La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento y archivo de la causa contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la compañía sevillana Manuel Sánchez Ortega por presuntos delitos societarios y de falsedad en la inversión de capital.

En el auto, consultado por EFE, la sección cuarta de la sala de lo Penal desestima el recurso de las acusaciones particulares y confirma el criterio del juez Ismael Moreno, que el pasado julio ya decretó el sobreseimiento provisional de la querella al no apreciar indicios de delito tras las pruebas practicadas en la investigación.

Las diligencias se instruyeron para averiguar si las cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su situación con anterioridad a su colapso financiero, que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de preconcurso, "eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía".

El auto de la sección cuarta, del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, rechaza las peticiones de las acusaciones particulares "ante los contundentes dictámenes" de los peritos acerca de que las cuentas de Abengoa "reflejaban la exactitud e imagen fiel de la sociedad mercantil".

Así pues, no puede apreciarse "ningún delito de falseamiento en las cuentas". De hecho, prosigue el documento, las cuentas muestran "la exactitud y la imagen fiel del grupo de empresas, sin necesidad de inútiles e innecesarias diligencias complementarias de ratificación de dichos dictámenes".

La sala también descarta que el archivo provisional se haya basado en una sola prueba, ya que, a lo largo de los años de instrucción, "se han practicado otras muchas, de naturaleza personal (declaraciones de inculpados, testificales y periciales) y documental".

Todas ellas, prosigue, "han venido a converger" en el auto del juez instructor.

En su exposición, la sección cuarta de la sala de lo Penal insiste en que "la determinación mostrada por los peritos judiciales" les hace que no puedan concebir, "ni siquiera indiciariamente, caracteres supuestamente delictivos a las conductas de los querellados".

A través de sus redes sociales y de su página web, el expresidente de Abengoa ha celebrado la decisión de la sala.

Esta llega "después de 10 años, desde que me echaron de Abengoa por imposición de Banco Santander (según sentencia de la Audiencia Nacional 1/2018) en plena ampliación de capital y en una maniobra que mató Abengoa, y tras una investigación exhaustiva de las cuentas, por una querella presentada con la sola intención de destruirme (...)", ha escrito Benjumea.

En 2018, la Audiencia Nacional ya absolvió a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para Benjumea, tras descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.

Durante el juicio, la defensa del expresidente de Abengoa insistió en que su marcha se produjo como imposición de los bancos aseguradores de la fallida ampliación de capital.

Por su parte, la de Sánchez Ortega sostuvo que los 4,5 millones de euros que el ex consejero delegado de la compañía recibió eran una "contraprestación por no competencia impuesta en defensa de la propia sociedad" que estaba "bien" cuando la abandonó.

Argumentos que aceptó la sala, la cual sostuvo en su sentencia que en el momento de la firma de los contratos, el endeudamiento de Abengoa era "estable", y que la crisis se "aceleró" por la reacción del mercado ante la sucesiva salida de sus dos máximos ejecutivos, la repercusión de la ampliación, los retrasos en su negociación y las condiciones de los bancos.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado este lunes el "compromiso firme" de las administraciones central y autonómica de "salvar Abengoa", apelando a la necesidad de delimitar lo que se quiere recuperar dentro de la multinacional: "Claramente, el negocio de las empresas que tienen carga de trabajo" dentro del complejo conglomerado que conforma Abengoa, informa Europa Press.

Este ha sido el resultado de la reunión mantenida en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) entre la ministra, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en funciones de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; el, viceconsejero de Presidencia en funciones, Antonio Sanz, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con la presencia del administrador concursal de Abengoa.

Las partes han acordado la creación de un grupo de trabajo "técnico" desde este próximo martes, "conscientes de que hay poco tiempo" para conseguir "reflotar" Abengoa de la "delicada" situación en la que se encuentra.

La decisión adoptada es la de hacer "ajustes" al plan de viabilidad presentado por la compañía y rechazado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la semana pasada con el fin de "acotar el perímetro" de aquellas firmas del entramado empresarial que se pueden "salvar" mediante instrumentos públicos y privados, en palabras de Maroto.

La ministra ha señalado que el plan de viabilidad deberá determinar qué es lo que se quiere salvar de Abengoa. "Claramente, el negocio de las que tienen carga de trabajo", ha apuntado. En este punto, se ha referido a las 27 filiales que están en preconcurso y que son el "corazón" de la empresa. "Son a las que debemos dar soluciones", ha apostillado.

El consejero Velasco, por su parte, ha remacardo el "compromiso firme" de la junta de "contribuir a que Abengoa salga del bache". Mientras, el alcalde ha reconocido que la reunión "tenía que salir bien y ha salido bien".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa con un importe total de 140.000 euros al antiguo consejo de administración de Abenewco1, filial dela multinacional española Abengoa, por no remitir al supervisor ni difundir en plazo los resultados de la empresa correspondientes al ejercicio de 2019.

En una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV señala que ha acordado imponer a Gonzalo Urquijo, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Ramón Sotomayor, Pilar Cavero y Josep Piqué una multa de 20.000 euros a cada uno por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 282.2, en relación con el artículo 118, ambos de la Ley del Mercado de Valores. En concreto, se trata de una infracción por la no remisión a la CNMV y difusión pública, en plazo, del informe financiero anual individual y consolidado de 2019 de Abengoa.

Estas sanciones son firmes en vía administrativa, siendo susceptibles de revisión jurisdiccional por la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado Abengoa II, Ismael Moreno, ha dado luz verde a la operación de la UCO de la Guardia Civil que registra la sede de la multinacional este martes. Pero la tumultuosa relación de Abengoa con la Audiencia Nacional viene de lejos y ha contado con capítulos que han finalizado bien para la directiva de la empresa, como la sentencia absolutoria de 2018 por el cobro de indemnizaciones millonarias de la cúpula, según recoge Europa Press.

Esa resolución se produjo en enero de 2018, cuando los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal absolvieron a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega de cerca de 11,5 millones en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo.

La Sala señaló que se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana. Además dijeron que no quedó acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2018 fueran elaborados para favorecer "improcedentemente" al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número dos, puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.

La sentencia fue contraria entonces al criterio del Ministerio Público, que solicitó cinco años de cárcel para Benjumea, cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado y cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal.

Pero en paralelo a esa instrucción, la Audiencia Nacional abrió un nuevo frente contra Abengoa, y el magistrado Moreno encausó de nuevo a Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en Abengoa IIAbengoa II.

Esta nueva vía de investigación por la estafa a inversores de Abengoa recibió un impulso importante en 2019 con la personación en el proceso de la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsables de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos.

