El pasado junio hubo un hecho financiero relevante: después de casi dos años de endurecimiento de su política monetaria por la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) decidió rebajar los tipos de interés, por primera vez desde marzo de 2016, en 0,25 puntos, de forma que pasaron del 4,5% al 4,25%. Ese indicador refleja el precio al que dicha entidad presta dinero a otros bancos. Y hay uno más, el Euríbor, que se refiere al precio al que las entidades bancarias se prestan dinero entre ellas y que en España se usa como índice para calcular las hipotecas. El 20 de agosto quedó en 3,159% (-0,024), mientras que la media del mes se situaba en 3,195% (-0,331), después de tocar el máximo de los últimos seis años en octubre de 2023, cuando llegó hasta el 4,16%.

¿Esos movimientos alcanzan al bolsillo de los ciudadanos, se notan ya en las hipotecas y los préstamos variables, por ejemplo? Fuentes del ámbito financiero reconocen que “si el BCE sube los intereses para los bancos, como sucedió en 2023, estos ven una reducción en su margen de beneficios y, como consecuencia, aumentan los suyos rápidamente para compensar esa pérdida. Pero cuando es al revés, cuando el Banco Central Europeo baja los tipos, no se dan tanta prisa”. Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, le pone nombre a esa circunstancia: “Es el efecto pluma, que baja lentamente, y el efecto cohete, que sube rápidamente”, anota.

“Los bancos ofrecen créditos a unos tipos de interés de mercado y, si ven que pueden mantener el alto, lo van a hacer, porque es su negocio”, explica, para añadir: “Capturan dinero a través del BCE, o a través de los depósitos de quienes dejamos nuestro ahorro en ellos. Si observan que esos depósitos se mantienen con un tipo de interés muy bajo, no los van a elevar, a no ser que puedan írsele clientes con su dinero a otros bancos, que les ofrezcan mejores condiciones”. Y con los créditos “pasa algo parecido: suben con el tipo de interés rápidamente como un cohete y, en cambio, cuando bajan lo hacen como plumas. Pero también porque la renovación se suele hacer normalmente cada año”. De ahí que asevere que la rebaja del 0,25% del BCE no se reflejará en el grueso de los créditos hasta 2025 y se hará “muy poco, porque un 0,25 es muy poco”.

Dónde sí puede empezar a sentirse algo el recorte “es en los nuevos créditos que se pidan ahora para unas vacaciones, para comprarte un electrodoméstico, un coche o un caballo”, ejemplifica. “Pero muy poquito”, acorta expectativas. En cuanto a las hipotecas, apunta que, igualmente, “hasta dentro de un año no se va a notar, por lo general. A los que les ha vencido la suya en julio sí lo percibirán, pero a los que les toque renovarla en febrero, hay que decirles que lo que pase entonces dependerá, entre otras cuestiones, de los pasos que siga dando el Banco Central Europeo (BCC) con los tipos”, cierra Pampillón.

De su lado, el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Juan Luis Jiménez confirma que “la evidencia empírica no señala un tiempo fijado para que los bancos trasladen los cambios en los tipos de referencia a los consumidores”, pero sí elementos que podrían influir en que esa traslación exista y, además, sea más o menos rápida. De los varios factores que pueden afectar “al precio que los bancos ponen a sus productos”, Jiménez destaca dos: “Uno, la liquidez que tengan las entidades financieras. Cuanto más líquido tenga el banco comercial, la posibilidad de trasladar esa bajada al cliente probablemente sea menor”. “Y dos —engarza—, la competencia que haya en el mercado”. En relación con esto, mira hacia atrás para poner el acento en el “proceso de concentración bancaria que se ha producido en España”. “Hace 15 años, además de tener mucha liquidez los bancos, había alrededor de cien marcas, de cien empresas distintas, que te vendían dinero. En la actualidad no llegan a la decena”, sintetiza.

Considera que, aunque “hay bancos de otros países que operan en España”, la penetración de esa banca “es muy reducida” y “la mayor parte de los depósitos los tienen los ocho grandes bancos comerciales españoles”. En ese escenario, avisa: “Cuanto menor sea el nivel de competencia, más difícil será que se traslade rápidamente a las hipotecas, no tanto a los depósitos, la bajada del índice de referencia del Euríbor. Esto no ha sido evaluado, pero evidencias empíricas anteriores, no sólo en la banca sino en otros sectores como las estaciones de servicio, así lo indican”, finaliza.

Otras fuentes del área financiera calculan que tanto la caída del Euríbor como el movimiento del BCE deberían suponer el próximo año un ahorro de “entre unos 50 y 60 euros al mes —720 anuales de máximo— para una hipoteca variable media a 25 años de 100.000 euros”, si la tendencia en los indicadores no varía. Si bien, admiten que ello dependerá de “cómo los bancos trasladen las bajadas a sus políticas comerciales”, deslizan. Con todo, vaticinan que “esto podría empezar a suceder después del verano”, para “activar el mercado de las hipotecas”.

En esa línea optimista, José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, augura que el Banco Central Europeo “probablemente vuelva a bajar tipos después del verano. Los mercados descuentan incluso un par de bajadas antes de que acabe el año y esto ya se empieza a notar en las hipotecas”, afirma. “De hecho —une—, el Euríbor está más bajo que el mes pasado y más o menos con una hipoteca media podríamos hablar de cerca de 1.200 euros de ahorro anual”.

Conde-Ruiz confía en que los tipos continúen en caída “a lo largo del año 2025, básicamente porque lo que se observa es que la inflación se está controlando” por lo que “no habría motivo para seguir manteniendo los tipos altos, sobre todo en países como Alemania, Francia o Italia, que tienen tasas de crecimiento por debajo de su crecimiento potencial”. “Por lo tanto”, remata, “tan pronto como la inflación esté controlada, la política monetaria adecuada sería una en la que los tipos estuvieran más bajos”.

Por su parte, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de València y director de Estudios Financieros de Funcas, subraya que el Euríbor incluso se anticipó “a la bajada de tipos del BCE” y empezó a descender antes “por la expectativa” generalizada en torno a esa posibilidad, para seguir haciéndolo luego, lo que “se refleja ya en las nuevas operaciones, si se tiene un tipo de interés variable, con los plazos que se determinen”. Defiende que, a pesar de que “siempre hay cierto retardo en todo”, el ciudadano que tenga un préstamo hipotecario a tipo de interés variable “se ha empezado a beneficiar” de la disminución de tipos y “va a continuar haciéndolo porque se van a seguir produciendo”, junto a que “se han comenzado a remunerar los depósitos a nivel europeo, lo que tardará un poco de tiempo en cambiar”.

Carbó prevé que, “si no ocurre nada raro en la inflación de agosto, en septiembre” el BCE hará caer los tipos “una vez más y luego también en diciembre”. “Hemos empezado una desescalada que se irá traduciendo en el Euríbor porque es lo que se está descontando en el mercado”, arguye. Una sacudida que, a su entender, “viene bien para que la economía vuelva a tener un lastre menor del que ha tenido, con un crecimiento de los costes financieros mayor. Pero hay que vigilar la inflación, por si se desborda”, concluye, tras ordenar las piezas de lo sucedido.

El Congreso de los Diputados acaba de instar al Gobierno y con un gran respaldo —solo se opuso Vox—, para que obligue a los bancos a publicar las condiciones que deben cumplir los clientes para acceder a cada una de sus ofertas hipotecarias. La compra de una vivienda es la operación financiera más importante a la que se enfrenta un hogar a lo largo de su vida. Su culminación no es un proceso fácil, tras el importante pago del adelanto a cuenta que se da al vendedor se sufre la angustia de la espera hasta que el departamento de riesgos del banco aprueba —o deniega— la solicitud de crédito. La intranquilidad tiene su origen en la falta de transparencia, pues las conversaciones con el empleado de turno del banco siempre están condicionadas por ese departamento escondido en los intestinos de la entidad donde se ponderan los arcanos de la incertidumbre. No hay negociación posible ya que ningún hogar cuenta con un departamento de riesgos equivalente junto al cuarto de baño que pueda dar réplica y la familia acaba aceptando lo que le pone el banco por delante.

Con el fin de ir terminando con este simulacro de mercado, se ha instado al Ministerio de Economía para que los bancos tengan que revelar las condiciones económicas mínimas que debe cumplir, al menos, un hogar ya hipotecado, para saltar a otra oferta hipotecaria dentro o fuera del banco. Esta posibilidad ya existe y el Gobierno la facilitó ante la subida de tipos de interés del BCE rebajando e incluso eliminando en algún caso las comisiones que lleva aparejadas. Sin embargo, los bancos en la práctica retiraron esta opción para la mayoría de hipotecados. Lo sabemos porque el volumen de novaciones (cambiar de hipoteca dentro del mismo banco) y subrogaciones (cambiar a otro banco) de esta etapa de subida de tipos ha sido muy inferior a la que se produjo en el pasado cuando los tipos estuvieron igual de altos. La elevada concentración bancaria y la falta de competencia que de ella se deriva no solo se ha traducido en una menor remuneración del ahorro de los hogares españoles en comparación a los europeos, sino también en que las familias hipotecadas quedaran atrapadas en un corralito del que no han podido escapar y en el que se les ha sangrado a conciencia.

Transparentar las condiciones del acceso al crédito evitará que este abuso se vuelva a repetir en el futuro. Pero también abre la posibilidad de reducir ahora las cuotas hipotecarias más rápidamente que la derivada de la rebaja de tipos de interés que ya ha comenzado el BCE y que el Euribor anticipa. En efecto, las familias podrán acelerar la bajada cambiando a ofertas a tipo fijo o para nuevos clientes que suelen ser más ventajosas. Los bancos se verán obligados a competir si quieren mantener sus beneficios atrayendo a nuevos clientes, pues tener el dinero quieto en la facilidad del depósito del Banco de España será cada vez menos rentable por la relajación de la política monetaria. El Congreso ha hecho su trabajo marcando el camino a seguir en la protección de los hogares hipotecados, ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Economía.

________________________

Carlos Martín Urriza es portavoz de economía y hacienda del GP Sumar y presidente de la comisión de presupuesto del Congreso de los Diputados.

El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 8.143 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, un 11% más en euros corrientes (un 13% más en euros constantes) con respecto al mismo periodo del año anterior gracias al fuerte crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa y México, que permitió neutralizar el aumento de las provisiones, según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de los mayores del beneficios de toda su historia.

Conviene subrayar que este beneficio ya tiene en cuenta el impacto de 224 millones de euros por el gravamen temporal impuesto en España a los ingresos de la banca. Santander, al igual que el resto de entidades, contabilizó el impacto en los resultados del primer trimestre, según ha informado Europa Press.

Si se tiene en cuenta solo el tercer trimestre, el beneficio atribuido aumentó un 26% (un 20% más en euros corrientes) frente al tercer trimestre de 2022, hasta los 2.902 millones de euros.

El margen bruto creció un 13%, hasta los 43.095 millones de euros, tras aumentar el número de clientes en nueve millones, lo que sitúa el total en 166 millones. El banco explica que el repunte de la actividad de los clientes y de los tipos de interés propició un incremento del 16% del margen de intereses, hasta los 24.134 millones de euros, impulsado por los mayores volúmenes en algunos países, el aumento de los tipos de interés y la gestión de los márgenes.

Igualmente, las comisiones netas aumentaron un 6%, hasta los 9.222 millones de euros, gracias a las ventas de productos de valor añadido, especialmente en los negocios globales. Estos negocios, junto a PagoNxt y la financiación de automóviles, representan el 38% de los ingresos totales y el 42% de los ingresos por comisiones. Además, el margen de intereses y los ingresos por comisiones suponen el 96% de los ingresos totales del grupo.

El banco señala que el crecimiento del 13% de los ingresos superó al aumento del 10% de los costes, lo que ha permitió una mejora de la ratio de eficiencia de 1,5 puntos porcentuales, hasta el 44,0%. Los gastos se situaron en 18.961 millones, de los cuales, de personal fueron 10.080 millones, un 13% más que en el mismo periodo de 2022. Los costes en términos reales, es decir, eliminando el impacto de la inflación media, se redujeron un 0,5%.

Las dotaciones aumentaron un 21% en términos interanuales, un incremento esperado por el banco tras el aumento de los tipos de interés y la inflación, la normalización en Estados Unidos y la mayor cobertura de la cartera hipotecaria en francos suizos en Polonia.

La ratio de morosidad se situó en el 3,13%, ligeramente por encima de la registrada tanto en junio como en septiembre en 2022. El coste del riesgo era, a cierre del tercer trimestre, del 1,13%, por debajo del objetivo fijado para el conjunto del año, y mercados como Brasil han mejorado este indicador por segundo trimestre consecutivo.

Por otro lado, la ratio de cobertura de liquidez del grupo se elevó ligeramente al 161%. A septiembre de 2023, el colchón de liquidez superó los 331.000 millones de euros, de los que 210.000 millones eran efectivo, lo que equivale a más del 20% de la base de depósitos del banco.

La ratio de capital CET1 'fully-loaded' creció hasta el 12,3%, por encima del objetivo de capital del grupo, gracias a la fuerte generación de capital orgánico bruto (+45 puntos básicos), que compensó cargos para un pago futuro de dividendo en efectivo correspondiente a los resultados de 2023, la recompra de acciones en curso y otros impactos.

Conviene recordar que el 'pay out' de Santander se ha elevado para este año del 40% al 50% del beneficio neto atribuido del grupo, distribuido en torno al 50% en dividendo en efectivo y el 50% en recompra de acciones.

El retorno sobre capital tangible (RoTE) se incrementó 1,3 puntos porcentuales hasta el 14,8%, mientras que el beneficio por acción (BPA) aumentó un 17%, hasta los 48 céntimos. El valor contable tangible (TNAV) por acción al final del tercer trimestre era de 4,61 euros. Si se tiene en cuenta el dividendo en efectivo pagado el pasado mes de mayo contra los resultados de 2022 y el primero a cuenta del beneficio de 2023 que se pagará en noviembre, el valor creado para los accionistas (TNAV por acción más el dividendo por acción) equivale a más de 8.000 millones de euros, según señala el banco.

De esta forma, la entidad señala que "va camino" de cumplir los objetivos establecidos para 2023, que incluyen un crecimiento de ingresos a doble dígito, un RoTE por encima del 15%, una ratio de eficiencia de entre el 44% y el 45%, una ratio de capital CET1 'fully-loaded' por encima del 12% y un coste del riesgo por debajo del 1,2%.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha destacado que se trata de otro trimestre "récord". "Este año, ya hemos aumentado el valor contable tangible (TNAV) más el dividendo por acción un 12% y el dividendo en efectivo por acción un 39% interanual. En un entorno cada vez más incierto, la fortaleza de nuestro modelo y de nuestros equipos es aún más evidente. Tengo plena confianza en que conseguiremos nuestros objetivos del 2023 basado en el impulso positivo que llevamos y que esperamos continuar en 2024", ha afirmado.

En cuanto al balance, los recursos de clientes repuntaron un 5%, con un crecimiento de los depósitos del 4% gracias al aumento en clientes minoristas y Corporate & Investment Banking (Santander CIB). Santander señala que los clientes siguieron utilizando, en el trimestre, el exceso de depósitos para amortizar deuda, especialmente hipotecas. Por esta razón, así como por una disminución de la demanda en algunos mercados debido al incremento de los tipos de interés, el volumen de préstamos totales cayó un 2%, aunque la financiación al consumo creció un 7%.

De esta manera, la ratio de créditos sobre depósitos se situó a cierre de septiembre en el 100%, frente al 108% de septiembre de 2022.

El banco también indica que su cartera de préstamos y depósitos está "muy diversificada" en todas las líneas de negocio y geografías, al tiempo que los depósitos mantienen una estructura "estable": aproximadamente el 75% son transaccionales y más del 80% de los depósitos de particulares están asegurados con sistemas de garantía de depósitos.

Por mercados, Santander destaca el "fuerte crecimiento" de Europa durante los primeros nueve meses del año, que compensó "con creces" el incremento de las provisiones en Norteamérica y Sudamérica. En concreto, el negocio europeo obtuvo un beneficio de 4.176 millones de euros, un 49% más, con un incremento de casi el 37% del margen neto de interés, hasta los 9.555 millones de euros.

De esta forma, Europa supuso el 45% del beneficio, frente al 25% de Sudamérica, del 21% de Norteamérica y del 9% de Digital Consumer Bank.

Además, España lideró los beneficios por países, con 1.854 millones de euros, un 68% más que en el mismo periodo de 2022, mientras que Brasil ganó un 30% menos, hasta los 1.426 millones de euros por el aumento de los costes derivados de la inflación y de las provisiones.

El negocio en Reino Unido ganó 1.243 millones de euros, un 9% más, mientras que México elevó sus ganancias hasta los 1.163 millones de euros, un 19% más. En cambio, Estados Unidos experimentó una caída del 41%, hasta los 865 millones de euros, ante la normalización de las dotaciones para el negocio 'retail' y la estacionalidad del negocio de automóviles.

Destaca el aumento del 22% del beneficio de Santander CIB, hasta los 2.680 millones de euros, gracias al crecimiento a doble dígito en los ingresos en todas las regiones y las principales líneas de negocio, especialmente en América.

Avalmadrid vivió entre 2016 y 2021 unos años turbulentos. La sociedad de garantía recíproca madrileña pasó de ser una empresa dedicada a un trabajo muy técnico y poco conocido, proporcionar avales a pymes y autónomos para que los bancos les prestasen dinero, a situarse en el centro de una tormenta de escándalos que abrió el Banco de España, con un expediente sancionador por incumplir el control de riesgos, y culminó cuando se supo que había perdonado una deuda a los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como reveló infoLibre [Aquí puede leer las informaciones exclusivas publicadas].

En 2020, el Banco de España sancionó a Avalmadrid y a una quincena de sus consejeros y altos ejecutivos con multas que sumaron más de medio millón de euros por infracciones graves, algunas de ellas aún en fase de recurso. Mientras, la Asamblea de Madrid abría una comisión de investigación sobre las irregularidades y el trato de favor en los préstamos y avales que había concedido la sociedad de garantías entre 2007 y 2018.

Tras un año de comparecencias, la comisión concluyó que Avalmadrid había dado “un trato personalizado y preferente” a la empresa de los padres de la presidenta madrileña y que había llevado a cabo “una gestión negligente en el seguimiento y recobro” del aval de 400.000 euros que le otorgó. También estableció que la sociedad había sido utilizada como “una herramienta de salvamento y socorro de empresas y empresarios vinculados con el Partido Popular, “saltándose a tal efecto las normas internas, los requerimientos del Banco de España y una mínima conducta ética”.

