Seguramente a algunos conciudadanos/as les habrá reconfortado la respuesta del Gobierno español a la medida tomada por el Gobierno Meloni de reforzar los controles a pasajeros llegados desde España en puertos y aeropuertos, haciendo lo propio con los que vengan al nuestro desde el país transalpino. Es posible que algunos consideren que así se restituye un supuesto orgullo nacional herido.

Sin embargo, como ciudadano europeo, no puedo alegrarme de que mi Gobierno haya caído en la trampa de jugar en el campo definido por el Gobierno italiano, en el que prima la exacerbación de un nacionalismo rancio y el desprecio a los principios que inspiran Schengen.

El cumplimiento de los tratados no es opcional. Por eso no me cabe en la cabeza que no pueda haberse adoptado una solución más creativa, más europea e igualmente firme sin necesidad de entrar en un terreno pedregoso, legitimando los argumentos torticeros que motivaron la decisión del Gobierno italiano a través de una reciprocidad ciertamente discutible.

Personalmente, no me siento reconfortado porque una familia italiana que venga de vacaciones a España tenga que pasar por los controles que yo pasé cuando en su momento viajé a Italia.

Es necesario dejar de jugar en el pequeño melonar de los esencialismos, los miedos y la xenofobia y recuperar el campo grande de Europa. De una Europa de ciudadanos y ciudadanas tal y como la soñaron De Gasperi y Madariaga. Y sobre todo de una Europa que no olvide que su bienestar está construido sobre las espaldas de aquellos inmigrantes que sigue rechazando.

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Emilio José Gómez Ciriano es socio de infoLibre.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Es pura matemática aplicada a la democracia. El Parlamento italiano discute estos días una reforma electoral que sustituye el sistema mixto vigente por uno proporcional con una prima de escaños para la coalición ganadora. En España, Alberto Núñez Feijóo ha defendido públicamente un mecanismo casi idéntico. Lo llama “plus de diputados” y lo atribuye, de forma explícita, a los modelos de Italia y Grecia.

El paralelismo no es casual. Ni la coalición de Giorgia Meloni ni el PP tienen garantizada hoy una mayoría absoluta. Los dos buscan una nueva ley electoral que les permita sortear las dificultades que tienen a la hora de ampliar su perímetro de alianzas.

El proyecto de Meloni pretende cambiar la ley vigente en Italia desde 2017, que reparte un tercio de los escaños por mayoría simple en distritos uninominales y el resto de forma proporcional. Si sale adelante, la nueva norma eliminará esos distritos y convertirá todo el reparto en proporcional, pero añadiendo una prima de mayoría.

El mecanismo central funcionaría así: si una coalición superase el 42% de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, recibiría por arte de magia 70 diputados adicionales —sobre un total de 400— y otros 35 senadores —sobre un total de 200—. El resultado sería un aumento del 17,5% de los escaños en ambas cámaras sin necesidad de sumar más votos populares. Pura magia.

La urgencia de Meloni no es abstracta. El pasado 23 de marzo, la primera ministra italiana perdió un referéndum sobre la reforma judicial por el que había apostado fuerte, con un 53,2% de votos en contra. Poco después, el general Roberto Vannacci —con un perfil marcadamente contrario a la inmigración, el feminismo y los derechos LGTBIQ+—, fundó Futuro Nazionale, un partido a la derecha de la propia coalición de Gobierno que defiende la “remigración”, el término con el que la ultraderecha designa las expulsiones masivas de inmigrantes.

Futuro Nazionale sube en las encuestas y le disputa el espacio a la Lega de Matteo Salvini. Al mismo tiempo, el bloque de oposición conocido como campo largo, que agrupa al Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y Alianza Verde y de Izquierda, aparece por delante de la coalición de Meloni en varios sondeos. Esa es la coyuntura que ha acelerado la tramitación de la reforma electoral.

Lo que plantea Meloni es atípico en Europa. Se inspira en lógicas mayoritarias conocidas en Grecia, donde durante años existió una prima de hasta 50 diputados para el partido ganador, aunque el país ha oscilado entre modelos con y sin ese bono tras varias reformas. 

Fuera de Italia y Grecia, la fabricación de mayorías se consigue con sistemas mayoritarios puros, no con primas añadidas. Reino Unido y Francia usan la mayoría simple o la doble vuelta, que sobrerrepresentan a los partidos grandes sin necesidad de un bono explícito. El que recibe más votos en una circunscripción, se lo lleva todo. 

En las democracias proporcionalistas consolidadas, España, Portugal, Países Bajos, Alemania o los países nórdicos, no existe nada equiparable. Hay umbrales y distintos grados de desproporcionalidad ligados al tamaño de las circunscripciones o a la fórmula de reparto, pero ningún país diseña un bono de escaños explícito para blindar la mayoría de la coalición ganadora. 

Los defensores de la reforma, como el senador de Fratelli d'Italia Lucio Malan, se apoyan en que Italia ha tenido más de 70 gobiernos en 80 años y sostienen que una prima de mayoría ofrece estabilidad frente a parlamentos fragmentados. Los críticos responden que la reforma coincide con el momento en que las encuestas ya no garantizan el dominio del bloque de derechas, lo que alimenta la percepción de una ley diseñada para prolongar esa hegemonía con menos votos.

Feijóo ha presentado recientemente su versión de ese mecanismo. El líder del PP propone un “plus de diputados” para la fuerza más votada en el conjunto de España, citando de forma explícita los modelos de Italia y Grecia. Lo ha enmarcado en un paquete más amplio que incluye un “código de regulación institucional” y normas para impedir que un presidente del Gobierno se mantenga en el poder sin presupuestos o sin mayoría parlamentaria suficiente.

La justificación de Feijóo, aunque ya en 2023 defendió el supuesto derecho a gobernar del partido más votado —una fórmula incompatible con la Constitución—, se basa en un supuesto diagnóstico de emergencia. Habla de una “crisis institucional sin precedentes” y de una “urgencia democrática, ética y moral” que, según él, es el resultado de la fragmentación política en España.

Pero el anuncio llega en un contexto similar al italiano. El PP está lejos de poder conseguir una mayoría absoluta solo con sus votos, y una prima de escaños le serviría para multiplicar de la nada su representación y depender menos de Vox.

Lo cierto es que la prima de mayoría distorsiona la proporcionalidad. Convierte una minoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños, y refuerza el control de las direcciones de partido sobre sus candidatos frente al elector. El voto de quien apoya a la coalición beneficiada pesa más, en términos de escaños, que el voto de quien respalda a una fuerza pequeña.

En realidad, la ley electoral española, la LOREG, arrastra una distorsión distinta y ya identificada desde hace 40 años. No depende tanto de la fórmula D'Hondt como de la decisión de fijar dos escaños mínimos por provincia, con independencia de su población. Ese suelo desplaza 64 de los 350 escaños del Congreso fuera del reparto proporcional a la población.

El resultado sobrerrepresenta a las provincias del interior con menos habitantes y subrepresenta a las más pobladas. Castilla y León debería tener 17 diputados por su peso demográfico y tiene 31. Madrid debería tener 50 y tiene 37. Navarra es la única comunidad con la representación exacta que le corresponde.

El origen de esos dos escaños fijos está en el Real Decreto-ley 20/1977, la norma preconstitucional que reguló las primeras elecciones democráticas. Como explicaba el analista electoral ya fallecido Jaime Miquel, el objetivo entonces era evitar una victoria de la izquierda que sirviera de excusa a una intervención militar. La Constitución de 1978 solo exige una “representación mínima inicial” por provincia, sin fijar el número en dos. Fue la LOREG de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe González con la mayoría absoluta más amplia de la democracia española, la que estableció ese suelo.

Corregirlo no exige reformar la Constitución. Bastaría con cambiar “dos” por “uno” en la LOREG, algo que solo requiere 176 votos en el Congreso, los mismos que dan la investidura. El efecto que ese cambio hubiese tenido sobre los resultados del 23 de julio de 2023, las últimas elecciones generales, habla por sí solo: el PP habría perdido seis escaños y el PSOE habría ganado dos; Vox habría cedido uno y Sumar habría sumado cuatro. El bloque de derechas habría bajado de 170 a 163 escaños, y el de izquierdas habría subido de 152 a 158.

El politólogo José Ramón Montero coincide en que atribuir dos escaños fijos por provincia “es muchísimo” y en que la distorsión crece cada año, porque las provincias más pobladas siguen ganando habitantes y las más vacías siguen perdiéndolos. Pero considera casi imposible que la reforma prospere, porque exigiría que las provincias perjudicadas, y los partidos que dependen de ellas, votaran en su contra. Es lo que llama la “aporía” de cualquier sistema electoral, la reforma solo la pueden aprobar quienes saldrían perjudicados por ella.

El PSOE se comprometió en la pasada legislatura a “trabajar para conseguir un amplio consenso” sobre la fórmula electoral, pero el asunto ni siquiera se ha llegado a poner encima de la mesa. Si en las próximas elecciones el PP y Vox lograran una mayoría absoluta, tendrían votos suficientes para aprobar en solitario la prima de escaños que Feijóo quiere promover sin que el resto de partidos pudiesen evitarlo. Otra cosa es que los de Santiago Abascal estén dispuestos a apoyarla.

Oficialmente, queda más de un año para las próximas elecciones legislativas italianas, pero ya están en mente de todos los responsables políticos locales. Y, en particular, de Giorgia Meloni, que no tiene intención de mudarse del Palacio Chigi, residencia de la Presidencia del Consejo. Pero la situación no deja de complicarse para la líder de Fratelli d’Italia (FdI), el principal partido de la actual coalición en el poder.

En primer lugar, está ese referéndum perdido sobre la reforma judicial, el 23 de marzo. Giorgia Meloni quería convertirlo tanto en una demostración de su influencia sobre el electorado como en un medio para controlar mejor políticamente al poder judicial. El fracaso fue total, con un 53,2 % de votos en contra y una participación superior a la prevista. La coalición quedó sonada.

Luego surgió una fuerza a la derecha incluso de la propia coalición gobernante. Liderado por un general reaccionario, Roberto Vannacci, este nuevo partido, Futuro Nazionale (FN), fundado en febrero, critica al Gobierno por ser demasiado débil en materia de inmigración y demasiado blando en cuestiones sociales. Defiende la “remigración”, un término ultraderechista que está de moda en Italia y que no designa otra cosa que las expulsiones masivas.

El problema es que FN no para de subir en las encuestas, pisándole los talones al partido del ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, la Lega. Y este empuje lo cambia todo. La coalición actual, formada por cinco partidos —FdI, la Lega, los berlusconianos de Forza Italia (FI) y dos pequeños partidos de centro-derecha, Noi Moderati y la Unión Democrática del Centro (UDC)—, se encuentra ahora debilitada.

Ya no tiene la certeza de quedar en cabeza en las próximas elecciones. De hecho, las encuestas de opinión parecen indicar que el llamado campo amplio (campo largo), que agrupa a la mayor parte de las formaciones de la oposición, superaría a la alianza de Giorgia Meloni. Todo ello ha llevado a la primera ministra a jugar su última carta y acelerar su reforma electoral.

Este proyecto de reforma es un tema recurrente en el “quinquenio Meloni” y parecía haber quedado trastocado tras la derrota en el referéndum. Pero para Giorgia Meloni se ha convertido en una prioridad, hasta el punto de que la Cámara de Diputados examinará su proyecto esta misma semana. Para comprender el razonamiento, hay que analizar primero la realidad de esta reforma, que ha sido modificada con respecto a su proyecto inicial.

El nuevo sistema electoral pretende eliminar la parte mayoritaria de la actual ley electoral, que combina, como el sistema alemán, una parte proporcional (aproximadamente el 60% de los diputados elegidos) y una parte mayoritaria (aproximadamente el 30% de los diputados elegidos). Solo se mantendrá un sistema de votación por listas, regional para el Senado y nacional para la Cámara de Diputados.

