La dirección de Sumar ha acordado no denunciar a Podemos ante el pacto antitransfuguismo ni tampoco reclamar de momento la parte de subvenciones que recibieron del Ministerio del Interior por los resultados del 23J, después de la decisión de los morados de pasarse al Grupo Mixto, según recoge EFE.

Toman esta decisión después de haberse reunido este jueves para abordar la situación creada por la marcha de los cinco diputados morados al Grupo Mixto, que fue calificado de transfuguismo por algunos dirigentes de la coalición, aunque también hubo quien expresó sus dudas de que fuera considerado como tal, entre ellos Compromís y los comunes.

Tampoco van a pedir a Interior los seis millones de euros que recibirá Podemos a lo largo de esta legislatura, en virtud del acuerdo electoral que firmaron con Sumar, según el cual les correspondería el 23 % de todas las subvenciones públicas que percibiera la coalición por los resultados de las elecciones del 23 de julio.

Lo que sí reprocha Sumar a los cinco diputados de Podemos que el martes dejaron la coalición de Yolanda Díaz es que se hayan ido "cuando el Gobierno progresista está dando aún sus primeros pasos", señalan fuentes de la coalición.

Por eso, añaden, "es más importante que nunca que Sumar sea un ejemplo de responsabilidad, mirada de futuro y preocupación" por la vida de los españoles.

Con esta idea, insisten en que Sumar va a actuar con lealtad dentro del Gobierno, con compromiso y a la vez serán "exigentes y vanguardistas" en términos sociales, feministas, democráticos y ecológicos, subrayando que son "la fuerza motriz del empuje del Gobierno".

El motivo general que dio lugar a los Acuerdos de los grupos políticos sobre el transfuguismo se basó en la extensión del trasvase de concejales de unos grupos municipales a otros y la alteración de las  políticas que suponía en los gobiernos locales.

El primer Acuerdo de los partidos políticos sobre transfuguismo se firmó con fecha 7 de julio de 1998. Su pacto tenía únicamente un alcance político en el ámbito municipal o local, fácil de comprender en ese momento donde los pactos municipales y las coaliciones operaban exclusivamente. Se reconoció el transfuguismo, pero referido solo  a  casos individuales. El Acuerdo tenía las funciones de analizar las posibles situaciones de transfuguismo y tomar medidas encaminadas a aislar a los calificados como tránsfugas. Tenía que producirse en la misma legislatura,  que  tuviera efectos inmediatos al suponer una alteración de la representación política, una debilitación de la estabilidad gubernamental o falseara la representación política por el trasvase de concejales a otros partidos distintos del suyo originario. Se introdujo el término de patología política.

El 26/9/2000 se suscribió la primera Adenda, en la que se constató que el transfuguismo había calado en la sociedad, había conseguido reprobación social y consiguientemente se había reducido y aislado, manteniéndose en el ámbito municipal su localización.

La segunda Adenda al Acuerdo antitransfuguista se produjo con fecha 23/5/2006, todavía circunscrito al ámbito municipal, e introdujo un término más preciso: la deslealtad,  “reconociendo la necesidad de frenar y reducir a la menor expresión política el condenable fenómeno de deslealtad política conocido como “transfuguismo”. Y extendió la deslealtad al individuo y/o al grupo.

Fue en la tercera Adenda al Acuerdo contra el transfuguismo, de fecha 11/11/2020, cuando se amplió “el Acuerdo sobre un Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Instituciones democráticas, al aumentar significativamente el número y tipología de fuerzas políticas”. Amplía así sus efectos al ámbito estatal y autonómico. E introduce dos nuevos conceptos, “que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”. 

Los Acuerdos sobre transfuguismo solo tienen una base política y, por tanto, su debate solo puede circunscribirse a ese ámbito. Me atendré  a los motivos que se expresan en los Acuerdos aprobados por todos los partidos para su condena y si estos acontecen en el caso que nos ocupa. Estos motivos son: la deslealtad que supone, la corrupción en que incurre y la práctica antidemocrática que conlleva.

La deslealtad es una expresión relativa y depende del color del cristal con que se mire, con el que la miren unos y otros. La deslealtad es subjetiva y para echar en cara esa crítica, también hay que hacer una introspección de uno mismo. En definitiva, depende de los objetivos que nos marquemos y de los medios que pongamos para conseguirlos. Si la lealtad se personifica mucho, y no en las ideas y la política,  se puede caer en el culto a la personalidad y un tufillo se percibe en  Sumar.

En el último Acuerdo de fecha 11/11/2020 se describe el transfuguismo como una forma de corrupción, sin que vaya más allá de su señalamiento. Pero por  las medidas que se toman en el mismo, se puede deducir su inconsecuencia. “Se refuerza el criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad, limitándose sus derechos a lo mínimo exigido constitucionalmente”, para los no adscritos, de sus derechos económicos y administrativos. A los tránsfugas, individuales o en grupo, pues, se les condena con una penitencia gravosa por incurrir en una supuesta corrupción, imposible de cometer. Se impide vestir al desnudo, porque se les impide beneficiarse o lucrarse en su nueva situación, por el cambio de las normas y reglamentos. Al mismo tiempo, “los grupos políticos no sufrirán menoscabo de dichos derechos por la pérdida de integrantes por transfuguismo, manteniendo a efectos de su determinación los correspondientes a su resultado electoral”.  Se reafirma la disciplina.

El Acuerdo último define, por último, el transfuguismo como una práctica antidemocrática, que, en este caso, yo no percibo. No creo que nadie ponga en duda, ahora que el neoliberalismo se acentúa, y con el mismo la brecha de la desigualdad, y  que la ola reaccionaria y fascista es su principal soporte, mientras que el Partido Socialista, Sumar y Podemos abogan por afianzar la democracia, reducir las desigualdades implementando la socialdemocracia, el único campo en el que juegan. Y que  la socialdemocracia tiene diversos grados y formas de llevarla a cabo, desde las más suaves a las más intransigentes con el capitalismo. Sobran, pues, las apelaciones a no equivocarse de enemigo, ni  las de dejar el acta u otras renuncias. Voces sensatas han manifestado su deseo e interés por que se oiga la voz de Podemos. Alimentemos esa esperanza, aun reconociendo que su porvenir es otro. No se puede despedir a los que se van deseándoles “buenas noches” y que cierren la puerta, si solo se quedan en la iglesia el monaguillo y el sacristán con el cura. Con la misma fuerza y voluntad que nuestro Presidente del Gobierno defiende la amnistía, Irene Montero defendió la Ley del “solo sí es sí”, aunque ésta se aprobara en un contexto distinto, al final de la legislatura, como la de vivienda. Pasaron sus efectos indeseados, menores de los que se propagaron, aunque muy alarmantes, y ahora les toca a las nuevas ministras su aplicación, sin que puedan renunciar a ello,  como al Presidente lo suyo. Si comparamos la oposición que tiene la Ley de amnistía y las movilizaciones que está provocando con las que tuvo la Ley del “solo sí es sí”, no hay color. 

El transfuguismo comporta abrir un socavón humano y político, como la naturaleza lo ha abierto en Aranjuez, que ha provocado el desalojo de sus viviendas a los habitantes de un  edificio entero por el peligro de su hundimiento y a otras que peligran, con la amenaza de su derribo. Es la sima que se abre entre los partidos democráticos y la ultraderecha y el fascismo. Es un trasvase de ideología y políticas entre extremos. En ese punto es más acertado situarlo. Aunque indudablemente comporta una lucha por el poder conseguido por parte de Sumar y las fuerzas principales que operan en él y el perdido por Podemos, sin que haya predominado la concordia a la que tanto se ha apelado.

Vistos los hechos y los motivos que han provocado la ruptura entre Podemos y Sumar, pienso que ni la deslealtad ni la corrupción ni una imposible aventura antidemocrática operan en esa ruptura y, por tanto, no puede considerarse un caso de transfuguismo.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

¿Los cinco diputados de Podemos son tránsfugas? Es la inevitable cuestión que ha surgido tras la ruptura de los morados con el grupo parlamentario de Sumar. La formación dirigida por Ione Belarra lo niega, mientras que la coalición liderada por Yolanda Díaz sostiene que sí lo son y plantea denunciarlos ante el Pacto Antitransfuguismo, lo que elevaría la presión sobre los morados. Aunque Sumar no puede obligarles a dejar sus escaños —las actas son personales e intransferibles— podrían ser declarados tránsfugas si los de Díaz lo llevaran a la comisión y lo solicitaran formalmente.

El pacto nació en el año 1998 para dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. El acuerdo original lo impulsó Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC. "El transfuguismo –señalaba el texto original– supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

El pacto se amplió en dos ocasiones con sendas adendas. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: "Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes". Su actualización vino motivada por las discrepancias dentro de Unidas Podemos y el movimiento táctico de la cúpula morada con el objetivo de expulsar a la exdiputada Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, del grupo parlamentario andaluz.

Asimismo, pasó a considerarse como tránsfuga la persona electa por una candidatura promovida por una coalición si "abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso". Y añade: "Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso (…) quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfuga".

Los expertos consultados por infoLibre aseguran que el texto "no deja lugar a dudas": los diputados de Podemos son tránsfugas "de libro" y la decisión de considerarlos como tal recae en "el responsable" de la coalición, es decir, en Sumar. Sin embargo, discrepan de la definición de tránsfuga que se recoge en el último acuerdo porque "desnaturaliza" su concepto inicial, que buscaba poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

A juicio de Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional por la UNED, investigador principal de un estudio sobre transfuguismo y encargado de coordinar a profesores de distintas universidades para estudiar este fenómeno en España, la última definición del Pacto Antitransfuguismo "pervierte" el concepto de tránsfuga. El experto explica en conversación con infoLibre que, ateniéndonos a la última actualización, los cinco diputados deberían ser considerados como tal, al igual que cualquier diputado que no siga la disciplina de voto que le marque su grupo parlamentario: "Es una barbaridad".

También discrepa con esa definición Cristina Monge, politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza especializada en asuntos relativos a la calidad democrática. "No es correcta esa noción de transfuguismo, pero con arreglo a la última adenda son tránsfugas de libro", subraya. Es más, Monge recuerda que fueron los propios diputados de Unidas Podemos quienes la introdujeron hace tres años para echar a Teresa Rodríguez del grupo parlamentario y que ahora "se les ha vuelto en contra".

Aunque formalmente sean tránsfugas, Fernández Esquer coincide con el argumento de Podemos y no cree que hayan "defraudado" a los electores porque están acatando las decisiones del partido, no de la coalición. "Son diputados que forman parte de un partido que es autónomo respecto a los otros partidos que forman parte de la coalición con la que concurrieron a las elecciones. No creo que hayan defraudado a su electorado, ni que, por el momento, hayan alterado mayorías parlamentarias", explica el experto. Monge discrepa y considera que la "cuestión clave" es que los electores el pasado 23J votaron por Sumar, una coalición que ahora se ha roto, y no individualmente por Podemos.