A resultas de tanta agitación, desde 2018 Avalmadrid ha tenido cuatro presidentes y cuatro directores generales.

Pero la falta de diligencia se extendía más allá de la operativa financiera. También afectó a asuntos elementales como la protección de datos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Avalmadrid proporcionó a uno de sus directores generales, Jorge Morán Santor, para fines particulares, la base de datos de sus clientes, con registros de 3.564 pymes y autónomos a los que había concedido avales entre 2008 y 2015, así como la base SABI, que tiene contratada con la empresa Informa para uso interno. Lo hizo en dos ocasiones, en 2017 y en 2019, para que elaborara su tesis doctoral. Además, Morán Santor facilitó los datos a un profesor de la UNED, con quien firmó un artículo en una revista de economía, y a algunos de sus alumnos en Cunef –una institución universitaria de la patronal de banca que depende de la Complutense y donde imparte clases– para que redactaran dos Trabajos de Fin de Máster (TFM). Cuando Morán Santor solicitó por primera vez acceso a ambas bases de datos aún era director general de Avalmadrid; cuando repitió la petición, llevaba fuera de la sociedad poco más de un año.

La base SABI es un software con información de más de 2,9 millones de empresas españolas y 900.000 portuguesas que permite hacer análisis financieros, según describe Informa en su página web. En el caso de la base contratada por Avalmadrid, contenía 161.000 registros de empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid. El objeto de la cesión al director general era cruzar la base de datos de clientes de Avalmadrid con la base SABI.

Entre la primera operación y la segunda, en diciembre de 2018, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos, que incorporó al ordenamiento español el Reglamento de la UE de 2016 sobre la misma materia. Hasta entonces se aplicaba la ley de 1999, con un régimen muy similar de protección. Las dos diferencias básicas: en 2018 se eliminó el consentimiento tácito de los usuarios, que permitía el tratamiento de datos personales si no mediaba una autorización expresa, y se incorporó a los autónomos al ámbito de protección de la ley.

De acuerdo con el contenido de los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, la información facilitada sobre los clientes de Avalmadrid incluía datos financieros, desde el importe del aval solicitado y el finalmente concedido hasta las cuotas pagadas, los fallidos, su periodo medio de pago a proveedores, el circulante, la plantilla o su deuda, entre otros. Y datos personales como el NIF o la fecha de nacimiento en el caso de los autónomos. Los Excel con toda esa información fueron suministrados por correo electrónico en varias ocasiones y con correcciones sucesivas según las iba pidiendo Jorge Morán. El 16 de enero de 2017 recibió un Excel con miles de registros, desglosados entre pymes y autónomos. Ninguno de ellos estaba anonimizado o seudonimizado, las dos técnicas que pudieron haberse utilizado para ocultar la identidad de los clientes de Avalmadrid. Con la primera, se elimina de forma irreversible la identificación del propietario del dato. Con la segunda, se sustituye su identidad por un alias o un seudónimo y es un proceso reversible.

Además, los datos de SABI fueron proporcionados al director general con una justificación falsa. Para analizarlos y elaborar un artículo que debía servir, a su vez, para sustentar la tesis doctoral de Jorge Morán, éste contrató a Rodrigo Martín García, un profesor de Economía de la UNED, donde el director general iba a presentar su trabajo de investigación. “Le he pasado la base de datos que tú me has generado y él tiene dudas que necesita ver contigo”, le dice Morán Santor al responsable de informática de Avalmadrid cuando pone a ambos en contacto el 22 de marzo de 2017. Un mes más tarde, el 27 de abril, el informático advierte a Morán y Martín de que la exportación que le permite hacer Informa de la base SABI es “limitada”. “Me han dicho que como algo excepcional pueden autorizarnos un usuario que permitiría realizar la extracción completa si justificamos el motivo de la extracción, les decimos exactamente qué campos queremos y nos comprometemos a no utilizar esos datos más que para uso interno”, les explica. “Os agradecería”, añade, “que me ayudarais con la justificación”.

Rodrigo Martín le responde asegurando que BvD –Bureau van Dijk, la matriz belga de Informa– “no funciona nada bien” e incluso “falta a la verdad cuando hace la labor comercial”. “Una vez que contrata, limita el acceso a los datos y cada vez utiliza una justificación o un requisito distinto. En realidad, no deberían pedir más compromiso que el de la no utilización comercial por nuestra parte de los datos”. “Pienso que se les puede justificar diciendo que es para un estudio acerca del impacto de la actividad de la entidad, que es exactamente lo que es”, sugiere, y pregunta al director general: “Jorge, ¿te parece bien?”. A continuación, este le pide al responsable de informática que se ponga en contacto con Informa. “Y si te ponen pegas, me vienes a ver para que veamos otras opciones”, concluye.

En efecto, el paper que publicaron Rodrigo Martín y Jorge Morán en junio de 2019 versa sobre los efectos que los avales públicos concedidos por Avalmadrid tuvieron sobre las inversiones y la actividad de las pymes en 2009 y 2011, cuando las restricciones al crédito por culpa de la crisis financiera eran máximas, y durante la fase de recuperación, entre 2012 y 2015. Los autores concluyen que esas garantías públicas funcionaron como un instrumento contracíclico –contrarrestaron los efectos negativos de la crisis–. Aunque el objeto de estudio era Avalmadrid, el artículo no fue encargado o pagado por la sociedad de garantías; su fin era únicamente servir como apoyo a la tesis doctoral del director general. Es decir, el uso que Martín y Morán dieron a la base SABI estaba lejos de ser “interno”.

infoLibre ha preguntado a Informa por esta cesión de los datos que había contratado con Avalmadrid y de la que niega “tener constancia”. “No hay registrada ninguna incidencia al respecto”, asegura un portavoz de la empresa. No obstante, según ha podido comprobar este periódico, en el contrato de licencia de uso de SABI que Informa suscribe con sus clientes, éstos se obligan a “no efectuar trabajos [con la base de datos], cualquiera que fuese la razón, en beneficio de terceros”, puesto que la información está “exclusivamente destinada al uso interno del cliente y por necesidades propias”. Tampoco pueden “utilizar, directa o indirectamente, la información contenida en SABI Informa para la prestación de servicios a terceros o en beneficio de alguna persona o entidad”. Ni pueden “borrar, modificar, desmontar, descompilar, traducir o crear trabajos derivados de SABI Informa sin el consentimiento por escrito de Informa”. Finalmente, como la base de datos incluye información confidencial, los clientes que la contratan “se comprometen a no divulgarla a ninguna persona física o jurídica ajena al objeto del contrato”.

Por tanto, Avalmadrid no sólo mintió a Informa sobre el destino de la extracción de datos, sino que además incumplió el contrato con el suministrador, tratando los datos, algunos de ellos confidenciales, y cediéndoselos a un tercero para un trabajo externo.

El 20 de octubre de 2020, Jorge Morán compareció en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó quién le había autorizado a disponer de los datos de los clientes de la sociedad de garantías o si ese permiso se lo había “concedido a sí mismo”. El ex director general contestó que le había autorizado “la sociedad”, pero no precisó qué persona o cargo concreto. “No le puedo facilitar esa información”, repitió.

infoLibre también ha preguntado a Jorge Morán por los detalles de la cesión de las dos bases de datos. “Tanto para los TFM como para la tesis, incluyendo los estudios de investigación obligatorios o papers, fui autorizado por Avalmadrid con anterioridad a recibir la información, firmando un acuerdo de confidencialidad exclusivo y restrictivo relativo tanto al ámbito académico como de investigación”, explica. Avalmadrid, por su parte, se limita a responder que “todo [respecto a la cesión de las bases de datos] se hizo correctamente, está controlado y claro. No hay ninguna irregularidad de ningún empleado”. Este periódico ha pedido a la sociedad de garantías los acuerdos de confidencialidad mencionados por su ex director general, pero esta se ha negado a mostrarlos o a dar detalles sobre la fecha, la finalidad o los requisitos de esos documentos. “No podemos facilitar información interna”, sostienen.

Jorge Morán subraya que la información fue tratada “siempre en el contexto y bajo las exigencias de la autorización y el acuerdo de confidencialidad” que firmaron todos los que dispusieron de ella. Además, precisa que no recibió “remuneración o contraprestación alguna” por la “tutorización y supervisión de los TFM” de sus alumnos: Creación de un modelo de predicción de default para microempresas y emprendedores y Creación de valor a través de la gestión del riesgo: aproximación a un modelo de scoring. “Tanto los TFM como el paper publicados garantizan en todos sus extremos el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos”, zanja.

La tesis doctoral, que fue admitida en el programa de doctorado de la UNED en septiembre de 2014, también estudia la gestión de riesgos, pero en el sistema financiero español. Pese al tiempo transcurrido, Jorge Morán no la ha terminado. Abandonó Avalmadrid en febrero de 2018 y fichó por Aliseda, la gestora inmobiliaria del Banco Santander, como director corporativo de negocio. En abril del año pasado comenzó en Diglo Servicer, también del Santander, como director de formación y procesos de negocio, y de donde salió hace apenas un mes. En Cunef lleva dando clases 13 años. Morán Cantor es uno de los directivos de Avalmadrid que fueron sancionados en 2020 por el Banco de España. Tuvo que pagar una multa de 15.000 euros por una infración grave: incumplir los requirimientos del organismo supervisor en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

En abril de 2019, cuando ya trabajaba en Aliseda, pidió a su antigua empresa, Avalmadrid, que le actualizara los datos proporcionados dos años antes. Lo hizo a través del director financiero, Fernando de la Fuente, que es quien se encarga de solicitar la extracción de datos al departamento de informática. Pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, sí se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, o al menos un recibí de los datos de clientes avalados y de la base SABI entre 2016 y diciembre de 2018. En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se precisa que la información sólo podrá ser utilizada “con carácter exclusivo” en la investigación de Jorge Morán “en el contexto del doctorado en Economía y Empresa” que cursaba en la UNED. Además, el ex director general se comprometía a entregar a Avalmadrid el resultado de dicha investigación. El recibí está fechado el 9 de abril, pero el acuerdo de confidencialidad aún no está listo un mes después, según el contenido de los correos a los que ha tenido acceso este periódico. Por entonces, la asesora jurídica de Avalmadrid consulta aún con el delegado de protección de datos si pueden cederle los datos a Jorge Morán para su tesis. Este le replica que deben ser seudonimizados. El informático dice que les ha quitado el CIF y el nombre a los autónomos. “Supongo que la fecha de nacimiento sin un nombre o DNI que lo relacione no sería problema”, responde. Tampoco se elimina la fecha de constitución de las empresas.

Entonces también se envía el acuerdo de confidencialidad/recibí a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, para que lo firme. Rey García abandonó la sociedad en agosto de 2019. Desde octubre de ese año figura como socia directora de Control Management Solutions, una consultora financiera especializada en “estrategia, riesgos y gobierno corporativo” de la que es administrador único Jorge Morán. Al menos así aparece en su perfil de Linkedin. Sin embargo, Morán Santor asegura que la sociedad no tiene actividad y que sus únicos accionistas son él y su mujer. También dice que Rosario Rey incluyó esa referencia en Linkedin por "posicionamiento", pero que no ha hecho ningún trabajo en Control Management Solutions. Cuando se le pregunta si fue ella, como presidenta de Avalmadrid, quien le autorizó la cesión de las bases de datos, responde que no lo recuerda, pero que, en todo caso, la decisión correspondía a la Asesoría Jurídica. A través de esa sociedad, Morán Santor pagó en 2017 al profesor Rodrigo Martín 500 euros por su trabajo en el paper para el que ambos utilizaron los datos de Avalmadrid y SABI.

El 16 de mayo de 2019 el asunto aún seguía pendiente. Ese día interviene por primera vez Pedro Embid, el sucesor de Jorge Morán en la dirección general, quien pide a Fernando de la Fuente “la carta o email” donde el anterior solicitaba las bases de datos. El director financiero le contesta que la petición la hizo Morán Santor por Whatsapp. El 22 de mayo, Embid avisa a la asesora jurídica de que uno de los archivos que se van a proporcionar a Jorge Morán “no está innominado”. El día siguiente, el director general autoriza finalmente la cesión de las dos bases de datos “circunscribiéndola al trabajo académico (doctorado)”. Y, una hora más tarde, De la Fuente remite a Jorge Morán un enlace para que descargue la información.

Sin embargo, una semana después, la asesora jurídica tiene que hacer una nueva consulta, que esta vez hace extensiva a un experto de PB-Cap Consultores, especializados en compliance. Le dice que Jorge Morán pide que se le pasen los datos de los autónomos con el CIF y el DNI, tanto de la base de Avalmadrid como de SABI “para poder cruzarlas”. Unos datos que se habían suprimido. El experto descarta el cambio, “salvo que en los documentos que os firman vuestros clientes esté incluida la finalidad de la cesión de los datos”. “Sería una contravención del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos”, le advierte también el delegado de protección de datos, “a menos que en el consentimiento prestado [por los clientes] constara específicamente la autorización para ese fin, o se pudiera considerar que existe un interés público o legítimo que prevalece sobre el derecho a la privacidad del interesado”.

Y no es así. La asesora jurídica explica al director general, Pedro Embid, que no hay ningún “consentimiento expreso de los clientes para ceder sus datos con una finalidad académica” en las pólizas de afianzamiento que estos firman. Y que no se les puede pedir ahora a todos y cada uno de ellos esa autorización. De forma que, finalmente, es el informático de Avalmadrid quien cruza las dos bases de datos y así se las entregan a Jorge Morán el 31 de mayo de 2019, aún con las fechas de nacimiento de los autónomos y las fechas de constitución de las empresas.

Jorge Morán asegura a infoLibre que, como ha decidido abandonar la tesis, ha destruido los datos que le fueron proporcionados por su antigua empresa.

El director financiero de Avalmadrid, Fernando de la Fuente, también compareció el 20 de octubre de 2020 en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Como a Jorge Morán, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si había “autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid”. “Nunca”, respondió De la Fuente. Mentir en una comisión parlamentaria está penado con entre seis meses y un año de prisión, le recordó el diputado.

[Con posterioridad a la publicación de esta información, Avalmadrid se ha dirigido a infoLibre para precisar que el director financiero “no mintió en su comparecencia del día 20 de octubre 2020 en la comisión de investigación, cuando a la pregunta del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sobre si había 'autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid', respondió que 'nunca', dado que él no autorizó, sino que siguió indicaciones de su superior”].

infoLibre ha consultado a expertos en protección de datos sobre la actuación de Avalmadrid en este caso. El tratamiento de datos, incluidos los “corporativamente relevantes”, debe ser siempre notificado a los clientes. Incluso cruzar los datos, como hizo Avalmadrid, es una forma de tratarlos, explican: “Una empresa no puede disponer de los datos de sus clientes como si fuera su propietaria; lo fundamental es la transparencia, por lo que debe notificarles que los ha cedido o los ha tratado de cualquier manera”. Pero la sociedad de garantías madrileña no comunicó en ningún momento a sus clientes que había proporcionado sus datos a un tercero y que antes los había tratado. La Ley de Protección de Datos de 1999, que estaba vigente en 2017 cuando se hizo la primera cesión, ya establecía que el tratamiento por cuenta de terceros de esa información debe estar regulada en un contrato escrito. Y si ese tercero destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo las estipulaciones del contrato, comete una infracción.

Además, las empresas deben asegurarse de que han seguido todos los protocolos éticos “sin generar riesgos”. Porque la anonimización o seudonimización debe ser “robusta y confiable”. Y no siempre es así. Desde 2014 existe un código de buenas prácticas, elaborado por un grupo de trabajo de la Unión Europea, para reducir los riesgos de identificación que se producen al anonimizar y seudonimizar datos confidenciales. Por ejemplo, dejar la fecha de nacimiento, como hizo Avalmadrid, y reemplazar un nombre real por un seudónimo puede ser insuficiente para proteger la identidad de la persona que se pretende anonimizar. “La solución óptima debe adoptarse caso por caso”, recomienda ese dictamen.

Por otra parte, el Reglamento de la UE de 2016 restringe el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos. Ese tratamiento debe tener en cuenta, entre otras cosas, “las expectativas razonables del interesado”, así como “la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista”.

La norma comunitaria, que exige siempre un “tratamiento leal y transparente” de los datos, amplía las cautelas si una empresa pretende tratarlos para un fin que no sea aquel para el que los recogió: debe proporcionar al interesado, “antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesaria”. Y esa información debe darse “en el momento en que se obtengan” los datos y antes de que se sometan a ese segundo tratamiento. Como queda dicho más arriba, la asesora jurídica de Avalmadrid reconoció que a sus clientes, en las pólizas, no se les había pedido autorización para un fin como el que dio a sus datos el director general. Tampoco se les informó cuando se cruzaron y cedieron a un tercero.

El reglamento es claro: el consentimiento del propietario de esa información, que debe darse “mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal”, debe cubrir todas las actividades de tratamiento cuando este tenga varios fines.

En definitiva, todas estas cautelas les fueron hurtadas a los clientes de Avalmadrid cuando cedieron sus datos.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha determinado que un interés de casi el 15% no es usuario, al no considerar al prestamista una entidad de crédito, coinforme una sentencia emitida el pasado 15 de febrero, según informa Europa Press.

La Audiencia Provincial había calificado como usurarios dos préstamos hipotecarios suscritos en 2009 por importes de 13.200 y 9.000 euros con un interés del 14,9%, un plazo de amortización de 10 años y un interés de demora del 25%.

El tribunal había llegado a esta consideración al considerar que eran préstamos hipotecarios y comparar ese tipo de interés con los tipos aplicables para operaciones en las fechas en las que se suscribieron los contratos, de entre el 4,03% y el 4,70%.

Al ser la TAE pactada más de dos veces y media superior, existir una garantía hipotecaria y no justificarse circunstancias excepcionales que explicasen la notable diferencia, la Audiencia Provincial declaró que ambos préstamos eran usurarios y nulos.

El prestamista decidió interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este ha estimado su demanda. Así, ha indicado que no es correcto comparar el tipo del préstamo con el que aplican las entidades de crédito. El criterio marcado por el Supremo es comparar con el tipo medio de préstamos hipotecarios que se registran por las empresas que los conceden de manera profesional.

Este tipo de préstamos lo recoge el Ministerio de Consumo. El dato más cercano a las operaciones de esta demanda es 2011, cuando el tipo alcanzó el 17,94%, lo que es más de cinco puntos porcentuales por encima del tipo que firmaron ambas partes en 2009.

