Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este jueves dispuesto a participar en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo si le invitan, aunque a renglón seguido ha reconocido que sería "incoherente" hacerlo en actos de tres candidaturas que compitan entre sí.

Al preguntarle la prensa en los pasillos del Congreso si acudirá a la campaña andaluza, él ha indicado: "Si me invitan, voy a ir".

Ha añadido que proviene de una familia andaluza "y a mucha honra" y ha recordado que lleva "toda la vida" participando en actos políticos en Andalucía.

Preguntado a continuación acerca de si iría a mítines de tres candidaturas distintas, ya que los partidos de la izquierda a los que él anima a una confluencia podrían tener al menos tres listas diferentes en algunas circunscripciones, ha contestado: "No voy a ir a tres actos, sería incoherente".

Rufián también ha llamado este jueves a "presionar" a Junts para que apoye el decreto que prorroga los contratos de alquiler y para que, si no lo hace, conlleve para ellos un "coste social".

"Tenemos veinte días para entre todos presionar a Junts, en la calle, en redes, hacer incluso un llamamiento a la prensa seria, porque van a hacer una salvajada por intereses que nadie entiende o sí", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

Rufián, que ayer en el debate parlamentario sobre la guerra en Irán ya deseó "años de ostracismo político" a Junts si vota en contra de la prórroga de alquileres, ha insistido en que "la pregunta es para quién trabajan y por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente a la que se le acaba el contrato de alquiler".

"¿Es que ellos no tienen votantes a los que se les acabe el contrato de alquiler?", ha planteado, tras incidir en que, a su juicio, "dejar a la intemperie a tres millones de personas debería tener un coste social".

Sobre el decreto de medidas anticrisis, que este jueves se vota en el Congreso, Rufián lo ha calificado de "rácano, como casi todos los del PSOE", pero ha confirmado su respaldo.

Junts ha anunciado este martes que dará su apoyo al decreto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio si el Ejecutivo apoya su exigencia de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, según informa EFE.

En una entrevista en TV3 recogida por EFE, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, siempre que el Ejecutivo apoye esta propuesta que la formación introdujo en una proposición no de ley que se vota el jueves antes que el decreto anticrisis.

Fuentes del partido de Carles Puigdemont dan por seguro que el Ejecutivo apoyará aplicar la directiva europea y también dará su apoyo a una moción de su formación que se debatirá el jueves en el pleno del Congreso con el mismo objetivo.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra el decreto ley sobre medidas en materia de vivienda -que contempla una prórroga de dos años de los contratos de alquiler- al entender que "ahoga" a los pequeños propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".

Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".

Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".

"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.

Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.

Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes.

Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.

Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".

Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa".

"Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.

Esta ha sido una de esas semanas en las que resulta ardua la tarea de seleccionar un asunto concreto en el que poner el foco cuando se suceden acontecimientos que son –o uno intuye que pueden ser– trascendentes para el inmediato futuro de este país, de la democracia, de la convivencia y de las cosas que más afectan a la vida de la gente (especialmente de los más vulnerables). Es preciso cada día más un ejercicio selectivo, de modo que procuremos no escribir o hablar demasiado de las falsedades o simples gilipolleces que desde los aparatos mediáticos de la extrema derecha lanzan con el fin de establecer un marco de conversación pública perverso. (Por ejemplo esa supuesta enfermedad cardiovascular de Pedro Sánchez inventada por Federico Jiménez Losantos y elevada a la tribuna parlamentaria por Cayetana Álvarez de Toledo: ni una sola prueba, pero tampoco dudas. El objetivo es obvio).

Vayamos a lo que importa.

P.D. Al cierrre de estas líneas conocemos el ataque militar lanzado por Trump y Netanyahu contra Irán (ver aquí). No disimulan su intención de acabar por la fuerza con cualquier régimen (sea autocrático o democrático) que suponga una amenaza a su dominio en Oriente Próximo. El dúo genocida aprovecha la revolución popular que en los últimos meses ha sido criminalmente reprimida para intentar debilitar definitivamente la fuerza militar iraní y colocar al frente del gobierno a alguien que se someta a sus intereses. Si lo logra, ningún demócrata echará de menos a los ayatolás (tampoco yo), pero conscientes de que se trata de un nuevo golpe en el tablero para controlar los recursos energéticos y los gobiernos que se resistan a su estrategia.

El Gobierno ha logrado este jueves aprobar la ansiada revalorización de las pensiones y sacar adelante las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, pero PP, Vox y Junts han vuelto a unir sus votos para derogar el escudo social, con la moratoria de los desahucios, y el decreto para topar precios en caso de emergencia.

