Hace años se hablaba de ruido de sables cuando el malestar lo hacían suyo las fuerzas armadas, y con esa amenaza, la presión militar, caminábamos los ciudadanos mirando a todas partes.

Han pasado muchos años de aquello, la democracia está instaurada, pero hay colectivos y nostálgicos inadaptados al sistema; tememos y constatamos que seguirán así hasta no se sabe cuándo. La dictadura acabó; ojo, no el franquismo, como es evidente.

Ahora asistimos a lo que podíamos denominar ruido de autos, no confundir con ruido de coches. Un ramillete de causas, anticipadas y filtradas con evidente intención, que, independientemente de lo que resuelvan las instancias judiciales, buscaban una sentencia por una parte de la ciudadanía, un sesgo de confirmación condenatorio como si fuera un juicio con jurado popular. Quienes eso propician pueden encontrarlo en el futuro.

Otros juicios ofrecen declaraciones que espantan a quienes hemos oído grabaciones. Si la hemeroteca y videoteca a la que hoy tenemos acceso, los juzgadores también, permite que algunos se vayan de rositas, obliga a cavilar. ¿Cómo se las verían los administradores de justicia para confirmar la veracidad probatoria, sujeta a investigaciones con elementos rudimentarios?

Un libro titulado “Justicia política y polarización durante la República (1931/1936)” narra las vicisitudes y el ruido de togas entonces. Nada nuevo. Hay paralelismos en cuanto al fondo, si bien es cierto que los tiempos no permitirían aquellas formas. Los nostálgicos y revoltosos no han desaparecido, simplemente han cambiado los ropajes.

A la enmarañada espesura judicial con tanto auto, se suman movimientos políticos instalados en el borde de la legalidad, con acciones de escasa civilidad. Un totum revolutum donde unos y otros ocupan sitio en un ómnibus amalgamado, en un viaje de varios meses.

No faltan partidos del arco parlamentario, como los nacionalistas vascos, PNV, que advierten de la necesidad de que finalice la legislatura ¡ya! Dan una especie de ultimátum, casi amenaza. ¿Cómo recibiría su electorado que votara junto a VOX, ese partido que el 20 de febrero de 2024 pidió su ilegalización junto a la de ERC, BNG, Junts y todos los que cuestionasen la unidad de España? Además de inconstitucional, esa pretensión ultraderechista silenciaría a 1.300.000 ciudadanos votantes de los partidos citados. 

No olvidamos a los socios del ejecutivo que claman para que el Gobierno actúe ya, caso de Sumar. Se cumple aquello de intentar hacer leña del árbol caído, con el agravante de que aún no está caído, pero pudieran tumbarlo. Hablando de leña, algunos socialistas, viejos y actuales, se unen a las tesis de sus adversarios; sabemos que no hay peor cuña que la de la propia madera. Cuando un político es tonto, da mucho de sí.

Entre fiesta y funeral vendrá 2027. Que cada cual elija.

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 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.

El Partido Popular no está logrando rentabilizar el caso Zapatero como le gustaría. Y aunque pide apartar el foco sobre sí mismo para situarlo sobre el Gobierno, tampoco lo consigue. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a denunciar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado a los socios de investidura que rompan con el PSOE — llegando a fantasear con una moción de censura "instrumental"—. Pero la realidad es tozuda y ningún socio se mueve, ni siquiera los que ideológicamente están más cerca de Feijóo y más enfadados se muestran con Sánchez: PNV y Junts.

Hay varios motivos por los que ambas formaciones nacionalistas no rompen con el presidente del Gobierno, entre ellas la dependencia de los jetzales del PSE en Euskadi y la amnistía que no llega en el caso de Carles Puigdemont. Pero hay un elemento que pesa especialmente para ambos: Vox. Feijóo ha atado su futuro al de la extrema derecha, socio imprescindible para los conservadores en la mayoría de autonomías pero ‘tóxico’ para los nacionalistas. La posibilidad de un acuerdo que pase por los de Santiago Abascal es motivo suficiente para rechazarlo, según entienden tanto en el cuartel general del PNV como en el de Junts.