La gran banca ganó 20.849 millones de euros en 2022, lo que significa que ha mejorado sus beneficios un 28,3% respecto al año precedente. Entonces, los cinco bancos del Íbex 35 –Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter– y Unicaja sumaron 16.240 millones de ganancias sin contar los impactos extraordinarios que les proporcionaron a Caixabank la fusión con Bankia –2.867 millones– y a Bankinter la salida a Bolsa de Línea Directa –895,7 millones–. La cifra del año en que estallaron la guerra en Ucrania y la crisis energética y de precios supera no sólo la de 2021, sino también la de 2019, antes de la pandemia, e incluso deja atrás los beneficios históricos de 2007, antes de que se rompiera la burbuja inmobiliaria.

De hecho, los dos gigantes del sector, Santander y BBVA, han batido sus propios récords: el banco de Ana Patricia Botín ganó 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más que el ejercicio anterior y un 6% más que en 2007, su anterior plusmarca, mientras que el que dirige Carlos Torres Vila supera en un 38% los beneficios de 2021 y alcanza los 6.420 millones, por encima también de los 6.126 millones ganados en 2007.

Las demás entidades pueden presumir igualmente de resultados. Caixabank ha ganado un 29,7% más, hasta los 3.145 millones de euros, respecto a 2021 y sin contar la fusión con Bankia. Banco Sabadell aumentó sus beneficios un 62% y consigue 859 millones, un 9,8% más que en 2007. Bankinter mejora sus resultados un 28,1% con unas ganancias de 560,2 millones, un 54,7% más que en 2007. Finalmente, Unicaja ha disparado su beneficio un 88,9% respecto a 2021, tras ganar 260 millones de euros.

A pesar de las incertidumbres económicas del año, tras estallar la guerra en Ucrania y dispararse primero los precios de la energía y después todos los demás, los seis mayores bancos españoles han aumentado sus clientes –siete millones más el Santander, 11,2 millones el BBVA– y su cartera de créditos –un 13,3% el BBVA, un 14% el crédito al consumo del Sabadell, un 7% el crédito a empresas de Caixabank–, al tiempo que han reducido la morosidad –Caixabank hasta su mínimo histórico, el 2,7%–.

En consecuencia, han elevado todos sus márgenes. El margen de intereses, que es la diferencia entre ingresos y costes financieros y sirve para medir el negocio puramente bancario, sumó 71.082 millones de euros en 2022. De esa cifra, más de la mitad –el 54,3%– corresponde al Santander. Todos mejoraron ese parámetro el año pasado; los que más, el BBVA, con un 30,4% y Bankinter con un 20,5%.

Lo mismo ha ocurrido con las comisiones netas, la diferencia entre las comisiones que cobra el banco y las que paga. Han sumado 23.733 millones de euros, también por encima de las registradas en 2021 en todas las entidades.

Ambas magnitudes son las que grava el impuesto extraordinario a los bancos que el Gobierno empieza a cobrar este mismo sábado. El tributo deberán pagarlo las entidades financieras que facturaron más de 800 millones de euros en 2019 y gravará con un 4,8% los márgenes de intereses y las comisiones netas de los años 2022 y 2023. Pero sólo del negocio de los bancos en España. Las dos cifras anteriores incluyen también su negocio internacional.

Al mismo tiempo que anunciaban sus magníficos resultados, los bancos avanzaron cuánto les va a costar el nuevo impuesto. Entre 1.170 y 1.210 millones de euros para las seis mayores entidades. Por tanto, los beneficios de récord conseguidos el año pasado multiplican casi por 20 esa factura fiscal. Santander calcula que deberá pagar entre 220 y 230 millones de euros, Caixabank 400 millones, BBVA 225 millones, Sabadell 170 millones de euros, Bankinter entre 80 y 100 millones y Unicaja entre 75 y 85 millones. Pero no serán los únicos que tendrán que pagar. Abanca, que aumentó sus beneficios un 41% en 2022, hasta los 217 millones de euros –y su margen de intereses un 14,2%– calcula en unos 50 millones el coste del gravamen.

El banco que preside Juan Carlos Escotet es uno de los que ha anunciado ya que recurrirá en los tribunales el nuevo impuesto, lo mismo que ha hecho la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. “Es un impuesto injusto, arbitrario, confiscatorio y que no tiene ninguna razón objetiva”, criticó en la presentación de resultados, tras anunciar que el banco había alcanzado en 2022 con un año de anticipación, los objetivos de beneficio previstos para 2023.

Estos excelentes resultados los está cosechando la banca cuando, según reconoce, aún no están notando del todo la subida de los tipos de interés. El BCE empezó a elevar el precio del dinero el pasado julio. La última subida, que se anunció el pasado jueves, lo ha puesto en el 3%. Y la presidenta del supervisor europeo ya ha adelantado que en marzo volverá a aumentar los tipos otro medio punto. Con el dinero más caro, los préstamos también cuestan más a los clientes y los márgenes bancarios crecen.

Pero, al mismo tiempo, los bancos españoles no están aumentado los tipos con que remuneran los depósitos, que dejaron de retribuir cuando los tipos se pusieron al 0% en 2016. Los responsables de las principales entidades financieras han dejado claro que no se va a desatar una guerra por captar clientes subiendo la remuneración de los depósitos. Lo descartaron el consejero delegado del BBVA, Onur Genç –dijo que el banco ya tenía mucha liquidez–, y el director financiero de Unicaja, Pablo González: “El regreso a la remuneración de los depósitos tomará algo de tiempo y será gradual”.

De hecho, según datos del BCE, los bancos españoles son los que menos están compensando a los ahorradores, junto con los portugueses. Ofrecen de media una rentabilidad de sólo el 0,41% en depósitos con vencimientos menores a un año, mientras que la media de la eurozona es del 1,12%. Los bancos alemanes retribuyen los depósitos con el 1,34% de media, los belgas, con el 1,50%, los italianos llegan al 1,78% y los franceses al 1,83%. Los más generosos son los holandeses, que pagan el 1,85%. 

2022 ha sido un año tan bueno que incluso ha permitido a la banca española recuperar la rentabilidad. El ROE, un indicador que mide la rentabilidad sobre el patrimonio, es del 14,1% en el caso del BBVA, del 11,98% en el de Bankinter o del 10,67% en el del Santander. La media de la UE se sitúa en el 7,8%, según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

También han mejorado sus ratios de solvencia, que se sitúan por debajo de la media europea. Bankinter dice que su ratio de capital CET fully loaded –el capital de máxima calidad– ha subido hasta el 12%, más de cuatro puntos porcentuales por encima del 7,7% que el BCE ha establecido para el banco de Dancausa para 2023. El de Unicaja es del 13%, el del BBVA del 12,6% y el del Santander, del 12,04%.

Con los beneficios en niveles históricos y pese a la incertidumbre económica y el impacto del nuevo impuesto que temen en sus cuentas, los bancos no han dudado en aumentar el reparto de dividendos. De hecho, BBVA ha anunciado que destinará más de 3.000 millones –casi la mitad de sus ganancias anuales– a retribuir a sus accionistas. Así que elevará hasta 43 céntimos el pago por acción, el más alto en 14 años, y ejecutará un plan de recompra de acciones –otra forma de retribución– por importe de 422 millones de euros. “Es posible que haya otros pagos extraordinarios a nuestros accionistas en el futuro”, anunció Onur Genç en la presentación de los resultados, “no nos gusta operar con exceso de capital”.

El Sabadell también aumentará la retribución a los accionistas, del 31,8% de los beneficios que repartió en 2021 al 50% en 2022. Un total de 430 millones, entre el plan de recompra de 204 millones y un dividendo de 0,04 euros por acción. El dividendo de Caixabank crece en 2022 un 58% respecto al año anterior y alcanza los 0,23 euros por título. En total, la entidad destinará a remunerar a los accionistas el 55% de sus beneficios.

El Santander, por su parte, no sólo va a dedicar el 40% de sus beneficios a pagar dividendos sino que, además, subirá los salarios de sus empleados un 4,5% este año. En un primer momento, y a diferencia de otros bancos, iba a aplicar el aumento sólo a los trabajadores que no cobran complementos voluntarios. El convenio del sector permite a las entidades compensar y absorber las subidas salariales a quienes perciban esos complementos. Pero los sindicatos habían pedido al Santander que aplicara la mejora a toda la plantilla, dada la crisis inflacionista. El banco anunció el jueves que lo hará “tras conocerse que la inflación sigue por encima del 5%”. Lo mismo han hecho BBVA, Sabadell y Bankinter.

Hasta en la Bolsa les ha ido bien a los bancos en 2022, después de años con las cotizaciones hundidas. Desde enero del año pasado, la cotización del Sabadell ha mejorado casi un 37% y un 21,4% la del BBVA. Caixabank ha subido un 20%, mientras que Bankinter y Santander se han quedado más cortos, con un 15% y un 7%, respectivamente.

Centenares de empleados de banca protestaban este viernes ante las oficinas centrales de Caixabank en Valencia mientras su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, anunciaba los 2.457 millones de euros que ha ganado la entidad entre enero y septiembre de este año. En Madrid, en A Coruña y en otras ciudades españoles se repitieron las manifestaciones de los trabajadores bancarios, que reclaman desde hace semanas subidas de salarios que les compensen del alza de la inflación. Hasta el momento, las dos patronales del sector, AEB y CECA, se muestran reticentes a igualar la escalada del IPC, que se sitúa en el 7,3% según ha publicado también este viernes el INE. Los sindicatos reprochan a los bancos los “beneficios récord” que han presentado a lo largo de esta semana y los “dividendos astronómicos” que van a repartir entre los accionistas, al tiempo que se niegan a evitar a los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo.

En efecto, los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell, han ganado hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. Todos ellos han mejorado sus ingresos, especialmente los procedentes del negocio bancario puro: cobrar por prestar dinero y remunerar los depósitos.

Mientras el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se felicitaba este viernes por haber obtenido unos “muy buenos resultados y de gran calidad” en lo que va de año, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, presumió de que en la entidad van “muy sobrados” para afrontar periodos económicos más difíciles. Por su parte, Caixabank ha duplicado la concesión de hipotecas, aumentado el crédito al consumo un 23% y aún más la financiación a las empresas, un 47%. El Sabadell, que también ha crecido en créditos al consumo, un 18%, y en hipotecas, un 7%, asegura que ha alcanzado un “récord histórico” en la facturación con tarjetas –un 17%– y en los terminales de punto de venta en comercios –un 33%–.

Sin embargo, los bancos creen que esos resultados tan extraordinarios no justifican el impuesto temporal que prepara el Gobierno. “No me parece lógico, y mucho menos perpetuarlo en el tiempo”, ha criticado Gonzalo Gortázar, quien rechaza la prestación patrimonial porque grava los ingresos y no los beneficios. “Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas de resultados y pérdidas”, explicó, “tendrían que hacer frente al impuesto, aparte de otros efectos discriminatorios, porque hay entidades afectadas y otras no”. Para el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, el problema estriba en que los resultados “supuestamente extraordinarios” de los bancos no son “los que espera el mercado”. “Los resultados tienen que ser consonantes con el capital invertido y no parece que ahora que los resultados son mejores esté justificada una presión impositiva sobre un sector que no cumple con las exigencias de rentabilidad”, argumentó.

El impuesto a la banca gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que ingresaran en 2019 más de 800 millones de euros por ambos conceptos. Es decir, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectaría a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

El rechazo al impuesto y a compensar a sus trabajadores por la subida de la inflación no ha sido óbice para que los responsables de los principales bancos hayan expresado su voluntad de negociar con el Gobierno una fórmula de ayuda a las familias “vulnerables” que no puedan pagar sus hipotecas. “Estamos en el mismo barco”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Alvárez, en referencia a un mecanismo para ampliar el plazo de las hipotecas que se encarezcan más de un 30% por la subida del euríbor y que quedará incluido en el Código de Buenas Prácticas del sector.

El caso es que también el BCE ha tomado medidas para recortar los beneficios extra que los bancos obtienen de aparcar en las reservas del supervisor europeo el exceso de liquidez que les han brindado las operaciones de refinanciación puestas en marcha con el covid y que aún no han devuelto. Gracias a las subidas de tipos, las entidades financieras reciben un interés del 1,5% por ese dinero, lo que les resulta preferible a devolverlo al BCE. Así que Christine Lagarde anunció este mismo jueves que modifica las condiciones de las operaciones de refinanciación, aplicándoles el mismo interés que paga a los bancos por el dinero depositado en el BCE, con el fin de desincentivar esa operativa.

El primer banco español, el Santander, ganó 7.316 millones entre enero y septiembre, un 25% más que el año anterior, por lo que bate de nuevo registros desconocidos desde antes de la crisis financiera. La cifra es el resultado del aumento de un 11,5% de sus ingresos, hasta los 38.594 millones de euros. Pero su margen de intereses, que sirve para medir el negocio puramente bancario, ha mejorado incluso más, un 15,4%, lo que se traduce en 28.460 millones. Los ingresos por comisiones también han crecido, un 7%. Y, pese a la fragilidad económica por la inflación y la incertidumbre, la morosidad se mantiene en el 3,08%.

Los beneficios del BBVA en los primeros nueve meses del año ascienden a 4.842 millones, por lo que han crecido un 46,2% respecto al año anterior, casi el doble que los del Santander. El margen de intereses del banco que preside Carlos Torres ha mejorado un 32,6%, por encima del 21,2% en que han aumentado los ingresos totales del negocio. La entidad atribuye ese buen comportamiento al crecimiento del crédito, un 15%. Por comisiones el BBVA ha ingresado en lo que va de año un 17,4% más que en 2021. La tasa de mora incluso ha bajado: del 3,7% al 3,5%. En la presentación de los resultados, Onur Genç avanzó que el banco utilizará sus excedentes de capital en “crear valor para los inversores” y si no encuentra vías para hacerlo, elevará la retribución a los accionistas. El pasado día 11 el BBVA les pagó un dividendo de 12 céntimos por acción, a cuenta de los resultados de este año, un 50% más que el repartido en 2021.

Caixabank ganó 2.457 millones de euros, un 21,51% más, hasta septiembre, sin incluir en la comparación el impacto de la fusión con Bankia el año pasado. De las cinco grandes, la entidad presidida por José Ignacio Goigolzarri es la que menos ha mejorado tanto su margen bruto, un 2,7%, mientras que su margen de intereses se reduce cuatro décimas respecto a 2021. Gracias a las comisiones ha ingresado un 2,1% más. Y mantiene una ratio de morosidad del 3%, en niveles mínimos desde 2008. Según destaca el propio banco, sólo el 4% de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como respuesta al covid-19, están clasificados como morosos. Además, tras la fusión de Bankia, Caixabank ha recortado sus gastos de personal en un 8,5%.

El Banco Sabadell casi ha duplicado este año sus beneficios respecto a los nueve primeros meses de 2021. Ha ganado 709 millones de euros, un 91,6% más. La cuenta es aún mayor si se le descuentan los resultados de su filial británica, el banco TSB: entonces pasa de 288 millones el ejercicio pasado a 616 millones el actual, un 114% más. En el caso de la entidad de Josep Oliu, el negocio bancario ha mejorado un 6,2% y los ingresos por comisiones, un 4,5%, mientras que en personal han reducido el gasto en un 26%, tras un recorte de plantilla que superó los 2.000 trabajadores. La ratio de morosidad del Sabadell se encuentra en el mismo nivel que el de sus competidores, un 3,4% y por debajo del 3,59% del año anterior.

De forma que el banco ha anunciado que aumentará hasta un mínimo del 40% el porcentaje de los beneficios que repartirá como dividendo entre sus accionistas. Éste será de 0,02 euros a cuenta de los resultados de este ejercicio y se pagará el próximo 30 de diciembre.

Finalmente, Bankinter se apuntó unos beneficios de 430,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,2% más que el año pasado. El banco asegura que en los últimos tres meses han crecido todos sus indicadores de negocio. Su margen de intereses ha mejorado un 11,6%, mientras que los ingresos por comisiones suben un 2%. Bankinter tiene una de las ratios de morosidad más bajas, el 2,1%, que además se ha recortado 30 puntos básicos respecto a la de 2021, presume la entidad. María Dolores Dancausa considera que, a tenor de estos resultados, “no hay ninguna razón” para cambiar su política de reparto de dividendos: les dedica el 50% del beneficio.

Pese a estos resultados y coincidiendo con el anuncio del BCE de una nueva subida de tipos de interés y del IPC adelantado de octubre, los bancos llevan dos días cayendo en Bolsa. Le ocurrió al Sabadell el jueves, con un recorte del 2,3%, y lo sufrieron el viernes Caixabank, con un descenso del 7%, y BBVA, que comenzó la sesión perdiendo un 3,7%, pero remontó hasta el 0,73% al cierre.

De niños estudiamos que los bancos eran unos establecimientos, muy honorables y muy solventes, que se ofrecían a guardar los ahorros de las personas decentes y que la usura la practicaban los otros.

Hoy en día, cada dos por tres los bancos ofrecen “créditos inmediatos” sin trámites, de unos pocos miles de euros para devolver cuando ya estemos pidiendo, de nuevo, más auxilio.

“Ahogar al paciente para que mejore” es una receta irrebatible que practican incluso "a la chita callando" o sin disimulos los bancos. Sabemos que la inflación sube y asfixia, que los precios se encarecen y que el dinero vale menos cada día y ante esa realidad que oprime los bancos ya han sabido reaccionar.

También sabemos que, por otra parte, está muy en entredicho la subida, somera siquiera, del salario mínimo interprofesional para dar un poco de aire, poco, a quienes menos tienen. Y naturalmente, con súbita indignación las fuerzas vivas del capitalismo se han puesto de uñas. Se habrá visto tanta desfachatez para esos “muertos de hambre” que aún podrán apretarse un agujero más el cinturón y aguantarse para “trabajar más y cobrar menos”, como nos recordaba el dueño de Mercadona que hacían los chinos.

Yolanda Díaz, la ministra “comunista” de nuestro gobierno, ha apuntado sobre la posibilidad de establecer unos topes máximos a los precios de las materias básicas, de consumo y necesidad universales, tales como el pan, la leche, el aceite… y de nuevo han estallado las mismas fuerzas vivas del sistema contra esa “peregrina y peligrosa” ocurrencia.

Entretanto, el Banco Central Europeo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, más bien creo yo que al diablo sí, ha decidido subir los tipos de interés, un 0,75%, tal vez, récord histórico,  ¿“para ahogar así la economía y paralizar la subida de precios”?, y dicen y añaden que para que “se disponga de menos dinero y así se gaste menos”, tan burdo como insensible el argumento, camino imparable de la amenaza de una “recesión en Europa”.