El decreto del escudo social, que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN), incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.

La negativa de los mismos tres partidos, PP, Vox y Junts, también ha tumbado el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia. Una norma que pretendía que ninguna empresa pueda "hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía".

Así lo ha indicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.

En el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) sí se han puesto de acuerdo. Con 349 votos a favor y uno en contra, las ayudas a los familiares de los fallecidos alcanzan los 216.000 euros y suben hasta los 252.000 euros para los heridos con las lesiones más graves.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias y, mientras que los más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La norma establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

Con el apoyo de PP y Junts, pero el rechazo de Vox, el decreto que aseguraba la subida de las pensiones también ha sido aprobado. El decreto ley revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Tras un primer rechazo en enero, las fuerzas de la derecha exigieron al Gobierno que la revalorización de las pensiones fuera sola en un decreto y lo lograron.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts volverá a echar abajo en el pleno del Congreso, el próximo jueves, salvo sorpresa de última hora, el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, informa EFE.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que el decreto caerá, pero aseguran que lo volverán a llevar al Consejo de Ministros y confían en que "a la tercera vaya la vencida".

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

El decreto-ley "ómnibus" derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto.

Este también se votará el jueves y previsiblemente se convalidará por unanimidad, ya que el PP, Vox y Junts se comprometieron a apoyar la subida de las pensiones si iba en una norma distinta a la moratoria de los desahucios.

La revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7 % (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital.

Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

El decreto-ley de subida de las pensiones incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno ha acordado una nueva subida con los sindicatos.

El decreto-ley que amplía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familia vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026 introduce como novedad, respecto a las prórrogas acordadas con anterioridad, que la suspensión no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas.

También refuerza el sistema de compensaciones a los pequeños propietarios afectados por la moratoria.

El Ministerio de Vivienda hizo estas concesiones al PNV y a Junts a cambio de su apoyo, pero el grupo catalán volvió a anunciar su voto en contra tras leer la "letra pequeña".

Este decreto, que afecta a unas 60.000 familias desahuciadas, incluye otras medidas del llamado "escudo social", como la prórroga también hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos y de los descuentos del bono social eléctrico.

También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Asimismo prorroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, según recoge EFE. Por ello, la formación catalana ha registrado un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, señala en su comunicado.

“Ni burka, ni VOX. Junts per Catalunya registra un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y la delegación a Catalunya de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. Una ley rigurosa y que sí cumple los estándares europeos”, explican en el documento.

El no de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo. "Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

Subraya Junts que "nunca ha votado ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y asegura que la formación que lidera Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka al considerar que el uso de estas prendas tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón".

La iniciativa parlamentaria propone también castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que votarán a favor del proyecto de ley de Junts para prohibir el burka si es "igual" al que han presentado ellos mismos en el Congreso de los Diputados y que Junts rechaza. Después de que Junts haya anunciado que no votarán en el Congreso de los Diputados la propuesta de Vox para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos para presentar una propia, Garriga ha abierto la puerta a apoyarla.

"Si la propuesta es literal, igual a la de Vox, la votaremos a favor porque hemos venido a mejorar la vida de la gente. Y si sólo incluye el nicab haremos enmiendas para que incorpore el burka", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Para Garriga, es "evidente" que Junts no quiere apoyar una propuesta de Vox por tacharlos de "fascistas y homófobos, las cuatro tonterías que nadie se cree pero que rentan mucho a ciertos partidos".

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha asegurado que la futura Ley de multirreincidencia vulnera el principio de proporcionalidad y considera que el "innecesario" endurecimiento de las penas en los delitos de hurtos y estafas no tiene un efecto disuasorio real, según recoge EFE.

JJpD ha manifestado su "profunda preocupación" por la reforma del Código Penal prevista en la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves salió adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV, que supone un "retroceso" en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico.

"Elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal", ha señalado JJpD en un comunicado.

A su juicio, el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad.

Así, ha precisado que la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces) no ha tenido un efecto disuasorio real pues desde su aprobación los hurtos han crecido más de un 20%.

Ademá, según esta asociación, la reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.

"La solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos (..) y no simplemente elevar las penas", ha incidido JJpD, que ha advertido de que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y suponen una criminalización de la pobreza.

Por ello, JJpD insta a los poderes públicos a abandonar la senda del "populismo punitivo" y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, según informa EFE.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español y confirma EFE en fuentes jurídicas.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la forma en la que el Supremo interpretó la norma al esquivar su aplicación por la malversación, una actuación que tachan de "irrazonable y arbitraria". También subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España ya que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.