Otra cuestión —añade el profesor en Derecho Constitucional— es que la formación morada "haya acusado de tránsfugas a otros por cosas similares a las que están haciendo ellos ahora", como por ejemplo sucedió con el caso de Teresa Rodríguez. Eso, a su juicio, pone en entredicho la coherencia del partido pero "no afecta al concepto de transfuguismo" que él defiende, que se basa en un "compromiso político entre las principales fuerzas" y que se basa en rechazar a cargos públicos provenientes de otras formaciones e impedir la utilización de esos diputados u concejales para cambiar o mantener mayorías.

Lo cierto es que la calificación de tránsfuga no tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños. Así lo explica Fernández Esquer: "Jurídicamente no tiene ninguna consecuencia porque el Pacto Antitransfuguismo es un pacto político".

El experto subraya, no obstante, que podría tener consecuencias jurídicas si en el Reglamento del Congreso se hubiese modificado para que restringir los derechos y facultades de esos diputados. "No es el caso. Es lo que sí se hizo, a raíz de la tercera Adenda, en el Parlamento de Andalucía con Teresa Rodríguez", añade. Para Monge la clave reside en hasta dónde esté dispuesto a llegar Sumar, aunque cree que el grupo parlamentario tiene muy difícil resucitar ese Pacto por, entre otros motivos, la negativa del Partido Popular y muy probablemente del PSOE, que necesita los votos de los morados.

En el Congreso y el Senado no existe la figura de los diputados no adscritos, que sí está en la mayor parte de Parlamentos autonómicos, lo que implicaría severas restricciones para la actuación de los cinco diputados de Podemos. Lo que sí destacan ambos es que al pasar al Grupo Mixto los morados tendrán menos financiación, asesores, cupo de iniciativas parlamentarias y tiempo en los debates. Según llevan repitiendo desde la pasada semana los morados, están dispuestos a asumir ese coste a cambio de "hacer política".

El Partido Popular, como también el PSOE y otros partidos políticos, se comprometió en 1998 a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”. Un compromiso que renovó en 2020, pero que no le impidió beneficiarse del tamayazo, el caso de transfuguismo más célebre hasta la fecha, gracias al cual el PP evitó en 2003 un gobierno de izquierdas en Madrid e inició dos décadas de hegemonía política en la comunidad que todavía continúan. 

El pacto nació precisamente para eso: dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. Incómodo con esa limitación, el PP se la saltó en más de una ocasión. La última y más sonada, comprando la voluntad de cuatro diputados de Ciudadanos en Murcia para derrotar la moción de censura que este partido, de común acuerdo con el PSOE, había presentado para poner fin a 26 años de gobierno ininterrumpido del PP en la Región.

Esa actuación motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

El pacto contra los tránsfugas, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno del PP, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

No tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La culpa es de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

Las consecuencias de la “práctica reiterada” del transfuguismo, sostiene el acuerdo firmado en su día por el PP, “cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

El acuerdo original lo impulsó en su momento Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC entre otras formaciones.

La renovación del documento en el año 2000 reconocía que, dos años después de su firma, se podía “constatar una significativa reducción del transfuguismo, debida esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la creciente condena y estigmatización social de tales conductas”.

 “El transfuguismo supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

El pacto se amplió en dos ocasiones. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

“Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Si existen dudas, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso” para el puesto “quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

La segunda adenda del pacto, aprobada hace 14 años, establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”.

Pedir al PP que volviese al pacto fue precisamente una de las primeras demandas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la primera entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2022, una vez que el expresidente de la Xunta relevó a Pablo Casado. Pero no obtuvo respuesta.

Feijóo no solamente no ha manifestado nunca el menor interés por someterse de nuevo al pacto, del que en la actualidad están fuera el PP y Vox, que nunca lo suscribió, sino que su partido y él mismo llevan semanas alentando una traición en las filas del PSOE apelando a “la conciencia” de los diputados socialistas para que impidan la aprobación de una amnistía, bien haciéndole a él presidente, bien impidiendo la reelección de Sánchez.

Su número dos, Cuca Gamarra, insistió en ello este lunes, a menos de 24 horas del inicio de la sesión de investidura, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en la que acusó a Sánchez de ser él mismo un tránsfuga pro defender ahora lo que rechazaba antes de las elecciones y en la que evitó expresamente rechazar la posibilidad de que Feijóo sea elegido gracias a una traición como las previstas en el pacto antitransfuguismo.

Según Gamarra, “no hay más transfuguismo” que el de Sánchez. “Yo creo que el mayor ejercicio de transfuguismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfuguismo que el ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía”, señaló. Las urnas, aseguró negando la legitimidad del Congreso, “no habilitaron a nadie” a articular una amnistía ni para llevar a cabo el préstamo de diputados a Junts que permitió a esta formación contar con grupo parlamentario propio.

El último ejemplo de transfuguismo notorio a escala nacional lo protagonizó también el PP de Casado, pero sus consecuencias llegaron hasta Feijóo. Fue su dirección la que consumó el premio a los dos tránsfugas de UPN que a punto estuvieron de dar al traste con la reforma laboral al darles cobijo en sus listas.

Ficharlos supuso una flagrante violación del pacto antitransfuguismo, que prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero en el PP incumplió el pacto contra el transfuguismo porque previamente no renunciaron a sus escaños en el Congreso.

Ambos fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno.

Veinte años después de que el tamayazo, la traición de dos diputados tránsfugas del PSOE, impidiera en 2003 la investidura presidencial del candidato socialista en Madrid, forzara así la repetición electoral y abriera de par en par la puerta del poder a Esperanza Aguirre, la promotora inmobiliaria vinculada al escándalo ha dejado tras sí un rastro de basura fiscal.

Durante tres años consecutivos -2015 el primero-, Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA apareció en la lista oficial de grandes morosos tributarios con una deuda de 1,067 millones. Luego se sumergió: la deuda mínima de los incluidos en la lista era un millón; ahora, 600.000 euros. Y finalmente, Hacienda le revocó en octubre del año pasado el NIF, es decir, el código imprescindible para cualquier operación mercantil. Incumplir las obligaciones tributarias es una de las causas posibles de la retirada del código fiscal.

Las últimas cuentas anuales disponibles de Euroholding, las de 2021, cifran en solo 434.538,35 euros lo que la firma le debía al fisco al cierre del ejercicio. Ese mismo balance cuantifica en 543.343,04 euros el inmovilizado material de la compañía. Es decir, el valor de los bienes tangibles que posee, trátese de inmuebles o de cualquier otro recurso.

infoLibre no ha logrado localizar por ningún medio al administrador de Euroholding, el constructor Francisco Bravo Vázquez. Entre los hitos de su relación con Tamayo figuran estos: ambos habían coincidido en la junta de compensación urbanística de Quitapesares, en el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón; ambos hablaron por teléfono el día de las elecciones de Madrid y la víspera de la sesión convocada para elegir a los miembros de la Mesa de la Asamblea Regional; y fue Bravo quien reservó las habitaciones de hotel en la que se alojaron Tamayo y la otra diputada tránsfuga, María Teresa Sáez, tras darse a la fuga en la Asamblea de Madrid.

El Mundo desveló que horas después de la deserción de Tamayo y Sáez, Bravo permaneció 151 minutos en la sede central del PP -la de Génova- horas después de la deserción de Tamayo y Sáez. “Bravo -relataba ese medio- acompañó a la sede a un tránsfuga 'popular', candidato independiente en el municipio de Sevilla la Nueva con el objetivo de alcanzar pactos para quitar el gobierno al PSOE”. Allí se entrevistó con el entonces secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

Los socialistas, que atribuyeron el tamayazo a la existencia de una “trama inmobiliaria” dispuesta a mover todos los hilos para abortar el nacimiento de un gobierno de coalición PSOE-IU, interpusieron una querella que terminó archivada. Entre los querellados y además de Tamayo y Sáez figuraban tanto Francisco Bravo como su tío Francisco Vázquez, entonces presidente de Euroholding. Entre ambos sumaban casi una veintena de sociedades.

La denuncia relataba que Tamayo y otro miembro de su sector que acabó igualmente expulsado del partido, José Luis Balbás, “actuaron conjunta y coordinadamente en la junta de compensación de Quitapesares [Villaviciosa de Odón]”, origen de un polígono industrial homónimo. De aquella junta “también fueron socios -se leía en la denuncia- Francisco Bravo Vázquez y su tío, Francisco Vázquez Igual”.

Según el PSOE, la venta de suelo público de Villaviciosa -gobernada por el PP- a los promotores del Polígono de Quitapesares “se hizo entre un 20 y un 50% por debajo del precio de mercado”. “La principal beneficiaria de la gigantesca operación de especulación -añadía el texto- terminó siendo la mercantil Euroholding Corporación Financiera e Inmobiliaria SA., propiedad de Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual. La empresa influía decisivamente en el PP de Villaviciosa de Odón”. La Cadena SER había publicado que Francisco Bravo dirigió la afiliación en bloque de más de 70 personas al PP de Villaviciosa. Entre los afiliados -subrayaba la querella del PSOE- se encontraban el mismo Bravo y su tío, Francisco Vázquez. El año antes del tamayazo, Euroholding había contabilizado 3,64 millones de euros en beneficios. El administrador de la empresa siempre ha negado toda participación en el tamayazo. Según su versión, reservó las habitaciones de hotel porque se lo pidió Tamayo con el objetivo de que nada de ello trascendiese.

 infoLibre ignora qué rumbo han seguido las otras sociedades que controlaba Bravo.

El del tamayazo fue el primer caso de repetición electoral en España. Hoy, y con una investidura que salvo giro copernicano se prevé fallida si llega a convocarse -la de Alberto Núñez Feijóo- así como otra muy complicada por cuanto exige el voto favorable de Junts -la de Pedro Sánchez-, el debate ha rescatado del cajón el tamayazo. ¿Por qué? Porque figuras como el dimisionario dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros o el filósofo Fernando Savater han disparado la idea de que “socialistas buenos” y “decentes” deberían votar al candidato del PP y evitar así un Gobierno PSOE-Sumar.

Abortar que en Madrid gobernase el PSOE con IU fue el argumento oficial dado en su día por Tamayo. Siete años más tarde, el tránsfuga se plantó el 18 de marzo de 2010 en la sede de la Comunidad de Madrid tras avisar de sus planes a los medios de comunicación. Aguirre no le recibió. Y un Tamayo furibundo pronunció ante los periodistas dos frases enigmáticas. La primera: “Esto no va a quedar así”. La segunda: "Fue una gran farsa [eltamayazo] y lo que sí les puedo decir es que yo no he tocado ni un euro”. El exdiputado, que se mudó a Guinea Ecuatorial para hacer negocios y se convirtió en ferviente admirador de Teodoro Obiang, no quiso dar más explicaciones. En la entrevista donde en 2015 habló maravillas sobre el dictador, aseguró que de haber cobrado por la operación política de 2003 jamás se habría ido a Guinea Ecuatorial a "buscarse la vida".