Y así, tal vez, podrán “¿devolver las aguas a su cauce?”, así a su estilo, ¿se acuerdan de cuando acusaron a los pobres de gastar por encima de sus posibilidades?, cuando a los dignatarios solventes y sobrados lo que les gusta es la domesticación de la clase media y baja, y "chitón y punto pelota" que aquí manda el dinero, el poder y en el altar de los sacrificios el becerro de oro, con todos los parias arrodillados implorando un respiro, siquiera de un “crédito exprés” que acabe por endeudarnos a todos.  

En cualquier caso, el efecto inmediato y beneficioso para los más espabilados, es decir los bancos, es que sus acciones ya se disparan en Bolsa y que, de paso, los créditos serán más caros de devolver. Es decir, no todo van a ser malas noticias. El timo del tocomocho al lado de esta broma es puro arte de imaginación e ingenuidad.

Y ya de paso, los patriotas exaltados puestos al lado de los ricos y silencio en la… ¡formación!

_________________

Antonio García Gómez es socio de infoLibre

Corren tiempos de tipos de interés negativos, en que los bancos se han agarrado a los préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para mantener el negocio. La demanda de este tipo de créditos se disparó en lo peor del confinamiento hasta el punto de que no se veía un aumento igual en la financiación a las empresas desde antes de que pinchara la burbuja financiera. Pero, entre la avalancha de pymes y autónomos que acudían a las sucursales en busca de liquidez para salvar el parón de actividad, comenzaron a surgir también denuncias por el manejo que los bancos estaban haciendo de la nueva herramienta pública contra la crisis del coronavirus. En abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un buzón covidbuzón covid al que le llegaron en sólo cuatro meses unas 700 reclamaciones de todo tipo relacionadas con la pandemia. De ellas, la mitad tenían que ver con el sistema financiero. El organismo no precisa cuántas quejas se refieren a los préstamos con aval del ICO, pero sí detalla algunas prácticas irregulares de los bancos. Desde obligar al posible beneficiario a suscribir un seguro o adquirir un servicio de alarma e incluso un televisor, hasta hacerle pagar gastos antes de haberle desembolsado el préstamo. También han utilizado los créditos ICO para que sus clientes les devolvieran otros préstamos que habían pedido con anterioridad.

La CNMC dice que sigue “investigando” y que ha cursado “requerimientos de información” a los bancos denunciados, a fin de determinar si esas prácticas constituyen una “conducta desleal” que, falseando la competencia, afecta al interés público. Pero los expedientes tienen un plazo de 18 meses hasta que se resuelven, por lo que aún no es posible saber ni qué entidades han sido requeridas ni si alguna va a ser sancionada.

También el Banco de España ha recibido quejas de solicitantes de préstamos ICO. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, cifró en sólo 68 las registradas hasta junio, cuando se le preguntó al respecto en el Congreso. Dijo que su número era “relativamente pequeño” comparado con el de préstamos solicitados –a finales de febrero de este año superan el millón–. Además, la mayoría, 62, se debían a denegaciones de créditos por las entidades financieras, que “no tienen la obligación de concederlos”, apuntó. Es el banco el que hace el análisis de riesgo del cliente y decide si se aprueba la operación o no. Esas reclamaciones fueron trasladadas después por el Banco de España al propio ICO, según explica a infoLibre un portavoz del organismo supervisor, que prometió ya en abril mantenerse “especialmente vigilante”, verificando los “protocolos y “revisando operaciones concretas” a fin de comprobar que se adecuan a la normativa.

El ICO confirma haber recibido las denuncias del Banco de España pero asegura que las reclamaciones totales por la línea de avales contra el covid representan sólo un 0,09% de las operaciones formalizadas. Si hasta ahora se han firmado poco más de un millón, las quejas alcanzan las 900. “Son algo residual, y la mayoría son por la denegación del préstamo”, explican fuentes del banco público. Cuando le llega una denuncia de este tipo, añaden, el ICO responde que no puede entrar en la política de riesgos de cada banco, que son plenamente autónomos en la decisión sobre la idoneidad del cliente. El banco público quita hierro a los casos en que se produjeron otro tipo de incidencias como las denunciadas por las patronales: “Ocurrieron cuando aún no había llegado la información completa sobre los avales a todas las sucursales”.

Tras las primeras reclamaciones, las patronales bancaria, de las cajas de ahorro y de cooperativas de crédito se apresuraron a anunciar que habían dado instrucciones a sus redes de oficinas para dejar claro que la concesión de un crédito ICO no podía “estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos”. Además de la CNMC, los mediadores de seguros, a través de su Consejo de Colegios, habían acusado a los bancos de cometer una “flagrante ilegalidad” imponiendo la compra de pólizas para acceder a estos préstamos con aval del Estado.

Las quejas de las empresas

En efecto, el ICO prohíbe a los bancos “condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto”. Además, vigila los precios de los créditos obligando a las entidades a suministrarle cada tres meses los tipos de interés que cobran a pymes y autónomos. En virtud del contrato que el ICO ha firmado con los bancos, éstos deben garantizar que el coste de los préstamos está “en línea” con el existente antes de la pandemia. Además, tienen que “trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de carencia del principal”.

Tampoco pueden destinar los préstamos con aval público a refinanciar o amortizar créditos preexistentes de los beneficiarios. Sin embargo, eso es lo que hicieron a tenor de los datos que hizo públicos la patronal de pymes catalana Pimec el pasado mes de mayo. Según se desprendía de una encuesta a 432 empresas, el 15,9% de las operaciones con aval del ICO y el 36,6% del dinero prestado se destinaban a refinanciar deuda anterior de los solicitantes. De un importe medio de 195.000 euros, 71.400 compensaron otros productos financieros suscritos por las empresas con sus bancos. En concreto, el BBVA lo hizo en un 33,3% de las operaciones, Banco Sabadell en el 28,3%, Caixabank en el 9,3% y Santander en el 7,7%. Además, aseguraba Pimec, un 11,5% de las pymes encuestadas indicaba que la entidad financiera le había obligado a contratar productos financieros adicionales. Eso sí, Pimec precisa también que esas prácticas no son “ilegales” y que se han ido reduciendo con el tiempo. Preguntado al respecto por infoLibre, un portavoz del BBVA niega la mayor: “No hemos utilizado nunca las líneas ICO para refinanciar a clientes”.

“Eso no se puede hacer y es difícil de tapar porque los bancos tienen que dar cuenta al ICO al final”, apunta el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. Según explica, en los primeros meses de la pandemia hubo dos entidades financieras, cuyo nombre no quiere mencionar, que sí refinanciaron un buen número de operaciones antiguas con los préstamos avalados por el Estado. Pero el movimiento “se cortó en cuanto el ICO dijo que iba a hacer auditorías y el resto de los bancos se quejó”, recuerda. 

No obstante, la patronal de los empresarios de ocio y espectáculos renovó las denuncias el pasado mes de febrero. Según sus números, a una de cada tres empresas de su sector los bancos le han exigido “avales desproporcionados”, al 27,3% se le han aplicado intereses por encima de lo anunciado y a una de cada cuatro se le han denegado los créditos. Casi la mitad de los empresarios del ocio nocturno han solicitado préstamos avalados por el ICO, pero sólo el 23% de ellas ha podido ampliar el periodo de carencia para devolverlos. Por su parte, el Banco de España ha encontrado una correspondencia entre el importe de los créditos con aval del ICO y el grado de relación existente entre la empresa solicitante y el banco: si éste es la entidad principal de la empresa, el importe de la operación aumenta un promedio del 20%.

Supervisión 'ad hoc' en otros países

En cualquier caso, estas prácticas irregulares no son patrimonio exclusivo de la banca española. El BCE ya ha advertido del “riesgo moral” que aparece cuando el Estado garantiza los préstamos: los bancos se sienten tentados de sustituir los créditos que ya tenían problemas para ser devueltos antes del covid por los nuevos con aval público. En el Reino Unido, un informe reciente de la Cámara de los Comunes que analizaba estos mecanismos de ayuda a las empresas recogía la denuncia de que los bancos restringen a sus propios clientes la concesión de los préstamos garantizados, mientras la demoran o rechazan para el resto. También se hacía eco de la exigencia de garantías personales a los empresarios que solicitaban créditos, una condición a la que el Gobierno británico puso coto prohibiéndola para operaciones por debajo de 250.000 libras y excluyendo que se pudiera reclamar la vivienda principal del moroso por encima de esa cantidad.

En España, mientras tanto, aparte de los expedientes de la CNMC, habrá que esperar a que el Tribunal de Cuentas fiscalice la concesión de los avales para tener una imagen completa de cómo ha funcionado la línea de ayudas. Lo hará este mismo ejercicio, en una tarea que ha sido incluida en el programa anual a iniciativa del propio organismo. 

En cambio, en otros países europeos como Francia o Italia se han creado comités específicos para supervisar los préstamos garantizados por el Estado, mientras que en Estados Unidos el Tesoro ha constituido una Oficina del Inspector General para la Recuperación de la Pandemia que “dirigirá, supervisará y coordinará las auditorías e investigaciones” sobre la gestión de los préstamos garantizados a las empresas. También se ha creado una Comisión de Vigilancia en el Congreso que no terminará sus trabajos hasta el 30 de septiembre de 2025. En Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría –el equivalente al Tribunal de Cuentas español– ya emitió un primer informe en octubre del año pasado sobre los esquemas de ayudas a pymes y autónomos del Gobierno de Boris Johnson, y en diciembre publicó el suyo el Comité Público de Cuentas, dependiente del Parlamento.

La controversia sobre la necesidad de conceder ayudas directas a las empresas, cada vez más intensa según se prolongaban las restricciones por la pandemia y se sucedían las peticiones de empresarios, expertos y hasta del Banco de España, cristalizó con los últimos 11.000 millones de euros en medidas de apoyo a la solvencia que el Gobierno aprobó el pasado día 11. De esa cantidad, 7.000 millones irán directamente a cubrir los gastos fijos de los negocios y las facturas con proveedores; el resto, a esquemas para reestructurar la deuda de las empresas y para recapitalizarlas. Hasta ese momento, el Ejecutivo había preferido reforzar la liquidez de autónomos y pymes ofreciendo avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una primera línea de 100.000 millones de euros entre marzo y junio y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones más entre julio y noviembre. Además de reforzar el capital de las grandes compañías a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y nutrido con otros 10.o00 millones.

España siguió entonces la misma ruta que el resto de los países de la Unión Europea. En la primera fase de la pandemia, al menos, los avales públicos para que los bancos prestasen a las empresas fue el “instrumento predominante” empleado por los gobiernos europeos para hacer frente a los problemas de liquidez de los negocios cerrados por el confinamiento, según destaca el Banco Central Europeo (BCE) en su Boletín Económico del pasado enero. En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido representaron más de la mitad de los fondos anunciados para sostener el tejido productivo, subraya el think tank Bruegel. También se utilizaron los bancos públicos para conceder préstamos directamente a las empresas con tipos de interés subvencionados. En total, calcula el BCE, se aprobaron garantías públicas por un importe equivalente al 16% del PIB de la zona euro, unos 1.910 billones de euros.

En todo caso, los volúmenes destinados por cada Estado a estos préstamos garantizados son muy distintos. Una buena muestra de la desigual potencia de tiro de las economías nacionales. Alemania apartó 832.000 millones de euros para avales públicos, casi seis veces más que en España. Y casi la mitad de la partida europea total. Pero si se mide cada programa en porcentaje del PIB, puede compararse con más fiabilidad. Así, el país que más apostó por los préstamos garantizados fue Italia, con un importe equivalente al 25% de su PIB, que se eleva hasta el 32% –571.000 millones de euros– si se incluyen los planes de recapitalización y los avales a las empresas exportadoras. Porcentualmente, más que Alemania, que ha destinado a este fin el 24,3% de su PIB. Le sigue el Reino Unido, con un 15,4% –340.300 millones de euros– y Francia, con un 14% –342.000 millones de euros–. El esfuerzo de España fue de un 12,2% de su PIB, esos 140.000 millones en avales a los que ahora se añaden 4.000 más para reestructuración de los préstamos ICO ya concedidos y con problemas para ser devueltos, y para recapitalizar empresas medianas a través de la semipública Cofides.

En cambio, Estados Unidos optó por un diseño diferente priorizando las ayudas directas a las empresas: del total de 4,18 billones de euros que suman los tres macropaquetes de medidas aprobados, más de la mitad, 2,61 billones, se han dedicado a ayudas directas, de los cuales 28.600 millones corresponden al último plan de rescate presentado por Joe Biden. Equivalen a un 10,3% de su PIB y a casi el triple de lo que Washington ha consignado para avales públicos, unos 803.000 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros 7.250 millones incluidos en el nuevo programa del presidente demócrata.

El triple de avales que de ayudas en Alemania

El reparto en Europa de estos dos tipos de mecanismos ha sido a la inversa. Alemania destinó a ayudas directas un 8,3% de su PIB, tres veces menos que a avales públicos, pese a que fue la que mayor volumen de recursos dedicó a este fin de las cinco grandes economías de la zona euro junto a Reino Unido, que apartó para subvencionar a las empresas la mitad que a garantizar préstamos. Francia presupuestó 124.000 millones en ayudas directas, casi un tercio de lo que asignó a avales públicos. Italia, apenas un 3,4% de su PIB –61,3 millones de euros–, ocho veces menos que a préstamos garantizados. Finalmente, España destinó tres veces más a avales que a subvenciones a los negocios tocados por el virus.

No hay que olvidar tampoco que, además de estos dos modelos de ayudas, los gobiernos han aplicado moratorias en pagos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Según los cálculos de Bruegel, fue Italia el Estado que más se decantó por los aplazamientos, con un volumen equivalente al 13,2% de su PIB –253.300 millones–, seguida de Francia –8,7%– y Alemania –7,3%–. Estados Unidos le dedicó un 2,6% y Reino Unido un 2%. España, apenas un 0,4% –5.300 millones–.

“No se puede reducir la discusión a si las medidas deben ser de un tipo o de otro, tienen que ser de los dos”, explica Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas. “Al principio [de la pandemia] se trataba de distribuir el coste del confinamiento en el tiempo, pero con la prolongación de la crisis no se puede, ya no se trata de pérdidas puntuales, sino que se están deteriorando los balances de las empresas”. El problema se verá cuando las empresas españolas tengan que competir en el mercado único con empresas cuyos gobiernos las han ayudado más y mejor, advierte. Para el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, otorgar avales de hasta el 100% como han hecho algunos países o subvencionar los tipos de interés de los préstamos garantizados hasta dejarlos casi en cero como en Francia equivale casi a una ayuda directa. Y las ayudas directas son a fondo perdido tanto como lo puede ser un aval del 100% a una empresa que quiebra, aclara. Lo mismo cree Lídia Brun. Los avales al 100% “son otro tipo de ayuda” desde el momento en que los bancos “pierden el incentivo a hacer bien su trabajo: conseguir que le devuelvan el dinero”.

España ha concedido casi nueve veces más garantías que Alemania

Cuestión aparte es el grado de ejecución de las medidas aprobadas. Ya lo resaltó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una carta reciente a los eurodiputados que ha sido utilizada por el Gobierno español para hacer valer su gestión contra los perjuicios económicos de la pandemia. Del total de 3,12 billones de euros que los 27 miembros de la UE han destinado a ayudar a las empresas, sólo se han desembolsado hasta ahora 542.000 millones, un 3,3%. Pero el país cuyas empresas más ávidamente han recurrido a las ayudas ha sido España, con un volumen desembolsado que equivale al 7,3% de su PIB. Por el contrario, Alemania sólo ha gastado el 3% de lo presupuestado, Francia el 6,4% e Italia el 6%.

A diciembre de 2020, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el banco público alemán, había otorgado 103.000 avales por valor de 44.000 millones de euros, apenas el 5% del programa disponible. La cifra equivale al 1,3% de su PIB –el menor de los cuatro grandes países europeos–, mientras que en España el grado de ejecución de estos mecanismos de garantías –el mayor de los cuatro– se eleva al 9,7% del PIB, según los cálculos que publicó el BCE el pasado mes de enero.

El ICO ha concedido garantías hasta el 28 de febrero para 1,003 millones de operaciones; es decir, casi 10 veces más que su gemelo alemán. El importe total avalado asciende a 91.770 millones de euros, el doble que la KfW. Lo que se traduce en 120.799 millones de euros de financiación para 628.455 empresas. El 89% de ellas eran micropymes –menos de 10 empleados– y autónomos. Del total, 127.351 pertenecen al sector del turismo, el ocio y la cultura, el grupo más numeroso entre los beneficiados. De acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el ICO, aún quedan disponibles unos 6.500 millones de euros de la primera línea –100.000 millones– y unos 37.000 millones de la segunda –40.000 millones–. Por tanto, se ha desembolsado ya un 65% de las cantidades presupuestadas.

Además, la SEPI ha concedido ya 968 millones de euros en préstamos participativos y ordinarios a cuatro grandes empresas consideradas estratégicas: Ávoris Corporación Empresarial (Viajes Barceló y Globalia), Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra Líneas Aéreas. La compañía de renovables Abengoa acaba de pedir también la ayuda de este fondo, que dispone de 10.000 millones de euros.

En Francia, que comparte con España el mayor uso de este instrumento de toda la UE, Bpifrance ha otorgado 110.600 millones de euros en préstamos garantizados para 634.720 empresas al cierre de 2020, según BPifrance. Un 37% del programa presupuestado.

Con datos a 10 de marzo, el Fondo de Garanzia había concedido 1,76 millones de avales. Según el Ministerio de Economía italiano, hasta ahora las empresas han pedido financiación por valor de 145.300 millones de euros. El Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) también ha otorgado 21.900 millones de euros, en 1.626 operaciones para sostener a grandes empresas.

En Reino Unido, hasta el 25 de febrero pasado, se ha gastado el 63% de los fondos destinados al Bounce Back Loan Scheme (BBLS), el programa para pymes creado por el Gobierno de Boris Johnson al que han recurrido 1,5 millones de negocios británicos afectados por el covid-19. Sólo este esquema ha supuesto el 94% de los préstamos con aval concedidos, hasta sumar 45.610 millones de libras –53.096 millones de euros– del total de 72.930 millones desembolsadas, de acuerdo con las cifras publicadas por el Tesoro británico y recogidas en el último informe elaborado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes. El Gobierno británico destinó una partida de 330.000 millones de libras a garantías públicas, repartidas en tres programas distintos: además del ya citado BBLS, otro para empresas medianas hasta 45 millones de libras de facturación y un tercero para las grandes que superen ese volumen de negocio. Del primero se han gastado 22.000 millones de libras y del segundo, 5.290 millones. Los tres caducan este mes de marzo, pero ya tienen un sucesor, el Recovery Loan Scheme, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año.