Por desgracia, esto es lo que estamos observando actualmente en algunos de nuestros políticos. Utilizan las urnas y los votos solo para tener el poder más innoble e irracional de un ser humano y sacar lo peor que tienen, y lo más absurdo y kafkiano es que adornan sus argumentaciones irracionales y cargadas de odio con falaces mentiras, apoyados por tertulianos pagados e instituciones económicas y eclesiásticas que lo único que pretenden es mantener el estatus que tienen para estar por encima, como siempre, de una ciudadanía que lo único que quiere es bienestar, libertad y paz. 

Toda esta reflexión viene a cuento porque, como ciudadano, no entiendo cómo un ser humano, y menos un político, puede ir en contra de que el otro mejore, y cómo el poder les convierte en seres ruines y mezquinos. Porque, analicemos, ¿no es ruin y mezquino no apoyar todo lo que llevaba detrás el real decreto ómnibus? Revalorización de las pensiones, ayudas a las víctimas de la dana y de los incendios forestales, ayudas a los más necesitados, aumento del SMI, impedir los desahucios de los más vulnerables, etc. Dejen de mentir. Basta ya. No busquen ni intenten con argumentaciones irreales y mezquinas su NO, pues detrás de este solo está su soberbia, su intento de destruir la democracia, de burlarse de las urnas. ¿O no es burlarse, señores, de la democracia y de los votos cuando Junts vota SÍ a las pensiones y vota NO a ayudar a los más necesitados ante los desahucios para que tengan una vivienda digna y no estén a expensas de los especuladores inmobiliarios? ¿Y no es burlarse de la democracia y de las urnas cuando los señores del PP y Vox votan NO, solo por el no, y cuando se les exige una explicación son tan innobles y mezquinos que no dudan en decir que si aprueban estas ayudas el Gobierno podría aguantar un año más? Es decir, el poder que les ha dado una parte del pueblo lo utilizan para destruir a la otra parte del pueblo, y a la vez utilizan, denigran y humillan a aquellos que les han votado, pues no solo no los han tenido en cuenta, sino que les empobrecen más, y todo lo hacen por devolver los favores de aquellas élites que les apoyaron para que tengan el poder para así conseguir ellas el verdadero poder: ser superiores y continuar estar arriba de una falaz, ruin y mezquina pirámide social, donde el pueblo siempre está debajo, siendo esclavo de los que están en la punta de esa pirámide. Señores del PP, Vox, Junts, UPN, dejen de ser innobles e irracionales. Tienen razón diciendo que el PSOE lo ha presentado todo junto, pero no hay ninguna de las propuestas que no beneficie a la  ciudadanía y son un escudo social que ayuda y sirve para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía, sea de la ideología que sea. Por eso hay otras formas de actuar más nobles, y su NO lo único que demuestra es que su poder –que el pueblo les ha dado– lo utilizan para su beneficio y para demostrar la peor cara del político ser humano con un poder innoble, irracional y mezquino.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad", según informa EFE. Ninguno de los tres políticos ocupaba ya escaño en la Eurocámara desde las elecciones europeas de junio de 2024.

El TJUE señaló que el Parlamento Europeo, en su propio reglamento, ha establecido que "para garantizar la imparcialidad del ponente que instruye el suplicatorio de suspensión de inmunidad (...), no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina". Ello es así porque "las potenciales afinidades entre ellos podrían suscitar dudas legítimas sobre la imparcialidad del ponente". 

Y siguiendo esta misma lógica, "en aras de la coherencia" los jueces subrayaron que "el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina". 

Después de que el Tribunal Supremo español solicitara el suplicatorio para Puigdemont, Comín y Ponsatí, la Eurocámara designó al eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki como ponente del caso, perteneciente al grupo ECR del que en la anterior legislatura formaban parte C's y Vox, partido que está personado en la causa del procés. 

"Ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración", apuntó la sentencia. 

El TJUE se ha pronunciado este jueves contra el recurso que Puigdemont, Comín y Ponsatí interpusieron contra la sentencia del Tribunal General de la UE, que en una sentencia previa en 2023 avaló la suspensión de su inmunidad, por lo que el fallo de hoy también anula esa decisión. 

"El Tribunal General incurrió en error al declarar que el hecho de que el ponente designado para instruir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los diputados en cuestión perteneciera al mismo grupo político que los miembros del partido político Vox, que promovió el proceso penal contra esos diputados, era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente", señaló el TJUE. 

Los jueces subrayaron también que el TGUE "pasó por alto un elemento especialmente pertinente par ala exigencia de imparcialidad", el hecho de que el 6 de marzo de 2019, Dzhambazki organizase un evento en el que participó el secretario general de Vox con el tema "Cataluña es España". 

