Hace unos días, haciendo scroll en redes, me apareció esta noticia: 

Dos bisnietos de Franco venden 7 pisos de lujo en Madrid por 57,7M. 

Casi 60 millones de euros. “Pues muy bien”. Y a seguir scrolleando.

Veo en otra noticia: “Marta Ortega, la presidenta de Inditex, se acaba de dar un capricho: el jet privado más rápido del mundo”. Y me acordé también de un titular que rezaba literalmente: “Marta Ortega, la heredera de Zara que empezó doblando camisetas, cumple 40 años”.

Oye, qué cosa con intentar vendernos que puedes empezar doblando camisetas y acabar encontrando en el bolsillo de un pantalón que no te ponías desde hacía tiempo 65 millones tontorrones para gastarte en un avión. 

Entro en Instagram, luego en TikTok. Cada cierto tiempo, me salen vídeos de gurús que te cuentan que, para llegar a poder permitirte llevar un nivel de vida digno de una Kardashian, lo que tienes que hacer es levantarte a las cinco de la mañana, hacer burpees, darte de baja de Netflix y quitarte de “microgastos” como el café del desayuno. 

Comento el asunto en mis redes. “Envidioso”, “Lo que queréis es que os paguen por no hacer nada”, “Vago”, “Muévete del sofá y trabaja”, son algunos de los mensajes que recibo. Pienso: “Pero, ¿de verdad nadie está pillando lo que quiero decir?”. 

El debate con la meritocracia no se ha entendido. Cuando decimos que la meritocracia no existe, muchos entienden que estamos queriendo decir que da exactamente igual trabajar como un cabrón que tirarte cada día en el sofá a rascarte el ombligo, que ambas personas que hacen esto obtendrán el mismo resultado. Lo cual, por cierto, me resulta gracioso; como si las personas de clase obrera tuviésemos la opción de tirarnos en el sofá, y no viviésemos con miedo en el cuerpo a quedarnos sin un techo si nos quedamos sin trabajo y tardamos mucho en encontrar otro. Como si no acabáramos de alcanzar el récord histórico de pluriempleo en España, con casi 600.000 personas teniendo que trabajar en dos sitios a la vez para poder mantenerse (siendo los jóvenes, por cierto, los que más habitualmente viven esta situación). Como si los jóvenes no tuviéramos que emplear el 108% de nuestro sueldo para vivir solos según el Consejo de la Juventud. ¿En qué mundo vive la gente?

Cuando nos referimos a que la meritocracia no existe no nos referimos a que de igual trabajar o no hacerlo. A lo que nos referimos es a que no se puede hablar de una sociedad basada en el mérito cuando el esfuerzo tiene un valor y una recompensa completamente diferentes dependiendo de quién lo realice. 

En España, una de cada cuatro personas está en riesgo de exclusión social o pobreza. La mitad de los hogares tienen dificultad para llegar a fin de mes. Casi la mitad de las diferencias de renta en familias españolas se explican directamente por temas de herencias o desigualdades en el origen. El problema es sistémico. El argumento de la meritocracia solo busca dar explicaciones individualistas a esto para que quienes han heredado su fortuna y su posición no se vean molestados por las posibles soluciones, que pasan por la redistribución de la riqueza.

Lo que sí es interesante es que esa gente que se muestra tan convencida de la existencia de la meritocracia suela ser, precisamente, la misma a la que tanto le indigna la existencia de un impuesto de sucesión.

Si tan convencido estás de que es el esfuerzo y el mérito lo que hacen que una persona prospere, ¿por qué no repartir un poco del dinero que acumulaba una persona que ya no está para que otras tengan alguna oportunidad más de crear su propia fortuna? ¿Qué mérito hay en que tu dinero lo hayas recibido sin tener que haber hecho nada por conseguirlo, simplemente por la familia en la que has nacido? ¿No defiendes tanto la meritocracia? Pues renuncia a tu herencia. Repártela entre quienes no han podido siquiera estudiar y formarse porque tenían que trabajar desde jóvenes para ayudar a su familia a seguir teniendo un techo. Entre quienes no han podido emprender y montar una tienda online de camisetas con frases gamberras o un local de smash burgers a 17 euros porque el poco dinero que ganaban lo usaban para sostener a los suyos. 

Cuando se dé una redistribución de la riqueza que de a todos una igualdad real de oportunidades, empezaré a creerme lo de la meritocracia. Y lo de que hay gente que se compró un jet privado doblando camisetas.

Mientras tanto, seguiré sosteniendo lo mismo: que la meritocracia son los padres. 

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "tremendo escándalo" la financiación singular que se plantea para Cataluña y ha proclamado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "tomando el pelo a todos". Lo ha hecho mientras daba un paso más en una de las singularidades que caracterizan a la Comunidad de Madrid: el uso de sus competencias en materia fiscal para reducir los tipos efectivos de figuras tributarias en las que tiene capacidad normativa, que gravan la renta y la riqueza de sus contribuyentes. En concreto el Consejo de Gobierno que comanda Ayuso ha dado vía libre al proyecto de ley que regulará una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones extranjeras. La rebaja será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Para acogerse a ella se tendrá que mantener la inversión y la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años, presentar la declaración en ella, no haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación ni invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. De acuerdo a lo reflejado en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo ligada a la norma, los beneficiarios serán un máximo de 30.000 contribuyentes, que podrían aplicarse una deducción estimada de 60 millones de euros. 

Aunque la autonomía tributaria es la misma para todas las comunidades, excepto País Vasco y Navarra por su Régimen foral, los gobiernos regionales han hecho un ejercicio muy distinto de ella. Los del PP han optado desde hace casi tres décadas por convertir a Madrid en el epicentro del llamado dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Esa senda de recortes fiscales podría restar a Madrid ya en este ejercicio presupuestario 453 millones en su recaudación, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En la última actualización del informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), se refleja que, “si se cuantifican los gastos fiscales que representan” las rebajas de impuestos, “Madrid deja de ingresar más de 4.400 millones de euros anuales, unos 677 euros menos por madrileño”. Más de la mitad de esos beneficios fiscales, 2.973 millones, se asociaban en 2021 a Sucesiones y Donaciones; 905 a Patrimonio; y 603 al IRPF. La merma en lo recaudado equivale, a la luz de ese estudio, al 20% de los ingresos de la comunidad madrileña. O, “lo que es lo mismo, sin esas rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 26%”, se indica en el trabajo consultado por infoLibre. Con esa entrada de fondos, Madrid “podría situarse nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba en 2018”, se anota luego.

Puede pensarse que la causa de esos menores ingresos públicos per cápita es que el sistema de financiación autonómica global destina a Madrid poco dinero, pero no es así. A este territorio se inyecta una financiación estatal por habitante ajustado ligeramente superior a la media. De hecho, en seis años de Gobierno de Sánchez, la comunidad ha recibido un 50,1% más de recursos que en los últimos seis años de ejecutivos de Mariano Rajoy, 36.221 millones más. En esa cuantía están incluidos fondos excepcionales ligados al covid, pero, igualmente, descontados éstos, en seis años, 2019-2024, la región logró del sistema de financiación 29.317 millones más que en los seis años de Rajoy. Esto supone un 40,5% más de recursos con ese destino.

Por tanto, la razón por la que los ingresos totales son menores es el ejercicio a la baja de las competencias normativas en impuestos que gravan la renta y el patrimonio, según comparten varios expertos consultados. Unos beneficios fiscales que se concentran en contribuyentes de mayor renta y riqueza. En ese sentido, en el informe del Ivie consta que “los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 8% del total, pero se benefician del 41% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF” y aglutinarían “gran parte de los 4.453 millones de euros de beneficios fiscales” de las bonificaciones de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, “incentivando su cambio de domicilio fiscal”. Es más, aunque no sólo sea atribuible a las políticas fiscales del PP, entre 2009 y 2018, éstas han coincidido con un alza de cerca de 100.000 contribuyentes domiciliados en Madrid. A ello habría contribuido otro factor: el llamado efecto capitalidad, una ventaja que propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en el mismo territorio y que repercute en la densidad de rentas y patrimonios. En definitiva, las bases imposibles que atrae Madrid por los motivos expuesto, tienen efectos sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente, ya que reducen los ingresos de éstas.

Para el portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Socialista en la Asamblea madrileña, Fernando Fernández-Lara: “Estamos ante una ilusión fiscal, se ilusiona a la gente con bajadas de impuestos que no le llegan. El PP presume de que unos 73.000 millones están en los bolsillos de los ciudadanos, pero no es así”, defiende. Y apostilla: “Hay bolsillos grandes y pequeños. Más de 62.500 de esos millones se los ahorran poco más de 140.000 madrileños, de los más de 3,6 millones de contribuyentes que hay en la región. Es decir, el 4% de éstos se lleva casi el 76,5% de todas las rebajas fiscales que dice Ayuso que hace”, aporta. Quiere dejar constancia de que “el ahorro para la gente trabajadora es de entre 11 y 30 euros al año, cuando el de las rentas altas es mucho más, por lo que se beneficia a los mismos de siempre”, afea. 

¿A qué lleva esto? “En el último ejercicio se dejaron de ingresar más de 6.200 millones, con los que se podían haber hecho políticas de vivienda, mejorar la sanidad o cualquier otro tipo de servicio público”, denuncia. Y hay más. “Los gastos están superando a los ingresos y esto nos está llevando al mayor déficit que he conocido desde que entré como diputado en 2019: 2.108 millones al cierre del ejercicio 2023”. “Esto significa”, a juicio de Fernández-Lara, “que no ingresamos lo suficiente para gastar y estamos costeando los servicios públicos con déficit en la comunidad donde se saca pecho por tantas cosas”. 

Por último, hay otra cuestión que “preocupa” al portavoz socialista: el débito y sus intereses. “El PP dice que tenemos la menor deuda del país, pero no cuenta la que está oculta como los 1.300 millones del Metro de Madrid o los más de 1.200 millones que se deben a los operadores de la sanidad privada. Si esto estuviera contabilizado, la deuda sería mucho mayor. Y un dato empieza a asustarnos: sólo en 2023, ha aumentado más de 2.700 millones, pasando de 34.300 a 37.000 millones”, afirma. Junto a ello, Madrid es el territorio, agrega, “que más intereses paga por la deuda, al pasar de 767 millones en 2022 a 1.260 en 2023, esto es, 399 millones más”. Todo porque “se ha acudido sólo a los mercados, por el empecinamiento en no querer recurrir a otros productos financieros que tienen un tipo de interés menor como el FLA -Fondo de Liquidez Autonómico-”. “Claro que hay cosas que funcionan bien en Madrid, pero otras no y se tapan, son las vergüenzas, mientras los principales problemas que tiene la sociedad siguen sin resolverse”, concluye.

De su lado, Eduardo Gutiérrez, coportavoz de Hacienda de Más Madrid, confirma que “las políticas fiscales” de Ayuso “generan un efecto succión de rentas". "La gente con grandes fortunas suele tener varias residencias y poner su sede fiscal en Madrid, para en cuestiones como las herencias, beneficiarse. Un caso paradigmático es el de la Duquesa de Alba, cuyos herederos se ahorraron algunos centenares de millones”, señala.

Comparte que gracias al dumping fiscal se “roban bases fiscales al resto de las comunidades”. En relación con esto, explica que Más Madrid apuesta por “poner un suelo tanto en el impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para que por debajo de ese nivel homogéneo en toda España, no quepa la autonomía fiscal y tributaria autonómica”. Abogan por “poner un límite por abajo a las rebajas fiscales", en especial "en los impuestos que gravan aspectos de riqueza”. Entienden que “los primeros perjudicados de las rebajas fiscales son los madrileños, al disponerse de menos recursos para servicios públicos esenciales como sanidad, educación, vivienda, políticas sociales…”; y, “secundariamente, el resto de comunidades, que ven como se fugan de sus bases tributarias los contribuyentes de mayor nivel de renta y de riqueza”, incide.

Gutiérrez califica de “falsario” el “discurso que hace el PP” de que sus iniciativas fiscales “benefician a todos”. “La realidad es que los únicos agraciados son las grandes fortunas y rentas”. Según los datos que maneja su formación, “las rebajas fiscales en Madrid suponen aproximadamente entre 6.000 a 7.000 millones al año, o eso está presupuestado, y tres cuartas partes de ellos se concentran en rebajas en Patrimonio y en Sucesiones, de forma que aproximadamente un 5% de los madrileños se llevan la cabeza del león”, resume. “Pero ellos -engarza, en alusión a los populares- venden rebajitas fiscales para todos de 100 o 200 euros, que esconden millonarias rebajas para 3.000 o 4.000 familias muy adineradas, algunas originarias de Valencia, Galicia… y que ponen uno de sus domicilios en este paraíso fiscal que es Madrid”. 

Reconoce, asimismo, que la capitalidad “supone un efecto atracción de todas las sedes sociales de las grandes corporaciones multinacionales y nacionales por estar cerca del poder, por el lobby -actuar para intentar influir en los políticos-; así como de altos funcionarios y ejecutivos, con retribuciones por encima de 100.000 euros anuales, que salen beneficiados por las rebajas fiscales y pagan menos de lo que abonarían en otros puntos del país como Barcelona”. Si bien, "vuelven a ser un grupo reducido de madrileños los que salen ganando", mientras se "perjudica" al grueso "por la singularidad financiera y fiscal y el efecto capitalidad de Madrid”, recalca.

Con todo, asevera que, “como ha admitido la propia Ayuso”, el modelo “empieza a agotarse", ya que "se les acaban los márgenes para seguir bajando impuestos", pese a que se plasme en los programas electorales. "Ese unicornio mágico de que haciéndolo se recauda más es eso, un unicornio. Sabemos todos que no ocurre, por mucho que lo repitan”, finaliza el coportavoz de Hacienda de Más Madrid.

Las comunidades autónomas han hecho caso omiso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y no han resistido la tentación de aprovechar los ingresos récord que recibirán este año del sistema de financiación autonómica –las entregas a cuenta– para confeccionar presupuestos expansivos, con mayor gasto social que nunca, y al mismo tiempo anunciar nuevas rebajas de impuestos en 2024.

Este ejercicio el sistema de financiación autonómica va a repartir un total de 154.467 millones de euros, casi un 15% más que en 2023. De esa cantidad, 134.658 millones corresponden a las llamadas “entregas a cuenta”, que proceden de la recaudación del tramo autonómico del IRPF, así como del IVA y los Impuestos Especiales, y que son un adelanto que hace Hacienda sobre lo que calcula que ingresará por esos tres conceptos. La liquidación de las entregas, que crecen este ejercicio un 8,3%, se lleva a cabo con dos años de decalaje, por lo que en 2024 las comunidades recibirán los ingresos correspondientes a 2022, también enormes: 20.746 millones de euros, . En 2023 ya se repartieron un volumen “histórico” –dijo Hacienda– de dinero, un 11% más que el año precedente.

Esas transferencias se han disparado gracias al inusitado aumento de la recaudación fiscal, fruto a su vez de la recuperación económica y el crecimiento del empleo tras la pandemia, y de la inflación. Son esos impuestos con los que el Gobierno se está “forrando”, en palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, luego repetidas por el resto de los dirigentes del partido.

Pero la AIReF y su presidenta, Cristina Herrero, no han dejado de advertir a lo largo de 2023 de que el histórico aumento de recursos es sólo temporal y, por tanto, las comunidades autónomas no deberían aprobar aumentos de gasto o recortes de ingresos “estructurales”. Es decir, permanentes. Porque a partir de 2025 “el flujo de recursos del sistema de financiación se normalizará” y se pondrá en riesgo el objetivo de déficit.

Sin embargo, las comunidades han tirado la casa por la ventana y presentado presupuestos con volúmenes igualmente “históricos” de gasto social, presumiendo de cifras récord en sanidad y educación, al mismo tiempo que anuncian rebajas fiscales en cascada. Cuadrando el círculo –de más gasto y menos ingreso– gracias a los millones procedentes de los impuestos que recauda el Estado.

Según los cálculos de la AIReF, sólo por los recortes en el IRPF adoptados o previstos hasta octubre de 2023, las comunidades autónomas van a dejar de recaudar 2.800 millones de euros este año. Entre 2023 y 2028, la Comunidad de Madrid será la que más recaudación pierda en cifras absolutas, casi 1.000 millones de euros, un 0,3% de su PIB. Pero porcentualmente, la pérdida de Cantabria será aún mayor, un 0,5% de su PIB. La Rioja y la Comunitat Valenciana también se dejarán un 0,3% del PIB por las rebajas fiscales. El resto, entre el 0,1% y el 0,2%.

No todos los recortes de impuestos son iguales. Uno de los más publicitados es la deflactación del IRPF, ajustar los tramos del impuesto a la inflación para evitar que una subida de salario, al suponer un salto al siguiente tramo, implique una mayor tributación cuando el alza de los precios no le ha supuesto al contribuyente un aumento de su poder adquisitivo real. El PP lo ha pedido insistentemente para las rentas inferiores a 40.000 euros, pero su propuesta fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso. También formaba parte de su programa para las elecciones del 23 de julio. Y lo ha aplicado en algunas de las comunidades autónomas donde gobierna.

El año pasado deflactaron el tramo autonómico del IRPF Madrid, Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias y País Vasco. Pero en 2024 cuatro de ellas, todas gobernadas por el PP, han renunciado a prorrogar la medida: Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana y Murcia.

El presupuesto de la Junta de Andalucía para este ejercicio alcanza los 46.753 millones de euros, un 2,5% por encima de 2023, de los cuales, tal y como ha proclamado el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el 62% se destinará a gasto social. Al tiempo, prevé rebajas fiscales por un importe de 900 millones de euros que este año no incluyen la deflactación del IRPF que sí aplicó en 2023. Entonces el ajuste fue del 4,3% en los tres primeros tramos del impuesto sobre la renta, donde están incluidos los contribuyentes con ingresos inferiores a los 40.000 euros anuales. La previsión de la Junta era que se produjera una pérdida de recaudación de unos 360 millones de euros.

Este año, en cambio, el Gobierno andaluz dice estar aún “monitorizando cómo han afectado” las bajadas aprobadas en 2023 para saber qué impuestos debe “ir retocando”, según explicó la consejera de Economía, Carolina España, al presentar los presupuestos. Andalucía recibirá este año del Estado un total de 28.160,5 millones de euros, un 14,46% más que en 2023, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2022.

“Es llamativo que no haya deflactado el IRPF este año”, admite Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, “porque la Junta de Andalucía deflactó el tramo autonómico basándose en el coste salarial que mide el Instituto Nacional de Estadística, no en el IPC, y resulta que ahora el coste salarial es más alto que entonces; en realidad, ahora tiene más motivos que antes para hacerlo”.

En efecto, en 2024 se dejarán sentir las subidas salariales acordadas en los convenios el año pasado. Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicada el pasado diciembre, en el tercer trimestre de 2023 el coste laboral –salario más cotizaciones sociales– creció un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, y un 4,2% el coste salarial. En el tercer trimestre de 2022, el aumento del coste salarial respecto a 2021 fue inferior, el 4,1%. El avance también se refleja en los convenios colectivos firmados en 2024, que establecen una subida media del 4,14%, por encima del 3,49% que resulta de incluir en la muestra los convenios suscritos en años anteriores pero vigentes en el actual.