En Estados Unidos, el Paycheck Protection Program (PPP), destinado a avalar préstamos de hasta 10 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas, ha concedido hasta el 7 de marzo pasado un total de 7,55 millones de créditos, por un importe de 687.374 millones de dólares –574.057 millones de euros– según las cifras publicadas por la Small Business Administration (SMB), la entidad pública encargada de su gestión. El Instituto Americano de Censores Jurados de Cuentas (AICPA) calcula que aún quedan disponibles unos 140.000 millones, por lo que Biden sólo ha ampliado en 7.250 millones la partida destinada al PPP en su plan de rescate.

Condiciones menos atractivas, atascos burocráticos

La dispar aceptación de los préstamos garantizados en cada país de la UE –pese a que las características de los programas son muy similares, todos han seguido en buena medida las guías fijadas por la Comisión Europea– obedece a varias razones. El BCE considera que en España las empresas acudieron en masa a los préstamos ICO a falta de medidas de alivio fiscal, como moratorias de pagos, y de ayudas directas. Mientras que en Francia los bajos tipos de interés, que rondan el cero, resultaban especialmente atractivos. Por el contrario, las empresas alemanas no han recurrido a los avales porque estaban menos endeudadas que el resto de las europeas cuando surgió la pandemia, su confinamiento fue menos estricto que el español y el italiano, y tenían a mano generosas ayudas directas y moratorias de impuestos. Además, dice el BCE, las condiciones de los préstamos garantizados no eran tan favorables. Para los italianos, el problema en un primer momento fue el atasco burocrático que sufrieron los solicitantes cuando se pusieron en marcha los avales públicos y que sólo se vio aliviado a partir del verano, con el consiguiente aumento de las operaciones.

Al cabo de un año de pandemia, la prolongación de las restricciones a la actividad económica ha cambiado el escenario. Conforme pasaban los meses, el ritmo de solicitudes se iba ralentizando. Ahora, con los avales públicos casi agotados, al menos en España, cobran protagonismo las ayudas directas, al tiempo que se abren paso los mecanismos para reestructurar los préstamos pedidos en 2020, cuya devolución se complica mientras se retrasa la vuelta al crecimiento.

Los préstamos garantizados por el Estado han sido el mecanismo estrella de los gobiernos europeos para combatir los problemas de liquidez de las empresas en el año de la pandemia. En la zona euro se han desplegado avales públicos por casi dos billones de euros, un importe que equivale al 16% de su PIB. El volumen es sólo dos puntos inferior al alcanzado durante la crisis financiera que siguió a 2008, cuando los gobiernos concedieron garantías por valor del 18% del PIB, según las cifras del BCE. Entonces los receptores de esos avales fueron las entidades bancarias, a las que urgía dotarlas de financiación y devolverles la confianza perdida. Ahora los beneficiarios son el resto de las empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores más perjudicados por las restricciones impuestas por el covid.

En España estos préstamos garantizados cuentan con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de dos líneas aprobadas por el Gobierno: una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones. Hasta el momento, se han concedido 1,003 millones de avales, por un importe de 91.770 millones de euros, que se traducen en 120.799 millones de euros en préstamos otorgados. La garantía del Estado cubre el 80% de los préstamos que pidan autónomos y pymes, y el 70% de los que soliciten las empresas de mayor tamaño si es un nuevo crédito, el 60% si se trata de la renovación de uno anterior. En otros países europeos, como Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza, el aval público cubre en algunos casos hasta el 100% del préstamo, dependiendo del tamaño de la empresa o la cuantía de la operación.

Tanto en 2008 como ahora, el aval del Estado está sosteniendo una buena parte del negocio bancario. Al menos el de los préstamos a empresas y, sobre todo, en España y Francia. Así lo asegura el BCE, tras constatar el aumento de la concesión de préstamos en la zona euro con la pandemia. Sólo entre abril y julio del año pasado los flujos de préstamos garantizados superaban a los flujos netos globales en todos los mayores países del euro. En otras palabras, el BCE advierte un desplazamiento en la concesión de préstamos ordinarios a préstamos con aval estatal. Es más, en España y Francia, donde más éxito han tenido estos programas, el 65% y el 70% de los nuevos préstamos otorgados, respectivamente, entre abril y julio consistían en préstamos garantizados por el Estado. En Alemania e Italia, en cambio, sólo un 20%. Excepto en Alemania, en las otras tres grandes economías del euro el volumen bruto de préstamos en esos meses superó al registrado en el mismo periodo de 2019.

Para hacerse una idea del brío que ha adquirido este segmento del negocio bancario, basta con señalar que, según la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE, en el segundo trimestre del año pasado se produjo la mayor concesión de créditos a empresas desde 2003. Tras preguntar a 143 bancos europeos, un 62% informó de un aumento de la demanda de préstamos por parte de las empresas, una cifra que se elevaba al 80% de los bancos españoles, al 90% de los italianos y al 97% de los franceses. El Banco de España también lo confirma: entre marzo y mayo, en pleno confinamiento, el nuevo crédito bancario a empresas y autónomos se expandió “a ritmos históricamente altos”. Al término de 2020, el crecimiento ha sido del 8,2%, una tasa que no se veía desde 2008, cuando aumentó un 6,8%. Desde entonces la tasa había sido siempre negativa. En mayo llegó a su máximo, con un alza del 8,7% respecto al año anterior.

Además, los avales del ICO han servido a las entidades financieras para aumentar su cuota de mercado en este segmento del negocio. El instituto público repartió cada tramo de avales entre los bancos de acuerdo con la cuota que tiene cada uno de ellos en el sector de crédito a empresas. No obstante, algunos han conseguido finalmente operaciones por encima de su cuota –establecida según los cálculos del Banco de España para 2019–, gracias a la reasignación de los avales sobrantes de un tramo anterior. Es lo que ocurrió con el Santander, que otorgó 25.510 millones de euros en garantías –tiene una cuota del 20%– y al BBVA 19.000 millones –un 15,8%, superior al 11,1% de su cuota–. Bankia prestó 11.000 millones, Caixabank 12.640 millones, Sabadell 8.039 millones y Bankinter 8.600 millones.

Con la ayuda del BCE

Las empresas, sobre todo las más pequeñas y los autónomos, acudieron enseguida a los bancos en busca de un colchón que les permitiera sobrevivir a lo que por entonces se preveía un duro pero corto paréntesis de actividad. Y las entidades financieras aprovecharon al máximo el blindaje del Estado. Como el riesgo soberano español es cero, según las normas que rigen el cálculo de los requisitos de capital, los préstamos acogidos al programa del ICO consumen menos recursos propios. Además, en caso de impago, la pérdida que debe anotarse el banco se reduce si la operación ha contado con una garantía pública. En consecuencia, explica el Banco de España, el programa de avales del Estado facilitó la expansión de los balances de los bancos estimulando la oferta de crédito. E incluso ha contribuido a contener la ratio de créditos dudosos,ratio al aumentar la liquidez de las empresas y el volumen de préstamos.

Además, esos préstamos se han beneficiado de unas mejores condiciones: el tipo medio de interés de la línea ICO es del 2,1% para pymes y del 2,3% para empresas mayores, inferiores al 2,6% y al 3% que obtenían antes de la pandemia o se les ofrecía en caso de operaciones sin el aval público. El plazo medio de los préstamos ICO también es tres años mayor al ofrecido al resto, lo mismo que su importe medio: por encima de los 200.000 euros para pymes para los créditos con aval del Estado, frente a los 70.000 euros de los que no entraban en el programa.

Aun con esos tipos más bajos, los bancos españoles han ganado hasta el momento casi 2.600 millones de euros gracias a los cerca de 120.800 millones prestados a las empresas. A esa cifra hay que sumar las cantidades que obtienen de los tipos negativos con que les financia el BCE. Pueden ganar hasta un 1% pidiendo dinero prestado al supervisor europeo. Esos beneficios constituyen ahora “una parte significativa de los ingresos de las entidades”, admite el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. En la subasta de liquidez del mes de junio, la cuarta de las 10 programadas en principio, los bancos pidieron al BCE una cifra histórica: 1,3 billones de euros. Y aún quedan otros 554.055 millones para repartir en las cuatro subastas que quedan.

Aunque los tipos negativos hunden la rentabilidad del negocio bancario, las entidades financieras reconocen en la encuesta del BCE que la facilidad de depósito negativa –fijada en el 0,5%– está contribuyendo a aumentar los volúmenes de crédito en todos sus tipos. Lo mismo dicen de los programas de compra de activos y del plan de compra de emergencia pandémica –1,35 billones de euros– del BCE, que han tenido un “impacto positivo” en la liquidez –dan más créditos– y en las condiciones de financiación –más favorables para las empresas–. Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas cree también que a los bancos “les ha ido bastante bien” con la política monetaria del supervisor europeo, gracias a la recompra masiva de bonos públicos y a los tipos de depósito negativos. Y que las entidades financieras se han beneficiado de la expansión del crédito corporativo “subvencionado por el Estado” que han supuesto los préstamos del ICO, pero pide “prudencia” hasta que se revele cuántas empresas terminan en la insolvencia.

 Traslado del riesgo al Estado

Pero no son éstas las únicas ventajas que los bancos han obtenido de los avales públicos. Otro beneficio, y fundamental, es que trasladan buena parte del riesgo al Estado. El BCE calcula que casi un tercio de los préstamos que las empresas no van a poder devolver serán asumidos por los Estados una vez activadas las garantías que han concedido. Hay que recordar que el aval del ICO cubre entre el 60% y el 80% de cada préstamo. El resto de la pérdida la tendrán que asumir los bancos. En Reino Unido, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria calculó en julio que un 40% de las empresas que han pedido préstamos de hasta 50.000 libras con un 100% de garantía estatal pueden terminar en morosos, así como el 10% de las medianas –100% de garantía– y grandes –80%– que han solicitado créditos avalados. La pérdida para el Tesoro británico ascendería a 16.900 millones de libras –19.678 millones de euros–. En octubre, la Oficina Nacional de Auditoría, que depende del Parlamento británico, aumentaba las cifras de posibles morosos hasta una horquilla del 35% al 60% y hasta 26.000 millones de libras las pérdidas que debería asumir el Estado. Y el contribuyente.

En España, el índice de morosidad de los préstamos a empresas es del 4,9%. El de las operaciones del ICO es el 4,1%, según explicó el pasado noviembre en el Congreso la directora general de Negocios del organismo, Rosario Casero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, ha hecho un cálculo del impacto que tendría en la deuda pública la ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales hasta 2025: entre uno y dos puntos del PIB, de 12.000 a 24.000 millones de euros.

Calculando en unos 30.200 millones de euros el coste del porcentaje de garantía que deben asumir los bancos en España por la parte que no garantiza el Estado –a partir de la financiación aprobada hasta febrero–, si finalmente el 20% de las empresas beneficiarias no pueden devolver los préstamos, las entidades se comerían unos 6.000 millones de euros. Hasta el momento, los seis mayores bancos del país han hecho provisiones por un importe superior a los 8.000 millones de euros, por lo que el agujero que podría dejar el impago de los créditos del ICO estaría cubierto. El Estado, por su parte, tendría que digerir unos 18.100 millones. En todo caso, un informe de Barclays considera que los bancos españoles, gracias a los saneamientos realizados tras la crisis financiera, están mejor preparados que en 2008 y podrán soportar una tasa de morosidad de hasta el 30% en los sectores más afectados por el coronavirus. Aun alcanzando ese porcentaje, las entidades financieras mantendrían un colchón que sería mayor para el Sabadell y el Santander pero menor para el BBVA, precisa el banco.

La línea covid del ICO habrá supuesto un revulsivo para los bancos “si todo acaba bien”, matiza García Montalvo, en referencia al alargamiento de la crisis. Los créditos también tienen un coste y es seguro que una parte significativa va a convertirse en fallidos, añade. El 2% de interés que las entidades están cobrando por prestar a las pymes es, en realidad, un interés “muy subvencionado”, prácticamente el que se pide por una hipoteca, que tiene mucho menos riesgo que una pyme. “En un préstamo ordinario, a las pequeñas empresas se les cobra por encima del 4%”, subraya.

Las pérdidas no suprimen el dividendo

Como parte de su último paquete de medidas contra la crisis del covid, el Gobierno ha aprobado un plan para reestructurar los préstamos con aval público que las empresas no puedan devolver. Tiene una partida de 3.000 millones de euros, que incluye las quitas de deuda sólo como último recurso. En la dura negociación que el Ejecutivo mantuvo con la banca para ponerlo en marcha, las entidades financieras se negaron en redondo a que las quitas fueran generalizadas y obligatorias. Para saber cómo se van a realizar, habrá que esperar a que se publique el Código de Buenas Prácticas que ha de elaborar el Gobierno y que será, en cualquier caso, voluntario para las entidades financieras.

Pese al aumento de las provisiones y la subsiguiente repercusión en los resultados –los seis grandes perdieron 5.536 millones de euros en 2020–, los bancos van a pagar dividendos. Aunque en marzo el BCE prohibió el reparto de beneficios entre los accionistas, relajó la medida antes de acabar el año: podrán distribuir un máximo del 15% de la ganancia acumulada de 2019 y 2020. Aun así, sigue recomendando máxima prudencia y pidiendo que no se paguen dividendos hasta septiembre de este año. Cinco de los seis grandes –el Sabadell no lo hará– ya han anunciado que repartirán beneficios. Todos por encima del 1%.

Empresas y autónomos dispondrán este año de 7.000 millones de euros en ayudas directas para evitar que la falta de solvencia les aboque al cierre. Las comunidades autónomas serán finalmente las que hagan el reparto de esa cantidad, una vez que el Estado se la transfiera en un plazo que no debe superar los 40 días, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. De esa cantidad, 2.000 millones serán sólo para Canarias y Baleares, las dos comunidades autónomas que más están sufriendo las restricciones a la actividad económica impuestas por el covid-19, con caídas del PIB que duplican las del resto de los territorios. Cada autónomo que tribute por el régimen de estimación objetiva podrá recibir un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de los trabajadores por cuenta propia y las empresas percibirán entre 4.000 y 200.000 euros.

El real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se complementará con una orden que, en un plazo de “un mes y 10 días”, precisó la ministra, fijará el reparto de los fondos a las comunidades autónomas y permitirá a éstas empezar a conceder las ayudas. La “batería de medidas”, como la calificó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, suma 11.000 millones de euros, lo que eleva a un importe que equivale al 2% del PIB los mecanismos contra la crisis aprobados para este año. Los puestos en marcha en 2020 ya sumaron un 20% del PIB, recordó la ministra.

“El objetivo de este paquete es estructural”, explicó Calviño, “conseguir que la economía española tenga músculo para cuando llegue la recuperación en la segunda parte del año”. Se trata de apoyar a las empresas viables, subrayó varias veces, que tengan problemas de solvencia, a fin de que puedan mantener la actividad y el empleo, “utilizando sus fondos para contratar trabajadores en lugar de para pagar sus deudas”.

En esa misma dirección se ha aprobado también la extensión hasta fin de año de las moratorias concursales –para solicitar el concurso de acreedores– y se amplía hasta abril el periodo para retrasar los ingresos tributarios sin intereses.

Mantener la actividad hasta junio de 2022

El plan del Gobierno se compone de un primer paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros, que podrán solicitar empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído entre un 20% las primeras y hasta un 40% los segundos y las micropymes –menos de 10 empleados– respecto a 2019. Son ayudas no reembolsables y finalistas, que podrán destinarse a cubrir las deudas contraídas a partir de marzo de 2020, ya sea por pagos a proveedores, suministros, salarios, alquileres o con los bancos. Están destinadas a empresas y autónomos de más de un centenar de sectores, incluidos la hostelería y el comercio, el transporte, la cultura y el deporte. A cambio, los beneficiarios deberán mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrán repartir dividendos ni subir los sueldos a sus directivos, ni pueden estar domiciliadas en un paraíso fiscal.

De esa cantidad, 2.000 millones de euros las recibirán Canarias y Baleares, y los 5.000 millones restantes se distribuirán entre las otras 15 comunidades autónomas según los criterios recogidos en la normativa europea: la caída del PIB, el desempleo general y el desempleo juvenil en diciembre de 2020. Hasta ahora, las comunidades autónomas habían recibido del Estado 27.000 millones de euros. Apoyado en esa experiencia previa, Montero y Calviño expresaron su confianza en que las comunidades autónomas “gestionen con agilidad” las nuevas ayudas. Para ello, dijo Calviño cuando los periodistas le preguntaron por la moción de censura en Murcia y el posible adelanto electoral en Madrid, la “estabilidad política es fundamental”. “Espero que la Comunidad de Madrid no sufra ningún despiste respecto a cuál es la prioridad: luchar contra la pandemia y proteger el tejido productivo”, apuntó.

Las discrepancias en el seno del Gobierno sobre el diseño de estas ayudas se han saldado con una cantidad ligeramente inferior a la que Unidas Podemos defendía –8.000 millones– y con un reparto que finalmente ejecutarán las comunidades autónomas, y no la Administración central como pedía la formación morada.

Código de Buenas Prácticas voluntario

El segundo instrumento incluido en el real decreto-ley es una línea de 3.000 millones de euros para reestructurar los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según las cifras que facilitó Nadia Calviño, hasta el momento se han movilizado más de 121.000 millones de euros en este tipo de préstamos, creados el año pasado para atender a los problemas de liquidez de las empresas. Ahora se extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitarlos.

La renegociación de la deuda la llevarán a cabo los bancos con las empresas que recibieron los préstamos del ICO, que podrán convertirlos en préstamos participativos, cuyos intereses suelen ir vinculados a los beneficios y tener periodos de amortización y carencia superiores a los normales. También podrán conseguir una extensión del plazo de vencimiento. Y sólo “como último recurso”, señaló la ministra de Asuntos Económicos, que no utilizó la palabra “quita”, se podrán “conceder ayudas directas para reducir la financiación”. Esas quitas han sido precisamente el caballo de batalla de las negociaciones que durante los últimos meses ha mantenido el Gobierno con los bancos. Las entidades financieras rechazaban de plano las quitas generalizadas. Así que el Ejecutivo se ha limitado a redactar un Código de Buenas Prácticas, voluntario para los bancos, a fin de “coordinarlos” y garantizar “el buen uso de los recursos públicos”, precisó Nadia Calviño.