"En aquel momento el partido Vox ya había entablado el proceso penal de que se trata. Por tanto, la organización de ese evento era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Cataluña, sino también de una posición favorable al procesamiento de los diputados", apuntaron este jueves los jueces.

Una portavoz del Parlamento Europeo consultada por EFE señaló que están analizando la sentencia.

Los sistemas democráticos, aunque a veces parezca lo contrario con el comportamiento de algunos gobernantes, son una enmienda a la totalidad a la intransigencia. Son, en otras palabras, una invitación al diálogo y al encuentro entre personas que piensan diferente, pero que comparten algunos objetivos comunes. Sin esta concepción pluralista de la democracia y sin esta capacidad de llegar a acuerdos es muy difícil que las sociedades prosperen. 

En España, el final del bipartidismo y la irrupción de nuevos actores políticos hacen aún más indispensable la necesidad de rehuir conductas intransigentes. Sin ir más lejos, la pasada legislatura, pero sobre todo la actual, son muy paradigmáticas de hacia dónde nos puede llevar esta falta de empatía o de flexibilidad. 

Por un lado, es precisamente la intransigencia de Vox y de un PP que ha ligado su futuro a la ultraderecha la que impide al partido de Feijóo llegar a acuerdos con otras fuerzas conservadoras y la que ha frenado que su formación lidere el Gobierno de España. 

Por el otro, en el llamado bloque de la investidura, el grueso de partidos que lo componen cree, pese al rifirrafe en algunas cuestiones y a los recientes casos de corrupción que afectan al PSOE, que esta mayoría es la que evita que la extrema derecha llegue al Consejo de Ministros y la que permite que haya una agenda de regeneración y modernización política, así como una mejora o una profundización de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Es cierto que en algunos temas hay diferencias sustanciales, teniendo en cuenta que algunos grupos compiten entre sí en sus territorios y que hay fuerzas progresistas y conservadoras, pero la realidad es que la mayoría de los partidos que apoyan al ejecutivo muestran una actitud abierta al diálogo y un tono propenso al intercambio de propuestas que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.  

Solo Junts y Podemos han mostrado una actitud intransigente hacia el futuro de la mayoría que invistió a Pedro Sánchez. Es cierto que recientemente la formación morada hizo política útil al acordar con el Gobierno la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este debería ser el camino: proponer iniciativas que puedan contar con el respaldo de otros grupos y que sirvan, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha, para hacer avanzar a nuestro país.

Sin embargo, Podemos debería asumir que su supervivencia va ligada a la integración con el resto de las fuerzas a la izquierda del espacio socialista. El resultado en las elecciones extremeñas muestra cuál es la senda: un discurso de mayorías amplias dentro de su franja política y la suma con otros grupos progresistas. Y, por otro lado, el partido de Puigdemont aún no ha asumido el cambio de ciclo en Cataluña ni ha sabido gestionar la frustración de buena parte de su electorado por el fracaso del ‘procés’. Pensar que la mejor manera de recuperar una cierta centralidad pasa por tener una narrativa supeditada a Aliança Catalana es un error mayúsculo. 

La pregunta, llegados a este punto, es en qué beneficia su actitud intransigente, ya no al Gobierno, sino a la política. Ambas formaciones, con un tono similar en el Congreso, creen que por ser más intransigentes y duros tendrán más votos en las elecciones. Pero los comicios en Extremadura y las encuestas publicadas en Cataluña muestran lo contrario. ¿Cuál es su objetivo, entonces? ¿Que en España haya un ejecutivo de PP y Vox para poder confrontar relatos y crecer electoralmente? 

Estaría bien que los dos grupos lo explicaran, pero en todo caso lo más evidente es que, a menudo, su manera de concebir la política sólo favorece, paradojas de la vida, al auge de una intransigencia que ni suma ni aporta.  

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Marcel Vidal Calzada es socio de infoLibre.

Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.  

En el caso del escudo social a los desahucios se dan dos circunstancias. Quien tiene que poner el fondo (Gobierno) sí aporta y quienes tienen que aportar esa compensación al propietario (comunidades autónomas) no lo hacen. Igual prefieren priorizar que se triplique el precio del alquiler a que haya personas que se queden sin vivienda. Cabe pensar que las comunidades autónomas han jugado a no pagar las compensaciones a propietarios para generar un cabreo justificado. Tienen los fondos y las competencias. La pregunta es con qué objetivo se inhiben de ellas. Un ejemplo es Madrid, donde de 700 reclamaciones de propietarios solo se han pagado 228. 

