuso de la contratación temporal. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo eventual, superior al 26%, sólo superada por Polonia. Cada año, en una proporción que apenas ha resultado alterada ni por la bonanza económica ni por las crisis, tampoco por las sucesivas reformas laborales, se firman un 90% de contratos temporales y sólo un 10% de indefinidos. Esa segmentación es una de las causas de la precariedad de demasiados trabajadores, a los que se escatima no sólo la seguridad laboral, sino también la formación, los salarios y las condiciones laborales de las que sí gozan los asalariados indefinidos.

Ambas medidas se encuentran en la base de los programas electorales de Ciudadanos e incluso se colaron en el acuerdo que ese partido suscribió con el PSOE en 2016. Los sindicatos se oponen tanto al contrato único, que consideran una equiparación a la baja de temporales e indefinidos, como a la mochila austriaca, que en su día tacharon de “ocurrencia”. Tampoco son del agrado de la CEOE, que cree necesaria la existencia de los contratos temporales y no quiere cargar a las empresas con aportaciones extra para llenar esa cuenta individual del trabajador. La OCDE y el FMI, en cambio, defienden la implantación de ambas herramientas para combatir la brecha entre temporales e indefinidos.

Hernández de Cos también volvió a pedir una reforma de las pensiones, o al menos que no se deroguen los elementos fundamentales de las dos últimos aprobadas, en 2011 y 2013. En concreto, abogó por la aplicación de “mecanismos automáticos de ajuste”, como el factor de sostenibilidad, que recorta la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación y que permanece en suspenso hasta 2023. Además, pidió medidas para acercar la edad efectiva de jubilación, que está en 64 años y siete meses, a la legal, 65 años y 10 meses.

En ese punto coincide con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que quiere desincentivar las jubilaciones anticipadas. Por el contrario, Escrivá desecha por poco efectivo el factor de sostenibilidad. Según explicó en la Comisión del Pacto de Toledo, el ahorro que permitiría ese mecanismo de ajuste “no llegaría ni a medio punto del PIB a largo plazo”. Por el contrario, el FMI y la OCDE recomiendan este tipo de herramientas e instan a ampliar la edad legal de jubilación, que en España irá aumentando de forma gradual hasta que alcance los 67 años en 2027. También aconsejan estimular los planes de pensiones privadas. El ministro Escrivá sólo ha expresado su intención de fomentar los planes de pensiones de empresa, poco desarrollados en España.

La Comisión Europea también ha hecho su lista de reformas esenciales para España. Y evalúa su grado de aplicación. En el informe que emitió el pasado febrero, aprecia que sólo en el 24% de sus “recomendaciones” España ha hecho avances sustanciales desde 2011, en el 40% sólo ve “algunos avances” y en el 23% “avances limitados”. En el 1%, ningún avance. Únicamente ha aplicado “plenamente” el 12% de las reformas propuestas.

Reforma fiscal

Una de ellas no es la fiscal, aunque Bruselas no deja de señalar en su informe que la ratio entre impuestos y PIB española –34,7%– está por debajo de la media comunitaria –39,2% de la zona euro y 40,6% de la UE al completo–. Así que considera que el país tiene margen para aumentar los ingresos por el IVA, los bienes inmuebles y el medio ambiente. Y tacha de ineficaces las bonificaciones fiscales a las empresas por el I+D. Sobre el impuesto sobre sociedades y el IRPF no precisa nada, pero también destaca que la recaudación del primero aún no ha recuperado las cifras anteriores a la crisis financiera.

La receta es básicamente la misma que ofrecen el FMI, la OCDE y el Banco de España: subir el IVA y los impuestos verdes. La OCDE, además, invita a eliminar las exenciones en el IRPF y Hernández de Cos reclamó una revisión de los beneficios fiscales, las deducciones y bonificaciones en múltiples impuestos, desde sociedades hasta el IVA, que está previsto recorten la recaudación en 2019 en 37.237 millones de euros.

En un giro inesperado para esta institución, el portavoz del FMI, Gerry Rice, instó la semana pasada al Gobierno español a poner en marcha “un mayor reparto de la carga” que supondrá la pandemia y la recuperación económica posterior. “Los contribuyentes, empresas y particulares, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o que se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos adversos deberían contribuir más a superar la crisis y a hacer frente a las necesidades futuras de la sociedad”, explicó Rice sin precisar cómo debería llevarse a cabo ese cambio en la tributación. Poco después, se cayó del documento conjunto que PSOE y Unidas Podemos presentaron a la Comisión de Reconstrucción del Congreso el impuesto a las grandes fortunas.

Fedea ha creado junto con miembros de los servicios de estudios de BBVA, la fundación de las cajas de ahorro (Funcas), Repsol, Banco Sabadell y Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro Cristóbal Montoro, un grupo de trabajo para desarrollar un plan para salir de la crisis del covid-19 “lo antes posible” y reconstruir la economía. Entre las medidas propuestas por los 120 expertos del grupo, figura un plan de ajuste fiscal a partir de 2022 que incluya “reformas para aumentar el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público y mejorar la estructura fiscal. Y, sólo en último término, “subir los impuestos de forma que perjudique lo menos posible el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo”.

Precisamente, la causa principal de que el crecimiento potencial de la economía española sea “modesto”, en palabras de Hernández de Cos, es la anémica productividad nacional. Según las cifras aportadas por el Banco de España, ha crecido sólo un 0,2% en los últimos 20 años, mucho menos que la alemana, un 0,8%, o la de Estados Unidos, un 0,9%. El gobernador presentó las ganancias de productividad como “el ingrediente fundamental para conseguir un aumento sostenible del bienestar económico de un país”. “Cuanto mayores sean estas ganancias, mayores serán las posibilidades de incrementar los niveles salariales y la calidad de los empleos creados, así como los recursos para la financiación de las políticas públicas”, sostuvo.

Para alcanzar ese objetivo, también existe un catálogo completo de medidas, muchas de ellas menos publicitadas que las anteriores. Y apenas acometidas. Por ejemplo, eliminar las regulaciones que frenan el aumento del tamaño de las empresas –en España el 95% son pymes de menos de 10 trabajadores–, reducir las cargas administrativas de las empresas, aumentar la transparencia y la eficiencia de las adjudicaciones públicas, elevar la competencia en determinados sectores –reformar el mercado eléctrico–, mejorar la unidad de mercado y reforzar la independencia de los organismos reguladores –CNMV, CNMC–, o evaluar las políticas públicas.

Capital humano y tecnológico

Pero también crece la productividad si se mejora el capital humano. Y para ello hace falta aumentar el nivel educativo de los españoles, que aún hoy sigue muy por debajo de la media europea. La tasa de abandono escolar en España –el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que sólo han cursado la ESO– es la más alta de la UE, un 17,3%, pese a la reducción experimentada en los últimos años: en 2006 era del 30,3%. La media europea es del 10%. Bruselas le había marcado a España un 15% para este año, por lo que ha incumplido el objetivo. Si, además, los índices de calidad de la educación dejan que desear –basta recordar la polémica que acompaña cada año a la publicación del informe PISA–, se entiende la repercusión económica inmediata. Reforzada si cabe por el escaso desarrollo de la formación profesional y la formación permanente de los trabajadores. La FP dual es una promesa eterna que se mira en el modelo alemán pero no termina de despegar. Y mientras el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajar– se disparaba en la anterior crisis, las políticas activas de empleo, que deberían servir para recualificar a estos trabajadores y devolverlos al mercado laboral, se han visto perjudicadas por el recorte de su presupuesto y por las batallas con sindicatos y patronal para su reforma.

Otro tanto puede decirse de las universidades, la investigación y la innovación, que adolecen de una crónica insuficiencia financiera. Es la “brecha del capital tecnológico” a la que aludió Hernández de Cos en su intervención en el Congreso. A su juicio, el problema va más allá de la falta de fondos. Por eso reclama “una reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que realizan innovación en España”, de forma que reflejen más que ahora “criterios de excelencia académica”. La OCDE recomienda que parte de los préstamos que se dedican a la I+D se conviertan en subvenciones basadas en los resultados y que se incentive la especialización de las universidades, además de proporcionar más oportunidades profesionales a los investigadores de mayor cualificación.

En cualquier caso, a la lista habría que añadirle ya nuevas reformas, para ir adaptando a la sociedad y a la economía a los cambios que la pandemia está acelerando a un ritmo vertiginoso. Si la herida social infligida ha hecho realidad en pocas semanas una medida como el Ingreso Mínimo Vital –reclamado también desde hace años por todos los organismos citados y largamente discutido hasta ahora–, otro tanto puede ocurrir con las políticas necesarias para abordar el cambio climático. O la digitalización de la economía. Más allá de los fondos ligados a ambos desafíos que prometen llegar desde Bruselas en los próximos años.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) publicó recientemente sus estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas para el tercer trimestre del año, unos cálculos que realiza con una metodología creada por sus analistas económicos. Según los datos de la institución, Asturias y Murcia son las comunidades cuyas economías más han crecido, con un 2,3% y un 2,2%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2018. Por encima de la media nacional del 2% se sitúan también Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Galicia, todas con un alza del PIB del 2,1%.

Entre julio y septiembre el crecimiento del PIB nacional ha sido del 0,4%. Por encima de esa media han mejorado las economías de Murcia –0,6%–, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y Galicia, todas ellas con un 0,5% de aumento. Pero también Cataluña, con otras cinco décimas de alza en su PIB, una más que la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Las que menos crecen son Canarias y Baleares, con sólo un 0,2%, y Aragón y Cantabria, con un 0,3%.

Para efectuar estos cálculos, la AIReF ha combinado tres tipos de datos estadísticos: indicadores de coyuntura desagregados, datos anuales de la Contabilidad Regional de España y estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral. Los resultados obtenidos, asegura la institución, están basados en sólidos datos económicos a corto plazo y permiten hacer comparaciones entre comunidades autónomas.

Por ejemplo, la serie histórica elaborada con esta metodología muestra cómo la mayor parte de las comunidades autónomas cayeron en recesión al mismo tiempo, entre el tercer trimestre de 2008 y el cuarto de 2009. Pero no todas abandonaron la crisis de forma simultánea, explica la AIReF. El PIB de casi todas ellas volvió a tasas negativas entre el cuatro trimestre de 2010 y el segundo de 2013. Desde entonces, el 100% de las comunidades ha recuperado el crecimiento.

Comparando comunidades autónomas también se comprueba que en el tercer trimestre Cataluña creció más que Madrid después de siete trimestres de situarse por detrás de sus cifras e incluso de la media nacional del PIB. De forma que la economía de ambas comunidades autónomas medra en comparación interanual al mismo ritmo que la media del país, un 2%.

El PIB del 'procés'

Esa décima por encima de Madrid le sirve a Cataluña para invertir la tendencia que se inició en el último trimestre de 2017, cuando a su vez rompió con una racha que había dado comienzo en el tercer trimestre de 2013. Desde entonces y durante casi cuatro años el PIB de Cataluña había superado las cifras de crecimiento de la Comunidad de Madrid. También la media nacional que, aupada por la recuperación económica, permitió alzas por encima del 4% en 2015. Estos números a la baja coinciden en el tiempo con el proceso iniciado en Cataluña con el reférendum del 1 de octubre de 2017: desde el último trimestre de ese año ha crecido en tasa interanual entre dos y siete décimas por debajo de la media nacional. Y entre cuatro décimas y 1,8 puntos por debajo del ritmo de la Comunidad de Madrid.

Observando la serie histórica también se comprueba cómo Cataluña creció durante la recuperación a tasas interanuales superiores a Madrid. También cómo cayó más que la comunidad madrileña durante los años de recesión.

Según los últimos datos de la Contabilidad Regional de España, referidos a 2018, el PIB de Madrid asciende a 230.018 millones de euros, mientras que el de Cataluña se sitúa un poco por encima, con 231.277 millones. Cataluña tiene 7,6 millones de habitantes, un millón más que Madrid –6,57 millones–. Y su tasa de paro es ligeramente superior, el 10,87%, a la madrileña, el 10,26%.

Casi a la par también en el déficit

Hasta el mes de julio, tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña cumplían el objetivo de déficit para este año, fijado en el -0,1% del PIB. Pero, si se cumplen las proyecciones elaboradas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ambas comunidades terminarán el año incumpliendo ese objetivo. Madrid acabará con un saldo en términos de Contabilidad Nacional del -0,3%. Cataluña, una décima más, el -0,4%, que será la media nacional de acuerdo con los cálculos de Fedea. En realidad, sólo seis comunidades autónomas cumplirán a fin de año el objetivo de déficit: Baleares, La Rioja, Galicia, País Vasco, Canarias y Navarra. Y ello a pesar del aumento de ingresos que supondrán las entregas a cuenta –paralizadas hasta ahora por el bloqueo político–: un 5,3% para Cataluña y un 5,2% para Madrid, las dos comunidades, después de Canarias –5,9%– que conseguirán un mayor crecimiento de los ingresos por este concepto.