Empresas medianas

El tercer elemento es un fondo de recapitalización para empresas medianas, de 1.000 millones de euros, que gestionará Cofides, una empresa semipública en cuyo capital participan, además del ICO y el ICEX (Instituto de Comercio Exterior), Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell. A estas ayudas podrán acceder las empresas que no tienen tamaño suficiente para solicitar las del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dotado de 10.000 millones de euros y que sólo puede conceder financiación por encima de los 25 millones. En este caso, Cofides negociará préstamos, ordinarios o participativos o incluso entrará en el capital de las empresas.

La ministra de Asuntos Económicos rechazó que estas ayudas directas lleguen tarde a las empresas, una de las críticas que más se han lanzado desde las patronales, según iba prolongándose la pandemia; por el contrario, repitió que el Gobierno se está “anticipando” a los problemas de solvencia empresarial que pueden surgir este año y amenazan con causar un “impacto macroeconómico”.

Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. Y si examinan en relación con la riqueza nacional o Producto Interior Bruto (PIB) anual de cada país, las diferencias son notables.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que los gobiernos de todo el mundo van a destinar nueve billones de dólares –casi ocho billones de euros– a la lucha contra la pandemia del covid-19 y la crisis económica sin precedentes que ha desencadenado. Desde marzo hasta mayo la cifra ha aumentado en un billón, a medida que los países han tenido que tomar nuevas y más costosas decisiones para amortiguar la recesión y defender a ciudadanos y empresas de sus efectos. Esa cantidad se divide casi a partes iguales en ayudas directas y préstamos públicos o inyecciones de liquidez. El catálogo de iniciativas es similar en todos los países, pero las cuantías que cada Estado dedica varían de acuerdo con las disponibilidades financieras nacionales. En cualquier caso, la consecuencia de este diluvio de dinero público va a ser un planeta con una deuda pública de récord: el 342% de su PIB, que asciende a 87.751 billones de dólares según el Banco Mundial. Más que triplicará la riqueza mundial.

De los países ricos es Alemania el que más dinero ha colocado sobre la mesa para combatir los perjuicios económicos del coronavirus. Hasta el 34% del PIB ha dispuesto Angela Merkel tras dinamitar la sagrada regla del schwarze null –déficit cero– y permitir que la deuda pública germana escale hasta el 68,7% de su PIB –en 2019 estaba en el 59,8%–. Para financiar el gasto sanitario extra que ha supuesto la pandemia, Berlín liberó 11.200 millones de euros. Pero también está gastando 131.800 millones de euros más en ayudas a las pymes y los autónomos, a las familias y a los inquilinos en el pago de sus alquileres. El pago de las prestaciones a los trabajadores incluidos en el Kurzarbeit –los ERTE alemanes– va incluido en esa factura, cuyo importe fue aprobado en marzo y ampliado en junio con otros 130.000 millones más. Además, el Ejecutivo de CDU y SPD está aplicando moratorias en el pago de impuestos y ha rebajado hasta diciembre el tipo del IVA del 19% al 16% y el reducido del 7% al 5%.

Tampoco ha tenido problemas el Ejecutivo de Merkel en acudir en socorro de las mayores empresas alemanas. El paquete de rescate de Lufthansa asciende a 9.000 millones de euros, lo que puede significar que el Estado alemán se convierta en accionista de la aerolínea de cabecera, con una participación del 20% en su capital. El dinero saldrá de dos fuentes, que constituyen la parte del león del bazuca germano: el Fondo de Estabilización Económica (WSF) y la ampliación de los programas del banco estatal Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la entidad que financió la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial y la economía de Alemania del Este tras la reunificación. Los fondos del WSF ascienden a un total de 600.000 millones de euros, de los cuales 400.000 millones son garantías estatales para empresas, 100.000 millones para comprar acciones de compañías especialmente perjudicadas y el resto para el banco KfW. Esta entidad pública, además, ha ampliado sus programas en 362.000 millones de euros.

De ahí han salido las ayudas millonarias con que el Gobierno de Berlín ha rescatado también a otras empresas insignia como Adidas –3.000 millones en créditos–, el operador turístico TUI –2.000 millones–, Puma –900 millones–, Mediamarkt –1.700 millones–, Thyssengrupp –1.000 millones– o la firma de alquiler de coches Sixt –1.500 millones–. Para ayudar a las grandes marcas de automoción, ha ofrecido un plan de incentivos de 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos con un precio inferior a 40.000 euros. Finalmente, los estados federados –Länder– han aportado otros 63.000 millones de euros adicionales para sus propios planes de ayuda.

Italia echa el resto

Pese a tener una de las cifras de deuda pública más altas del mundo, el 134,8% de su PIB –la segunda de la Unión Europea sólo superada por Grecia–, Italia será el segundo país europeo que más recursos destinará a luchar contra la pandemia económica. También ha sido de las naciones más golpeadas por el coronavirus. Los fondos equivalen a un 33,6% de su riqueza. Y se traducirán en una deuda pública de récord que alcanzará el 166% del PIB este año. Para medidas sanitarias ha apartado 3.200 millones de euros y para prestaciones de trabajadores y autónomos, 16.700 millones más. También ha aprobado moratorias en el pago de facturas, alquileres, impuestos y cotizaciones sociales para pymes, que igualmente podrán acceder 60.000 millones de euros en garantías y a 70.000 millones en créditos con periodo de carencia para su devolución. Para financiar a las empresas medianas y grandes hasta en un 90% de la cantidad que pidan prestada y para asegurar las exportaciones, el Estado ha otorgado garantías al banco de desarrollo público –Cassa Deposit e Prestiti– por valor de 500 millones de euros adicionales.

Las ayudas incluyen además bonos de 500 euros para que las familias con ingresos inferiores a 40.000 euros anuales gasten en hoteles, 1.400 millones de euros para contratar investigadores, 1.150 millones para la agricultura, o el reparto entre los ayuntamientos de 400 millones de euros para que ciudadanos sin recursos compren bienes de primera necesidad.

Además, el Gobierno de Giuseppe Conte aprobó un paquete de ayudas de 600 millones de euros para Alitalia, que lleva en concurso de acreedores desde 2017 y sin encontrar un comprador. A cambio, ha asumido el control del 100% de la aerolínea.

Johnson se apunta al New Deal

Reino Unido roza el 19% de su PIB en paquetes de rescate. El primer ministro conservador, Boris Johnson, ha olvidado la herencia thatcheriana e incluso se ha atrevido a anunciar un New Deal a la británica. Un total de 5.000 millones de libras –5.530 millones de euros– en infraestructuras. “Para unir e igualar [las distintas regiones del país], construiremos, construiremos, construiremos, mejor, más verde y más rápidamente”, proclamó en un discurso el pasado 30 de junio. “No soy comunista”, se sintió obligado a confesar también, tras reconocer que ese plan supone una enorme intervención gubernamental en la economía.

Pero ya antes de ese paquete, el Reino Unido había comprometido 5.000 millones en financiación adicional para su sistema público de salud (NHS) y la supresión del IVA y tasas en las importaciones de equipamientos médicos. El Gobierno también aprobó 60.000 millones de libras para pagar las prestaciones de los trabajadores en ERTE y las cotizaciones sociales de sus empresas, así como prestaciones para los autónomos y subvenciones directas a pymes en los sectores más perjudicados. El importe incluye 7.000 millones de libras para los ciudadanos con menos recursos y ayudas a los inquilinos. Además, se han concedido moratorias en el abono del IBI a las empresas de hostelería, en el pago del IRPF y el IVA para los autónomos y facilidades para reestructurar su deuda tanto a empresas como a particulares.

Los esquemas de créditos públicos británicos se elevan a 330.000 millones de libras –365.000 millones de euros– y comprenden acceso a préstamos de hasta cinco millones de libras para pymes, garantizados por el Estado hasta en un 80% y cuyos intereses asumirá el banco estatal British Business Bank durante el primer año, así como la compra de deuda a corto plazo de grandes empresas por parte del Banco de Inglaterra. De ahí han salido igualmente los 1.800 millones de libras en préstamos garantizados que han recibido IAG, Ryanair, Easyjet y Wizz Air.Ryanair Otras empresas amparadas por el mismo plan son Nissan, BASF o el club de fútbol Tottenham.

15.000 millones para Airbus y KLM

Francia llegará hasta el 14,6% de su PIB para rescatar la economía de las garras del coronavirus. En medidas de refuerzo de la sanidad se ha gastado 5.500 millones de euros. Y en pagar prestaciones de trabajadores en ERTE y de los autónomos, así como en apoyo financiero directo para pymes ha comprometido 11.000 millones. Las moratorias de pagos de cotizaciones sociales e impuestos, además de alquileres y facturas de suministros concedidas a las empresas tendrán un impacto en las arcas públicas francesas de 48.500 millones de euros.

El plan de garantías estatales para que las empresas consigan préstamos de los bancos asciende a 300.000 millones de euros. Como en otros países, Francia ha preparado un programa específico para el turismo, con 18.000 millones de euros, así como otro para el automóvil, con 8.000 millones más, que incluye ayudas a la compra de coches eléctricos o híbridos. Y un tercero para el aeronáutico, 15.000 millones, que beneficiará tanto al constructor Airbus como a la aerolínea KLM. Esta última, propiedad del Estado francés y del holandés, en un 14% cada uno, ha recibido ya 10.000 millones de euros de ambos gobiernos –7.000 millones del galo, en forma de préstamos garantizados y directos–. A las compañías tecnológicas se les ha concedido un programa de 1.200 millones de euros, con el que pretende protegerlas de posibles compradores extranjeros.

Casi tres billones de dólares

Estados Unidos está destinando una parte menor de su PIB a la lucha contra los efectos económicos de la pandemia, un 11,1%. Pero sus números son apabullantes. Un total de 1.395 millones de dólares –1.232 millones de euros– ha aprobado el Congreso en dos leyes para poner en marcha medidas sanitarias inmediatas –8.300 millones de dólares– y ayudas a hospitales –100.000 millones–, centros comunitarios –1.320 millones–, el desarrollo de una vacuna –27.000 millones más– y para el Centro de Control de Enfermedades –4.300 millones–. La cifra incluye también otros 83.300 millones para pagar las bajas por enfermedad de los infectados por coronavirus y las pruebas para detectarlo. A fin de sufragar el subsidio de paro se han destinado 250.000 millones de dólares, 45.000 millones para ayudas alimenticias o 30.000 millones para colegios.

La ayuda de 1.200 dólares mensuales para quienes cobren menos de 75.000 dólares al año ha costado 250.000 millones más, y 50.000 millones la exención de cotizaciones sociales de los trabajadores. Además, se ha retrasado a 2021 y 2022 el pago para las empresas de las cotizaciones sociales por sus plantillas.

Washington ha destinado 349.000 millones de euros a préstamos para pymes y 56.000 millones más para empresas de los sectores más afectados, como aerolíneas. Un paquete adicional de 454.000 millones de dólares permitirá a la Reserva Federal (Fed) comprar obligaciones de empresas en los mercados. Una de ellas es Boeing: la Fed ha adquirido 25.000 millones de deuda emitida por el constructor aeronáutico, una manera de garantizar su liquidez mientras despide a 16.000 trabajadores tras perder 1.700 millones en el primer trimestre del año.

Todas estas medidas fueron aprobadas en marzo. Un mes más tarde, el Congreso dio luz verde a un segundo programa de ayuda, por importe de 484.000 millones más. En total, y pese a que en relación con su PIB el tamaño relativo del rescate parezca inferior al de otros países, Donald Trump suma casi 2,8 billones de dólares en ayudas públicas, una cifra inalcanzable para cualquier otra economía nacional. Hay que recordar que el desempleo en Estados Unidos llegó a superar los 40 millones de personas en mayo y que los 349.000 millones dirigidos a prestar financiación a las pymes se agotaron en sólo 13 días.

España, un 14% del PIB

En marzo, España destinó a combatir la pandemia económica un porcentaje equivalente al de Estados Unidos, un 11% de su PIB, que aumentó en 51.000 millones de euros más con el paquete de medidas aprobado semanas más tarde por el Consejo de Ministros. Un 14% del PIB, a la altura de Francia, por tanto.

En el detalle, España aprobó un aumento de 3.900 millones de euros para sufragar el gasto sanitario extra ocasionado por la pandemia. El coste de las prestaciones de desempleo pagadas a los trabajadores en ERTE equivale a una factura mensual de 5.500 millones de euros, según las cifras facilitadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de 11.000 millones más por las cotizaciones descontadas a los empresarios que han acudido a los ERTE de fuerza mayor, de acuerdo con los cálculos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para los meses de marzo a septiembre. También se ha creado un subsidio especial para las empleadas domésticas que se quedaron sin trabajo por culpa de la pandemia y el confinamiento, cuyo coste se prevé que alcance los 3,15 millones de euros. Los trabajadores con contrato temporal que se quedaran en el paro también acceden ahora a la prestación por desempleo aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente. La prestación para los autónomos afectados por la crisis ya ha supuesto un desembolso superior a los 2.500 millones.

Las moratorias de pagos de impuestos –IRPF, IVA y sociedades– tanto a los autónomos como a las pymes durante seis meses tendrán además un impacto de 14.000 millones en las arcas públicas, según los cálculos del Gobierno.

A la línea de crédito del ICO aprobada en marzo por importe de 100.000 millones, integrada por garantías y orientada a facilitar la liquidez de las empresas, se le añade ahora una segunda, por 40.000 millones más, dirigida a financiar inversiones productivas.

Además, se ha creado un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas quegestionará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Son 10.000 millones de euros para “empresas estratégicas solventes”. A cambio de recibir préstamos participativos, vender deuda subordinada o acciones, las empresas tendrán que ingresar sus dividendos, intereses y plusvalías en el Tesoro Público. Además, quedarán eximidas de pagar impuestos estatales, autonómicos y locales. Una de esas empresas estratégicas será Iberia, que ya ha percibido 750 millones de euros en créditos del ICO. A Vueling, perteneciente como Iberia al holding IAG, se le han concedido 260 millones, a Air Europa –cuya fusión con Iberia está en ciernes– 140 millones más, mientras que Air Nostrum ha conseguido 130 millones y Volotea otros 100.

Para ayudar al sector del automóvil, el nuevo plan Renove –ayudas a la compra de vehículos desde 300 hasta 4.000 euros– está dotado con 250 millones de euros.

Las empresas turísticas se beneficiarán desde ahora de una moratoria de un año en el pago de hipotecas por los locales, además de una línea de créditos de 216 millones de euros para inversiones en transformación digital.

Finalmente, las empresas exportadoras podrán solicitar hasta 2.000 millones de euros en garantías públicas.

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, lo llamó "bazuca": 200.000 millones de euros en garantías del Estado que el banco público KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito para la Reconstrucción) ha puesto a disposición de las empresas en crisis por culpa del coronavirus, más otros 400.000 millones en avales. Adiós al schwarze Null, al rigor fiscal, Alemania se endeuda. “Nos acostamos como Estados Unidos y nos despertamos al día siguiente pareciéndonos a la Europa socialdemócrata”, es el resumen que hace al otro lado del Atlántico un profesor de la Universidad de Michigan, citado por The New York Times, del plan de casi tres billones de euros que Donald Trump no ha dudado en poner en marcha para salvar a las empresas del país de la debacle del covid-19. “El nivel de intervención [estatal] supera con mucho el alcance financiero y la amplitud de los esfuerzos de recuperación de la crisis financiera de 2008”, destaca el periódico.

Y en Europa, la Comisión Europea ha abandonado sus cautelas sobre las ayudas públicas al sector público y prepara cambios en el Marco Temporal de Ayudas Estatales para respaldar la economía frente al coronavirus que permitirán a los Estados miembros participar en el capital de empresas consideradas estratégicas.

En España, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, negó la semana pasada, tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que el Gobierno planee nacionalizar empresas. “España está atenta y en permanente diálogo con empresas, sobre todo con las que pertenecen a los sectores mas afectados por esta crisis, para desarrollar mecanismos y soluciones a fin de llevar la crisis de la mejor manera posible y arbitrando soluciones”. Poco antes, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había defendido en una entrevista en RNE la entrada del Estado en el capital de empresas en riesgo por culpa de la pandemia.

“En España, algunos debates parecen un anatema”, ha terciado este lunes el secretario general de CCOO, Unai Sordo, refieriéndose a la intervención del Estado en las empresas, una medida que van a llevar a cabo en Europa, dijo, “gobiernos de centroderecha”. “Europa no está gobernada por coaliciones de izquierda, esta especie de sensación de que aquí se están tomando medidas casi bolivarianas es propaganda”, asegura en una entrevista concedida a la agencia Europa Press.

De KLM a Adidas

En efecto, Francia y Países Bajos, ambas gobernadas por partidos de centroderecha, acaban de anunciar un paquete de 10.000 millones de euros en ayudas para la aerolínea KLM, de la que ambos Estados son accionistas, con un 14% del capital cada uno. La compañía, con una caída de la actividad del 95%, arriesga 350.000 puestos de trabajo. Los franceses pondrán 7.000 millones de euros en préstamos garantizados por el Estado hasta en un 90%, así como préstamos directos del Estado. Los Países Bajos han olvidado su prevención contra el riesgo moral de las ayudas públicas y se harán cargo del resto, siempre que la empresa recorte sueldos, no distribuya primas y cumpla con determinados estándares medioambientales.

Alemania ha dispuesto un programa de liquidez garantizada de hasta 1.000 millones de euros para cualquier empresa que terminara 2019 sin números rojos pero que haya resultado perjudicada por el coronavirus: el Estado asume hasta el 90% del riesgo del préstamo, concedido a un interés de sólo el 1%. El Gobierno de Angela Merkel prevé que soliciten las ayudas unas 100.000 empresas. En cualquier caso, las patronales ya han pedido al Ejecutivo de Berlín que la garantía ascienda al 100% del préstamo e incluso que se les exima de devolverlo.

No obstante, el Gobierno alemán ha concedido ayudas superiores al fijado en el plan. Por ejemplo, al operador turístico TUI, el mayor del mundo y al que ha aprobado una línea de crédito de 1.800 millones de euros.