Podemos llamarlo bulos o interpretación torticera del texto legal. No son ‘inquiokupas’, aquellos que alquilan y dejan de pagar aprovechándose de las lentas resoluciones judiciales. El escudo está restringido a las familias que entraron pagando su fianza, su renta y bajo condiciones sobrevenidas, un traspiés de la vida, dejan de poder hacerlo. Para beneficiarse del escudo social necesitan un informe de servicios sociales con todas las garantías. Es mentira que sean ocupaciones, como dicen PP y Junts. Ni una “expropiación” al propietario, en busca de la expresión más exagerada por parte de Feijóo. 

Hace diez años al PP le costó votos las imágenes de los desahucios con las familias tiradas en plena calle. Fueron doscientas mil ejecuciones hipotecarias sin contar los alquileres. En lugar de escudo social se rescató a los bancos y se destinó una cantidad ridícula a viviendas sociales. Los reales decretos de escudo social de hoy, antes eran códigos de buenas prácticas a los bancos. La nada. Desde entonces, qué ha pasado para que defender los desahucios deje de ser un lastre para el PP, Junts y Vox. Más allá de si se troceó o no el ómnibus (un debate político que no afecta a los ciudadanos), la pregunta es cómo es posible que la derecha convencional no proponga qué hacer con 60.000 familias vulnerables. 

El Gobierno tiene un mes para conseguir los apoyos. Parece difícil porque a Junts solo le preocupa salvar sus muebles electorales. El blindaje no es tan completo como hace un año, pero a la crítica de Podemos del “asco absoluto” hay que recordar que este escudo al menos protege a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre. Se puede decir que es poco (lo es), pero es lo posible. 

La urgencia de la vivienda es un debate en el que conviene que cedan todas las partes. El PNV lo ha hecho, el PSOE también. El PP prefiere inventar el contenido del Real decreto y cargar con toda la dureza contra una medida de la que se abstuvo hace un año. Es un escudo de mínimos. Y si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan.

Otra jornada de paralización de Rodalies en Cataluña. Suma y sigue. La crisis en el servicio de trenes de cercanías y los problemas con el AVE entre Madrid y Barcelona han desembocado en un asunto de enorme trascendencia política tanto para el PSOE como el PSC en un lugar sagrado ahora para el socialismo. Y clave para el ciclo electoral.

Cataluña lo es todo ahora para el socialismo. Es la comunidad más poblada que controlan, Salvador Illa es uno de los grandes referentes del partido, Barcelona es la ciudad más importante en manos de la formación y es una región esencial para que Pedro Sánchez pueda aguantar en las próximas elecciones generales. El pasado 23J, el PSC logró un resultado excepcional en esa autonomía, llegando hasta los 19 escaños (siete más que en 2019).

Asimismo, Cataluña se ha convertido en el gran modelo de referencia de gestión del PSOE, erigiéndose como el contrapeso del ultraliberalismo que rige la Comunidad de Madrid en manos de Isabel Díaz Ayuso. Es el ejemplo para Ferraz de cómo llevar las riendas de una comunidad con medidas como la aplicación de la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas y rebajar el precio de los alquileres. Y, además, Illa se presenta como líder de un Govern de eficiencia tras los años de descontrol del procés.

La situación de Rodalies ha tensionado incluso internamente al Palau con el Ministerio de Transportes, lo que ha provocado hasta el momento que hayan sido cesados dos cargos medios. Ha sido el primer roce entre dos Ejecutivos que van de la mano, algo que preocupa dentro del propio partido. Desde Madrid se envió a Barcelona de nuevo este martes al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para supervisar la crisis, una exigencia que llegó desde la propia Generalitat.

Rodalies supone un gran problema para la imagen del Ejecutivo central, que tiene las competencias, y el Govern. En esta red se mueven diariamente unas 400.000 personas (una frecuencia que ha bajado respecto a 2018, cuando la cifra era de unos 40.000 usuarios más en cada jornada).

Están siendo días muy complicados para la Generalitat de Cataluña, según confiesan fuentes del socialismo catalán. La consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, puso voz este martes a esa sensación, tachando de “lamentable” el estado de Rodalies y trasladando la exigencia al Ministerio de Transportes, a Adif y a Renfe de que arreglen la situación “lo antes posible”.

Asimismo, mandó este mensaje a los ciudadanos: “Estamos trabajando intensamente y no dejaremos de trabajar para revertir la situación. Lo vamos a resolver, con el camino trazado con inversiones, el traspaso y la mejora de la gobernanza”. Paneque se ha convertido, además, en una diana política en estos momentos en Cataluña, con parte de la oposición exigiendo su dimisión. Hasta cuatro mociones de ERC, Junts, PP y la CUP se estudiarán la semana que viene en el Parlament para solicitar su cese y cuentan con los votos suficientes para salir adelante.