Gracias a la recaudación de los impuestos autonómicos –sucesiones, transmisiones patrimoniales, hidrocarburos–, transferencias corrientes y de capital, y ventas de patrimonio, los ingresos de las comunidades crecieron un 5,8% hasta julio. En Cataluña aumentaron los ingresos en estas partidas un 4,2%, mientras que en Madrid se elevaron un 17,1%. Por el lado de los gastos, los no financieros subieron una media del 6,6%: un 5,3% los catalanes y un 9,4% los madrileños.

Las proyecciones de ingresos y gastos de Fedea para el cierre del ejercicio apuntan a unos ingresos públicos en Cataluña de 32.162 millones de euros, un 3,2% más que en 2018. Los ingresos de Madrid están muy por debajo de esa cifra: 26.349 millones y también crecen menos, un 2,3%. El gasto público catalán ascenderá a 33.137 millones, un 3% superior al del ejercicio precedente. El gasto madrileño también superará a los ingresos, alcanzando los 27.135 millones. E incluso aumentará más que el catalán respecto a 2018, un 3,2%.

La cuenta atrás que corre hasta el 23 de septiembre se ha convertido en angustiosa para las comunidades autónomas, que se juegan un 0,4% de su PIB y el cumplimiento del objetivo de déficit por culpa del corte de suministro financiero con que les amenazan la falta de Presupuestos para este ejercicio y el funcionamiento al ralentí de un Gobierno en funciones.

El proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 destinaba 107.979 millones de euros para las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta de los impuestos compartidos y la liquidación de 2017 –se realiza con dos años de decalaje–, un 4% más que la partida de 2018. Sin embargo, como las Cuentas fueron rechazadas en las Cortes, las comunidades no van a recibir ese aumento, sino las cantidades prorrogadas de 2018: 4.739 millones de euros menos de lo previsto. Tampoco cobrarán otros 2.500 millones de euros del mes 13 del IVAmes 13 , como se conoce al cambio introducido por el ministro Cristóbal Montoro en la recaudación de este impuesto indirecto  en diciembre, que se traslada en términos de caja a enero del año siguiente. En total, casi 7.300 millones de euros.

Según los cálculos de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, a cuyo patronato pertenecen las principales compañías y bancos del país), esa merma de ingresos pone en peligro que las comunidades autónomas cumplan este año su objetivo de déficit, fijado en el 0,1%. Los presidentes autonómicos, por su parte, advierten de que, si no se desbloquean los pagos, sufrirán “tensiones de tesorería” al acabar el año y ponen en el disparadero las nóminas de los funcionarios –Alberto Núñez Feijóo– o los servicios sociales –Miguel Ángel Revilla: “Es dinero para la gente que más lo necesita”–. Cataluña y la Comunidad Valencia ya han planteado recortes en el gasto. Extremadura ha adelantado que no cumplirá el objetivo de déficit.

El informe de Fedea precisa que no todas las comunidades autónomas se verán afectadas en el mismo grado por la falta de actualización de las entregas a cuenta. Las más perjudicadas serán Extremadura, que dejará de ingresar una cantidad equivalente al 2,2% de su PIB, y la Comunidad Valenciana, que perderá un 1,8%. Cantabria y Asturias se quedarán sin un 0,9% de su PIB, mientras que para Murcia y Galicia la merma será del 0,8%. Baleares –0,6%–, Canarias –0,5%– y Madrid –0,3%– completan la lista de perjudicados. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja no sufrirán por la congelación de las entregas a cuenta de los impuestos compartidos –IRPF, IVA e impuestos especiales– y los fondos de garantía, suficiencia global y convergencia. Estas partidas representan, destaca Fedea, la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas.“Chantaje”

“Chantaje”

De ahí la alarma que suscita en ellas: el bloqueo político se ha sumado a las deficiencias de un sistema de financiación autonómico en entredicho permanenteen entredicho permanente pero cuya reforma no ha hecho más que retrasarse pese a su urgencia. El Gobierno asegura que la Abogacía del Estado le ha dado luz verde para liberar las entregas a cuenta de los impuestos compartidos aunque no haya nuevos Presupuestos. Pero no puede hacerlo –necesitaría un decreto-ley– mientras se encuentre en funciones. Por eso apremia a los partidos de la oposición para que permitan la investidura de Pedro Sánchez y alejen los peligros de la repetición electoral, que podría traducirse en un cierre de ejercicio problemático para las comunidades autónomas. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respondido acusando al Gobierno de “chantaje”, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que esté utilizando la asfixia autonómica como medio de presión para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Lo cierto es que Galicia reclama al Estado un total de 700 millones de euros, de los que 330 millones corresponden a las entregas a cuenta de los impuestos, 200 millones al mes 13 del IVA y 170 millones de euros más al incentivo que reciben las comunidades autónomas que cumplen con las reglas de estabilidad financiera. Asturias pide 200 millones, unos 120 de los anticipos de impuestos y 75 millones más del IVA. Cantabria calcula en 135 millones de euros la cantidad que se le adeuda. Extremadura rozará los 200 millones, de los que 80 procederán del IVA. Canarias supera los 400 millones de euros.

Entre las comunidades que están pendientes del mes 13 del IVA, Cataluña está pendiente de 480 millones de euros; Baleares, de 117 millones y Andalucía de otros 400 millones más.

Permitir mayor déficit autonómico

En su informe, Fedea propone solucionar la congelación de las entregas a cuenta que se revise al alza el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año y se baje el de la Administración central. Dentro de dos años, cuando se produzca la liquidación de este ejercicio, debería procederse a la inversa, reduciendo el objetivo de las comunidades y elevando el de la Administración central. En el mismo sentido se pronuncia el catedrático de la Universidad de Vigo Santiago Lago, quien lo recomienda como fórmula más sencilla, frente a la aprobación urgente de una modificación legislativa que permita aumentar las entregas a cuenta y adaptar las reglas de cesión del IVA. “Pero lo que hace falta fundamentalmente es voluntad política”, remacha a infoLibre. Para cobrar el mes 13 del IVA, en cambio, haría falta también un cambio legislativo.

De momento, la voluntad política sólo se conoce a través de las declaraciones. En tanto el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, apremia a María Jesús Montero para que libere las entregas a cuenta y pueda entonces empezar a diseñar sus presupuestos, la ministra pide a PP y Ciudadanos que “desatasquen” el bloqueo, no sin antes reprocharles que tumbaran los Presupuestos de 2019 abocando a la asfixia financiera actual.

Si hay una marca característica del mercado de trabajo español, ésa es el abuso del contrato temporal. Desde que el primer Gobierno de Felipe González le quitó el corsé en 1984, el empleo temporal es el rey de la estadística. También la mayor lacra de un mercado laboral que no sólo ha alcanzado cifras récord de paro durante la crisis sino que además permanece encaramado en la mayor tasa de temporalidad de Europa: el 25,88% según la última Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre del año.

En 2018 se firmaron en España más de 20 millones de contratos temporales, casi el 90% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un porcentaje que apenas ha variado desde los años 80, cuando se produjo la eclosión de los contratos temporales sin causa justificada. En 1987, los datos más antiguos que suministra la EPA, los trabajadores con contrato temporal equivalían sólo al 15,3% de los asalariados. Sumaban 1,25 millones de personas. Ocho años después, en 1995, el porcentaje se había más que duplicado y representaban casi el 35%. En 2002 ya eran 4,37 millones los españoles con un empleo temporal. Cuatro años más tarde se contaron hasta 5,6 millones de eventuales. La cifra no bajó del tercio de los asalariados hasta que estalló la crisis y se hundió en 3,2 millones. Con la recuperación económica su número ha vuelto a escalar: el pasado marzo 4,23 millones de trabajadores vivían con contratos de duración determinada.

Pese a las numerosas reformas laborales aprobadas por gobiernos conservadores y socialistas, el contrato temporal sigue disfrutando de una salud envidiable. No sólo por las peculiaridades productivas nacionales –predominio del turismo y la hostelería, con una elevada estacionalidad–, sino también por el abuso, y en definitiva el fraude, que se hace de este tipo de contrato. Según los cálculos de UGT, el 46% de los contratos examinados por la Inspección de Trabajo en la Comunidad de Madrid sólo en los tres primeros meses de 2018 eran irregulares o fraudulentos.

Ninguna medida ha dado resultado. La lucha contra la “dualidad” era uno de los objetivos de la última reforma de 2012, pero el desequilibrio 90/10 entre temporales y fijos cada mes permanece inalterable.

En Francia el presidente Emmanuel Macron acaba de presentar una reforma del sistema de prestaciones de desempleo que viene acompañada de un mecanismo bonus/malus para combatir la elevada tasa de temporalidad. Aunque allí sólo alcanza al 16,7% –10 puntos menos que en España pero 2,5 puntos por encima de la media europea–, los franceses están asustados por el hecho de que el 70% de los contratos dura menos de un mes y su número no hace más que crecer. Casi un tercio no se prolonga más allá de un día.

A partir del 1 de enero de 2020, aquellas empresas de más de 11 trabajadores cuya plantilla tenga más temporales que la media de su sector pagarán un recargo en las cotizaciones por desempleo del 0,95%. El castigo afectará sólo a siete sectores productivos, de los que se han excluido la construcción y el sociosanitario, pero no la hostelería y la restauración. Por el contrario, las empresas que no alcancen la media de empleados temporales del sector tendrán derecho a un descuento en la cotización por desempleo del 1,05%. Además, a los contratos de obra se les impone un recargo de 10 euros, independientemente de su duración. La medida no ha gustado ni a los sindicatos ni a la patronal francesa. Sus críticos destacan que las cantidades del premio/castigo son muy escasas: 10 euros equivale a una hora del Salario Mínimo Interprofesional francés para los mayores de 18 años –1.498,47 euros brutos al mes–. Al mismo tiempo, además, Macron ha ofrecido a las empresas otras medidas que les van a suponer un ahorro de hasta el 40% en salarios en un año.

Ya están penalizados y el castigo no funciona 

El sistema no es una novedad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llevan años proponiéndolo como solución contra el abuso de la temporalidad junto al contrato único. Ciudadanos lo incorporó a su programa e incluso se introdujo en el programa pactado con el PSOE en febrero de 2016 y seis meses después en el que firmó con el PP. La exministra de Empleo Fátima Báñez lo planteó a sindicatos y patronal en la Mesa del Diálogo Social en 2017, junto con la reducción del número de tipos de contratos. Pero ni la CEOE ni UGT y CCOO ven con buenos ojos este sistema.

Fuentes de la patronal aseguran que el mecanismo “no aportaría gran cosa”, dado que los contratos temporales “ya están penalizados” con una sobrecotización respecto de los indefinidos. Y CCOO y UGT dudan de su eficacia.

En efecto, los contratos temporales tienen una cotización por desempleo del 6,7%, 1,2 puntos por encima de los indefinidos –en los contratos a tiempo parcial es superior, un 7,7%–. Los de menos de siete días sufren además un recargo del 36%, mientras que desde enero los de menos de cinco días se gravan con un 40%. Una medida pensada para desincentivar los empleos de menor duración, cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, ese castigo no ha tenido ningún éxito a tenor de las estadísticas. Las cifras del SEPE hasta el pasado mayo revelan que los contratos de menos de una semana no sólo no han disminuido sino que además siguen creciendo a buen ritmo. En los cinco primeros meses del año se han registrado 2,45 millones, un 3% más que en el mismo periodo de 2018. Si entonces representaban el 27,18% de los contratos firmados, este año equivalen al 27,37%, casi dos décimas más.

Por eso la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, prefiere otras medidas que, a su juicio, deberían enfocarse en el aumento de las indemnizaciones por extinción de los contratos temporales. Por ejemplo, recuperando los salarios de tramitación que desaparecieron con la última reforma laboral. Son los salarios que el trabajador deja de percibir desde que es despedido hasta que recibe la sentencia que declara improcedente su cese. La responsable de Políticas Sociales y Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, también apunta a un reforzamiento de las sanciones, incluso del doble de la actual indemnización por despido temporal o indefinido, para los contratos fraudulentos, de forma que se elimine el beneficio económico obtenido por el empresario al abusar del empleo eventual. También exige que se llenen los “vacíos” de la actual ley, definiendo bien las “causas” por las que las empresas pueden celebrar contratos temporales. En teoría, sólo excepcionales: aumentos puntuales de producción o ventas, sustituciones, formación... “Implantar el bonus/malus sería como empezar la casa por el tejado”, protesta. Sin contar con que en España la medida no se podría limitar a siete sectores como ha hecho Francia, teniendo en cuenta que el abuso de los contratos temporales se extiende aquí a todas las ramas productivas, sean estacionales o no.

El 16,8% de las empresas genera el 39% de las prestaciones por desempleo

En cambio, el profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea Florentino Felgueroso defiende la aplicación de un sistema como el francés. Según explica a infoLibre, no es justo ni eficiente que las prestaciones por desempleo generadas por empresas con elevado nivel de rotación –muchos trabajadores contratados y despedidos en periodos cortos de tiempo– las paguen también otras que apenas utilizan plantillas de temporales.