También ha acudido al rescate de dos de las principales marcas de ropa deportiva del planeta, Adidas y Puma. A la responsable de la equipación del Real Madrid, KfW –el ICO alemán– le ha concedido préstamos garantizados de 1.000 millones de euros, de los 3.000 millones que dice necesitar para afrontar el cierre de sus tiendas. A cambio, Adidas no podrá repartir dividendos ni sus ejecutivos cobrar bonus este añobonus. El beneficio de la empresa cayó un 95% en el primer trimestre del año, pero aún gana 31 millones de euros. Puma, que está aún a la espera de que KfW responda a su solicitud, no ha querido hacer pública la cantidad que debe permitirle superar la crisis del covid-19. Otro tanto le ocurre a Ceconomy, la sociedad propietaria de la red de tiendas Media Markt y Saturn. Aunque en este caso sí se sabe cuánto dinero pide al Gobierno federal: 2.000 millones de euros.

Igualmente está en el aire cuántos millones de euros y en qué formato los recibirá Lufthansa. Se los ha pedido no sólo al Ejecutivo alemán, sino también a los de Bélgica, Suiza y Austria, donde tiene sedes y con los que mantiene “intensas negociaciones”. Así lo ha reconocido la compañía alemana en un comunicado: “El consejo de administración confía en que las conversaciones [con los gobiernos citados] culminen con éxito”. Lufthansa ya perdió 1.200 millones de euros en el primer trimestre y ahora tiene, como el resto de las aerolíneas, casi todos sus aviones en el suelo. Pide 10.000 millones de euros en ayudas para sobrevivir, bien sea en préstamos o incluso con inyección de capital público. Preguntado por una posible nacionalización en una entrevista publicada por Der Spiegel el pasado 2 de abril, su consejero delegado, Carsten Spohr, la rechazaba: “Tenemos una probada trayectoria de empresa rentable y competitiva. La ayuda estatal es legítima en un caso tan excepcional, pero es vital que nuestra independencia corporativa no se vea comprometida en cuanto a la toma de decisiones y la adopción de medidas”. Por el momento, Lufthansa ha puesto a 87.000 de sus trabajadores en KurzarbeitKurzarbeit, la versión alemana del ERTE español.

Alitalia, renacionalizada

Las compañías aéreas están consideradas como sector estratégico en la mayoría de los países por lo que, heridas de muerte debido a la restricción de movimientos impuesta por la pandemia, los gobiernos se han aprestado a acudir al socorro. Alitalia fue de las primeras en ser rescatada. El 17 de marzo, el Gobierno italiano aprobó un paquete de ayudas de 600 millones de euros para su aerolínea de bandera, que lleva en concurso de acreedores desde 2017 y sin encontrar un comprador. A cambio, ha asumido el control del 100% de la aerolínea, que cuenta con unos 11.000 empleados y fue pública hasta 2008. En diciembre ya le había otorgado un préstamo de 400 millones, una cantidad que está siendo investigada por la Comisión Europea como posible ayuda de Estado ilegal, y antes un crédito puente por otros 900 millones de euros.

La situación no es muy distinta más al norte. La compañía de bajo coste Norwegian ha solicitado al Gobierno noruego ayudas por importe de 461 millones de euros, después de haber presentado concurso de acreedores en cuatro de sus filiales en Dinamarca y Suecia. En marzo ya había recibido un primer soporte de 250 millones. Finnair va a recibir del Ejecutivo de Helsinki, que posee el 56% de su capital, préstamos por valor de 600 millones de euros. A la sueca SAS los gobiernos de Suecia y Dinamarca le han concedido 280 millones de euros en préstamos garantizados para hacer frente a los estragos de la pandemia en sus cuentas.

Pese a que inicialmente la prensa británica publicó la existencia de un plan del Gobierno de Boris Johnson para rescatar a sus aerolíneas, que incluía su nacionalización, Londres ha decidido que estudiará cada solicitud de ayuda de forma individual y que la intervención estatal sólo llegará cuando se hayan agotado el resto de las posibilidades. Fuertes críticas ha despertado la petición de rescate hecha pública por el dueño de Virgin, el multimillonario Richard Branson: 500 millones de libras (573 millones de euros). A cambio, Branson ofrecía como colateral una isla de su propiedad en el Caribe.

Participación accionarial del Estado en aerolíneas

En Estados Unidos, el Congreso ha aprobado una paquete de rescate de casi tres billones de euros para empresas y trabajadores afectados por la pandemia. Incluye, además de pagos directos y préstamos en condiciones especiales, la compra de acciones. A cambio, las empresas deberán limitar los sueldos de sus ejecutivos y mantener el 90% de sus plantillas hasta finales de septiembre. Por ejemplo, las compañías de entre 500 y 10.000 trabajadores pueden acceder a préstamos con un tipo de interés del 2% anual y un periodo de carencia de seis meses. Se les han destinado ayudas por importe de 420.000 millones de euros. Pero no les está permitido deslocalizar o subcontratar plantilla hasta dos años después de haber devuelto el dinero, ni recomprar sus acciones o pagar dividendos hasta un año después de haber reembolsado la ayuda. Entregado el Gobierno de Washington al America first, ni las compañías de cruceros ni las energéticas, que tienen sede fuera de Estados Unidos y empleados repartidos por todo el mundo, pueden solicitar las ayudas de Trump.

Sólo en el sector aéreo, el Gobierno federal inyectará 55.400 millones de euros, de los que casi 16.000 millones serán destinados a sostener al gigante Boeing. Se trata de inyecciones de liquidez directa y préstamos federales al 50%, pero con la condición de que el Estado toma a cambio una participación de relevancia en las empresas rescatadas. De esa cantidad total, el Tesoro ya ha desembolsado casi 3.000 millones en préstamos para American Airlines, Delta Airlines y United Airlines. 

Además, hospitales y proveedores de servicios médicos recibirán 162.000 millones de euros, que no tendrán que reembolsar.

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) pagó el 31 de octubre de 2015 a Avalmadrid 206.123,5 euros por el aval concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según la información proporcionada por la propia compañía pública a infoLibre través del Portal de Transparencia, esa cantidad equivale al 50% del préstamo de 400.000 euros afianzados por Avalmadrid, más los intereses devengados en aquel momento. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro.

Cersa actuaba como reavalista, es decir, afianzaba al primer avalista, que era Avalmadrid. Cersa es una sociedad con un 98% de capital público y dependiente del Ministerio de Industria: el 74% de sus acciones son de Patrimonio del Estado y el 24% del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Es la encargada de otorgar el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíprocas que existen en España. Firma cada año un acuerdo con éstas, para reavalar las operaciones, con un importe entre el 35% y el 80%, suscritas con pymes en todo el país. 

Como desveló infoLibre hace tres semanas, lo mismo hizo la Comunidad de Madrid, que en su caso reavaló el 25% de los 400.000 euros de la operación de MC Infortécnica SL. Así que el 3 de marzo de 2016 tuvo que pagar un total de 102.030,55 euros. En 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre suscribió un convenio para complementar los reavales de Cersa.

En definitiva, la pregunta de quién pagó realmente los 400.000 euros que no devolvieron los padres de Ayuso y sus socios en MC Infortécnica SL, tiene la siguiente respuesta a día de hoy:

– 206.123,5 euros los abonó Cersa. Como es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.

– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid. En este caso el dinero salió íntegramente del bolsillo de los madrileños.

– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid (a 31 de diciembre de 2018 controlaba el 26,14% del capital).

En definitiva, el 78% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes. En cifras absolutas 336.758 euros, distribuidos así: 202.001 euros vía Cersa, 102.030 euros directamente a través de la Comunidad y 32.727 euros vía Avalmadrid.

  Improbable que se recupere el dinero

Esas son las cuentas a día de hoy, ¿pero pueden cambiar en el futuro?

MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos, dejó de pagar en diciembre de 2011 el préstamo que le había concedido Caja España gracias al aval de Avalmadrid. Justo cuando debía hacer frente al primer plazo de su devolución. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías madrileña acordó abonar a Caja España el importe impagado, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios de la empresa para solicitar el aval: una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica SL.

Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. Es decir, dos años y medio después de que Cersa cubriera el fallido y dos años después de que lo hiciera la Comunidad de Madrid. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Además, jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa siete de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Isabel Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de la nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

Tanto Cersa como la Comunidad de Madrid tienen derecho a recuperar los importes pagados a Avalmadrid por los fallidos que reafianzan. También el de MC Infortécnica SL. Deben percibir su porcentaje sobre el precio que Avalmadrid obtenga de la venta de los activos que embargue a los morosos. Pero en el caso de MC Infortécnica SL, la sociedad madrileña sólo ha conseguido hacerse con una nave que debería vender para devolver a Cersa y la Comunidad de Madrid sus reavales. Y, aun así, sólo podría reintegrar una mínima parte del dinero pública aportado por ambas.

Así que la respuesta a la pregunta de si puede cambiar la situación en el futuro es la siguiente: es muy improbable. Los avalistas se deshicieron de sus bienes inmuebles y la nave en el pueblo de Ávila tiene escaso valor. Si Avalmadrid consigue venderla, o si termina actuando contra los avalistas solidarios y encuentra algún bien, las cantidades que se ingresen tendrán que repartirse de la siguiente forma: 50% para Cersa, 25% para la Comunidad y 25% para Avalmadrid. 

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa.

  Si no pagaba nóminas, no debió ser reavalada

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa, compareció el pasado martes en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las irregularidades descubiertas en Avalmadrid tras una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. A preguntas de la diputada de Unidas Podemos Soledad Sánchez Maroto, explicó que si una empresa reavalada suspende el pago de las nóminas a su plantilla, Cersa puede negar el abono del reafianzamiento a la sociedad de garantías que la avaló. La compañía pública revisa las operaciones que le presentan, centrándose en la “elegibilidad” de las empresas avaladas, indicó Ana Vizcaíno. Por ejemplo, si resulta que no es en realidad una pyme, o que no es una empresa nueva, o si incumple sus obligaciones con la Seguridad Social, Cersa no paga. Tampoco puede reavalar a empresas en concurso de acreedores o que se encuentren en causa de que un tercero inste el concurso.

Ése fue el caso de MC Infortécnica SL, que dejó de pagar las nóminas de sus 40 empleados en junio de 2011, apenas tres meses después de serle concedido el aval y haber recibido un préstamo de 400.000 euros. En septiembre despidió a la mayor parte de la plantilla. Los trabajadores tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus salarios y reclamar sus indemnizaciones de despido.

Pero para que Cersa pudiera haber negado el abono del 50% del aval, Avalmadrid debería haberle informado de que MC Infortécnica había incumplido sus obligaciones con la plantilla. Está obligada a enviarle un informe sobre cada una de las operaciones reafianzadas que hayan resultado fallidas, según consta en el contrato que firman cada año, y paga el importe de la cobertura establecida “como máximo en el mes siguiente a la fecha de la recepción” de ese documento.

MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitaba a los bancos en 2010 a la búsqueda de financiación. Para ello, preparó un documento con el plan de negocio para los años 2011 a 2014 donde detallaba su plantilla y organigrama, presumía de buenos resultados –casi 149.000 euros de beneficios– e incluso prometía un crecimiento anual del 8%. Entre las razones que sostenían ese optimismo y debían servirle para obtener la confianza de los bancos, el grupo de suministros médicos citaba dos: los acuerdos estratégicos que mantenía con grandes empresas, desde Indra hasta Siemens, pasando por Siemens y Agfa, y un proyecto de I+D que se había hecho merecedor de una subvención del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía. Así consta en documentación interna de la empresa a la que ha tenido acceso infoLibre.

Se trataba de un proyecto cooperativo en el que participaban el Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas Doctor López Ibor y cuatro empresas: además de MC Infortécnica SL, MyD Moldeo y Diseño SL, X-Treme Fitness Equipment SL y Global Health Consulting SL, cuya matriz son los gimnasios Duet. Su denominación, “Espacio Precarv. Tecnologías, protocolos y espacios para la rehabilitación cardiaca de posinfartados”, un sistema para implantar en gimnasios.

El proyecto fue aprobado en el consejo del CDTI el 29 de octubre de 2009, lo que se traducía en una ayuda pública de 2,53 millones de euros sobre un presupuesto total de 3,37 millones, el 75%. A MC Infortécnica SL le correspondió una subvención de 614.179,5 euros del total aprobado de 818.906. De esa cantidad, el 25% era a fondo perdido, 153.544,88 euros. Además, la empresa de los padres de Díaz Ayuso solicitó la Línea de Prefinanciación Bancaria que entonces facilitaba el CDTI para sus proyectos de I+D+i, lo que le permitió pedir al Banco Santander un anticipo de 388.000 euros. Gracias a esa línea, el CDTI bonificó los costes de ese adelanto, el 2% anual de un interés fijado en el euríbor a seis meses menos un punto porcentual.

Pero el proyecto no llegó a ejecutarse. MC Infortécnica SL solicitó dos aplazamientos sin presentar documentación técnica o económica que los justificase, explica a infoLibre el CDTI. De forma que la iniciativa “no alcanzó la etapa de comprobación técnica y de ejecución que realiza el CDTI para confirmar su evolución adecuada”. El centro, por tanto, clasificó el proyecto como “no ejecutado” y no pagó la subvención. El CDTI obliga a las empresas a someterse a “un proceso de seguimiento por hitos y, sin certificación de hitos, no hay desembolsos”, aclara su portavoz. MC Infortécnica SL no llegó a certificar ningún hito.

El fiasco de Espacio Precarv implicaba también que la empresa debía devolver al CDTI los intereses del anticipo concedido por el Santander que le había bonificado. Un total de 11.405 euros, correspondientes a los 17 meses que había durado el malogrado proyecto. Pero MC Infortécnica SL tampoco los pagó, por lo que el CDTI le puso la correspondiente demanda en el juzgado. Sin éxito: “Las acciones legales han resultado infructuosas hasta el momento”, concluye. Es decir, el centro público se suma a Avalmadrid en la lista de acreedores públicos de la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso. La deuda con la sociedad de garantía Avalmadrid ascendía, a 30 de junio de 2019, a 270.000 euros. Y los intereses de demora hacen que siga aumentando mes a mes.

La ficción del plan de negocios

Pese a su escaso recorrido, MC Infortécnica incluyó el proyecto Espacio Precarv en su solicitud de garantía financiera a Avalmadrid, según consta en un correo electrónico que la empresa envió a la entidad semipública en diciembre de 2010 y al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, en el expediente del aval, la sociedad de garantías precisa que, en su evaluación, “no se ha tenido en cuenta la operación de Santander al tratarse de un anticipo CDTI”. La empresa proporciona a la sociedad de garantías la cifra de 863.000 euros como total de la subvención, 44.000 euros más de los realmente aprobados.

Cuando se presentaban a los bancos, los gestores de MC Infortécnica SL adornaban los números un poco más. En su plan de negocios 2011-2014 aseguraban que la subvención ascendía a un millón de euros, que iban a cobrar “a finales de 2011”, y anunciaban que la segunda fase del proyecto ya se “estaba iniciando”, lo que le permitiría solicitar otro millón de euros “en las mismas condiciones” para marzo de 2013. El CDTI precisa, en cambio, que ni esta empresa ni ninguna de las otras tres de Espacio Precarv pidieron ayudas para un “proyecto continuador” del que incumplieron.

Finalmente, la realidad desmintió algo más que las cifras del plan de negocios. Gracias a la garantía de Avalmadrid, concedida con fecha del 15 de marzo de 2011, la empresa de los padres de Díaz Ayuso consiguió un préstamo de 400.000 euros de Caja España. Sin embargo, sólo tres meses después, en junio, dejó de pagar las nóminas dejó de pagar las nóminasde sus trabajadores. En septiembre despidió a casi toda su plantilla y entró en quiebra. El 15 de diciembre, la fecha fijada, no devolvió el primer plazo de la garantía a Avalmadrid. Tampoco solicitó el concurso de acreedores ni consta como empresa liquidada. El 27 de junio de 2018 la Agencia Tributaria le revocó el NIF.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dictado un auto este viernes en el que exige el "cese inmediato" de las reclamaciones de pago por créditos de iDental, después de tener constancia de que bancos y empresas de recobro están exigiendo a los perjudicados por la estafa que salden sus deudas.

Se trata del segundo apercibimiento que realiza el juez, que ya dictó como medida cautelar el pasado 5 de diciembre la suspensión de todas las reclamaciones judiciales que se hubieran formulado para un total de diez entidades financieras por los contratos de crédito vinculados a tratamientos odontológicos en las clínicas iDental.

De la Mata, insiste en que la medida cautelar sigue vigente y dirige el apercibimiento tanto a entidades financieras como a aquellas que han comprado paquetes de deuda a las prestamistas originales y que ahora están reclamando a los pacientes el pago de la misma.

Así, la medida continúa afectando a Sabadell Consumer Finance, Banco Cooperativo Español, Evo Financie, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem, Banco Pichincha, Uno-E Bank, BBVA Consumer Finance, Finanmadrid SAU Peper EFC, Montjuic EFC y otras a fin de que cesen en las reclamaciones en caso de que contra el auto anterior, las hubieran reanudado.

En cuanto a las empresas que han comprado los créditos a los prestamistas originales, señala a Link Finanzas SLU, LC Asset 1 Sarl y Hoist Finance Spain para que al igual que "aquellas otras entidades de crédito, finanzas o de cualquier otra ídole o naturaleza que hayan adquirido u obtenido la titularidad por cualqueir título razón o precio de aquellos contratos de crédito", cesen en la reclamación.

Además, requiere a estas entidades para que se abstengan de incluir en los ficheros de morosos a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos y que procedan a retirar de estos registros de información patrimonial a aquellas personas a las que hubieran inscrito por impago de estos créditos.

La resolución incide en que tanto los perjudicados de la causa como quienes aún no se hayan personado y estén siendo afectados por las reclamaciones pueden comunicarlo al juzgado para que se adopten las medidas necesarias de cara a la efectividad de este apercibimiento.

Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde le pide que abra diligencias y ejercite acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid, por los delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal. El partido que encabeza Íñigo Errejón solicita así que se nombre un fiscal especial para dirigir la investigación sobre las irregularidades en la concesión de avales que ya fueron descubiertas por el Banco de España en su inspección a Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad de Madrid, así como sobre el trato de favor dispensado por esta firma semipública a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado infoLibre.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el delito de alzamiento de bienes lo pueden haber cometido no sólo Díaz Ayuso, sino también sus progenitores y los otros tres matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos que consiguió un aval de 400.000 euros para pedir un préstamo a Caja España. Nunca lo devolvió y Avalmadrid tampoco reclamó después los bienes personales que los socios pusieron de garantía, por lo que éstos aprovecharon para donarlos a sus hijos –la presidenta de la Comunidad madrileña y su hermano– o transmitirlos a terceros e impedir así que les fueran embargados para cubrir la deuda.