En España, las mociones de censura son constructivas. Es decir, no es una simple votación para derribar a un presidente, sino que debe incluir un candidato alternativo y necesita mayoría absoluta para alcanzar La Moncloa. Hacen falta, además, al menos 35 diputados para registrar una moción —por ese motivo Vox no ha presentado ninguna esta legislatura— y lo cierto es que en la historia de la democracia solo ha prosperado una, la de Sánchez contra Mariano Rajoy. Este lunes se cumplen ocho años desde que los socialistas la registraron en la Cámara Baja, aún sin tener atados al 100% los apoyos de los nacionalistas vascos.

Aunque en el PP consideran que existe una mayoría negativa en el Congreso contra Sánchez y descartan que el socialista tenga los números para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tampoco los tienen para una mayoría alternativa de cara a hacer presidente a Feijóo o, en todo caso, a un candidato de transición que designara el PP. Esta última es una posibilidad que han dejado caer miembros de Junts en otros momentos de la legislatura, pero que ahora nadie se atreve a verbalizar, tampoco entre las filas conservadoras. Eso sí, esta estrategia tiene una importante salvedad. En España, la Constitución establece que “si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones”. Es decir, el PP podría presentar una moción antes del verano, pero tendría que esperar a septiembre si quisiera tener otra oportunidad.

Actualmente Junts tiene siete diputados y el PNV cinco. Y para que una moción prosperase, el PP necesitaría que al menos uno de esos partidos nacionalistas aceptase votar en la misma dirección que Vox para investir a Feijóo, aunque fuese con el compromiso posterior de convocar elecciones. A un año escaso de las próximas elecciones municipales — a las que seguirían las generales si nada cambia— , ni los de Aitor Esteban ni los de Carles Puigdemont quieren dar un paso que, previsiblemente, sus votantes penalizarían.

Ese es precisamente el lastre de Feijóo. Y aunque las cuatro formaciones han coincidido en diversas votaciones en el Congreso, una moción de censura es también una fotografía de poder. En ella aparecerían Feijóo, Abascal y el partido nacionalista que hubiese hecho posible la operación. Así, en el PP no van a cargar en público contra un Vox que le permite gobernar autonomías y ayuntamientos pero son conscientes de que sus socios no generan precisamente adhesiones. Por ahora, en el PP abogan por esperar a que el Ejecutivo “se cueza en su salsa”, en palabras de fuentes conservadoras, y que Sánchez se vea obligado a adelantar elecciones. Sin embargo, consideran que agotará la legislatura hasta 2027, como él mismo ha dicho.

Para el PNV, el obstáculo no es coyuntural. Su actual presidente y exportavoz en el Congreso, Aitor Esteban, lo advirtió durante la sesión de investidura fallida de Feijóo en 2023 al asegurar que los conservadores no podían hacer creer "ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación". En lugar del “elefante en la habitación”, habló directamente de una "ballena en la piscina" imposible de esconder y recordó que su partido ya había advertido de que un candidato que necesitara a Vox no contaría con sus votos. Incluso resumió la cuenta que el PP debía hacer si quería hablar con el PNV. Esteban dijo que debería ir "descontando 33", los escaños de Vox.

La razón es evidente. Vox es una amenaza directa a la razón de ser del nacionalismo vasco. Es un partido que aboga por acabar con las autonomías, el régimen fiscal propio y tilda de “racista” sus orígenes y planteamientos. Con Junts ocurre algo parecido, especialmente por lo que respecta a la figura del propio Puigdemont, al que los de Abascal han acusado de ser un terrorista. El partido catalán puede romper con el PSOE, bloquear la legislatura o competir con ERC por quién es más duro frente a Madrid, pero votar una moción de censura con Vox lo colocaría en una contradicción devastadora ante su propio electorado.

Su secretario general, Jordi Turull, lo formuló sin rodeos cuando rechazó una operación con PP y Vox en enero del pasado año, meses después de que trascendiera que Feijóo planteó dar un indulto condicionado a Puigdemont y sopesó la amnistía durante 24 horas. "Hacer alguna cosa con Vox es una broma macabra", afirmó.  Y cuando Feijóo hizo un llamamiento al empresario catalán para que presionaran a Junts, Turull replicó que el PP no debía pedir ayuda, sino "pedir perdón", y remarcó que Junts "no es la muleta de nadie". 