Diego Martínez cree que la deflactación no se hizo bien “técnicamente”, al escoger como parámetro el coste salarial. La inflación terminó 2022 en el 5,7% después de haber escalado hasta el 10,8% en julio, pero la deflactación en Andalucía fue sólo del 4,3%, no cubrió todo el desfase. Y sólo se aplicó a los tres primeros tramos, no al conjunto de los contribuyentes. Ahora el coste salarial está por encima de la inflación, que terminó 2023 en el 3,1%.

También utilizó como parámetro el coste salarial del INE en lugar de la inflación la Comunidad de Madrid, que deflactó todos los tramos del IRPF un 4,1% el año pasado. Y repite este ejercicio, aunque con un ajuste menor, el 3,1%, esta vez sí, tomando como referencia la inflación. Sumado a la rebaja de medio punto del tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del IPRF, ambas medidas rebajaron la recaudación en más de 530 millones de euros en 2023. Para 2024, la pérdida de ingresos sólo por la deflactación prevista por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso será de 153 millones de euros.

Del Estado central, la Comunidad de Madrid va a recibir este ejercicio 18.718 millones de euros en entregas a cuenta y 2.023,7 millones más por la liquidación de 2022, lo que en total supone un 12,2% más que en 2023. Así que ha presentado un presupuesto –“histórico”, de nuevo– de 27.558 millones de euros, un 19,6% por encima del año anterior. Ese dinero le va a servir para aumentar un 24% los conciertos con empresas sanitarias o un 15% el gasto en educación privada concertada, además de subir los sueldos a los altos cargos del Gobierno regional, entre otras medidas. También le permitirá mantener las bonificaciones de la cuota autonómica del IRPF a las familias numerosas e incluso introducir una nueva deducción del 20% en este impuesto para extranjeros que compren una vivienda en Madrid.

Galicia tampoco mantendrá este año la deflactación que aplicó en 2023 a los tres primeros tramos del IRPF. “Fue selectiva y en el momento en el que más se necesitaba, cuando el IPC alcanzaba los dos dígitos”, explicó la Consellería de Facenda a Europa Press cuando presentó los presupuestos de este año. El ajuste fue igualmente del 4,1%, en línea con el aumento del coste salarial, lo que apenas supuso una pérdida de recaudación de 46 millones de euros. Pero sí mantiene otros recortes de impuestos por los que dejará de ingresar unos 685 millones de euros, una cifra que eleva en un 16% la pérdida del año precedente. Sólo por la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones la Xunta dejará de recaudar 287 millones de euros. Por la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales prescindirá de 56 millones. Y por la bajada del tramo autonómico del IRPF, 34 millones más, los mismos que por la bonificación del impuesto de patrimonio.

Esa rebaja de los ingresos no ha impedido al Ejecutivo gallego aumentar su presupuesto para 2024 en un 5%, hasta los 13.257 millones de euros, una vez más las cuentas más voluminosas de la historia. Con un 4% de mejora para sanidad y un 12% para políticas sociales. En entregas a cuenta, la Xunta recibirá del Estado 9.395,7 millones de euros, y 3.072,7 millones más por la liquidación de 2022, en total casi un 12,7% más de lo percibido en 2023.

Murcia no repetirá la deflactación del IRPF aplicada el año pasado, que fue del 4,1% para los tres primeros tramos. Pero que, como avanzó el presidente regional, Fernando López Miras, apenas supuso una rebaja media de 20 euros para 600.000 contribuyentes. En su lugar, mantiene deducciones en el impuesto a la renta y en el impuesto de transmisiones patrimoniales que sumarán una pérdida de recaudación de 420 millones de euros. No obstante, el presupuesto para 2024 crece un 9,8%, hasta los 6.526,56 millones de euros, que permitirá al Gobierno murciano “blindar el estado de bienestar” y poner en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales –150 millones de euros–, así como dedicar una partida a la “defensa de la unidad de la Nación Española”. Las transferencias del sistema de financiación autonómica crecerán un 15,6% este ejercicio, hasta los 4.825,6 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana fue el Gobierno del socialista Ximo Puig el que aprobó la deflactación del IRPF para los contribuyentes con rentas inferiores a 60.000 euros en 2023, un año de elecciones autonómicas que pusieron en el Ejecutivo autonómico a PP y Vox. No habrá deflactación en 2024, pero sí deducciones en el IRPF que restarán 180,2 millones a la recaudación fiscal y otras rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales por importe de 19 millones más. El presupuesto valenciano para 2024 crece un 4%, hasta alcanzar los 29.739 millones de euros. La Comunitat Valenciana, la segunda peor financiada tras Andalucía, según el diagnóstico de la AIReF, aumenta este ejercicio un 13,3% sus transferencias estatales, que ascenderán a 15.346 millones de euros.

En el País Vasco, la deflactación del IRPF será este año del 2,5% y se aplicará a todos los tramos. El año pasado el ajuste se redujo al 2%, pero en 2022 se elevaba al 5,5%. Navarra va a copiar la medida este ejercicio, con un 4% retroactivo para 2023 y un 3% para 2024. Según los cálculos del nuevo Gobierno navarro, socialista, la pérdida de recaudación será de 29 millones en 2023 y de 22,5 millones en 2024.

Con el cambio de color del Gobierno autonómico, Aragón también se ha subido al carro de la deflactación del IRPF, un 5% para quienes ingresen menos de 50.000 euros al año, unos 700.000 contribuyentes. El impacto en las cuentas se calcula entre 40 y 50 millones de euros. El aragonés también es en 2024 un presupuesto con gasto récord en políticas sociales –con aumentos del 11% en educación y sanidad–, y rebajas en patrimonio y sucesiones. Eso sí, este año entrará en vigor un impuesto creado por el anterior Ejecutivo socialista, que gravará el impacto medioambiental de las energías renovables –tamaño de los aerogeneradores, hectáreas ocupadas— y con el que se prevé recaudar unos 50 millones de euros. Las transferencias que Aragón recibirá este año del Estado crecerán un 16,6%, hasta rozar los 5.200 millones de euros.

Canarias también ajustará por segundo año consecutivo el IRPF a la inflación. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros volverán a tener descuentos de entre 125 y 225 euros según su nivel de renta. La medida, aprobada por el Gobierno socialista, ha sido prorrogada por el actual, de Coalición Canaria. Según sus cálculos, Canarias dejará de ingresar unos 245 millones de euros por el conjunto de las deducciones aplicadas al tramo autonómico del IRPF y las bonificaciones del impuesto de sucesiones. Su presupuesto, en cambio, ha crecido un 11%, hasta los 11.301 millones de euros, con un alza del 14,8% para sanidad, un 4,4% para educación y un 4,9% para políticas sociales. Del Estado recibirá un 12,5% más que en 2023, 7.394 millones de euros.

El resto de las comunidades autónomas ha preferido poner en marcha rebajas fiscales centradas en las deducciones y bonificaciones más típicas. Es el caso de Castilla y León –que tiene prorrogados los presupuestos de 2023–, Baleares –que perderá 45 millones de euros de recaudación bajando medio punto el tipo del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros y también ha rebajado el impuesto de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales–, Cantabria, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

De todas ellas, es La Rioja la que más verá aumentadas las transferencias del Estado este ejercicio, un 21,6%, respecto de 2023. Le siguen Baleares, con un 18,7%, y Cataluña, con un 18%.

“La política fiscal de algunas comunidades es ciclotímica”, resume Diego Martínez. Suelen “sobrerreaccionar”, resalta, y no son “consecuentes en el tiempo”. Aunque tras la volatilidad de la deflatación del IRPF sí adivina un patrón: las que están bien financiadas la mantienen; las que sufren más no perseveran en un descuento que se presentó como medida estrella contra la inflación.

Las cifras de recaudación fiscal de 2022 confirman que, en contra de lo que debería demostrar la famosa curva de Laffer, las rebajas de impuestos no mejoran los ingresos tributarios. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, abanderadas de las bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal, aumentaron menos su recaudación que el resto de las comunidades autónomas el año pasado. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un espectacular 14,4% en 2022, sólo siete décimas menos que el ejercicio precedente, como efecto de la recuperación económica tras el confinamiento pandémico. Pero en Andalucía la mejora de la recaudación –12,2%– fue dos puntos inferior a la media nacional, en Castilla y León –9,7%– se quedó 4,7 puntos por debajo, en Galicia –12,2%– la distancia fue de 2,2 puntos, y en Murcia –3,1%, donde menos creció– nada menos que de 11,3 puntos. Sólo en Madrid los ingresos fueron superiores a la media nacional, aunque apenas una décima.

Por el contrario, las que más subieron su recaudación fueron Cantabria –48,3%–, Baleares –un 47,5%–, Canarias –el 36,6%–, La Rioja –23,2%– y Asturias –19,8%–.

Esas cifras se refieren a los ingresos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales, que gestiona la Agencia Tributaria. Pero si la lupa se pone sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas –Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Matriculación y Juego– también se observa la misma brecha.

De esas cinco comunidades autónomas, Andalucía es la que peor se ha comportado tanto en los impuestos estatales como en los de gestión autonómica. La recaudación del IVA creció en 2022 un 7,3% respecto al año anterior, la mitad de la media nacional y ocho puntos por debajo de lo que mejoró el ejercicio precedente. Los ingresos del Impuesto sobre Sociedades subieron un 8,4%, mientras que la media nacional alcanzó el 20,8%. La tasa de variación de 2022 se quedó, además, 20,3 puntos por debajo de la que se registró en 2021. Los Impuestos Especiales –hidrocarburos, tabaco, alcohol– se hundieron, con un recorte del 26,4%, mientras el alza nacional fue del 2,5% de media. Sólo la recaudación del IRPF, con un crecimiento del 20,4%, superó la media española, situada en el 15,8%. “Pero eso es algo que lleva ocurriendo desde 2015, no es un fenómeno que pueda atribuirse a las últimas bajadas de impuestos en Andalucía, donde, además, como las rentas están por debajo de la media nacional, la recaudación tiene más recorrido”, precisa Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), la recaudación en Andalucía aumentó un 10,03%, tres puntos y medio por debajo de la media española y hasta siete, 12 y 17 puntos por debajo de los crecimientos de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. En Sucesiones, los ingresos cayeron un 17,64%, por sólo un 3,89% en el resto de España, mientras que en Patrimonio el alza del 6,93% se quedó a la mitad del 14,75% en que subió de media lo recaudado en las otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió con el Impuesto de Matriculación, cuyos ingresos mejoraron cuatro puntos menos en Andalucía que en el resto del país. Tampoco el juego recaudó por encima de la media nacional, que mejoró un 19,5%.

Las cifras, por tanto, “contradicen los argumentos usados por el Gobierno andaluz”, asegura Diego Martínez, para defender las rebajas fiscales aprobadas, seis desde 2018 si se cuentan las de septiembre de 2022: desde una bonificación del 99% en Sucesiones y más deducciones en el Transmisiones Patrimoniales hasta una rebaja del 4,3% en el IRPF en los tres primeros tramos, la supresión de Patrimonio y hasta el canon del agua. “Su tesis es que las bajadas fiscales en esos impuestos permitirían recuperar las bases imponibles de otros, como el IVA, el Impuesto sobre Sucesiones o el IRPF”, abunda el profesor de la Pablo Olavide. Pero eso es algo que desmienten las cifras de recaudación de 2022.

Y no sólo para Andalucía. En Madrid, que lidera la ola de rebajas fiscales imitada por otras comunidades gobernadas por el PP, los ingresos del IRPF crecieron en 2022 un 14,7%, un punto por debajo de la media nacional y en los de Sociedades la distancia fue aún mayor, 4,5 puntos. Aun así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar una nueva bajada, medio punto en todos los tramos del IRPF, si gana las elecciones del próximo 28 de mayo. En cambio, sí mejoró Madrid los resultados del resto de las comunidades la recaudación del IVA –cinco puntos– y los Impuestos Especiales –un punto–. También subió con brío en Madrid en 2022 el cobro del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, un 91,8%, 30 puntos por encima de la media española. Lo mismo sucede en Castilla y León –15 puntos–, pero no en Galicia, Murcia y Andalucía. Diego Martínez lo atribuye al “boom” de la inversión extranjera directa en España en los últimos tiempos, “sobre todo en Madrid”. Se trata, explica, del impuesto que pagan personas físicas asociadas a estas inversiones y que, con el tiempo, debería convertirse en impuesto sobre la renta de residentes.

En Madrid la recaudación de Transmisiones Patrimoniales creció un punto y medio por debajo de la media española, mientras que el Impuesto sobre el Patrimonio es inexistente desde 2009 y los tributos sobre el juego mejoraron sólo un 2,39%, 17 puntos por debajo de lo que lo hicieron de media en el resto del país. Por el contrario, el cobro del Impuesto de Matriculación creció ocho puntos más. También aumentaron los ingresos de Sucesiones y Donaciones, un 6,6% –la recaudación nacional se redujo casi un 3,89%– “muy apoyados en el impuesto sobre los grupos de parentesco 3 y 4”, apunta Diego Martínez: hermanos, sobrinos, tíos, primos. El pasado mes de octubre, la Comunidad aumentó al 25% las bonificaciones para el tercer grado de parentesco.

En Galicia crecieron por encima de la media nacional igualmente los ingresos de Sucesiones y Patrimonio, pero se redujeron los de Transmisiones Patrimoniales, así como los del IRPF, el IVA –nada menos que 11 puntos de caída– y los Impuestos Especiales, cuya recaudación se hundió un 15,7%. Por el contrario, mejoró Sociedades seis puntos por encima de la media española.

Sin embargo, el impuesto que grava los beneficios de las empresas se desplomó en Castilla y León, cuyo cobro cayó un 10,3% en 2022 respecto al ejercicio anterior, mientras que la media nacional disfrutó de un alza del 20,8%. En Murcia la mejora se quedó a 7,5 puntos de esa cifra. En Castilla y León, además, sólo creció la recaudación del Impuesto de Patrimonio entre los tributos cedidos. Y entre los estatales, mejoró únicamente el IRPF –2,8 puntos–respecto de la media española, pero se comportaron peor, aparte de Sociedades, también el IVA y los Especiales, cuya recaudación se desplomó un 41,3%. En Murcia evolucionaron peor que la media nacional tanto el IRPF –7,3 puntos por debajo– como el IVA, que se redujo un 21,2% respecto a 2021.

Las pérdidas de recaudación repercuten en la capacidad de las administraciones para gastar. Pero también tienen otros efectos menos visibles. Es lo que ha pasado con Andalucía, según destaca el profesor Diego Martínez. Sus ingresos tributarios se han quedado por debajo de la recaudación normativa del Sistema de Financiación Autonómica, la cantidad que cada comunidad debe aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fijado en un 75% de lo que recolectan por los impuestos cedidos.

Pues bien, debido a los recortes fiscales practicados, la recaudación real de algunas comunidades es inferior a esa aportación a la que están obligadas. Por tanto, contribuyen más de lo que recaudan, y son cientos de millones de euros, advierte Diego Martínez. También le ocurre a la Comunidad de Madrid. En el IRPF, las cantidades fijadas para la recaudación normativa de las comunidades autónomas son correctas. No así las de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, objeta, que están “muy mal calculadas, a partir de valores históricos que se actualizan según unos índices de referencia”. En todos los casos, critica el profesor de la Pablo de Olavide, aportar más de lo que se recauda se convierte en un “mal negocio” para las comunidades autónomas.

España es uno de los mejores países europeos para ser rentista y para heredar si por bueno se entiende al país donde se pueden heredar fortunas sin que Hacienda vea un euro. A pesar de la retórica recurrente en las derechas españolas de que el país se habría convertido con este Gobierno en un infierno fiscal, las comparaciones con nuestro entorno muestran sobre todo que el debate económico español se ha ido tan a la derecha que se ha salido de los marcos europeos. Francia, un país gobernado por un Gobierno supuestamente liberal desde hace casi seis años, sirve de contrapeso.

El presidente Emmanuel Macron prometió ante las últimas elecciones presidenciales que “aligeraría” el Impuesto de Sucesiones. Los franceses tienen ahora mismo exentos de pagar Sucesiones en línea directa los primeros 100.000 euros por hijo. La promesa era subir esa parte exenta hasta los 150.000 euros, sobre todo para que tuviera en cuenta la subida de los precios de la vivienda. Macron lo explicaba así en campaña: “Me costaría decir a una pareja que tiene una casa y dos hijos y que esa casa vale de 200.000 a 300.000 euros que es a los rentistas a quien quiero proteger”.

¿Se puede “aligerar” esa fiscalidad como había prometido Macron para “que las clases medias puedan legar el fruto de su trabajo”? Macron quería además que las herencias indirectas (a sobrinos, a nietos, a hijos de la pareja, pero no del que cede la propiedad) también se pudieran beneficiar de tener los primeros 100.000 euros exentos.

El ministro de Finanzas, el conservador Bruno Le Maire, cree que “no hay margen”. Y diputados del partido de Macron que en octubre presionaron para que se aprobara ahora frenan: “Costaría 3.000 millones de euros al año, parece una medida difícil de poner en marcha en 2024”, explica el macronista Mathieu Lefèvre a Le Monde.

No hay dinero para rebajas de impuestos, es el mensaje que sale de Berçy (sede del Ministerio de Finanzas), a pesar de que Francia cerró el déficit público en 2022 al 4,7%, unas décimas mejor de lo prometido a Bruselas, algo que se está dando en casi todos los Estados miembros (también en España) porque la economía se comportó mejor de lo previsto en las previsiones con las que se habían hecho los presupuestos.

El debate es también ideológico. La derecha apoyaría en la Asamblea Nacional una rebaja del Impuesto de Sucesiones pero los macronistas están divididos. Nadie niega que la promesa electoral del presidente debería cumplirse pero muchos de sus diputados exigen que sea “auto-financiada”. Sacha Houlié, del partido de Macron, quiere que se compense con “más impuestos a los grandes patrimonios”. Liberales de la vieja escuela. 

A partir de ese mínimo exento de 100.000 euros, los franceses pagan un 20% por lo heredado hasta 552.324 euros, un 30% por lo que va de 552.325 a 902.838 euros, un 40% por el tramo de 902.839 a 1.805.677 y un 45% por todo lo que supere 1.805.677 euros de herencia. Un francés que herede 500.000 euros no paga nada por los primeros 100.000 y paga el 20% por los siguientes 400.000. Heredar 500.000 euros le cuesta 80.000 euros.

Un francés soltero que heredara 800.000 euros pagaría 165.000 euros. ¿Y en España? En el país en el que la derecha lleva años vendiendo la importancia del esfuerzo personal y el mérito para prosperar y a la vez defendiendo que se herede sin pagar impuestos, las Comunidades Autónomas, que tienen cedido Sucesiones, van poco a poco desmantelándolo.