El umbral para obtener un escaño será del 3% de los votos emitidos. Pero la novedad es que la ley ofrecerá una bonificación mayoritaria a la coalición que quede en cabeza, con más del 42% en ambas votaciones (Cámara y Senado). Esta bonificación consistirá en setenta diputados y treinta y cinco senadores, lo que supondrá un aumento del 17,5% de los escaños en ambas cámaras.

La otra gran novedad de la ley es la obligación de que cada partido proponga un candidato a la presidencia del Consejo. Es una forma para Giorgia Meloni de imponer una de sus ideas fijas, el “primerato”, es decir, la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo. En 2022 y 2023 fracasó un proyecto de reforma constitucional sobre este tema por falta de consenso en la oposición.

Pero, tras salir por la puerta, vuelve a entrar por la ventana como ley electoral ordinaria, en la que no es necesario el acuerdo de la oposición. Ahora bien, este proyecto altera considerablemente el equilibrio de poderes en Italia, donde el presidente de la República es elegido por las dos cámaras y los representantes de las regiones.

A partir de ahora, el presidente de la República no solo no tendrá más remedio que nombrar en el Palacio Chigi al “candidato” presentado por la coalición ganadora, sino que su propia legitimidad se verá mermada frente al presidente del Consejo, quien, por su parte, podrá hacer valer una legitimidad directa.

Porque durante sus primeros cuatro años en el poder, Giorgia Meloni ha tenido que enfrentarse a menudo al actual presidente de la República, Sergio Mattarella, un viejo demócrata-cristiano que se esfuerza por proteger la Constitución y los derechos fundamentales frente a los proyectos de la extrema derecha en el poder.

Esta nueva ley electoral es la respuesta de Giorgia Meloni a su relativo debilitamiento. En primer lugar, a corto plazo, para intentar lograr una victoria electoral. Uno de los objetivos de la presidenta del Consejo es conseguir el apoyo de al menos uno de los dos aliados potenciales de su coalición: los centristas de Azione, liderados por Carlo Calenda, que fueron aliados de Matteo Renzi y ahora se ven tentados a sumarse a la derecha, pero también el partido de Roberto Vannacci. Así reforzada, podría volver a superar al campo largo y mantenerse en el poder.

Para Azione, al igual que para el FN, la prima mayoritaria significa dos cosas. En primer lugar, dado que los escaños se reparten dentro de la coalición, es una oportunidad para conseguir más representantes que si se presentaran en solitario gracias a esta prima mayoritaria. En segundo lugar, al presentarse en solitario, se corre el riesgo de que gane la oposición, que estos dos partidos detestan en parte, ya sea la Alternativa Rojo-Verde (AVS), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) o incluso Matteo Renzi y su partido Italia Viva (IV). En resumen, al reforzar el bipartidismo, la ley electoral obliga a los movimientos autónomos a elegir el bando al que desean ver ganar y a extraer sus consecuencias estratégicas.

La primera ministra también busca provocar la fragmentación del campo largo. Aunque resulte contradictorio con la tendencia que acabamos de describir, a la oposición podría costarle unirse. Es cierto que el M5S, la AVS y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) han llevado a cabo varias campañas regionales conjuntas en 2025 y suelen actuar de forma coordinada en el Parlamento. Pero las cuestiones relativas al candidato al Palacio Chigi y a ciertos aspectos programáticos son delicadas.

Por el momento, aún no se han decidido las condiciones para la designación de este candidato principal. Es probable que se celebren unas primarias, pero aún quedan por definir los pormenores de esta elección, que serán objeto de duras negociaciones. La lucha principal se libra entre Elly Schlein, la líder del PD, y el ex primer ministro Giuseppe Conte, que ha retomado las riendas del M5S. A lo que se suma la posibilidad, a veces mencionada, de una candidatura de centro de la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una exdeportista muy popular.

El problema es que parece difícil imaginar a unos y otros haciendo campaña juntos, sobre todo porque las diferencias dentro del campo largo son muy importantes a veces. Un incidente ha servido para recordarlo. El 9 de julio, Giuseppe Conte declaró en Nápoles que el actual rearme de Italia y Europa estaba provocado por una “amenaza rusa inventada”. Inmediatamente, el centro y la derecha denunciaron la postura “prorrusa” del líder del M5S, algo que él rebatió recordando su apoyo a Ucrania. Pero su partido no sigue realmente la misma línea que el PD o Matteo Renzi.

En caso de que Elly Schlein dirigiera la campaña, tendría que hacer malabarismos y controlar las fuerzas divergentes. Al imponer una prima mayoritaria y un candidato a primer ministro, Giorgia Meloni obliga al campo largo a encontrar una coherencia que aún está por construir. Es cierto que su bando también tiene sus divergencias, pero su liderazgo no se cuestiona. Por el contrario, será la credibilidad del candidato la que se pondrá constantemente en duda, algo que podría hacer que la oposición perdiera algunos puntos.

Esto explica que Giorgia Meloni acelere el ritmo de su ley electoral. Una vez aprobada, podrá convocar elecciones anticipadas en el momento que más le convenga, de aquí a septiembre de 2027. Ello supondrá una presión adicional sobre la oposición, que debe organizarse y que tendrá constantemente una espada de Damocles sobre su cabeza.

Y si resulta reelegida, la presidenta del Consejo puede aspirar a disponer de un poder reforzado. Uno de sus objetivos es, en particular, colocar a un hombre de su bando en la presidencia de la República, cuya elección está prevista en 2029. A partir de entonces, los contrapoderes se verían reducidos y sería posible emprender nuevas reformas para afianzarse en el poder.

Con razón, en la prensa, la nueva ley electoral —a la que tradicionalmente se le da un nombre latino— ha pasado de llamarse Stabilicum (destinada a la estabilidad del Gobierno) a Melonellum (destinada a la reelección de Giorgia Meloni). Pero aún quedan obstáculos por superar.

Sergio Mattarella ha advertido ya que solo firmará el texto de la ley electoral si lo considera válido desde el punto de vista institucional. Todos recuerdan el episodio del Porcellum, la ley aprobada durante el mandato de Silvio Berlusconi en 2005, que otorgaba la mayoría absoluta a la coalición que quedara en cabeza, independientemente de su resultado. Al amparo de esta ley se celebraron tres elecciones legislativas, en 2006, 2008 y 2013, pero fue declarada inválida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2013.

El presidente de la República considera que debe evitar este tipo de excesos. La Consulta, como se denomina al Tribunal Constitucional en italiano, probablemente no tomará su decisión hasta después de las próximas elecciones. Sergio Mattarella pretende asegurarse de que no permitirá que se celebren elecciones en condiciones que posteriormente puedan ser invalidadas. En cuanto a Giorgia Meloni, esto la ha llevado a rebajar sus ambiciones, pero también, sin duda, la ha reafirmado en su idea de decidir la presidencia de la República en 2029.

Uno de los puntos delicados es la cuestión de si las listas deben ser cerradas o no. Meloni, deseosa de que su ley se apruebe rápidamente, ha escuchado a sus juristas, quienes le han advertido: si la lista de candidatos destinados a ser elegidos en el marco de la prima mayoritaria es cerrada, es decir, decidida por las coaliciones, existe un riesgo de inconstitucionalidad, ya que los votantes no habrán elegido explícitamente a sus representantes.

El partido de la jefa del Gobierno, FdI, ha presentado pues una enmienda para permitir el voto de preferencia de los setenta diputados y los treinta y cinco senadores elegidos gracias a la bonificación. Pero Forza Italia y la Lega se oponen a esta disposición porque temen que el electorado opte por reforzar al principal partido de la coalición. Durante todo el fin de semana ha habido intensas negociaciones, pero sin resultados.

Existe una elevada tensión interna en la mayoría en torno a este tema y se rumorea que los aliados de Giorgia Meloni apostarían por el fracaso de la ley. En otras palabras: rechazarían los votos de preferencia a sabiendas, para aprobar una ley inválida que el presidente Mattarella se negaría a firmar. De este modo, se volvería a la ley de 2018, el Rosatellum, que podrían preferir algunos partidos de derecha.

Sería un riesgo considerable para Giorgia Meloni, pero menor para sus aliados. En caso de volver al antiguo sistema electoral, podríamos encontrarnos en una situación de ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y/o en el Senado (en Italia se necesitan ambas). La única solución sería entonces la ruptura de las coaliciones electorales y la formación de acuerdos parlamentarios. Para Forza Italia e incluso para la Lega, sería la ocasión de independizarse de un partido melonista con aspiraciones hegemónicas. Giorgia Meloni abandonaría el poder y a muchos no les importaría.

Evidentemente, aún no hemos llegado a ese punto. No es seguro que sea ese el cálculo de la mayoría de los diputados de Forza Italia y de la Lega. Su rechazo podría tener como objetivo conseguir otras concesiones por parte de Giorgia Meloni. No obstante, el debate en el Parlamento será decisivo para las futuras elecciones. Si la jefa del Gobierno saliera airosa, podría decidir que los italianos acudan a las urnas ya en la primavera de 2027.

Traducción de Miguel López

Santiago Abascal ha sido durante mucho tiempo una excepción dentro de la extrema derecha europea. Mientras dirigentes como la italiana Giorgia Meloni o la francesa Marine Le Pen calibraban cuidadosamente su cercanía con Donald Trump para evitar que los intereses nacionales quedaran subordinados a la agenda de Washington, el líder de Vox hizo lo contrario. Convirtió su proximidad al presidente estadounidense en uno de los principales activos internacionales del partido, lo que le permitió aumentar su proyección dentro de la órbita del trumpismo y sus aliados.

Esa estrategia parece haber encontrado ahora su primer límite. La defensa pública de Meloni frente a las descalificaciones de Trump ha llevado a Abascal, por primera vez, a discrepar abiertamente del republicano. "No se puede tratar a los aliados como vasallos", afirmó este martes en Telecinco, después de que Trump cargara contra la primera ministra italiana, con quien el líder de Vox mantiene una estrecha relación política y personal. “No es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables”, prosiguió Abascal, para concluir que el estadounidense se está “equivocando”.

Hasta hace apenas unos meses, Meloni era presentada por Trump y su entorno como el modelo de la nueva derecha europea. Ambos exhibían sintonía política y compartían buena parte del discurso sobre inmigración, soberanía nacional o batalla cultural. Pero la relación comenzó a deteriorarse cuando afloraron los intereses de la Administración estadounidense. Primero, a propósito de la ofensiva contra Irán y el uso de bases militares. Meloni evitó implicar directamente a Italia en la operación y defendió que cualquier decisión debía respetar los procedimientos institucionales italianos.

Después llegaron los reproches por unas declaraciones de Meloni sobre el papa León XIV, las burlas tras la cumbre del G7 —cuando Trump aseguró que la dirigente italiana le había "suplicado" una fotografía para mejorar su popularidad, algo que ella negó y calificó de“invención”— y, finalmente, la publicación en Truth Social de una imagen de Meloni acompañada del comentario: "Necesitamos una orden de alejamiento". La primera ministra respondió con dureza: “Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no me ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho”.

Fue este último episodio el que llevó a Abascal a salir públicamente en defensa de su aliada con una frase inédita en su relación con Trump: "No es normal tratar a los aliados como vasallos". La idea, sin embargo, ya la había expresado antes la propia Meloni, que ha insistido en varias ocasiones que ser aliada de Estados Unidos no significaba renunciar a defender los intereses nacionales italianos cuando chocan con las prioridades de Washington, como ha ocurrido con Irán, Gaza o las críticas a León XIV.

Hasta ahora, tanto Abascal como la cúpula de Vox habían evitado cualquier crítica pública a Trump, incluso cuando sus decisiones afectaban directamente a Europa o a España. Al contrario, justificaron su incursión tanto en Venezuela como en Irán. En el primer caso, rebajaron el tono contra Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, después de que el magnate la eligiera frente a María Corina Machado. La estrategia de la formación ultra ha consistido en justificar las medidas más controvertidas del republicano y trasladar la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa postura contrasta con la de otras figuras de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, muy crítica con la intervención en Venezuela. Vox ha sido el último en asumir matices y solo ha dado el paso cuando ha visto atacada a una de los suyos. Abascal defendió a la primera ministra de Italia en Telecinco, la calificó de “amiga y aliada” y le trasladó todo su “respeto y apoyo”. E insistió: “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”. Todo un cambio respecto a su posición habitual.

Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a productos europeos, Abascal tampoco criticó la medida. Al contrario, responsabilizó al Ejecutivo español de la situación y sostuvo en el Congreso que, si Italia sufría menos presión, era porque Meloni mantenía una buena relación con la Administración Trump —ironías de la vida—, mientras Sánchez había optado por el enfrentamiento político. Para Vox, el problema no era la política comercial del presidente estadounidense, sino el supuesto aislamiento internacional del Gobierno español.

Ese posicionamiento respondía a una apuesta política mucho más amplia. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Vox ha reforzado su papel como principal interlocutor del trumpismo en Europa. Abascal fue invitado a los actos de investidura del presidente estadounidense, ha participado de forma recurrente en la Conservative Political Action Conference (CPAC) y ha intensificado los contactos con los principales laboratorios de ideas de la nueva Administración republicana. En febrero del pasado año, el propio Trump felicitó a Abascal por "su gran trabajo" en el CPAC celebrado en Washington.

La principal colaboración se produce a través de las fundaciones. Disenso, presidida por el propio Abascal, mantiene una colaboración estable con Heritage Foundation, uno de los think tanks más influyentes del universo conservador estadounidense y pieza central en la elaboración del programa político del segundo mandato de Trump. Ambas organizaciones han celebrado encuentros conjuntos, comparten foros internacionales y varios de sus responsables participan regularmente en las iniciativas impulsadas desde Madrid.

Disenso se ha convertido, además, en la plataforma con la que Vox trata de articular una red internacional de la nueva derecha, especialmente en el espacio iberoamericano. La denominada Iberosfera, impulsada desde la fundación, conecta a dirigentes conservadores y de extrema derecha de Europa y América con un discurso común sobre inmigración, soberanía nacional, identidad cultural y rechazo a las políticas climáticas. En esa estrategia, la alianza con el ecosistema político e intelectual de Trump ocupa un lugar central.

Esa red sigue plenamente operativa. Tampoco se aprecia un cambio de discurso entre algunos de los principales referentes internacionales de Vox. Jorge Martín Frías, director de Disenso, defendía hace apenas unos meses que la organización comparte con la Administración Trump buena parte de su diagnóstico sobre inmigración, libertad de expresión, desregulación económica o el papel de las instituciones europeas. Eurodiputados como Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, dos de las figuras con mayor proyección internacional del partido, continúan situando al republicano como uno de los principales referentes del nuevo bloque soberanista occidental.

Por eso resulta especialmente significativa la reacción de Abascal. No porque anuncie una ruptura con Trump —nada indica que vaya a producirse—, sino porque introduce un matiz que hasta ahora había evitado cuidadosamente. El líder de Vox parece haber asumido una estrategia que otros aliados europeos del presidente estadounidense llevan meses aplicando, la de no aceptar de forma acrítica todas sus decisiones. Eso sí, con los ataques de Trump al presidente español, Pedro Sánchez, Abascal sigue sin tener ningún problema. Es más, los secunda, así como su exigencia de que España invierta más en defensa.

En Vox no explican qué motivos hay tras este giro, pero la derrota del principal aliado europeo de Trump, Viktor Orbán, ha pasado factura. La experiencia de los últimos meses ha demostrado que una identificación excesiva con el magnate puede convertirse en un problema cuando la Casa Blanca prioriza los intereses estadounidenses frente a los de sus aliados y la opinión pública percibe a los dirigentes europeos como “vasallos” a su disposición. 

También influye el creciente peso político de Meloni dentro del espacio conservador europeo. Su liderazgo se ha consolidado hasta convertirse en un referente más útil para partidos como Vox que el propio Trump en determinadas cuestiones relacionadas con la gobernabilidad, las relaciones con Bruselas o la gestión institucional, especialmente tras la derrota de Orbán. Abascal apostó por él tras las elecciones al Parlamento Europeo en 2024 y le debe la presidencia de Patriots, pero el ex primer ministro húngaro ya no es una figura con poder institucional.

A ello se suma el contexto interno, con la llamada “prioridad nacional” en el centro del debate. En este escenario, reforzar la imagen de un partido con autonomía política puede resultar más rentable que aparecer completamente alineado con una administración extranjera, especialmente cuando sus decisiones generan incomodidad entre potenciales votantes, como ocurrió con los aranceles y el voto del campo.

Nada de ello significa que Vox haya iniciado un proceso de alejamiento del trumpismo. Las conexiones políticas, organizativas e intelectuales siguen intactas y probablemente continuarán reforzándose durante los próximos meses. La alianza entre Disenso y Heritage Foundation permanece activa y Trump sigue siendo una referencia central en la batalla cultural que libra contra la izquierda y contra las instituciones europeas, tal y como reconoció Abascal este martes. Lo que sí parece haber cambiado es que el líder de la ultraderecha española ha comprobado que incluso las alianzas ideológicas necesitan límites cuando entran en conflicto con sus propios aliados europeos. También porque, llegado el caso, él podría ser el siguiente.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde a la exclusión de las mujeres transgénero del deporte femenino escolar y universitario, en un fallo que se suma a la actual embestida internacional contra los derechos de las personas LGTBIQ+. Con una mayoría conservadora de seis frente a tres, los magistrados blindaron este martes las leyes estatales que limitan la participación deportiva en función del género asignado al nacer. La sentencia, que legitima las prohibiciones vigentes en más de una veintena de Estados amparadas en el llamado “género biológico”, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la agresiva agenda de la nueva Administración de Donald Trump y refleja una ola global de retrocesos institucionales que amenaza con desmantelar décadas de avances sociales.

El caso llegó al Supremo de la mano de Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas atletas trans demandaron a sus respectivos Estados al considerar que su exclusión de las competiciones femeninas resultaba inconstitucional y discriminatoria. Sin embargo, el Alto Tribunal ha dictaminado que estas normativas son plenamente compatibles con la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas educativos financiados con fondos públicos. La decisión tiene un efecto cascada inmediato en el país, ya que afecta tanto a competiciones escolares como universitarias y respalda normativas idénticas ya aprobadas en otros 25 Estados.

Este aval judicial apuntala la ofensiva sistemática desplegada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Uno de sus primeros pasos, fue la firma de una orden ejecutiva que acabó con el reconocimiento legal de las identidades no binarias, estableciendo que únicamente existen “dos sexos” e imponiendo que los documentos oficiales reflejen exclusivamente el género asignado al nacer. Esta directriz vino acompañada de medidas drásticas, como la retirada de los pasaportes con el marcador de género 'X' y una nueva exclusión de las personas trans de las Fuerzas Armadas.

La hostilidad institucional también se ha trasladado al terreno simbólico. Uno de los episodios más tensos se vivió el pasado mes de febrero, cuando la Administración Trump ordenó retirar la bandera arcoíris del Monumento Nacional Stonewall, el mítico enclave de Nueva York donde comenzó la liberación homosexual en 1969. El Gobierno se escudó en unas directrices del Departamento de Interior relativas a la exhibición de banderas no oficiales en terrenos de Parques Nacionales. “Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+, y ningún acto de borrado cambiará jamás, ni silenciará, esa historia”, escribió aquel día en redes sociales el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. La rápida movilización ciudadana y la oposición de varios cargos públicos obligaron a Washington a dar marcha atrás y reinstalar la bandera. 

A nivel global, se constata una reacción organizada contra el avance de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y la diversidad sexual. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino una respuesta reactiva y coordinada con profundos vínculos institucionales e ideológicos. Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la ofensiva contra la llamada “ideología de género”, un concepto construido políticamente para desacreditar y deslegitimar las luchas de los movimientos de mujeres y personas LGBTIQ+. En España, esta retórica ya ha sido impuesta por Vox. El ejemplo más reciente resonó hace unos días en la Asamblea Regional de Murcia durante el debate de una moción de Podemos que exigía aplicar protocolos de atención a alumnos trans. El diputado de extrema derecha Antonio Martínez Nieto llegó a afirmar que “el mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en el de los derechos humanos”.

Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el presidente Javier Milei ha llegado a asegurar que estos colectivos buscan imponer que “las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, criticando una supuesta inacción cuando “un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo”. Esta escalada discursiva alcanzó su punto culminante en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, cuando el mandatario cruzó una peligrosa línea roja al afirmar que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.

Las palabras de Milei en la cumbre suiza no fueron una mera declaración de intenciones, sino la punta visible de una ofensiva institucional que arrancó apenas semanas después de su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, advierte de las consecuencias de esta escalada: "Hay una correlación absoluta entre los discursos de odio que provoca el propio Estado y la violencia que nuestra comunidad vive en la vida diaria".

En este sentido, Rachid denuncia que "el desmantelamiento de las políticas públicas en materia de diversidad sexual fue absoluto". El asedio institucional se ha materializado en decisiones drásticas como el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), un organismo clave para la protección de las minorías. A esto se suma el impacto de normativas como la 'Ley de Bases', impulsada en los primeros pasos del Gobierno de Milei, que ha debilitado sustancialmente la protección laboral del colectivo al reformar artículos que amparaban a los trabajadores. "Ahora una empresa si quiere despedir a alguien por discriminación, lo puede hacer pagando la indemnización por despido", alerta la dirigente.

Frente a "la violencia y discriminación que vienen del propio Estado", desde la Federación reclaman "la recreación de un organismo como era el INADI y una ley integral trans" que blinde al colectivo. Un retroceso que, advierten, trasciende las fronteras argentinas. En su rol como presidenta de OLA (Orgullo Latinoamericano), Rachid constata una preocupante tendencia global al señalar que "en muchos países del mundo y también de Latinoamérica donde gobierna la derecha hubo recortes de derechos humanos".

La ofensiva discursiva ha cruzado de nuevo el océano para instalarse en el corazón de Europa, encontrando su principal laboratorio político en Italia. Allí, Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 como la cara visible de una coalición conservadora que prometió en campaña defender los “valores familiares tradicionales” y combatir frontalmente lo que su círculo denomina “lobby LGBT”. Una postura que no se ha quedado en meras declaraciones de intenciones, sino que se ha traducido en un bloqueo sistemático al avance de los derechos del colectivo.

Las parejas homosexuales italianas tienen prohibido acceder a la fecundación in vitro y ante la inacción estatal, los ayuntamientos de corte progresista como los de Milán o Turín habían habilitado registros municipales para dar amparo legal a las cerca de 150.000 familias diversas que residen en Italia. Este parche administrativo resultaba vital para que el progenitor no biológico pudiera ejercer derechos básicos sobre el menor, tales como viajar al extranjero, inscribirlo en la escuela, autorizar vacunaciones o disponer de su custodia en caso de fallecimiento de la pareja. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni ordenó a todos los delegados del Gobierno en las regiones que prohibieran estos registros.

La cruzada institucional también se libra en el terreno educativo. En marzo de 2025, el Ministerio de Educación y Mérito de Italia prohibió a todos los centros educativos “el uso de símbolos gráficos de género neutro”. La medida se justificó bajo el argumento de que estos caracteres infringen las normas de la lengua italiana y “comprometen la claridad de las comunicaciones institucionales”.

Pese al asfixiante cerco gubernamental, los tribunales han comenzado a erigirse como el último dique de contención. En mayo de 2025, la justicia italiana marcó un importante hito al emitir un fallo que reconoce legalmente como madres a las parejas lesbianas que han recurrido a la fecundación in vitro en el extranjero, abriendo una grieta de esperanza frente a esta ola reaccionaria.

Frente al retroceso en Estados Unidos y la hostilidad institucional en Italia o Argentina, el mapa europeo arroja un símbolo de resistencia y cambio de ciclo político. Tras 16 años en el poder, la derrota electoral del ultranacionalista Viktor Orbán ha cerrado una de las etapas más oscuras para los derechos LGTBIQ+ en Hungría. Durante década y media, el colectivo fue el blanco prioritario de las políticas de Estado, enfrentándose a la prohibición de la adopción homoparental y a la aprobación de leyes que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia. El intento fallido de Orbán de vetar la Marcha del Orgullo provocó un efecto boomerang que sacó a la calle a cerca de 380.000 personas.