Esta demanda por falsedad contable y estafa de inversores se interpuso en marzo de 2016 después de que la instructora de la causa sobre indemnizaciones millonarias, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, rechazara ampliar su investigación a un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional, al entender que no había conexidad entre ambos hechos.

Así, se presentó una segunda querella por parte de la Plataforma de Afectados por presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración como contra Benjumea y Sánchez Ortega.

El registro en Sevilla

Ahora, cinco años después, la causa sigue viva, y prueba de ello son los registros en la sede de Sevilla. Si bien la causa permanece secreta, se ha podido conocer por fuentes fiscales que no se espera que haya detenidos y que quien está detrás de la orden de entrada es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno.

Abengoa se declaró el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración. A mediados de marzo, la multinacional sevillana solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la empresa presentó a la SEPI una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros.

La concesión de la ayuda queda pendiente de que la SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos de due diligence, los cuales se realizarán de conformidad y en los plazos previstos en la normativa de aplicación y hasta la resolución definitiva de la solicitud presentada.

La Guardia Civil registra desde primera hora de este martes la sede de Abengoa en Sevilla por orden de la fiscalía de la Audiencia Nacional en una causa declarada secretra relacionada con delitos societarios y contra el mercado y los consumidores, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Un equipo de 20 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha accedido este martes a las instalaciones centrales de la multinacional sevillana, declarada el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración.

Los guardia civiles, que han sido trasladados desde Madrid, han entrado por orden judicial en las oficinas centrales que se sitúan en el Campus de Palmas Altas de Sevilla. Según recoge el Diario de Sevilla, nada más entrar en la sede, los agentes han pedido a los trabajadores que no toquen ni los ordenadores ni nada de sus mesas y que pongan cada uno sobre estas su Documento Nacional de Identidad. 

El diario sevillano ha informado además de que los primeros registros se centran en los departamentos de contabilidad y administración, según testigos presenciales. La Benemérita tiene ocupado todo el Edificio D, donde se encuentra la dirección general de la compañía, Contabilidad, Auditoría, Administración, la Asesoría Jurídica y Simosa IT, la filial responsable de todo el sistema informático del grupo Abengoa.

Ismael Moreno, juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso por el AVE a La Meca, es quien dirige esta causa abierta contra la empresa —especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua—, sus antiguos directivos y auditores. Moreno ya tenía abiertas varias líneas de investigación que afectaban a esta multinacional andaluza. Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han señalado que no prevén que se practiquen detenciones.

Un grupo de accionistas presentó hace años una querella por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. En 2016, Abengoa se enfrentó a un proceso de relevo en la cúpula de la entidad, accediendo ya a finales de noviembre de ese año Gonzalo Urquijo a la presidencia, que estuvo encabezada entre 1991 y septiembre de 2015 por Felipe Benjumea.

Abengoa ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores debido a que no ha logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.

Así lo ha notificado la firma sevillana en un comunicado, recogido por Europa Press, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ha afirmado que la decisión es "la más adecuada para salvaguardar los intereses de la sociedad y de todos los acreedores".

Hasta el pasado 19 de febrero, se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía.

El consejo de administración de la empresa ha señalado que cada vez existen "mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas".

En este sentido, ha subrayado su compromiso de "buscar alternativas" que eviten la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor.

Para dicho objetivo, Abengoa ha solicitado "a todos aquellos que tienen interés en la sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos".

El consejo de administración de la compañía informó este mismo lunes que se iba a reunir de forma inmediata al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto, de modo que la operación de financiación no puede ser ya ejecutada.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

El ministro de Asuntos Exteriores, para la UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este jueves en que no dimitirá tras ser sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la venta de acciones de Abengoa.

"Si he renunciado a recurrir (la sanción) por mi condición de ministro, no tendría mucha lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera de ministro", ha asegurado a su llegada una conferencia en Madrid organizada por las Cámaras de Comercio de España y del Reino Unido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores anunció una sanción de 30.000 euros al jefe de la diplomacia española por usar información privilegiada en la venta de acciones de la compañía Abengoa, de la que era consejero.

Por su parte, Moncloa ha mostrado su respaldo a Borrell y con el pago de la multa da por cerrado el caso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ignorar que su ministro de Exteriores, Josep Borrell, hizo uso de “información privilegiada” cuando vendió 10.000 acciones de Abengoa por valor de 9.030 euros apenas unas horas antes de que la empresa, de la que en aquel entonces era consejero, fuese declarada en suspensión de pagos y perdiese buena parte de su valor en bolsa.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2015, dos años y medio antes de la llegada de Borrell al ministerio, y en el momento de su nombramiento eran bien conocidos por el presidente del Gobierno. No sólo eso: Sánchez era consciente desde hace meses de que el ministro iba a ser castigado inevitablemente por la venta de acciones desde el momento en el que renunció a recurrir la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMMV). El Gobierno hace tiempo que dio por descontado tanto el problema de credibilidad del ministro como sus explicaciones, que tanto Sánchez como sus compañeros de gabinete han dado siempre por buenas.

La decisión de la CNMV, publicada este martes por el Boletín Oficial del Estado, califica la actuación de Borrell de “infracción muy grave” de la Ley del Mercado de Valores, asegura que vendió las acciones “disponiendo de información privilegiada” y le multa con 30.000 euros.multa Lo hace después de declarar firme en vía administrativa la sanción, impuesta el pasado 27 de septiembre.

Pese a ello, el ministro siempre ha negado haber hecho uso de “información privilegiada”. Su principal argumento —que la CNMV no ha tenido en cuenta— es que si hubiera querido beneficiarse no hubiese vendido apenas una pequeña parte de sus acciones de Abengoa —el 8%, según su versión— y en consecuencia tampoco hubiese perdido el 92% de la cartera de valores que poseía en la empresa, especializada en energía y medioambiente, y de cuyo consejo de administración fue miembro entre los años 2010 y 2016.

“Si yo hubiera tenido información privilegiada”, señaló en el Senado el 23 de octubre en respuesta a una pregunta del PP, “no hubiera sufrido las cuantiosas pérdidas que sufrí como accionista de Abengoa. No tiene ninguna lógica”. Las acciones, según la versión del ministro, pertenecían a la cartera de un familiar que gestionaba él.

En aquella sesión de la Cámara alta, Borrell ya dio por hecho que sería multado porque no le parecía correcto recurrir la sanción del CNMV ante el Ministerio de Economía porque comparte con su titular, Nadia Calviño, asiento en el Consejo de Ministros. “No me parece, siendo parte de un Gobierno, políticamente correcto recurrir ante otro ministro porque puede ser presentado como un conflicto de intereses”. Según el titular de Exteriores, asume su “responsabilidad política” al renunciar a la posibilidad de recurrir y aceptar tener que pagar una multa.