Tras la imputación del expresidente socialista, Junts ha reaccionado con cautela. Su silencio ha sido más elocuente que en otros momentos, pero el mensaje oficial sigue siendo "que se esclarezcan los hechos", que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha recordado que se sienten víctimas histórica de la falta de presunción de inocencia. Quien sí ha subido el tono es el PNV. El propio Aitor Esteban afirmó este domingo que sería "irresponsable" que Sánchez siguiera más allá de 2026 "sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada" y dijo que el caso Zapatero "lo complica aún más".

Génova no ha tardado ni 24 horas en responder al presidente del PNV. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo no valen”, señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este lunes tras el comité de dirección del partido. Con todo, Sémper descartó que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos y dejó la decisión en manos de los socios.

Hasta la fecha, la dirección de Feijóo ha presentado a PNV y Junts como rehenes del PSOE y ha pronosticado su debacle en próximos comicios autonómicos, pero ambas formaciones entienden que el coste sería mayor si apoyarán al PP de la mano de Vox. Para el PNV, implicaría dinamitar su relación con el PSE en Euskadi e incluso la posibilidad de perder  Ajuria Enea. Para Junts, sería regalar a sus rivales independentistas la acusación de haber salvado a la derecha española de la mano de la ultraderecha, un escenario que se complica todavía más con la amenaza de Aliança Catalana a las puertas.

Así, aunque incluso ellos mismos dan por perdida la legislatura, eso no convierte automáticamente a Feijóo en alternativa. Y el líder del PP sabe que si se vuelve a repetir el escenario de 2023, no tendrá posibilidades de alcanzar La Moncloa porque necesita a Abascal para cualquier operación de derribo, pero su presencia impediría que los nacionalistas entrasen en la operación. Lo único que le queda  al PP es seguir presionando a los socios e incluso amagar con la citada moción instrumental, pero de ahí a presentarla hay un paso que, en estos momentos, no están dispuestos a dar. Por ahora, asumen que les toca esperar porque, como mucho, queda un año y no pueden ni quieren cambiar de socio preferente.

Cataluña ya tiene atados sus presupuestos. En mitad de la tormenta política a nivel nacional desatada por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha amarrado las cuentas públicas, lo que garantiza la estabilidad de su Govern y tiene efectos también para la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

En los últimos tres días, se han sucedido una serie de noticias que no han copado las portadas, que se han volcado con la decisión del juez José Luis Calama de citar como investigado al expresidente del Gobierno. Pero tienen una gran trascendencia política los acuerdos a los que ha llegado Illa con ERC y los comunes para aprobar los presupuestos, además de los pactos alcanzados entre Moncloa y el Govern en la Comisión Bilateral celebrada en Madrid.

Este viernes, el Consell se reúne de manera extraordinaria para aprobar las cuentas públicas y enviarlas al Parlament, donde se prevé que se ratifiquen de manera definitiva en el mes de julio. Al final, luz verde. Pero las alarmas saltaron cuando ERC, hace un mes, evitó respaldarlos y el presidente Illa tuvo que retirar el proyecto. En el Palau se contemplaron todos los escenarios en ese momento. Incluso la decisión de adelantar las elecciones si no había cuentas.

Unas elecciones anticipadas en Cataluña hubieran supuesto un seísmo en el panorama político, ya que es una comunidad clave y, además, abrían la posibilidad de que también se hubieran convocado a la vez las generales ante la tentación de utilizar la movilización de Cataluña frente a un Gobierno del PP y Vox. Pero también tenían un riesgo enorme: el PSOE podría perder la comunidad más poblada en la que gobierna. 

Unas cuentas que miran a 2028

Este acuerdo de presupuestos supone dar estabilidad a Cataluña y muchos socialistas, según fuentes consultadas, sostienen que sirve para asegurar acabar la legislatura en esa comunidad al frente del Palau. También fuentes de los comunes indican que, con estas cuentas, se puede llegar hasta 2028. 

Pero Illa necesitaba unas cuentas que fueran suyas propias, con su marca, adecuadas al contexto económico y con posibilidad de acometer políticas sociales expansivas, especialmente en temas como la vivienda. Y lanzar también la imagen de que tiene una mayoría detrás y que su liderazgo no es endeble.