Ese clima de represión institucional parece haber llegado a su fin. Este fin de semana, la 31ª Marcha del Orgullo de Budapest se celebró en una atmósfera radicalmente distinta. Pese a un calor extremo que rozó los 38º, decenas de miles de personas cruzaron el centro de la capital hasta el parque Vérmező sin enfrentarse a las trabas legales ni policiales de la época Orbán. “La situación es diferente a la del año pasado en el sentido de que ahora la policía tomó nota del evento de una manera legal. Lo que no ha habido en absoluto este año es miedo”, reivindicó Ede Balogh, portavoz de la organización. La marcha contó además con un importante respaldo, incluyendo la presencia de la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, y del alcalde progresista de la capital, Gergely Karácsony.

Esta profunda brecha política y social queda retratada en el Rainbow Map 2026 de ILGA Europa, que ilustra cómo el escudo legal del colectivo depende drásticamente de la voluntad de los Estados. Mientras España lidera el ranking continental de protección con un 89%, los estragos de las políticas restrictivas hunden a la Italia de Meloni (24%) y a la propia Hungría (23%) en la franja de mayor vulnerabilidad. Un mapa que sirve de recordatorio de que los derechos conquistados son frágiles y que la diversidad sigue siendo castigada a escasos miles de kilómetros, con regímenes como Rusia y Azerbaiyán ocupando el último lugar de la tabla al garantizar apenas un 2% de los derechos humanos.

La caída de Viktor Orbán en Hungría provoca movimientos políticos de calado que van más allá de su país o de la lucha abierta con la Comisión Europea y con la mayoría de los socios en cuestiones como el apoyo a Ucrania, la contemporización ante Rusia o las vulneración del Estado de derecho. Uno de los caudillos de la extrema derecha europea ya no gobierna y ese vacío debe cubrirse, como si en la manada de lobos ultras los otros ejemplares buscasen ese liderazgo o, al menos, reposicionarse en nuevos roles y relaciones.

Péter Magyar, el vencedor de Orbán, ya ha tenido su estreno en Bruselas, delante del resto de líderes de la Unión, y las consecuencias del cambio de Gobierno se hicieron notar. Los 27 aprobaron por primera vez en meses unas conclusiones de la Cumbre por unanimidad sobre Ucrania, la guerra en ese país o la condena a Rusia. También hubo consenso sobre inmigración, aunque en este caso las conclusiones fueron menos ambiciosas: una mera llamada “para continuar con el trabajo intenso” y anunciar que “el Consejo Europeo celebrará una discusión estratégica” en octubre. Aun así, la ausencia del elemento Orbán permitió que los países más duros en materia migratoria no tuviesen presión extra y llegasen a este compromiso con España o Francia.

Diplomáticos europeos y nacionales celebran en privado la llegada de Magyar a Hungría, asegurando que ahora “se percibe una mayor coordinación” sobre Ucrania o que se pueden tratar con Volodimir Zelenski “los siguientes pasos tras la apertura de bloques de negociación” para la futura adhesión de Ucrania a la UE. Algo impensable antes. Y un camino que en la reciente Cumbre ningún líder de la extrema derecha o euroescéptico quiso torpedear. Ni el eslovaco Robert Fico, ni el checo Andrej Babis, ni la italiana Giorgia Meloni.

Sobre estos tres dirigentes con poder de mando nacional y voz y voto dentro del Consejo están puestos ahora los ojos que escrutan posibles giros de guión en las relaciones de poder, las influencias y contrapesos dentro de la UE. En ellos y en dos franceses que esperan a 2027 para asaltar El Elíseo, Marine Le Pen o su delfín, Jordan Bardella. Los cinco, desde la caída de Orbán, se mueven en las procelosas aguas de la política comunitaria.

“Sobre Meloni toda mi solidaridad, no sólo la he mostrado públicamente, también se la he transmitido dentro del Consejo... porque el ataque no es político ni personal, no sé como calificarlo”. Quien se expresaba así tras la Cumbre Europea en relación a las acusaciones despectivas de Donald Trump en las que afirmaba que la primera ministra italiana había intentado desesperadamente sacarse una foto con él en el G7 fue ni más ni menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posiblemente el líder europeo más en las antípodas de la italiana.

Las palabras de Sánchez no fueron timoratas aunque ambos políticos hubiesen chocado dentro del Consejo a cuenta del debate migratorio, porque la italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. Inicialmente se habló de una fuerte discusión, de un choque, pero una fuente diplomática de un tercer país y conocedora del debate interno desmintió para infoLibre tales términos. Y desde Moncloa también.

No es sólo este apoyo del líder socialdemócrata más importante en la UE. Meloni se está moviendo en todos los frentes de la política comunitaria, abandonando espacios que ocupan sus aliados tradicionales. Viene de asistir esta semana en la Riviera francesa a una cumbre bilateral de los dos gobiernos con el presidente galo Emmanuel Macron, llena de guiños cómplices, sonrisas y abrazos. Macron, antes que Meloni, ha sufrido los embates del estadounidense y con más crudeza.

El efecto Trump, en este caso como coyuntura internacional, ayuda a estos acercamientos y de ahí se salta a otros ámbitos de encuentro. Así lo cree el eurodiputado italiano Sandro Gozi, de los liberales de Renew dirigidos por las filas de Macron. “Italia y Francia avanzan, entre ellas y en Europa, cuando construyen juntas”, destaca Gozi sobre una agenda europea conjunta en la que pide que “la cooperación franco-italiana deba volver a convertirse en un motor político de Europa”. Debemos asumir una ambición común: más acción, más soberanía, más Europa”.

Y si Meloni recibe los apoyos de socialdemócratas y liberales y ella sabe emplearlos en la esfera europea, también los obtiene ahora de la otra gran cabecilla ultra con la que llevaba tiempo enfrentada. “Él fue muy ofensivo, así que entiendo plenamente la reacción de Giorgia Meloni, que es de orgullo nacional”, aclaró Marine Le Pen en la radio francesa. “¿Es la ruptura definitiva entre las dos naciones? Desde luego no. ¿Es esto un enfrentamiento severo en la relación entre dos individuos? Desde luego sí”, reconoce la líder del Rassemblement National.

Meloni y Le Pen tomaron caminos diferentes en la escena europea en 2024 y eso las llevó al distanciamiento político y personal. Fratelli d'Italia se quedó como principal partido junto a los ultracatólicos polacos del PIS en ECR, el grupo parlamentario en la Eurocámara que rivalizaba por dirigir a la extrema derecha frente a los Patriots fundados por Le Pen, Orbán, Vox y La Lega de Matteo Salvini. El ex primer ministro húngaro lamentó que el choque entre las dos mujeres impidiese la creación de un supergrupo ultra en el Parlamento Europeo. “Estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo”, suplicó entonces Orbán.

El acercamiento entre las 'jefas' de ECR y Patriots va más allá. El delfín de Le Pen –su sucesor si ella no puede presentarse a las presidenciales francesas– y líder de sus huestes en la Eurocámara, Jordan Bardella, acaba de viajar a Polonia para mantener encuentros de trabajo con los conservadores nacionalistas del PIS, la otra pata de ECR, también fuera del poder desde que Donald Tusk regresó de Bruselas para recuperar Varsovia para el PP europeo.

“Una visita que es una parada clave en una serie de viajes europeos”, dijo Bardella, en la que mantuvo una “muy provechosa” reunión con el presidente polaco para “discutir una serie de cuestiones e intercambiar opiniones sobre la actual dirección de Europa”. Rassemblement National perdió en Orbán a su principal líder centroeuropeo y ahora, reconocen, buscan aliados para “preparar la Europa del mañana”.

Hay más que se mueven en el ámbito euroescéptico. Los populares Tusk y Magyar han decidido recuperar el Grupo de Visegrado, antiguo foco de presión en los debates europeos ejercido por polacos, húngaros, checos y eslovacos. Esta alianza regional funcionó la década pasada en la UE como contrapeso al eje París-Berlín, al frente común del liberal Benelux o ante las reclamaciones en favor de la cohesión y una mayor integración procedentes del sur europeo. Pero la excesiva beligerancia de Orbán lo rompió. Ahora está de vuelta.

Los primeros ministros Robert Fico y Andrej Babis son los otros dos integrantes y ya no tienen problemas en aliarse con los conservadores tradicionales del PP europeo. Se benefician del giro más a la derecha de los populares en cuestiones migratorias, medioambientales o sobre competitividad industrial, además de que les une su impulso hacia el rearme. Sin Orbán delante, hasta el eslovaco y el checo no se muestran tan prorrusos y ni siquiera amagaron con bloquear las firmes conclusiones de la Cumbre en favor de Ucrania y contra Moscú. Incluso hablan ya de un proyecto de conexiones ferroviarias financiado conjuntamente por la Unión Europea.

En Bruselas observan estos movimientos. La conservadora Comisión Von der Leyen consiguió que Giorgia Meloni no pareciese tan peligrosa y euroescéptica cuando llegó al poder. Ahora otros peones populares intentan endulzar a los ultras centroeuropeos.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del pasado año, Vox ha intentado presentar su cercanía a Donald Trump como una prueba de influencia internacional y de su apuesta ideológica. Pero ese vínculo empieza a pesar más de lo que beneficia. No es solo que el presidente de Estados Unidos se haya convertido en un factor de inestabilidad global tras iniciar junto a Israel una ofensiva contra Irán. Es, sobre todo, que parte de la extrema derecha europea ha empezado a tomar distancia, mientras la formación de Santiago Abascal sigue instalada en una fidelidad casi sin matices.

Un año y tres meses después, la misma internacional ultraderechista que celebró exultante la vuelta de Trump comienza a marcar distancias. La derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras dieciséis años ininterrumpidos en el poder demuestra, además, que la influencia del norteamericano es relativa. Orbán se mantuvo fiel a Trump hasta el final, pero de poco sirvió el apoyo en campaña del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Su derrota frente a su antiguo compañero de partido, Peter Magyar, fue abrumadora.

Abascal ha apostado de manera clara por su proyección internacional pese a que hace siete años admitía no tener "demasiadas convicciones" en política exterior y abogaba por no "hipotecarse" con ningún aliado por las implicaciones que pudiera tener. "Es un mundo en el que no tengo demasiadas convicciones, más allá de nuestro compromiso de actuar siempre en pro de los intereses de España”, le confesaba al escritor Fernando Sánchez Dragó. Ahora, sin embargo, Vox está muy vinculado a Trump a través de la Fundación Disenso, que forma parte de la constelación ideológica de la Heritage Foundation, y también mantiene en su órbita al Likud de Benjamín Netanyahu, además de ser un fiel defensor del presidente argentino Javier Milei.

Otro de los referentes de Abascal —a la que abandonó por Orbán en la Eurocámara tras las elecciones europeas— es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, a diferencia del líder de Vox, declaró en el Parlamento italiano que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán vulneraba el derecho internacional y, además, negó al Pentágono el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para bombardear Irán. Una decisión que Meloni tomó tras la presión interna que desató el anuncio que en el mismo sentido hizo previamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que Vox criticó.

En la última semana la tensión ha escalado por la negativa de la primera ministra italiana a secundar la escalada bélica y por los ataques del presidente de EEUU al papa León XIV, unas palabras que Meloni calificó de "inaceptables" a la vez que afirmó que es “justo y normal” que el jefe de la Iglesia pida paz y condene la guerra. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que pensaba que Meloni tenía valor “pero se equivocó” y reprochó a Italia no estar a la altura en la OTAN. Este miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a decir que algunos movimientos de Trump son “poco comprensibles”, una señal de que también detecta el desgaste, aunque llegue tarde y de forma defensiva.