Presentar ese recurso ante el Ministerio de Economía era imprescindible para poder plantear después la cuestión en los tribunales, por lo que su renuncia implicó dar definitivamente por zanjado el asunto asumiendo la decisión de la CNMV.

Pero aunque el ministro admite que aquella operación “no fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar”, insiste en negar la acusación de haber hecho uso de información privilegiada.

Fuentes próximas al ministro citadas por Europa Press confirmaron que Borrell se limitará a pagar la sanción y dar por cerrado el asunto abonando una suma muy superior a la operación de 2015 que está en el origen del expediente.

Borrell llegó al consejo de Abengoa después de haber sido eurodiputado entre 2004 y 2009. Su presencia en el órgano de gobierno de la multinacional, con una fuerte actividad en el mercado de las energías renovables, coincidió con la crisis de la empresa, afectada por una deuda millonaria.

El juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional abrió una causa por las indemnizaciones millonarias que cobraron los dos máximos responsables de la empresa en plena suspensión de pagos pero finalmente acordó, en marzo de 2017, no citar como investigados ni a Borrell ni al resto de miembros del antiguo consejo de administración de Abengoa.

Borrell es una pieza esencial del Gobierno de Sánchez, no sólo por su experiencia internacional sino, sobre todo, por su perfil antagónico con el independentismo catalán, que sirve de contrapunto a la normalización de relaciones con la Generalitat impulsada por el presidente.

El cierre de filas en torno al ministro no sufrió fisuras. El Gobierno asume, como explicó Borrell en el Senado, que se trata de “un problema de menor cuantía” que “sólo puede constituir una falta administrativa” y que, de acuerdo con la legislación española, “no afecta a la idoneidad para ejercer una función ministerial”.

Respaldo del Gobierno

Fuentes de la Moncloa dejaron claro el respaldo absoluto del presidente Sánchez a Borrell y subrayaron que ya dio suficientes explicaciones para aclarar lo ocurrido. Y así lo subrayaron todos sus compañeros en el Ejecutivo.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, restó trascendencia a la multa impuesta a Borrell con el argumento de que ya se conocía que se iba a producir. El propio ministro, recordó. dio explicaciones de algo que todo el mundo ya sabía. “Él esperaba” la sanción después de haber renunciado al recurso para evitar al Gobierno un conflicto de intereses.

Es el mismo argumento que usó la vicepresidenta, Carmen Calvo: “Lo que ya dijimos hace varias semanas y que ya él también advirtió, incluso por adelantado. Dijo que habría una multa y que lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea, que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría”, zanjó.

Meritxell Batet, responsable de Política Territorial, se mostró de acuerdo y defendió “la valoración de la tarea de Gobierno del ministro Borrell”, que “es impecable y, por supuesto, tiene plenas capacidades para continuar desarrollándola”.

No opinan lo mismo los demás partidos, incluido el principal socio parlamentario del Gobierno, Unidos Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, exigió su dimisión con el argumento de que España “no se puede permitir [tener] un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada”. Y apeló a la “inteligencia” y la “altura política” de Borrell para que diese ejemplo y renunciase a su cargo.

El titular de Exteriores nunca ha sido del agrado de Unidos Podemos, que siempre ha criticado su participación en actos organizados por la organización antinacionalista Sociedad Civil Catalana en compañía de cargos de Ciudadanos y del PP, como Xavier García Albiol, además de “figuras de la extrema derecha”, en palabras del partido de Iglesias. Precisamente este martes Sociedad Civil Catalana anunció la participación de Borrell en un acto suyo en Bruselas el próximo 5 de diciembre, víspera del 40º aniversario de la Constitución.

En plena campaña andaluza, la candidata de Adelante Andalucía, la marca local de Podemos, Teresa Rodríguez, calificó los hechos de “una absoluta barbaridad" y la actuación de Borrell de “impresentable”. Abengoa, cuya sede social está en Sevilla, es “una de nuestras empresas punteras del sector y la saquearon sus dirigentes por mala gestión de las subvenciones a mansalva que recibieron“, acusó. Por eso es “durísimo”, añadió, que ahora intenten “hacer pasar” lo ocurrido “como una anécdota”.

La presidenta Susana Díaz, compañera de partido de Borrell, dribló la noticia proclamando que la ley tiene que ser “igual para todo el mundo y si así lo ha decretado la CNMV [que el ministro de Exteriores incumplió la legislación], pues habrá hecho lo correcto”.

El líder del PP, Pablo Casado, consideró a Borrell “deslegitimado” para continuar en el Gobierno y urgió a Sánchez a que aplique a sus ministros el “mismo baremo de exigencia” que tenía cuando estaba en la oposición. E Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos, consideró la sanción acordada por la CNMV “un tema muy feo y grave” y apuntó a que Borrell mintió “a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción”. Cs ya ha solicitado su comparecencia urgente en el Congreso.

Los adversarios de Borrell en Cataluña se sumaron al coro de voces que exigen su renuncia. “Es inaudito que este señor siga siendo ministro del Gobierno. En cualquier país habría dimitido”, declaró en nombre del Govern catalán su portavoz, Elsa Artadi.

Jordi Salvador, el diputado de ERC al que Borrell acusó de escupirle en el Congreso, aprovechó para exigir su dimisión: “Esto sí que es un escupitajo de verdad, a toda la sociedad española y un insulto al socialismo y a sus votantes de buena fe”, señaló. “En un país o reino normal ya habría dimitido o sería cesado de inmediato”, escribió en Twitter.

La variedad de partidos que han pedido la dimisión de Borrell y su negativa a dejar el cargo anticipa que, en los próximos días, el ministro de Exteriores se sumará previsiblemente a la titular de Justicia, Dolores Delgado, en la lista de miembros del Gobierno reprobados por el Congreso.

El diputado de ERC al que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acusó de escupirle en el Congreso, Jordi Salvador, ha exigido su dimisión tras conocerse la multa que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. "Esto sí que es un escupitajo de verdad", ha dicho. Informa Europa Press.

La semana pasada, Borrell acusó a Salvador de haberle escupido cuando salía del Salón de Plenos para acompañar al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, al que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, había expulsado por hacer caso omiso a sus llamadas al orden tras el duro rifirrafe que mantuvo con el ministro. Un acusación que el propio diputado ya desmintió.

Este martes, tras conocerse la multa que la CNMV ha impuesto al jefe de la diplomacia española, el independentista catalán ha aprovechado para cargar contra él y pedirle, una vez más, que presente su dimisión.

"¿Cuántos minutos de VAR? Este personaje en un país o reino normal ya habría dimitido o sería cesado de inmediato", ha escrito Salvador en su cuenta personal de Twitter. "Esto sí es un escupitajo de verdad a toda la sociedad española y un insulto al socialismo y a sus votantes de buena fe", reza otro de los comentarios publicados.