Ahí todos miraban a Esquerra Republicana. Este pacto se produce en mitad del ruido que hay en Madrid por la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Es muy importante para el socialismo tener ahora este acuerdo con los republicanos, que son socios clave para que Sánchez siga en la Moncloa. Hay mucha presión sobre los socios en estos momentos respecto a su apoyo a Ferraz. El PP les torpedea todo el día con el “hasta cuánta corrupción van a aguantar”. 

“Se ha demostrado el carácter agricultor, al hacer política, de Salvador Illa. Ahora está recogiendo. Él apoyó los presupuestos de Pere Aragonès cuando era el líder de la oposición. Entonces no hizo una oposición destructiva, como Alberto Núñez Feijóo, ni se movió por la amargura y el rencor a pesar de haber sido el más votado en las elecciones de 2021. Esto tiene luego consecuencias. Él ha decidido buscar acuerdos, no juega a la testosterona”, diseccionan en el núcleo duro del PSC.

Sello progresista y mensaje nacional

Para el PSC, es muy importante contar con presupuestos porque “permiten cambiar el enfoque a las cuentas actuales, en un momento de crecimiento”. Con este análisis de los socialistas: “Cataluña se presenta ahora mismo como un factor de estabilidad frente al fallido ciclo electoral impulsado por Feijóo, que ha hecho que su partido acabe en manos de la ultraderecha”.

Además, creen que también es beneficioso para el PSOE a nivel general en estos momentos: “Todo lo que es bueno para Illa es bueno para Sánchez, y todo lo que es bueno para Sánchez es bueno para Illa”. Y las cuentas han provocado el reencuentro entre el PSC y ERC después de semanas de tira y afloja: “También se da la señal de que los partidos que se entienden también en Madrid logran otro pacto de carácter progresista”.

En el otro lado está Junts. ¿Puede provocar el acuerdo con ERC una reacción airada de los posconvergentes en el Congreso? Desde el PSC reflexionan: “Ellos han optado por la oposición en Cataluña, no han querido ni negociar. Les pesa mucho la competencia con Aliança Catalana. Pero no va a afectar en Madrid. Ahí dominan los impulsos de Puigdemont”.

Desde Ferraz, en estos días tumultuosos, hacen esta lectura sobre el pacto de Illa con ERC y los comunes: “Es positivo para toda la ciudadanía de Cataluña porque genera estabilidad, es el triunfo del diálogo y es también la constatación de que los acuerdos se cumplen. Se demuestra que cuando hay voluntad política somos capaces de alcanzar consensos favorables a la mayoría social”.

“Ponemos Cataluña en marcha”, trasladan desde el entorno del president, en el que destacan asimismo que es muy importante tener cuentas en un momento de total incertidumbre mundial por la situación en Oriente Medio y sus repercusiones económicas en todo el mundo. Asimismo, subrayan tres factores clave para el Govern: estabilidad, refuerzo del autogobierno y mejora de los servicios públicos.

Este miércoles por la tarde, además, se produjo una muy importante reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que permitirá, gracias a una trasferencia del Estado, que la plantilla de Mossos llegue a 25.000 agentes en 2030 (ahora mismo tiene 22.000). Este es un tema de vital importancia en una comunidad donde el debate de la seguridad está en primera línea. 

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este jueves dispuesto a participar en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo si le invitan, aunque a renglón seguido ha reconocido que sería "incoherente" hacerlo en actos de tres candidaturas que compitan entre sí.

Al preguntarle la prensa en los pasillos del Congreso si acudirá a la campaña andaluza, él ha indicado: "Si me invitan, voy a ir".

Ha añadido que proviene de una familia andaluza "y a mucha honra" y ha recordado que lleva "toda la vida" participando en actos políticos en Andalucía.

Preguntado a continuación acerca de si iría a mítines de tres candidaturas distintas, ya que los partidos de la izquierda a los que él anima a una confluencia podrían tener al menos tres listas diferentes en algunas circunscripciones, ha contestado: "No voy a ir a tres actos, sería incoherente".

Rufián también ha llamado este jueves a "presionar" a Junts para que apoye el decreto que prorroga los contratos de alquiler y para que, si no lo hace, conlleve para ellos un "coste social".