Este malestar dentro de espacios afines al socialismo lo evidenció el responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, que participó este martes en la concentración en Madrid de las organizaciones sindicales ante el Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades y medidas en la red después de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Allí afirmó que lo que sucede en Rodalies es “un desastre” y supone un problema “estructural”.

Desde el Gobierno central se reconoce ese déficit de inversión durante décadas, mirando especialmente a la época de Mariano Rajoy al frente del Palacio de La Moncloa. Pero esta crisis ha hecho que también el Ejecutivo anuncie que se va a dotar con más presupuesto el plan puesto en marcha en el servicio con el horizonte de 2030, que se va a incrementar en 1.700 millones de euros (lo que elevará hasta 8.000 millones el monto total durante esta década).

Puente se ha convertido en una pieza a batir en estos momentos por la mayor parte de los partidos catalanes. Esa exigencia la hace incluso Esquerra Republicana, socio del Gobierno en el Congreso. Asimismo, los republicanos y Junts van a unir fuerzas para que en el Senado acuda el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Desde Esquerra, además, se negocia con el Gobierno un paquete de medidas para facilitar el teletrabajo para las personas afectadas por los paros en el servicio.

Junts está siendo muy duro durante estos días contra el Gobierno y contra la Generalitat, encontrando la principal vulnerabilidad de gestión de Illa desde que llegó al Palau. El propio Carles Puigdemont ha cogido Rodalies como una de sus banderas y ha llamado a los catalanes a “despertar” ante el “colapso” que está sufriendo la comunidad. Para él, el Ejecutivo autonómico es mera “propaganda”.

A pesar de esta situación, fuentes de la Generalitat consultadas por infoLibre señalan: “Tenemos claro que de esta crisis saldremos”. Y recuerdan las palabras del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en las que dijo: “Este debe ser un punto de inflexión para arreglar de una vez por todas la situación de Rodalies en Cataluña”.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar la "totalidad" del real decreto ley ómnibus derogado el pasado martes por el Congreso, que incluía desde la revalorización de las pensiones hasta la suspensión de los desahucios, según recoge EFE.

En una entrevista en TVE, el ministro ha defendido que el real decreto constituía un "paquete de refuerzo del Estado del bienestar" y que sería un "error" trocearlo como exigen PP y Junts, que se muestran dispuestos a apoyar la subida de las pensiones pero no otras de las medidas incluidas en el texto.

"Hay que intentar aprobar el máximo de medidas de este real decreto ley porque son buenas para la economía española y para los ciudadanos", ha subrayado.

Cuerpo también ha confiado en que se apruebe "lo antes posible" la subida del salario mínimo para 2026 acordada el jueves con los sindicatos, una "muy buena noticia" tanto para los trabajadores como para la economía, que se ha visto beneficiada por las anteriores subidas.

En ese sentido, el ministro se ha mostrado "satisfecho" con las "noticias estadísticas" de esta semana, que han revelado que la tasa de paro ha bajado del 10% y, este mismo viernes, que la economía española creció un 2,8% en 2025, lo que permite que 2026 arranque con un crecimiento del 1,1% gracias al efecto arrastre.

Este año comienza además con una desaceleración en los precios -la inflación se situó en enero en el 2,4%-, lo que "se traduce en una mejora del poder adquisitivo" de los ciudadanos, ha subrayado el ministro, que ha apuntado que la regularización de inmigrantes va a suponer "un elemento positivo en materia económica" por su impacto en la afiliación.

Ni un sudoku ni un puzle. Las metáforas se quedan cortas para definir la aritmética parlamentaria en el Congreso. Desde la propia noche del 23J, el campo de juego de las Cortes se fragmentó en muchas capas tectónicas. Unas se mueven, otras se solidifican, algunas zarandean. Y la legislatura, siempre en estado de ebullición… o de congelación.

En mitad del ruido y de la enorme crispación por la crisis ferroviaria por los accidentes de Adamuz y de Gelida (Barcelona), se están percibiendo algunos movimientos que hacen que el Gobierno, siempre apelando muchísimo a la prudencia, detecte que hay todavía mimbres para seguir adelante y para tirarse a la piscina de los presupuestos generales del Estado.