El Gobierno ha expresado este martes que respalda "absolutamente" al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, después la multa de 30.000 euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por considerar que realizó una operación de venta de acciones de Abengoa utilizando información privilegiada cuando era consejero de la empresa.

Fuentes del Palacio de la Moncloa han señalado que la información no es nueva y que el ministro ya explicó lo sucedido, y también por qué había decidido no recurrir la sanción. De este modo, han reafirmado su apoyo ante la exigencia de dimisión por parte del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Borrell avanzó el pasado octubre en el Congreso que no recurriría la sanción porque, pese a estar "en total desacuerdo con ella", el primer paso sería un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía, es decir, ante el mismo Gobierno del que él forma parte, lo que supondría una situación anómala y podría presentarse como un conflicto de intereses.

De este modo, el ministro deberá abonar una sanción muy superior a la operación que está en el origen de todo, que fue una venta de acciones, pertenecientes a la cartera de un familiar pero que gestionaba él, valorada en 9,030 euros. Con todo, el ministro también ha reconocido ante las Cortes que la operación "no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar". Sin embargo, ha insistido en que ese "error" es una "falta administrativa" y que, según la legislación vigente, no afecta a su idoneidad para ser ministro.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este martes la necesidad de que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, dimita de su cargo, tras la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.

El líder 'morado' ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su Ejecutivo "no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada".

"Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo", ha asegurado en un mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

De este modo, Iglesias ha pedido la dimisión del ministro, aunque de forma menos directa que cuando exige a Sánchez la salida de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus conversaciones con el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo.

Relación complicada entre Podemos y Borrell desde el principio

La relación de Podemos con Borrell ha sido complicada desde los primeros días del Gobierno de Sánchez. De hecho, el partido morado ya criticó su nombramiento en junio, al considerarle una figura elegida para gustar al PPPP, por su postura y su actitud ante el conflicto catalán.

Aunque Iglesias siempre ha alabado la "inteligencia" de Borrell, su primera valoración al conocer la designación del ministro fue recordar que participó en actos de la organización Sociedad Civil Catalana junto a cargos de Ciudadanos y el PP, como Xavier García Albiol, y "figuras de la extrema derecha".

"A ningún progresista le gusta recordar la imagen de Borrell abrazando a Albiol y rodeado de figuras de la extrema derecha", aseguró en junio. Y meses después, en uno de los varios encontronazos del ministro con Podemos, el líder 'morado' criticó su tono "chulesco" en Cataluña.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 30.000 euros al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, por uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, según ha informado Europa Press.

Según consta este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el supervisor bursátil ha impuesto a Borrell esta sanción por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

La CNMV señala que el 24 de noviembre de 2015 el ministro, que fue consejero del grupo de ingeniería y energías renovables, vendió por cuenta de un tercero 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros, disponiendo de información privilegiada sobre este emisor.

El pasado mes de octubre, Borrell ya confirmó la investigación abierta por la CNMV desde 2016 por sospechas de información privilegiada en una operación.

En un primer momento, el ministro señaló que estudiaba cómo recurrir la sanción de la CNMV, pero finalmente desistió al considerar que para ello tendría que presentar un recurso de alzada ante el ministerio de Economía.

"Sería una situación anómala recurrir a un Gobierno del que formo parte y no me parece políticamente correcto, porque puede ser presentado como un conflicto de intereses", dijo Borrell en el Congreso.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha admitido este miércoles que cometió "un error" al vender acciones de Abengoa en diciembre de 2015 y, aunque se ha mantenido en que no dispuso de información privilegiada, ha dado a entender que no recurrirá la sanción para que, ahora que es ministro, no parezca un conflicto de intereses.

Preguntado por el PP en el pleno del Congreso, ha reconocido que la operación "no fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que pudo generar". "Fue un error, una falta administrativa, según la legislación española y que no afecta a las condiciones de idoneidad para ejercer mi función ministerial", ha añadido. Borrell ha insistido en que no hizo uso de información privilegiada, porque si la hubiera tenido no habría perdido la práctica totalidad de su inversión en Abengoa, y cree que así se reconocería si decidiese llevar el asunto a los tribunales.

Sin embargo, ha dado a entender que no lo hará, con el argumento de que primero tendría que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía y no le parece "políticamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses" y, fuera cual fuera la resolución, "podría dar lugar a interpretaciones políticamente interesadas". No obstante, no ha llegado a anunciar qué hará porque se le ha acabado el tiempo de que disponía para contestar y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha sido inflexible y no le ha dejado terminar.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha avanzado este miércoles que está estudiando con sus abogados cómo recurrir una sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con una operación con acciones de Abengoa, empresa de la que fue consejero. Según informa Europa Press.

Según avanzó el martes LaInformación.com, la CNMV le investigaba desde 2016 por sospechas de información privilegiada en una operación. El ministro ha detallado a los periodistas en el Congreso que la operación fue por un importe de 9.030 euros: "Era una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores, que desgraciadamente perdí, si hubiera tenido información privilegiada no lo habría perdido todo", ha dicho.

El ministro ha confirmado que en 2016 la CNMV inició "actuaciones administrativas" sobre una operación de la cartera de valores de "un familiar", que él administraba y "ha concluido que se produjo una falta administrativa".

Borrell no ha querido desvelar el importe de la sanción pero ha reconocido que es "bastante mayor" que los 9.000 euros de la operación en cuestión. Así, ha dicho que discrepa de las conclusiones de la CNMV y está estudiando con su abogado las posibilidades que ofrece la ley para recurrirla.

El año pasado perdieron su trabajo en despidos colectivos –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)– 18.209 trabajadores, según la última estadística del Ministerio de Empleo, que no alcanza más que hasta el mes de noviembre. Lejos quedan las cifras de los peores años de la crisis, cuando fueron despedidos en este tipo de procedimientos 82.876 (2012) y 70.351 personas (2013). La reforma laboral, aprobada en febrero de 2012, facilitó y abarató los ERE, que se convirtieron en un instrumento habitual para que las empresas recortaran en gastos de personal cuando sus cuentas peligraban. Aun así, los colectivos no representaron entonces más del 15% de los despidos que se ejecutaban –más de 760.000 en 2012, según los datos de altas en las prestaciones de desempleo del ministerio– y en 2017 sólo fueron el 5%.