Y pone como ejemplo el sistema empleado en Estados Unidos, que está ligado directamente a las prestaciones por desempleo que generan las empresas. Tras establecer un mínimo y un máximo, cada Estado fija su bonus y su malus. El umbral, además, se adapta al ciclo económico y a las circunstancias, explica el investigador de Fedea.

Felgueroso, junto con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Marcel Jansen, ha calculado el impacto que sobre el gasto en prestaciones por desempleo tienen los contratos temporales y las sucesivas recontrataciones de los mismos trabajadores por las mismas empresas. Así resulta que el 47% de ese gasto procede del fin de contratos temporales. De hecho, sólo el 36% de los contratos temporales registrados en España no está asociado a un cese previo en la misma empresa. El 34% tiene detrás cuatro ceses previos.

Según los datos que Felgueroso y Jansen publicaron en el blog Nada es gratis, casi la mitad de las recontrataciones se produjeron entre 2013 y 2017 en la hostelería, las administraciones públicas y la agricultura. Un tercio, en la industria manufacturera, el comercio, la sanidad y la construcción. En el 14% de las empresas, más de la mitad de los trabajadores contratados estaban siendo recontratados. En la agricultura, la industria, la construcción y la educación se elevan al 20% las empresas que abusan de la recontratación de temporales. En las administraciones públicas, más aún, el 30%. Esta nefasta gestión de los recursos humanos se traduce en que el 63% de las prestaciones por desempleo procede de recontratacionesrecontrataciones. El 22% tiene detrás más de cuatro contrataciones previas y al menos una posterior.

De esta forma, resulta que el 16,8% de las empresas, destacan los investigadores de Fedea, son responsables del 39% del gasto en prestaciones por desempleo por culpa de un porcentaje de trabajadores recontratados de entre el 25% y el 50%. Y otro 6,6% de empresas, con recontrataciones que equivalen a entre el 50% y el 75% de su plantillas, son el origen de un 28,5% del gasto en prestaciones. “El sistema no sólo es perverso, por incentivar la concentración temporal, sino también injusto”, concluyen. Además de único en el mundo: mientras en Estados Unidos la tasa de trabajadores temporales recontratados es del 40%, en España casi alcanza el 60%.

En ese punto, el perjuicio que causa el abuso de la temporalidad en el gasto público en prestaciones por desempleo, están de acuerdo los sindicatos. Y Antonio González, que fue director del gabinete del exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez y antes secretario general de Empleo con Jesús Caldera. “El consumo de prestaciones por desempleo provocado por los contratos temporales triplica el de los indefinidos”, subraya. Por eso defiende que “cada tipo de contrato asuma su consumo de prestaciones”. Aunque, a su juicio, la solución no es un mecanismo bonus/malus.

Un fraude más barato que la ley

Para desincentivar el abuso del contrato temporal, explica González, haría falta un recargo en las cotizaciones por desempleo que superara el ahorro del 5% en costes laborales del que se benefician las empresas recurriendo a esta forma precaria de empleo. Por lo que un recargo del 1%, casi como el francés, no asustaría a los empresarios. La sobrecotización debería ser “muy superior” para ser disuasorio, resume, lo que quizá no resultaría muy recomendable. Y recuerda que los recargos del 36% y el 40% para los contratos hiperbreves de menos de siete y cinco días tampoco han resultado eficaces.

En su lugar, Antonio González considera más resolutivo aplicar una indemnización en función del contrato con una “cantidad a tanto lazado” que sirva de incentivo para que los trabajadores afectados demanden en los tribunales. Porque ahora la única sanción que recae sobre las empresas abusadoras es la conversión del trabajador en fijo. La Inspección de Trabajo, añade, no puede –“aunque fuera la mejor del mundo”– examinar los 20 millones de contratos temporales que se firman cada año en España. “El fraude”, concluye, “nunca puede ser más barato que cumplir la ley”.

Florentino Felgueroso sostiene, no obstante, que quizá el porcentaje de recargo aplicado en Francia se quede un poco corto, además de sugerir que el criterio utilizado –el número medio de contratos temporales por sector– se complete con otros como la duración de los contratos y el gasto en prestaciones por desempleo.  Y culpa a la falta de voluntad política de la persistencia del problema. Mari Cruz Vicente cree que también es necesario un “cambio radical” de cultura y de mentalidad. “Ahora, con la digitalización y la robotización se hace patente la necesidad de formación constante”, resalta la dirigente de CCOO, “y los trabajadores temporales reciben menos formación y son menos productivos”. Precisamente una de las causas de la baja productividad de la economía española es el elevado porcentaje de empleo temporal.

Hace dos años, la ex ministra de Empleo propuso el sistema de bonus/malus a la Mesa de Diálogo Social, una negociación que continuó con Magdalena Valerio pero sin grandes resultados. “La mesa de contratación ni siquiera llegó a abrirse”, lamenta Mari Cruz Vicente, y las otras –Seguridad Social, Igualdad, Formación Profesional y Lucha contra la Economía Sumergida– sólo funcionaron durante tres meses”.

La población española lleva dos años creciendo tras atravesar una crisis económica que se trasladó a la demografía y le hizo perder casi 300.000 habitantes en cuatro años. A 1 de enero de 2018 la componían 46,7 millones de personas, 132.263 más que un año antes, pero sólo gracias a que el saldo migratorio –la diferencia entre emigrantes e inmigrantes– fue positivo y ascendió a 164.604 personas. Porque el saldo vegetativo fue negativo: murieron 31.245 personas más de las que nacieron.

De hecho, desde 2008 el número de nacimientos ha caído un 24,6%, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la tasa de fecundidad española, el número medio de hijos de cada mujer, resulta ser una de las más bajas de Europa y del mundo: 1,31. Para garantizar el reemplazo generacional, debería ser de 2,1 hijos por mujer. De los 391.930 nacidos en España en 2017, el 19,3% tuvo una madre extranjera, casi un punto más que el año anterior. Es más, el número medio de hijos por mujer es de 1,25 entre las españolas, mientras que el de las madres extranjeras se eleva hasta 1,70.

Mientras, la inmigración se ha recuperado al mismo tiempo que la economía y lleva también dos años medrando. A buen ritmo: un 21,23% en 2016 y un 28,4% en 2017. Marroquíes, colombianos y venezolanos son las nacionalidades mayoritarias entre los que vienen.

Con unas tasas de natalidad y fecundidad tan bajas y una esperanza de vida que se sitúa entre las más elevadas del mundo, 83,1 años –85,7 años para las mujeres–, España amenaza con ser una de las naciones más envejecidas del planeta en las próximas décadas. Un reto que debe afrontar el sistema público de pensiones: a los 65 años la esperanza de vida de un español es ya de 19,1 años y de 23 años la de una española; en 1980 no superaba los 14 y 17 años, respectivamente.

Al desafío demográfico –cada vez más pensiones, y más cuantiosas, que se cobran cada vez durante más tiempo– se ha unido el presupuestario, resultado del hundimiento de los ingresos de la Seguridad Social por el aumento del paro, primero, y por la precariedad laboral, después. De forma que expertos y políticos debaten cómo mejorar el sistema para hacerlo sostenible y suficiente a un tiempo. Las recetas a discusión son múltiples. Y una de ellas es la inmigración.

“Aunque recibir migrantes puede provocar reacciones políticas, también puede ser ventajoso para los países de acogida”, plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento de trabajo publicado esta misma semana. El FMI insta a las “economías avanzadas”, no sólo a España, a “repensar sus políticas migratorias para aumentar la oferta de mano de obra”. Incluso ha calculado cuántos inmigrantes necesita España: un saldo neto de 5,5 millones hasta 2050. Con esa cifra la tasa de dependencia –la ratio entre mayores de 65 años  y personas en edad de trabajar– se reduciría al 63,4% mediado el siglo, mientras que sin inmigrantes se situaría en el 69,5%. En estos momentos la tasa se sitúa en el 29,6%, tras alcanzar su mínimo en 2008, un 24,1%, precisamente por la llegada de casi siete millones de habitantes en la década precedente.

La misma tesis defiende el Banco de España, que en su último informe anual recomienda “revisar periódicamente las restricciones asociadas a la política migratoria para tratar de acompasarlas a las necesidades del mercado laboral” y evitar así la merma en la población en edad de trabajar que provocarán el envejecimiento y la caída de la natalidad.

Hace falta más mano de obra

“La inmigración tiene ventajas evidentes para la economía”, subraya el demógrafo y miembro de Economistas frente a la Crisis Juan Antonio Fernández Cordón. Su aportación al PIB español se cifra en un 0,55%, unos 6.000 millones de euros. Más personas trabajando se traduce en más impuestos y más cotizaciones a la Seguridad Social. Con ellas, a su vez, se pagan las prestaciones, incluidas las pensiones de jubilación. “Es una tendencia inevitable”, asegura Fernández Cordón, “el tejido productivo demanda inmigrantes para mantenerse, si no hay trabajadores en el país, la economía los traerá de fuera, ocurre en Alemania y ocurre aquí”.

En su informe, el FMI alerta del retroceso que sufrirá la población en casi la mitad de las economías avanzadas por culpa de la caída de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. “La carga recaerá sobre quienes ahora se encuentran en edad de trabajar, que en unas pocas décadas sostendrán al doble de personas mayores que ahora”, advierte el organismo, “[por lo que] a menos que se aumente la participación en los mercados de trabajo, el envejecimiento frenará el crecimiento de las economías avanzadas y, en muchos casos, socavará la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social”. La tasa de participación laboral puede caer un 7,4% hasta 2050, resalta el FMI, si no se toman medidas. Si aumentan los inmigrantes, ese descenso se frenará en un 0,8%. No basta, pero ayuda.

Así que la llegada de inmigrantes, jóvenes en edad de trabajar y ya formados, atraídos por países donde se les ofrecen oportunidades laborales inexistentes en sus naciones de origen, no sólo apuntalará una mano de obra envejecida y cada vez más escasa, sino que además, dice el FMI, aliviará “las tensiones que provoca el envejecimiento demográfico” e incluso aumentará a largo plazo el crecimiento y productividad. La respuesta de los gobiernos, por tanto, debería ser la puesta en marcha de políticas que permitan la rápida integración de los inmigrantes en el mercado laboral, como la concesión de permisos de trabajo y el acceso a cursos de idiomas y a formación profesional. El organismo supranacional deja claro que los inmigrantes no quitan trabajo a los nacionales. Por el contrario, sus cualificaciones profesionales suelen ser “complementarias” a las de los nativos. Por ejemplo, emplear a inmigrantes en el servicio doméstico permite a muchas mujeres, a su vez, incorporarse al mercado laboral.

Los inmigrantes, además, vienen a trabajar. Y buscan los lugares donde hay trabajo. Quienes abandonan sus países en busca de mejores oportunidades suelen ser los individuos más emprendedores y dinámicos de sus sociedades. Lo demuestra el hecho de que su participación en el mercado laboral aumenta con el tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres: por cada año adicional en el país de acogida su porcentaje de ocupación crece entre un 5% y un 6%, según el FMI.

La inmigración da tiempo para hacer cambios

Sobre las pensiones, el organismo internacional cree que el alza en el número de cotizantes puede ser una manera de suavizar los cambios paramétricos que, por otra parte, considera indispensables para adaptar el sistema de pensiones públicas español a los retos de la demografía. A su juicio, esos cambios deberían aumentar la edad de jubilación o el número de años de cotización necesarios para cobrar la pensión, entre otros. “[El aumento del número de inmigrantes] Daría más margen para hacer esas modificaciones, porque el margen para hacer reformas se nos está agotando”, apunta José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

Precisamente un estudio sobre la salud financiera del sistema público de pensiones elaborado por Fedea calcula que un flujo neto de 6,5 millones de inmigrantes hasta 2060 aumentaría la renta y reduciría el gasto en pensiones. Es decir, redundaría en una mejora considerable de la salud financiera del sistema, adelantando en 12 años la salida de los números rojos en que se encuentran en estos momentos las cuentas de la Seguridad Social. Según las proyecciones realizadas por la Comisión Europea en su más reciente Informe sobre el EnvejecimientoInforme sobre el Envejecimiento, si la inmigración crece un 33% en España, el gasto público en pensiones se reducirá un 1,7% hasta 2070, el triple que la media de la UE y el doble que la media de la zona euro.

Por sí sola no basta

Conde-Ruiz defiende que, en efecto, la entrada de inmigrantes impedirá que se dispare la tasa de dependencia y contribuirá, por tanto, a la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Pero, a su juicio, sólo retrasará un problema que ve inevitable y amenaza el equilibrio financiero de las pensiones públicas. “La inmigración por sí sola no lo arregla”, recalca. Juan Antonio Fernández Cordón recuerda que los comportamientos de los recién llegados, con el tiempo, terminan pareciéndose a los de los nacionales y su tasa de fecundidad también baja. Si no hay un flujo continuo de inmigrantes, esa tasa no mejorará, avisa. Conde-Ruiz se retrotrae a la ola de inmigrantes que España recibió hasta la crisis de 2008. “Tenían la misma edad que los españoles nacidos en el baby boom [la explosión de la natalidad en los años 60 y 70], por tanto se jubilarán al mismo tiempo que ellos y aumentarán el problema”, detalla. Es decir, la situación entonces será idéntica a la inicial.