"Tenemos veinte días para entre todos presionar a Junts, en la calle, en redes, hacer incluso un llamamiento a la prensa seria, porque van a hacer una salvajada por intereses que nadie entiende o sí", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

Rufián, que ayer en el debate parlamentario sobre la guerra en Irán ya deseó "años de ostracismo político" a Junts si vota en contra de la prórroga de alquileres, ha insistido en que "la pregunta es para quién trabajan y por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente a la que se le acaba el contrato de alquiler".

"¿Es que ellos no tienen votantes a los que se les acabe el contrato de alquiler?", ha planteado, tras incidir en que, a su juicio, "dejar a la intemperie a tres millones de personas debería tener un coste social".

Sobre el decreto de medidas anticrisis, que este jueves se vota en el Congreso, Rufián lo ha calificado de "rácano, como casi todos los del PSOE", pero ha confirmado su respaldo.

Junts ha anunciado este martes que dará su apoyo al decreto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio si el Ejecutivo apoya su exigencia de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, según informa EFE.

En una entrevista en TV3 recogida por EFE, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, siempre que el Ejecutivo apoye esta propuesta que la formación introdujo en una proposición no de ley que se vota el jueves antes que el decreto anticrisis.

Fuentes del partido de Carles Puigdemont dan por seguro que el Ejecutivo apoyará aplicar la directiva europea y también dará su apoyo a una moción de su formación que se debatirá el jueves en el pleno del Congreso con el mismo objetivo.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra el decreto ley sobre medidas en materia de vivienda -que contempla una prórroga de dos años de los contratos de alquiler- al entender que "ahoga" a los pequeños propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".

Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".

Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".

"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.

Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.

Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes.

Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.

Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".

Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa".

"Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.

Esta ha sido una de esas semanas en las que resulta ardua la tarea de seleccionar un asunto concreto en el que poner el foco cuando se suceden acontecimientos que son –o uno intuye que pueden ser– trascendentes para el inmediato futuro de este país, de la democracia, de la convivencia y de las cosas que más afectan a la vida de la gente (especialmente de los más vulnerables). Es preciso cada día más un ejercicio selectivo, de modo que procuremos no escribir o hablar demasiado de las falsedades o simples gilipolleces que desde los aparatos mediáticos de la extrema derecha lanzan con el fin de establecer un marco de conversación pública perverso. (Por ejemplo esa supuesta enfermedad cardiovascular de Pedro Sánchez inventada por Federico Jiménez Losantos y elevada a la tribuna parlamentaria por Cayetana Álvarez de Toledo: ni una sola prueba, pero tampoco dudas. El objetivo es obvio).

Vayamos a lo que importa.

P.D. Al cierrre de estas líneas conocemos el ataque militar lanzado por Trump y Netanyahu contra Irán (ver aquí). No disimulan su intención de acabar por la fuerza con cualquier régimen (sea autocrático o democrático) que suponga una amenaza a su dominio en Oriente Próximo. El dúo genocida aprovecha la revolución popular que en los últimos meses ha sido criminalmente reprimida para intentar debilitar definitivamente la fuerza militar iraní y colocar al frente del gobierno a alguien que se someta a sus intereses. Si lo logra, ningún demócrata echará de menos a los ayatolás (tampoco yo), pero conscientes de que se trata de un nuevo golpe en el tablero para controlar los recursos energéticos y los gobiernos que se resistan a su estrategia.

El Gobierno ha logrado este jueves aprobar la ansiada revalorización de las pensiones y sacar adelante las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, pero PP, Vox y Junts han vuelto a unir sus votos para derogar el escudo social, con la moratoria de los desahucios, y el decreto para topar precios en caso de emergencia.

El decreto del escudo social, que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN), incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.

La negativa de los mismos tres partidos, PP, Vox y Junts, también ha tumbado el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia. Una norma que pretendía que ninguna empresa pueda "hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía".

Así lo ha indicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.

En el decreto-ley que establece las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) sí se han puesto de acuerdo. Con 349 votos a favor y uno en contra, las ayudas a los familiares de los fallecidos alcanzan los 216.000 euros y suben hasta los 252.000 euros para los heridos con las lesiones más graves.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios han dado muestras de respeto, pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias y, mientras que los más cercanos al Gobierno han pedido celeridad en la investigación de las causas, la oposición ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La norma establece que los familiares de los (47) fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio.

Por su parte, los heridos (164) se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.