No obstante, sectores como la banca, las tecnológicas y las mayores constructoras siguen haciendo grandes recortes de plantilla. Banco Santander acaba de cerrar el ERE con el que ha reducido personal tras absorber el Banco Popular el año pasado: 1.100 trabajadores. Tras fusionarse con Banco Mare Nostrum (BMN), Bankia prevé desprenderse de 1.585 empleados. Se han inscrito muchos más, 2.180. En Madrid y Valencia, las sedes centrales de ambas entidades, quieren irse más del doble de los previstos por los responsables del ERE. El pasado diciembre Evo Banco ejecutó un despido colectivo para 239 personas, el 52% de la plantilla. Pero antes Ibercaja se libró de 500 trabajadores y Liberbank de otros 525 por el mismo procedimiento.

Además, Santander y Popular son reincidentes. En 2016 el banco de Ana Botín redujo su plantilla en 1.380 empleados y la entidad que presidía entonces Ángel Ron la recortó en 2.592 personas. Desde 2008, la banca ha sido una auténtica trituradora de empleo, por culpa de la crisis financiera y la reestructuración de las cajas de ahorro. Hasta 2016, último año del que las patronales AEB y CECA ofrecen datos, las entidades financieras han destruido 80.173 empleos, de los que 60.126 corresponden a las cajas de ahorro.

A cambio, en cualquier caso, las indemnizaciones y condiciones de prejubilación que tradicionalmente ofrecen los bancos suelen serla envidia del resto de los sectores. En sus ERE Santander ha pactado compensaciones de 40 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Pero la empresa más generosa con su plantilla ha sido Siemens Gamesa, el fabricante de aerogeneradores, que va a pagar 45 días por año con un tope de 24 mensualidades a los 197 empleados que se acogerán al plan de bajas voluntarias, y hasta el 80% del salario a los 45 mayores de 57 años que se prejubilarán.

Ambas cantidades más que doblan los 20 días por año de indemnización que la ley establece para los despidos por causas objetivas. Además de estas cantidades, las empresas pactan primas fijas con los representantes de los trabajadores. El Santander, por ejemplo, pagará una prima de 500 euros por cada año de antigüedad más otra de 2.000 euros por cada trienio. De todos modos, son compensaciones económicas muy inferiores a los 60 días por año que consiguieron en 2013 los 135 trabajadores de General Electric Power Controls, con un tope de 42 mensualidades y una paga lineal de entre 950 y 1.200 euros por cada año de antigüedad. Los empleados de más de 60 años consiguieron el 95% del salario neto hasta la jubilación. Se trató de un ERE de extinción, para cerrar la fábrica. Lo mismo hizo la firma de lujo Burberry en febrero de 2016. Clausuró la planta que tenía en Barcelona y despidió a toda su plantilla, 294 personas, a razón de 60 días por año con un máximo de 54 mensualidades. Para los mayores de 55 años, las prejubilaciones costearon el 95% del salario neto anual a quienes tenían entre 55 y 57 años, y el 100% si superaban esa edad.

En la banca, no obstante, el ERE de Bankia en 2013, uno de los mayores de la historia de España con un recorte de plantilla de 4.500 empleados, marcó un corte en la cuantía de las indemnizaciones por despido del sector financiero. Atadas con el corsé del rescate financiero, las compensaciones se quedaron en 30 días por año trabajado con un tope de 22 mensualidades. Es la misma cantidad que Bankia ha pactado para su último ERE tras fusionarse con BMN. Los trabajadores también conseguirán una prima de 2.000 euros por trienio y los prejubilados a partir de los 55 años cobrarán el 63% del salario bruto hasta la edad legal de retiro. Los empleados de Ibercaja y Liberbank obtuvieron indemnizaciones sólo un poco por encima: 33 días con un máximo de 30 y 22 mensualidades, respectivamente.

Constructoras y tecnológicas

En ese mismo rango se han movido las compensaciones pagadas por las grandes constructoras. En 2016 Sacyr pactó 30 días de salario por año con un tope de 24 mensualidades y una prima de 800 euros por cada año de antigüedad, además de prejubilaciones con el 75% del salario para 327 trabajadores. Ese mismo año FCC pagó 31 días con un máximo de 25 mensualidades, una prima lineal de 5.000 euros y otra de 500 euros por año de antigüedad para 610 empleados. OHL subió a 32 días por año para 457 personas en 2017. La práctica desaparición de la obra pública en España por culpa de los recortes está detrás de estos despidos colectivos. Víctima de una deuda impagable, Isolux Corsán, en concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, ha ido directamente al ERE de extinción para despedir a 373 trabajadores este año, tras deshacerse de otros 356 en 2017. La indemnización será el mínimo legal, 20 días por año trabajado, y tendrá que abonarlas el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

También las compañías tecnológicas siguen reduciendo plantillas. Vodafone acaba de pactar con los sindicatos un plan de prejubilaciones voluntarias para mayores de 55 años con el 80% del salario. Antes ya ejecutó dos despidos colectivos, el primero en 2013, para 900 trabajadores, a razón de 45 días por añotrabajado hasta febrero de 2012 y de 33 días a partir de esa fecha. En 2015, tras fusionarse con Ono, acometió el segundo, para 1.059 trabajadores, que otorgó las mismas condiciones.

Telefónica e Iberia, a lo grande

Un caso aparte es Telefónica, que no ha dejado de recortar plantilla de forma continuada desde los años 90. En 1999 el Ministerio de Trabajo aprobó un ERE para 10.800 trabajadores. En 2003 puso en marcha otro que se tradujo en una reducción de personal de 13.900 empleados hasta 2008. En 2011 acometió la salida de 8.500 personas más en un plazo de cinco años. Y en 2016 abrió un Plan de Suspensión Individual que se alargará hasta el 31 de diciembre de este año y debe permitir un recorte de plantilla de casi 9.000 empleados. En todos ellos se ofrecía la prejubilación a quienes tuvieron más de 53 años, con el 70% del salario –en el de 2003– y el 68% –en 2011 y 2016–. Con el último plan –de suspensión, no de extinción–, los trabajadores pueden reincorporarse a sus puestos si así lo desean durante toda su vigencia.

El ERE de 2011, anunciado tras comunicar Telefónica los mayores beneficios registrados por una empresa española hasta ese momento, 10.167 millones de euros, fue motivo de polémica. Además de las prejubilaciones, se incentivaba la marcha de empleados con sólo 50 años, a los que se pagaron indemnizaciones equivalentes a 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, así como una prima de entre 12.000 y 30.000 euros dependiendo de la antigüedad. Esos trabajadores pasaban dos años cobrando la prestación por desempleo hasta que alcanzaban la condición de prejubilados y la empresa empezaba a pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 61 años. El Gobierno aprobó entonces la conocida como Enmienda Telefónica, de forma que las grandes empresas con beneficios abonaran al Tesoro Público una cantidad equivalente al coste que para el erario supusiera el despido de los trabajadores mayores de 50 años.