Según un estudio de Bankinter, la cuota líquida a pagar por un hijo de 30 años en caso de heredar 800.000 euros sería:

0 euros en Galicia, Cantabria y Andalucía.

810 euros en Castilla y León.

1.586 euros en Madrid.

1.588 euros en Extremadura.

1.650 euros en Murcia.

3.150 euros en Euskadi.

5.950 euros en Baleares.

17.000 euros en Navarra.

31.749 euros en Canarias.

31.759 euros en Castilla La Mancha.

32.343 euros en La Rioja.

44.569 euros en Cataluña.

55.467 euros en Aragón.

63.194 euros en la Comunidad Valenciana.

103.136 euros en Asturias.

Recuerden: 165.000 euros en Francia, donde Sucesiones es, como la mayoría, un impuesto centralizado.

Ningún partido en España aboga por subir Sucesiones. En su programa, Unidas Podemos habla de hacerlo “más progresivo”, de activar “facilidades de pago” y de “evitar la competencia fiscal entre territorios”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2019 a favor de la Comunidad de Madrid y en contra de cuatro de los cinco hermanos Del Pino, los principales accionistas de Ferrovial, en un pleito sobre el Impuesto de Sucesiones que el Gobierno regional reclamaba por la herencia del fundador de la constructora, fallecido el 14 de junio de 2008. En cuatro sentencias, los jueces establecen que Rafael, Joaquín, María y Leopoldo del Pino no tenían derecho a aplicarse la bonificación del 95% que la ley concede a las transmisiones de empresa familiar mortis causa. De ese modo, su factura fiscal por este concepto aumentó considerablemente, aunque tampoco demasiado. Contaban aún con la reducción del 99% que permite la Comunidad de Madrid.

Según los cálculos que ha realizado infoLibre con la ayuda del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de la información revelada en las sentencias del TSJM, de haber aplicado el 95% de descuento que pedían, los cuatro hermanos Del Pino –falta un quinto, Fernando–, habrían pagado solo 199.544,41 euros en el Impuesto de Sucesiones por las acciones heredadas de su padre, valoradas en 1.047,06 millones de euros en 2008. Es decir, apenas el 0,019% de esa cantidad. Pero como el TSJM no se lo permitió, debieron pagar 4,05 millones de euros a Hacienda, lo que equivale al 0,39% de la herencia en acciones.

La cuenta se refiere únicamente a las participaciones –ni inmuebles ni otro tipo de patrimonio– que dejó a sus hijos Rafael del Pino y Moreno, un total de 59.130 títulos de la sociedad Karlovy SL –con la que controlaba Ferrovial a través de otra sociedad, Portman Baela–, que en 2008 fueron valorados en 17.705,34 euros cada uno. No se han incluido en el cálculo ninguna carga o deuda deducibles. Los hermanos eran entonces dueños del 44% del grupo; hoy controlan el 35,3%. Ese enorme paquete de acciones les permite figurar cada año en la lista de los más ricos de España. De hecho, si al patrimonio del actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, se le unen los de sus cuatro hermanos, superan el de Sandra Ortega, la hija del dueño de Inditex, la segunda persona más adinerada del país. Al menos según la lista que elabora la revista Forbes y que atribuye a los Del Pino una fortuna de 9.050 millones de euros, solo por debajo, por tanto, de los 53.500 millones de Amancio Ortega. Para medir el patrimonio de los superricos, la revista se basa en el porcentaje de capital que poseen en empresas cotizadas y sicavs, a partir de la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. Pero también recoge datos de activos inmobiliarios.

En las sentencias, el TSJM establece que los hermanos Del Pino diseñaron una operación “compleja” para venderse a sí mismos –cada uno de ellos a una sociedad instrumental– parte de las acciones heredadas. En el caso de Rafael del Pino, fueron traspasados todos los títulos. E hicieron coincidir esa venta con la caída de las acciones de Ferrovial por culpa de la crisis inmobiliaria en 2009. Según los jueces, se “aprovecharon” de ese momento para compensar en el IRPF con la pérdida de valor de esas participaciones –más de la mitad de su precio– las ganancias patrimoniales que habían obtenido en esas mismas fechas en otras operaciones.

El TSJM dictamina que los Del Pino perdieron el derecho a beneficiarse del 95% de bonificación por transmisión de empresa familiar mortis causa porque vendieron las acciones heredadas antes de los cinco años en que la ley madrileña obliga a mantener –10 años la ley estatal– su número o su valor. Los hermanos, en cambio, defendieron ante los jueces que la pérdida de valor de sus acciones no era imputable a su voluntad, sino por efecto de la crisis. Por el contrario, las sentencias dejan claro que la venta de los títulos “carece de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales de los herederos, que “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”.

Rafael del Pino se encuentra en el centro de la atención pública desde que Ferrovial anunció el traslado de su sede social a Países Bajos. El Gobierno sostiene que tras la decisión se encuentran los intereses personales tributarios de su presidente y principal accionista. La constructora, por el contrario, aduce motivos de seguridad jurídica y su deseo de cotizar en la Bolsa de EEUU.

De acuerdo con las estimaciones basadas en las acciones que figuran en las sentencias, Rafael del Pino debió de pagar a Hacienda 1,66 millones de euros en el impuesto de sucesiones por las 23.043 acciones heredadas, que vendió en su integridad a la sociedad de su propiedad Lester-Loriner SL. Si hubiera accedido al 95% de bonificación estatal, no habría ingresado en Hacienda más que 82.298 euros por los 407,98 millones en acciones recibidas de su padre.

María del Pino debió de pagar 1,06 millones por los 311,79 millones de euros heredados en títulos de Karlovy SL. La factura se habría reducido a solo 52.230 euros de haber conseguido la bonificación que le negó el TSJM. Leopoldo del Pino heredó 191,07 millones en acciones, que le supusieron una tributación de 776.265 euros, pero que podrían haberse quedado en 38.158 euros si hubiera podido acogerse al descuento del 95%. Joaquín del Pino tuvo que abonar 554.796 euros por la herencia de 136,2 millones, un ingreso que se habría reducido a 26.857 euros si hubiera disfrutado de la bonificación perdida.

La Comunidad de Madrid hace gala de las exenciones que aplica a los impuestos de sucesiones y patrimonio, que de hecho casi los suprime. Sin embargo, en el caso de los dueños de Ferrovial, peleó en los tribunales por el 1% que aún cobra en ese tributo tras aprobar hasta cinco bonificaciones en los últimos años. “No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo”, llegó a declarar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso en abril de 2021. La Comunidad de Madrid deja de ingresar unos 2.663 millones de euros al año por esos múltiples descuentos que aplica al Impuesto de Sucesiones, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Pero la bonificación de la que quisieron beneficiarse los Del Pino tiene carácter estatal y se establece en la Ley General de Tributos. Sin embargo, los jueces les privaron de ella acudiendo no solo a la letra de la ley, sino también al “fundamento básico” del descuento para los casos en que se hereda una empresa familiar: “garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”; en concreto, de las pequeñas y medianas, evitando que los impuestos que gravan la sucesión y la donación las pongan en peligro. Así lo recoge la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994 que fue trasladada a la legislación española en un Real Decreto-Ley de 1996. En cambio, en el caso de la herencia de Ferrovial, la bonificación del 95% pudo terminar sirviendo a un fin para el que no estaba pensada: reducir al mínimo la contribución fiscal de una de las mayores compañías españolas y de la segunda familia más rica del país.

Rafael del Pino y Moreno, el fundador de Ferrovial, murió el 14 de junio de 2008, a los 87 años, y dejó el grupo constructor a sus cinco hijos. Rafael, su sucesor a los mandos de la empresa, y sus hermanos Joaquín, María, Leopoldo y Fernando recibieron en herencia un cuantioso paquete de acciones de Karlovy SL, la sociedad con la que, a través de otra llamada Portman Baela, controlaban el 44% de Ferrovial. En total, 59.138 títulos que en 2008 se valoraron en 1.047,06 millones de euros.

La herencia llevaba aparejada, por tanto, una abultada factura en el Impuesto de Sucesiones que terminó en los tribunales. La Comunidad de Madrid demandó a cuatro de los cinco hermanos Del Pino –a todos menos a Fernando– y al Ministerio de Hacienda en 2017. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a la comunidad autónoma en cuatro sentencias, una por cada hermano, que son firmes. Según establecieron los jueces, los Del Pino ejecutaron una “compleja operación” para “sortear los efectos fiscales” de las “ganancias patrimoniales” que habían obtenido “en fechas cercanas”. No sólo querían reducir el pago del Impuesto de Sucesiones, sino también del IRPF.

Rafael del Pino y Ferrovial se encuentran ahora en el ojo del huracán tras el anuncio de traslado de su sede social a Países Bajos y las posibles implicaciones fiscales de su mudanza.

Las cuatro sentencias describen cómo los hermanos Del Pino crearon cuatro sociedades, a las que vendieron las acciones de Karlovy SL que habían heredado de su padre. María, Joaquín y Leopoldo las constituyeron en octubre de 2009: Menosmares SL, Masmisterius SL –rebautizada después como Soziancor SL– y Siemprelara SL, respectivamente. Rafael utilizó Lester-Loriner SL, fundada en marzo de 2007 y absorbida por la holandesa Polar Capital BV en 2011. Lester-Loriner también era el socio único de Vial Holding, una de las sociedades que Rafael del Pino tuvo en Suiza entre 2007 y 2011. Las cuatro sociedades de los hermanos fueron constituidas por la misma empresa de servicios financieros, Mediterranean Search.

Rafael del Pino aportó a Lester-Loriner SL todas las acciones de Karlovy SL que había heredado: 23.043 participaciones. Cada una fue valorada entonces en 17.705,34 euros, por lo que el importe de la herencia ascendió a 407,98 millones de euros. María del Pino vendió a Menosmares SL 3.500 de las 17.610 participaciones de Karlovy SL que había recibido y que valían 311,79 millones de euros. Joaquín aportó a Masmisterius también 3.500 de las 7.693 acciones heredadas –136,2 millones de euros– y Leopoldo vendió a Siemprelara 7.200 de las 10.792 recibidas –191,07 millones–. Todos ellos se aplicaron la reducción del 95% por transmisión mortis causa de una empresa familiar a los hijos que concede la Ley General de Tributos. Para disfrutarla, el heredero debe mantener en su poder las acciones durante al menos 10 años, un plazo que la Comunidad de Madrid reduce a cinco.

Como los hermanos las vendieron sólo un año después de heredarlas, hicieron una autoliquidación complementaria en enero de 2010 para dejar sin efecto en las acciones vendidas la bonificación que les habían aplicado. Pero en 2011 Leopoldo hizo una consulta a la Dirección General de Tributos, que le contestó defendiendo su derecho a aplicarse el descuento del 95%. Hacienda sostiene el criterio de que para “mantener” las acciones basta con conservar su valor y que, si éste se reduce por una causa que no puede ser “imputable a la voluntad del titular de las participaciones heredadas”, no debe acarrear la pérdida de la bonificación. Así que, con la respuesta de Hacienda en la mano, que se considera vinculante, los hermanos rectificaron la autoliquidación anterior en julio de 2011.

La alegría les duró poco. En mayo de 2013 una inspección de la Agencia Tributaria rechazó esa rectificación. Así que los Del Pino contraatacaron recurriendo ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), un órgano que depende del Ministerio de Hacienda. El tribunal, que no examinó si la bonificación era procedente o no, dictaminó que la respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta de Leopoldo del Pino era vinculante y, por tanto, el descuento del 95% había sido aplicado correctamente.

Sin embargo, no lo vio así la Comunidad de Madrid, que presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, tanto contra cada uno de los hermanos de Del Pino como contra la resolución del TEAC. Según argumentaba el Gobierno regional, la pérdida de valor de las acciones de Karlovy SL aportadas a las cuatro sociedades de los hermanos no fue fruto del azar, sino que los Del Pino “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”. Cuando vendieron los títulos de Karlovy SL a sus propias sociedades, las valoraron en 8.405,15 euros cada una, un poco menos de la mitad del precio al que las habían recibido. El motivo, adujeron, era la caída en Bolsa de Ferrovial en 2009, el peor año de la crisis inmobiliaria.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia va más allá que la Comunidad de Madrid y asegura que la creación de las nuevas sociedades, tres de ellas en las mismas fechas “y siguiendo una misma dinámica”, así como las aportaciones realizadas por todos ellos “carecen de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales obtenidas por los Del Pino en esas fechas. Ni Menosmares ni Siemprelara ni Masmisterius ni Lester-Loriner realizaron actividad alguna durante ese tiempo y sus administradores, destacan los jueces, no percibieron remuneración por su trabajo. Es decir, la sentencia mantiene que las sociedades nacieron con la finalidad “instrumental” de ser “meras receptoras de las participaciones”, un procedimiento “destinado a facilitar su transmisión aunque permaneciendo en poder de sus titulares”. Es más, la sentencia sostiene que las pérdidas que les supuso a los dueños de Ferrovial la venta de las acciones de Karlovy SL a sus sociedades instrumentales por la mitad del precio al que las heredaron “compensaron a efectos del IRPF” los “elevados beneficios” que habían obtenido en otras transacciones realizadas en noviembre y diciembre de 2009.

Fue también en esas mismas fechas, el 29 de diciembre de ese año, cuando los hermanos Del Pino suscribieron un pacto parasocial –un acuerdo para cambiar sus relaciones más allá de lo que marcan los estatutos de la sociedad– a fin de “preservar el control familiar” de la constructora. Duró hasta agosto de 2015.

Además, el TSJM considera que la pérdida de valor de las acciones cuando fueron vendidas a las cuatro sociedades fue sólo “pasajera” y que se habría “recuperado o incluso incrementado notablemente poco tiempo después” al tiempo que lo hacían los títulos de Ferrovial. Por tanto, las sentencias concluyen que esa depreciación de las acciones esgrimida por los hermanos “no fue un acto debido a fuerza mayor o a causas extrañas a la voluntad” de los Del Pino, sino el resultado del “designio consciente y premeditado de hacerla manifiesta y cuantificable” para “aprovecharse económicamente de las consecuencias”.

infoLibre ha preguntado a Ferrovial por estas sentencias, también le ha consultado si la de la inspección de Hacienda de 2013 se derivaron otras actuaciones respecto de las declaraciones fiscales de Rafael del Pino y sus hermanos. El presidente del grupo “es residente en España y se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales”, se ha limitado a responder un portavoz. “No vamos a comentar sobre cuestiones de los accionistas”.

Los jueces también dejan claro que los herederos de Ferrovial “silenciaron” ante la Dirección General de Tributos estas circunstancias, por lo que los hechos con los que este departamento redactó su respuesta a la consulta de Leopoldo del Pino fueron “sesgados”. De ahí que dictaminen que decae el carácter vinculante de esa respuesta y la fundamentación subsiguiente realizada por el TEAC. También mantienen que los hermanos no dijeron la verdad cuando justificaban la creación de sus sociedades instrumentales en que pretendían “reorganizar y racionalizar su estructura empresarial” aportando “todas las acciones y participaciones” que poseían y centralizando así su gestión. Como se ha explicado antes, sólo Rafael del Pino colocó todos sus títulos de Karlovy SL en su sociedad; los demás sólo aportaron una parte de ellas.

Finalmente, las sentencias resuelven que, con todos esos elementos, no se dan las condiciones para beneficiarse del 95% de descuento en el Impuesto de Sucesiones. “Ni desde el fundamento básico en que descansa la reducción por transmisión de empresa familiar ni desde una doctrina de la Dirección General de Tributos que se basa en la procedencia externa de las causas que motivan la disminución del valor de las participaciones, puede ampararse una compleja operación como la descrita”, concluye el TSJM.

Ese “fundamento básico” de la reducción del 95% del que hablan los jueces se explica en una recomendación de la Comisión Europea de diciembre de 1994 –introducida en el ordenamiento español a través de un real decreto-ley de 1996– y no es otro que “facilitar la transmisión de las pequeñas y medianas empresas” para garantizar su supervivencia y “el mantenimiento de los puestos de trabajo”. Muy lejos, por tanto, de las características de Ferrovial, que facturó 7.551 millones en 2022, y de las intenciones de sus propietarios tal y como las describe el TSJM.

El Impuesto de Sucesiones tiene sus propios tramos, como el IRPF. Por ejemplo, con una base liquidable de 7.993 euros, se pagan 611,5 euros, tras aplicar un tipo del 8,5%, hasta llegar a 797.555,08 euros, una base a la que corresponde una cuota íntegra de 199.291,4 euros. A partir de esa cantidad el tipo es del 34%. Después se aplica un coeficiente multiplicador que depende del patrimonio preexistente del contribuyente y del grado de parentesco entre testador y heredero. Y, finalmente, el resultado debe multiplicarse por la correspondiente deducción autonómica.

En el caso de Rafael del Pino, por sus 407,98 millones de euros heredados en acciones debe aplicarse un coeficiente de 1,2 por su patrimonio preexistente –claramente por encima de los cuatro millones de euros; es el tercer más rico de España, según Forbes– y se beneficia de la bonificación del 99% que permite la Comunidad de Madrid. De esta forma, sólo tiene que pagar el 1% de los 166,13 millones de euros que resultan de aplicar el 34% sobre la parte de esos 407,98 millones que excede de 797,558,08 euros y de multiplicarlo por 1,2: 1,66 millones de euros. La cifra sería aún menor si se le hubiera permitido disfrutar del 95% de descuento por transmisión de empresa familiar. 

Los mercados no creen en la curva de Laffer. Al menos no creen que la bajada de impuestos anunciada en Reino Unido, la mayor en 50 años, vaya a aumentar la recaudación fiscal en volumen suficiente como para sostener las cuentas públicas sin aumentar el déficit cuando, al mismo tiempo, el Gobierno de Liz Truss quiere gastar 150.000 millones de euros en ayudas a empresas y hogares para combatir la crisis energética. La prima de riesgo británica se ha disparado mientras la libra se desploma frente al dólar y ha forzado la intervención del Banco de Inglaterra.

Sin embargo, un poco más al sur, y no hace tanto tiempo, Elías Bendodo, exconsejero de Presidencia andaluz y actual gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, esgrimía, sin mencionarla, la famosa, y cuestionada, curva que Arthur Laffer dibujó en una servilleta hace casi medio siglo. “Bajar impuestos aumenta la recaudación”, sentenció Bendodo en febrero de 2020 mientras informaba del cierre del ejercicio fiscal de la Junta de Andalucía.

Pero no era así. En efecto, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla había bonificado hasta el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Su recaudación cayó un 12,68%. Las arcas públicas habían ingresado 38 millones de euros menos. También había aumentado las deducciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), del que se recaudaron 76,1 millones menos que en 2018, un 4,55% menos. Sin embargo, Moreno Bonilla dejaba traslucir entonces que la bajada de unos se había traducido en la subida de otros: “Por cada euro que hemos dejado de recaudar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hemos recaudado cuatro euros por IRPF”. Los ingresos del tramo autonómico del impuesto sobre la renta habían crecido un 11,4%.