La oposición italiana cerró filas con Meloni tras la dura respuesta de Trump. El comisario europeo Paolo Gentiloni pidió “defender a Italia” antes que ajustar cuentas internas, y la diputada socialista Elly Schlein sostuvo que, aunque sean adversarios políticos, los italianos no aceptarán ataques extranjeros contra su Gobierno. Una postura que subraya la magnitud del aislamiento de Vox ya que incluso una dirigente de la derecha radical como Meloni ha encontrado a la izquierda italiana de su lado frente a Trump.

Pero Meloni no es la única en marcar distancias. La extrema derecha alemana, la AfD, ha pedido la retirada de tropas y armas nucleares estadounidenses de Alemania. La líder francesa Marine Le Pen se mostró muy crítica con el secuestro por parte de EEUU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también ha censurado algunas decisiones militares porque chocan con su propio soberanismo. El británico Nigel Farage, que inicialmente apoyó los ataques contra Irán, acabó corrigiendo el tono al comprobar que el conflicto abría divisiones en su partido, Reform UK. Frente a estos posicionamientos aparece Vox, que navega en sentido contrario y que, precisamente por esa postura, ha recibido las críticas de exdirigentes de la formación.

La crisis interna de la ultraderecha debilita su imagen de cohesión. La crisis en Murcia es el ejemplo más evidente. La salida de la diputada Virginia Martínez al grupo mixto, después de la expulsión de José Ángel Antelo a finales de febrero, no solo agrava la fractura orgánica, sino que altera la aritmética parlamentaria y permite al PP explorar acuerdos sin depender de la dirección de Vox. La propia Martínez justificó su marcha por su "profunda decepción" con la cúpula del partido y denunció ceses, expulsiones y una "imagen terrible del proyecto". Antelo, por su parte, habló de un Vox "en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

En Balears, la dirección de Vox tampoco controla el partido. La formación ultra arrastra desde 2024 el cisma de los cinco diputados díscolos que llegaron a expulsar del grupo a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Después, tres de ellos abandonaron sus cargos en el grupo, aunque conservaron sus escaños. Pero no son los únicos casos.

En el Ayuntamiento de Madrid el conflicto sigue abierto. Desde el consistorio municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, frenaron el intento de la dirección de apartar a Javier Ortega Smith como portavoz y mantuvieron intacta la estructura del grupo municipal. Actualmente, hay dos bandos dentro del mismo grupo, con Ortega Smith y otros dos concejales por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez, fieles a Abascal, por otro.

En el Ayuntamiento de Toledo la imagen es similar. La vicealcaldesa y presidenta del grupo municipal, Inés Cañizares, ha defendido públicamente la conveniencia de celebrar un congreso extraordinario y figura entre los cargos institucionales en activo que firmaron el manifiesto crítico con Abascal. Su posición la sitúa frente a la dirección provincial y al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que descalificó esa iniciativa definiéndola como una “pantomima”.

Toda esta crisis interna se desarrolla en plena precampaña andaluza. El barómetro publicado esta semana por el Centra da a Vox un 15% y entre 17 y 20 escaños frente a los 14 actuales. Para los de Abascal, Andalucía debía ser una demostración de fuerza, una comunidad donde el partido aspiraba a crecer de forma sostenida y a consolidarse como una alternativa con capacidad de condicionar el sistema político. Pero el barómetro indica que permanece como tercera fuerza, que no rompe el tablero y que el principal beneficiario de su suelo electoral continúa siendo el PP. La formación ultra no desaparece, pero tampoco crece. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes estar sorprendido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y subrayó que "la inaceptable es ella", en respuesta a las críticas de esta por los ataques recibidos por el papa León XIV por parte del mandatario estadounidense.

En una entrevista exclusiva con el diario italiano Corriere della Sera y preguntado sobre la reacción de Meloni, quien calificó de "inaceptables" sus críticas al papa León XIV, Trump fue tajante: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad".

Y volvió a arremeter contra el pontífice de quien dijo que "no entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado".

En la entrevista, hecha por vía telefónica y de apenas seis minutos de duración, Trump criticó a Meloni por su supuesta inacción ante la crisis en Irán y la acusó de pretender que "Estados Unidos haga el trabajo por ella".

"Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa", sentenció Trump, tras confirmar que Meloni y él no hablan "desde hace mucho tiempo".

"¿A ustedes les gusta el hecho de que su presidenta no esté haciendo nada para obtener el petróleo? ¿Le gusta a la gente? No puedo imaginarlo. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué", declaró Trump.

El presidente de EEUU justificó este distanciamiento porque, según él, Meloni "no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba".

"Dice simplemente que Italia no quiere estar involucrada. Aunque Italia obtiene su petróleo de allá, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba estar involucrada", afirmó.

Además, Trump afirmó que Europa "se está destruyendo a sí misma desde el interior" con sus políticas energéticas".

"Pagan los costes de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el Estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto", afirmó.

En este sentido, preguntado por el diario italiano, reveló haber solicitado a Italia el envío de dragaminas a la zona, sin éxito.

"He pedido enviar todo lo que quieran, pero no quieren porque la OTAN es un tigre de papel", concluyó.

Se trataba de decir sí o no a una modificación de 7 artículos de la Constitución relativos a la justicia y el resultado ha sido apabullante: la victoria del No es la primera gran derrota de Giorgia Meloni. ¿Por qué sobre la justicia y por qué un referéndum? Y ya, alejando el foco, ¿en qué marco no sólo nacional sino también global se ha producido este patinazo clamoroso de Giorgia Meloni?

Comencemos con humildad reconociendo que ni quisqui sabía qué pasaría. Nadie conseguía desentrañar qué supondría una mayor afluencia, de modo que los buenos italianos se refugiaron en la scaramanzia –la superstición–. Partidarios del No decían que soplaba brutta aria; partidarios del Sí, que tan alta participación no era un buen dato.

A toro pasado, es fácil encajar argumentos. Comencemos con el aparente quid: la justicia. Que la justicia en Italia funciona mal es un cliché nacional a la vez que europeo. Si se pregunta a gente ducha en la materia por qué, se suelen señalar tres problemas endémicos: la lentitud de los procesos, la mole infinita de trabajo y la incertidumbre de un cuadro normativo salpicado de modificaciones y adaptaciones. El descontento de la ciudadanía en esta materia es, pues, más que lógico. Acusar a la magistratura de operar con arbitrio o de constituir una casta poderosa resulta, por un lado, un desahogo sedante para el pueblo, y por otro, una tentación irrefrenable para los populistas de derecha.

Cuando Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del actual ministro de Justicia, llegó a afirmar que “la magistratura es un pelotón de ejecución”, lo hacía a sabiendas de que esa frase bárbara estaba bien arraigada en Italia: el populista mediático Silvio Berlusconi se refería a los jueces llamándolos “peor cáncer de la democracia”, “metástasis”, “patología”, etc. El Cavaliere fue el adalid contra la magistratura politizada: “togas rojas”, les decía. Desde la logia masónica Propaganda Dos (Berlusconi tenía el carnet 1816) hasta el actual gobierno Meloni, siempre ha habido una veta de la política italiana que no soporta la separación de poderes.

No conciben que haya contrapesos a los que nadie ha votado. No creen en el Estado de Derecho con todas las consecuencias. Creen en la separación de poderes pero sólo si es meramente aparente. Durante la campaña del referéndum se encuentran múltiples declaraciones de exponentes del Gobierno que dan buena prueba de ello. Veamos algún ejemplo: a) Alfredo Mantovano, secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los cerebros en la sombra del gobierno Meloni, dijo que este referéndum serviría para “reequilibrar poderes”, pues, según él, “los plenos poderes son los de quien, por vía judicial, bloquea la política”, ya se trate de cuestiones migratorias, empresariales o de orden público; b) cuando el Tribunal de Cuentas italiano paralizó por graves errores formales el puente sobre el Estrecho de Messina, el presidente Meloni explotó y calificó la decisión como la “enésima invasión del campo de los jueces en las decisiones del Gobierno y el Parlamento”; c) la ruin invitación del ministro de Justicia a la oposición a gozar de una impunidad legítima: “una persona inteligente como Elly Schlein [Secretaria del Partido Democrático] no entiende que esta reforma les convendría también a ellos en el momento en que llegaran al gobierno”.

Lo de la justicia está claro, pero ¿por qué un referéndum? Que el gobierno Meloni escogiese semejante procedimiento sin necesidad de quorum representó un órdago descarado. No es lo mismo que le convoquen a uno para decir sí o no a la caza, el aborto, el divorcio o las centrales nucleares, que si le obligan a apoyar un justicia-como-digo-yo-sí-o-no. Para abordar esas materias tan complejas se inventó la democracia representativa. En los cuatro trámites parlamentarios de este referéndum, no se aceptó ninguna modificación, ni siquiera de los partidos que forman la mayoría parlamentaria. Este referéndum obligaba casi a casarse con Meloni, y el pueblo como que no.

Hablaba Iván Redondo en un reciente artículo de que ya no estamos en una guerra cultural, sino en una guerra cognitiva. Y tal vez sea eso: nadie entiende cómo un pueblo que asistió a un golpe como el de Capitol Hill volviera a votar a Trump. Por eso, ¿cómo responderían los italianos al burdo argumentario de Meloni, la cual llegó a decir que si ganaba el No los jueces dejarían sueltos por ahí a toda suerte de violadores, pederastas y maleantes? La gran noticia es que el pueblo italiano dijo basta a la desfachatez y votó por el decoro institucional. La gran noticia es que el pueblo italiano supo entender que era en los desaires institucionales continuos del gobierno a la magistratura y no en los mendaces llamamientos a la eficacia del sistema donde se celaba el verdadero significado del referéndum. Paradójicamente, cuanto más insistía el gobierno Meloni en que el referéndum era meramente técnico, más cuerpo cobraba la grave amenaza política. La gran esperanza es que de Italia esté llegando una señal de hastío de la desfachatez. Hace unos días hablábamos de un momento Bonhoeffer. El descaro golpea primero y gana la primera batalla siempre, pero la insensatez incesante acaba despertando la rabia popular. La guerra cognitiva está ahí, sí. La gran noticia es que, al parecer, no la vamos perdiendo.

Pero ojo: tampoco ganando del todo. Este referendo representa solamente una de las varias figuras que componen un mosaico de una batalla entablada hace al menos tres años y que ve también afectados a otros dos contrapoderes judiciales importantísimos: la Dirección Nacional Antimafia (DNA) y el Tribunal de Cuentas. Tanto el Procurador Nacional Antimafia como el Presidente del Tribunal de Cuentas han alertado en sedes institucionales sobre lo mucho que ha entorpecido legalmente su tarea este gobierno. (Ver aquí y aquí). No sólo: pende sobre los italianos otra reforma – el premierato – que otorgaría más poderes al jefe del gobierno en detrimento del presidente de la República.

Los italianos votaron una reforma que ni atacaba la lentitud, ni el atasco, ni el maremágnum de la justicia, mientras el gobierno volvía romas las armas para combatir la corrupción o las mafias. Sorpresa: muchos jóvenes –esa chusma de la que se repite siempre que vota a la extrema derecha– y muchas mujeres se movilizaron. También desde la Conferencia Episcopal habían animado a ir a votar dada la importancia de la cuestión en liza. Y el resultado es el que ha sido. Berlusconi debe estar rabioso en el más allá. Era también su reforma.

Que esta peligrosísima guerra en Oriente Medio haya movilizado a electores hartos de las atrocidades de Trump y Netanyahu seguramente habrá incidido. Que en Eslovenia y Francia también soplaran vientos antifascistas este fin de semana, ojalá que sean señas de que la marejada autocrática global amaina. Se verá el 12 de abril con Orban en Hungría.

En la recta final del referéndum, el periodista Alberto Nerazzini destapó el caso Chuletería de Italia: el secretario de Estado para la Justicia, Andrea Delmastro, tenía parte de un restaurante en cuya propiedad participaba supuestamente gente ligada al clan Senese, uno de los más potentes de las distintas mafias en Roma. Acaso ese tufo de cloaca de la Suburra también haya repercutido lo suyo. ¿Cómo abordar un caso semejante sin jueces verdaderamente independientes?