Cellnex Telecom, la antigua Abertis, ha cerrado este mismo mes de marzo un ERE en dos de sus filiales, Tradia y Retevisión. Se deshará de 180 empleados, con bajas incentivadas de 45 días hasta 2012 y 33 días a partir de ese año –cuando la reforma laboral bajó la indemnización por despido improcedente–, así como con prejubilaciones para mayores de 57 años con el 75% del salario neto.

El ERE de la finlandesa Nokia en España afectará a 99 trabajadores, el 10% de la plantilla y comenzará a ejecutarse en la segunda mitad de este año, por lo que se desconocen las condiciones.

Otra de las grandes compañías nacionales con voluminosos despidos colectivos es Iberia. En febrero de 2013 presentó uno de los mayores, que se había anunciado para 4.500 empleados y terminó con el despido de 3.147, el 19% de la plantilla, y una propuesta de recortes salariales para los que conservaran su puesto. Las casi dos semanas de huelga de los trabajadores acabaron con el nombramiento de un mediador. Su propuesta fue finalmente aceptada por los sindicatos y la empresa. El 27 de marzo dimitió el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano.

En 2014 abandonaron la empresa 1.427 trabajadores, con 35 días por año con un máximo de 30 mensualidades y prejubilaciones a partir de los 58 años con el 80% del sueldo.El pasado mes de septiembre Iberia, ya en beneficios, firmó un nuevo ERE con los sindicatos. Esta vez para 955 trabajadores y por causas técnicas, organizativas y productivas. De nuevo se ofrecen 35 días por año y prejubilaciones para los mayores de 58 años con el 80% del salario.

Unipost y Deoleo, a la baja

El contrapunto lo pone Unipost, que como parte de su liquidación y cierre se deshace de toda su plantilla, 2.400 personas. En concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, las indemnizaciones, 20 días por año en cumplimiento del mínimo legal, las pagará el Fogasa.

En situación económica delicada se encuentra también Duro Felguera, que presentará un ERE para unos 500 trabajadores, el 25% de la plantilla, con el que pretende evitar el concurso de acreedores. Abengoa, que salió de él en noviembre de 2016, ha comunicado sin embargo a los trabajadores de dos de sus filiales, Simosa y Simosa IT, que aplicará un ERE para 81 trabajadores. En los dos últimos años han sufrido la misma medida quirúrgica Abengoa EPC, Abengoa Engineering, Abengoa BD, Abengoa Research e Inabensa. En total, la empresa de ingeniería ha ejecutado 16 ERE de extinción y otros tantos temporales, con los que ha reducido su plantilla casi a la mitad. En ese tiempo, Abengoa ha retornado a beneficios: 4.277,8 millones de euros en 2017, frente a unas pérdidas de 7.629 millones el ejercicio anterior.

Las empresas del sector servicios tampoco se han librado de las medidas expeditivas. La cadena textil C&A dio 37 días por año trabajado de indemnización y prejubilaciones a partir de los 56 años a 300 empleados, el 30% de la plantilla. Tras ser adquirida por la alemana Douglas, la cadena de perfumerías Bodybell se quedó en 34 días de salario como compensación para 255 trabajadores. En 2016 ya se había deshecho de otras 315 personas.

Otro grande, Deoleo, fabricante del aceite Carbonell, fue mucho más modesto en sus indemnizaciones: de 22 a 33 días según el salario del trabajador. Las prejubilaciones, para mayores de 58 años, garantizaban el 90% del sueldo hasta la jubilación.

En los dos meses que han transcurrido del año ya han comunicado despidos colectivos un buen número de empresas. La segunda cervecera mundial, Heineken, con unos beneficios de 1.935 millones en 2017, quiere desprenderse de 220 empleados en España. La dueña de Cruzcampo y Amstel ya aplicó otros dos ERE en 2004 y 2008. También con beneficios –2.035 millones de euros–, la aseguradora holandesa Aegón recortará la plantilla de su filial española en 500 empleados. Y la multinacional Airbus ya ha anunciado que de los 3.700 trabajadores que despedirá en todo el mundo, 850 serán españoles, de sus plantas de Getafe (Madrid), Puerto Real (Cádiz), Sevilla e Illescas (Toledo).

Después de cerrar Interviú y Tiempo el pasado enero, el grupo Zeta despedirá al 46% de la plantilla de El Periódico, 177 personas. Los trabajadores han convocado una huelga para los últimos días del periodo de consultas.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa por las millonarias indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega al no quedar acreditado que se hiciese una administración desleal de la empresa sevillana.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la jueza Ángela Murillo, exponen en una sentencia dada a conocer este viernes que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de ese año fueran elaborados para favorecer "improcedentemente" al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número 'dos' puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral, según informa Europa Press.

Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente Felipe Benjumea y del consejero delegado Sánchez Ortega. Las cláusulas de los contratos firmados contenían indemnizaciones por cese anticipado de 11, 5 millones de euros en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores.

El Ministerio Público solicitó cinco años de cárcelcinco años de cárcel para Benjumea y cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado. También interesó que se penase con cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero.

El fiscal José Perals expuso en la vista oral, que se celebró entre los meses de octubre y noviembre del pasado año, que no tenían derecho a las indemnizaciones que cobraron a su salida de la entidad debido a la mala situación económica de la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.

No se buscó beneficiar a Benjumea

Esos contratos, según explica el tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en la redacción de los mismos. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran "torticeramente" al informar favorablemente sobre el reconocimiento de los términos económicos para Benjumea y Sánchez Ortega.

La Sala va más allá asegurando que se descarta "cualquier modo de confabulación" para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 "se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones".

Salida por razones externas

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero "obedeció a razones objetivas y externas a él", en referencia a la condición "indispensable" impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que "fueron lentejas" y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente en la reunión del 23 de septiembre de 2015.

Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exminsitro socialista Josep Borell, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que Abengoa era una empresa en fuerte expansión, pese a que meses después se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.

No se reformularon las cuentas

En el caso de Sánchez Ortega, que durante el juicio dijo que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge que su salida se debió a razones "internas y subjetivas" y, por tanto, no cobró los tres millones de euros acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y sin percibir remuneración por ello.

En su sentencia de 252 páginas los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo de la entidad no se reexpresaron ni reformularon los estados contables de la empresa, hecho del que se hicieron eco los acusados durante el procedimiento para defender su gestión al frente de la misma.

Además, el tribunal abronca a las acusaciones personadas en la causa, que además imputaban a los acusados delito de apropiación indebida, por querer convertir el procedimiento "en un juicio crítica con la totalidad de la actividad de Abengoa" desmarcándose de la naturaleza inicial del procedimiento.