“Establecer esos vasos comunicantes ya es dar un doble salto mortal”, rebate Diego Martínez, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, quien asegura que no hay “evidencia empírica alguna de que el tramo descendente de la citada curva haya funcionado nunca”. En realidad, ocurre lo contrario: recortar los tipos implica menores ingresos tributarios.

Así sucedió, por ejemplo, en Extremadura, la única comunidad autónoma donde se recaudó menos en el IRPF en 2019 que en 2017, después de que la Junta aprobara un recorte del tipo autonómico del 10,5% al 9,5% en 2018. Los ingresos cayeron un 5,71%, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

En ese periodo, el resto de las comunidades autónomas aumentó sus ingresos por el IRPF, pero no todas habían bajado sus tipos. En 2018 los recortaron Canarias, Madrid, Murcia y País Vasco. En 2019, Andalucía, Canarias, Murcia de nuevo, y La Rioja. Sin embargo, fue Baleares el territorio donde más creció la recaudación, un 24,56%, pese a que no había tocado los tipos del tramo autonómico. El aumento fue mucho mayor en las islas que en Madrid, cuyos ingresos aumentaron un 17,43% o Andalucía, donde subieron un 10,5%. En Canarias el alza fue del 15,39% y en Murcia de sólo el 6,4%. En La Rioja, de un 7,9%. Por el contrario, en Cataluña, donde tampoco se bajaron los tipos, la recaudación mejoró un 16,77% entre 2017 y 2019, mientras que en Navarra lo hizo un 19,38%, la segunda comunidad con mayor subida de ingresos.

Los factores que explican los aumentos de recaudación tributaria son múltiples, precisa Diego Martínez. No hay relación de causalidad directa entre bajada de impuestos y crecimiento económico. Los gobiernos de José María Aznar rebajaron impuestos y los ingresos de Hacienda subieron, pero al mismo tiempo que se hinchaba la burbuja inmobiliaria y el PIB no dejaba de crecer. La recaudación no puede desligarse del aumento de la actividad económica o de la inflación, como está ocurriendo en España desde hace meses. “Teóricamente, la curva de Laffer acierta en que, si el tipo es tan alto que llega a ser confiscatorio, se pierde recaudación”, concede únicamente Juan Antonio Gimeno, catedrático de Hacienda Pública de la UNED.

La teoría dicta que, si aumentan los tipos impositivos, se desincentiva la inversión, el consumo, el ahorro y el trabajo, por lo que el crecimiento económico quedará tocado. Y al revés, bajarlos movilizará recursos adicionales, la economía crecerá y, por tanto, se ampliará la base impositiva y también los ingresos tributarios del Estado. Así es como el recorte fiscal terminará por pagarse solo con el tiempo y no habrá déficit.

El problema es averiguar en qué fase de la curva se encuentra una economía. Por ejemplo, los defensores de la curva argumentan que el fiasco de la enorme bajada de impuestos de Ronald Reagan en Estados Unidos, que condujo a un déficit récord del 6%, no se debió a que la curva no funcione, sino a que el propio Arthur Laffer se equivocó cuando diagnosticó que la economía estadounidense se encontraba en la parte decreciente de la curva –donde un recorte fiscal aumenta la recaudación–, porque estaba en la creciente –aumentando tipos suben los ingresos tributarios–. En realidad, lo que ha ocurrido ya es que las bajadas de impuestos reducen los ingresos del Estado, que incurren en mayores déficit, y éstos obligan a los gobiernos a aprobar más adelante subidas de impuestos para enjugarlos.

Tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones han sido la diana favorita de los gobiernos autonómicos en los últimos años cuando han querido aplicar deducciones. El de Patrimonio lleva años en proceso de demolición. Fue suprimido en 2008 y restablecido en 2011. Después se ha prorrogado año a año hasta que en los Presupuestos Generales de 2021 su vigencia ha pasado a ser indefinida. Esperanza Aguirre ya lo sometió en Madrid a las primeras bajadas en 2005 y lo bonificó al 100% en 2008. En la actualidad, La Rioja lo bonifica al 50% y Galicia, que lo tenía al 25%, ha anunciado que subirá el descuento hasta el 50%. Andalucía acaba de anunciar que lo suprimirá a partir de 2023.

Obviamente, la catarata de deducciones y modificaciones normativas para reducir el tributo se ha traducido en un recorte de la recaudación considerable, el 42,5% desde 2008 hasta 2019, a tenor de los datos del Ministerio de Hacienda recopilados en el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral que elabora cada año el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Otro tanto ocurre con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Andalucía es la comunidad con mayor número de declarantes por herencias, el 23,5%. Le siguen de lejos Madrid, con el 12,1%, Cataluña con el 11,1% y Castilla-León con el 10,8% En donaciones, Madrid es la comunidad con más declarantes y mayor participación en la base imponible total, el 31,8% y el 50,1%, respectivamente, según los datos proporcionados por el Libro Blanco sobre la reforma tributaria que elaboró el comité de expertos designado por el Gobierno.

Las múltiples deducciones aprobadas en los últimos años han ocasionado una merma de su recaudación total de sólo el 1,34% desde 2015 hasta 2019. En Madrid, el impuesto está casi eliminado para los parientes más cercanos desde 2007, gracias a una bonificación del 99%. Y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar la ampliación al 25% de la que tenían los parientes de segundo y tercer grado. En las demás comunidades autónomas, el abanico de bonificaciones y reducciones es enorme. En 2018, bajaron este impuesto Andalucía, Cantabria, Navarra y Extremadura. Y su recaudación en 2019 también se resintió. Galicia, en cambio, no lo tocó… pero su recaudación se recortó igualmente. De hecho, fue la segunda donde sus ingresos cayeron más, un 34,1%, sólo superada por Canarias, donde se redujeron un 39,4%. La de Madrid, por el contrario, creció un 21,6%, pero también lo hizo la de Cataluña, y en una proporción similar, un 20,78%.

Pero trasladar las bajadas fiscales de algunos impuestos al aumento de otros, que terminan engordando la recaudación total, no es un efecto automático pese a las declaraciones de Elías Bendodo. Madrid, la comunidad más adelantada y contumaz en recortar impuestos, mejoró sus ingresos tributarios entre 2017 y 2020 un 12,8%, menos de lo que lo hicieron dos comunidades tan dispares económica y fiscalmente como Castilla y León y Baleares, cuyas recaudaciones fueron las que más crecieron en esos años: un 18,8% y un 18,7%, respectivamente. La tercera que más aumentó sus ingresos tributarios fue Cataluña, con un 15,8%. Es curioso, además, que Baleares sea la segunda comunidad con mayor presión fiscal –recaudación dividida por el PIB– después de Navarra, un 12,7%, mientras que Madrid sea la segunda con menor presión fiscal, un 9,48%, detrás de Galicia, con un 9,4%, según los datos de Hacienda relativos a 2019.

Donde menos creció la recaudación entre 2017 y 2020 fue en Extremadura, con sólo un 3,8%, y en Andalucía, con un 6,3%. Son también las comunidades con menor renta y recaudación per cápita. Pero sólo si se exceptúa Canarias, donde en realidad los ingresos fiscales cayeron un 3% debido al hundimiento de la recaudación en 2020 por culpa de la pandemia. Si se hace la cuenta hasta 2019, en cambio, los ingresos tributarios crecieron un 5,8% desde 2017. Aun así, un aumento también de los más bajos en la comunidad con menor presión fiscal de todas, sólo un 7%, debido a que el archipiélago disfruta de un régimen económico especial. 

El Informe Mundial sobre desigualdad de 2022 (datos de 2021), publicado por la organización World Inequality Database (WID), estimaba que el 10% más rico del mundo poseía un 76% de la riqueza, mientras el 50% más pobre poseía un 2%. En España, estas cifras eran del 57% y del 7%, respectivamente. La desigualdad de riqueza suficientemente alta supone una forma de “dopaje” en el mercado laboral y en la vida misma, ya que los nacidos en hogares de baja renta y riqueza no podrán competir en igualdad de condiciones que aquellos que han podido pagar profesores particulares, una educación más profunda y universidades de élite, ni tampoco tendrán un colchón sobre el que caer como consecuencia de inversiones fallidas como el que tienen los hijos de los más adinerados, limitando el emprendimiento. Además de ser injusta moralmente, genera graves ineficiencias en el mercado laboral al impedir una mayor competencia por el “dopaje” que hemos mencionado. Uno de los factores fundamentales detrás de esta desigualdad es el hecho de heredar, mediante el cual la riqueza se transmite de generación en generación. ¿Qué tan determinante es este factor para generar desigualdad en España y en el mundo? ¿Puede el impuesto de sucesiones ayudar a reducir esta ratio entre la riqueza del 10% más rico y el 50% más pobre?

En 2020 los economistas Salas-Rojo y Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid, publicaron un estudio en el cual trataban de estimar qué parte de la desigualdad se debía a las herencias en España, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Según su análisis, que utiliza técnicas de Machine Learning, en España el 65% de la desigualdad de riqueza se debe a las herencias, siendo esta cifra un 75% si sólo tenemos en cuenta la riqueza no financiera. Este resultado nos deja muy por encima en cuanto a desigualdad se refiere (en este caso específico) respecto a países de nuestro entorno como Reino Unido o Italia, pero también respecto de Canadá. Además, nos demuestra la importancia relativa que tiene en España la riqueza inmobiliaria.

Como se mencionó en el informe Derribando el dique de la meritocracia del think tank Future Policy Lab, citando el estudio de Soria-Espín (2021), la renta de los padres está altamente correlacionada con el ingreso alcanzado por sus hijos a la edad de 30-36 años, como se puede ver representado por el gráfico siguiente, que muestra claramente que mientras más alto se encuentren los padres en la distribución de ingresos, más alto se encontrarán sus hijos.

También se puede apreciar en el siguiente gráfico cómo el 38,88% de hijos que acaban en el top 1% vienen de familias pertenecientes al 10% más rico cuando, en el caso de ser la probabilidad la misma sin depender de la renta de los padres (el porcentaje de la población que representan), este porcentaje debería ser de un 10%, más de tres veces menor.

El impuesto de sucesiones es el principal instrumento para reducir la desigualdad de riqueza causada por las herencias. En mayo de 2021, la Organización Internacional de Países Desarrollados (OCDE) publicó un informe en el que recogía evidencia sobre el impuesto de sucesiones en sus países miembros, incluyendo en él una serie de recomendaciones acerca del mismo.

Según el informe de la OCDE, las herencias representan entre el 30% y el 60% sobre el total de la riqueza, siendo en algunos casos superior al 50% en los países occidentales. La organización destaca que las herencias pueden exacerbar la división entre las oportunidades de los receptores, favoreciendo más a las rentas altas y aumentando la desigualdad sin que este efecto esté justificado por mérito alguno por parte de quien recibe la herencia. Se trata, pues, de un factor de suerte que tiene, como veremos, efectos graves sobre terceros. Según los investigadores  Adermon, Lindahl y Waldenström (2018) , en Suecia al menos la mitad de la correlación entre riqueza de padres e hijos depende de herencias y regalos - de ahí la necesidad de gravar este tipo de donaciones en vida -, siendo los ingresos y la educación responsables de sólo el 25% de esta correlación. También apuntan que el ratio entre la riqueza de los abuelos y la de los nietos es más débil, lo que indica que esta asociación se va disipando a lo largo del tiempo en ese país.

Esta disparidad de riqueza entre un grupo y otro sin factor meritocrático que lo justifique es una especie de “dopaje” en el mercado laboral, llegando con más frecuencia a posiciones de alta responsabilidad y mejor pagadas aquellos con una mayor riqueza, y siendo ésta una ventaja que podrán transmitir a sus hijos, y éstos a sus nietos, etc, formando un círculo vicioso que fomenta la creación de una aristocracia moderna. Economistas como Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman argumentan que las herencias, por razones de meritocracia (o ausencia de ella), deberían ser gravadas a tasas mayores que la renta personal.

¿Cómo podrían reaccionar los contribuyentes a los aumentos en el impuesto de sucesiones? Veamos qué nos dicen la teoría económica y la evidencia empírica.¡

Algunos padres pueden ahorrar menos durante su vida a sabiendas de que parte de su riqueza no llegará a sus herederos, lo que se denomina “efecto sustitución”. Si tienen en mente hacer llegar a sus herederos un patrimonio específico, el impuesto de sucesiones podría hacerles ahorrar más, resultando entonces en lo que en la teoría económica se denomina como “efecto renta”. Si las donaciones en vida resultan fiscalmente ventajosas respecto a la sucesión, pueden decidir donar a sus potenciales herederos una mayor riqueza durante su vida. A su vez, en respuesta a este impuesto

pueden decidir invertir más en la educación de sus hijos en lugar de acumular la riqueza en una forma fiscalmente más desfavorable. ¿Qué hacen normalmente, según la evidencia empírica?

Holtz-Eakin & Marples (2001), Slemrod & Kopczuk (2000) y Joulfaian (2006) estiman una elasticidad de bases imponibles de este impuesto de entre 0,1 y 0,2, lo cual significa que un aumento de un 1% en el impuesto de sucesiones haría caer la riqueza sujeta al impuesto en un 0,1% o 0,2%. La OCDE destaca que las respuestas en cuanto a ahorro y acumulación de riqueza debido a los impuestos de sucesiones suele ser menor que la causada por los impuestos sobre la riqueza, siendo las elasticidades mayores en los impuestos sobre el patrimonio que en aquellos que gravan una sola vez un legado. Existe abundante evidencia sobre la planificación para reducir la cantidad pagada en este impuesto, especialmente mediante donaciones en vida. Sin embargo, la conducta específica en este sentido varía según el país y la cercanía temporal al fallecimiento. Así pues, Kopczuk (2007) encuentra, prestando atención al comportamiento de enfermos terminales, que hay significativos cambios en el tamaño y estructura del patrimonio a dejar a los herederos, pero sólo cuando se acerca el momento del fallecimiento, posponiendo sus decisiones hasta que queda poco tiempo, lo cual concuerda con los hallazgos de Hershfield (2013), que mediante imágenes neuronales muestra cómo el ser humano suele ver a su “yo” futuro como otra persona, parecido a como ve a un extraño que no conoce, lo cual le induce a ser poco previsor en sus decisiones, y eso incluye el ahorro y la planificación financiera.

Es importante entender también que el impuesto de sucesiones, al cobrarse una vez tras pasar un largo período de tiempo, permite una mayor planificación para evadirlo y/o eludirlo que resulta rentable a algunos potenciales contribuyentes. Al tener este impuesto este particular problema temporal, podría ser adecuado un acuerdo mundial para fijar un suelo en el mismo, como recientemente se ha acordado en el impuesto de sociedades. Este impuesto debería ser lo suficientemente alto como para no quedar muy por debajo de la media mundial y por tanto, desincentivar realmente la migración fiscal de los sujetos al impuesto, algo en lo que al acuerdo global sobre el impuesto de sociedades aún le falta por avanzar.

Por otra parte, el principal argumento contra este impuesto es que se considera injusto al “gravar una riqueza sobre la que ya se han pagado impuestos”. Cabe destacar frente a este planteamiento que lo que gravan los impuestos no es la riqueza, lo que gravan es el traspaso de esa riqueza. Así pues, con nuestra renta, sobre la que hemos pagado el IRPF, compramos productos sujetos a IVA, así como impuestos especiales por otros productos específicos, sin que eso suponga en ningún caso doble tributación. Otro de los argumentos más famosos contra el mal llamado “impuesto a la muerte” es que es inmoral cobrar impuestos por algo que un padre/madre decide dejar a sus hijos. Una respuesta adecuada sería recordar los efectos negativos que tiene ese legado (cuando es de un patrimonio muy alto) sobre los demás (el dopaje que hemos mencionado antes). También podemos plantearnos una pregunta: ¿Qué es más inmoral, un impuesto que grava el trabajo propio, como el IRPF, o uno que grava una ganancia por pura suerte de la que no tenemos ningún mérito?

En conclusión, el impuesto de sucesiones es una poderosa herramienta para reducir la desigualdad de riqueza que tan negativos efectos tiene sobre la economía, especialmente sobre los grupos más desfavorecidos. Debe estar en concordancia con la estrategia seguida por el resto del sistema fiscal, prestando atención a las posibles respuestas de los contribuyentes y actuando en consecuencia. Se trata, en definitiva, de una ayuda justa para reducir un resultado injusto: la desigualdad de riqueza a consecuencia del azar. 

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Francisco Nunes es studiante de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y de Matemáticas en la UNED, es articulista ocasional en elDiario.es. También ha escrito en Agenda Pública ('El País').

“Al Gobierno le molesta que propongamos rebajas fiscales y mucho más que las apliquemos en las comunidades autónomas donde gobernamos, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Galicia, por cierto, con éxito de recaudación”. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este miércoles su plan de bajada de impuestos presumiendo de que en las comunidades gobernadas por los populares han subido los ingresos de “la mayoría” de los tributos “desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno”. El aún presidente de la Xunta blandía así la famosa y controvertida curva de Laffer –bajar impuestos aumenta la recaudación– para vender lo que, de momento, ha presentado como una solución “selectiva, inmediata y temporal” para “devolver a los ciudadanos” el dinero recaudado de más por culpa de la inflación.

El discurso no difiere en mucho del ya empleado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, donde se precia de aplicar rebajas “históricas” de impuestos. En parecidos términos se ha expresado ya Alfonso Fernández Mañueco, quien ha prometido una “revolución fiscal” esta legislatura con la mayor bajada de impuestos de “la historia” de Castilla y León. La misma revolución tributaria con la que se presentó Juan Manuel Moreno Bonilla a las elecciones andaluzas en 2018. Mientras, Carlos Iturgaiz ataca al PNV por “negarse a reducir los tributos”, después de que el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, apoyara la propuesta del FMI de subir temporalmente el impuesto sobre sociedades a las multinacionales con grandes beneficios para financiar políticas públicas. “El Gobierno vasco tiene una bolsa de más de 1.800 millones de euros sin gastar, pero sigue pensando en subir impuestos y asfixiar al sector productivo”, ha sido el reproche lanzado por el parlamentario popular Luis Gordillo.

Sin embargo, las cifras de recaudación desmienten las declaraciones de Núñez Feijóo y el entusiasmo de Ayuso, Moreno Bonilla y Mañueco por la eficacia de las rebajas fiscales. En 2021, un año de fuerte reactivación económica y, por tanto, de extraordinario aumento de los ingresos tributarios, Madrid mejoró su recaudación menos de lo que lo hicieron otras comunidades con impuestos más altos. De competencia autonómica son los que gravan las sucesiones y donaciones, el patrimonio, las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la matriculación de vehículos y el juego. Además del tramo del IRPF que les corresponde.