De ahí que reclame reformas en el sistema de pensiones al tiempo que una política de emigración “selectiva”, “más normalizada y diseñada”. Por edad y por cualificaciones, precisa. A su juicio, habría que “anticiparse” a los movimientos migratorios, incluso “ir a buscar” a los inmigrantes que se necesiten. Fernández Cordón también cree necesaria cierta “regulación”, tanto en la composición como en el número de los inmigrantes. Y lamenta que España desperdiciara la oportunidad de aprovechar la alta cualificación de los sirios que huyen de su país por culpa de la guerra. En cambio, no considera necesario seleccionar a los inmigrantes por su edad. “Los que vienen ya son más jóvenes, tienen justo la edad en que son más productivos y ya vienen formados, un gasto que el país se ahorra”, resalta el demógrafo.

“Hay una lógica de la emigración”, resume Fernández Cordón, “que es aplastante, a escala interna pero también global”. Por un lado, están los países donde los jóvenes “no encuentran su lugar por culpa de la economía, la guerra o las hambrunas y son obligados a irse”. Y por otro, se encuentran los países ricos que los necesitan. Es la lógica de la globalización. “Se trata de un fenómeno que va a seguir produciéndose y es bueno que lo haga”, concluye.

España tiene la segunda tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sólo superada por Polonia. El 26,1% de los trabajadores poseen un contrato temporal, según la última edición de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2017 el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) registró 21,5 millones de contratos, de los cuales el 91% tenían fecha de extinción. Acudiendo a las estadísticas de la Seguridad Social, las cifras son igualmente reveladoras: en 2016 se registraron 26,02 millones de nuevas afiliaciones, 1,5 veces el número total de cotizantes del sistema –17,85 millones ese año–. Cada día se dan de alta en la Seguridad Social más de 100.000 trabajadores… y otros tantos se dan de baja. En resumen, el flujo de trabajadores de la actividad al paro no sólo es constante sino también enorme.

Además ese trasiego de trabajadores se produce según un patrón temporal muy determinado que han estudiado los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). La mayoría de esos nuevos contratos/afiliaciones se registran los lunes y viernes de cada semana y al principio y final de cada mes. Sobre todo, los lunes: ese día se crean el doble de empleos que el resto de la semana. Los viernes, un 20% más. A final de cada mes se produce una colosal destrucción de empleo. Y ésta crece de intensidad según avanza el año; es decir, aumenta de marzo a agosto: la probabilidad de que un alta se convierta en baja al acabar cada mes es mayor a partir de Semana Santa.

Además, cuando coinciden un lunes o un viernes con el comienzo o el final de un mes, el efecto se disparael efecto se dispara. Así, los lunes de 2017 se crearon de media 213.230 empleos –un jueves, sólo 74.532–, pero ese mismo día se destruyeron también otros 186.548 puestos de trabajo. Los viernes se dieron de baja 100.966 personas en promedio. Como resultado, cada viernes se reduce el stock de afiliados en 25.365 trabajadores, cuando el lunes anterior había aumentado en 26.583. ¿La creación neta de empleo en esa semana promedio? Sólo 3.611 nuevos cotizantes. Como resume uno de los autores del estudio, José Ignacio Conde-Ruiz, “España crea empleo neto el lunes para destruirlo el viernes”.

Pero por encima de esas medias, ha habido días en que por ese efecto calendario donde se suman lunes, primer día de mes y época de apogeo laboral –de marzo a agosto– en España se crearon 387.714 empleos, como el 1 de julio de 2013. O se destruyeron 362.682, como el 1 de agosto de 2016. El 30 de junio de 2017, viernes y final de mes, fueron dados de baja 341.334 trabajadores.

Los picos aumentan con la mejora económica

Los autores del estudio destacan también que estos enormes flujos diarios de creación y destrucción de empleos han aumentado al mismo tiempo que se recupera la economía. Siempre ha existido ese patrón temporal en el mercado de trabajo español, pero desde 2014 se ha intensificado. “¿Es porque las empresas durante la crisis han aprendido a aprovechar al máximo las leyes laborales para minimizar costes? ¿O es por la nueva tecnología digital, que facilita los procesos de trabajo bajo demanda?”, se preguntan José Ignacio Conde-Ruiz, Manu García, Luis A. Puch y Jesús Ruiz, economistas de la Universidad Complutense de Madrid que presentan su trabajo como una herramienta útil para diseñar políticas de lucha contra el fraude.

Con la mejora de la actividad económica, las empresas están utilizando más los contratos temporales y cada vez más breves, para evitar pagar cotizaciones a la Seguridad Social o a los trabajadores los días de vacaciones o festivos. En otras palabras, los contratos temporales tienen poca o ninguna relación con necesidades urgentes o adicionales de producción o ajustes cíclicos. A juicio de los autores del estudio, “estas circunstancias explican por qué las empresas se apoyan en los contratos muy breves, de menos de un mes, de una semana, de un fin de semana o de sólo unos días”.

En efecto, según las estadísticas del SEPE, en 2017 la duración media de un contrato era de sólo 51,67 días, cuando en 2007 alcanzaba 78,55 días. Los contratos de menos de siete días crecieron un 8,4% el año pasado. Entonces se firmaron 5,57 millones de estos minicontratos, cuando hace una década su número, en pleno apogeo económico, era de sólo 2,8 millones. Entonces representaban el 15% de los contratos registrados; hoy equivalen al 26%. La misma tendencia se observa al ampliar el foco un poco más. En 2017 los contratos de menos de un mes de duración ascendieron a 8,14 millones, el 37,8% de los suscritos. En 2007 se firmaron 4,98 millones de contratos que no llegaron a 30 días, el 26,7% del registro del SEPE.

En ningún otro país

El estudio señala a dos sectores como los principales responsables de la masiva creación y destrucción diaria de empleo: el turismo y la agricultura. Que resultan ser, además, dos de las ramas con mayor tasa de temporalidad: el 60% y el 40%, respectivamente, muy por encima de la media nacional del 26,1% antes citada. De ahí, también, la estacionalidad de estos flujos, que se hacen más intensos a partir del verano. Por ese motivo, las ocupaciones que más sufren el efecto lunes son los empleos de la restauración, los dependientes comerciales y los trabajadores no cualificados de la industria. A los que el estudio añade los profesores, no importa el tipo de enseñanza, que son contratados masivamente en septiembre y despedidos del mismo modo cuando acaba el curso. 

Para las empresas, recurrir por sistema a los contratos temporales es una forma de reducir al mínimo el riesgo. Lo que significa que éste se traslada por completo al trabajador, advierten los autores del estudio, un desplazamiento que a su juicio no sólo es “injusto”, sino también “ineficiente”. No hay ningún otro país con unos picos de creación y destrucción de empleo tan pronunciados, destaca además Conde-Ruiz. Ni siquiera alcanzan a España los efectos de calendario observados en Reino Unido y Países Bajos con formas de empleo tan precarias como los contratos de cero horas –en los que el trabajador tiene que estar disponible en cualquier momento, el empresario no garantiza un número mínimo de horas de trabajo ni un salario mínimo– o con las transiciones desde y hasta el autoempleo, según destaca el estudio.

España gastó el año pasado en pensiones 139.647 millones de euros, un 12% del PIB. El gasto creció, por tanto, un 3% respecto al año anterior. Aun así, se mantiene por debajo de Italia (16,5%), Austria (14,6%), Francia (15%), Portugal (14,9%) u Holanda (14,6%), así como de la media de la zona euro (13,6%), según Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Exigiendo a miles en la calle que las pensiones mantengan su poder de compra, los jubilados apremian tanto al Gobierno como a la Comisión del Pacto de Toledo a solucionar, de una vez por todas, los problemas que aquejan al sistema de prestaciones públicas. Hasta ahora, los esfuerzos del Ejecutivo se han centrado en contener el gasto. Pero la precariedad en que ha instalado la crisis a muchos hogares y la perspectiva de pensiones públicas cada vez más pobres han activado las alarmas y virado el timón del debate hacia el otro lado del balance, el de los ingresos. Un sistema sostenible, pero con pensiones suficientes.

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.077,52 euros mensuales entre las contributivas, pero baja hasta los 357,16 euros entre las no contributivas. Y la más habitual entre las primeras, ya que la cobran 1,12 millones de personas de los 5,8 millones de pensionistas jubilados, está entre los 600 y los 650 euros. El 41,6% percibe una prestación contributiva de jubilación que no llega a 735,9 euros al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por tanto, ¿son suficientes y dignas, las pensiones en España? Según Eurostat, están un 30% por debajo de la media europea en Paridades de Poder de Compra (PPA), una “moneda” artificial que elimina las diferencias de precios entre países. Una PPA compra el mismo volumen de bienes y servicios en todos los Estados miembros de la UE y permite comparar indicadores económicos. Así, la pensión de jubilación española ascendía a 2.358,30 PPA en 2014, mientras que la media europea se eleva hasta los 3.069,18. Es inferior a la que mantiene a los pensionistas en Portugal y Grecia. Y se encuentra muy lejos de las que perciben en Austria –la más elevada–, con 4.614 PPA; Luxemburgo, 4.320; y Suecia, 4.062. También adelantan a España, Reino Unido –3.318 PPA–, Finlandia –3.699–, Holanda –3.906–, Italia –3.669–… Sólo las prestaciones de los países del Este e Irlanda quedan por detrás de las españolas.

También se sitúa por debajo de la media europea el gasto público español en pensiones respecto del gasto social en su conjunto. Eurostat lo cifra para 2014 en un 39,27%, un punto por debajo del promedio de la UE. Francia dedica el 40,08% de su gasto en prestaciones sociales –discapacidad, vivienda, incapacidad temporal, paro, ayudas familiares, exclusión– a pensiones de jubilación. Italia, el 49,98%. Austria, el 44,52%. Reino Unido, el 42,92%. Portugal, el 50%.

Por el contrario, el gasto en pensiones de viudedad y orfandad casi dobla en España la media de la UE en porcentaje del gasto social: alcanza el 9,88%, mientras que en los 28 países comunitarios se queda en un promedio del 5,67%. Sólo Italia –9,33%–, Croacia –9,81%– y Polonia –10,24– la superan. España destinó en 2017 un total de 21.369 millones de euros a pagar pensiones de viudedad. La prestación media de esta clase se sitúa en 652,17 euros, según las estadísticas de la Seguridad Social a febrero de este año.

Más pérdida de poder de compra en el futuro

Como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013, las pensiones han dejado de actualizarse según el IPC. Su subida está ligada desde 2014 al déficit o superávit de la Seguridad Social. Si cierra en números rojos, como viene ocurriendo durante toda la crisis y ha continuado con la recuperación, el alza de las pensiones queda limitada al 0,25%. Y si la inflación supera ese porcentaje, las pensiones pierden poder adquisitivo. Diferentes expertos han calculado la devaluación que sufrirán estas prestaciones públicas en caso de que la Seguridad Social continúe en déficit, contando con que el IPC vuelva a los valores normales de una economía que crece al ritmo del 3% anual. La última proyección la ha realizado UGT, que estima que una pensión de 1.000 euros rebajará su poder de compra a 949 euros en 2022. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el sistema seguirá en números rojos hasta ese año, por lo menos. El Gobierno cifra en 2.000 millones de euros el recorte que la revalorización topada al 0,25% inflige a las pensiones cada año.

El cálculo de UGT no incluye la bajada en la prestación que supondrá a partir del año próximo la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, también aprobado en la reforma de 2013. Ese coeficiente, que reduce la pensión según la esperanza de vida de cada generación, se aplicará sólo a las nuevas pensiones que se generen a partir de 2019 y sólo una vez. Pero supondrá un recorte adicional al acumulativo de limitar al 0,25% la subida cada año.

La combinación de ambas medidas se traducirá en una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión [al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años] y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas.

Parecidas son las conclusiones a las que llega el profesor de la Universidad Complutense Alfonso R. Sánchez en un ejercicio de simulación publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los nacidos entre 1965 y 1985, que se jubilarán entre 2032 y 2052, serán los más afectados por la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad y la revalorización del 0,25%, concluye.

Para los jubilados más longevos, augura, el alza mínima anual se convertirá en una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicial pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialrespecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio. Además, “una vez determinada [la cuantía de la pensión], su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.

El IPC, sólo si hay equilibrio

Este miércoles Mariano Rajoy intervendrá en el pleno monográfico sobre pensiones convocado tras las masivas protestas de los jubilados. Pero Moncloa descarta que el presidente del Gobierno dé “golpes de efecto” ni plantee “ocurrencias”“golpes de efecto”. Y el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ha prometido que las pensiones subirán, incluso por encima del IPC, sólo cuando se equilibre el sistema de la Seguridad Social.