Transcurridos otros siete años, quien en 2003 era el número dos del PP madrileño y terminó como principal implicado en el macrocaso de corrupción Púnica, Francisco Granados, aseguró en una entrevista con OK Diario que el PP le ofreció dinero al tránsfuga. El titular fue el que sigue: “Tamayo me dijo que había pactado una compensación con el PP de Madrid de varios millones”. Del trasfondo de aquel golpe parlamentario, si es que existió, nunca ha habido pruebas.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 29 de diciembre un Presupuesto que PP y Ciudadanos, al mando del gobierno municipal, califican de “equilibrado y realista”. Un total de 5.482 millones de euros, que suponen un 8,2% más respecto a las cuentas del año de la pandemia, que la oposición critica por haber sido “diseñados en origen para Vox”, los socios prioritarios de José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, y que fueron finalmente refrendados con doble polémica. Primero fue el apoyo a las cuentas de los concejales de Recupera Madrid, la escisión de Más Madrid que integra el Grupo Mixto, una vez que el acuerdo con Vox se hizo imposible. Después, las declaraciones del alcalde sobre la escritora Almudena Grandes –“No merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero para poder sacar adelante los Presupuestos hay que hacer cesiones”– terminaron por desdibujar aún más unas cuentas que la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, presentó como las de “la recuperación económica y social”, pero la oposición critica porque, a su juicio, desaprovechan “la mayor liquidez” que ha tenido nunca Madrid y carecen de “modelo de ciudad”.

El gobierno municipal madrileño destaca que son los primeros Presupuestos que rebasan los 1.000 millones de gasto social –1.007 millones–: cinco nuevas bases para el Samur-Protección Civil, ocho nuevos centros de servicios sociales, tres nuevas escuelas infantiles forman parte de ese amplio dispendio. Pero para la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, esos 1.007 millones son “insuficientes”. “No suponen ni el 15% del presupuesto total consolidado”, explica.

Por el contrario, el dinero del Ayuntamiento se destina, sobre todo, a “operaciones de asfalto”, critica. Porque el acuerdo con el Grupo Mixto que ha servido a Almeida para salvar los presupuestos en el último respiro del año no “ha tocado nada la estructura del Presupuesto”, resalta Espinar, ni las “políticas de fondo”. Miguel Montejo, el portavoz de Más Madrid en la Comisión de Hacienda, resalta que los 62 millones de euros que Recupera Madrid ha conseguido con su pacto presupuestario equivalen únicamente al 1% de los 6.161 millones de las cuentas municipales para 2022, una cifra que incluye los gastos de organismos autónomos y sociedades mercantiles. Por establecer una comparación, el PSOE presentó 207 enmiendas a los Presupuestos que suponían movilizar 190 millones de euros, más del triple.

Al aprobar las cuentas, Marta Higueras, portavoz de los ediles de Recupera Madrid, alabó las medidas “progresistas” que habían arrancado de PP y Ciudadanos porque, a su juicio, han “sacado a Vox” de Madrid y están destinadas a “cambiar el rumbo de la legislatura”. Sin embargo, PSOE y Más Madrid coinciden en calificar de “cosméticos” los añadidos a las cuentas. Espinar habla de un mero “intercambio de cromos” y Montejo advierte de que pervive el diseño original trazado para obtener el apoyo de Vox. “[El Presupuesto] no hace nada para transformar la movilidad o para cambiar las políticas de familias y la política de promoción económica”, detalla. En materia de contaminación y de movilidad “se ha quedado en 1980, que es el modelo que le gusta a Vox”, abunda el concejal de Más Madrid.

Otro tanto ocurre con los impuestos. Pese a dar un rotundo no los Presupuestos, Vox sí aprobó las ordenanzas fiscales en la misma comisión extraordinaria en que rechazó las cuentas municipales. Pese a que ambas normas incluyen la misma medida polémica: una “ayuda directa” a los contribuyentes del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que posean viviendas con un valor inferior a 300.000 euros. Se trata, explica Miguel Montejo, de una subvención “no rogada”, que puede ser ilegal, puesto que las ayudas directas para pagar impuestos están prohibidas. Según el Ayuntamiento, la medida, que beneficiaría a 660.863 recibos, supondrá una merma en la recaudación de 34 millones de euros. La rebaja para la mayoría de los recibos se calcula en unos 15 o 20 euros. Además, añade Montejo, de momento esa ayuda no se expresa más que en una “declaración de intenciones”, aún no está formulada.

Pero no es el único recorte de ingresos que sufrirá el Ayuntamiento este año. El consistorio también reconoce un descenso de recaudación del 30% en el llamado impuesto de plusvalía respecto a 2021, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el sistema de cálculo de este tributo y obligó al Gobierno a modificarlo. El acuerdo con el Grupo Mixto establece que el Ayuntamiento solicitará al Estado una compensación por esa pérdida de ingresos.

En total, el gobierno municipal promete una rebaja de impuestos de 60 millones de euros, que Miguel Montejo no duda en tachar de “imprudente” por las “incertidumbres” sobre los ingresos que acechan este año. Y no sólo debido a la menor recaudación de la plusvalía municipal, sino también porque no se puede prever si el Ayuntamiento acertará en sus cálculos sobre los 240 millones adicionales que debería recibir del Estado o los 75 millones que cree que le corresponderán de los fondos europeos para la recuperación.

Además, el gobierno municipal se comprometió, y así lo firmó en su acuerdo con el Grupo Mixto, a no vender suelo municipal de uso residencial en 2022, lo que supondría otra merma de ingresos por importe de 16 millones de euros. Sin embargo, Miguel Montejo dice que esa promesa ha desaparecido de los presupuestos. Y lo mismo ha ocurrido, añade, con la anunciada reducción de las operaciones de endeudamiento por valor de 20 millones de euros.

El Ayuntamiento también presume de un aumento de las inversiones del 23% para este año. Son 603 millones de euros, de los cuales 273 millones corresponden a inversiones nuevas. La oposición objeta, una vez más. “Hay muchas inversiones con presupuesto cero, porque se van a concesionar las obras”, indica el concejal de Más Madrid. Por ejemplo, 11 instalaciones deportivas cuyas obras deberían licitarse durante este ejercicio. Además, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) ha recortado sus inversiones. “Las promociones de este año son en realidad del mandato anterior”, resume.

En otros casos, las partidas son escasas. Apenas “un muestrario de lo que puede ser y no es”. El Ayuntamiento promete cinco millones de euros para poner en marcha un carril bici en el Paseo de la Castellana y otros cinco millones para “actuaciones provisionales de carriles bici” sin más precisión. “Un aliño”, dice Mar Espinar, porque “no hay un proyecto de conectividad” que haga de Madrid una ciudad conectada en bicicleta. La propuesta de Más Madrid al respecto proponía construir 160 kilómetros de carriles bici en la capital. A juicio de Montejo, por tanto, lo aprobado se queda muy corto frente a lo que debería hacerse. Más aún, cree que los cinco millones con los que se reforzará BiciMad, el servicio municipal de bicicletas, “habría que duplicarlos”. Las críticas por el abandono paulatino de BiciMad son materia común de la oposición y los usuarios. Hay que recordar que la empresa concesionaria tuvo que ser rescatada por el Ayuntamiento y su gestión deber ser ahora revertida “con carácter inmediato”, dice el acuerdo con Recupera Madrid, a la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En el Presupuesto hay también un millón de euros para “itinerarios de colegio seguros”. Miguel Montejo lo compara con los 12 millones que el Ayuntamiento de Barcelona dedica al mismo fin para 155 colegios. En Madrid, las actuaciones se limitarán a ocho.

Por lo que se refiere a los criticados contratos de limpieza viaria, el gobierno municipal destaca que experimentan un aumento de 51 millones de euros en 2022. Mar Espinar asegura que se “están incumpliendo”. Miguel Montejo, tras precisar que a las empresas se les concede un periodo de adaptación a las nuevas exigencias, admite que “aún no se está viendo mejoras”. De hecho, se suceden las denuncias ciudadanas en las redes sociales por la suciedad de las calles. Para el concejal de Más Madrid, el problema estriba en que los contratos que firmó en su día Ana Botella son “indescifrables” e impiden que se controle y vigile si las empresas concesionarias hacen su trabajo.

Nombrar a Almudena Grandes Hija Predilecta, la construcción de un centro de salud en el edificio okupado de La Ingobernable, subvencionar el Orgullo de Madrid de 2022 o suprimir la ayuda de 200.000 euros a la Fundación Madrina, conocida en su día por sus actividades contra el aborto y por funcionar como agencia de colocación en negro de empleadas del hogar, son algunos de los logros del acuerdo que ha permitido salvar los Presupuestos municipales de Madrid. “Medidas que los concejales tránsfugas entendían que les iban a dar rédito político, pero ¿qué hay en equipamientos para los distritos del sur de Madrid en ese acuerdo?”, se pregunta Mar Espinar. La subvención para el Orgullo, apunta Miguel Montejo, la va a gestionar ahora Madrid Destino, la empresa municipal de eventos, en lugar de Cogam –colectivo LGTB+ de Madrid– como antes. Y la Fundación Madrina ya ha anunciado que pedirá una “subvención de carácter directo” para financiar sus actividades en sustitución de la que se le acaba de retirar.

Tras conseguir la aprobación de sus presupuestos, el alcalde aseguró que éstos eran “necesarios”. Y Miguel Montejo cree que, en efecto, Martínez Almeida los necesitaba porque en mayo de 2023 tiene que enfrentarse a las urnas, lo que convierte este ejercicio en año preelectoral. Por ese mismo motivo, Mar Espinar cree que el pacto con el Grupo Mixto no será de largo recorrido y que PP y Ciudadanos volverán a guiñarle un ojo a la extrema derecha enseguida. “Almeida necesita que Vox le vuelva a pasar la mano por el lomo”, concluye.

La presentación de la moción de censura en la Región de Murcia, lo que empezó siendo un movimiento político con, en principio, implicaciones puramente locales y regionales, terminó desatando un auténtico terremoto en la política nacional y en otras comunidades autónomas (se adelantaron las elecciones en Madrid, por ejemplo) que siguió coleando meses después y terminó por dinamitar el acercamiento que habían protagonizado PSOE y PP para, entre otras cosas, renovar los órganos constitucionales pendientes. La crisis en Murcia llegó incluso a los tribunales, ya que se interpusieron querellas por posible cohecho contra el PP y los tránsfugas de Ciudadanos que, contraviniendo a la dirección nacional, votaron en contra de un cambio de gobierno. Sin embargo, la vía judicial no ha fructificado, pues todos los procedimientos han sido archivados. La respuesta al transfuguismo de Murcia se queda, por tanto, tan sólo con las reacciones políticas y un informe del Pacto Antitransfuguismo que llevó al PP a abandonarlo.

Fueron horas y días frenéticos. Una vez se conoció que el PSOE y Ciudadanos habían pactado una moción de censura que acabaría con décadas de gobiernos liderados por el PP en Murcia, desde el partido conservador, con el secretario general Teodoro García Egea y el presidente de la Región, Fernando López Miras, a la cabeza, se puso a maniobrar para tratar de desbaratar lo que parecía un acuerdo firme. Finalmente, lo consiguieron: tres de los seis diputados naranjas que firmaron la moción se desdijeron, desafiaron a Inés Arrimadas y se unieron al PP. Sus votos fueron suficientes para que la iniciativa no saliera adelante. López Miras les recompensó con tres consejerías.