Hoy Italia nos ha dado dos lecciones extremas: a) el diseño político de la extrema derecha global es peligroso y la resistencia es imperativa; b) no se puede dejar solos a los jueces en tal tarea.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

Ha venido la primavera dibujando su curvatura entre misil y misil. Se nos ha puesto la gasolina por las nubes, mientras vive uno el vértigo del precio de la electricidad en un suspiro de luz que va desde la votación de un real decreto en la Corte de los Leones a los cielos de León XIV y el cristianismo universal. Hay tinieblas en la Habana, fuego y petróleo en el Estrecho de Ormuz y gobiernos in alvis en una buena parte de España. Cualquiera diría que estamos a merced de los elementos. 

La bandera de Donald Trump cotiza a la baja. Lo vimos en París, Marsella y Lyon, tres constelaciones donde vuelve a iluminarse el fulgor de la socialdemocracia. Lo hemos visto este lunes en Italia, con el no a la reforma de la justicia impulsada por Giorgia Meloni en su último referéndum. La gente busca estabilidad, frente a la incertidumbre USA provocada, quién sabe, si por una IA. Los italianos se lamentan de su justicia, sí, pero sigue siendo la suya. La mayoría italiana continúa confiando en su constitución, escrita y firmada por demócrata-cristianos y comunistas, o sea, antifascistas. Meloni ha querido consolidar su gobierno con un referéndum y, finalmente, ha salido escaldada en su empeño. 

Trump cotiza a la baja. Lo dicen en la Toscana y en la región de Emilia Romaña, espacio históricamente conquistado por el PCI. Se ha escuchado el mismo no a los neoliberales de la bolsa, en Milán, y lo han proclamado también, en el sur de Italia, Nápoles y Sicilia: si se debilita la justicia, se fortalece la mafia. Con la pétrea mirada futurista de Roma, sólo las regiones ricas del Véneto, Lombardía y del Piamonte se han puesto detrás de Meloni. Este domingo veremos cuánto cotiza Putin en Hungría.  

Mientras en Roma corría este lunes un río de banderas rojas, Juan Manuel Moreno Bonilla ha encendido el fuego de San Telmo. La risa marmórea del presidente de Andalucía está a punto de repetir una mayoría absoluta. Trump no cotiza, pero sí lo hace la estabilidad. Esa es la gran lección que deberían aprender Kiko Méndez Monasterio y Santiago Abascal, al que se ha visto en Budapest junto a Orban en la cumbre de los patriotas. 

En España, algo ha cambiado. ¿Habrá terminado ya el reemplazo? El mayor logro para Vox en estos caucus de la derecha sería concluir con tres gobiernos constituidos, Extremadura, Aragón y Castilla y León, antes de que Moreno Bonilla proclame su tercera victoria electoral. Veremos qué es capaz de hacer María Jesús Montero en Andalucía. ¿Será suficiente su acento sevillano para convencer a los electores de que no es una paracaidista? ¿Permanecerá en la memoria de los andaluces su paso por la consejería de Sanidad? La receta para no romper el suelo de Juan Espadas posiblemente se encuentre todavía en el ministerio de Hacienda. Tras la “deuda histórica” del Estado con Andalucía, la ministra está a tiempo de rebajar la de su comunidad con el Estado (18.791 millones de euros).

Lo que uno quiere decir en esta guillotina es que el fuego de San Telmo es hoy la estabilidad. Cualquier comicio, en Francia, Italia o Andalucía, debe tener un propósito electoral. El de Moreno es en esta ocasión la estabilidad. Sabe, a diferencia de Feijóo, que los votantes castigan los adelantos electorales. Uno corre siempre el riesgo de salirse de la curva y terminar la competición fuera de pista si pisa demasiado tiempo el acelerador.  Adelantar sin un propósito es acercarse a la derrota con vocación suicida. Moreno Bonilla, al contrario, nos trae una convocatoria electoral que se habrá celebrado después de la Feria de Abril y antes del Rocío, con un Betis que podría estar compitiendo en las semifinales de la Europa League. Nada mejor para el presidente sevillano que pasearse por Europa con los colores de Andalucía.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54% de los electores, con dos tercios de los votos escrutados, infroma EFE. Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81% de los italianos, frente al 54,19% del 'no'.

Pese la derrota, Meloni, aseguró que "seguirá adelante" y lamentó la "ocasión perdida" para modernizar el país. Igualmente, descartó que el resultado ponga en riesgo la estabilidad de su Gobierno. "Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. 

La mandataria subrayó que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral. Asimismo, defendió que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad", añadió.

Destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X. "El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del 'no'", declaró el ex primer ministro en una rueda de prensa.

La secretaria del Partido Demócrata (PD) y líder opositora, Elly Schlein, ha anunciado una comparecencia pública a las 17.30 hora local (16.30 GMT) y el mayor sindicato del país, CGIL, ha convocado una celebración la tarde de este lunes en la céntrica Plaza Barberini de Roma.

Esta reforma era el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos necesitaba ser avalada en esta consulta popular. Entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados', y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Meloni ha desvinculado su futuro político al resultado del referéndum y agotará la legislatura en 2027, pero la oposición ahora lo ha planteado como un plebiscito contra su gestión. "Este es un aviso a este Gobierno, una advertencia política muy fuerte", advirtió Conte. Este resultado es la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022, ganando las elecciones con una coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la 'berlusconiana' Forza Italia de Antonio Tajani.

Desde esta última, quizá el partido gubernamental más interesado en esta reforma, han lamentado que la campaña electoral previa al referéndum "no ha sido sobre sus méritos", en declaraciones de su portavoz en la Cámara de Diputados, Paolo Barelli. Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta "derrota sonora" de Meloni.

La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”

De pie, con el micrófono en la mano, Morosini sale de la reserva que suele caracterizar a los magistrados. “Esta campaña ha estado marcada por ataques y afrentas”, dice indignado ante un público cuya extrema atención contrasta con el continuo alboroto de declaraciones extravagantes que han saturado los medios de comunicación italianos los últimos días. A cuatro días del referéndum sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de extrema derecha, los partidarios de ambos bandos libran sus últimas batallas en una Italia extremadamente dividida.

Esta reforma prevé la separación estricta de las carreras entre la fiscalía y la magistratura. Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un único y mismo cuerpo, independiente del Ministerio de Justicia, y pueden pasar de una función a otra una vez a lo largo de su carrera. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se encarga de garantizar su autonomía e independencia. Un tercio de sus miembros es elegido por el Parlamento, los otros dos por los magistrados.

La reforma prevé dividir el Consejo en dos: uno para los fiscales y otro para los jueces, con dos itinerarios de formación distintos. Los miembros de ambos consejos se elegirían entonces por sorteo: dos tercios entre todos los magistrados y magistradas, y un tercio entre juristas elegidos por el Parlamento. El CSM también se vería despojado de su competencia disciplinaria, que se confiaría a un tribunal disciplinario superior independiente.

A primera vista, no se aprecia una relación inmediata con el fin de la independencia del poder judicial, tal y como denuncian los partidarios del “no”. Leyendo entre líneas, los jueces y magistrados temen sobre todo un debilitamiento progresivo de su autonomía (en particular por la elección en el Parlamento de los miembros de los consejos que se sortearán) y un aislamiento de la fiscalía que la haría más vulnerable a las presiones políticas. Una especie de primer paso para meter en vereda a la magistratura.

Ante el carácter técnico y la complejidad de este proyecto de ley constitucional, numerosos magistrados, abogados o profesores de Derecho se han sumado a las filas de los comités ciudadanos para explicarlo a los votantes.

“Hacemos todo lo posible para que los ciudadanos se impliquen en estas iniciativas”, asegura Stefano Staffolani, presidente del Comité de la sociedad civil por el “no” en Ancona. Confiesa que, como profesor de economía política, no disponía de todas las herramientas para comprender las sutilezas del texto: “Así que, como buen economista, busqué las cifras.” Con sus notas en mano, nos cuenta sus hallazgos.

“Los artífices de la reforma dicen que los jueces están bajo la tutela de la fiscalía, ¡supuestamente porque van a jugar al tenis juntos! Pero en Italia, aproximadamente la mitad de las peticiones de la fiscalía no son atendidas por los jueces, mientras que la media europea es del 34%”, constató.

“Las sanciones contra los magistrados también serían demasiado leves y escasas”, prosigue. “Pero en Italia, casi ocho jueces de cada mil son objeto de una sanción, frente a uno de cada mil en Alemania o cuatro de cada mil en España, y esas sanciones emanan más a menudo del Consejo Superior de la Magistratura que del Ministerio de Justicia, que también tiene competencia al respecto.”

En el escenario, el presidente del tribunal de Palermo, repasando los orígenes de la Constitución, menciona la historia y el asesinato por parte de Mussolini del diputado antifascista Giacomo Matteotti. “Los padres fundadores habían vivido en carne propia la concentración de poderes en manos del ejecutivo, y eso es precisamente lo que querían evitar al dotar de autonomía al poder judicial”, explica quien se ha comprometido con el comité. “Es justo decir no.”

“Esta votación no es a favor o en contra de la magistratura o del Gobierno, sino sobre el mantenimiento o el abandono del principio fundamental de la separación del poder judicial del Estado”, prosigue. Sus palabras son recibidas con fuertes aplausos. “Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres”, opina Ruggiero Dicuonzo, antes juez y hoy fiscal adjunto del tribunal de Ancona.

La campaña del referéndum, inaugurada oficialmente a mediados de noviembre, se ha recrudecido en las últimas semanas. La última provocación hasta la fecha (“una señal clara de que no es posible el diálogo”, comenta con flema Piergiorgio Morosini) lleva la firma de Francesco Zaffini, senador y miembro de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, quien comparó a la magistratura con “un cáncer”.

Poco antes, Giusi Bartolozzi, viceministra de Justicia, invitaba a los italianos a “deshacerse de la magistratura”, que actuaría como un “pelotón de fusilamiento”. En cuanto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, coautor junto con Giorgia Meloni del texto de la reforma, considera que el Consejo Superior de la Magistratura es un “mecanismo mafioso”.

Para justificar esas diatribas, por las redes sociales de los partidarios del “sí” circulan casos concretos que denuncian sentencias demasiado laxas, en particular cuando conciernen a extranjeros. Ante esos ataques, y de forma inédita desde el inicio de su mandato hace once años, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presidió una reunión del CSM, recordando su “valor constitucional” y exhortando “al respeto mutuo” de las instituciones. Por lo general, nunca participa en el CSM, que preside en su calidad de jefe de Estado.

La extrema derecha italiana está acostumbrada a los enfrentamientos con los magistrados. Matteo Salvini, líder de La Liga y socio menor de la coalición en el poder, ha hecho uso y abuso de ello desde sus primeros pasos en el Gobierno, en 2018. Pero el Gobierno de derechas y extrema derecha de Giorgia Meloni ha ido un paso más allá, al convertir a la magistratura en su principal oponente político, especialmente en materia de seguridad e inmigración.

Los magistrados y magistradas, señalados por el Gobierno como culpables del fiasco de los centros de internamiento para migrantes en Albania o, más recientemente, de la colocación considerada abusiva de los niños de la "familia del bosque", son acusados de ser partidistas, de ser de izquierdas, e incluso de sufrir “degeneraciones ideológicas”, según las propias palabras de Giorgia Meloni.

Este discurso político de una magistratura partidista no ha dejado de calar en la opinión pública desde los años noventa, alimentado sobre todo por Silvio Berlusconi y Forza Italia, para quienes esta reforma es una vieja quimera. Sus defensores prometen que permitirá a la magistratura volver a ser neutral e imparcial y recuperar la confianza de los italianos, cuando, es cierto, es poco querida y mal vista.

Pero la promesa no se cumple, según Chiara Gabrielli, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Urbino y miembro del Comitato dei 15 per il NO (Comité de los 15 por el No): “Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia. No introduce ninguna otra forma de responsabilidad para los magistrados, ninguna nueva herramienta para hacer frente a los errores judiciales; todo ello depende de la calidad y la cantidad de los recursos a disposición de la justicia, pero en este punto, el proyecto de ley de presupuestos prevé, según la Asociación Nacional de la Magistratura, una financiación insuficiente”.