Sólo en el Impuesto de Matriculación superó Madrid en 2021 el aumento de recaudación de la media nacional, un 18,91% frente al 16,64%. Se trata de un impuesto armonizado con un mínimo estatal que las comunidades autónomas sólo pueden subir o deshacer las subidas previas. En los demás impuestos, la tendencia fue la contraria. En los tributos del juego, la diferencia entre los ingresos de Madrid y la media nacional es sustancial: aumentaron apenas un 0,26%, frente al 8,4% en el resto del país.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados los ingresos de Madrid crecieron un 42,59% respecto a 2020, unas décimas por debajo de la media nacional –42,76%–, pero muy por debajo del 63,04% que aumentaron los de Baleares o el 45,8% y 45,9% de la Comunidad Valenciana y Cantabria. En otras comunidades gobernadas por el PP, el alza de la recaudación fue menor incluso: un 29,48% en Castilla y León, un 36,73% en Galicia y un 36% en Murcia. En Andalucía fue un poco superior a Madrid, con un 43,17%. Todos estos porcentajes proceden de los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas que publica el Ministerio de Hacienda.

En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el aumento en Madrid fue del 28,29%, 11 puntos por debajo de la media nacional, en el 39,82%. En Galicia la recaudación creció aún menos, un 15,71%. En Aragón, por el contrario, el alza fue del 64,34%, en Cataluña del 59,3% y en Extremadura subió un 65,45%. En Castilla y León y Andalucía, los aumentos fueron más moderados: 38,1% y 41,9%, respectivamente. En Murcia, los ingresos por este tributo incluso cayeron, un 0,88%.

La diferencia es más abultada en la recaudación del Impuesto del Patrimonio. Mientras el aumento nacional medio fue del 1,07%, en Madrid los ingresos por este tributo descendieron un 14,7% y en Galicia el doble, un 37,1%.

Galicia y Madrid han sido el estandarte popular de la lucha contra los impuestos de sucesiones y donaciones, por un lado, y del patrimonio, por otro. Primero, Feijóo excluyó del pago a las herencias por encima de 400.000 euros sin contar la vivienda habitual por un valor de hasta 300.000 euros. Y en 2019 amplió la exención a quienes hereden hasta un millón de euros.

Respecto al de Patrimonio, Feijóo aplica una bonificación del 25% mientras que el mínimo exento alcanza los 700.000 euros. Afecta en Galicia a unas 8.000 personas que poseen unos 50.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. A estos propietarios la Xunta les rebajó, sólo en 2021, un total de 183,09 millones de euros, a tenor de los cálculos de su Consellería de Facenda. La previsión para 2022 es una merma de ingresos de 136,9 millones.

Por lo que respecta a Madrid, el Impuesto de Sucesiones está bonificado al 99% y al 100% el de Patrimonio. En 2019 la comunidad perdió 2.631 millones de euros de recaudación en el primero y 996 millones en el segundo. En 2021, ha ingresado 637 millones por el Impuesto de Sucesiones.

En Murcia, Andalucía y Castilla y León también está bonificado al 99% este tributo.

“Cataluña, una comunidad con una presión fiscal alta, tiene sin embargo un comportamiento fiscal mucho mejor que Andalucía, por ejemplo”, resume Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Según recalca, la curva de Laffer sólo podría tener validez “forzando mucho la teoría”. Porque, “desde el punto de vista empírico”, precisa, “no se ha dado aún ningún caso en que se haya cumplido que la bajada de impuestos haga crecer la recaudación”. Martínez López explica que son “muchos” los factores que pueden provocar un aumento de los ingresos tributarios, “desde la reactivación económica y la inflación hasta cualquier cambio normativo, no sólo uno”.

Un buen ejemplo de esa multiplicidad de causas es la carrera por la rebaja fiscal que se ha desarrollado durante los últimos años en el tramo autonómico del IRPF. Madrid –tipo marginal del 8,5% y máximo del 20,5%– y Castilla y León tienen las escalas más bajas, seguidas por Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia. Por el contrario, las escalas de Cataluña –tipo marginal del 10,5% y máximo del 25,5%–, Asturias, Cantabria, Aragón y Extremadura son superiores a la escala estatal que establece un tipo marginal del 9,5% y máximo del 24,5%.

En 2021 la recaudación del impuesto sobre la renta creció un 7,5%, explica Diego Martínez, pero el aumento de los ingresos por la escala autonómica en Andalucía cayó un 2,27%. En Galicia, se redujo un 0,98%. En Castilla y León bajó aún más, un 2,62%. En Murcia, un 2,21%, mientras que en Madrid aumentó sólo un 1,75%, según los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades publicados por Hacienda. Todas ellas hicieron recortes en sus respectivos tramos, pero no se notó en la recaudación en el sentido que apuntan Núñez Feijóo y Laffer. Las que más sufrieron la merma de ingresos fueron también las más afectadas por las restricciones impuestas por el covid al turismo: Canarias, con un descenso del 5,24%, y Baleares, con un 4,96%.

Además, Diego Martínez recuerda otro detalle que ninguna de las comunidades que han suprimido el Impuesto del Patrimonio revela cuando presumen del ahorro que proporcionan al contribuyente: todas siguen cobrando la compensación que el Estado les garantizó en 2008 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el tributo. Al ser un gravamen cedido a las comunidades autónomas, el Estado quedaba obligado a pagarles una cantidad igual a la recaudación del último año en que estuvo vivo, actualizada cada ejercicio según evolucione el Índice de Evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE). Pese a que Mariano Rajoy recuperó el Impuesto del Patrimonio en 2012, en el año de mayores estrecheces económicas por la crisis financiera, la compensación se mantuvo y se mantiene a día de hoy.

De forma que las comunidades autónomas empezaron a repartirse en 2009 un total de 2.097,3 millones y continúan haciéndolo ahora, actualizada esa cifra según el ITE (1,4532), a través del Fondo de Suficiencia Global. Esa cantidad es superior a la recaudación anual del impuesto del patrimonio, que ascendió a 1.314 millones de euros en 2021.

De los casi 2.100 millones que les paga el Estado, 632 millones corresponden a Madrid, 537 millones a Cataluña, 216 millones a la Comunidad Valenciana y 162 millones más a Andalucía. Castilla y León recibe 83 millones, Galicia 81,5 y Murcia, 41,3 millones.

El comité de 17 expertos reunido durante casi un año para elaborar una propuesta de reforma fiscal dirigida al Gobierno presentó este jueves su Libro Blanco. Son 788 páginas que proporcionan los elementos sobre los que diseñar una “reforma tributaria estructural a medio y largo plazo”. El objetivo, aumentar la eficiencia del sistema fiscal español, de forma que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, financiando los gastos públicos y manteniendo el Estado de bienestar, al tiempo que contribuya a reducir el déficit. Durante la presentación, el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, recomendó al Gobierno que consolide la recuperación económica antes de empezar con las reformas que los expertos proponen, y subrayó varias veces el principio del “gradualismo”, la aplicación paulatina y razonada a lo largo del tiempo de los cambios fiscales. Lo que, no obstante, debería ser compatible con “un anuncio temprano de las medidas tributarias” que se vayan a adoptar.

La filosofía general sobre la que los expertos sustentan sus propuestas es la de aumentar el potencial recaudatorio del sistema tributario español, mejorando el diseño de los impuestos sobre la renta, el consumo y la riqueza. Para ello, prefieren ampliar las bases sujetas a tributación en cada impuesto antes que subir los tipos. También invitan al Gobierno a examinar los llamados beneficios fiscales, las deducciones y exenciones que rebajan la recaudación de muchos impuestos y que se conceden con el fin de estimular la inversión, por ejemplo. Los expertos piden que se evalúe si son realmente eficaces para decidir sobre su mantenimiento o supresión.

Además, plantean subir los impuestos a los consumos más contaminantes y aumentar el IVA, pues recomienda al Gobierno que suprima de forma gradual los tipos reducido y superreducido de este tributo indirecto. Para compensar el perjuicio que para los contribuyentes supondrá esa eliminación sobre el consumo de bienes y servicios esenciales, el comité de expertos propone, como condición sine qua non, aprobar un sistema de prestaciones directas a las personas con menos recursos o crear una deducción reembolsable en el IRPF o incluso compensaciones en los recibos de la luz, el agua, la calefacción o el transporte, en función de la renta.

Para ensanchar las bases imponibles del IRPF, el impuesto de mayor recaudación, los expertos plantean examinar las exenciones, reducciones, deducciones y regímenes especiales, y suprimir los “no justificados”. Así, pide que la reducción por tributación conjunta se convierta en un nuevo mínimo, se elimine la reducción por alquiler de vivienda, los rendimientos del capital inmobiliario se integren en la base del ahorro y se transforme la reducción por obtención de rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota. También piden la abolición del régimen de estimación objetiva de los autónomos.

Aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades es mucho más complejo. “Los 42.000 millones de recaudación anteriores a la crisis financiera nunca van a volver”, advirtió taxativa Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. Según destacó, el de sociedades es un impuesto “en vías de desaparición” por la continua bajada de tipos y las “maniobras de erosión de algunos países”. De ahí que el comité de expertos defienda en todo momento los esfuerzos que en el G-20 y la OCDE se están llevando a cabo para aplicar una tributación mínima internacional, ese 15% que se aprobó el verano pasado para las multinacionales. “Una mayor profundización de la armonización, o coordinación, de la imposición societaria a escala internacional es la mejor manera de proteger la capacidad recaudatoria” de Sociedades, puede leerse en el Libro Blanco.

La propuesta del comité al Gobierno es que no suba el tipo del impuesto, porque perjudicaría “la inversión y la competitividad de la economía española”, pero tampoco que lo baje, porque su reducción generaría problemas de “equidad vertical” y erosionaría la capacidad recaudatoria de otros impuestos: crearía un incentivo para que los contribuyentes trasvasen sus rentas personales a una sociedad. En España, siguiendo la misma tendencia que en el resto de la UE, el tipo general de Sociedades se ha reducido en 10 puntos en menos de una década, resalta el Libro Blanco. De modo que, en 2021, el 25% español está por encima del promedio de la UE, pero por debajo del gravamen de las grandes economías europeas: aún es casi cinco puntos inferior al de Alemania, 3,4 puntos inferior al de Francia y 2,8 puntos menor que el de Italia.

En su lugar, los expertos proponen hacer una “evaluación permanente” de los beneficios fiscales e incorporarles una cláusula de condicionalidad; que su mantenimiento esté supeditado siempre a que aprueben un examen de eficacia. También instan al Gobierno a mantener los regímenes especiales de las sicavs y las socimis, pero examinándolos y “priorizando y reforzando el control tributario sobre este tipo de entidades”. La misma recomendación hace el comité sobre las sociedades pantalla, al tiempo que reclama mayor transparencia fiscal “obligatoria” de las entidades patrimoniales, aquellas en las que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica. De éstas, precisa el Libro Blanco, existían 15.714 en 2019, de las cuales 6.466 casi no tributan a Hacienda. Además, el 37,78% de las sociedades están participadas por entidades patrimoniales, con un volumen de operaciones de casi 16.500 millones de euros ese año. Según los expertos, buena parte de estas entidades pueden estar siendo utilizadas como sociedades instrumentales. El Libro Blanco advierte de que actualmente no existen “medidas suficientes y efectivas para neutralizar el uso de sociedades interpuestas con finalidad de abuso o elusión fiscal”. Por ese motivo, piden que se revise su regulación.

Reducir el número actual de los ajustes que se permiten realizar a las empresas para reducir la base imponible –la cantidad sobre la que se calcula el impuesto– y reformar el sistema de pago fraccionado sobre otras dos medidas recomendadas para mejorar la eficiencia de Sociedades. Al igual que suprimir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que recaudan los ayuntamientos y los expertos consideran “arcaico” y con una estructura “anacrónica”. “Genera distorsiones relevantes en las decisiones de localización y organización de la actividad económica”, asegura el Libro Blanco. Su recaudación equivale a dos puntos adicionales del Impuesto sobre Sociedades.

Mantener Patrimonio y Sucesiones

Una de las partes más controvertidas del análisis de los expertos es la relativa a los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, como reconoce el propio comité. El Libro Blanco plantea que se conserven ambos, pese a las muchas voces que reclaman su desaparición. “Nuestro eje [en el análisis de estos impuestos] ha sido la necesidad de preservar la tributación sobre la riqueza como complemento a tributación sobre la renta”, explicó Jesús Ruiz-Huerta. “E independiente del vehículo normativo”, abundó Teresa Soler Roch, catedrática emérita de Derecho Financiero en la Universidad de Alicante. Es la misma dirección, añadió, a la que apuntan organismos internacionales como la OCDE.

Además, su propuesta intenta un “equilibrio”, destacaron los expertos, entre la autonomía financiera de las comunidades –ambos son impuestos de su competencia– y la aplicación de un impuesto sobre la riqueza “con criterios de eficiencia y equidad” como exige la Constitución. Así, el comité propone fijar un mínimo exento de un millón de euros de carácter estatal por debajo del cual no hay que pagar por el patrimonio. Según sus cifras, por debajo de esa cuantía se sitúan el 44,3% de los declarantes en la Comunitat Valenciana o el 44,7% en Andalucía. Sin embargo, la cuota a ingresar supone sólo el 3,4% y el 2,7% de lo recaudado en esas comunidades autónomas. Por el contrario, quienes más pagan por este impuesto son los dueños de patrimonios entre uno y tres millones de euros, casi el 40% de lo recaudado.

Con este límite común, los expertos pretenden acabar con la “competición a la baja” que se ha desatado en los últimos años entre los gobiernos autonómicos y que amenaza con “vaciar de contenido” estos impuestos, en palabras de Jesús Ruiz-Huerta. Sin embargo, plantean también que se aplique una tarifa progresiva, a partir del 0,5% y con un máximo del 1% en Patrimonio. Si se ensancha la base del impuesto, aseguran, se pueden reducir los tipos de gravamen y mantener la recaudación actual. Además, proponen mantener las exenciones sobre la vivienda habitual y el patrimonio empresarial y profesional.

Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Libro Blanco plantea igualmente un mínimo exento común de entre 120.000 y 250.000 euros para los herederos de parentesco más próximo –hijos, nietos, padres, cónyuges–, y de 20.000 a 50.000 para el resto. Los expertos dejan claro que el diseño del impuesto se ha quedado obsoleto, pero rebaten con firmeza el argumento de que por una herencia recibida se tributa dos veces, tal y como sostienen los defensores de suprimir este impuesto. “Que las herencias no tributen en absoluto sería un factor importante de regresividad”, resaltó Teresa Soler.

Además, los expertos creen que en España no existe un único Impuesto de Sucesiones “sino hasta 20 distintos”, por lo que invitan al Gobierno a simplificarlo: plantean reducir el número de tramos y los tipos de gravamen, así como suprimir la reducción permitida por seguros de vida. El comité cree que la tarifa del impuesto es demasiado elevada y pide su reducción para evitar “situaciones de confiscatoriedad”. Pero considera que debe regularla el Estado, a modo de referencia para las comunidades autónomas. De todas maneras, parece que el debate al respecto no concitó la unanimidad. El Libro Blanco revela que “una parte del comité” consideró que la tarifa estatal de Sucesiones debería aproximarse a la de Francia o Alemania, con más tramos y tipos superiores, para aumentar la progresividad del impuesto.

“[El Libro Blanco] Es un documento de consenso, que incluye las propuestas más viables”, explicó Jesús Ruiz-Huerta en la presentación, “y éstas reflejan las preferencias de los expertos que fueron puestas en común”, tras centenares de reuniones y 21 sesiones en pleno del comité.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recibido este jueves el libro blanco que ha elaborado el comité de expertos sobre la reforma del sistema tributario, pero ha descartado que el Gobierno contemple "hacer de inmediato ninguna subida fiscal" en el actual contexto económico, de recuperación aún de la pandemia y con la guerra en Ucrania, y ha enmarcado el informe para "el medio y largo plazo", según informa Europa Press.

Montero, que ha recibido el libro blanco en la sede del Ministerio de Hacienda y de manos del presidente del comité de expertos, Jesús Ruiz-Huerta, aseguró que lo que pretende el Gobierno es pensar en una reforma estructural del sistema tributario, pero "en el medio plazo" y que se pueda "acompasar" a la situación económica del momento. En este sentido, afirmó que el Ministerio de Hacienda "se tomará el tiempo necesario para leer" el documento, de 700 páginas, y para analizar cada letra del mismo "de forma detallada", y una vez que se haya hecho, el Gobierno planteará las reformas que estime necesarias, buscando "el máximo consenso parlamentario".

"Ahora nos toca a nosotros, al propio Gobierno, estudiar con detenimiento el informe, verlo con detalle para a partir de los próximos meses y años ir formulando propuestas que cuenten con el mayor consenso posible en el arco parlamentario para un sistema fiscal más justo y que permita la igualdad de oportunidades", reiteró la ministra.

Además, reconoció que la entrega del documento se realiza en un momento "especialmente tenso" para el conjunto de la sociedad internacional, y de Europa en particular, por la escalada bélica en Ucrania, que conllevará un "importante impacto económico" y que, por tanto, hará necesario "acompasar" a estas circunstancias la reforma fiscal. "El documento académico es una hoja de ruta, un diseño para que a lo largo de los próximos años contemos con un sistema fiscal más justo", volvió a insistir la ministra, alejando otra vez la posibilidad de que el Gobierno vaya a acometer una subida de impuestos en el corto plazo.

Montero, que agradeció varias veces el trabajo de los expertos y singularmente el de su presidente, alabó que el libro blanco se haya firmado por los 17 integrantes del grupo y que se haya conseguido un consenso "unánime" en los elementos más importantes del mismo que, a su juicio, servirá de "base sólida" para la "necesaria" reforma del sistema fiscal.

La ministra de Hacienda afirmó que España y Europa necesitan un sistema tributario del siglo XXI, ya que hasta el momento ha habido iniciativas parciales para cambiar determinados aspectos, pero abogó no una reforma en profundidad "para las próximas décadas". En este sentido, se felicitó de que en el seno de la UE y también de la OCDE se haya avanzado en una serie de consensos sobre la fiscalidad "que hace años parecían imposibles", y se alegró de que la Comisión Europea esté elaborando en este momento varias directivas al respecto.

Entras las recomendaciones que plantea este libro blanco en materia de IVA, se encuentra reducir parte de sus beneficios fiscales y propone también introducir nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores de 18 años o para salarios bajos, al tiempo que también apuesta por "ajustes" en la tarifa de este impuesto.

Ruiz-Huerta explicó que España recauda menos en este impuesto que la media de la UE (su tipo implícito solo es superior al de Rumanía e Italia) y, por tanto, plantea reducir los beneficios fiscales en este tributo, que son "muy elevados". Así, propuso un proceso de "revisión y reducción" de los tipos reducidos y superrreducidos, pero en la medida en que estas decisiones pueden afectar a artículos de primera necesidad, los expertos plantean establecer compensaciones para las rentas más bajas. "Pero no para hacerlo hoy bajo ningún concepto, porque es absolutamente inviable", aclaró.