Esta sustancial mejora del estatus político de los diputados naranjas es lo que llevó a la interposición de querellas, dos en Murcia y una en Madrid, por un posible delito de cohecho. Los querellantes consideraban que el presidente murciano compró las voluntades de los diputados de Ciudadanos nombrándoles altos cargos de su Gobierno. También metían en la misma "trama corrupta" a García Egea, pues éste se trasladó a Murcia y participó activamente en las negociaciones que terminaron por desbaratar la moción de censura.

"Compra de votos" o "subasta de voluntades"

“Es una compra de votos y voluntades en toda regla orquestada por el Partido Popular, condenado por corrupción y perdedor de las elecciones autonómicas, que ha sobornado a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez”, afirmó el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce. El entonces líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó a García Egea en una sesión del Congreso de "comprar" a los parlamentarios de Ciudadanos, mientras que el presidente del grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Jaume Asens, veía claro que se les habían ofrecido cargos ejecutivos en concepto de "pago en especie". Desde Ciudadanos, se habló de "subasta de voluntades" y "acto de compra de la voluntad y el silencio con cargos y poder".

En Murcia, las querellas presentadas por el PSOE y la formación política Contrapoder terminaron inadmitidas en cosa de dos meses. La Fiscalía determinó entonces que el supuesto soborno del que se acusaba a los dirigentes del PP se basaba en "presupuestos infundados” pues el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución “no sólo abarca la vertiente del acceso a la jurisdicción, sino también la protección de todos los ciudadanos contra acusaciones carentes de justificación”. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia concluyó que las querellas no se apoyaban en ningún indicio o evidencia que avalara las sospechas de soborno.

En Madrid, fue Podemos el partido que se querelló contra García Egea y López Miras. También les atribuía delito de cohecho y acudió ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual, tras constatar la condición de diputado del Congreso del secretario general del PP y, por tanto, de aforado, remitió el procedimiento a la Fiscalía del Tribunal Supremo el pasado mes de mayo. Un mes después, las pesquisas habían sido también archivadas, según confirmaron a infoLibre desde el Ministerio Público.

Un mero reproche político

La respuesta a la crisis en Murcia se queda, por tanto, en una reacción política y en un informe de una comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo, que tras estudiar lo ocurrido en la comunidad autónoma concluyó que el comportamiento tanto de los exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura como del presidente López Miras se enmarca en la definición de transfuguismo. Al dirigente murciano, además, le considera "inductor y beneficiario" de la conducta de los parlamentarios naranjas, pues tuvo una "participación activa" en la "alteración" de las mayorías políticas para evitar la moción.

La comisión de expertos, formada por juristas que fueron nombrados por unanimidad de los partidos pertenecientes al Pacto y propuestos por PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, también acusaba en su dictamen a López Miras de haber "recompensado" a los diputados con cargos en el Gobierno regional, y todo ello "con ostentación de la situación tránsfuga". La conducta tránsfuga, por tanto, también la extendía al resto de los miembros del Consejo de Gobierno murciano.

La consideración de actitud de transfuguismo por parte de esta comisión de expertos no tiene consecuencias jurídicas. Se trata de un reproche puramente político con el que estaban de acuerdo todos los integrantes del Pacto Antitransfuguismo a excepción del PP. Apenas unos días después, el partido liderado por Pablo Casado abandonó el Pacto, que da por roto. No es la primera vez que lo hace, el PP ya dijo en 2010 que dejaba este foro, precisamente también tras una moción de censura en el Ayuntamiento de Benidorm. El balance del Pacto no es precisamente positivo: se creó en 1998 con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas y de esos 23 años, ha estado una década absolutamente paralizado por la incomparecencia de los conservadores.

Pero el Pacto, que nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno, no tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral para intentar frenar un fenómeno bien conocido en España.

Lo que sí se ha hecho en el pasado es impugnar resoluciones de administraciones públicas consecuencia de una actuación de transfuguismo, como pueden ser los nombramientos de esos cargos públicos que se benefician de esta conducta. Sobre esto se pronunció el Tribunal Supremo recientemente sobre un caso de transfuguismo en un municipio. En su sentencia, determinó que los concejales que pasen a la condición de no adscritos como consecuencia de un supuesto de este tipo "impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

El alto tribunal recordaba entonces que tanto la jurisprudencia como el Pacto Antitransfuguismo recogen la intención disuasoria que marca la ley limitando los derechos económicos y políticos de ediles que se pasan a otro bando. En el caso de Murcia, el PP se saltó no sólo los mandatos del Pacto, sino el espíritu de esa sentencia del Supremo.

Así se ha pronunciado la también ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogida por Europa Press, desde donde ha censurado esta decisión de los conservadores que considera que estaban "buscando excusas" para, según ha dicho, "poder seguir recurriendo a las malas artes en política a la hora de configurar los Gobiernos".

En la mañana de este martes se ha dado a conocer que, tal y como ha reconocido la propia ministra, el PP ha hecho llegar una carta al Ministerio de Política Territorial, carta que coordina el Pacto Antitransfuguismo, para abandonar este órgano.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha confirmado este martes también que su formación abandona este pacto al considerar que no está funcionando como debía y que se está utilizando "torticeramente" en su contra.

"Es una triste noticia, porque es un elemento fundamental para prevenir la compra y venta de puestos y de escaños", ha lamentado la ministra portavoz sobre esta decisión del PP.

"Coherencia de la corrupción"

Quién también se ha pronunciado sobre esta marcha de los conservadores ha sido el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha recriminado al líder del PP, Pablo Casado, que lo suyo es "la coherencia de la corrupción".

"El PP dinamita un consenso democrático básico y abandona el Pacto Antitransfuguismo para arrogarse patente de corso en su asalto a Cs", ha proclamado el ministro Ábalos a través de un mensaje en su perfil oficial de Twitter, recogido por Europa Press.

Con todo, Montero considera que el PP "recurrirá a ello cuando le convenga" y cree que, con esta decisión, está "debilitando la democracia". "Lamentar que, quienes tenemos que ser ejemplares, abandonemos órganos que son eficaces en la lucha contra la corrupción y que llevan más de 20 años", ha sentenciado.

El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha inadmitido la denuncia del PSOE por cohecho contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras; contra los diputados regionales expulsados de Ciudadanos, Isabel Franco, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez; así como contra el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, también expulsado de la formación naranja, según informa Europa Press. 

Cabe recordar que Franco, Miguélez y Álvarez fueron expulsados de Ciudadanos tras hacer fracasar la moción de censura impulsada por la formación naranja junto a los socialistas. Posteriormente, fueron nombrados consejeros, al igual que Antonio Sánchez.

La resolución se adopta tras acumular la denuncia, por inhibición del juzgado número 6, a la denuncia que en su día presentó el partido Contrapoder y que también fue inadmitida, por existir identidad de hechos.

En la misma resolución, notificada este martes, en su parte dispositiva se acuerda el archivo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

Así pues, se acumula el procedimiento incoado con la denuncia del PSOE al procedimiento que se llevaba en este juzgado por la denuncia de Contrapoder, por tratarse de los mismos hechos, remitiendo al denunciante al contenido del auto de 13/4/21, por el que se acordó el sobreseimiento y archivo provisional, al no apreciar indicios de delito en los hechos denunciados.

Denuncia por "haber comprado tránsfugas"

Cabe recordar que la denuncia por cohecho fue anunciada por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos,José Luis Ábalos, quien acusó al PP de haber "comprado" tránsfugas en Murcia.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el PSOE defendía que más allá del "reproche social" por el "acto de transfuguismo", en el caso de Murcia "se añaden otros elementos que transcienden el plano político, dando lugar a que las conductas puedan ser consideradas como hechos con relevancia penal".

En concreto, el PSOE avisaba de que "hay un elemento que trasciende" lo político, y que hace que las conductas del presidente murciano y los exdiputados de Cs sean "punibles", y es que los exdiputados recibieron "como contraprestación" a su voto contrario en la moción "una recompensa a su conducta", después de haber firmado que apoyarían la moción.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, con el voto en contra del Partido Popular, una iniciativa presentada por el PSOE y pactada con otras formaciones como Ciudadanos, ERC, Bildu, PNV y Junts para condenar la práctica del transfuguismo tras la moción de censura en Murcia, según informa Europa Press. 

Según apunta el texto de la moción, recogido por Europa Press, se pide a los partidos políticos con representación parlamentaria a no beneficiarse de los votos de las personas consideradas tránsfugas por el Pacto Antitransfuguismo y, además, se exhorta a que las formaciones no incluyan a tránsfugas en los órganos de gobierno.

En el caso de Murcia, tres exdiputados de Ciudadanos decidieron finalmente no apoyar la moción de censura que había presentado su grupo conjuntamente con el PSOE para echar al presidente regional, Fernando López Miras, y el mandatario autonómico popular las incluyó dentro de su Gobierno.

Ante esto, Ciudadanos presentó una denuncia en el Pacto Antitransfuguismo y pidió una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto. El voto en contra de PP propició que este órgano rechazara considerar a estos tres exdiputados de Cs como tránsfugas, si bien ahora cinco expertos independientes serán los que decidan si se les tacha como tal, aunque esta decisión no tiene repercusión jurídica.

En la iniciativa, también se plantea un adecuamiento del Reglamento del Senado al código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas, firmado el 11 de noviembre del año pasado.

En esta tesitura, la modificación de la Ley del Presidente está pendiente de sumar solo un voto más a favor, que podría decantar la balanza. En este caso, el apoyo podría venir del único diputado que no ha sido expulsado de Vox, Pascual Salvador, o del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, según ha hecho saber a Europa Press la doctora en Ciencias Políticas y representante del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, Lola Ferre.

Cabe recordar que Castillo ha sido expulsado este mismo jueves de las filas de Cs por facilitar con su abstención que la Portavocía del Grupo Parlamentario Ciudadanos pase a manos de uno de los tres diputados que fueron también despedidos de la formación naranja por votar en contra de la moción de censura que hubiera desalojado al PP del Ejecutivo murciano.

Ferre ha destacado que Ciudadanos "está descompuesto" tras la fallida moción de censura impulsada el pasado mes de marzo por la formación naranja y el PSOE. Desde entonces, la aritmética parlamentaria "dificulta" sacar adelante la modificación de la Ley del Presidente para que López Miras pueda repetir como candidato a la Presidencia de la Comunidad.

Y es que cabe recordar que López Miras, según la ley actual, habría agotado el límite de presentarse a dos legislaturas, según Ferre, quien explica que es difícil cambiar la normativa porque tanto los grupos parlamentarios de Ciudadanos como Vox "se han roto" en el hemiciclo.

Castillo se abstuvo tanto en la moción de censura como en la votación que ha propiciado el cambio de portavoz en el Grupo Parlamentario de Cs, según Ferre, quien cree que el presidente de la Asamblea "se debe de posicionar y dar ejemplo: o está con unos o con los otros". Así, ha afeado los "movimientos que ha hecho" hasta ahora.