En el panorama político, las posiciones están bastante claras: la coalición gubernamental apoya el “sí”, mientras que el Partido Demócrata, el Partido Comunista, la Alianza de los Verdes y la Izquierda y el Movimiento 5 Estrellas apoyan el “no”.

Aunque intenta evitarlo a toda costa, este referéndum tiene para Giorgia Meloni algo de prueba electoral antes de las elecciones del año que viene. Es una de las tres principales reformas prometidas por el Gobierno a los italianos, y no se requiere quórum de participación para que se tenga en cuenta el resultado de la votación. En 2016, el último referéndum constitucional propuesto por el presidente del Consejo, Matteo Renzi, terminó con su dimisión tras el rechazo de los votantes.

Traducción de Miguel López

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares". 

"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni. 

En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana opinó que la desestabilización en Oriente Medio "tiene una fecha de inicio clara: no el 28 de febrero de 2026, sino el 7 de octubre de 2023, el bárbaro y demencial ataque perpetrado por Hamás contra territorio israelí".

Señaló que "es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas se hacen cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales fuera del derecho internacional, que debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní".

En ese conflicto, Italia, aseveró, "no participa ni tiene intención de participar" en la guerra, si bien Meloni quiso dejar claro que "no podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares, combinado, además, con una capacidad de misiles que pronto podría ser capaz de atacar directamente a Italia y Europa".

Tras indicar que Italia no fue consultada sobre la operación, agregó que las posibles consecuencias de este conflicto "ni siquiera son comparables a los riesgos que correríamos si hiciéramos la vista gorda ante el escenario de un régimen fundamentalista que masacra a sus oponentes, ataca a los países del Golfo y se equipa con misiles nucleares de largo alcance".

Señaló que continuará los contactos con Francia, Alemania y Reino Unido para evaluar la crisis y "para perfeccionar rápidamente las estrategias conjuntas", y que trabajará "para retomar la diplomacia". Sin embargo, agregó, "este objetivo es ciertamente imposible mientras Irán continúe con sus ataques injustificados contra el Golfo y otros países de la región".

Meloni también quiso condenar "la masacre de niñas en la escuela de Minab, en el sur de Irán" y pidió que se determine rápidamente a los responsables de esta tragedia. Sobre el uso de las bases estadounidenses en el territorio italiano explicó que todos los socios europeos están cumpliendo sus acuerdos al respecto, "incluso España".

"Esto significa que el acuerdo no se cuestiona, ni todas las actividades que abarca. Esto es lo que está haciendo Italia, y francamente, es asombroso que esta decisión sea condenada en casa y alabada en España por la misma gente", destacó. Sobre el aumento del precio de los combustibles, Meloni adelantó que se esta evaluando "la posibilidad de activar el mecanismo de impuestos especiales" y "que la parte del incremento del IVA resultante de las subidas de precios se destine a la reducción de estos impuestos".

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con cortar las relaciones comerciales con España por la negativa del Gobierno de coalición a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en su ofensiva militar en Oriente Medio ha activado una reacción política en cadena en Europa en defensa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Frente a la crítica posición de la derecha española, que ha apoyado públicamente la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán bajo la premisa de que que "el mundo es mejor cuando cae un tirano", el socialista ha conseguido el apoyo público del presidente francés, Emmanuel Macron, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e incluso el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que Sánchez está "solo" y que su objetivo es "aislar" a España, lo cierto es que Sánchez ha conseguido el respaldo en los últimos días de figuras destacadas en el ámbito internacional y no únicamente del espectro progresista. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró el viernes que su partido tiene "la misma posición que tienen todos los países europeos" y acusó a Sánchez de no ser "un aliado solvente" pero lo cierto es que, a diferencia del PP, Bruselas, Francia e Italia se han alineado con España y se han desmarcado de los bombardeos.

El PP está especialmente incómodo con este conflicto porque, además de situar a Sánchez como un referente a nivel internacional, se evidencia la falta de un discurso claro y sin fisuras dentro del partido, que no puede recurrir al 'antisanchismo' ni tampoco cuestionar de forma abierta a Trump. Por ello han tratado de minar la credibilidad del Gobierno recurriendo a bulos como el vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que le decía supuestamente al embajador de EEUU en España: "Yo estoy con Trump". El Ministerio de Defensa desmintió la información y aseguró que Robles dijo "estoy cómoda", pero el PP sigue manteniendo el post.

En clave interna, el PP se divide entre los líderes autonómicos que apoyan la postura de Génova y defienden que el Gobierno debería permitir que el ejército norteamericano use sus bases para organizar operaciones militares —los mayoritarios— porque su guerra es contra el régimen de los ayatolás; los que se ponen de perfil; y los que han mostrado su rechazo a la ofensiva de EEUU e Israel. Todas estas posturas evidencian, sin embargo, la incomodidad que hay en el PP ante cualquier asunto que se escape de las lógicas nacionales y partidistas y que están consiguiendo situar a Sánchez como la "némesis" de Trump, según el Financial Times.

Una de las que mejor encarna la postura más dura es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que el jueves desde la Asamblea de Madrid animó a las políticas de izquierdas a "ir solas y borrachas por Teherán" o "con minifalda a Kabul". "Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", señaló. Una estrategia —la de utilizar la situación de las mujeres iraníes para justificar la guerra contra Irán— que después replicó el PP en su acto del 8M en el Congreso.

En una posición más centrada trata de situarse el Gobierno de Juanma Moreno, que en apenas unos meses se enfrenta a las elecciones autonómicas. En esta crisis ha tratado de ponerse de perfil y evitar cualquier posicionamiento claro al respecto. Es decir, ni a favor ni en contra del uso de las bases —ambas situadas en Andalucía—y la colaboración con Estados Unidos como defiende la dirección de Génova ni en contra de cualquier apoyo a esta intervención militar como defiende Sánchez. "La competencia de la política exterior no es de este gobierno, es del Gobierno de España. Pero España no es un ente aislado, lo normal es que esté alineada con nuestros socios", fue la respuesta de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que apeló a actuar con "prudencia, responsabilidad y diplomacia".

Por su parte, el líder autonómico del PP que más ha explicitado su rechazo a "cualquier guerra" es el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que en otras ocasiones también se ha mostrado mucho más cercano con el Ejecutivo de Sánchez que el resto de de sus homólogos. En una comparecencia el jueves ante la prensa, aseguró que "cualquier guerra es absolutamente negativa" y apeló a la "cordura, el diálogo y la diplomacia" para evitar mayores consecuencias, sin lanzar ningún reproche a Sánchez.

A nivel internacional el movimiento más destacado lo protagonizó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La ultraderechista presume de su cercanía con Trump, pero tras la presión de la oposición italiana se vio obligada a señalar que no apoya la ofensiva norteamericana en Irán. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, aseguró después en el Parlamento que el uso de las bases italianas es equiparable al de las españolas "porque el tratado es idéntico" pero que Sánchez "es el héroe", dijo a modo de queja tras el eco que ha tenido en Italia la decisión del presidente español. También el vicepresidente Matteo Salvini se desmarcó de cualquier implicación militar directa. El líder de la Liga, otra formación de extrema derecha, aseguró que Italia "no está en guerra con nadie", que no prevé enviar tropas a Irán y que la prioridad debía ser evitar que la crisis se extienda.

Desde Francia, Emmanuel Macron trasladó a Sánchez su "solidaridad" ante las "amenazas de coacción económica" lanzadas por Trump contra España en una conversación telefónica. La posición del presidente francés ha sido, además, especialmente crítica con la guerra. Según el Elíseo, Macron considera que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha producido "al margen del Derecho Internacional" y que Francia "no puede aprobarla". Al mismo tiempo, en la declaración conjunta con Alemania y Reino Unido, aseguró que el país galo no participó en los bombardeos y reclamó volver a una solución negociada.

También Bruselas cerró filas con el Gobierno español. La Comisión Europea expresó su "plena solidaridad" con España y avisó de que actuará "si es necesario" para proteger los intereses comunitarios frente a las amenazas comerciales de Trump. "La Comisión garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos", señaló en un comunicado. En el plano bélico, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y António Costa, presidente del Consejo Europeo, reclamaron "máxima moderación", la protección de la población civil y el pleno respeto del derecho internacional. La primera calificó, además, de "muy preocupante" la situación en Irán.

Incluso el canciller alemán Friedrich Merz se ha visto obligado a recular tras la presión mediática de su país después de que Trump cargara contra España ante él y desde la Casa Blanca por negarse a colaborar con Estados Unidos en los bombardeos sobre Irán y él no protestara públicamente. El conservador aseguró que, en privado, trasladó al presidente estadounidense que no puede amenazar al Gobierno español porque España forma parte de la Unión Europea.

Una postura que choca con la de Alberto Núñez Feijóo, al que no le parece bien que el Gobierno haya decidido impedir a Estados Unidos utilizar las bases militares de Morón y Rota. "La política exterior está por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno", argumentó, después de que el presidente del Gobierno respondiera a Trump con el "No a la guerra". El viernes, insistió en que "Sánchez está obligado a cumplir la ley y pedir autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a una zona de guerra" pero añadió que "no lo ha hecho por miedo a sus socios". "La política exterior de España no la puede decidir unilateralmente el Gobierno", afirmó a través de X, aunque depende exclusivamente del Ejecutivo.

El regreso de la delegación de Rusia a la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, de la que fue excluida a raíz de su invasión en Ucrania en 2022, ha inquietado al Gobierno de Giorgia Meloni, que ha negado toda responsabilidad en la decisión.

La 61ª Bienal de Arte de Venecia arrancará el próximo 9 de mayo con la presencia de 99 pabellones nacionales, siete de ellos pioneros en la cita, como el de El Salvador.

Su presidente, Pietrangelo Buttafuoco, desde octubre de 2023 en el cargo, ha decidido invitar a todos los Estados que deseaban asistir, como Irán, Israel, Ucrania o Bielorrusia, pero también Rusia, país al que se retiró el pabellón en 2022 tras la invasión de Ucrania. "Todos los países que en estos momentos están en guerra llegarán a Venecia. Yo abro a todos, sin excluir a nadie. Estarán Rusia, Irán, Israel, Ucrania, Bielorrusia... Todos", ha defendido en una entrevista con el periódico La Repubblica.

En los pabellones venecianos, donde cada país expone sus ideas y artísticas, Rusia llevará su proyecto 'The tree is rooted in the sky' (El árbol ha arraigado en el cielo), mientras que la delegación ucraniana mostrará 'Security guarantees' (Garantías de seguridad).

Como evento colateral, también se dará espacio al proyecto 'Gaza - No words. See the exhibit' (Gaza - Sin palabras. Contempla la exposición), del Palestine Museum US.

España estará presente con la propuesta 'Los restos', comisariada por Carles Guerra; así como otros países hispanos como Argentina, Chile, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Perú o Uruguay. Sin embargo, ha sido la presencia de la delegación rusa la que ha soliviantado los ánimos en el Gobierno de Italia, de quien depende el nombramiento del presidente de la Bienal.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha emitido un comunicado para asegurar que la presencia de Rusia en la Bienal es fruto de "una decisión autónoma" de la Fundación veneciana. Pero en la nota también destaca, con cierto tono de reproche, que Italia se pone del lado de patrimonio ucraniano atacado. "Italia dedica gran atención al cuidado del patrimonio artístico ucraniano afectado por los bombardeos rusos desde hace ya más de cuatro años, comprometiéndose a la reconstrucción de uno de los edificios símbolo de la historia de Ucrania, la gran catedral ortodoxa de Odesa, gravemente dañada por el conflicto", alega.

El presidente de la Bienal ha reivindicado la necesidad de que el arte fomente el diálogo entre países, incluso si están en conflicto. "Rusia es propietaria de un pabellón en Venecia desde 1914 y ha estado ausente desde el 2022. (...) Usemos el arte. La Bienal es un espacio de convivencia para el planeta", ha sostenido Buttafuoco.