A favor de vincular de nuevo la subida de las pensiones a la inflación, en cambio, se han manifestado todos los partidos de la oposición, menos Ciudadanos –que puso “condiciones” para apoyar la iniciativa–, así como los sindicatos. El PP se niega a suprimir tanto la revalorización del 0,25% como el factor de sostenibilidad, porque, asegura, aumentaría el déficit público y se pondría en peligro el sistema.

“Tengo la responsabilidad de gobernar y, por tanto, de ajustar los gastos al conjunto de los ingresos. Lo más importante para garantizar el sistema de pensiones y su poder adquisitivo es crear empleo”, proclamó el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, “todo lo demás son buenas intenciones”. Mariano Rajoy contestaba así al diputado de UPN Íñigo Alli, quien le instó a subir las pensiones según el IPC, en lugar del 0,25% con que vienen revalorizándose desde 2014.

Al día siguiente, miles de pensionistas se manifestaban en toda España para exigir pensiones dignas y protestar por la “miserable” subida que el Gobierno ha aplicado a sus prestaciones desde la reforma de 2013. Todos ellos habían recibido sólo unas semanas atrás la carta en que como cada año la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les informaba de que el alza de sus pensiones sería de sólo el 0,25%, “una mejora anual garantizada” que presentaba como “salvaguarda económica para las generaciones futuras”.

Ese mismo día, mientras los pensionistas protestaban en la calle, Báñez negaba en televisión que fueran a perder 350 euros al mes como consecuencia de las reformas de 2011 y 2013. La cifra la había avanzado una semana antes un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), encargado por la Asociación Empresarial del Seguro. Precisamente el año próximo será el primero en que se aplique el factor de sostenibilidad, incluido en la reforma de 2013 y que recortará la prestación de quienes se jubilen a partir de 2019 según la esperanza de vida de su generación.

La combinación de ambas medidas, la revalorización del 0,25% y el factor de sostenibilidad, supondrán una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas: el factor de sostenibilidad, el aumento de la edad de jubilación y la desvinculación del IPC.

Margen para el gasto, nuevas fuentes de ingresos

En efecto, todas estas medidas, y la filosofía que hay detrás de ellas y en las palabras de Rajoy sobre las “buenas intenciones” de subir las nóminas de los jubilados, están dirigidas a poner freno al gasto público en pensiones. Entretanto, la Comisión del Pacto de Toledo lleva ya un año poniendo en el centro de sus discusiones el otro extremo de la balanza: cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Mientras el Gobierno se preocupa con la sostenibilidad del sistema, buena parte de la oposición, los sindicatos y los pensionistas en la calle claman por la suficiencia de las prestaciones. Según las previsiones del Ejecutivo, el gasto en pensiones se contendrá en el 12,3% del PIB cuando llegue 2050 –sólo medio punto más que en 2015– gracias a las dos reformas aplicadas. Es decir, por debajo del gasto en Italia –14%–, Francia –15,1%– o Alemania –13%–, como por otra parte les gusta recordar a los defensores de priorizar el mantenimiento de pensiones “dignas”. A su juicio, por tanto, hay margen para subir las pensiones. Ignacio Zubiri, por ejemplo, cree que España puede gastar un 30% más de lo que destina ahora a esta forma de protección social. De forma que el gasto público en pensiones llegara al 15% del PIB e “incluso algo más allá sin que esto supusiera un coste inasumible”, sostiene.

Pero para ello hay que encontrar nuevas fuentes de ingresos. Y las posibles fórmulas están claras para expertos y políticos. Los socialistas han propuesto que se paguen las pensiones con nuevos impuestos, uno que grave las transacciones financieras y otro los beneficios de la banca. Calculan que habrían de recaudarse cerca de 2.750 millones de euros al año y que la medida debería prolongarse hasta 2050. Otras posibilidades de financiación sobre la mesa son el destope de las bases máximas de cotización, sobre la que también existe un alto grado de acuerdo.

Lo mismo ocurre con la equiparación de las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General o con la idea de cargar a los Presupuestos del Estado tanto los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social como las pensiones de viudedad y orfandad. Eliminar las reducciones de cuotas con que el Gobierno lleva años intentando incentivar los contratos indefinidos es otra medida adicional. El Ejecutivo está de acuerdo en transformarlas en bonificaciones, que son compensadas por el Servicio Público de Empleo y no hacen un agujero en las cuentas de la Seguridad Social.

Por contra, la polémica envuelve la sugerencia del PP de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cotización necesario para calcular la cuantía de la pensión, que en 2022 será de 25 años –15 años antes de la reforma de 2011–. Presentada como un medio para subir la prestación de los trabajadores despedidos durante de la crisis, sindicatos y oposición recelan de que uno de sus posibles efectos sea también mermar la pensión de mujeres y jóvenes.

Sí han perdido poder adquisitivo

Todos los grupos de la oposición, menos Ciudadanos, están de acuerdo igualmente en suprimir el mecanismo para revalorizar las pensiones, o por lo menos subirlas por encima del 0,25% actual. Mantener el factor de sostenibilidad sólo lo defienden también el PP y la formación naranja.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cifró en sólo una décima la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los pensionistas desde 2014. La ministra Báñez incluso amplía el dato hasta 2007 para decir que no han perdido nada.

El problema es que para hacer ese cálculo utilizó la inflación media de los últimos cuatro años, no la tasa con la que termina el año, que es la que se empleaba, hasta la reforma de 2013, para actualizar las pensiones. En concreto, se recurría al IPC de noviembre. Pero si para hacer la cuenta se emplea esa tasa final del ejercicio, en 2017 el IPC terminó en el 1,2% y en 2016, en el 1,7%. Es decir, en dos años los precios subieron un 2,9%, mientras que las pensiones lo hicieron sólo un 0,5% acumulado. Es decir, en ese bienio perdieron 2,4 puntos de poder adquisitivo. En 2014 el IPC terminó en negativo (-1%) y en 2015 el índice no se movió, acabó en cero. Pero esta bajada de los precios tampoco compensa las subidas posteriores. En el cuatrienio considerado, el IPC aumentó un 1,9%, mientras que las pensiones sólo lo hicieron un punto. Es decir, perdieron nueve décimas de poder adquisitivo. En euros, por tanto, la pensión media debería haber aumentado 16,43 euros en cuatro años para no devaluarse frente a los precios, pero sólo creció 8,64 euros.

Tomando la inflación en el mes de noviembre de cada año, las cifras son similares: los precios subieron un 1,7%, pero las pensiones se quedaron en un punto. La merma es de siete décimas.

Recortes que aumentarán año tras año

Y si continúa aplicándose la subida mínima del 0,25%, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se situará entre un 15% y un 17%, según los cálculos realizados por el sindicato CCOO, suponiendo que la inflación permanezca entre el 1,5% y el 2%, el objetivo del BCE. Añadiendo a esa quita por la revalorización limitada al 0,25% el recorte que, a partir de 2019, sufrirán las pensiones cuando se les aplique el factor de sostenibilidad, la pérdida de poder de compra se elevará hasta el 25% en los próximos 10 años, advierte el sindicato.

UGT, en un informe publicado el pasado enero, utiliza datos del Gobierno para cuantificar el recorte en la tasa de reemplazo –la relación entre el último sueldo y la primera pensión– que infligirá en las prestaciones públicas la combinación del alza del 0,25% y el factor de sostenibilidad: pasará del 81% actual al 48% en 2060.

En la misma dirección apunta también el Banco de España. En un estudio sobre las alternativas de reforma del sistema público de pensiones publicado en septiembre del año pasado, asegura que “en ausencia de modificaciones adicionales en los ingresos del sistema”, el índice de revalorización del 0,25% “generará reducciones elevadas de la tasa de sustitución de las pensiones junto con un mayor riesgo de pérdida de poder adquisitivo de la población jubilada ante aumentos inesperados de la inflación”. Los autores del informe no dudan en vaticinar “disminuciones sistemáticas de la renta real de los pensionistas”. El Banco de España también aporta su previsión sobre el efecto del factor de sostenibilidad: recortará la pensión inicial un 7% en 2030 y hasta un 12% en 2040.

Finalmente, el centro de estudios del BBVA calcula que en 2019, el primer año en que se aplicará el coeficiente reductor según la esperanza de vida, quienes se jubilen verán recortada su pensión un 0,72%. Quienes lo hagan en 2030 perderán un 7,92% y nada menos que un 15,62% los que dejen de trabajar en 2045.

Para saber la cifra exacta habrá que esperar. El pasado enero la ministra de Empleo dijo ante la Comisión del Pacto de Toledo que sus técnicos aún no han hecho los cálculos, pues la Seguridad Social no dispone de las estadísticas de defunciones de 2017, necesarias para precisar la esperanza de vida en 2019. Aun así, Báñez recalcó que la pensión inicial ese año “no será menor” porque el factor de sostenibilidad “lo que hace es modular el crecimiento”. La pensión, abundó para negar el recorte que dan por cierto los expertos, “dependerá del crecimiento económico, la carrera laboral, las bases de cotización y los aumentos del poder adquisitivo que se hayan dado todos los años”.

Prestaciones públicas por debajo de Grecia y Portugal

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, contestó a las protestas multitudinarias de pensionistas del jueves asegurando que el saldo para “este sector de población” es “positivo” si se compara con otros “que han sufrido de una forma más intensa la crisis”. Repetía así la idea esgrimida por la ministra ese mismo día, apoyada, según dijo, en los informes de la OCDE: “Los pensionistas han sido uno de los colectivos que más protegidos han estado durante la crisis”.

UGT se ha ocupado de rebatir esa protección especial de la que hablaba el organismo internacional y de la que presume Fátima Báñez. Según explica el sindicato, basándose en datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, las prestaciones públicas dirigidas a los ciudadanos de mayor edad sólo alcanzan en España el 63,5% de la media comunitaria, “muy lejos del PIB por habitante español, que supone el 85% del promedio de la UE a 15”. Están por debajo de las de Grecia y Portugal. Las de Francia equivalen al 118,6% de la media europea.

También la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato participan las principales compañías y bancos españoles, matiza los argumentos de la ministra. Un documento sobre el consumo y el ahorro de las familias durante la crisis y la recuperación revela que los hogares formados por una persona mayor de 65 años, con o sin cónyuge, fueron los únicos cuyas rentas disponibles no se recortaron entre 2007 y 2013. Pero el motivo no fue la revalorización de las pensiones, sino “el aumento de las pensiones medias con las que los nuevos jubilados entraban en el sistema”: tienen sueldos más altos y han cotizado más años que sus predecesores. Aun así, recuerdan sus autores, los hogares formados por un mayor de 65 años se encuentran entre los que poseen una menor renta disponible. La pensión más habitual en España se sitúa entre 600 y 650 euros, la que cobran 1,87 millones de personas, según las estadísticas de la Seguridad Social. Y las prestaciones que cobran 5,4 millones de pensionistas, el 62% de los perceptores existentes a fecha de enero de este año, no llegan a 1.000 euros.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, destacaba este martes en el Congreso el “significativo potencial” que tendría una renta mínima para reducir los niveles de pobreza en España. La ayuda, de unos 426 euros mensuales, está pensada para beneficiar a unos 2,2 millones de personas mayores de 18 años que no hayan trabajado en el último año y carezcan de otras prestaciones. Según sus cálculos, supondría un desembolso de entre 6.000 y 15.000 millones de euros al año, dependiendo de las condiciones y alcance de la ayuda. Y ahí es donde no sólo Escrivá sino también otro de los expertos que comparecieron ante la Comisión de Empleo del Congreso, el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde Ruiz, expresaron sus reparos: supondría un aumento del déficit de entre medio punto y un punto del PIB, advirtió el primero, en un país como España que aún “no ha resuelto su crisis fiscal”, criticó el segundo.

Mientras Escrivá y Conde Ruiz se explicaban ante los diputados, el banco Credite Suisse hacía público su informe anual sobre Riqueza mundial. España es el octavo país del mundo donde más ha crecido en el último año el número de millonarios, de quienes poseen más de un millón de dólares –850.000 euros– de patrimonio. Hay 58.000 más que en 2016. La cifra ha aumentado un 15,7%, multiplicando casi por seis el crecimiento del año anterior. El número actual de superricos españoles asciende a 428.000. Y según las previsiones de la entidad suiza, va a seguir aumentando, de forma que en 2022 habrá crecido un 18%, hasta superar el medio millón.

Según la OCDE, España es el séptimo país donde más creció la desigualdad entre 2010 y 2014 –medida con el índice Gini–, un 3%. El récord lo tiene Grecia, con un alza del 8%. Lo explicó en la misma comisión parlamentaria Carlos Susías Rodado, representante de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, una coalición independiente de ONG que asesora al Consejo de Europa. España, detalló, supera la media europea en los indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad, muy acusada también entre comunidades autónomas. Así, el 10% de los españoles más ricos concentra el equivalente a las rentas del 50% de la población, el 53% de las familias monoparentales está en riesgo de exclusión y el 31% de los considerados pobres lo son pese a tener un empleo.