Para Ferre, la situación es "insostenible" porque la aritmética parlamentaria es complicada y "cada uno irá a lo suyo". Por ejemplo, ha señalado que el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Francisco Álvarez, ha ocupado solo tres semanas el cargo y ha abandonado para ocupar la Portavocía de Cs en la Asamblea. "Nos vemos abocados a una inestabilidad en las primeras y segundas direcciones de la administración que lleva al inmovilismo, lo que no es bueno, sobre todo, en la situación de crisis actual".

"Aunque estén parcheando todo con tránsfugas pero, inevitablemente, no se va a poder sostener mucho tiempo y van a tener que convocar elecciones", explica.

Nueva normativa contra el transfugismo

En este sentido, Ferre cree que en España debería haberse impulsado desde la época del tamayazouna normativa sobre el transfuguismo que evitara "este tipo de escenarios tan ridículos".

A su juicio, el transfuguismo debería "estar sancionado" y cree que la mejor normativa para evitarlo debería implicar el cese de los diputados o concejales que se fuguen, haciendo correr la lista electoral y facilitando el acceso de otra persona elegida por el partido correspondiente que ocupe su lugar.

"El transfuguismo genera una desestabilización de las instituciones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo", según Ferre, quien apuesta por impulsar a nivel nacional y autonómico una normativa que realmente sancione a los tránsfugas.

Ha considerado que los tránsfugas "no merecen estar en las cámaras porque son un fraude para el electorado". Y es que estas personas se han presentado "con un programa y una marca política que es la que vota la población", por lo que están cometiendo un "fraude" al marcharse del partido.

"Ciudadanos se presentó con la marca de un partido liberal y ahora, de repente, rompen la baraja y unos se van con el PP y otros por otro lado", lamenta Ferre, quien recuerda además que la operación que dio pie a esta situación fue "muy singular".

A este respecto, recuerda que los seis diputados que formaban parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos firmaron la moción de censura, por lo que los "tránsfugas" han incurrido en una "hipocresía total". Han dado lugar, en su opinión, a un "escenario circense" porque la ciudadanía "votó a un partido con un programa y unos candidatos dispuestos a asumirlo y, ahora, han roto la baraja".

Mientras tanto, lamenta que los presupuestos de la Comunidad "están sin aprobar", a pesar de que son "muy importantes" porque a ellos está condicionada la llegada de fondos europeos.

En la última reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, celebrada el 25 de marzo, todos los partidos que la conforman, salvo el PP, apoyaron la declaración de transfuguismo tanto en la moción de Murcia como en la destitución el pasado año de la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, que fue sustituida por el candidato de Coalición Canaria gracias a una edil que se desmarcó también de Ciudadanos. El partido conservador se escudó en cuestiones formales para no respaldar la resolución con respecto a Murcia.

Fue en esa misma reunión donde se acordó por consenso de todos los grupos políticos la constitución de la comisión de expertos con el mandato de resolver aquellos casos en que la comisión de seguimiento no lograra las tres quintas partes de los votos necesarios para alcanzar un acuerdo. Murcia y Santa Cruz de Tenerife serán, por tanto, los primeros casos sobre los que se pronuncien los cinco juristas que fueron nombrados por unanimidad y propuestos por PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos.

Se trata de Pilar Navarro Rodríguez, Dolors Canals, Silvia del Sanz, Rafael Ibáñez y Mariano Pérez-Hickman. Cada caso de posible transfuguismo sobre el que no haya habido acuerdo de la comisión de seguimiento se asignará a uno de los juristas por orden alfabético. Así, fuentes del Pacto consultadas por infoLibre han explicado que el de Santa Cruz de Tenerife fue otorgado a Dolors Canals, mientras que el de Murcia recayó en Rafael Ibáñez. Los ponentes dan aproximadamente siete días a las partes implicadas en el conflicto para hacer alegaciones o presentar la documentación necesaria para defender su postura, es decir, por qué creen que ha habido un caso de transfuguismo o no. A partir de ahí, los juristas tienen unos veinte días para hacer su informe, que después remitirán al resto de miembros de la comisión de expertos.

Si ha habido transfuguismo y qué partido se ha beneficiado

Según las fuentes consultadas, la comisión aún no ha recibido ninguna alegación en el caso de Murcia, aunque la coincidencia de la Semana Santa hará que el plazo de siete días pueda alargarse un poco más. Una vez que el ponente tenga su propuesta, la compartirá con el resto de expertos, que deberán refrendarla o rechazarla. Para sacarla adelante hacen falta tres votos de los cinco totales. El borrador debe incluir argumentos suficientes para concluir si ha habido o no transfuguismo y en caso afirmativo, qué cargos públicos y qué partido político se han visto beneficiados del mismo. Todos los casos van nutriendo la doctrina del Pacto para que haya "reglas y criterios claros" sobre lo que es transfuguismo, por lo que el informe de los juristas se basará en los distintos acuerdos que han ido adoptando las fuerzas políticas en los últimos veinte años con respecto a esta materia.

Según ha podido saber infoLibre, a falta de ponerlo en negro sobre blanco, el caso de Murcia fue un ejemplo claro de transfuguismo –aparte de que incumple la doctrina reciente del Tribunal Supremo–, con tres diputados anteriormente de Ciudadanos habiéndose comprometido a respaldar la moción de censura pactada entre la dirección de su partido y el PSOE, pero finalmente desdiciéndose, votando en contra de la moción y obteniendo a los pocos días cargos en el Gobierno regional. La votación en el comité de expertos confirmando el transfuguismo de los tres diputados la tendría perdida el PP, ya que dos de los juristas fueron propuestos por el PSOE, uno por Podemos, otro por Ciudadanos y un último por el partido conservador.

El pacto contra los tránsfugas fue firmado por primera vez el 7 de julio de 1998, con el PP en el Gobierno y Mariano Rajoy en la cartera de Administraciones Públicas, y nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno. Ha sido renovado en varias ocasiones, en dos de ellas incluyendo adendas, la última hace apenas unos meses, en noviembre de 2020, en la que se confirmó la voluntad de los partidos firmantes, también el PP, de extender el acuerdo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico.

Pero esta voluntad ya había sido firmada muchos años antes, concretamente en la adenda de 2006, en la que los partidos declararon su "voluntad de extender los principios y contenidos del presente pacto, en lo que sea de aplicación, a las comunidades autónomas, sus asambleas legislativas y al Estado, fundamentalmente en el ámbito parlamentario". La de 2020 reafirmó este compromiso y elevó el rigor ético equiparando el transfuguismo con la corrupción: "Aumentado significativamente el número y tipología de fuerzas políticas, ratificamos y ampliamos sus efectos al ámbito estatal y autonómico mediante el presente Acuerdo por la estabilidad institucional, manifestando nuestro firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, ya que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas". Todo esto también lo firmó el PP.

Esta ampliación fue más allá, pues los partidos se comprometieron a "impulsar a la mayor brevedad una iniciativa legal en la que se modifiquen las distintas normas cuyo contenido queda afectado por los acuerdos" del Pacto, lo que incluye a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de Régimen Electoral o la Ley Orgánica de Partidos Políticos, "a fin de transponer el contenido del pacto al ordenamiento positivo". Se trata de que el Pacto no quede en papel mojado cuando se incumple, esto es, que las consecuencias puedan ir más allá de un mero reproche moral.

"Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”. Esta es la definición de tránsfuga que los acuerdos del Pacto establece y que, para las fuentes consultadas, encaja perfectamente en lo que ocurrió en Murcia el pasado marzo. La adenda aprobada hace 14 años establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”, en este caso el PP.

Estrategia del PP

A pesar de lo firmado, el partido que lidera Pablo Casado bendijo el acuerdo de su formación en Murcia con los tres tránsfugas de Ciudadanos así como la incorporación de éstos al Gobierno autonómico de López Miras. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, llegó a decir que "los verdaderos tránsfugas son los promotores de la moción, que se apartan de un pacto firmado hace dos años". Una postura radicalmente en contra de lo que estimó el pasado 25 de marzo el resto de partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo. De ahí que los conservadores votaran 'no' a la resolución de la comisión de seguimiento y que hayan presentado un escrito pidiendo que el ponente de la comisión de expertos que debe elaborar el informe sobre Murcia se abstenga, al considerar que carece de la neutralidad y la imparcialidad necesaria para la evacuación del dictamen, según informó El Mundo.

Tal y como consta en la página web del Ministerio de Política Territorial, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, el ponente, Rafael Ibáñez, es licenciado en Derecho, con especialidad Derecho Público, y "ha dirigido legalmente múltiples procedimientos ante el orden jurisdiccional civil y social sobre funcionamiento democrático de partidos políticos y organizaciones sindicales", como impugnación de acuerdos, expulsiones y legalidad de estatutos. También fue diputado de IU por Córdoba en el Parlamento de Andalucía entre 1989 y 1990 y ocupó el cargo de subdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía entre 2012 y 2015, además de haber sido miembro de la Comisión de Garantías y Derechos Democráticos de Izquierda Unida y de la Comisión de Garantía Federal de IU.

A Ibáñez se le asignó el caso de Murcia por orden alfabético de entre los miembros de la comisión de expertos. Lo que pone en duda el PP es que pertenezca a la comisión pese a tener vínculos con la política. No es el único de la comisión de expertos que ha tenido estos vínculos. Así, por ejemplo, Pilar Navarro, aparte de doctora cum laude en Derecho y profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), ocupó entre 2017 y 2019 la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Junta de Andalucía, y con anterioridad fue secretaria general adjunta y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía (2008-2012). Mariano Pérez-Hickman es letrado del Colegio de Abogados de Madrid y asesor jurídico del PP, partido en el que ha ocupado distintos puestos dentro de su estructura y en representación del cual ha ocupado distintos cargos públicos, incluido el de diputado en el Congreso.

La petición sobre Ibáñez se abordará en la próxima reunión de la comisión de seguimiento, que aún no ha sido convocada. Fuentes consultadas por infoLibre consideran que la petición del PP para que se aparte quedará en nada, ya que apuntan que en el Pacto Antitransfuguismo no está reglado un supuesto de estas características y recuerdan que los cinco miembros de la comisión de expertos fueron nombrados con el aval de todos los partidos presentes en la comisión de seguimiento del Pacto, también por el PP, de tal modo que el partido conservador se estaría enmendando a sí mismo apenas unos días después de dar su aval a Ibáñez.

Los partidos firmantes del Pacto, que suponen aproximadamente un 80% de representación del Congreso y el Senado, son PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, PRC, Galicia en Común, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera. Quienes no forman parte de esta adenda son Vox y otras fuerzas minoritarias.

El grupo municipal de Más Madrid ha pedido la suspensión temporal de la constitución del Grupo Mixto –integrado por los cuatro ediles escindidos, ahora reunidos en Recupera Madrid– hasta que se convoque el Pacto Antitransfuguismo solicitado ya por Más País en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha explicado este martes la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, tras la reunión de la Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por este grupo tras la decisión de que los cuatro ediles pasen al Grupo Mixto y no a no adscritos, como reclaman tanto jurídica como políticamente desde el grupo que encabeza Maestre.

La petición de suspensión temporal sólo ha sido apoyada por Vox. El secretario del Pleno ha comunicado, como han informado desde Recupera Madrid, que en las próximas horas determinará como se desarrollarán las sesiones plenarias y las comisiones con un nuevo grupo más, el mixto.