En el IRPF, el documento propone la aprobación de una deducción o prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años para reducir la pobreza infantil, al tiempo que se proponen "ajustes" en la tarifa del IRPF. También se apuesta por generalizar la estimación directa, lo que implica acabar con la tributación por módulos.

Asimismo, los expertos para la reforma fiscal han propuesto mantener el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones y han abogado por establecer un límite mínimo para ambos tributos, ante el actual problema de competencia a la baja entre comunidades autónomas. Ruiz-Huerta ha explicado que, en la medida que las comunidades autónomas tienen un problema de competencia a la baja, los expertos entienden que hay que evitar el "vaciamiento" y la "desaparición" de estos impuestos, por lo que han recomendado al Gobierno estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo, al tiempo que se mantiene la autonomía y la competencia normativa.

En el último capítulo del libro blanco se analizan los principales impuestos patrimoniales, así como la conveniencia y necesidad de ordenar el ejercicio de determinadas competencias relativas a los impuestos personales sobre la riqueza, cuya regulación ha sido en parte cedida a las comunidades autónomas de régimen común y se proponen posibles reformas en este ámbito.

En relación con los fundamentos económicos y jurídicos de estos impuestos, los expertos han recordado que en España, al igual que en otros países del entorno, la desigualdad de riqueza es más amplia que la de la renta. Además, han apuntado que la brecha entre los extremos se ha hecho más profunda desde los años de la crisis financiera, de manera que una proporción relevante y creciente de la riqueza se concentra en especial en la parte más alta de la distribución.

Entrando en detalle, sobre el Impuesto de Patrimonio, el comité recomienda su mantenimiento. Además se propone el mantenimiento del límite conjunto IRPF-Impuesto de Patrimonio, con una posible elevación del impuesto mínimo a pagar. En cuanto al mínimo exento, se considera conveniente establecerlo en un millón de euros, para procurar concentrar la tributación en la parte alta de la distribución de la riqueza. Por último, el comité aboga por una reducción de la tarifa, manteniendo en todo caso su carácter progresivo.

En lo que se refiere a la necesaria reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, entre otras propuestas para ampliar la base imponible, el comité propone mantener la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, aunque, al igual que sucede con la exención del patrimonio empresarial y profesional en el impuesto de patrimonio, urge a evaluar periódicamente la efectividad de este beneficio fiscal.

Además el comité aconseja revisar la regulación de los requisitos exigidos para su aplicación, en particular, el establecimiento de un importe máximo de base imponible que pudiera beneficiarse de esta reducción. Y en la misma línea que en el impuesto de patrimonio, el comité propone un mínimo exento alto y una escala de gravamen moderada para los grupos I y II de parentesco.

Con todo, el comité sugiere al Gobierno que la reforma de estos impuestos a la riqueza ha de acompañarse necesariamente de una diferente delimitación de la capacidad normativa de las comunidades de régimen común para asegurar el fortalecimiento de sus ingresos tributarios. El comité se inclina por la conveniencia de avanzar hacia una concentración de las competencias normativas de las comunidades en el ámbito del mínimo exentos, las escalas de gravamen y posibles deducciones o bonificaciones de la cuota. Así, se mantendría la coordinación en todo el territorio de las bases imponibles y liquidables y se aseguraría una cuantía mínima de gravamen efectivo.

El comité de expertos también han incluido entre sus medidas la creación de un impuesto a aplicar sobre los billetes de avión y gravar el queroseno para fomentar carburantes sin emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre sus propuestas de fiscalidad ambiental, los expertos también plantean equiparar la tributación de diésel y gasolina, y un aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos, entre otras medidas a implementar.

En el caso de los billetes de avión, proponen "incorporar costes medioambientales" en los mismos "con objetivos de moderación de demanda", y así favorecer alternativas en trayectos cortos y el cambio tecnológico, pues no se aplicaría a vuelos que no generen emisiones directas de GEI.

En su informe, los expertos remiten a otras experiencias internacionales y, atendiendo al tipo impositivo aplicado por Países Bajos en 2021 de 7,85 euros/pasajero, el precio final se elevaría hasta un 15% para vuelos domésticos y un 6,6% en vuelos internacionales. Esta simulación provocaría una caída en el número de viajeros del 8,5%, de un 5,6% en el volumen de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y un aumento de la recaudación de unos 951 millones de euros, según esta estimación.

Tanto para esta propuesta como para la fiscalidad del queroseno, el comité de expertos plantea considerar compensaciones a hogares con menor capacidad económica, con el fin de que este aumento de impuestos dificulte su acceso al transporte aéreo y también sugiere la devolución parcial del impuesto sobre los billetes a residentes en territorios extrapeninsulares.

Con todo, los expertos recomiendan al Ejecutivo consolidar la recuperación económica antes de poner en marcha las reforma en un contexto marcado por la crisis del covid-19 y del conflicto en Ucrania y le han instado a una aplicación "gradual", a través de una "razonada" programación. Así, los expertos han advertido de que la invasión de Ucrania y la crisis del covid-19 es un "hándicap" para la posible recuperación y eso afecta en términos tributarios. "Es más difícil aplicar reformas en un contexto como el que se vive", ha alertado.

Además, han recomendado a prestar atención al vector territorial, teniendo en cuenta la integración de España en el marco internacional, así como la importancia de la descentralización del Estado español. El presidente del Comité ha querido dejar claro que éste es un informe técnico y que los expertos no son "responsables" de poner en marcha una reforma fiscal. "Nosotros no hacemos una reforma fiscal, sino invitamos a estudiar los elementos que nos parecen importantes", ha remarcado.

Madrid, 30 de junio de 2020. Para ser martes, la agenda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es ligera. A media mañana, tiene previsto participar en el acto de clausura de una de las promociones de ingreso a la Policía Nacional. Pero antes, enciende el ordenador para intervenir en un encuentro digital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Durante una hora, la líder del Ejecutivo autonómico habla de la situación de la pandemia, de los rebrotes, de la relajación social. Y, por supuesto, de impuestos. "Si no queremos ver cómo el capital se va tenemos que ser atractivos. Y atractivos no es maltratando. Y, desde luego, efectivamente, dando un trato desigual a muchas personas que probablemente tengan un mayor poder adquisitivo, pero porque también están generando más puestos de trabajo".

Aquellas palabras provocaron un enorme revuelo en la oposición. Tanto, que desde la Puerta del Sol se vieron obligados a matizarlas asegurando que la presidenta no defendía "un trato fiscal desigual". "En todo caso sería para los que crean puestos de trabajo, no para los más ricos", dijeron a Nius. Y ahí quedó el asunto, con la duda abierta sobre si lo que dijo era lo que realmente pensaba o solo fruto de una mala explicación. Sea como fuera, de lo que no hay duda alguna es de que en los dos años que lleva al frente del Ejecutivo regional Ayuso ha continuado profundizando en aquellas políticas que premian a las clases altas en Madrid y que se han convertido en el sello de identidad del PP en su principal laboratorio de ideas neoliberal.

Este jueves, el Gobierno madrileño sacó adelante con el respaldo de la ultraderecha en la Asamblea autonómica una de sus principales promesas electorales en materia impositiva: la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a pesar de que el gravamen ya era el más bajo de todo el país. Una bajada que tendrá un coste para las arcas públicas de más de 300 millones de euros y de la que, según se encargó de señalar el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, "se beneficiarán todos los madrileños". Una "cortina de humo" –a ojos de la oposición– de las "gigantescas rebajas fiscales" a los contribuyentes más ricos.

En términos relativos, es cierto que el ahorro se concentra en las rentas más bajas. Así, según los cálculos que maneja Hacienda, en el tramo con base liquidable de hasta 12.450 euros el ahorro será, de media, del 5,6% sobre la cuota inicial, mientras que en el tramo con base liquidable superior a 53.407,21 euros será del 2,8%. Pero la cosa cambia, sin embargo, en términos absolutos. En el primero de los casos, los contribuyentes se ahorrarán de media 4,42 euros –36 céntimos al mes–, mientras que en el segundo el beneficio será de 507 euros, cien veces más. En el tramo intermedio, el que va de los 17.707,21 hasta los 33.007,20, el ahorro ascendería a unos 86 euros, siete euros mensuales.

La senda impositiva seguida por Ayuso choca de frente con las recetas que en plena crisis sanitaria y económica han puesto sobre la mesa algunos de los principales organismos internacionales. Es el caso, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe de monitorización fiscal del pasado mes de abril proponía aplicar a empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuyese a reducir la erosión fiscal y la desigualdad en plena pandemia. “Los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza”, decía el organismo.

Pero el actual Ejecutivo regional tiene bien claro el rumbo a seguir. Ese que se encargó de marcar hace algo más tres lustros Esperanza Aguirre y que se ha traducido en más de seis decenas de reducciones fiscales desde 2003, cuatro de ellas sobre el IRPF. Actualmente, en la Comunidad de Madrid apenas queda rastro de aquellos tributos que más preocupan a las clases altas. El de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%. Es decir, que por una herencia de 800.000 euros –vivienda incluida– se tendrán que pagar menos de 2.000 euros, frente a los 81.000 de Castilla y León. Y el de Patrimonio, directamente, al 100%. Es decir, que uno de 1.000 euros pagará lo mismo que uno de 80 millones: cero euros.

La OCDE puso el pasado mes de mayo el foco de forma directa sobre la política impositiva madrileña. "Paraíso fiscal interno", llegó a decir en un informe en el que sostenía que un impuesto de sucesiones, sobre todo si está dirigido a rentas altas, "puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza". Justo antes de la pandemia, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en Madrid era la más elevada de toda España. La comunidad acumulaba entonces dos tercios de los patrimonios superiores a 30 millones de euros. Más del doble que ocho años antes.

A pesar de todo ello, Ayuso tiene claro que ese es el camino a seguir. Y que defenderá sus políticas a capa y espada, por más que desde diferentes autonomías y desde el Ejecutivo central se juegue con la idea de una armonización fiscal. De ahí que haya puesto sobre la mesa la denominada Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, un texto que pretenden utilizar como dique de contención frente al establecimiento de unos determinados mínimos impositivos que se pretendan marcar desde Moncloa. Por el momento, el Gobierno madrileño está estudiando las alegaciones recibidas en el trámite de consulta pública para dar luz verde definitiva al texto a la vuelta del parón navideño.

La ultraderecha nunca puso limitaciones al Ejecutivo regional a la hora de bajar impuestos. Es más, presionó siempre que pudo para que se hiciera cuanto antes. De hecho, el acuerdo presupuestario suscrito por PP y Vox no recoge absolutamente nada en materia impositiva. Sí que lo hace, sin embargo, en cuestiones educativas. Así, ambos partidos han pactado incrementar los cheques/bonos educativos y el número de beneficiarios en todas las etapas no obligatorias –infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP–. La idea, con aumentos anuales del 33% en la primera y el 25% en las otras dos, es avanzar hacia la gratuidad de todas estas enseñanzas.

El acuerdo para incrementar la partida presupuestaria vino acompañado de una ampliación de las rentas que pueden optar a este respaldo de la administración. Frente a los 25.000 euros per cápita en una unidad familiar fijado como límite de renta en la última convocatoria, ahora esa barrera se ha puesto en la media del PIB per cápita en la región: 35.000 euros por cada miembro, según explicaron desde Hacienda. Es decir, que en el caso de una pareja con dos hijos podrán solicitar la ayuda tanto los hogares en los que entren 20.000 euros al año como aquellos en los que entren 140.000 anuales.

Desde Podemos llevan días denunciando que este punto oculta realmente un desvío de 62,5 millones de euros –que es lo que costará la medida este curso– hacia los centros privados y concertados a través de estos cheques. Una medida que ven con buenos ojos en los primeros pero que no termina de convencer a parte de los segundos. "Menos es nada, pero lo que nosotros queremos en realidad es que Díaz Ayuso cumpla con su promesa electoral de ampliar los conciertos educativos", decía hace unos días en declaraciones a La Razón el secretario regional de Escuelas Católicas, José Antonio Poveda.

Como en materia impositiva, también en lo relativo a la educación concertada la presidenta regional ha seguido al milímetro la línea marcada por sus antecesores. En sus primeras cuentas públicas, el Gobierno de Ayuso ha previsto 1.164,6 millones de euros para los conciertos educativos –111,6 millones más, una subida del 10,6%, respecto a 2019–, frente a los menos de 900 millones que se dedicaban en la región allá por 2009. Y tampoco ha descuidado la privada. Desde que llegó a la Puerta del Sol, el Ejecutivo madrileño ha dado luz verde a la puesta en marcha de cuatro universidades de este tipo.

Incluso en la construcción de enormes infraestructuras ha recurrido a las fórmulas de la era Aguirre. La nueva Ciudad de la Justicia, ese proyecto a imagen y semejanza de aquel otro de nombre similar que ha terminado con la imputación de uno de los vicepresidentes del Ejecutivo regional, se levantará bajo un modelo de concesión, sello de identidad de los siete hospitales semiprivatizados de Aguirre. Es decir, la empresa –o empresas– que se hagan con el contrato asumirán la construcción, funcionamiento y mantenimiento y cobrarán un canon anual de la Comunidad de Madrid durante casi cuatro décadas, una especie de tasa que comenzará en los 50 millones de euros.

Se prevé que la gestora de la Ciudad de la Justicia pueda sacar un beneficio de 230 millones de euros. No es el único proyecto que se pretende impulsar bajo esta fórmula. También se ha planteado para la ampliación del Hospital Niño Jesús. En ese caso, se propuso que una firma asumiese la obra a cambio de construir en paralelo un aparcamiento subterráneo en el centro que poder explotar durante las cuatro próximas décadas.

Perdonar el pago a los más ricos para que cada contribuyente de Madrid deba 10.900 euros

A Madrid, el hecho de la capitalidad la sitúa en una posición de clara ventaja con respecto a las demás autonomías. En Madrid están la gran mayoría de los centros de decisión en España, todos los Ministerios y la mayoría de los organismos oficiales, así como las oficinas centrales de las grandes empresas, que, además, aportan un volumen importante de personas con sueldos muy elevados.

La situación de Madrid es de privilegio y, sin embargo, resulta que la Comunidad de Madrid ha aumentado en el periodo 2008-2017 el número de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social un 10,5%.

Madrid es la comunidad con menor gasto social por habitante (2.222 euros) después de Cataluña (según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, AEDGSS). Es importante fijarnos en que esta cifra es un cálculo per cápita y no olvidar que Madrid es una de las comunidades con un nivel de vida más elevado.

Continuamente recibimos información sobre las rebajas fiscales que lleva a cabo el Partido Popular en esta comunidad y especialmente las rebajas de Isabel Díaz Ayuso, de las que tanto presume.

La realidad es que el PP de Madrid perdona a las grandes fortunas el Impuesto de Patrimonio (bonificado al 100%) y el de Sucesiones y Donaciones (bonificado al 99%). Esto provoca un dumping fiscal con otras autonomías, porque muchas de las grandes fortunas de todo el Estado se domicilian fiscalmente en Madrid, reduciendo los ingresos de otras comunidades, al no declarar allí su impuesto sobre la renta y no pagar el impuesto anual de patrimonio, aprovechando que se perdona en Madrid.

Resulta escandaloso ver las propuestas de reducción de impuestos para 2022 que hace Isabel Díaz Ayuso. El pasado mes de junio prometió rebajar 500 euros a los más ricos y 4 euros a las rentas más bajas. Este es el primer trampantojo* trampantojo*. Muchas personas de rentas medias y bajas creen que van a pagar menos impuestos y es una afirmación muy tramposa, pues apenas se rebaja este impuesto a las rentas más bajas.

Por otro lado, en febrero de este año la Comunidad de Madrid comunicó que la rebaja de impuestos, en el período 2004 - 2020, equivale a 53.000 millones de euros y, como en el cuento aquel de: “Si yo me como un pollo y tú ninguno, hemos comido medio pollo cada uno”, nos dicen que esto supone 16.500 euros por contribuyente.

Los ricos no pagan y a los demás nos queda una gran deuda

Este es el mayor trampantojo que se puede hacer, y resulta evidente en cuanto analizamos en profundidad qué suponen las rebajas en los impuestos de sucesiones y patrimonio, que son los que producen mayor redistribución: El impuesto de Patrimonio se paga a partir de tener unos bienes por declarante por encima de los 700.000 euros. Aparte se pueden añadir 300.000 euros por la vivienda habitual, o sea, 1.000.000 euros de patrimonio. Una pareja que tuvieran 2 millones de euros empezarían a pagar un tipo del 1,3% sobre lo que sobrepasara esa cifra.

¿Tener por encima de 1 millón de euros por contribuyente es clase media?

Si miramos el impuesto de Sucesiones, del que tanto se habla, como causa de que no se acepten las herencias, se crea una gran confusión. Se suele considerar que la cifra que se paga habitualmente es como impuesto de Sucesiones cuando en realidad, en la mayoría de las autonomías, lo que se paga generalmente es el impuesto municipal de plusvalía, que nada tiene que ver con el de Sucesiones que estamos contemplando. De hecho, en Madrid, donde el tipo del de Sucesiones es del 1%, lo lógico hubiera sido que no existieran renuncias a la herencia, y sin embargo las renuncias están en la media estatal y por encima de varias autonomías. Según señalan los notarios, generalmente la renuncia a las herencias tiene su origen en las deudas hipotecarias.

Y aquí lo más grave de este trampantojo: la Comunidad de Madrid ha perdonado a las mayores fortunas 53.000 millones de euros y su actual deuda pública es de 35.000 millones de euros: o sea, por habérsele perdonado a los más ricos 53.000 millones de euros, cada una de las personas contribuyentes de la Comunidad de Madrid, de cualquier nivel social, debe 10.900 euros, de los que ya estamos pagando elevados intereses.

En definitiva, no es que hayan perdonado 16.500 euros por contribuyente, como afirma la Comunidad de Madrid, sino que la realidad es que ahora cada contribuyente debe 10.900 euros de la deuda pública creada por la autonomía al beneficiar a los más ricos.

Crear trampantojos y bulos es un continuo en fiscalidad.

* Trampantojo: Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es.

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Miguel Gorospe es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que "podría ser una opción" el planteamiento de establecer un impuesto específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid ante el procés invisible" y la "competencia desleal" que, a su juicio, ejerce esta región respecto a otros territorios porque, según ha dicho, "atrae bases imponibles de otros lugares".

Así se ha pronunciado Puig en su ponencia del Desayuno Informativo de Europa Press al ser preguntado por si considera que habría que crear un impuesto para las rentas altas radicadas en la Comunidad de Madrid. "Podría ser una opción, pero ya le digo que no quiero hacer ningún tipo de invención rápida y no suficientemente rigurosa", ha respondido Puig.

En este contexto, ha defendido la "gran reforma fiscal que necesita España" que, según ha dicho, "debe atender a los nuevos impositivos". En cualquier caso, ha destacado que "lo que no tiene que cambiarse es lo que dice la Constitución, que debe haber una fiscalidad progresiva y que tienen que pagar las personas que tienen mayor rendimiento".