De ahí que Susías Rodado considere “necesaria” y “urgente” la creación de una renta de ingresos mínimos. “Nuestro sistema de bienestar redistribuye poco y mal”, lamentó. El representante de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza defendió una renta mínima que sea complementada por las comunidades autónomas. “Cuanto mejor es la renta mínima, antes se abandona el sistema de rentas mínimas”, apuntó, “porque nadie quiere vivir con una renta mínima: parce que los pobres no sólo son culpables sino además están contentos de serlo”.

José Luis Escrivá sugirió, en cambio, que la gestión de la renta de ingresos mínimos corriera a cargo de los ayuntamientos, también que se cuide “la calidad más que la cantidad de la prestación”. En otras palabras, que se condicione y se limite su duración, de manera que llegue a “los verdaderos necesitados”. Conde Ruiz, más expeditivo, pidió que se restrinja a quienes lleven más de dos años en el paro o más de uno sin prestaciones, además de reclamar sanciones para los beneficiarios que rechacen ofertas de empleo o cursos de formación.

3,5 millones sin prestación y 12,8 en riesgo de pobreza

El Estado gasta el 1,7% del PIB en prestaciones y subsidios de desempleo. Son cerca de 19.000 millones de euros. De ellos, casi 11.000 millones corresponden a la prestación contributiva, unos 5.200 millones a los subsidios, más de 1.000 a la Renta Activa de Inserción –para desempleados de larga duración mayores de 45 años– y 280 millones al Programa de Activación para el Empleo –otra ayuda para quienes han agotado el resto de las prestaciones–. A esa cifra hay que añadir los casi 1.400 millones de euros que las comunidades autónomas reservan para sus respectivas rentas sociales y otros 700 millones que pagan los ayuntamientos para ayudas similares. En total, 2,14 millones de parados cobran algún tipo de prestación, el 54,8% de los registrados en las oficinas públicas de empleo, y 320.000 más reciben rentas de las comunidades autónomas: más de 2,42 millones de personas se benefician del sistema de protección social. Si a los 1,36 millones que se quedan fuera se añaden quienes no están registrados en el antiguo Inem, resulta que hasta 3,5 millones de parados no perciben ayuda alguna, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Eurostat sitúa a España como el tercer país de la UE donde más ha aumentado el número de personas en riesgo de pobreza desde 2008. En 2016 eran el 27,9% de la población, 12,8 millones de personas. Sólo Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia tienen cifras más abultadas. Pese a que el dato español ha mejorado desde 2015, aún sigue siendo peor que el registrado en 2007: 2,5 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza más que antes de la crisis. Para entrar en esa categoría es necesario tener unos ingresos por debajo del 60% de la media nacional, una intensidad de trabajo baja –trabajar menos del 20% del potencial de trabajo en un año– y padecer una privación material severa –no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada, retrasarse en el pago de facturas...–.

56 españoles tienen más de medio millón de dólares

Desde el otro lado de la escala social, Credite Suisse desvela cómo se reparten las rentas entre los más ricos. Con cifras de 2016 –aún no ha publicado el detalle de 2017–, cuando el número de quienes poseían un patrimonio superior al millón de dólares era de 386.000, en España había 21 personas con una riqueza que excedía los 1.000 millones de euros. Otras 35 tenían entre medio millón y un millón. Eran 499 las que acumulaban entre 100.000 y 500.000 dólares.

Desde luego, el número de adinerados españoles queda a años luz de Estados Unidos, el país donde viven el 43% de los millonarios del mundo. Allí Credite Suisse ha contado un total de 15,35 millones de superricos, 1,1 millones más que hace un año; es decir, casi la mitad de los 2,3 millones de nuevos hiperacaudalados del mundo en 2017 son estadounidenses. Por el contrario, donde más ha caído la cifra de los muy ricos es en Japón, que ha perdido 338.000, y en Reino Unido, donde han desaparecido 34.000.

La riqueza mundial ha crecido un 6,4% en el último año, según el banco suizo. Estados Unidos se sitúa de nuevo a la cabeza del ránking, con un aumento de 8,5 billones de dólares, cinco veces lo que ha crecido la riqueza en China. Alemania, Francia, Italia y España suman un alza de 3,1 billones de dólares, el 20% del crecimiento mundial de la riqueza. En conjunto, esos cuatro países europeos aportan 620.000 nuevos superricos a la lista mundial. Aunque Credite Suisse precisa que buena parte de ese aumento se debe a que el euro se ha apreciado un 3% frente al dólar en el último año. El país del mundo donde más se ha multiplicado la riqueza es Polonia, un 18%, debido a la subida de sus bolsas de valores.

La composición de la riqueza también es diferente según los países. En España el 42,3% son activos líquidos –efectivo, depósitos–, el 37,9% son acciones y el 19,8%, otros activos financieros –seguros y fondos de pensiones–. En Estados Unidos, en cambio, son las acciones la parte del león de los patrimonios, con un 44,2%, los seguros y fondos de pensiones representan el 40,6% y los activos líquidos, sólo el 15,2%. En Reino Unido el reparto también cambia: el 64,3% son otros activos financieros, el 23,1% activos líquidos y el 12,6% acciones.

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), fruto de la entrada en vigor en 2007 de la ley de dependencia, es una "estupenda idea", pero "pésimamente implantada", con unos servicios y prestaciones "infrafinanciados", que, tras los decretos de recortes de 2012 y 2013, podría calificarse como un sistema "low cost", según un informe publicado este martes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), recogido por Europa Press.

Esta es una de las principales conclusiones del segundo estudio Observatorio de dependenciaObservatorio de dependencia, realizado por el profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado en esta entidad Sergi Jiménez-Martín junto con la analista de Fedea Analía Viola y en el que colabora el economista Guillém López. En el documento analizan la implantación de la ley tras una década en vigor, la financiación de la misma, el grado de atención a los dependientes, así como las distintas velocidades de las comunidades autónomas.

"A pesar de todo (de los gobernantes) el sistema ha alcanzado un tamaño (que no calidad) razonable, aunque persisten puntos débiles como la infrafinanciación de los servicios y prestaciones, además de la gran variabilidad entre regiones sin vectores explicativos razonables. En definitiva, lo que por ahora tenemos, especialmente después de los recortes (no solo monetarios) introducidos en 2012-2013 se podría calificar como dependencia low costlow cost", sostienen.

Los expertos señalan que la lista de espera de los dependientes para recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho por ley, pero que siguen sin recibirlo —el llamado limbo de la dependencia—, se ha reducido en los dos últimos años, tras el aumento en 2015 hasta los 384.326, con la entrada en el sistema de los dependientes moderados. En 2017, esta lista ha bajado un 20% hasta los 316.112 ciudadanos, pero sigue lejos de los valores previos a 2015.

En cuanto al nivel presupuestario, el texto señala que el gasto del Estado ha recuperado "algo" lo recortado en 2012 y 2013, pero que aún no ha llegado a los niveles previos a esos años. No obstante, los autores indican que el nivel de gasto es comparable al de los países europeos con un sistema de dependencia similar, como es el caso de Portugal, Italia, Reino Unido y Suecia.

Asimismo, sostienen que el gasto público del SAAD en las comunidades autónomas, que había disminuido en 2014 respecto a 2012 —sobre todo en Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja con caídas del 14 al 21%— repuntó en los años siguientes.

Los analistas advierten de que "desafortundamente", no existe hasta el momento evidencia directa que explique las disparidades entre regiones, lo que implica, a su juicio, que "cada comunidad actúa con un importante grado de discrecionalidad". Para saber si esto es bueno o malo, apuntan a la necesidad de realizar una evaluación rigurosa.

En cuanto al empleo del sector sociosanitario, tomando como base los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el informe subraya que se encuentra en un "buen momento" después de un periodo de estancamiento. Así, en el primer trimestre de 2017, la variación anual ha sido del 9% y el segundo trimestre del 5,3%, aunque el nuevo sobre todo es temporal (32%). "Sin duda este dato añade un contrapunto de preocupación, ya que la estabilidad del empleo puede incidir en la calidad de los servicios prestados", apostillan.

Los autores instan en este documento, al igual que en el anterior, a evitar la "indefinición" del sistema con reglas "más claras y transparentes" —prestaciones, criterios de coordinación, tiempos de espera, copagos— y promover una financiación estable.

Los nacidos entre 1965 y 1985 perderán bienestar económico de forma creciente a partir de su jubilación por culpa de la reforma de las pensiones aprobada en 2013. La aplicación del llamado Factor de Sostenibilidad a partir de 2019, junto con el índice de revalorización del 0,25% implantado hace tres años –desde entonces las pensiones no se actualizan según sube la inflación–, se van a cebar en quienes se jubilen entre 2032 y 2052, que cobrarán pensiones peores que sus predecesores. Habrá que esperar a que se jubilen los nacidos en el año 2000 para que éstos recuperen la riqueza de quienes nacieron antes de 1965.

Al menos así describen el futuro los ejercicios de simulación realizados por el profesor de la Universidad Complutense, Alfonso R. Sánchez, en un estudio publicado por Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en cuyo patronato se sienten las principales compañías y bancos de España. Según sus proyecciones, la pensión media permanecerá estancada hasta 2045 –caerá entre 2025 y 2035 y se recuperará algo entre 2035 y 2045– y a partir de ese año crecerá un 1% anual. Las razones de esa frenada estriban en las dos medidas antes citadas de la reforma que aprobó el PP en solitario. También en el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, que se incluía en la reforma de 2011, aprobada con el Gobierno del PSOE y que se está implantando de forma gradual hasta 2027.

Así, revalorizar las pensiones un 0,25% anual en lugar de según la inflación supondrá para los jubilados más longevos una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialpérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialrespecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio de Alfonso R. Sánchez. Además, “una vez determinada [la cuantía de la pensión], su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.

El índice del 0,25% se aplicará mientras la Seguridad Social tenga déficit, lo que viene ocurriendo desde 2012 y, según las proyecciones de Fedea, no dejará de ocurrir hasta 2065. Cuando vuelva a cerrar el ejercicio con superávit, la revalorización de las pensiones será de un 0,5% añadido al IPC de ese año, tal y como establece la reforma de 2013.

El Factor de Sostenibilidad, por su parte, recorta la primera pensión que se cobra según vaya a ser la esperanza de vida de la generación del jubilado. A más longevidad de su cohorte demográfica, más recorte. La idea es igualar el monto total de la pensión cobrada desde que se deja de trabajar hasta el fallecimiento. Ambas medidas están pensadas para contener el gasto público en pensiones.

La caída será mayor para los titulados superiores

En conjunto, si la reforma se mantiene tal y como está, las pensiones netas subirán un 30% hasta 2070, pero los salarios crecerán el doble. Además, mientras las pensiones permanecerán estancadas hasta 2045 gracias a la conjunción del Factor de Sostenibilidad y la revalorización topada al 0,25%, en ese tiempo los sueldos habrán aumentado un 30%.

El resultado es que, según las simulaciones del estudio, los nacidos entre 1955 y 1965 mejorarán su “riqueza de ciclo vital” –la medida de bienestar utilizada por el autor– respecto de sus predecesores, pero empeorarán los nacidos entre 1965 y 1985, con una caída mayor para quienes tienen educación superior o educación secundaria de segundo ciclo. Se trata del núcleo central de los llamado baby boomers, resultado de la explosión demográfica ocurrida en España a partir de 1958. En su caso se produce la tormenta perfecta: aumenta el número de pensionistas justo cuando el sistema sufre una crisis de ingresos con un mercado de trabajo en retroceso tras la crisis y mientras la cuantía de las pensiones –el gasto del sistema– no hace más que crecer porque los sueldos de quienes se jubilan son cada vez más altos.

El estudio de Fedea lo traduce en cifras: hasta 2045 el número de pensionistas de jubilación aumentará en 155.000 personas al año, y el de viudedad, en otros 16.000. A partir de ese año, el número de los primeros se reducirá en 53.000 y 29.000 personas, respectivamente. Al tiempo, el dato de afiliados a la Seguridad Social crecerán menos de un 1% al año a partir de 2020 pero disminuirá desde entonces y durante casi dos décadas: se perderán casi dos millones de cotizantes entre 2030 y 2050. A partir de esa fecha, augura el estudio, la afiliación volverá a crecer con picos del 0,8% hasta 2060.

Aumento del gasto

Para el investigador de Fedea, el estancamiento de las pensiones no es un fenómeno negativo, porque contiene el gasto público en estas prestaciones y permite la sostenibilidad del sistema. Según sus cálculos, el máximo gasto en esta partida se producirá en 2048, cuando alcance el 12,7% del PIB. De forma que, pese a sus efectos sobre las pensiones individuales, el autor defiende que la abolición de la reforma de 2013, tal y como reclaman los sindicatos y la oposición de izquierdas, “impondría unos riesgos temibles en las generaciones futuras”. Cifra en un 3,9% del PIB el aumento de la recaudación en impuestos que sería necesario para sostener el mayor gasto en pensiones.