Decisión que impugnarán

Para Maestre, la constitución de este grupo "es contraria a derecho" y la van "a impugnar en todos los espacios jurídicos y políticos porque es una decisión que pervierte la representación política del Ayuntamiento y alienta el transfuguismo".

"Le planteamos al presidente del Pleno que suspendiera de forma temporal esta resolución hasta que se convoque, con una petición ya formal (de Más País), el Pacto Antitransfuguismo en el Congreso, que es un compromiso de todos los partidos para favorecer las buenas prácticas", ha detallado Maestre.

Preguntada por si ha echado en falta más respaldo, además del mostrado por Vox a su petición, Maestre ha contestado que es una decisión "que atañe al Pleno" ante una situación en la que sienten "indefensión" por un "informe irregular que no se ajusta a derecho".

Apuntan a Almeida

La edil ha insistido en que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "ha entrado en campaña electoral alimentando, reforzando el transfuguismo". Entienden que la resolución "del alcalde", aunque firmada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), función delegada por el regidor, "es contraria a derecho".

Y lo es porque "se basa en presupuestos que de un sólo vistazo al Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) se tira abajo", por lo que impugnarán la resolución empleando todas las vías posibles, jurídicas y políticas.

Maestre ha asegurado que no han entrado a valorar los recursos económicos que pierden con la salida de cuatro concejales del grupo "porque no es un tema de dinero" sino que es "una perversión de la representación política", al tiempo que se da alas "a las peores prácticas", algo que "se conoce bien en Madrid porque ha sido la táctica del PP durante muchísimos años", con el Tamayazo como telón de fondo.

La junta electoral certifica que no se presentaron en coalición

Tras el encuentro con la prensa, donde han presentado la interposición de "varios recursos", la portavoz adjunta del grupo, Pilar Sánchez, ha recordado que la Junta Electoral de Zona ha certificado que Más Madrid no concurrió a las municipales de 2019 en coalición.

En la certificación de la Junta Electoral de Zona se detalla que el expediente de las elecciones municipales de 2019 aparece que la candidatura de Más Madrid "se presentó sin formar coalición con ningún otro partido o formación política".

La política española parece estar metida en un bucle de irresponsabilidad que hace muy difícil poder analizar y buscar soluciones para los graves problemas que tiene el país. La estrategia de algunos partidos se ha convertido en un mitin permanente, en el que todo vale, desde las bravatas cargadas de testosterona plagadas de insultos, a la mentira cada vez más burda para desprestigiar al contrario. Y desgraciadamente, unos medios de comunicación que viven del pesebre de la política o, mucho peor, de quienes propietarios de periódicos, cadenas de radio, televisión y grupos mediáticos que todo lo quieren controlar, dictan noticias, encumbran políticos indignos de llamarse tal, silencian las informaciones que les perjudican o dictan persecuciones implacables contra quienes no sirven a sus intereses.

Parece que cuanto más fango haya en la política más se asegura la supervivencia de determinados intereses, que no miran por el bienestar de la sociedad, sino por el grosor de sus bolsillos. Enfangamiento que suele ser más sucio cuando no gobierna la derecha; a nadie se le puede escapar que hayan coincidido esos periodos de máxima tensión política y mentira en las épocas de Aznar, Rajoy y Casado, cuando estaban/están en la oposición aspirando al poder.

Y si lo visto hasta ahora nos parecía poco, en estas últimas semanas cualquier atisbo de dignidad ha quedado laminado por la compra, sin escrúpulos, de toda una caterva de políticos, que emulando a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los del tamayazo, no tienen ningún pudor de venderse al mejor postor. Y siempre, detrás de estas operaciones de transfuguismo, por llamarlo de una manera suave, están los mismos, los cachorros de la escuela de Esperanza Aguirre, hoy dirigiendo la derecha y la extrema derecha.

Sin embargo, sucede que a una parte de la sociedad española estos asuntos no parece que les importe mucho, convirtiéndose en hooligans de un espectáculo deplorable en cualquier cabeza que todavía no haya perdido el norte con el “que se jodan”, expresión máxima de desprecio hacia los que no son los tuyos.

Una sociedad abducida por la satanización del otro, de quien no piensa como ella, es una sociedad enferma, precipitada por el abismo de la confrontación y la intolerancia. Y eso es lo que está sucediendo en una parte de la sociedad española, desgraciadamente en ambos bandos del espectro político, que no ideológico, porque nada más lejano a lo que estamos viviendo en los últimos tiempos que un debate ideológico. Aunque es cierto que en esa confrontación hay una parte que tiene muchos más recursos en los medios y la redes sociales para la lapidación del otro.

El espectáculo de tránsfugas en Murcia; la espantada de miembros de Ciudadanos hacia posiciones políticas que hasta hace poco criticaban sin pudor, para no perder presencia pública, cercanía con el poder o simplemente por unas cuantas monedas de oro; la transfiguración de la decencia política en un espectáculo carente de toda ética pública y privada; la destrucción del juego limpio y el respeto al adversario, con la única intención de eliminar al competidor con OPAS y prebendas, para lograr de esta forma lo que un partido por sí solo no es capaz de conseguir, dan pie a personajes que no tienen ningún empacho en cambiar de bando político todas las veces que sean necesarias, siempre que esto les resulte beneficioso, por mucho que lo quieran disfrazar de dignidad impostada. Es el juego de corruptos y corruptores, en definitiva.

Mesura, contención, ética, moral de servicio público, claridad, veracidad…, palabras de comportamientos que cada vez se echan más de menos en estos tiempos de fangosidad en la política. Pero esto parece que no es capaz de hacerse oír entre tanto ruido mediático y griterío intolerante.

José Manuel González de la Cuesta es socio de infoLibre

Lo de Murcia es un caso claro de compra de voluntades. Y Podemos no está dispuesto a dejarlo pasar, sin más. Por eso quiere que la Fiscalía Anticorrupción abra diligencias para tratar de establecer el motivo por el que tres diputados de Ciudadanos firmaron un miércoles su apoyo a una moción de censura y el viernes, previa negociación de altos cargos en el Gobierno del presidente Fernando López Miras, se desdijeron de su palabra y anunciaron que votarían en contra. Un caso de libro de transfuguismo tal y como lo entiende el pacto suscrito desde hace años por todos los partidos, ratificado el pasado mes de noviembre también por el PP, aunque ahora lo acabe de romper en mil pedazos.

El pacto declara que el transfuguismo es corrupción, pero no tiene fuerza legal, únicamente moral. Por eso, para que prospere una iniciativa judicial en el caso de Murcia es necesario probar que los diputados de Ciudadanos rompieron con su partido a cambio de alguna clase de remuneración económica o de los cargos y sueldos públicos de los que se benefician desde la semana pasada.

La denuncia que Podemos trasladó este jueves a la Fiscalía Anticorrupción adjunta el documento de la moción, firmada por los tres diputados que dieron marcha atrás después de ser nombrados consejeros del Gobierno regional, además de las declaraciones públicas del presidente murciano y de ellos mismos. Y se dirige contra ellos, los tránsfugas Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, pero también contra el presidente López Miras, contra el número dos del PP, Teodoro García Egea, y contra el exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, a quienes considera responsables de tejer una “trama de corrupción” para hacer fracasar la moción de censura mediante “el soborno” de ofrecer cargos públicos a los parlamentarios naranjas dentro del Ejecutivo.

García Egea, al que el PP siempre ha responsabilizado de las gestiones que llevaron a los diputados de Cs a traicionar a su partido y a entrar en el Gobierno regional, será señalado por la denuncia como “inductor” y “cooperador necesario” del delito de cohecho que según Podemos se cometió en Murcia para, mediante la “compra de voluntades”, alterar los deseos  de los ciudadanos expresados a través de los partidos políticos.

La tesis de los morados es que la entrada en el Gobierno constituye un “pago en especie” que si los tribunales concluyen que se produjo a cambio de que sus perceptores traicionasen a su partido constituiría un delito de cohecho de los previstos en el Código Penal. Y como no descartan que se produjese alguna otra retribución, piden a la Fiscalía que investigue las cuentas corrientes y los bienes de los tránsfugas por su hubiera evidencias de otros pagos.

La denuncia recuerda que el propio PP confirmó la negociación con los tránsfugas al margen de su partido para darles entrada en el gobierno y frustrar así la moción de censura que ellos mismos habían apoyado con su firma apenas dos días antes. La negociación, expone Podemos en el escrito presentado ante la Fiscalía, “se habría llevado a cabo con tres diputados concretos, al margen de la dirección de su partido, y que como resultado de la misma fueron incorporados desde ese mismo momento al “nuevo Gobierno”. Esa decisión de incorporación previa a la sesión de votación habría obedecido presuntamente a la finalidad de neutralizar la iniciativa parlamentaria registrada, asegurando en definitiva su voto negativo en la sesión de moción de censura y, con ello, el rechazo de la Cámara a la moción registrada”.

Podemos quiere que Anticorrupción también investigue las informaciones publicadas por algunos medios que atribuyen a García Egea y a Hervías la responsabilidad de esa negociación, en algunas de las cuales se habla de la posibilidad de pagarles dinero y de que lo que quieren los tránsfugas, puestos incluso “en las listas al Congreso”.

La denuncia cree que hay indicios suficientes de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal como “exigencia o aceptación de dádiva o promesa por parte de los funcionarios o autoridades para la realización de ciertos actos o como recompensa por haberlos realizado”.

Durante la presentación de la denuncia, Jaume Asens, portavoz de Podemos, subrayó que el transfuguismo es un atentado a la democracia y una “deslealtad” al voto dado por la ciudadanía, además de un “acto de corrupción”. En este caso, añadió, hay un componente delictivo “evidente” y de “dominio público”, como es la “compra de voluntades” a cambio de cargos en el Gobierno que no pueden ser entendidos más que como un “soborno”, una “dádiva” o una “prebenda”.

“No estamos a ver si pescamos algo; estamos indicando concretamente qué indicios de delitos apreciamos” y pidiendo a la Fiscalía que investigue porque hay “indicios suficientes de que se ha producido una “alteración clara de las reglas del juego democrático” a cambio de determinados beneficios, como mínimo en forma de nombramientos y salarios públicos.

La situación es tan sospechosa que, para prevenir estas prácticas, la legislación local no permite que un concejal tránsfuga pueda obtener un cargo en el equipo de gobierno de un Ayuntamiento.

En apoyo de su tesis, la formación de Pablo Iglesias hace referencia en la denuncia a algunos casos de transfuguismo que en el pasado, después de una investigación judicial, han acabado en condena.

Precedentes

El primero de ellos tuvo lugar en el año 2000 en el Ayuntamiento de Arrecife, cuando con motivo de la elección del alcalde, uno de los acusados sobornó a un concejal de otro partido para que se abstuviera y lograr así la Alcaldía. El soborno consistió en el ofrecimiento de una cantidad de dinero, a pagar a plazos en cada año de legislatura, más el cargo de concejal de Tráfico, Policía y Personal, con una retribución de 300.000 pesetas netas mensuales, soborno que fue aceptado por el concejal, lo que acabó privando del bastón de mando a su formación.