En estos años de guerra ucraniana la eventual presencia o exclusión de representantes rusos en eventos italianos ha venido suscitando siempre cierta controversia, también en el Gobierno de Giorgia Meloni, aliada de la resistencia de Kiev. Por ejemplo, en la última Mostra del cine de Venecia, organizada también por la Bienal de Buttafuoco, se volvió a mostrar la bandera rusa entre el resto de países participantes, lo que fue muy criticado por parte de la embajada ucraniana en Italia.

El ministro de Cultura también se ha enfrentado en varias ocasiones al Kremlin por sus ataques al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, desatados tras su denuncia de la guerra en una conferencia en la Universidad de Marsella en 2025.

Otra importante institución, La Scala de Milán, en febrero de 2022 tuvo que prescindir del director ruso Valeri Guérguiev por ser amigo del presidente Vladímir Putin y negarse a condenar la invasión. No obstante, el teatro milanés siempre ha defendido la necesidad de no reprimir la cultura por las vicisitudes de la política.

Aquel año inauguró su temporada lírica con el 'Boris Godunov' de Modest Músorgski, en una velada que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, y la última apertura la ha dedicado a Dmitri Shostakóvich.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia "no está en guerra" ni quiere "entrar en ella" y recordó que si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano se tendrá que consultar al Parlamento, informa EFE.

"No estamos en guerra ni queremos entrar en ella", afirmó Meloni en declaraciones a la emisora RTL 102.5 sobre la situación en Oriente Medio.

La mandataria consideró que la situación "es preocupante" y mostró su preocupación "por la crisis cada vez más evidente del derecho internacional y de las organizaciones internacionales".

"El mundo está cada vez más sumido en el caos", declaró la primera ministra que agregó su sorpresa "por la reacción indisciplinada de Irán, que consiste básicamente en bombardear a todos los países vecinos, incluidos aquellos que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles".

Respecto al uso de bases estadounidenses para las acciones de guerra, la mandataria aseguró: "Hasta ahora no tenemos ninguna petición al respecto" y confirmó que las tres bases en territorio italiano están reguladas "por acuerdos bilaterales.

"Contamos con bases militares estadounidenses y existen autorizaciones técnicas para operaciones no cinéticas ni de bombardeo. Si recibieran solicitudes para utilizar bases italianas con otros fines, la responsabilidad recaería en el Gobierno y tenemos que decidirlo con el Parlamento", señaló.

También adelantó que "Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo" y detalló que se tratará de "defensa aérea". "No solo porque son naciones amigas, sino porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y aproximadamente dos mil soldados que debemos proteger. Y el Golfo es vital para el abastecimiento", añadió.

Otra de las prioridades del Gobierno, explicó, "son las consecuencias económicas para Italia". "Debemos evitar que la especulación provoque un aumento explosivo de los precios de la energía y los alimentos", añadió y explicó que se ha instituido "un grupo de trabajo dedicado especialmente a supervisar los precios del gas"

En cuanto al terrorismo islámico, aseveró: "Nunca debemos bajar la guardia. Estamos plenamente movilizados. En este aspecto tampoco nos distraemos; nuestra vigilancia es extremadamente alta".

Se sabía ya, pero ahora hay pruebas: Steve Bannon, estratega estrella del movimiento trumpiano, reconocía en un correo a Epstein que conspiraba para derribar al papa Francisco. En otro correo más, rebota a Epstein un enlace a un artículo titulado: “Steve Bannon, Cardenal Burke, Ministro Salvini, y la trama para derribar al papa Francisco”. La trama complotista en realidad incluía también a otros dos agentes: Thomas Williams, corresponsal en Roma de Breitbart News, y Benjamin Hartwell, presidente del Dignitatis Humanae Institute, entidad montada en 2019 en el Monasterio de Trisulti, cerca de Roma, con el objeto de formar a líderes que combatieran el “marxismo cultural” y aplicaran a la vida moderna “los principios subyacentes del Occidente judeocristiano”. El ministerio de Cultura italiano puso trabas y no pudieron inaugurar entonces aquella “Academia del Occidente Judeocristiano” a la que Bannon y los suyos hoy denominan, de modo más circense, “Academia de Gladiadores”.

Bannon y sus secuaces vuelven a asediar Roma desde fuera –la política y los medios– y desde dentro, amplificando toda polémica que venga del ala ultratradicionalista de la Iglesia. “¿Nunca duerme?”, pregunta desesperado el niño John Harper ante el agotador acoso del asesino reverendo Harry Powell en La noche del cazador. Pues no, los más malos jamás descansan. Vuelven sin cesar a Roma porque necesitan, como bien señala Antonio Spadaro, fundir “autoridad espiritual y poder político con fines estratégicos”. No es que vayan contra un papa, sino que necesitan “instrumentalizar la fe como arma”. Lo mismo les da Bergoglio que Prevost, el cual, para Bannon, es el “papa antiTrump”, la “peor elección para los católicos MAGA”, el pontífice que “querían Bergoglio y su banda”.

Los malos jamás encuentran sosiego: siempre ven lo inmundo en lo más blanco. Compiten alardeando de su mayor todo: patriotismo, cristianismo, familismo, antiintelectualismo, racismo. Sísifos del supremo malismo. ¿No deberían estar contentos teniendo ya como primera ministra en Italia a una yo-soy-Giorgia-soy-una-mujer-soy-una-madre-soy-cristiana, que decreta bloqueos navales para frenar la inmigración o detenciones preventivas de manifestantes durante 12 horas? No. Bannon, que en 2018 usó a Meloni como alfil de su movimiento soberanista transnacional, hoy la repudia: “Mira, ella era fantástica, pero ahora se ha convertido en una globalista total. Ha entrado en el juego de la Unión Europea porque le hacía falta su dinero, y también el de la OTAN […] Ya no me la tomo seriamente, ya nadie en EEUU lo hace”.

Meloni, debido a sus reticencias para enviar armas a Ucrania (la Liga de Salvini es totalmente contraria), no les resulta lo suficientemente militarista. Tampoco suficientemente antieuropeísta. De ahí que no haya sorprendido que el general Roberto Vannacci, aquel fichaje estelar de la Liga de Salvini que se ha lanzado al ruedo con su propio partido, Futuro Nazionale, haya recibido inmediatamente el respaldo de Benjamin Harnwell, brazo derecho de Bannon en Europa: “Claro que hay un proyecto. No es el momento de hablar de un apoyo formal. El general y yo estamos en contacto directo y mantengo al corriente a Steve Bannon. Lo ideal sería que los Patriotas de Viktor Orban encontraran la manera de meter al general en su grupo. Y que entre también AfD. Hace falta un supergrupo de soberanistas, sería muy potente”.

En el programa y los gestos de Vannacci resuenan ecos de fascismo más purista que el de Salvini y Meloni: “Italia es el País [mayúscula suya] más bello y más relevante de la historia mundial: aquí nació el Imperio Romano; [...] aquí la religión de Cristo halló su centro –“Roma donde Cristo es romano”, como escribe Dante–; aquí se encuentran las raíces decisivas de la cultura medieval y renacentista […] Italia debe reconquistar y custodiar la propia civilización, fundada en valores, referencias históricas y bases precisas. Son las raíces de la cristiandad: del derecho romano, de la filosofía griega, del heroísmo romano-germánico que dio vida al Sacro Imperio Romano, de los ochenta mil campanarios en torno a los cuales nacieron nuestras ciudades. Son el aroma del pan, los villancicos, la comida del domingo… Son las cruces, las iglesias, la cocina… No queremos un mundo de desarraigados.” El supremacista Vannacci, que pidió clases separadas para los discapacitados, expresa bien esa pulsión insaciable de pureza y Cristiandad. Si Meloni se vuelve demasiado centrista, Bannon la empleará en 2026 tal cual usó a Giorgia contra Draghi.

Francisco, un papa inmigrante, amigo de vagabundos, trans e indios, a la vez que azote de adalides de la Cristiandad, decía: “Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia” (Evangelii Gaudium, 117). Y añadía: “El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador”. Francisco negó el camino fanático al nacionalcristianismo global de Bannon, Vance y Orban. Estos vuelven a chocar esta vez con un León XIV que sigue teniendo “el DNA de Francisco”. Harnwell incluso lo considera “más inteligente, más sutil que Francisco y, por tanto, más peligroso”.

El acoso y derribo a León XIV ya ha comenzado. Desde la cámara de tormento de la infosfera, los tormentatori del nacionalcristianismo global no paran de jorobarlo a diario. Un día es el excomulgado arzobispo Viganó que desenvaina su espada por los ultratradicionalistas lefebvrianos: “El verdadero cisma no es el de quienes consagran obispos para custodiar y transmitir la fe católica en su totalidad, sino el cisma de la jerarquía conciliar y sinodal, que ha negado la Tradición apostólica, sustituyendo la sana doctrina por ambigüedades heréticas, el verdadero culto católico por una liturgia protestantizada y la autoridad legítima por un poder totalitario ejercido contra los fieles que se niegan a apostatar”. Y al día siguiente, desde Infovaticana le reprochan que lo ayudaran “creciditas monaguillas” (sic) en la misa del pasado domingo en Ostia. De fondo, no les falta razón. Han entendido que, con este papa, les vienen muy mal dadas, pues está por la labor de dar más poder a laicos y mujeres en los órganos de gestión de la Iglesia.

En una de sus mejores entrevistas, Bannon decía que el problema es que la Iglesia hoy está en manos del marxismo cultural: “La Escuela de Frankfurt está ahora en Roma, ¿verdad? Está en Roma. Todo lo que hacen es Gramsci. Es cultura desarraigada de la política. Esta es la hegemonía”. (El obispo Robert Barron, claro exponente del “trumpismo católico”, repetía sustancialmente lo mismo sólo que refiriéndose a Alexandra Ocasio y al Partido Demócrata esta misma semana). Según Bannon, ante tal coyuntura sólo cabe una solución: “creo que hay que cortar el dinero. Los donantes tienen que dejar de aportar. Si no quieren escuchar, si no existen estos comités que intentan dialogar, entonces escucharán sólo si se les corta el dinero. Eso significa que das directamente al edificio o a lo que sea en tu parroquia para asegurarte de que tu parroquia siga prosperando, pero cortas cualquier donación que vaya a la diócesis y luego a Roma”.

Francisco entendió que los rosarios de Salvini, la Covadonga de Abascal –que serían las cruces, campanarios y villancicos de Vannacci hoy– son ropajes de fanáticos. Enfrentándose a ellos a pecho descubierto, es cierto que los frenó, pero entablando una batalla. Prevost, en cambio, habiéndolo entendido igualmente, en lugar de entrar al trapo, da largas cambiadas: a los lefebvrianos los han invitado a “un recorrido de diálogo específicamente teológico, con una metodología bien precisa”, pero estos anuncian que nombrarán obispos el 1 de julio a menos que la Santa Sede derogue el Concilio Vaticano II, cosa imposible. Veremos cómo encaja este órdago León XIV, sagacísimo hasta ahora en su trato con la oposición interna.

Decía Charles Chaplin: “El humor es un enfoque de la verdad, que nos ilumina y nos educa con sorpresas. No es algo positivo ni unilateral. El ejemplo más alto de ello se encuentra en las palabras de Jesús, cuando dijo: ‘El que esté sin pecado entre vosotros, que sea el primero en arrojar la piedra’. ¿Qué puede ser más humorístico, menos positivo que este comentario satírico?”.

Contra los malos, sin ruidos, más mestizaje; con firmeza, como el cardenal Pizzaballa, que calificó la Junta de Paz para Gaza como una “operación colonialista”, y como el Secretario de Estado, que anunció que la Santa Sede “no participará en la Junta de Paz”, negándoles el placer lujurioso de las batallitas. Frente al supremacismo, más infimismo, tratando de no perder jamás la ironía y el humor. Lo de Cristo, vamos.

PS: León XIV no viajará este año a los EEUU, que celebran su 250 aniversario. En cambio, el 4 de julio, el primer papa estadounidense lo celebrará visitando la isla de Lampedusa.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.