Así, ante la armonización fiscal que defiende respecto a la Comunidad de Madrid, ha puesto en valor "lo que ha dicho la OCDE en relación a esta región": "Por lo tanto, busquemos la mejor solución. No voy a improvisar un impuesto pero sí que esa vía tiene que estar presente".

El "'procés' invisible" de Madrid

Durante su intervención en este Desayuno Informativo de Europa Press, Puig ha arremetido duramente contra la Comunidad de Madrid y el "centralismo" que, a su juicio, se está produciendo en España. Es en este contexto en el que ha cargado contra el "procés invisible" de Madrid basado en el dumping fiscal y la "competencia desleal".

Así, el presidente valenciano se ha quejado de las rebajas fiscales de Madrid para las rentas altas "gracias a las ventajas de la capitalidad, que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer dumping fiscal".

"Un procés invisible está fracturando España: Que España sea Madrid, que todo esté en Madrid, sé que es una verdad incómoda, pero hay que afrontarla", ha proclamado Puig en su discurso en el que ha planteado cinco propuestas de cohesión.

Por ello, ha criticado los datos de empleados públicos que acoge la Comunidad de Madrid, "siendo más funcionarios estatales que autónomos hay en 47 provincias"; los datos de gestión de contratos estatales, "casi el 60% de adjudicaciones se hacen desde empresas residenciadas en Madrid" y por último, "las rebajas fiscales".

Cataluña: "Una década perdida"

En este discurso, en el que ha señalizado cinco desafíos territoriales a los que se enfrenta España, Puig ha considerado a Cataluña y el independentismo como el primero de estos retos en materia territorial.

En este punto, ha resumido el balance del proceso separatista como una "década perdida" porque considera que "todas las partes" han perdido "demasiado": "Cataluña ha pasado del impulso modernizador al de la parálisis institucional".

Por ello, ha calificado de "muy mala noticia" que el presidente catalán, Pere Aragonés, haya manifestado ya su rechazo a acudir a la Conferencia de Presidentes que se celebra la próxima semana en Salamanca y le ha invitado a "repensárselo".

Una conferencia de presidentes cada seis meses

Precisamente sobre esta reunión con los mandatarios autonómicos y el Gobierno central, Puig ha propuesto, "para profundixar en la federalización", que se institucionalice esta Conferencia de Presidentes con "al menos" una reunión semestral.

También, plantea en este afán federalista que se reglamenten las Conferencias Sectoriales y avanzar, "de una forma pragmática", en la reforma del Senado "para que se cumpla la actual Constitución cuando habla de Cámara territorial".

Por último, el presidente valenciano ha planteado también la descentralización de algunas estructuras como el Centro Nacional de Danza o Puertos del Estado. Es más, ha lanzado la pregunta de por qué "la fiesta nacional de España se celebra siempre en el mismo sitio".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves la Estrategia España 2050, un documento "abierto" que se someterá a un "debate nacional" en el que ha invitado a participar a todos los españoles, también a los partidos políticos, las comunidades autónomas y los municipios, de cara a decidir "el país que queremos dentro de 30 años", según recoge Europa Press.

El documento, que analiza los nueve grandes desafíos a los que se enfrenta España y se marca 50 objetivos, no está "cerrado, es un documento vivo" y una "primera propuesta" que servirá de base para "un gran diálogo nacional" que se celebrará en los próximos meses.

Será, ha asegurado Sánchez, "un diálogo de abajo a arriba" y "abierto a todos" porque de lo que se trata, ha subrayado es de "alcanzar esa visión compartida de una nueva España hacia la que queremos caminar juntos".

La meta que se ha marcado el Gobierno con esta estrategia es situar a España en el grupo de los países más avanzados de Europa, que actualmente componen Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia.

Nuestro país, ha dicho Sánchez, tiene muchas "asignaturas pendientes" y nos enfrentamos a "retos importantísimos, formidables" pero, ha sostenido, "desde 1977 España no ha hecho más que progresar y así va a seguir haciéndolo"

Bajar impuestos favorece la actividad económica y, por tanto, incrementa la recaudación de Hacienda. Este mantra, que el presidente del PP, Pablo Casado, repite con frecuencia, está en el centro de las políticas neoliberales.

Casado sostiene que ahora, en plena crisis económica y social provocada por la pandemia, la fórmula permitiría a España salir del agujero y recuperar más rápidamente la senda del crecimiento. Aunque la presión fiscal española (35,4% del PIB) esté por debajo de la media de la Unión Europea (41,1% ) y de la eurozona (41,6%), según los datos de 2019 publicados por Eurostat —España es el séptimo país con menor presión fiscal entre los diecinueve del euro—, el presidente del PP quiere adelgazar el Estado porque, según él, lo que el país necesita es menos presencia pública y más espacio para la iniciativa privada.

No por casualidad el programa económico de Casado, con el que consiguió ser elegido presidente del partido, gira casi exclusivamente en torno a la promesa de reducir impuestos.

Propone, por ejemplo, bajar el tipo máximo del IRPF, el que afecta a los más ricos, sin tocar el de los que menos ganan, con el argumento de que los que más tienen crearán puestos de trabajo si Hacienda les permite aumentar su riqueza.

Es la misma razón por la que defiende una reducción del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas. Aunque en la práctica muchas de ellas, sobre todo las grandes corporaciones, acaben pagando menos impuestos que las pequeñas aprovechando los resquicios que les dejan las leyes. Según datos de la Agencia Tributaria de 2016, las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo en el impuesto de sociedades del 7,88%, mientras que las medianas lo hicieron al 13,65% y las pequeñas al 18,78%.

La rebaja fiscal que Casado propone no se queda ahí. Desde que llegó a la presidencia del partido defiende la supresión de los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones, que tacha de “injustos” y “regresivos”.

Claro que, más allá del mantra que trata de asentar la idea de que bajar impuestos equivale a aumentar la recaudación, lo cierto es que cuando el PP tuvo ocasión de aplicarlo no lo hizo. En 2011, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo la oportunidad de aplicar esa política fiscal para mejorar las arcas públicas reduciendo la presión impositiva, pero hizo exactamente lo contrario: subir los impuestos para recaudar más y reducir el déficit.

Hace muy poco días, el pasado martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en evidencia la fijación del PP con los impuestos de donaciones y sucesiones, el mismo al que Casado se refiere siempre de forma despectiva como “el impuesto de la muerte”.

Muy lejos de esa opinión, la OCDE sostiene que la creciente desigualdad y la acuciante necesidad de los países de elevar la recaudación para abordar el desequilibrio de las cuentas públicas tras la pandemia puede hacer de la fiscalidad sobre las herencias y donaciones un “importante instrumento”.

“La crisis ha exacerbado las desigualdades existentes y ha golpeado más a muchos hogares vulnerables, y los enfoques tradicionales de recaudación, como aumentar los impuestos sobre los ingresos laborales y el consumo, como en la crisis de 2008, pueden ser menos deseables desde una perspectiva de equidad y perspectiva de crecimiento”, sostiene esta organización en un análisis sobre el impuesto de sucesiones.

Es probable que la crisis suscite una reflexión sobre la necesidad de recurrir a fuentes de ingresos nuevas o infrautilizadas, que también pueden ser compatibles con los objetivos de reducción de la desigualdad, señalando que el impuesto de sucesiones podría desempeñar un papel especialmente importante en el contexto actual.

El laboratorio de ideasde los países ricos señala que, si bien la mayoría de los países de la OCDE, un total de 24, gravan las herencias o donaciones, estos impuestos suelen generar muy pocos ingresos y actualmente representan únicamente el 0,5% de media del total de la recaudación fiscal. De hecho, entre los países analizados la recaudación del impuesto de sucesiones sólo sobrepasa el umbral del 1% del total de ingresos fiscales en Corea del Sur (1,59%), Bélgica (1,46%), Francia (1,38%) y Japón (1,33%). En el caso de España, la recaudación del impuesto de sucesiones representaba apenas el 0,58% del total, apenas por encima de la media del 0,53% del conjunto de la OCDE.

Distribuir las herencias

Igual que la desigualdad se ha mantenido en niveles elevados o se ha incrementado durante las últimas décadas, explica el citado informe, las herencias también se distribuyen de manera desigual entre los hogares, beneficiando particularmente a los más ricos y, a medida que envejece la generación del baby boom, aumentando la concentración de riqueza entre las cohortes de mayor edad. Los impuestos de sucesiones bien diseñados, concluye la OCDE, pueden contribuir a aumentar los ingresos y mejorar la equidad, con menores costes administrativos y de eficiencia que otras alternativas.

Desde la perspectiva de la equidad, un impuesto a las herencias, en particular uno que tenga como objetivo niveles relativamente altos de transferencias de riqueza, puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de la riqueza. Y aunque pueden afectar negativamente a las sucesiones en empresas familiares, al mismo tiempo pueden reducir los riesgos de asignación incorrecta de capital a herederos menos cualificados.

La OCDE apuesta por llevar a cabo reformas como el diseño de umbrales de exención para las herencias pequeñas, permitiendo a los herederos recibir cierta cantidad de patrimonio libre de impuestos. O la introducción de tasas impositivas progresivas para garantizar que quienes reciben más riqueza paguen más impuestos, así como la reducción de las diferencias en el tratamiento fiscal aplicado a los descendientes directos y el de herederos más lejanos, lo que rebajaría los incentivos para la concentración de transferencias entre los parientes más cercanos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tampoco parece compartir la receta fiscal de la derecha española. En un informe de monitorización fiscal, este organismo defendió a comienzos de abril la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia. Y propuso expresamente aplicar a empresas y personas con mayores ingresos, aunque sólo sea de manera temporal, un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones. La antítesis de lo que defiende el PP de Casado en la casa que gobernó no hace tanto tiempo su ministro estrella Rodrigo Rato.

“Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la Covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza”, sostiene el FMI.

Se trata, recuerda el Fondo, de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, que ya se utilizaron con éxito anteriormente circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013). En Australia se gravaron los beneficios extraordinarios de las compañías mineras del carbón y el hierro con el objetivo de aumentar el volumen del fondo de jubilación, desarrollar obras de infraestructura y compensar una reducción de los impuestos corporativos. Y en Japón se creó un impuesto especial (que estará en vigor hasta 2037) destinado a financiar la reconstrucció del país tras el desastre provocado dos años antes por el terremoto de Tohoku, que ocasionó un tsunami y el desastre nuclear de Fukushima.

Hace falta, además, según esta institución, acometer reformas fiscales con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar, según el FMI, a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

Según el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, es necesario obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección. “En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza”.

En las economías avanzadas, remarcó, existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. “Hay muchas opciones disponibles”, indicó, aunque ninguna parece gustar al PP. Entre ellas “una contribución para la recuperación de la Covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad”.

Hay más propuestas, todas en la doble dirección de conseguir una fiscalidad más justa y de gravar a las corporaciones. En una rueda de prensa para presentar su informe de Perspectivas económicas mundiales, la economista jefa de la institución, Gita Gopinath, defendió el establecimiento de un impuesto mínimo a nivel global para gravar los beneficios de las corporaciones en línea con la propuesta lanzada por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

El FMI defiende reformas fiscales que no sólo aumenten los ingresos sino que también mejoren la progresividad aumentando los impuestos a las personas más ricas y a las corporaciones altamente rentables que se han visto relativamente menos afectadas por la pandemia.

Movilizar recursos

El fortalecimiento de la capacidad tributaria, con la expansión gradual de la base impositiva sobre la renta de empresas y personas físicas, además de un sistema tributario más progresivo y mejoras en la eficiencia del gasto, “puede ayudar a movilizar recursos adicionales para los servicios básicos y para los objetivos de desarrollo sostenible”.

Es el presidente Joe Biden el que defiende aprobar un nivel impositivo mínimo a nivel global para las empresas, de forma que se evite la “carrera” a la baja que existe actualmente. Exactamente el mismo problema que está provocando la Comunidad de Madrid dentro de España aprovechando las ventajas que le ofrece la capitalidad para atraer dinero mediante la reducción o supresión de impuestos, en perjuicio de otros territorios. Una práctica, el dumping fiscal, denunciada por otras comunidades y a la que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner freno.

No es esta la única iniciativa implementada por Biden que pone en evidencia la política fiscal del PP. Para financiar su ambicioso plan de creación de empleo e infraestructuras (con un coste de 1,7 billones de euros a diez años) el presidente planea incrementar la recaudación de la hacienda federal durante los próximos 15 años gracias a una serie de subidas de impuestos a las corporaciones y a las grandes fortunas (afectará a los contribuyentes que ingresan más de 400.000 dólares al año) así como mediante la eliminación de exenciones y bonificaciones fiscales. La medida estrella del nuevo Gobierno estadounidense elevará el impuesto de sociedades del 21% actual al 28%, todavía lejos del 35% de comienzos de los años noventa.

La senda del PP tampoco es la del Banco de España, que en su Informe Anual 2020, hecho público este jueves, abogó por una revisión “integral” del sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea “suficiente” para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer. Defendiendo la fiscalidad verde, que el PP critica sin reservas (especialmente la que trata de desincentivar el uso del diésel y la producción de plásticos), y una revisión el conjunto de beneficios fiscales de las diferentes figuras tributarias, en contra también de los planteamientos de los de Casado.

Para incrementar la recaudación, la autoridad monetaria española no propone bajar impuestos, como el PP. Defiende todo lo contrario: modificar algunos ya existentes e introducir nuevas figuras tributarias. Solo de esta manera será posible “maximizar” la eficiencia en la captación de los ingresos impositivos y “minimizar las distorsiones” que ello genera en la actividad económica.

El Banco de España recuerda que la recaudación por el impuesto sobre sociedades es más reducida en España que en la zona euro (0,9 puntos menos) y que, en cambio, la que Hacienda consigue a través del IRPF y de las cotizaciones sociales fue mayor.

Además también es “fundamental”, subraya el informe, revisar con detalle los “múltiples beneficios fiscales” que contempla el sistema tributario y que “no sólo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos (en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB), sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados”. Entre ellos el Banco de España señala uno que el PP defiende con vehemencia: los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel.

No es extraño: el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos apuesta por la fiscalidad medioambiental, cuya capacidad recaudatoria en España es en la actualidad menor que en otras economías del entorno y que, a su juicio, debe desempeñar en los próximos años un papel “preeminente”.

El Banco de España también defiende las nuevas figuras tributarias aprobadas por el Gobierno de Sánchez, la que obligará a pagar a las tecnológicas que comercien con datos de ciudadanos españoles y la que gravará las transacciones financieras relacionadas con el accionariado de las corporaciones del IBEX 35. La entidad no discute estos impuestos, aunque sí aboga, en línea con la mayoría de los países de la OCDE, incluida España, por que tributos de este tipo alcancen un “alto grado de coordinación internacional” para “maximizar su efecto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización de las bases impositivas”.

El PP, en cambio, votó en contra de los dos impuestos cuando se debatieron y aprobaron en el Congreso. Y aún hoy Pablo Casado pide expresamente su derogación en nombre de las “clases medias y trabajadoras”, a las que difícilmente pueden dañar tributos que sólo afectarán a las grandes tecnológicas y a quienes especulen con acciones de grandes empresas.

¿Es Madrid un paraíso fiscal? La respuesta es unívoca: no. Los madrileños pagan impuestos (IRPF) y las empresas también (Sociedades) al mismo nivel que las demás regiones: en IRPF en la Comunidad de Madrid se paga un poco menos y en Sociedades se tributa en toda España al 25% frente al 28% que recaudan las haciendas forales de Navarra y Euskadi. Ahora, ¿se pagan los mismos impuestos en Madrid que en el resto del país? Tampoco: los grandes patrimonios pagan mucho menos de lo que lo harían en otras autonomías al bonificar la comunidad desde 2008 el Impuesto sobre la Riqueza o sobre el Patrimonio (100%) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (al 99%). En definitiva, Madrid podría recaudar entre 5.000 y 6.000 millones de euros más anuales a costa de los ricos. 

Esto explica que los ultrarricos, los patrimonios con más de 30 millones de euros, hayan crecido un 125% de 2011 a 2018 en la región mientras los servicios públicos llevan una década de via crucis: la comunidad que menos gasta en Educación por habitante, la segunda que menos en Sanidad por persona o la que tiene los peores servicios sociales. Madrid es un oasis fiscal en España que no tiene parangón ni siquiera en los sistemas más descentralizados y federales de la UE, Alemania y Bélgica. Y todo ello en medio de una estrategia de la Comisión Europea lanzada en 2016 que pasa por armonizar algunos de los principales impuestos entre los Veintisiete. A esta última estrategia se agarra el Gobierno desde la semana pasada para armonizar Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD). 

A todo esto, ¿qué ocurre en la UE?

En Alemania, un país federal desde que se promulgara la Ley Fundamental de 1949, el 95% de los impuestos emanan del Gobierno central (Bund). Es un sistema cooperativo: todas las tasas "fiscalmente importantes" corresponden a la hacienda federal, y después se "redistribuyen horizantal y verticalmente vía transferencias para mitigar los desequilibrios fiscales entre las regiones (Länder)", según resumen en esta síntesis publicada en 2013 los economistas y profesores universitarios Timm Bönke, Beate Jochimsen y Carsten Schröder. 

En Alemania funciona un sistema de pagos por compensación (Länderfinanzausgleich) por el cual las tres regiones más ricas, Baden-Württemberg, Baviera y Hesse, contribuyen a financiar a las regiones fiscalmente más débiles, fundamentalmente las de la antigua Alemania Oriental o RDA y especialmente Berlín, una región pobre a pesar de ostentar la capitalidad. Otras como Sarre, Renania-Palatinado o la norteña Schleswig-Holstein mantienen un equilibrio fiscal según los últimos datos. 

Los Länder gestionan desde 2007 el impuesto sobre las ventas de propiedad. En el sistema de pagos por compensación, hasta un 25% del IVA recaudado en las regiones con superávit fiscal se destina a aquellos Länder con más desequilibrios. Asimismo, dentro de las regiones hay sistemas fiscales diferenciados según el grado de riqueza de los municipios, de forma que las localidades más ricas tienen que contribuir más a la igualdad. Este sistema por supuesto no está exento de tensiones entre las regiones ricas y pobres, pero un caso como la Comunidad de Madrid sería impensable en la primera potencia de la UE. 

En Bélgica, el país más descentralizado de la Unión Europea y con problemas históricos con el nacionalismo flamenco (la región más poblada vota mayoritariamente a partidos independentistas), hay pocas cosas que unan al país: el chocolate, el fútbol, los trenes... y el Fisco. El Servicio Público Federal de Finanzas (SPF) gestiona las contribuciones e impuestos directos, los impuestos aduaneros y especiales, el IVA o Sociedades, entre otros tributos. 

Hasta el punto de que el nacionalismo flamenco más ultramontano (la extrema derecha del Vlaams Belang, pero también la derecha radical del N-VA) airea fake news como que Flandes paga el 70% de los impuestos de la región valona (de idioma francófono). 