Una sentencia del Tribunal Supremo firmada por José Antonio Martín Pallín confirmó la condena. En ella se afirma que la representación política “se obtiene mediante el ofrecimiento a los electores en general de un programa autónomo o bien integrado dentro de la formación de un determinado partido político y que, en principio existe un deber de lealtad con los ciudadanos ya que, en caso contrario, se adulteraría el juego limpio y libre del mecanismo de la obtención del voto”.

El fallo reconoce que “nuestro sistema no admite el mandato imperativo”, pero añade: “Ello no es base suficiente para admitir y transigir con cualquier forma torticera y fraudulenta del cambio de orientación del sentido del voto, en relación con el que originariamente se había solicitado”. Más allá “del devenir de la vida política” y de las “desavenencias en el seno de las formaciones políticas”, la “mutación del signo del voto se debe fundamentar en una comunicación previa, directa y sincera, con los electores o la opinión pública en general y debe obedecer a móviles admisibles en una sociedad democrática. Lo que debe ser rechazado, de manera rotunda y tajante, es la intervención de circunstancias bastardas o torticeras” como “única causa y justificación del cambio del sentido del voto o la utilización de la abstención como elemento favorecedor de otras opciones políticas”.

Aquella sentencia estableció además que “en un sistema democrático representativo no hay espacio posible para la corrupción que supone la compra de los votos de los representantes elegidos en función de un ideario o programa previo ofrecido con lealtad y compromiso a los electores”.

No es el único precedente que ha usado Podemos para fundamentar su denuncia. También hace referencia a una sentencia de 2007 que confirmó la condena por cohecho en un caso también relativo a una moción de censura. Aquel fallo señaló que “obtener compensaciones económicas torticeras” para “decidir el resultado de una moción de censura encierra un acto constitucionalmente injusto”. En aquella ocasión el concejal obtuvo un puesto de trabajo a cambio de su abstención.

Tampoco son los únicos fallos que pueden apoyar la denuncia. Como informó infoLibre hace unos días, el Supremo sentó doctrina recientemente en relación con un caso similar a escala local: una sala de seis magistrados determinó que los concejales que pasen a la condición de no adscritos como consecuencia de un supuesto de este tipo no puedan asumir cargos o percibir “retribuciones que antes no ejercían o percibían e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

La comisión de seguimiento del Paco Antitransfuguismo se reunirá este jueves por la tarde tras las denuncias de Ciudadanos por las polémicas suscitadas en torno a algunos de sus cargos públicos a raíz de las mociones de censura presentadas en Murcia y en Castilla y León, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Por un lado, la moción de censura que el PSOE y Ciudadanos presentaron en la Asamblea de Murcia fracasómoción de censura después de que el PP concitara el apoyo de tres diputados de Ciudadanos críticos con la iniciativa y de otros tres expulsados de Vox.

"Una situación deleznable que encaja perfectamente con la definición de tránsfuga recogida en el Pacto recientemente suscrito también por el PP y flagrantemente incumplido", subrayan desde la formación de Inés Arrimadas.

Pero también, y con vistas a la moción de censura que el PSOE defendió esta semana en Castilla y León, se habló del caso de una procuradora que abandonó el grupo de Ciudadanos, también descontenta con las directrices de la dirección.

Fue en este contexto en el que Ciudadanos pidió al Ministerio de Política Territorial una reunión urgente del Pacto Anti-Transfuguismo para intentar "frenar la compra de voluntades de PP y PSOE".

En la Región de Murcia, hartos del PP, de sus corruptelas políticas y pésima gestión como socio en el Gobierno de esa autonomía, los naranjitos murcianos, con la anuencia de su líder nacional Arrimadas, provocaron una moción de censura junto con el PSOE (que ya lo venían avisando). Decían los promotores que esa forma (corrupta) de entender la política por parte del PP ha asolado durante más de 26 años la región murciana y que "Ciudadanos nació para combatirla, y lo hará hasta la extenuación, venga de donde venga".

Después, inmediatamente, Casado pulsó el botón nuclear y las coaliciones PP-Cs han hecho añicos. La hecatombe puede reinar en la formación popular. IDAyuso –la presidenta de Madrid– le ayudó a apretar esa fatídica tecla, convocando elecciones unilateralmente en la Comunidad por sorpresa, y desbancando a todos los consejeros de Cs. La jugada es muy arriesgada y le puede salir el tiro por la culata. Luego, la izquierda madrileña –aún desunida y confusa– presentó apresuradamente dos mociones de censura contra IDAyuso.

El terremoto de las nuevas elecciones o mociones de censura en las autonomías de Murcia, Madrid y Castilla y León (y probablemente en Andalucía y en muchos ayuntamientos) sigue arrastrando dimisiones, miedos y traiciones.  Por ejemplo, IDAyuso se ha metido en un gran lío jurídico, ¿adelanto electoral o moción de censura? De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a IDAyuso, cautelarmente, pero se puede pedir recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El caso es que, ahora, Casado está aún más en el alero y la mayoría de los dirigentes, barones y exministros peperos, hastiados, ya no confían en él ni le tragantragan. Al becario fra-Casado se le está agotando la batería.

La presidenta IDAyuso está convencida de que ganará en ese más que posible adelanto electoral. Las encuestas le dan muchas probabilidades de salir elegida otra vez si convocara ahora elecciones en su Comunidad, con la unión, según les recomienda Aznar, del centroderecha español. Claro, lo interesante y sorprendente es lo que entiende él por centroderecha en España ¿Vox, centro derecha? ¿Gran parte de los conservadores del PP son centro? ¿Bastantes militantes peperos no son pura derecha neoliberal?

Pero la realidad va más rápida que nuestros artículos y nos presenta  el tamayazo (transfuguismo) para seguir gobernando Murcia. La traición es el aval en contra de esa moción de tres dirigentes de Ciudadanos comprados por el PP con cargos y sueldos de consejeros (76.000  euros), chófer, chequera y más prebendas. Los tres, fulminantemente expulsados de Cs, un día antes habían dicho, redicho y firmado lo contrario, sobre todo la vice Isabel Franco. Así entienden los populares la regeneración de su partido y la rúbrica del pacto inservible sobre transfuguismo. Y, claro, la moción, amortiguada por la pasta de Teogea, no prosperópastaTeogea.

Con ello, Ciudadanos, no solo a nivel autonómico sino nacional, y después del batacazo electoral en Cataluña, ha comenzado la estampida de militantes y cargos. Con esta bestial fractura interna está llamado a desaparecer o a la insignificancia política, que tiende a una inmolación colectiva. Arrimadas se ha convertido en un personajillo entre cínico e incompetente, que genera un desconfianza absoluta entre muchísimos de sus militantes.

Al dúo de líderes peperos, arriba citados en el título, habría que añadir al secretario general pepero  Teodoro Egea, Teogea, el campeonísimo mundial del lanzamiento de pipos, y, por lo que se ha visto, últimamente también del trapicheo de tránsfugas.

Teogea ha pilotado personalmente esta maniobra de compra de voluntades de cargos de la formación naranja a la suya. Ya hace poco, en Alicante, él mismo promovió a favor del PP tres mociones de censura locales apoyándose en desertores, mercenarios de la política por mor del talonario. Es consustancial a su oficio, que para eso le pagan. Vocero oficial de la formación popular, irrespetuoso y frívolo, urdidor de tránsfugas y demás cambalaches. Según los críticos de su partido “no tiene experiencia en la gestión institucional y su discurso es impostado y lleno de chascarrillos”.

Convendría recordarles a Teogea, a fra-Casado y a IDAyuso que el PSOE les ganó las últimas elecciones autonómicas 2019, en las urnas, de C y L, Murcia y Madrid. Y fue en los despachos y en los extraños tratos donde el PP, Cs y Vox, les auparon a gobernar actualmente en esas autonomías.

El PP ha perdido todas las citas electorales con Casado como líder salvo Galicia y la victoria en coalición de Navarra. Total 16 derrotas en elecciones. Ahora Casado está en guerra total con algunos de sus barones por el control territorial del PP. La cúpula se enfrenta a fuertes tensiones en el partido. "Están forzando la máquina", se queja.

Casado se ha empeñado en que con la ayuda de IDAyuso y de PPluisalmeida podrá soterrar a Pésanchez y desalojarlo de la Moncloa –y a P. Iglesias de paso.

Pero, ¿no serán ellos dos los sucesores de fra-Casado, ya amortizado, y le quiten el sillón de jefe?

Ya de por sí, ¿no es este embrollo de mociones de censura, de tránsfugas y rebeldías en las autonomías peperas (Galicia, Castilla y León. Valencia y Andalucía), una bajada de pantalones de Casado ante los radicales del PP, de IDAyuso, Cayetana Ayala Álvarez de Toledo y cía, muy próximos a la ultraderecha de Vox?

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre

Hace no tantos años, un alto ejecutivo bancario (ya prejubilado) me explicó algo que se podía sospechar o deducir, pero cuya fórmula exacta uno desconocía. Todos los grandes bancos españoles tienen (o al menos tenían) un comité especial para rechazar o aprobar créditos a tres tipos muy concretos de clientes: partidos políticos, clubes de fútbol y medios de comunicación. Ese comité, al margen del organigrama oficial de la entidad y con el consentimiento o impulso del consejo de administración y de su presidencia, decidía préstamos millonarios que a menudo (por no decir siempre) incumplían las condiciones “técnicas” o garantías exigibles, pero interesaban al banco por otros motivos de tipo político, de imagen corporativa o de clientelismo por intercambio de influencias. Aunque siempre se ha centrado el foco en los partidos políticos y su financiación, recuerdo un ejemplo que me pareció más que ilustrativo: “¿Tú crees que un banco puede cargar sobre su marca la desaparición de un club de fútbol de una capital de provincia por falta de financiación? Al día siguiente nos apedrearían las sucursales o retirarían sus ahorros miles de aficionados”.

A día de hoy, y a pesar de todo lo pendiente, las deudas de cualquier partido político son transparentes, y el endeudamiento de grandes medios de comunicación españoles ha alcanzado tal punto de no retorno que ha obligado a los prestamistas a entrar directamente en los consejos de administración, cambiando deuda por acciones ante la imposibilidad de recuperar lo prestado. Si al lado de cada organigrama directivo de un medio figurara un croquis actualizado con el accionariado concreto del mismo, cada lector entendería ciertos cambios en la línea editorial más bruscos que los giros políticos de Casado o de Arrimadas.

¿Y esto a qué viene?, se preguntará algún improbable lector que esperaría esta semana un apunte más sobre el audaz paso de Iglesias frente a Ayuso o sobre la guerra sucia que desde el PP pretende liquidar a Ciudadanos haciendo pajaritas de papel con el cacareado Pacto Antitransfuguismo (ver aquí).

Por un lado, creo que en estas mismas páginas venimos publicando informaciones y análisis detallados y plurales sobre el líquido (incluso gaseoso) clima político. Son obligados, necesarios y oportunos. Por otro, me ha sugerido esta reflexión la lectura del último y provocador ensayo del politólogo Víctor Lapuente: Decálogo del buen ciudadano. Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista.