Mientras Abengoa intenta salir de su profunda crisis empresarial, la sombra del saqueo de El Ejido, la ciudad de los invernaderos por antonomasia, persigue a la compañía con sede en el complejo de Palmas Altas, en Sevilla. La Abogacía del Estado, en su escrito de acusación sobre el caso Poniente, en el que se investiga una red político-empresarial liderada por el entonces alcalde, Juan Enciso (del PP de 1991 a 2005, luego independiente hasta 2011), que supuestamente se quedó con más de 80 millones de euros del Ayuntamiento, ha realizado una descripción inclemente de los procedimientos de la que fuera empresa bandera de Andalucía.

Según la Abogacía del Estado, dos empresas filiales de Abengoa, Befesa y Aygesa, realizaron una facturación falsa a la empresa mixta de aguas de más de 16,5 millones de euros entre 2002 y 2009, contribuyendo al saqueo de las cuentas municipales en el contexto de una amplia dinámica defraudatoria. Dicha facturación, señala el escrito, "no estaba prevista en las condiciones de la concesión y debe considerarse improcedente por no corresponder a servicios realmente prestados a Elsur", que era el nombre de dicha empresa mixta. Consultada por infoLibre, la compañía declina realizar comentarios por tratarse de un caso abierto.

El caso de corrupción investigado, que llevó a la detención fulminante de Enciso en 2009, hunde sus raíces en 1994, tres años después de su llegada a la alcaldía. El Ayuntamiento aprobó la creación de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido SA (Elsur), a la que se entregó la gestión de diversos servicios municipales. La empresa privada que se integró en la empresa junto con el Ayuntamiento fue Abengoa. El reparto fue del 70% para el socio privado y del 30% para el socio público. Los ingresos de Elsur abarcaban el suministro de agua y saneamiento –que se facturaba directamente a los abonados–; el canon por el mantenimiento de alumbrado, zonas verdes, red viaria y edificios –que el Ayuntamiento pagaba a Elsur–; y servicios fuera de canon también contratados a la empresa mixta por el Ayuntamiento.

Los hechos que serán juzgados tuvieron lugar entre 2002 y 2009, pero la Abogacía del Estado pone el foco en los acontecimientos desde mucho antes. Por ejemplo, la facturación real al Ayuntamiento de El Ejido por servicios de mantenimiento dentro del canon y por servicios y obras facturadas fuera de canon, en el periodo 1996-2008, se disparó sobre la previsión realizada: de un cálculo previo de 47,9 millones a una facturación de 171,7 millones.

Además Elsur se sirvió de un servicio de subcontrataciones irregular –según la Intervención General del Estado–, realizando una "masiva cesión ilegal de trabajadores" entre las subcontratatas y la propia empresa mixta. Con todo ello la empresa lograba disminuir sus beneficios contables, así como los impuestos que debía pagar, según la Abogacía del Estado. La mecánica descrita en el texto acusatorio es la siguiente: el entramado societario de subcontratas facturaba a Elsur a precios "inflados, desorbitados", que permitían a dicha empresa mixta justificar el cobro de más dinero del Ayuntamiento. Al final lo pagaban los contribuyentes de El Ejido, la tercera ciudad de Almería con cerca de 90.000 habitantes. Las complicidades estaban tejidas entre las subcontratas, Elsur y el Ayuntamiento, según la investigación judicial.

Servicios no prestados

La Abogacía del Estado describe cómo Abengoa, entonces presidida por Felipe Benjumea, participó supuestamente de la dinámica defraudatoria. La compañía, socio privado de Elsur, cobró a dicha empresa mixta 20,1 millones de euros, de los que –según la Agencia Tributaria– sólo correspondían al canon 14,3. "En el caso en que se considerase real algún asesoramiento técnico prestado por el socio privado a Elsur, éste ya se habría remunerado dentro de esos 20.103.854,40 euros facturados como recuperación de canon", señala la Abogacía del Estado. Sin embargo, el socio privado también facturó a Elsur, a través de las sociedades Befesa y Aygesa, un total de 16.548.086,59 euros entre 2002 y 2009, en concepto de servicios genéricos de apoyo a la gestión y otros servicios, bajo el nombre de servicios fee y extrafee, según la Abogacía del Estado.

Esta facturación "no estaba prevista en las condiciones de la concesión y debe considerarse improcedente por no corresponder a servicios realmente prestados a Elsur", señala el escrito acusatorio. "Esta falsa facturación –añade– era una manera de remuneración para el socio privado, que justifica el porqué no se preocupó por no haber recibido nunca dividendos de Elsur. Puesto que ya estaba siendo remunerado por esta vía, evitando además compartir los beneficios de Elsur con el socio público".

Actualmente Elsur se llama Aguas de El Ejido. Continúa siendo una empresa mixta de prestación de servicios municipales. La compañía Abengoa mantiene una participación del 41% a través de Abengoa Water, según informa la empresa a infoLibre. La gestión del agua es una de las áreas a las que la compañía está dando prioridad para tratar de salir de la profunda crisis que se abrió con su desplome a finales de 2015.

65 procesados

El número de procesados en el caso Poniente entre políticos, funcionarios y empresarios asciende a 65. Los delitos serían prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Los principales acusados son Enciso y José Alemán, ex interventor municipal, que se enfrentan a penas de 49 y 79 años de cárcel, respectivamente. También ejercen la acusación el Ayuntamiento de El Ejido e Izquierda Unida. El juzgado de instrucción 2 de Almería aún debe recibir los escritos de las defensas y de la Fiscalía antes de enviar el caso a la Audiencia para que se celebre el juicio, que tendrá lugar cuando Enciso (El Ejido, 1950) se acerque ya a los 70 años.

El caso Poniente es el mayor escándalo de corrupción destapado en Almería. Enciso, empresario hortofrutícola con intereses en la construcción, llegó a ser un referente local en el PP andaluz. Alcalde desde 2001, acumuló victoria tras victoria electoral hasta que su luz se apagó en 2011, cuando llegó a presentarse pero perdió, ya investigado por la justicia y tras un paso por la cárcel. Su estilo hizo fortuna: campechano y bravucón, no tenía empacho en vincular abiertamente la inmigración con la delincuencia. "Llegan en patera, sin nada y acompañados del traficante de turno", dijo una vez. En El Ejido, en pleno corazón del invernadero almeriense, con abundante mano de obra inmigrante, ese discurso era inflamable.