Desde la quinta reforma de la Constitución en 2001 se contempla cierta transferencia de impuestos, e incluso tributos propios para las regiones (son tres: Flandes, Valonia y Bruselas) siempre que se trate de materias que no fiscaliza el Estado. Exactamente lo mismo que España con los tributos propios: Madrid apenas tiene tres impuestos propios frente a 15 Cataluña (como es el caso de las bebidas azucaradas).

En muchos sentidos, Bélgica es considerado muchas veces un paraíso fiscal por el bajo nivel al que tributan las grandes compañías y por la ausencia de impuestos en determinados aspectos, como las ganancias del capital por la venta de acciones o participaciones. Al igual que Países Bajos, ha recibido numerosas multas de la Comisión Europea. En enero de 2016, la Comisión Europea reclamó también a Bélgica querecuperase cerca de 700 millones en ayudas públicas ilegales concedidas a 35 multinacionales durante los últimos 10 años. Lo hizo a través de un sistema que permitió a las compañías deducirse de la base del impuesto de sociedades determinados beneficios. 

Otro país federal europeo, Austria, es la antítesis de la descentralización fiscal: los impuestos los recauda el Estado a pesar de la federalidad. 

Italia tiene regiones especiales (cinco) con sistemas de financiación en teoría mejorados: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta y Trentino-Alto Adigio (desde 1948) y desde 1972 Friul - Venecia Julia. Las cinco tienen privilegios en sus finanzas autonómicas que, a la larga, han beneficiado la renta per cápita de sus habitantes, especialmente las regiones norteñas que lindan con Austria o Suiza. Sin embargo, la mayoría del sistema tributario parte de la estatal Agenzia delle Entrate y después se distribuye de manera más onerosa entre las regiones con estatuto especial. Desde la reforma constitucional de 2001, esta financiación se ha extendido a regiones sin ese estatus especial. 

Según el economista Germà Bel, el espejo de Madrid en Europa está en Londres o París, ciudades extractoras de recursos que cuentan con el efecto capitalidad (grandes empresas, edificios y funcionarios del estado). Dentro de Londres, los estándares internacionales consideran cada vez más al barrio financiero de la City como un paraíso fiscal en toda regla, al igual que la ciudad de Dublín. 

El oasis fiscal madrileño en el fondo parte del Estado: es gracias a la cesión de esos tributos como Patrimonio o Suceciones y Donaciones que la Comunidad de Madrid se permite bonificarlos, en detrimento de los servicios públicos. 

Jaime Fernández-Lasquetty, consejero madrileño de Hacienda y antiguo ideólogo de la fallida privatización sanitaria en la región, tiene medios que le escuchan: por eso el pasado 3 de noviembre aireó en unas pocas cabeceras –que fusilaron la nota autonómica– el hito de que en 2019 se recaudó un 3,9% más con bajadas de impuestos. El problema son los ingresos totales vía recaudación de impuestos cedidos total o parcialmente: Fernández-Lasquetty no dio el dato mientras que Cataluña, la comunidad que rivaliza con Madrid por población y por otras cuestiones, sí: más de 25.000 millones en impuestos. Miles de millones más que la Comunidad de Madrid. 

La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso salió este miércoles a la carga de nuevo contra el Gobierno de coalición, esta vez por el pacto con ERC para sellar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una reforma fiscal que armonice los impuestos de sucesiones y donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio. Y Madrid dejó de recaudar casi 5.000 millones de euros de lo que podía ingresar en 2019 al bonificar o rebajar todo o parte de esos impuestos, a los que hay que sumar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 10.000 millones menos si se parte desde 2018, según datos de la Consejería de Hacienda y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT. 

Eso provoca un efecto llamada sobre las grandes fortunas en España: el 66% de los superricos, dos de cada tres con un patrimonio superior a 30 millones, no pagan el Impuesto sobre el Patrimonio porque viven en Madrid según datos de 2018 desagregados por la AEAT por primera vez en septiembre pasado. Son exactamente 406 de las 608 grandes fortunas con más de 30 millones de euros.

La comunidad, en su particular guerra fiscal con el resto del Estado y tirando de ideología ultraliberal-conservadora, bonifica al 100% el tributo sobre Patrimonio. La región dejó de recaudar la misma cantidad en 2019 y 2018: 996 millones de euros, casi 10 veces lo que costará el hospital de pandemias Isabel Zendal. En los Presupuestos Generales, se produce un aumento del último tramo gravado a las grandes fortunas del 2,5% al 3,5%.  

Esa no es la única categoría beneficiada por la bonificación masiva: los llamados a secas ricos, patrimonios de entre 1,5 millones y seis millones de euros –el Impuesto sobre la Fortuna se paga a partir de dos– y que viven en Madrid suponen el 50% de alrededor de 42.000 contribuyentes, de acuerdo con los cálculos estimados por el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. Si en Patrimonio Madrid recauda 0 euros, Cataluña ingresa 512,8 millones de euros.  

Bonificaciones al 100% y al 99%

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones no está bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid. Pero casi: al 99%. Esa masiva bonificación impidió recaudar en 2018 3.074 millones de euros y el año pasado 2.631 millones de euros. En total, unos 5.600 millones menos en dos años. Con el 1% no bonificado Madrid ingresó 508 millones... frente a los 10.141 millones que se recaudaron en Cataluña. "El Impuesto sobre Sociedades no está cedido a las CCAA y éstas no tienen ninguna competencia sobre este impuesto", recuerda a este medio el Ministerio de Hacienda, obviando la capacidad de bonificar el pago por parte del contribuyente. 

Otro impuesto, el que más aporta a las arcas madrileñas es el de la Renta sobre las Personas Físicas, IRPF, el más progresivo. En el pacto entre PSOE y Unidas Podemos sobre los PGE a finales de octubre se acordó elevar dos puntos al IRPF sobre las rentas de trabajo (del 45% al 47%) a partir de 300.000 euros, y otro alza de tres puntos del IRPF sobre las rentas de capital a partir de 200.000 euros (hasta el 26%). Ayuso, como en cualquier gran decisión de calado que toma Sánchez, apostó por lo contrario: rebaja de medio punto a todos los tramos a sumar a las ya existentes. En total, en 2018 y 2019 la región autónoma percibió 870 millones menos cada año. La recaudación por IRPF en Madrid en 2019 fue de 10.603 millones mientras que en Cataluña se elevó hasta 17.357 millones. 

Finalmente, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) se benefició de una rebaja fiscal aprobada por la ex presidenta dimitida Cristina Cifuentes en 2018 que entró en vigor en 2019. Madrid obtuvo 1.156 millones de euros en 2019 con este impuesto, pero podía haber recaudado el año pasado 56 millones de euros más (74 millones en 2018). Cataluña ingresó algo más de 1.000 millones en 2018.

Merma de servicios públicos

Mónica Melle Hernández, profesora Titular de Economía Financiera de la UCM, denunció el pasado 18 de noviembre en un artículo en infoLibre el "pernicioso modelo fiscal madrileño". Preguntada por el posible beneficio fiscal a las grandes fortunas, Melle Hernández asegura que la comunidad "perpetúa un círculo vicioso en el que las reducciones de impuestos a las rentas más altas merman la financiación de los servicios públicos, que sufren cada vez mayor deterioro". Ello provoca un "progresivo aumento del consumo de servicios públicos prestados por el sector privado".

"La menor demanda de esos servicios públicos sanitarios, educativos, de residencias o de formación universitaria", prosigue la profesora universitaria, "deriva a medio plazo en una reducción del peso del sector público en la cobertura de tales servicios en detrimento del sector privado, que perjudica fundamentalmente a los ciudadanos de menores rentas, al no poder costearse esos servicios de forma privada."

Carlos Cruzado, de Gestha, no cree que las rebajas fiscales provoquen un efecto llamada. "Al menos nadie ha podido demostrar que las grandes fortunas se instalen en la capital solo para ahorrar en impuestos. Más bien diría que lo que hay son deslocalizaciones ficticias de empresas que no tienen su sede social en Madrid, y que son las perseguidas por la Agencia Tributaria", opina Cruzado. "Lo que sí que se producen son dos efectos: la merma de servicios públicos y, de haber un efecto, ese es el de la capitalidad: aquí están las grandes empresas, los altos ejecutivos, los ministerios y edificios públicos... ".

La riqueza en España creció durante los años de la burbuja inmobiliaria como en ningún otro país. Mientras la ratio entre riqueza privada –capital financiero e inmobiliario– y renta nacional –el PIB– en España era del 800% en 2007, la media del resto de las naciones desarrolladas no superaba el 550%. Una vez hundido el ladrillo y disparada la crisis, en 2014, la diferencia entre ambos valores cayó al 650%, pero aún quedó por encima de esa media. Sin embargo, que creciera la fortuna nacional no significa que se alterara su reparto. Según los cálculos del estudio sobre la desigualdad en el mundo que elaboraron Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman en 2018, el 10% de los españoles más ricos acumulaba en 2013 el 57% de la riqueza personal del país, con un patrimonio medio de casi 813.000 euros per cápita, mientras que el 50% más pobre sólo poseía el 7% de la riqueza nacional, con un patrimonio por persona de 18.900 euros. Los autores aseguran que esta distribución no ha cambiado en los últimos 30 años.

Uno de los factores que explican esta persistente desigualdad es la herencia. Al menos es lo que se deduce del estudio que firman dos investigadores de la Universidad Complutense; Pedro Salas Rojo y Juan Gabriel Rodríguez Hernández. El 68,8% de la desigualdad en España, medida según el índice Gini, tiene su causa en la herencia. Un porcentaje que se eleva hasta el 76,4% si se considera sólo la riqueza no financiera –básicamente, la inmobiliaria–. Ese reparto es muy parecido al de Estados Unidos: un 68,6% de la desigualdad procede de la herencia considerada en su conjunto, pero se eleva hasta casi el 75% en el caso de la riqueza financiera y desciende hasta el 66,6% en el de la inmobiliaria. Los valores de ambos países superan en mucho los de Italia, Reino Unido y Canadá, aunque los autores creen que sus resultados están sesgados a la baja por la mala calidad de los datos que ofrecen estos tres países.

Salas y Rodríguez también han medido la influencia del nivel educativo de los padres en la desigualdad. En este caso, el problema con los datos afecta a España y Canadá. Pero en Italia el 61,6% de la desigualdad financiera y del 52% de la no financiera se deben a la suma de la herencia y del nivel educativo de los progenitores: mejores colegios, mejores universidades, mejores redes de contactos. En Reino Unido, hasta el 49% de la desigualdad financiera procede de la conjunción de ambas circunstancias. En Estados Unidos el peso combinado de herencia y educación familiar se dispara hasta el 75% en la desigualdad financiera y el 65% en la inmobiliaria. Según explica a infoLibre Pedro Salas, en España el efecto del nivel de educación de los padres sobre la desigualdad es mucho más pequeño, añade un 6% de la desigualdad.

Sus resultados corroboran los de otra investigación anterior, del think tank estadounidense Instituto Peterson, que analizó el origen de la fortuna de los multimillonarios mundiales. Y la herencia era el germen de casi el 54% de los superricos españoles, sólo un poco menos que los alemanes –el 64,7%–, pero mucho más que los italianos –el 37,1%– y los británicos –sólo el 6,4%–. Otros países, no obstante, se sitúan a la cabeza de los millonarios de nacimiento: en Dinamarca y Finlandia superan el 80%, en Suecia se acercan al 70%. “Aunque son países más igualitarios, allí la aristocracia es también la propietaria del capital”, explica Pedro Salas, “digamos que la duquesa de Alba y Amancio Ortega se juntan en la misma persona”.

Pese a los vaivenes económicos y la introducción de múltiples mecanismos de redistribución –los impuestos–, la importancia de la herencia como origen de la riqueza ha disminuido mucho menos en los últimos 150 años de lo que podría pensarse. Dos de los economistas citados, Alvaredo y Piketty, junto con Bertrand Garbinti, descubrieron que la evolución de la riqueza heredada en Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XIX ha seguido el mismo patrón: era muy alta hasta 1910, con una participación superior de entre el 70% y el 80% de la riqueza total, cayó abruptamente con las dos guerras mundiales y se situó por debajo del 40% entre 1950 y 1980, pero desde entonces no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar el 60% a partir de 2000. Y sigue subiendo, aseguran.

El menos “distorsionador y perjudicial para el crecimiento”

“No son las rentas ganadas sino las no ganadas las que deben ser limitadas por el bien común”, escribió a finales del siglo XIX uno de los grandes teóricos del liberalismo económico, John Stuart Mill, el mismo que dudaba de la idoneidad de los impuestos progresivos para la tributación general pero cuya aplicación consideraba “justa y conveniente” para las herencias. Casi un siglo antes, el propio Adam Smith había tachado de “manifiestamente absurdo” considerar que existe un derecho a disponer “para siempre” de un patrimonio. La revista británica The Economist ya se pronunció hace tres años a favor del impuesto de sucesiones como parte necesaria de un sistema fiscal “justo y eficiente”. A su juicio, ese impuesto debería gravar a los herederos, no a los patrimonios, estableciendo un amplio mínimo exento, y eliminar las deducciones. La recaudación obtenida, además, debería permitir el recorte de otros impuestos por los que tributan la mayoría de los contribuyentes.

Sin embargo, la tendencia mundial es la contraria. “El impuesto de sucesiones está en declive en toda la OCDE, cada vez recauda menos”, advierte Miguel Artola Blanco, historiador económico y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III de Madrid. Suecia y Noruega lo han eliminado, en Estados Unidos el impuesto federal sobre las herencias fue recortado desde la llegada de Ronald Reagan a la presidencia y los impuestos adicionales creados en cada estado terminaron decayendo. En Canadá, la competencia fiscal entre sus estados también acabó con el tributo.

En España, las voces a favor de su supresión son recurrentes y polémicas las exenciones aplicadas por algunas comunidades autónomas. “Es una herramienta muy desatendida”, lamenta Artola Blanco, “con un potencial recaudatorio muy importante”. Lo mismo cree la OCDE: existe “margen para reforzar el papel del impuesto de sucesiones en algunas comunidades autónomas”, sobre todo porque “la desigualdad ha aumentado en los últimos años”, asegura en una de sus habituales recomendaciones. Además, destaca que este impuesto es menos “distorsionador y perjudicial para el crecimiento” que otros tributos –se paga una sola vez, por ejemplo–. Por ese motivo invita a los gobiernos autonómicos a eliminar las desgravaciones concedidas a “los estratos de población más acomodados”.

la presión actual del impuesto no difiere mucho de la que existía en 1900

El impuesto de sucesiones nació en España como “Impuesto sobre Derechos Reales y Transmisión de Bienes” en 1872, durante el reinado de Amadeo de Saboya. “Fue un impuesto muy progresivo desde muy pronto”, apunta Miguel Artola. Pero la última reforma a la que se le ha sometido se llevó a cabo hace ya mucho tiempo, en 1987, si se exceptúa su cesión en 1996 a las comunidades autónomas, que pueden recaudarlo y aplicar sus propios tipos o reducciones de la base imponible. Desde entonces los territorios se han embarcado en una carrera por bajar la tributación y atraer así herencias de otras comunidades.

La consecuencia ha sido doble. Por un lado, la recaudación ha caído un 7,6% desde que alcanzó su máximo en 2007. Según las últimas cifras que proporciona la Agencia Tributaria, correspondientes a 2017, el impuesto de sucesiones generó unos ingresos totales de 2.709 millones de euros, apenas el 0,23% del PIB.

Por otro, también se ha recortado el tipo efectivo. Según los cálculos de Artola Blanco, realizados a partir de las estadísticas de transmisiones patrimoniales mortis causa y donaciones de los Registros de la Propiedad, ese tipo no supera el 5%. A principios del siglo XX, la recaudación era sólo del 2% o el 3% del caudal hereditario, a partir de 1910 fue subiendo hasta llegar a un máximo del 20% en los años 90. Pero desde entonces, explica el profesor de la Universidad Carlos III, las exenciones han recortado los ingresos por el impuesto de tal manera que la presión fiscal no difiere en gran medida de la que existía en 1900: la recaudación no ha variado sustancialmente, mientras que el patrimonio no ha dejado de crecer.

“El impuesto de sucesiones es muy opaco en su gestión”, critica Miguel Artola. Las comunidades autónomas sólo publican las cifras de su recaudación, por lo que “se desconoce el volumen de patrimonio que es objeto del gravamen y el efecto de las deducciones que aplica cada una de ellas”, añade. Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco ofrecen bonificaciones de casi el 100% a las herencias entre parientes más cercanos.

En Andalucía, donde desde abril de 2019 la bonificación es del 99% para los herederos en primer grado de parentesco, de las 228.088 liquidaciones presentadas hasta el mes de septiembre de ese año –los últimos datos publicados– sólo tuvieron que pagar 12.630, el 13%. El fisco andaluz ingresó por ellas 119,2 millones de euros. Por donaciones unos escasos 10, 4 millones. En todo el ejercicio, la recaudación por ambos impuestos ascendió a 261,4 millones de euros, un 12,7% menos que el año anterior, cuando no existía la bonificación pero sólo tributaban las herencias superiores al millón de euros. En 2017, el último ejercicio completo del que la Agencia Tributaria ofrece datos, Andalucía recaudó por el impuesto de sucesiones y donaciones 364,2 millones, la tercera en volumen detrás de Cataluña y Madrid.

Mínimo común estatal

Miguel Artola defiende un rediseño del impuesto, que incluya la fijación de un mínimo común a todos los territorios. En la misma dirección apuntaron los expertos que elaboraron en 2017 un informe para reformar el sistema de financiación autonómica y antes incluso, en 2014, los expertos que redactaron el informe para la reforma fiscal de 2014. El objetivo de ese suelo de tributación no es otro que impedir la “espiral de competencia a la baja” entre comunidades que amenaza con hacer desaparecer el impuesto, una opción que los técnicos no consideran deseable. Incluso precisaban que la tarifa lineal puede establecerse entre el 4-5% y el 10-11% según el grado de parentesco. Además, recomendaban suprimir el actual sistema de coeficientes multiplicadores en función del parentesco y del patrimonio preexistente del heredero, así como “clarificar” las reducciones.

Otras posibilidades para modernizar el impuesto de sucesiones incluyen integrarlo con la llamada plusvalía que cobran los ayuntamientos sobre las transmisiones de inmuebles e impedir la huida hacia sociedades de inversión y financieras de esas transmisiones de propiedad, obligando a que éstas tributen en el impuesto sobre sociedades, tal y como propone el profesor Luis Puch, de la Universidad Complutense de Madrid. Una actualización más que necesaria de un tributo que mantiene inalterados desde 1987 tanto sus tarifas estatales como los tramos de la base liquidable, pese a que la renta per cápita en España se ha triplicado desde entonces. “Si realmente estamos preocupados por la desigualdad,”, resume Pedro Salas, “el impuesto de sucesiones tiene un efecto redistributivo innegable, porque la desigualdad que procede de la herencia es vertical y prescriptiva, no la genera el esfuerzo y el mérito”.