Especialista en estudios comparativos entre las sociedades del norte y del sur de Europa, residente como catedrático en la Universidad sueca de Gotemburgo desde hace años, señala Lapuente “una divergencia clave entre las naciones del norte de Europa con menos desigualdad y las más desiguales del sur. En el norte los periodistas tienen en su punto de mira a la sociedad en su conjunto y no solo al Estado (y a sus políticos), como sucede en el sur. (…) Así, no sólo las administraciones, sino también empresarios y trabajadores, patronal y sindicatos, se sienten vigilados” (pág. 237).

Cuando tanto hablamos de democracia plena y de libertad de expresión, nadie podrá negar que en España no falta la discusión permanente en el ámbito político. Hasta extremos realmente insoportables. Y ese ruido es paralelo (y aumentado) en el escenario mediático. No hay día (ni hora ni minuto) en el que no escuchemos (en muy distinto grado) las opiniones de cada actor y extremo del arco parlamentario. Es, para entendernos, factible, fácil y hasta puede considerarse un deporte nacional, atizar sin descanso a Unidas Podemos o a Vox, al PSOE o al PP, a los independentistas o a los naranjas, por el motivo que sea y con argumentaciones más o menos sólidas o forzadas. Incluso inventadas, con demasiada frecuencia.

¿Pero… y cuando se trata de la actuación negativa o fraudulenta de empresas concretas, de grandes clubes de fútbol, de gente influyente con nombre y apellidos? ¿Tiene cualquier investigación de este tipo el mismo eco que las entidades citadas anteriormente? Responda cada cual con sus propias pesquisas. Me limitaré a poner dos ejemplos recientes de informaciones a mi juicio trascendentes publicadas por infoLibre gracias al apoyo de nuestros suscriptores: la que denunciaba que el Real Madrid ha recibido ingresos millonarios desde sociedades opacas radicadas en Islas Caimán (ver aquí) y la que desvelaba el acuerdo comercial por el que la multinacional Domus Vi ha obtenido comisiones de las funerarias por la elevada mortalidad causada por el covid en sus residencias (ver aquí). Se cuentan con los dedos de una mano los medios que han considerado de interés público perseguir las irregularidades fiscales de la entidad que preside Florentino Pérez o la especulación vergonzosa que preside la actuación de los grandes grupos propietarios de geriátricos en España (ver aquí el riguroso trabajo aportado por nuestro compañero Manuel Rico).

En este país das una patada en Google y encuentras miles de críticas a políticos, a sindicalistas, a profesores, a periodistas o a “la juventud”, así en general. Prueben a buscar estudios críticos sobre el empresariado o las sociedades concretas que componen las estructuras oligopólicas. “¡Eso ni tocarlo!”, como exclamaba un antiguo redactor jefe del diario Informaciones de Madrid: “No vaya a ser accionista… nuestro o del banco”.

El fracaso de la moción de censura en Murcia presentada por PSOE y Ciudadanos ha vuelto a poner encima de la mesa de los debates políticos un problema recurrente en democracia, el transfuguismo, contra el que todos los políticos se comprometen pero que se viene incumpliendo cada cierto tiempo, sobre todo en el ámbito municipal, lo que ha derivado en contenciosos que han llegado incluso al Tribunal Supremo. Y por eso, el alto tribunal ha sentado doctrina recientemente: una sala de seis magistrados determinó que los concejales que pasen a la condición de no adscritos como consecuencia de un supuesto de este tipo "impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

Fue justo unas semanas después de esta sentencia, dictada en octubre del año pasado, cuando los partidos políticos firmaron una ampliación del pacto antitransfuguismo, originario de 1998 cuando Mariano Rajoy era ministro de Administraciones Públicas, en la que se comprometieron por escrito a extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico. Este acuerdo considera tránsfuga a "la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

Con lo visto en Murcia en los últimos días, el PP de Pablo Casado ha incumplido el pacto y el espíritu de la sentencia del Supremo al incorporar al Gobierno de la Región a tres exdiputados de Ciudadanos que en un principio habían firmado la moción de censura y luego se desdijeron, aceptando posteriormente sendas consejerías y manteniendo así a Fernando López Miras al frente del Ejecutivo murciano.

La ya excandidata de Ciudadanos a la Presidencia de Murcia en la moción de censura, Ana Martínez Vidal, habló de "subasta de voluntades" y acusó a sus excompañeros de venderse por "76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa". Estas palabras fueron secundadas por la dirección nacional del partido naranja y su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, llegó a señalar al PP y hablar de "acto de compra de la voluntad y el silencio con cargos y poder". Desde el Gobierno central y los partidos que lo sustentan, PSOE y Unidas Podemos, también comparten esta idea.

Y lo cierto es que los tránsfugas de Ciudadanos han mejorado considerablemente su estatus político en Murcia. La vicepresidenta de la Región, Isabel Franco, ya formaba parte del Ejecutivo de López Miras, pero a éste se han incorporado otros tres diputados que habían firmado previamente la presentación de la moción de censura: Valle Miguélez, Antonio Sánchez Lorente y Francisco Álvarez.

La crisis de Ciudadanos no sólo ha sido en Murcia, sino que ha derivado en una cascada de renuncias de cargos públicos del partido naranja, incluidos diputados y senadores. Algunos han dejado su acta, otros se han pasado al Grupo Mixto. El pacto antitransfuguismo no tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral, pero esto no quiere decir que actos derivados de la actuación de uno o varios tránsfugas no pueda ser recurrido ante los tribunales por la vía de lo Contencioso-Administrativo, pues lo que se impugna son resoluciones de administraciones públicas consecuencia de una actuación de transfuguismo.

El caso valenciano por el que se dictó doctrina

Lo que dijo la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo el pasado 26 de octubre venía de un caso de transfuguismo en el municipio valenciano de Font de la Figuera,también derivado del cambio de postura de una edil de Ciudadanos que tras su deserción fue beneficiada con numerosos cargos públicos. La sentencia tuvo repercusión en numerosas poblaciones de toda España en los que había habido algún caso de transfuguismo, según recoge la prensa local de distintos territorios.

Lo que ocurrió fue que tras las elecciones de mayo de 2015, fue elegido alcalde el candidato de Compromís con tres votos de su partido, dos de PSPV-PSOE y uno de Ciudadanos. La cabeza de lista del PP obtuvo los cinco votos de su partido. Seis días después de la elección, la concejala de Ciudadanos pidió el pase a edil no adscrita y posteriormente fue nombrada primera teniente de alcalde con una retribución de 350 euros al mes, concejala delegada del Área de Promoción Económica y Turismo, Sanidad y Tránsito, miembro de las tres comisiones informativas municipales, miembro de la Junta del Gobierno Local, representante de la Corporación en la Asamblea del Consorcio de Bomberos de Valencia y en la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias de la Generalitat valenciana con 42 euros por desplazamiento y tesorera-depositaria, con retribución de 150 euros al mes.

La cabeza de lista del PP en Font de la Figuera recurrió los nombramientos de la concejala no adscrita y un juzgado de lo Contencioso-Administrativo le dio la razón al anularlos por considerar probado que los mismos fueron una compensación por romper la disciplina de su partido. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valenciana. Disconforme con la resolución, el Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, que anuló la sentencia recurrida exclusivamente en la parte del fallo que anulaba la integración de la concejala no adscrita en las comisiones informativas.

El tribunal fijó doctrina sobre el transfuguismo, estableciendo que el pase a la condición de concejal no adscrito como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas". Una conclusión que los magistrados hicieron tras estudiar el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que interpretan "en el sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo”.

Alteración o falseamiento de la alteración política

La sentencia, de la que es ponente el magistrado José Luis Requero, interpreta la mencionada norma, en concreto, qué alcance tiene que los derechos económicos y políticos del concejal no adscrito no puedan ser superiores a los que le hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de procedencia. Y así, explica que del citado artículo se deduce una intención disuasoria del transfuguismo, idea que recoge tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia de la misma Sala del Supremo. Una idea que, tal y como recuerda el alto tribunal, es consecuencia del pacto de 1998 –luego renovado en 2006 y 2020– que se basa en que "el transfuguismo implica una alteración o falseamiento de la representación política, en cuanto supone una actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos".

Los magistrados explican que "hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal, y derivados del mandato representativo otorgado por electores", que son "indisponibles", es decir, que "no pueden ser negados ni limitados a los ediles no adscritos". Estos derechos incluyen la participación en Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares, efectuar ruegos y preguntas u ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal. Ahora bien, el Supremo interpreta que la Ley de Bases de Régimen Local "disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus", para lo cual "se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal".

El Partido Popular, como el PSOE y otros partidos políticos, se comprometió en 1998 a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”.

Exactamente lo contrario de lo que acaba de hacer en Murcia el partido de Pablo Casado y de Teodoro García Egea —natural precisamente de la región— para evitar que una moción de censura patrocinada por PSOE y Ciudadanos pusiese fin a 26 años de gobierno ininterrumpido del PPmoción de censura. Porque los tres diputados que el miércoles firmaron la moción acaban de romper la disciplina de su partido desdiciéndose del documento que ellos mismos firmaron y, por si quedaba alguna duda, ya han sido expulsados de la formación naranja. La reorganización del Gobierno regional que acaba de decretar el presidente regional, premiando a los tránsfugas con consejerías ejecutivas, está en las antípodas del compromiso suscrito por el partido de Pablo Casado de no incentivar el transfuguismo.

El pacto contra los tránsfugas, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado hace apenas unos meses para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno del PP, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

No tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral para intentar frenar un fenómeno bien conocido en España cuyo ejemplo más conocido tuvo lugar en junio de 2003 cuando dos diputados electos del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid traicionaron a su grupo para forzar la repetición de elecciones. Aquel suceso, conocido desde entonces como el tamayazo —uno de los parlamentarios se llamaba Eduardo Tamayo—, acabó facilitando una victoria electoral del PP de Esperanza Aguirre.

El pacto antitransfuguismo es una consecuencia directa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

Las consecuencias de la “práctica reiterada” del transfuguismo, sostiene el acuerdo  firmado firmado en su día por el PP, “cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

El acuerdo original lo impulsó en su momento Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV. Coalición Canaria, BNG y ERC entre otras formaciones.

La renovación del documento en el año 2000 reconocía que, dos años después de su firma, se podía “constatar una significativa reducción del transfuguismo debida esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la creciente condena y estigmatización social de tales conductas”. “El transfuguismo supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

La definición de tránsfuga

El pacto se amplió en dos ocasiones. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la addenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas y que encaja como un guante en el comportamiento de los tres diputados del grupo murciano de Cs que este viernes decidieron romper con el grupo por el que obtuvieron el acta. Una definición que hoy dice lo siguiente: “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

“Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Si existen dudas, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso” para el puesto “quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

La segunda addenda del pacto, aprobada hace 14 años, establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”, en este caso el PP de Fernando López Miras. Y fijaba una limitación muy relevante para el caso de Murcia: “Los partidos políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal [o autonómico, a partir de 2020] a miembros de la Corporación [o del Parlamento autonómico] que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde [o del presidente autonómico] se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas”.

La extensión del acuerdo de 2020, firmada hace apenas unos meses, incluyó el compromiso de todos los partidos de reforzar “el criterio de que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular”.