Su salto a los telediarios se produjo en 2000, con motivo de unos graves altercados racistas en El Ejido, cuando encadenó una serie de declaraciones que alentaron a los grupos racistas descontrolados. Las ONG denunciaron que Enciso obstaculizaba su trabajo. No fue expulsado del PP ni por racismo ni por corrupción. Lo echaron en 2005 en el contexto de una de las espectaculares batallas internas del partido en Almería. Enciso acabó perdiendo ante Gabriel Amat, actual presidente del partido y de la Diputación, además de alcalde de Roquetas de Mar. Entonces Enciso montó el Partido de Almería (PAL), con el que siguió ganando elecciones. El PSOE llegó a pactar con el PAL para gobernar la Diputación. El pacto duró hasta la detención de Enciso en 2009.

El Ejido no consigue dejar atrás las investigaciones judiciales sobre supuestos casos de corrupción. El actual alcalde, Francisco Góngora (PP), está procesado por delito fiscal.

El Cabildo de Córdoba, órgano eclesial responsable de la administración de la Mezquita-Catedral, tiene dinero invertido en Abengoa. Concretamente, se trata de derechos sobre acciones de la compañía en una filial estadounidense, Atlantica Yield, según fuentes conocedoras de la operación. Tanto el Cabildo como la Diócesis mantienen en secreto los ingresos que la Iglesia consigue con la gestión de la Mezquita-Catedral, inmatriculada por la Iglesia en 2006 y que disfruta de un beneficioso régimen fiscal. Más de 1,6 millones de personas visitaron el monumento en 2016, según el Cabildo. Las entradas cuestan 10 euros para la visita diurna (el año pasado eran 8: han subido un 20%) y 18 para la visita nocturna. El Cabildo rechazó este lunes realizar cualquier comentario o aclaración. A juicio de la Plataforma Mezquita-Catedral, que defiende la titularidad pública del monumento y la transparencia de sus cuentas, esta inversión "desmiente las reiteradas declaraciones efectuadas por el Cabildo acerca del uso de los beneficios en proyectos de conservación del inmueble y ayudas de naturaleza social".

Los intereses del Cabildo de Córdoba en Abengoa fueron desvelados por el diario Expansión, que publicó un listado de 350 inversores en los créditos urgentes que ofreció la compañía tras ser declarada en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015. Se trata del listado de inversores facilitado por Atlantic Yield a la SEC (Securities and Exchange Commision), la agencia federal encargada de la supervisión de los mercados financieros en Estados Unidos. Abengoa es titular de más del 40% de las acciones de Atlantica Yield, pero están puestas en garantía a favor de los financiadores de Abengoa, tanto acreedores como bonistas.

Es ahí, explican fuentes conocedoras de la operación, donde se encuentra el Cabildo de Córdoba, a la espera de recuperar su inversión. Estas fuentes rechazan la interpretación de que el dinero aportado por la Iglesia haya sido para "salvar a Abengoa". "El Cabildo tenía dinero invertido en la empresa. Cuando Abengoa entró en preconcurso y en fase de reestructuración, ofreció a tenedores de bonos y deuda la posibilidad de adherirse al plan y realizar una inversión de lo que se conoce como dinero nuevo, que mejora la calidad de la deuda. Que eso sirviera indirectamente a la supervivencia de Abengoa es secundario. Lo que pretendían todos estos inversores era garantizar el cobro de la deuda", explican. No es que el Cabildo tenga acciones de Atlantic Yield, sino que las tiene Abengoa pignoradas (puestas como garantía) a favor de otros, entre ellos el Cabildo.

Abengoa atraviesa una situación económica muy delicada, aunque ha evitado la quiebra gracias –entre otros factores– a un duro ajuste laboral. Atlantica Yield, que cotiza en el Nasdaq, es un activo valioso de la compañía. En caso de venta de esta empresa cotizada, permitiría reducir la deuda de Abengoa. La compañía presidida por Gonzalo Urquijo rechazó realizar cualquier comentario sobre la inversión de la Iglesia, afirmando que es un asunto que concierne al Cabildo.

"Absoluto descontrol"

La Plataforma Mezquita Catedral emitió este lunes un comunicado en el que denunció que "el Cabildo Catedral destina el dinero que obtiene por la explotación comercial de la Mezquita Catedral de Córdoba a salvar multinacionales en quiebra afines ideológicamente". "Lamentamos", añade el comunicado, que la Iglesia "use para fines espurios los millonarios fondos derivados de las entradas de un bien fundamental del patrimonio cultural andaluz". A juicio de esta organización laicista, esta inversión "pone sobre la mesa el absoluto descontrol en las cuentas de la Mezquita Catedral", que disfruta –afirma el mismo comunicado– de "opacidad fiscal". Por ello, la plataforma exige a la Junta de Andalucía que "obligue al Cabildo a actuar con transparencia y rigor en su gestión económica", de forma que se conozcan con detalle tanto los ingresos como los gastos.

La plataforma recuerda que el Estado, a través de sus distintas administraciones, ha financiado la conservación de la Mezquita-Catedral, "permitiendo que el monumento omeya llegue a nuestros días en óptimas condiciones". "No es de recibo que la Iglesia, además de apropiarse de forma unilateral del edificio y quedarse en exclusiva con los beneficios de su explotación comercial, encima los destine a inversiones mercantiles que nada tienen que ver con el fin patrimonial del monumento", añade el comunicado.

"Portal de transparencia", pero sin detalle

La mezquita fue construida en el siglo VIII por Abderramán I. Fernando III la convirtió en catedral en el siglo XIII. En el siglo XV el obispo Iñigo Manrique impulsó la construcción de una capilla catedralicia en el interior del templo. Hoy todo el conjunto pertenece jurídicamente a la Iglesia, aunque la titularidad es objeto de discusión. El Ayuntamiento (PSOE-IU) y la Junta de Andalucía (PSOE) pretenden que sea pública, aunque actualmente estas instituciones no tienen abiertas vías para conseguirlo. No obstante, ha sido la Iglesia la que hasta la fecha se ha llevado el gato al agua. La pretensión de deshacer la inmatriculación y forzar por vías legales un cambio de titularidad se antoja difícil.

El monumento es gestionado por la Iglesia, que afirma que emplea dinero obtenido con las entradas para su conservación. Es imposible conocer cuánto ingresa y gasta la Diócesis de Córdoba en la Mezquita-Catedral de Córdoba consultando los supuestos estados contables que publica en "portal de transparencia" de su web. El último documento colgado corresponde al ejercicio de 2015. En "Ingresos Fondo Común Diocesano" aparece una "aportación Cabildo Catedral" de 912.000 euros. En los ingresos al fondo para la "sustentación del clero", figuran 72.200 euros. Los ingresos por las entradas de la Mezquita-Catedral no pueden ubicarse ni en "aportaciones voluntarias de los fieles", ni en "ingresos patrimoniales", ni en "otros ingresos corrientes". El Cabildo, que disfruta de un generoso régimen de exenciones por los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 y la ley de mecenazgo de 2002, rehusó aclarar dónde figuran.