Con el apoyo de PP y Junts, pero el rechazo de Vox, el decreto que aseguraba la subida de las pensiones también ha sido aprobado. El decreto ley revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Tras un primer rechazo en enero, las fuerzas de la derecha exigieron al Gobierno que la revalorización de las pensiones fuera sola en un decreto y lo lograron.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts volverá a echar abajo en el pleno del Congreso, el próximo jueves, salvo sorpresa de última hora, el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, informa EFE.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que el decreto caerá, pero aseguran que lo volverán a llevar al Consejo de Ministros y confían en que "a la tercera vaya la vencida".

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

El decreto-ley "ómnibus" derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto.

Este también se votará el jueves y previsiblemente se convalidará por unanimidad, ya que el PP, Vox y Junts se comprometieron a apoyar la subida de las pensiones si iba en una norma distinta a la moratoria de los desahucios.

La revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7 % (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital.

Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

El decreto-ley de subida de las pensiones incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno ha acordado una nueva subida con los sindicatos.

El decreto-ley que amplía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familia vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026 introduce como novedad, respecto a las prórrogas acordadas con anterioridad, que la suspensión no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas.

También refuerza el sistema de compensaciones a los pequeños propietarios afectados por la moratoria.

El Ministerio de Vivienda hizo estas concesiones al PNV y a Junts a cambio de su apoyo, pero el grupo catalán volvió a anunciar su voto en contra tras leer la "letra pequeña".

Este decreto, que afecta a unas 60.000 familias desahuciadas, incluye otras medidas del llamado "escudo social", como la prórroga también hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos y de los descuentos del bono social eléctrico.

También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Asimismo prorroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, según recoge EFE. Por ello, la formación catalana ha registrado un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, señala en su comunicado.

“Ni burka, ni VOX. Junts per Catalunya registra un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y la delegación a Catalunya de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. Una ley rigurosa y que sí cumple los estándares europeos”, explican en el documento.

El no de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo. "Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

Subraya Junts que "nunca ha votado ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y asegura que la formación que lidera Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka al considerar que el uso de estas prendas tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón".

La iniciativa parlamentaria propone también castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que votarán a favor del proyecto de ley de Junts para prohibir el burka si es "igual" al que han presentado ellos mismos en el Congreso de los Diputados y que Junts rechaza. Después de que Junts haya anunciado que no votarán en el Congreso de los Diputados la propuesta de Vox para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos para presentar una propia, Garriga ha abierto la puerta a apoyarla.

"Si la propuesta es literal, igual a la de Vox, la votaremos a favor porque hemos venido a mejorar la vida de la gente. Y si sólo incluye el nicab haremos enmiendas para que incorpore el burka", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Para Garriga, es "evidente" que Junts no quiere apoyar una propuesta de Vox por tacharlos de "fascistas y homófobos, las cuatro tonterías que nadie se cree pero que rentan mucho a ciertos partidos".

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha asegurado que la futura Ley de multirreincidencia vulnera el principio de proporcionalidad y considera que el "innecesario" endurecimiento de las penas en los delitos de hurtos y estafas no tiene un efecto disuasorio real, según recoge EFE.

JJpD ha manifestado su "profunda preocupación" por la reforma del Código Penal prevista en la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves salió adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV, que supone un "retroceso" en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico.

"Elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal", ha señalado JJpD en un comunicado.

A su juicio, el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad.

Así, ha precisado que la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces) no ha tenido un efecto disuasorio real pues desde su aprobación los hurtos han crecido más de un 20%.

Ademá, según esta asociación, la reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.

"La solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos (..) y no simplemente elevar las penas", ha incidido JJpD, que ha advertido de que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y suponen una criminalización de la pobreza.

Por ello, JJpD insta a los poderes públicos a abandonar la senda del "populismo punitivo" y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía, según informa EFE.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español y confirma EFE en fuentes jurídicas.

En ambos casos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la forma en la que el Supremo interpretó la norma al esquivar su aplicación por la malversación, una actuación que tachan de "irrazonable y arbitraria". También subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España ya que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.