Hay dos factores siempre desestabilizadores para el Ejecutivo: Podemos y Junts. Y encajarlos para la ecuación siempre es complicadísimo. Pero ahora mismo se dan unos movimientos que hacen confiar al Gobierno que se puede engrasar la maquinaria: la aprobación de la regularización extraordinaria de extranjeros ha sido un tanto a favor de Podemos, que, como efecto rebote, puede llevar a que los morados puedan terminar apoyando a futuro la delegación de competencias de migración a la Generalitat, un acuerdo entre el PSOE y Carles Puigdemont que duerme ahora en un cajón. Efecto mariposa.

La regularización de migrantes se ha convertido en un gran éxito político para Podemos, después de que el PSOE llevara meses paralizando la tramitación de la iniciativa legislativa popular que pedía ese decreto. Finalmente, el Ejecutivo se ha lanzado a acordar esta medida, sin que ni siquiera tenga que pasar por el Parlamento. Y, además, La Moncloa ha decidido darle todo el protagonismo a los de Ione Belarre y dejarles que capitalicen este plan frente a otros socios que habían empujado en la misma dirección.

En Podemos niegan que eso signifique que ahora vayan a volver al bloque de investidura con un cheque en blanco y siempre apelan a que ellos negocian políticas valientes frente al inmovilismo que domina, a su juicio, la coalición entre el PSOE y Sumar. Lo que sí supone es allanar el camino para negociar de nuevo la delegación de competencias a la Generalitat en materia de migración. Los morados insisten en que están dispuestos a hablar sobre el texto, pero también advierten de que no pasarán por el aro de una proposición con tintes xenófobos como, en su opinión, tenía la anterior. Además, recalcan en la formación que ellos no están en contra de lo que es la transferencia en sí misma.

Ahora esa proposición de ley podría reactivarse porque los posconvergentes están dispuestos en estos momentos a volver a retocar el preámbulo y aspectos del texto que en su día tumbó la Cámara Baja. De momento, no ha habido contactos entre las dos formaciones. Los soberanistas también apelan a un cambio de tono de Podemos, ya que en las anteriores reuniones, según los independentistas, los morados se dedicaron a llamarles "racistas".

Con Junts, las negociaciones están rotas. Pero el bloqueo no es total de la legislatura. De hecho, esa ambivalencia se vio este martes cuando los de Carles Puigdemont tumbaron, de la mano del Partido Popular y de Vox, el decreto con el escudo social, mientras que sí dieron su voto a favor del decreto de ayudas al transportes (a pesar de las duras palabras contra el ministro Óscar Puente por Rodalies).

La situación de Rodalies ha unido a ERC y a Junts a pedir la dimisión de Puente, aunque no amenaza, por ejemplo, con que pueda caer el apoyo general de los republicanos a las iniciativas del Ejecutivo. En este contexto de crisis en Cataluña, lo que más preocupa a varias fuentes del Gobierno es la fricción que se ha producido entre los socialistas catalanes y el Ministerio de Transportes, que, por el momento, ya ha supuesto el cese de dos cargos medios.

Ahora mismo el Gobierno se enfrenta, además, a la situación de resolver el ‘no’ del Congreso al decreto del escudo social, que conllevaba la subida de las pensiones (un 2,7% de manera general). El Ejecutivo no ha especificado cómo lo va a hacer, pero espera presentar de nuevo otro texto en el que haya también otras medidas sociales y que salga en segunda vuelta como sucedió el año anterior. “Habrá una solución”, indica un ministro del núcleo duro del Gobierno, que también insiste en que durante estas horas hay que señalar al PP por rechazar esas medidas sociales.

Dentro de este complejo escenario, Podemos también marca perfil con esa regularización de migrantes en un momento de fragmentación de las izquierdas, que van en hasta tres listas en Aragón para el 8F (IU-Sumar, Podemos-AV y Chunta Aragonesista). Y, además, tampoco se ha logrado un acuerdo para que haya una papeleta única en los comicios de Castilla y León para el 15 de marzo.

A pesar de las grandes dificultades, el Ejecutivo sigue mandando la señal de que va a cumplir la promesa de presentar los presupuestos generales. La idea es que sea la propia María Jesús Montero quien los lleve al Consejo de Ministros antes de que deje el Gobierno para presentarse a las elecciones en Andalucía, que tienen que celebrarse el próximo mes de junio. Hay formaciones que dicen que están dispuestas a pactar esas cuentas como ERC, BNG y EH Bildu.