Así que, para paliar los perjuicios de la reforma en la cuantía individual de las prestaciones, el autor defiende que se vuelvan a indexar a la inflación sólo las pensiones mínimas y que el recorte para todas se lleve a cabo al empezar a cobrarlas –bajando la cuantía inicial– para luego mantener su poder adquisitivo. Finalmente, recomienda las llamadas “cuentas nocionales” como el sistema más adecuado al combinar el freno al gasto y la adecuación de la pensión al “ciclo vital individual”. Es el utilizado en Suecia, por ejemplo: el trabajador hace sus aportaciones a una cuenta individual; cuando se jubila, la cuantía de su pensión se calcula en función de lo acumulado en ella a lo largo de toda la vida laboral, de un tipo de interés según una fórmula basada en el PIB o la productividad, y de la esperanza de vida.

Sistema sostenible, pensiones suficientes

“Parte de un error de base: considerar sólo la sostenibilidad del sistema, no la suficiencia de las prestaciones”, contrapone el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien rechaza las “soluciones mágicas” para el sistema público de pensiones. Con el sistema de cuentas nocionales, asegura, la cuantía de la pensión se reduce entre un 35% y un 45%.

Según las simulaciones de Fedea, el aumento de la productividad y de la inmigración ayudaría a recuperar el equilibrio financiero del sistema de pensiones públicas. Pero el estudio rechaza que se “juegue a la lotería de la productividad” y se suprima la reforma de 2013. Carlos Bravo está de acuerdo en que la productividad “ayuda, pero no es suficiente”, por lo que propone una batería de medidas adicionales para aumentar los ingresos de la Seguridad Social: eliminar los topes de las bases máximas de cotización, suprimir las subvenciones de cuotas de los contratos indefinidos, financiar las pensiones con impuestos y equiparar las bases de cotización de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General, entre otras. También plantea que se derogue la reforma “sin consenso” de 2013.

UGT, CCOO y CEOE llevan semanas negociando con el Ministerio de Empleo en un grupo de trabajo cómo afrontar la crisis del sistema –el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, quedará agotado este año y los Presupuestos del Estado ya han incluido un préstamo de 10.192 millones de euros para pagar la extra de julio–. Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios debaten en la Comisión del Pacto de Toledo fórmulas para garantizar tanto la sostenibilidad del sistema como la suficiencia de las pensiones. “La reforma de 2013 se va a corregir”, asegura rotundo Carlos Bravo, “porque ningún gobierno aguantará muchos años con un índice de revalorización que hace perder poder adquisitivo a los pensionistas”.

Las prestaciones públicas como las pensiones de jubilación o las ayudas a parados reducen la desigualdad entre las familias en un 28,9%, mientras que los impuestos la reducen en un 2,97%, según el segundo informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con datos de 2014, los últimos disponibles.

El estudio de Fedea concluye que la desigualdad de la renta después de impuestos, medida por el Índice de Gini, disminuyó entre 2013 y 2014 de 0,4023 a 0,4015, a pesar de que el IVA y los impuestos especiales son globalmente más regresivos en 2014 que un año antes, y el Impuesto sobre Patrimonio, menos progresivo.

A cambio, las cotizaciones sociales reducen su regresividad en este periodo y el IRPF refuerza "notablemente" su progresividad, lo que permite que en 2014 el conjunto de los impuestos aumente su efecto redistributivo, ya que si en 2013 reducía la desigualdad de la renta en un 2,82%, en 2014 lo hacía en un 2,97%.

Sin embargo, el estudio de Fedea pone de manifiesto que lo que realmente reduce las desigualdades entre las familias son las prestaciones públicas (pensiones de jubilación y supervivencia, prestaciones por desempleo, las de invalidez y las de enfermedad, estudios, asistencia social, ayudas familiares y a la vivienda), que lo hacen en un 28,9%, y un 80% de ese efecto se debe al impacto redistributivo de las pensiones de jubilación y supervivencia.

Agregando los dos instrumentos de la intervención de los poderes públicos (impuestos y prestaciones), la desigualdad se reduce en un 30,98% en 2014, pero las prestaciones públicas fueron responsables del 93% de este efecto global, cifras muy similares a las de 2013.

Crece el tipo medio efectivo

En el caso concreto de los impuestos, Fedea indica que el tipo medio efectivo (cociente entre los impuestos pagados y la renta bruta) crece con la renta, al igual que sucedía en 2013, con una salvedad: el tipo que soporta el 20% de los hogares más pobres solo es superado por el que soporta el 10% de los hogares más ricos, debido fundamentalmente al mayor peso que alcanzan los impuestos indirectos entre las familias con menos recursos, en especial el IVA y las cotizaciones sociales, sujetas estas últimas a bases mínimas de cotización.

Y esto es así porque todos los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) se comportan de forma regresiva. De hecho, agregadamente estos tributos aumentan la desigualdad de la renta de los hogares un 4,45% y el IVA es el que más contribuye a este efecto debido a su elevado volumen recaudatorio. Este impuesto, por su parte, eleva la desigualdad de la renta bruta de los hogares en un 3,41%. Informa Europa Press.

Por lo que respecta a los impuestos directos, el IRPF y el Impuesto sobre Patrimonio son globalmente progresivos, mientras que las cotizaciones sociales son regresivas, debido a la existencia de bases mínimas y máximas de cotización. En concreto, la aplicación del IRPF reduce en un 8% la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares, lo que permite que el conjunto de los impuestos directos tenga también un efecto igualador del 7,42%.

Sólo crece la renta entre los hogares más ricos

El estudio de Fedea también pone de manifiesto que la comparación de los resultados para 2014 con los obtenidos para 2013 muestra que el leve crecimiento del 0,31% experimentado por la renta bruta se concentra casi exclusivamente en el 1% de los hogares con mayor renta. De hecho, los hogares del decil más rico han visto crecer su renta bruta un 7,6% en 2014.

Sobre la evolución de la presión fiscal, todos los tramos de renta han visto elevada su presión fiscal entre 2013 y 2014 y "muy destacadamente", los hogares situados en el 1% de los más ricos. En concreto, en 2014 el conjunto de los impuestos representaba el 27,48% de la renta bruta de los hogares, frente al 26,74% de un año antes.

Fedea apunta que detrás de este incremento del 2,77% en el tipo impositivo medio se encuentra el aumento de la renta y el consumo de los hogares, pero también algunos cambios normativos adoptados por el Gobierno (en el IRPF y los impuestos especiales) y por las comunidades autónomas (en el IRPF, Patrimonio, ITP y AJD y el Impuesto sobre Hidrocarburos).

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró este verano en Galicia que el empleo en España “tiene cada día más calidad”, en un reconocimiento implícito de que no era mucha la categoría del que se está creando con la recuperación económica. Lo cierto es que las cifras no acompañan el optimismo de Báñez. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, referidos a 2015, un total de 3,23 millones de trabajadores se hallan atrapados en un bucle que les lleva del empleo al paro y del paro al empleo. Instalados en una inestabilidad laboral de la que no se sale. Son un 12% de los contribuyentes al IRPF –categoría que incluye a pensionistas y perceptores de prestaciones de desempleo– y un 18,6% de los asalariados. El año pasado sumaban casi 700.000 más de los que había en 2007 y un millón más que en 2004.

Antes de la crisis este segmento de la población trabajadora representaba sólo el 9,45% del registro de contribuyentes de la Agencia Tributaria y el 13,27% de los asalariados.

Aun inferiores a las cifras actuales, esos porcentajes tampoco son felices. Según un estudioestudio de los profesores de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Yolanda F. Rebollo y José Ignacio García-Pérez sobre la relación entre prestaciones de desempleo y estabilidad laboral, entre 1995 y 2007 la duración media de un empleo en España era de sólo 21 meses. Pero la duración mediana –el valor situado en el centro de un conjunto de datos ordenados– era mucho menor y muy alarmante: seis meses. Es más, el 25% de los periodos de empleo no superaban ni los dos meses. Al tiempo, las fases de desempleo duraban una media de 6,5 meses, pero la mediana se quedaba en tres meses.

Para obtener estos resultados los dos investigadores utilizaron la Muestra Continua de Vidas Laborales, datos individuales pero anónimos extraídos de los registros de la Seguridad Social y a los que se añaden otros del Padrón Municipal y de la Agencia Tributaria. En total, analizaron los datos de casi 200.000 trabajadores. La media de periodos de empleo durante el tiempo estudiado era de 4,27 mese y la de periodos de paro, 2,23. Así, los trabajadores pasaron empleados sólo el 71% del tiempo potencial que les correspondería. La mediana también es más baja: el 62%. Y uno de cada cuatro trabajadores sólo estuvo ocupado el 27% del tiempo. “La gran distancia entre la media y la mediana revela que hay individuos que sufren un alto grado de movilidad laboral; es decir, con duraciones por debajo de la media tanto de ocupación como de desempleo”, explican los autores.

De hecho, Rebollo y García-Pérez se encontraron con que un 32% de los trabajadores analizados sufrían una elevada rotación laboral: sus probabilidades de terminar atrapados entre el empleo inestable y el paro duplicaban las del resto. Hay que recordar que esto ocurría en plena época de expansión económica.

Según sus datos, el 35% de los periodos de empleo terminan por culpa de un despido –después de un tiempo medio de duración del trabajo de sólo siete meses–; en el 10,4% de los casos, el abandono es voluntario. Sólo en un 11,5% de estos episodios con trabajo el asalariado había firmado un contrato fijo y en el 20,3% uno temporal. Si se atiende a los periodos de paro, del 91,4% de estas fases el trabajador sale con un contrato temporal y sólo en el 1,8% de las ocasiones consigue un empleo indefinido.

El estudio concluye que reducir la duración de las prestaciones de desempleo aumenta las tasas de rotación laboral: cuanto menos tiempo de prestación, más probabilidades de emplearse en peores trabajos apurado el trabajador por la necesidad. Por el contrario, cuanto mayor sea la duración de la ayuda, más tiempo tendrá el desempleado para buscar un empleo de mayor calidad y más estable. Incluso, mantienen los autores, tiene mayor probabilidad –un 29%– de encontrar un puesto fijo un trabajador que cobre la prestación que uno que no tenga derecho a ella –un 21%–.

Contratos de sólo 51,30 días de duración de media

También hay otras formas de medir la inestabilidad laboral. Por ejemplo, en 2015 se firmaron en España 18,58 millones de contratos. Como el número de asalariados es de 14,08 millones, según los registros de afiliación a la Seguridad Social, resulta que se firmaron 1,3 contratos por trabajador. En 2014 eran 1,2 contratos. Esta cifra imposible se explica por la altísima tasa de temporalidad de los empleos, que este año ha alcanzado el récord del 27%. En Europa sólo Polonia supera ese porcentaje.

Además, no sólo cada vez se firman más contratos temporales, sino que éstos también son cada día más breves. Con los últimos datos de noviembre, el 28,1% de los que se registraron este año duraron menos de una semana menos de una semana, por un 26,8% en diciembre de 2015. Y el 41,4% no superan el mes: casi siete millones de contratos, cuatro décimas más que el año pasado. El resultado es preocupante: en enero de 2007, antes de que estallara la crisis, un contrato en España tenía una duración media de 81,87 días; en diciembre de 2011 se había reducido a 62,87 días. En 2015 ya sólo tenían una vida de 53,39 días. Y el pasado noviembre no sobrevivían más de 51,30 días.

Hiperactividad de altas y bajas en los registros

Una parte de esa enorme bolsa de empleo temporal tiene que ver con las características del modelo productivo español, basado en un sector servicios dominado por la preponderancia del turismo, la hostelería y el comercio. De ahí que, por ejemplo, potenciado el efecto por la estacionalidad, en un solo día, el pasado 1 de agosto, se produjeran 362.682 bajas en los registros de afiliación de la Seguridad y, al tiempo, 306.325 altas. Si a las bajas del 1 de agosto se suman las del 31 de julio, al acabar ese mes perdieron su trabajo en España casi medio millón de personas –499.255–.

Pero la tendencia tampoco varía si se miran las cifras anuales de altas y bajas de afiliación. En 2015 la Seguridad Social registra más de tres millones de movimientos en el Régimen General, un 8% más que en 2007, pese a que entonces el número total de cotizantes era superior, 14,86 millones –2,1 millones más que el año pasado–.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) investiga en su Observatorio Laboral la volatilidad del empleo. Las tasas de creación y destrucción de puestos de trabajo son muy elevadas en España, próximas al 10%, según sus cálculos, lo que “confirma la altísima rotación laboral de los ocupados”, causada a su vez por “el uso abusivo de los contratos temporales de muy corta duración”. En su último informe, Fedea, principal impulsora del contrato único como solución contra el abuso del contrato temporal, asegura que “la salida de la crisis no está corrigiendo el problema sino que, si cabe, se está agudizando”.

Uno de sus investigadores, Florentino Felgueroso, cifra en un 22% la tasa de rotación laboral española, el cociente entre el número de altas y bajas en los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y la media de parados al final y al principio del periodo. Según destaca en su blog, esa rotación no ha hecho más que aumentar con la recuperación. Así, pese a que el alza del paro ha sido muy similar en enero de 2015 y en enero de 2007, las altas y bajas en el SEPE fueron un 36% superiores el año pasado.