Por desgracia, esto es lo que estamos observando actualmente en algunos de nuestros políticos. Utilizan las urnas y los votos solo para tener el poder más innoble e irracional de un ser humano y sacar lo peor que tienen, y lo más absurdo y kafkiano es que adornan sus argumentaciones irracionales y cargadas de odio con falaces mentiras, apoyados por tertulianos pagados e instituciones económicas y eclesiásticas que lo único que pretenden es mantener el estatus que tienen para estar por encima, como siempre, de una ciudadanía que lo único que quiere es bienestar, libertad y paz. 

Toda esta reflexión viene a cuento porque, como ciudadano, no entiendo cómo un ser humano, y menos un político, puede ir en contra de que el otro mejore, y cómo el poder les convierte en seres ruines y mezquinos. Porque, analicemos, ¿no es ruin y mezquino no apoyar todo lo que llevaba detrás el real decreto ómnibus? Revalorización de las pensiones, ayudas a las víctimas de la dana y de los incendios forestales, ayudas a los más necesitados, aumento del SMI, impedir los desahucios de los más vulnerables, etc. Dejen de mentir. Basta ya. No busquen ni intenten con argumentaciones irreales y mezquinas su NO, pues detrás de este solo está su soberbia, su intento de destruir la democracia, de burlarse de las urnas. ¿O no es burlarse, señores, de la democracia y de los votos cuando Junts vota SÍ a las pensiones y vota NO a ayudar a los más necesitados ante los desahucios para que tengan una vivienda digna y no estén a expensas de los especuladores inmobiliarios? ¿Y no es burlarse de la democracia y de las urnas cuando los señores del PP y Vox votan NO, solo por el no, y cuando se les exige una explicación son tan innobles y mezquinos que no dudan en decir que si aprueban estas ayudas el Gobierno podría aguantar un año más? Es decir, el poder que les ha dado una parte del pueblo lo utilizan para destruir a la otra parte del pueblo, y a la vez utilizan, denigran y humillan a aquellos que les han votado, pues no solo no los han tenido en cuenta, sino que les empobrecen más, y todo lo hacen por devolver los favores de aquellas élites que les apoyaron para que tengan el poder para así conseguir ellas el verdadero poder: ser superiores y continuar estar arriba de una falaz, ruin y mezquina pirámide social, donde el pueblo siempre está debajo, siendo esclavo de los que están en la punta de esa pirámide. Señores del PP, Vox, Junts, UPN, dejen de ser innobles e irracionales. Tienen razón diciendo que el PSOE lo ha presentado todo junto, pero no hay ninguna de las propuestas que no beneficie a la  ciudadanía y son un escudo social que ayuda y sirve para aumentar el bienestar de toda la ciudadanía, sea de la ideología que sea. Por eso hay otras formas de actuar más nobles, y su NO lo único que demuestra es que su poder –que el pueblo les ha dado– lo utilizan para su beneficio y para demostrar la peor cara del político ser humano con un poder innoble, irracional y mezquino.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad", según informa EFE. Ninguno de los tres políticos ocupaba ya escaño en la Eurocámara desde las elecciones europeas de junio de 2024.

El TJUE señaló que el Parlamento Europeo, en su propio reglamento, ha establecido que "para garantizar la imparcialidad del ponente que instruye el suplicatorio de suspensión de inmunidad (...), no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina". Ello es así porque "las potenciales afinidades entre ellos podrían suscitar dudas legítimas sobre la imparcialidad del ponente". 

Y siguiendo esta misma lógica, "en aras de la coherencia" los jueces subrayaron que "el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina". 

Después de que el Tribunal Supremo español solicitara el suplicatorio para Puigdemont, Comín y Ponsatí, la Eurocámara designó al eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki como ponente del caso, perteneciente al grupo ECR del que en la anterior legislatura formaban parte C's y Vox, partido que está personado en la causa del procés. 

"Ese ponente podría percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración", apuntó la sentencia. 

El TJUE se ha pronunciado este jueves contra el recurso que Puigdemont, Comín y Ponsatí interpusieron contra la sentencia del Tribunal General de la UE, que en una sentencia previa en 2023 avaló la suspensión de su inmunidad, por lo que el fallo de hoy también anula esa decisión. 

"El Tribunal General incurrió en error al declarar que el hecho de que el ponente designado para instruir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los diputados en cuestión perteneciera al mismo grupo político que los miembros del partido político Vox, que promovió el proceso penal contra esos diputados, era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente", señaló el TJUE. 