Fuentes del Gobierno insisten en que la regularización es un “muy buen paso” también políticamente porque puede ayudar a recomponer las mayorías de cara los presupuestos y que, también, puede servir para que salga la delegación de competencias y Junts pueda apoyar también el nuevo sistema de financiación autonómica, que no cuenta ahora mismo con los votos suficientes. Otro movimiento en cadena. La legislatura sigue.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue recibido al grito de "dimisión" por parte de los senadores del Partido Popular antes de arrancar su comparecencia, por lo que era fácil prever qué reclamaría el principal partido de la oposición, mayoritario en la Cámara Alta, al realizar su intervención. El senador Antonio Silván (PP) cumplió con el guion. "Dimita, pero antes pida perdón a las víctimas. Usted ha mentido, ha ocultado datos, ha desacreditado advertencias, no ha estado a la altura del dolor de España", dijo Silván, el último en comparecer. "Mentirle a un país entero le invalida para ser ministro un minuto más", añadió.

Silván se dio por aludido después de que el ministro cargara contra los "bulos" en su primera comparecencia. "La desinformación planificada está vinculada a los neofascismos que buscan aniquilar la convivencia y minar la confianza en las instituciones", dijo Puente. "El bulo es usted. Debe dimitir", respondió el senador del PP, que también aseguró que Puente se ha centrado "en controlar el relato, pero su relato es un bulo y hoy venimos a exigir verdad", añadió. Un comentario al que respondió el ministro de Transportes nada más subir al atril, al recordar el mensaje de WhatsApp que le envió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, tras la tragedia de la dana. Entonces, el conservador le pidió que "liderara la comunicación".

La portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, también fue en esa dirección y acusó al ministro de esconderse y de eludir su responsabilidad política sobre la tragedia, que se cobró la vida de 45 personas. "La política no va de sobrevivir a tragedias, sino de responder cuando el sistema falla. Un ministro que no asume la responsabilidad no entiende la dimensión de su cargo, no sea tan miserable de querer comprar el silencio de las víctimas. Tiene que dimitir porque su corrupción mata", dijo Gómez, que insistió en que Puente es el "máximo responsable" de lo ocurrido.

La petición de dimisión no solo vino por parte de la derecha española, también de la catalana. El senador de Junts, Eduard Pujol, protagonizó una dura intervención en la que pidió la dimisión de Puente, pero la circunscribió directamente a la crisis de Rodalies, que también se ha cobrado otra víctima. "Usted debe dimitir, dimita, esto se ha acabado”, dijo, tras afirmar que Cataluña está "colapsada" por el caos del tren de cercanías, que cada día usan unas 400.000 personas. Pujol aprovechó para cargar también contra el traspaso pactado entre el Gobierno y ERC a una empresa participada por Renfe (50,1%) y la Generalitat (49,9%). Además, Pujol dijo que la alta velocidad es el fracaso de "unos aires de grandeza y una locura colectiva imposibles de sostener en una cultura de dejadez que no sabe cuidar las cosas importantes, ni carreteras, ni trenes, ni nada, una cultura muy española de hacer y no cuidar".

A esta petición se sumó la senadora por ERC, Sara Bailac, que criticó al ministro de Transportes por haber "dimitido de facto de su responsabilidad en Cataluña" y le recriminó que no se haya desplazado a Cataluña en los últimos días. Bailac cargó contra la "mala gestión, las excusas y la falta de empatía" del ministerio y aseguró que "se ha priorizado expandir el AVE a mantenerlo", antes de acabar su comparecencia con que lo que "Cataluña necesita es inversión"

Pero no todo han sido críticas a Puente. El senador de EH Bildu, Josu Estarrona, aseguró que "no es tiempo de especulaciones" sino de "investigar y no repartir culpas". En ese sentido, Estarrona pidió "no instrumentalizar la tragedia y ser carroñero del dolor" y celebró la decisión de Puente de informar "desde el principio". "Valoramos que estuviera donde tenía que estar", señaló. 

La senadora por Geroa Bai, Uxue Barkos, también criticó a quienes reclaman la dimisión del ministro Puente antes de pedir que se esclarezca lo ocurrido: "Me resulta nauseabundo ver qué hay quien se da por satisfecho por apuntalar una sola responsabilidad política y directamente pedir una dimisión, sin al parecer interesarle la investigación en torno a lo ocurrido, sino el tiempo básico de un duelo por las víctimas", lamentó.

Por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, criticó al PP por "sentenciar" a Puente antes de saber qué ha ocurrido. "Está sentenciado antes de juicio, no le quieren bien", ironizó. Y prosiguió: "Lo último que quieren saber son las causas del accidente, ya determinaron que el culpable es el ministro Puente, al que tienen muchas ganas". Antonelli terminó su intervención con una pregunta al ministro: "¿Cree usted que pudo haber hecho más en la gestión de la tragedia, haber puesto más medios para evitarla?", dijo.