Devaluación salarial

Los datos de la Agencia Tributaria también revelan que la precariedad de este grupo de trabajadores inestables no se limita al tipo de contrato o a su duración, sino que se extiende además a sus remuneraciones. En 2009 percibieron una media –entre salarios y prestaciones de desempleo– de 12.700 euros. Fue su máxima retribución. En 2015 sólo cobraron 11.547 euros, un 9% menos. La parte que corresponde a los salarios se recortó en ese intervalo en un 5,8%, mientras que el importe de las prestaciones de paro encogió nada menos que un 23,8%. Entonces y ahora el número de parados que cobraban ayudas contributivas era similar: 1,2 millones en 2009 y 1,33 millones ahora.

Pero entre ambas fechas el Gobierno recortó la cuantía de las prestaciones rebajando del 60% de la base reguladora al 50% el importe que se cobra a partir del sexto mes de paro. Además, a contratos cada vez más breves le corresponden también prestaciones de menor duración, y si los sueldos de esos contratos son cada vez más bajos, también lo es la cuantía de la ayuda contributiva posterior.

Puede comprobarse el deterioro salarial de estos más de tres millones de trabajadores inestables en los salarios percibidos tal y como los registra la Agencia Tributaria. No han dejado de bajar desde 2008, cuando percibieron una media de 9.572 euros anuales. En 2014 llegó a su mínimo, 8.636 euros –por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, 9.034,20 euros ese año– y el año pasado subió ligeramente, hasta 8.842 euros; es decir, su remuneración salarial media ha caído un 7,6% en siete años.

El último informe de la OCDE sobre desigualdad cifra en un 20,1% la tasa de pobreza en España para los trabajadores jóvenes de 18 a 25 años. Y en un 16% la de los trabajadores adultos. Se encuentran entre los porcentajes más altos de los 34 países miembros de la organización. Traducidos en números absolutos, en España ya hay 3,12 millones de trabajadores pobres, de los que 121.120 tienen menos de 25 años, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA). Son aquéllos que tienen un empleo, pero sus ingresos no llegan al 50% del salario mediano –el situado en el centro después de ordenar los sueldos de menor a mayor, que en España es de 19.230 euros al año–; es decir no cobran ni 9.615 euros al año.

Todas estas cifras corresponden a 2014, el último año del que la OCDE ofrece datos. Aunque países como Holanda, Dinamarca y Grecia superan el porcentaje de trabajadores jóvenes pobres de España, no hay otro país en el club de los más ricos donde sea mayor la proporción de adultos con empleo pero en situación de necesidad.

El estudio de la OCDE destaca que, pese al descenso del paro en los últimos años en España, el aumento del desempleo de larga duración –más de un año sin trabajar–, el deterioro en la calidad de los empleos y los bajos salarioslos bajos salarios se han traducido en una pronunciada caída de los ingresos procedentes del trabajo. Y quienes más han sufrido ese hundimiento son precisamente los perceptores de los salarios más bajos. Ni siquiera los mecanismos de redistribución han funcionado. Ni los impuestos ni las prestaciones de desempleo o jubilación han reducido la brecha. Entre las causas, la OCDE cita el recorte de las prestaciones de desempleo aplicado por el Gobierno a partir de 2012, tanto de las contributivas como de los subsidios asistenciales.

Lo explicó en su día Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor de la Universidad de Oviedo, en el blog Nada es Gratis: la creación de empleo ha tenido un “impacto limitado” en las tasas de pobreza. Y las prestaciones sociales tampoco han sido capaces de evitar el aumento de la pobreza entre los desempleados.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) calcula en un 15% los trabajadores pobres españoles. Y no ha dejado de crecer entre 2012 y 2015, más de tres puntos porcentuales, según su último informe. “La afirmación de que la falta de trabajo produce pobreza es correcta, pero no su inversa”, destaca el documento, “porque no cualquier trabajo protege de la pobreza”. Para empezar, relaciona el aumento de los trabajadores pobres con el tipo de jornada. En concreto, culpa al crecimiento de los empleos a tiempo parcial, más habituales entre los jóvenes y las mujeres, de las crecientes cifras de pobres con trabajo.

Meses trabajados al año

Coincide Florentino Felgueroso señalando la confluencia fatal de tres elementos: la pertenencia al segmento de salarios bajos, el tiempo de trabajo y la jornada laboral. A menor tiempo de trabajo a lo largo del año, mayor riesgo de pobrezamayor riesgo de pobreza. Según la estadística de la Agencia Tributaria sobre Mercado de Trabajo y Pensiones, correspondiente a 2015, en España 3,2 millones de asalariados intercalan periodos trabajo con el cobro de prestaciones al quedarse en el paro. Su retribución media anual es sólo de 8.842 euros. Hay que recordar también que los contratos –el 90% de los que se firman cada mes son temporales– resultan cada vez más breves. Según los últimos datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), su duración media ya es sólo de 54,37 días. En 2007 superaba los 86 días.

La combinación de periodos de empleo y paro –España es el segundo país de la UE con mayor tasa de contratos temporales, un 27%– explica también que casi seis millones de personas declaren ingresos medios inferiores al salario mínimo anual –9.172,8 euros en 14 pagas–, según la estadística de la Agencia Tributaria antes citada. En concreto, perciben una media de 6.791 euros anuales. El número, además, ha crecido en 760.000 personas desde 2007, pese a que la cifra total de asalariados se ha recortado en casi dos millones desde entonces.

El informe de EAPN analiza otro parámetro para medir la pobreza relacionado con la duración del trabajo: la población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH). El indicador se obtiene dividiendo el número de meses efectivamente trabajados por todos los miembros de una familia entre el número de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo esas personas. Pues bien, ese factor fue el que más creció en España entre 2009 y 2014. De hecho, se duplicó en ese periodo hasta alcanzar los 6,1 millones de personas en 2014, el 17,1% de la población entre cero y 59 años.

La OCDE destaca la aparente paradoja de que la recuperación económica de los últimos años haya aumentado la desigualdad. Y es que la reactivación ha hecho crecer los ingresos procedentes del capital –ya en manos de los perceptores de los más ricos–, además de aumentar los mejores sueldos. En España, por ejemplo, los salarios del 10% más pobre se desplomaron un 15% entre 2010 y 2014, la segunda mayor caída de la OCDE sólo por detrás de Portugal. Los salarios del 10% más rico se redujeron la mitad, un 7%. Y los de la clase media, un 6%.

Sólo el 26% de los hogares son clase media en España

Si la crisis ha hundido en la pobreza a los trabajadores con menores salarios, también ha erosionado a las clases medias. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), además, culpa a la creciente precariedad laboral, el recorte del empleo público y el debilitamiento de la negociación colectiva. En España, explica, la clase media vivió un espectacular desarrollo desde los años 80 gracias al aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, que pasó del 29% en 1986 al 53% en 2014. Es decir, creció cuando empezaron a entrar dos sueldos en los hogares.

Aun así, la clase media española es de las más pequeñas de la Unión Europea. Los hogares con salarios de entre el 80% y el 120% de los ingresos medios representan el 26% en España, sólo por delante de las clases medias de Letonia, Lituania, Estonia y Grecia. En Dinamarca alcanzan el 40% y en Francia el 32%.

Con la recesión, muchas familias volvieron a quedarse con una sola nómina. “Un ingreso [por hogar] puede no ser ya suficiente para seguir perteneciendo a la clase media”, sentencia Daniel Vaughan-Whitehead, economista principal de la OIT y editor del libro ¿Está desapareciendo la clase media en Europa? Evidencias del mundo del trabajo?, “en algunos casos, determinadas profesiones como los maestros y los médicos, que normalmente están asociados a la clase media y que, por la general, emplean a mujeres, pueden no pertenecer más a la categoría de ingresos medios”.

España es el segundo país con más parados de larga duración de la OCDE, sólo después de Grecia. Quienes llevan más de un año sin trabajo representan el 56,6% de los parados, 2,4 millones de personas, el 11,4% de la población activa española. Además, España es, junto con Irlanda, Grecia y Portugal, los países de la OCDE donde más creció el paro crónico, 3,5 puntos desde 2007 hasta 2015. En el resto del mundo desarrollado sólo aumentó siete décimas y en la UE, 1,6 puntos. La crisis no sólo ha dejado sin trabajo a millones de personas sino que, además, ni la recuperación, ni las reformas laborales ni la acción de los gobiernos han conseguido devolverles al mercado laboral.

Lo demuestra el hecho de que el número de quienes llevan más de dos años sin trabajar, 1,8 millones, triplica el de las personas que no superan el año sin empleo, 635.000más de dos años sin trabajar, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Para acabar atrapado en el paro de muy larga duración ser mayor de 45 años o no haber superado la educación secundaria son factores coadyuvantes a la reducida oferta laboral de la crisis y la débil recuperación económica. Un parado de entre 45 y 54 años tiene un 67,3% de probabilidades de quedar encuadrado bajo esa etiqueta estadística, 18 puntos porcentuales más que otro de 25 a 34 años, según los cálculos de Samuel Bentolila y Marcel Jansen, investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Más de medio millón de personas en esa primera franja de edad llevan más de dos años sin trabajar.

En el libro electrónico titulado El paro de larga duración tras la Gran Recesión: causas y soluciones, ambos economistas cifran en un 54,3% las probabilidades de ser un parado de muy larga duración si la cualificación profesional es baja. En cambio, no aprecian grandes diferencias entre los universitarios –un 52,3% de probabilidades– y quienes no tienen más que la educación obligatoria –un 53,4%–. O entre hombres y mujeres. Sin embargo, según la EPA, el 51,6% de los parados de muy larga duración son mujeres.

Donde sí han descubierto un gran desfase es en el hecho de que los desempleados cobren o no prestaciones. Así, si tienen derecho a los dos años de duración máxima de la prestación contributiva, cuentan con un 67,4% de probabilidades de ser parado de muy larga duración. Bentolila y Jansen consideran un desincentivo a la búsqueda activa de trabajo. Por el contrario, quienes no acceden a la prestación reducen hasta casi la mitad, un 35,3%, las probabilidades de superar los dos años en el paro, o sólo llegan al 12,3% las de sobrepasar el año.

Depreciados, desanimados y desprotegidos

El problema que aparece a continuación, teniendo en cuenta estos números y plazos, estriba en que mientras disminuyen sus esfuerzos para volver al mercado de trabajo y se van depreciando como capital humano, también quedan desprotegidos. La cobertura de las prestaciones de desempleo no ha dejado de caer durante toda la crisis, debido a las sucesivas restricciones aplicadas por el Gobierno a los potenciales beneficiarios. El pasado septiembre se situaba ya en el 52,4%, cuando llegó a alcanzar el 80% en 2010. Es decir, casi dos millones de personas no cobran prestación pública alguna.

La desprotección es aún mayor en el caso de los parados crónicos. Según los cálculos de Bentolila y Jansen a partir de los microdatos de la EPA, sólo el 28% de los desempleados que llevan entre uno y dos años sin trabajar perciben ayudas públicas, y sólo el 22% de los que superan los cuatros años en el paro: 892.226 personas, según laEPA del primer trimestre de 2016.

Ni políticas de empleo ni servicios públicos eficaces

Además, no consiguen escapar de la trampa del paro de larga duración porque tampoco reciben la atención debida de los servicios públicos de empleo, lamentan los autores del estudio. Para empezar, el gasto público en políticas activas de empleo por persona activa fue recortado en un 75% desde 2007 hasta 2015, destacan. Por si fuera poco, en ese tiempo el Gobierno ha dedicado más dinero a los incentivos a la contratación –tarifas planas de cotizaciones sociales para las empresas– que a las políticas de empleo propiamente dichas –formación, orientación, recualificación profesional–. España, aseguran Bentolila y Jansen, sólo destina el 0,12% de su PIB a formación, lo que la sitúa “en los últimos puestos” de la OCDE si se divide esa cantidad por su población activa.

Únicamente el 0,3% de los parados de muy larga duración españoles participa en algún programa de formación. Es más, un tercio de los desempleados ya son parados de larga duración, han superado el año sin trabajar, cuando reciben el primer servicio de los servicios públicos, destaca el estudio de Fedea.

En España existen varios programas de ayudas para parados de larga duración que hayan agotado el resto de las prestaciones. El Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo ligan el cobro de una ayuda económica de 426 euros mensuales a la asistencia a cursos de formación o recualificación profesional. Pero el acceso a ambos planes está sujeto a tal número de requisitos que su número de beneficiarios ha quedado muy lejos de los inicialmente previstos.

A juicio de Marcel Jansen, la solución debe ir mucho más allá de este tipo de esquemas. “Es necesario ofrecer servicios intensivos a los parados, no sólo cursos, sino también análisis individualizados de la situación de cada desempleado, de sus necesidades, para predecir el riesgo que tiene de caer en el paro de larga duración y condicionar las ayudas al diagnóstico realizado”, detalla el investigador de Fedea