Los jueces subrayaron también que el TGUE "pasó por alto un elemento especialmente pertinente par ala exigencia de imparcialidad", el hecho de que el 6 de marzo de 2019, Dzhambazki organizase un evento en el que participó el secretario general de Vox con el tema "Cataluña es España". 

"En aquel momento el partido Vox ya había entablado el proceso penal de que se trata. Por tanto, la organización de ese evento era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Cataluña, sino también de una posición favorable al procesamiento de los diputados", apuntaron este jueves los jueces.

Una portavoz del Parlamento Europeo consultada por EFE señaló que están analizando la sentencia.

Los sistemas democráticos, aunque a veces parezca lo contrario con el comportamiento de algunos gobernantes, son una enmienda a la totalidad a la intransigencia. Son, en otras palabras, una invitación al diálogo y al encuentro entre personas que piensan diferente, pero que comparten algunos objetivos comunes. Sin esta concepción pluralista de la democracia y sin esta capacidad de llegar a acuerdos es muy difícil que las sociedades prosperen. 

En España, el final del bipartidismo y la irrupción de nuevos actores políticos hacen aún más indispensable la necesidad de rehuir conductas intransigentes. Sin ir más lejos, la pasada legislatura, pero sobre todo la actual, son muy paradigmáticas de hacia dónde nos puede llevar esta falta de empatía o de flexibilidad. 

Por un lado, es precisamente la intransigencia de Vox y de un PP que ha ligado su futuro a la ultraderecha la que impide al partido de Feijóo llegar a acuerdos con otras fuerzas conservadoras y la que ha frenado que su formación lidere el Gobierno de España. 

Por el otro, en el llamado bloque de la investidura, el grueso de partidos que lo componen cree, pese al rifirrafe en algunas cuestiones y a los recientes casos de corrupción que afectan al PSOE, que esta mayoría es la que evita que la extrema derecha llegue al Consejo de Ministros y la que permite que haya una agenda de regeneración y modernización política, así como una mejora o una profundización de las competencias que tienen las comunidades autónomas. Es cierto que en algunos temas hay diferencias sustanciales, teniendo en cuenta que algunos grupos compiten entre sí en sus territorios y que hay fuerzas progresistas y conservadoras, pero la realidad es que la mayoría de los partidos que apoyan al ejecutivo muestran una actitud abierta al diálogo y un tono propenso al intercambio de propuestas que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.  

Solo Junts y Podemos han mostrado una actitud intransigente hacia el futuro de la mayoría que invistió a Pedro Sánchez. Es cierto que recientemente la formación morada hizo política útil al acordar con el Gobierno la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este debería ser el camino: proponer iniciativas que puedan contar con el respaldo de otros grupos y que sirvan, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha, para hacer avanzar a nuestro país.

Sin embargo, Podemos debería asumir que su supervivencia va ligada a la integración con el resto de las fuerzas a la izquierda del espacio socialista. El resultado en las elecciones extremeñas muestra cuál es la senda: un discurso de mayorías amplias dentro de su franja política y la suma con otros grupos progresistas. Y, por otro lado, el partido de Puigdemont aún no ha asumido el cambio de ciclo en Cataluña ni ha sabido gestionar la frustración de buena parte de su electorado por el fracaso del ‘procés’. Pensar que la mejor manera de recuperar una cierta centralidad pasa por tener una narrativa supeditada a Aliança Catalana es un error mayúsculo. 

La pregunta, llegados a este punto, es en qué beneficia su actitud intransigente, ya no al Gobierno, sino a la política. Ambas formaciones, con un tono similar en el Congreso, creen que por ser más intransigentes y duros tendrán más votos en las elecciones. Pero los comicios en Extremadura y las encuestas publicadas en Cataluña muestran lo contrario. ¿Cuál es su objetivo, entonces? ¿Que en España haya un ejecutivo de PP y Vox para poder confrontar relatos y crecer electoralmente? 

Estaría bien que los dos grupos lo explicaran, pero en todo caso lo más evidente es que, a menudo, su manera de concebir la política sólo favorece, paradojas de la vida, al auge de una intransigencia que ni suma ni aporta.  

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Marcel Vidal Calzada es socio de infoLibre.