El escrito aprecia la existencia de “indicios muy consistentes” de la “clara voluntad de perjuicio” a Avalmadrid por parte de los socios de MC Infortécnica, mediante un “plan orquestado”. De hecho, destaca Más Madrid que si bien las primeras transmisiones de estos bienes se realizaron en 2011, “el delito no se perfecciona hasta el último hecho de alzamiento”, que se produjo en 2016, cuando se terminó de vender el último inmueble. También cometen el delito de alzamiento de bienes quienes, como Díaz Ayuso y su hermano, aceptan la donación que puso fuera del alcance de Avalmadrid los bienes utilizados como garantía. En este caso se trató de dos pisos situados en Madrid y en Sotillo de la Adrada (Ávila), respectivamente. Además, destaca la denuncia, la participación de Isabel Díaz Ayuso en el delito sería aún mayor porque la información “privilegiada y confidencial” que obtuvo en razón de su pertenencia al PP permitió a sus padres “adelantarse al resto de los socios” en la desaparición de los bienes personales en juego y hacerlo con los propios “en menos de cuatro meses”.

Precisamente por haber obtenido esa información confidencial “prevaliéndose de sus relaciones personales”, apunta Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso también puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. La hoy presidenta de la Comunidad madrileña solicitó a un directivo de Avalmadrid datos sobre la solvencia, facturación y clientes de las empresas de los socios de sus padres, una información protegida por el deber de confidencialidad, señala el escrito. El contacto del directivo se lo había facilitado a Díaz Ayuso previamente Eva Piera Rojo, entonces viceconsejera de Economía y miembro del consejo de administración de Avalmadrid. Y lo hizo sólo un día antes de que la primera fuera nombrada diputada de la Asamblea de Madrid. Hasta ese momento era la responsable de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

En contra de la opinión del analista de riesgos

Respecto al trato de favor, la denuncia apunta también hacia los directivos y altos cargos de la entidad que primero concedieron el aval a MC Infortécnica SL y luego fueron negligentes en el proceso de recuperación de la deuda. Así, relata Más Madrid, el aval fue aprobado a pesar de la cautela expresada por el analista de riesgos, quien advirtió al entonces director general, Juan Luis Fernández Rubíes, de que el valor de tasación del inmueble utilizado como garantía –la nave de Sotillo de la Adrada– era “manifiestamente inferior al importe del crédito solicitado” por la empresa. Además, le avisó de que la nave podía ser demolida. Pese a ello, Fernández Rubíes le contestó en un correo electrónico con un lacónico y explícito “Ok. Adelante”. La operación se firmó en marzo de 2011. La empresa no llegó a pagar ni el primer plazo de devolución, fijado para el mes de noviembre de ese año. Pero, como queda dicho, Avalmadrid no ejerció acción alguna para hacerse con los bienes utilizados como garantía.

Pese a que su comité de morosidad decidió en abril de 2012 y, de nuevo, en noviembre de ese año cancelar el préstamo y ejecutar la citada nave y los bienes personales de los socios, Avalmadrid no movió un dedo, pese a que sus propias normas le obligan a actuar en un plazo de 15 días. En realidad, tardó siete meses en encargar a Cobralia, su empresa de recobro, que reclamara el inmueble en el juzgado. Casi tres años después, en 2015, Avalmadrid no respondió cuando Cobralia le preguntó si actuaba contra los socios de MC Infortécnica SL. Y no fue hasta abril de 2018 cuando el juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid. Mientras, los otros tres matrimonios habían vendido ya sus inmuebles a familiares y terceros, relata la denuncia.

Para Más Madrid, los directivos de la sociedad de garantías favorecieron a unos acreedores frente a otros y mostraron un “temerario desprecio” por sus propios protocolos internos, “desoyendo a los órganos de control de la morosidad, incumpliendo los plazos de judicialización de la deuda y no colaborando en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.

Pregunta al Servicio Vasco de Salud

Es más, el partido destaca que Avalmadrid no contestó ni reaccionó a los burofaxes que uno de sus diputados, Eduardo Gutiérrez, envió tanto a la presidenta, Rosario Rey, como al director general, Pedro Embid, instándoles a emprender acciones legales para recuperar la deuda. De ahí que considere a los responsables de Avalmadrid culpables de un delito de administración desleal, tras recordar que el trato de favor a empresas vinculadas a su cúpula ya ha sido descubierto por el Banco de España e incluso por la propiedad sociedad de garantías en una denuncia ante la Fiscalía que ésta archivó por considerar prescritas las operaciones.

La denuncia de Más Madrid también pide a la Fiscalía Anticorrupción que pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo de 400.000 euros que quería solicitar a Caja España. El partido quiere comprobar así si ha existido o no una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval. Además, hace una segunda petición: que solicite a Telecinco la grabación de la entrevista que le concedió Isabel Díaz Ayuso el pasado 26 de agosto, donde “reconoció tanto el posible tráfico de influencias como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito”, sostienen los denunciantes.

Finalmente, Más Madrid resalta el carácter público de la sociedad de garantías madrileña, rechazado por el PP, asegurando que entre la Comunidad de Madrid y Bankia –propiedad del FROB en un 61,7%– poseen seis de los 10 miembros del consejo de administración, así como un 80% del capital si se excluyen las acciones en manos de los socios partícipes. Éstos son los clientes de Avalmadrid, los empresarios y autónomos que deben adquirirlas cuando consiguen un aval y cuyo número e identidad varían según son afianzados o cancelan su deuda. Incluidos los partícipes, la Comunidad de Madrid cuenta con un 26,1% del capital y Bankia, con un 25,3%. Pero llegaron a tener el 31% y 30,1%%, respectivamente, en 2013.

El 2 de marzo de 2011 Avalmadrid aprueba la concesión de un aval por importe de 400.000 euros a la empresa MC Infortécnica SL, cuya propiedad se repartían los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con otros tres matrimonios. Con el aval, Caja España otorgó un préstamo de esa cuantía a la sociedad, que se dedicaba al suministro de instrumental médico. Debía devolverlo en 36 meses, a partir del 15 de diciembre de ese  mismo año.

No lo hizo, pero Avalmadrid tampoco se esmeró mucho en intentar recuperar el dinero, como ha publicado infoLibre. Nunca ejecutó los bienes personales de los cuatro matrimonios socios. Por el contrario, permitió que éstos los hicieran desaparecer. En concreto, Díaz Ayuso aceptó la donación que sus padres le hicieron de un piso en el centro de Madrid que se había usado para garantizar el préstamo: un delito de alzamiento de bienes.

Avalmadrid concede avales financieros y técnicos a pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. El de MC Infortécnica SL era de los primeros, aquéllos en los que una entidad financiera aporta el dinero para un préstamo. Los segundos son los necesarios para presentarse a concursos públicos u obtener subvenciones, por ejemplo. En 2011, año en el que se aprobó el aval a la empresa de los padres de Ayuso, la sociedad de garantía recíproca madrileña formalizó un total de 1.786 avales, de los cuales 920 eran financieros, según el informe anual de ese ejercicio. El importe medio de estos últimos fue de 132.000 euros. Para los técnicos, la cuantía media fue inferior, 52.000.

Es decir, el préstamo concedido a MC Infortécnica SL triplica el aval medio formalizado ese año. Es más, sólo el 8,27% de los avales vivos por entonces –todos los de otros ejercicios que permanecían sin cancelar, sumados a los firmados en 2011– superaba los 300.000 euros: 597 de un volumen total de 7.212.

En 2018, el último año del que existen cifras, Avalmadrid cerró 1.672 avales, un 6,4% menos que en 2011, de los que fueron financieros 944, una cifra similar a la de siete ejercicios atrás. Pero su importe medio ha encogido notablemente, hasta situarse en sólo 58.000 euros, menos de la mitad que en 2011. Para los avales técnicos también se redujo la cuantía media: 29.900 euros. De forma que las operaciones por encima de los 300.000 euros sólo representan ahora el 3,9% de los avales vivos a 31 de diciembre de 2018.

Medidos por su importe, si en 2011, los avales superiores a 300.000 euros equivalían al 54,5% de la cuantía concedida, siete años más tarde sólo representan el 29,8%. En ese plazo de tiempo, la cartera de avales por importe ha disminuido la nada despreciable cifra un 42,3%, pero aún más lo ha hecho el volumen de las operaciones por encima de los 300.000 euros, un 68,5%.

Cambio de política de riesgos en 2014

Uno de los motivos de esta reducción del montante avalado por operación estriba en el cambio de la política de riesgos a que se vio abocada Avalmadrid tras la inspección a que la sometió el Banco de España en 2012.

El organismo supervisor exigió a la sociedad de garantías madrileña que mejorara sus procedimientos e implantara una nueva política de control de riesgo, unos requerimientos que Avalmadrid tardó casi dos años en aplicar, como subraya el Banco de España en el expediente que le abrió en 2018. Sólo a partir de 2014 limitó a un millón de euros el importe máximo que podía conceder por operación. Pero en 2011 aún el 1,7% de los avales superaban esa cantidad y suponían nada menos que el 30,6% de los riesgos en vigor a esa fecha, según el informe que los inspectores del Banco de España redactaron entonces.

De ellos, además, una buena parte, que sumaba 78,4 millones de euros, carecían del preceptivo reaval. El concedido a la empresa de los padres de Ayuso sí fue refianzado, por Cersa –una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíproca españolas– y por la Comunidad de Madrid.

Como Cersa sólo ofrece una cobertura parcial, Avalmadrid la completa con el convenio de refianzamiento que firmó en octubre de 2011 con el Gobierno regional  y que le permite reavalar hasta un 75% de sus operaciones.

Así, entre Cersa y la Comunidad madrileña, el reaval concedido a Avalmadrid para cubrir un posible impago del préstamo de MC Infortécnica ascendió a 308.154 euros, según los datos de Avalmadrid conocidos por infoLibre. De esa cantidad, 206.123 euros corresponden a Cersa y los 102.030 euros restantes, a la Comunidad de Madrid. Es decir, una parte significativa del préstamo que dejaron impagado los padres de Ayuso puede terminar pagándola el Gobierno que ahora preside Ayuso.

A 30 de junio de 2019, la deuda viva que la empresa de los padres de Ayuso mantiene con Avalmadrid era de 270.000 euros.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso]

La sociedad de garantía recíproca Avalmadrid se encuentra descabezada mientras acapara titulares que exponen el trato de favor que han recibido algunas de las empresas que recibieron sus avales, así como las deficiencias de control en la gestión de riesgos.

Su presidenta, Rosario Rey García, cesó en el cargo el pasado 29 de agosto al ser destituida como directora general de Economía una vez tomó posesión el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Economía está ahora en manos de Ciudadanos, que ha expresado ya su apoyo a la comisión de investigación sobre Avalmadrid que los grupos de la izquierda promueven en la Asamblea regional. Y es a través de esa consejería como la Comunidad de Madrid posee el 26% del capital de la sociedad de garantía recíproca, lo que le da derecho a nombrar a su presidente.

El caso es que el consejo de administración ya había destituido en julio al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, nombrado apenas 14 meses antes. Según explican a infoLibre fuentes relacionadas con el caso, el consejo prescindió de él porque se negaba a apoyar la demanda que Rosario Rey interpuso ante la Fiscalía de Madrid el pasado mes de abril por las irregularidades cometidas en la concesión de avales a empresas de los expresidentes de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de CEIM Arturo Fernández, así como otra propiedad del consejero Patricio Rodríguez-Carmona, de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Las mismas fuentes atribuyen la oposición de Embid a su amistad con Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos y una de las personas a las que la denuncia identifica como responsables de posibles delitos. Pese a que el cese se decidió en julio, en agosto Embid aún continuaba en su puesto, aseguran las mismas fuentes.

Aunque la Fiscalía archivó la demanda presentada por la propia sociedad contra 15 de sus exconsejeros y directivos al considerar prescritos los posibles delitos cometidos, Avalmadrid se encuentra pendiente aún del expediente que le ha abierto el Banco de España. Debería quedar cerrado antes de terminar este año. Sus inspectores piden sanciones para 16 personas, entre consejeros y directivos de la sociedad de garantías. También para la propia Avalmadrid –la más elevada, 100.00 euros– y la Consejería de Economía –50.000 euros–. En total, 667.000 euros por unas negligencias que califica como infracciones graves.

Los consejeros y directivos implicados en la concesión sospechosa de avales o responsables de haber eludido los controles debidos en su seguimiento y en el recobro de los morosos y fallidos pertenecen tanto a la cúpula actual como a equipos anteriores. Las operaciones investigadas por el Banco de España fueron firmadas entre 2008 y 2016.

Ésta es la cúpula actual:

Fernando de la Fuente Gómez. Es el director de Administración y Finanzas. Tiene 46 años y ha desarrollado toda su carrera en Avalmadrid, donde ingresó en 1998 como analista de riesgos. Tras ascender a responsable de control de gestión en 2002, desde 2009 es el responsable financiero. Según las fuentes consultadas por este periódico, De la Fuente es la persona que de verdad ejerce el poder ejecutivo en Avalmadrid. Incluso, aseguran, por encima de los sucesivos directores generales que ha tenido la sociedad.

Juan Antonio Chorro García. Juan Antonio Chorro García.Entró en Avalmadrid al mismo tiempo que De la Fuente, de quien es “amigo y colaborador”, apuntan las mismas fuentes a infoLibre. Ha sido director de Riesgos hasta que el consejo de administración le consideró responsable de la concesión negligente de avales al Grupo Cantoblanco –propiedad de Arturo Fernández– y a The Tie Gallery, de la que era administrador único y socio al 33% el consejero de Avalmadrid Patricio Rodríguez-Carmona. Desde ese momento ha sido degradado a subdirector comercial, pero no despedidodegradado.

Pedro Rodríguez Martín.Pedro Rodríguez Martín Responsable de Calidad, Líneas Bonificadas y Gestión de Bienes Adjudicados, es el marido de Isabel Gallego, exjefa de prensa de Esperanza Aguirre e imputada en la operación Púnica. Además, como publicó este periódico, Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Gallego, y suegro de Pedro Rodríguez, un estudio en el céntrico barrio madrileño de Chueca que había embargado, y lo hizo por sólo 30.000 euros, un 63% por debajo del precio de mercado. Avalmadrid perdió con la operación 57.000 euros. Rodríguez Martín entró en 2006 como administrativoen Avalmadrid, donde desde julio de 2017 ejerce, además, como presidente del comité de empresa. Fue elegido en las listas del sindicato CSIT, que cuenta con tres de los cinco miembros del comité. Los otros dos pertenecen a CCOO.

Mar Escudero Madariaga. Directora de la Asesoría Jurídica Institucional, ejerce como mano derecha de Rosario Rey. Es hija de María del Carmen de Madariaga Alonso, secretaria del Departamento de Asuntos Económicos de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), socio protector de Avalmadrid.

Ana Suárez Rotellar. Adjunta a la dirección comercial y responsable de Comunicación. Es sobrina de José María RotellarJosé María Rotellar, expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y abril de 2015. Encabezó la sociedad de garantías en virtud de su cargo como viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Esperanza Aguirre, al que se incorporó como director general de Estadística. El Banco de España pide para él una sanción de 18.000 euros, mientras que en su denuncia a la Fiscalía, la propia Avalmadrid le consideró responsable de la concesión irregular de un aval a Casbar, empresa de la que era socio José Miguel Guerrero Sedano, al mismo tiempo consejero de la sociedad de garantía madrileña.

El directivo de más reciente incorporación es Rodolfo Felipe Gómez, quien ocupa desde septiembre de 2018 un cargo de nueva creación: director de Control de Riesgos y Cumplimiento. Felipe Gómez procede del Banco Santander, donde trabajó durante 13 años como responsable de control de riesgos.

Además, en la demanda de la Fiscalía y el expediente del Banco de España aparecen estos nombres:

Juan Manuel Santos-Suárez Márquez. Consejero y presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, cuando se cometieron la mayor parte de las irregularidades denunciadas, incluida la concesión y no recobro del aval a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Abel Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes había sido viceconsejero de Hacienda del segundo Gobierno de Esperanza Aguirre y viceconsejero de Modernización y Calidad de los Servicios del primero. Cuando abandonó Avalmadrid pasó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde permanece aún como consejero. De hecho, es su consejero más antiguo. La demanda ante la Fiscalía le hacía responsable de las irregularidades cometidas en las cinco operaciones sospechosas denunciadas.

Aurelio García de Sola y Arriaga. Fue consejero de Avalmadrid en su calidad de director general de Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo) entre 2005 y 2010. Acaba de ser imputado por el juez Manuel García Castellón en el caso Púnica caso Púnica: el Imade fue una de las instituciones utilizadas por Esperanza Aguirre para recaudar dinero destinado a las campañas electorales del PP, asegura el magistrado. Además, el informe enviado a la Fiscalía considera responsable a García de Sola del aval concedido a Rural Tours y Trapsa, las empresas de Díaz Ferrán denunciadas. Tras dejar el Imade, se convirtió en presidente de Madrid Network, otra entidad bajo sospecha de dar avales a personas vinculadas al PP y en la que trabajó Isabel Díaz Ayuso. Con García de Sola también trabajó, pero en Imade, la última presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey. Allí permaneció durante 10 años, como directora de Infraestructuras y directora de Innovación Territorial.

Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo. Director general de Avalmadrid de 2004 a 2016, el Banco de España pide para él una sanción de 45.000 euros. Mucho antes, en 1992, Fernández-Rubíes fue nombrado director general de Cesgar, la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca. No hacía ni cuatro años que había terminado la carrera de Derecho y para entonces sólo había trabajado como abogado dos años en un despacho y otro más como consultor en una empresa, según el currículo que él mismo ha colgado en la red Linkedin. Pero permaneció como director general de la patronal de las sociedades de garantías durante siete años, hasta 1999. Avalmadrid le implica en las irregularidades cometidas en las cinco operaciones que denunció a la Fiscalía. Fue destituido por Rosario Rey en abril de 2016. Desde entonces figura en el comité de dirección de IDCars, una empresa que vende soluciones tecnológicas al sector del automóvil.

El informe enviado a la Fiscalía también señala a otros directivos de la época en que Santos-Suárez ejerció la presidencia de Avalmadrid. José Alejandro Gómez Vivas fue director de Operaciones desde 2009. Borja Cubillo Santamaría, director comercial desde 2008. E Isabel Parga Raventós, jefa de Seguimiento de Riesgos desde 2009.

[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso].