Didáctica de la concreción. No es sólo un deseo sino una necesidad que tendrá que ser expresada por los partidos a lo largo de los próximos meses. El que concreta gana. Lo hemos dicho para unas elecciones locales y también para unas generales; lo afirmamos tanto para los partidos del bloque plurinacional como para aquellos que integran los partidos del bloque autoritario. Frente a la corrosión que provoca el algoritmo judicial, concreción programática en los plurinacionales de la izquierda y de la derecha ante un electorado que demuestra mantener una gran estabilidad, ya sea en Catalunya o en el resto de España. Efectivamente, la prioridad nacional toma la dimensión política que sólo se decide en el Madrid D.F. cuando la verdadera prioridad, en estos momentos, es la vivienda y el calentamiento global. Quizá la fortaleza de Aliança Catalana puede ser sólo otro espejismo que tenga el mismo origen y que se puede desmantelar únicamente desde una didáctica de la concreción.

El camino es la concreción. El que concreta gana. Concretar es también rectificar: Junts votó en contra del consorcio de inversiones hace unas semanas, una herramienta que permitirá que Catalunya participe en la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras del Estado. Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC en el Ritz: “La esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática, pero necesita ser concreta”. Ahora le pide a Junts que rectifique y sea un partido útil, apoyando iniciativas como la del consorcio de inversiones o el nuevo modelo de financiación. O sea, todos dentro.

Quedan doce meses para la batalla municipal, primera vuelta (volumen II) del armagedón que enfrentará al Consorcio PP-Vox y al Frente democrático y plurinacional en 2027. Tiene razón el exjesuita en su homilía. Lo recordamos otra vez. Cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, cuando no son capaces de dar respuesta a la crisis energética, a los flujos migratorios, a los incendios de sexta generación, al problema estructural de la vivienda, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática, necesita una didáctica de la concreción.

Didáctica de la concreción es también poner en práctica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que falló la semana pasada a favor de la ley de amnistía. Un 62,6% de los catalanes está a favor de que la ley se aplique a todas las causas judiciales pendientes relacionadas con el procés, según indica Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico, que fue realizada tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). España, país de países, no volverá a otro procés como el de 2017, expresión de una herida política profunda y severa cuando no se reconoce la plurinacionalidad. Ahora se hace necesario que el algoritmo judicial no opere en contra del TJUE y respete el ordenamiento comunitario o, al menos, que lo haga en la misma medida que el Parlamento español lo ha respetado. Se hace necesario que Carles Puigdemont aterrice cuanto antes en Catalunya y se materialice el Estado de derecho.

Didáctica de la concreción es actuar desde la plurinacionalidad, basamento social sobre el que se construye nuestra democracia, desactivando leyes que incluyan como eje de acción de cualquier gobierno autonómico la "prioridad nacional". En ese sentido, el Gobierno de la Comunitat Valenciana, periferia muda, incorporó el pasado miércoles el significante vacío en su último presupuesto aprobado con el apoyo de Vox. Hay que dejarlo claro: en su modalidad más moderada, el arraigo, la prioridad entra en serio conflicto con el artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad. En su vertiente más agresiva y explícita, la "prioridad nacional" es sólo el éxtasis político del supremacismo.

Es la demoscopia quien guía la didáctica de la concreción y adquiere su plenitud en el municipalismo. El acceso a la vivienda es el problema más grave en Barcelona para el 31% de los encuestados en el último barómetro publicado por la Oficina Municipal de Datos de su Ayuntamiento, seguido de la inseguridad, con un 26,3%. En tercer lugar aparecen los problemas asociados a la inmigración, citados por un 7,5%; por delante del turismo (6,9%), la limpieza (3,7%), las obras (2,6%). También aparecen la masificación y el modelo de ciudad, ambos con un 2,2%, y la falta de civismo o de educación, con un 2,1%. La agenda local de los Ayuntamientos está clara.

Catalunya tiene un votante muy estable. España se disciplina y progresa desde la plurinacionalidad, a través de presupuestos sociales, y desde la consagración de la UE, cumpliendo con su ordenamiento y sus sentencias. Juntas son dos motores que conforman y definen la materia social de la que se compone nuestro país. Si Junts concreta y demuestra que es útil para Catalunya, una parte de sus votantes seguirán votando a los de Puigdemont. En cambio, si opta por no tomar nunca ninguna decisión útil para Catalunya, una parte de sus votantes acabará buscando alternativa en Aliança Catalana. Dicho de forma más clara: cada vez que Junts vota en contra del Gobierno y de sus socios, el partido de Orriols crece exponencialmente en los municipios de Catalunya, principalmente porque los de Nogueras se sitúan fuera de los márgenes del sistema España absorbidos por un nuevo marco político definido por la prioridad nacional.

A pesar de ello, volvamos a la clave municipal: ¿significa eso que los de Orriols reemplazarán a Junts en la mayoría de municipios catalanes en las próximas locales? Pues no. Aliança es sólo una respuesta a la inmigración y sólo a la inmigración. De los 900 ayuntamientos de Catalunya, el partido independentista tiene serios problemas de organización y persuasión para conseguir cabezas de cartel en más de la mitad, o sea, en aquellos territorios con menos de 5.000 habitantes. Si en enero no logra asentar candidaturas fiables en esos municipios, Aliança puede situarse en el horizonte de sucesos que destruyó a Ciudadanos. Dicho de otra manera, el hundimiento acelerado de Junts puede obedecer a una burbuja mediática que emana, como tantas otras veces, exclusivamente desde el Madrid D.F. Atentos.

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha alterado de nuevo el tablero político y ha colocado al Partido Popular ante una contradicción estratégica que llevaba meses latente. Mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en mantener abiertos los canales de interlocución con Junts de cara a un eventual escenario postelectoral, una parte del partido endurece su rechazo a cualquier aproximación a los independentistas y reclama marcar distancias tras una resolución que reduce el recorrido judicial de uno de los principales argumentos del PP contra la norma.

El fallo del tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea en los aspectos planteados por las cuestiones prejudiciales, aunque deja en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo la aplicación efectiva de la norma en los casos concretos. Génova, por su parte, insiste en separar el plano jurídico del político y sostiene que el fallo europeo no modifica su oposición a la amnistía.

Sin embargo, el debate dentro del PP trasciende ya la valoración de la sentencia. En los últimos meses, Génova ha asumido que, si los números parlamentarios vuelven a situar a Junts como fuerza decisiva, será inevitable mantener algún tipo de interlocución con la formación de Carles Puigdemont. Una tesis que provoca incomodidad entre dirigentes territoriales y referentes del ala más dura del partido, que ven con preocupación el coste electoral que podría tener cualquier imagen de entendimiento con Junts, especialmente entre el electorado más conservador y en comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, donde el rechazo al independentismo ha sido uno de los principales ejes del discurso del PP.

En ese sentido, José María Aznar ya ha lanzado varias advertencias dirigidas a Feijóo. El expresidente ha rechazado cualquier posibilidad de entendimiento con Junts y ha recordado que el independentismo sigue representando, a su juicio, un proyecto incompatible con el marco constitucional. Un mensaje que comparten dirigentes como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dos de las voces más críticas con cualquier intento de aproximación a Puigdemont.

A esto se le añade que Feijóo eligió Barcelona para lanzar un mensaje que hasta hace unos meses habría sido difícil de imaginar en boca del líder del Partido Popular. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante su visita a la capital catalana, en un movimiento destinado a rebajar la tensión con Junts y presentarse como un interlocutor posible para el partido de Puigdemont. Horas antes, su lugarteniente Miguel Tellado reforzaba esa idea en una entrevista en la Cadena Ser: “Estamos en 2026 y el contexto es distinto al de 2017”, señaló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se encargó después de fijar los límites de esa nueva estrategia y dejó claro que no iban a retirar el recurso contra la ley de amnistía, ni hacer ningún otro gesto hacia Junts. Más allá del giro dialéctico, insistió, la posición política del partido permanece intacta. Una secuencia que resume el delicado equilibrio que intenta mantener Génova. El PP quiere dejar de aparecer ante Junts como un actor con el que resulta imposible entenderse, pero sin desmontar ninguno de los pilares sobre los que ha construido su oposición a Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, el PP ha comprobado que no existe una mayoría parlamentaria alternativa sin el concurso, directo o indirecto, de Junts. Los siete diputados de Puigdemont siguen siendo decisivos. Feijóo ya intentó, sin éxito, explorar esa vía tras aquellos comicios. Entonces el propio expresident respondió con una negativa rotunda, recordando el papel del PP durante los años del procés y las declaraciones de buena parte de sus dirigentes contra el independentismo.

Tres años después, el contexto político ha cambiado. El procés ya no ocupa el centro de la agenda catalana, el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía y Junts trata de redefinir su papel en Madrid. En ese escenario, el líder del PP ha intentado abrir una interlocución que hasta ahora parecía imposible, pero tampoco ha encontrado apoyo para una moción de censura. Y es que Feijóo hace esta apelación pública mientras el PP mantiene intacto el discurso con el que calificó la norma como una "humillación", una "cesión al independentismo" y una vulneración de la igualdad entre españoles.

El aval europeo también modifica el contexto político en torno a Carles Puigdemont. Aunque la sentencia no implica automáticamente su regreso a España, sí reduce algunos de los obstáculos jurídicos que pesaban sobre la aplicación de la amnistía y desplaza el foco hacia las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Para el PP, ese escenario añade un elemento de dificultad. Si finalmente Puigdemont recupera plenamente su capacidad de actuación en España, cualquier negociación futura con Junts quedará inevitablemente asociada a la figura del expresident, precisamente el dirigente que durante años simbolizó el desafío independentista contra el Estado.

El debate sobre la ley de amnistía refleja además una forma de hacer oposición que el PP ha repetido en los últimos años. Génova combate determinadas iniciativas legislativas del Gobierno con una enorme dureza política, las lleva a los tribunales o anuncia su derogación futura, pero una vez que esas normas modifican el marco institucional o generan efectos políticos favorables, termina adaptándose a esa nueva realidad sin revertirla, pese a que Vox se ha comprometido a hacerlo si llega a la Moncloa.

La amnistía es el ejemplo más evidente. Génova rechaza la herramienta jurídica que ha facilitado la desjudicialización del conflicto catalán, pero al mismo tiempo pretende beneficiarse políticamente del nuevo contexto que ese perdón jurídico ha contribuido a crear. Durante esta legislatura el PP ha convertido en una constante esa doble estrategia: denunciar determinadas reformas como ejemplos del "sanchismo", recurrirlas o prometer su derogación, al tiempo que habla de “pasar página” y busca los pactos con Junts en el Congreso.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.

La política es, también, la observación de un puente lejano. Los sanfermines nos han permitido detenernos en las generaciones que hoy llegan a la mayoría de edad y sólo han vivido un periodo de la existencia nutrido de crisis. Probablemente se han visto empujados a tener una idea demasiado catastrófica de la vida y de cómo deben vivirla sin poder detenerse un momento a pensar y decidir qué es lo que quieren.

Arreglar una de cada seis de ellas es quizá una buena media. De eso van las primarias entre Enma López y Reyes Maroto en el Madrid D.F. y, por distante que parezca, de eso también va la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría permitir a Puigdemont regresar a Catalunya. La plurinacionalidad es un buen pegamento para reparar fracturas. Hoy la divisamos como un viaducto construido para forjar una alianza no sólo reactiva frente al futuro terror, sino para unir a los españoles en su nuevo periodo de existencia, ese que acaso verá a un presidente de Bildu en el gobierno de Navarra, como ha visto previamente a un alcalde en Pamplona que convocaba al optimismo al grito alegre y festivo de ¡Viva San Fermín! 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo Marchena, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el principio de entropía político de este país. Y ese algo viene hoy desde dentro y desde fuera. Desde dentro, a través de unos presupuestos sociales y, desde fuera, a través del TJUE. Efectivamente, este jueves el TJUE publicará su sentencia sobre la ley de amnistía para cerrar completamente la herida del procés y apuntalar la convivencia constitucional en el sistema España. Probablemente, esa sentencia no afirme explícitamente que Puigdemont es un hombre libre pero sí reforzará el sentido histórico de la amnistía, acentuando el dilema sobre lo que quiere ser Junts, si un partido asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. Dicho de otra manera, Nogueras y Puigdemont deben elegir si van con Trump o con León XIV.   

Europa, como Catalunya, es siempre una solución para este país de países que ni siquiera el algoritmo judicial es capaz de entorpecer. El sello europeo viene a significar el corolario final de un periodo político que empezó en 2018 y termina ahora en 2026 con una decisión que permitirá en algún momento a Carles Puigdemont aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas y acaso volver a repetir el emblemático "Ja sóc aquí". Mucha agua ha corrido bajo este puente, un puente entonces lejano que hoy colmata la democracia española desde la plurinacionalidad y permite afirmar que en Catalunya gobiernan fuerzas constitucionales dispuestas a protagonizar el nuevo ciclo político. 

La plurinacionalidad es siempre un puente lejano que ordena territorios, orienta alianzas y afianza el modelo de un país transversal, plural y democrático que permite que la conversación pública, constante y perfectible, fortalezca a los partidos que se dispongan a caminar siguiendo su curso. Por ese motivo, ni Junts ni el PNV deben dejarse llevar por la soberbia, ni dar la espalda a la ciudadanía que ha dado sentido y sensibilidad a la materia social que permite, en última instancia, que el sistema España funcione mejor por dentro y se reconozcan sus potencialidades más allá de sus propias fronteras. 

Acaso sorprenda a algunos que el partido que mejor ha entendido la importancia estructural de este puente lejano que es la plurinacionalidad haya sido EH Bildu. Desde el entorno de la izquierda independentista vasca se ha defendido la necesidad de preservar los puentes con Carles Puigdemont. A pesar de los momentos de tensión (como las votaciones conjuntas de Junts con PP y Vox en el Congreso para forzar la dimisión de Pedro Sánchez), el entorno de Otegi tiene muy claro que ahora mismo es el único viaducto que mantiene relaciones con todo el bloque de investidura. Efectivamente, alguien tiene que mantener la relación con Puigdemont tras la caída de Cerdán, primero, y de José Luís Rodríguez Zapatero, después. 

Aunque las últimas encuestas dan a Junts tres diputados en la Corte de los Leones, el partido del de Waterloo sigue siendo un engranaje indispensable para taponar el acceso al poder del consorcio PP-VOX. No obstante, el objetivo de la alianza de los partidos de la investidura debe ser más ambicioso: ya no puede limitarse a ser una herramienta meramente reactiva, frenando a la ultraderecha, sino que debe avanzar con brío y valentía en la transformación social y plurinacional.

Por este mismo motivo, los presupuestos que Pedro Sánchez entregue antes de que termine el verano no pueden ser sólo los del Gobierno. Conviene sustituir la clave presidencial por la parlamentaria. Las cuentas de 2027 deben ser, sin excusas, las cuentas de todos, el puente.

Pamplona, capital plurinacional, donde convergen múltiples imaginarios, fue el primer paso y la izquierda abertzale llegó a su Ayuntamiento con el respaldo del socialismo navarro. Semilla de un nuevo ciclo que progresivamente se va asentando y que puede cristalizar con el gran momento fundacional que inaugure una nueva etapa con presidente de Bildu en su gobierno, desplegando sus políticas para el conjunto de los navarros. Así es; la chica de 18 años que no votó la Carta Magna ya no sube al Barrio Viejo si no es para disfrutar del ocio. La Txantrea es periferia, pero Sarriguren es periferia de la periferia. También ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y, sin embargo, en Navarra también se preparan las bases para la política de los que vienen, o sea, de los que ya están ahí y necesitan saberse representados. 

Navarra, reino histórico, ha sido el libro abierto sobre el que se ha ido escribiendo la plurinacionalidad de este siglo que es, antes que una aplicación mecánica de trasvase de competencias o el levantamiento de muros, una arquitectura de caminos y puentes que fraguan alianzas, futuros, emancipaciones. Y en ese tiempo invertido para el levantamiento de una nueva arquitectura política dentro de la ya existente, ha sido y será necesaria una gran dosis de optimismo, la aceptación de lo que somos pensando en el futuro. La política, a fin de cuentas, siempre es la arcilla con la que se va modelando un porvenir colectivo.

Enma López tiene cartas. Y las está jugando bien. Su objetivo es convertir el Madrid D.F. en capital abierta y plural. Tras conseguir los avales para ser candidata y disputar la victoria a Reyes Maroto, continúa en la carrera con todos los poderes. Enma López ha transformado la desidia en ilusión y la está liderando porque forma parte de un nuevo ciclo político que rompe mayorías absolutas. Maroto es la reliquia de otro ciclo que se acaba, que termina.

En política ganan aquellos que quieren ganar y no los que sólo quieren ocupar un espacio. Como ya indicamos aquí, en la rula no preguntan, apuntan. Efectivamente, Maroto ha perdido las primarias antes de que los afiliados hayan decidido por quién votar. En la esperanza y en la democracia nunca hay espacio para la deslealtad.

El algoritmo Marchena falla. La última encuesta publicada en El Periódico le da al PP un 29,5% de los votos. Las sentencias sirven para hacer justicia y aplicar el derecho y no para cambiar gobiernos. El electorado español es muy estable. El algoritmo Marchena no funciona pero se corrige y modula a sí mismo en la sentencia que condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación. Bastan los indicios para llegar a una conclusión "con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón que permitan alcanzar la plena convicción de la culpabilidad del acusado". En el algoritmo judicial no hacen falta pruebas, tan sólo indicios que apuntalen las convicciones. Aun así, el hermano del presidente se libra de la cárcel, quizá porque la crueldad se negocia en la garita de Argüello, el arzobispo impío.

Ponerle límites al mercado inmobiliario está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Prueba de ello es un decreto con medidas de vivienda que no termina de encontrar el camino hacia una mayoría parlamentaria y que probará suerte de nuevo previsiblemente antes de que termine julio. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció que el Gobierno de coalición trataría de aprobar antes del parón estival un “importante” paquete de medidas sobre vivienda que incluirá cuestiones como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10% dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, fuentes de Sumar señalan que las conversaciones avanzan y el consenso en el seno del Gobierno es más firme.

En marzo, se frustró el primer intento que abanderó Sumar y que provocó un choque entre los socios de Gobierno después de que la prórroga de los alquileres se votase en un decreto separado de las ayudas anticrisis. Ahora la medida vuelve a contemplarse, aunque con un clima diferente dentro del Ejecutivo. Fuentes de Sumar señalan a infoLibre que el PSOE se está implicando más en la negociación, algo que es indispensable, apuntan, para hablar con Junts, sobre todo si sus requerimientos atañen a ministerios que lidera la parte socialista.

Este mismo miércoles, Junts advirtió que solo votaría el decreto si se contemplaban sus condiciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalaba que por el momento solo existía “un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan” y volvía sobre los requerimientos que ya había lanzado en la ocasión anterior. Recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir una deducción sobre la cuota del alquiler o desgravar los ahorros destinados a comprar una vivienda, entre otros. Todas ellas, medidas que atañen al Ministerio de Hacienda, en manos de la parte socialista. Nogueras fue más allá y señaló que, si el Gobierno quiere sacar adelante el decreto, solo tiene que “copiar y pegar” lo propuesto por su grupo.

Otras fuentes dentro de Sumar apuntan que en la negociación, aún en marcha, Junts ha dejado claras por escrito sus peticiones y que sería un error por parte del Gobierno tratar de dibujar en este punto líneas rojas que podrían cambiar la disposición del grupo catalán para el diálogo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trataba de rebajar el tono y pedía ese mismo día “generosidad” a los partidos. Explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y que se estaba sopesando con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, señaló. De hecho, desde Vivienda han insistido en la medida como una necesidad social: “Si hay un motivo hoy en día para llegar a acuerdos es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, señalaban en la nota de prensa posterior al anuncio.

En marzo, el Presidente del Gobierno anunció el primer paquete de medidas contra la crisis desatada por el cierre del estrecho de Ormuz. Eran 80 puntos que movilizaron 5.000 millones, pero la vivienda, pese a la insistencia de Sumar, terminó por quedar fuera. Las tensiones llegaron a provocar que el inicio del Consejo de Ministros en el que se aprobó se retrasase porque los ministros del socio de Gobierno lo consideraban como "bajada de impuestos". Además, habían insistido hasta el último momento en incluir medidas relativas al mercado inmobiliario que finalmente terminaron por votarse en un decreto separado que no salió adelante. Aquella crisis se saldó con una prórroga de alquileres que duró apenas un mes, el tiempo que tardó en llegar a trámite parlamentario y decaer el decreto.

En estos meses, Sumar ha mantenido la presión y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha seguido insistiendo en la posibilidad de que la prórroga —que en su formulación inicial pedía extender los contratos de alquiler durante un máximo de dos años con un tope de incremento en el precio del 2%— se hiciese efectiva. En un vídeo publicado recientemente en Instagram, Bustinduy insistía en el compromiso de llevar esta medida al Congreso “antes de que finalice el mes de julio”.

En el anuncio que ha hecho el Gobierno estos últimos días, Elma Saiz hablaba de la nueva propuesta como “un real decreto amplio y transversal". En este nuevo capítulo, el decreto se estructurará en dos bloques: uno relativo a medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler; y otro, para incentivar que quienes tienen vivienda vacía la coloquen en el mercado. Se tratarán cuestiones como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. También se ha propuesto incentivar el alquiler de larga duración penalizando con una carga impositiva superior, del 21% en el IVA, el alquiler vacacional y de temporada. Aunque por ahora, a falta de que cada partido ponga las cartas boca arriba en la negociación, no hay medidas concretas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el gobierno de coalición ha acordado llevar a aprobación durante el mes de julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que, entre otras medidas, recoge un incremento del IVA al 21% para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

"Se trata de un real decreto amplio y transversal" que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas se estructurarán en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y otras medidas para movilizar vivienda asequible.

Dentro del primero de estos bloques se incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Para movilizar vivienda asequible, la ministra portavoz se ha referido también a otra serie de medidas, como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilidad administrativa.

"Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía", ha destacado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta forma, se espera que en las próximas semanas el Consejo de Ministros apruebe este conjunto de medidas.

Este pasado viernes, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, exigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que llevara a este Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres.

En este sentido, sostenía que volvía a haber margen para incluir la medida en el decreto ley 'anticrisis' que aprueba el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria este lunes y agregó que "ya basta de excusas".

El Gobierno aprobó el 20 de marzo, en un Consejo de Ministros marcado por las desavenencias con Sumar, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler. Con ella se prorrogaban durante dos años todos los contratos que acababan hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, la medida fue rechazada en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts, lo que impidió la convalidación del real decreto en el que se incluía.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular hace ya más de cuatro años prometiendo una forma distinta de hacer política. En el congreso que le proclamó líder —sin adversario enfrente— , habló de recuperar la centralidad, rebajar el tono, abandonar la bronca permanente y de practicar una “política para adultos”. Repetía que no venía “a insultar a nadie” y que el PP debía recuperar la credibilidad precisamente diferenciándose de la crispación que atribuía tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a Vox.

Hoy buena parte de esas líneas rojas han desaparecido. El último ejemplo se produjo en el pleno de esta semana. Feijóo decidió utilizar la figura del padre de Patxi López, el histórico dirigente socialista y víctima del franquismo y del terrorismo de ETA, Eduardo López Albizu, para atacar al portavoz del PSOE. “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, le espetó el líder del PP. 

No es la primera vez que el jefe de la oposición se sirve de un familiar fallecido para arremeter contra un miembro del Gobierno o del PSOE, ya que suele mentar de forma habitual tanto al padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, como al exlíder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero la referencia a Eduardo López supuso un salto cualitativo en el terreno de la confrontación personal, y el PP, de hecho, se reafirmó horas más tarde. “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”, señalaron fuentes del partido.

Se trata precisamente del tipo de política de la que el líder del PP aseguraba querer alejarse cuando aterrizó en Génova. Feijóo se ha ‘madrileñizado’, tanto en el fondo como en las formas, y aunque se presentaba como antídoto frente a la política de trazo grueso y sin miramientos, ha acabado instalado en ella, traspasando así una de sus líneas rojas.

Pero no es la única. El giro más profundo que ha protagonizado Feijóo y, en consecuencia, la dirección nacional del partido, tiene que ver con Vox. Durante años, el conservador intentó construir una imagen de dirigente incompatible con la extrema derecha. Su experiencia en Galicia, gobernando siempre en solitario, se presentaba como un modelo exportable al conjunto de España. Pero pronto descubrió que no era así y ha acabado instalado en la misma guerra que le reprochaba a su antecesor, Pablo Casado.

Aunque nada más llegar dio el visto bueno al pacto de la ultraderecha con el PP en Castilla y León en 2022, que inició un ciclo político de normalización de los de Santiago Abascal en gobiernos autonómicos y municipales, Feijóo había renegado de esa fórmula a nivel nacional en diversas ocasiones, tanto en público como en privado. Es más, en el congreso nacional del PP, celebrado en julio del pasado año, lanzó un mensaje inequívoco: su compromiso era no gobernar con Vox. Aquella promesa buscaba tranquilizar al electorado moderado y reforzar la idea de que el PP no permitiría a los ultras llegar a La Moncloa.

Ese compromiso ya no existe. En una reciente entrevista en El Hormiguero, el propio Feijóo admitió que aceptará “lo que digan las urnas” y dejó abierta la puerta a gobernar junto a Vox si los números lo hacen necesario. Ya no se trata únicamente de apoyos parlamentarios puntuales o de un pacto de investidura, como siempre han defendido en Génova. El líder conservador ha dejado de excluir expresamente una coalición con Santiago Abascal, un cambio de enorme calado respecto al discurso con el que reconstruyó su liderazgo, porque considera que hacerlo ya no le penaliza. Y que sus votantes lo prefieren frente a la posibilidad de que Sánchez vuelva a gobernar en 2027.

La relación con Junts constituye otro ejemplo significativo. Durante los años posteriores al procés, el PP convirtió a Carles Puigdemont en uno de los principales símbolos del desafío al Estado. Feijóo mantuvo un discurso especialmente duro hacia el expresident, criticó cualquier intento de normalización política y acusó reiteradamente al Gobierno de depender de quienes habían protagonizado el intento de secesión. Es más, aseguró que él nunca viajaría a Waterloo para “blanquear” a un “prófugo de la Justicia”, como sí hizo el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de cara a negociar su investidura.

Con todo, el PP sí estuvo dispuesto a sopesar un “indulto condicionado” a Puigdemont e incluso llegó a plantearse, durante 24 horas, la amnistía. Pero el cambio en los últimos meses ha virado hasta acabar reconociendo que el momento actual nada tiene que ver con el del procés, según afirmó el número dos de Feijóo, Miguel Tellado, en una entrevista en la Cadena Ser. “Lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”, señaló.

Así, el veto político absoluto se ha transformado en una relación pragmática en función de las mayorías disponibles, aunque no todos en el partido comparten esa estrategia, empezando por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y acabando con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que este sábado será ratificado en un congreso que llevaba años pendiente por las críticas de Fernández a la dirección nacional del partido.

Las líneas rojas del PP se han difuminado también en la denominada “prioridad nacional”, la consigna racista que defiende la ultraderecha y que defiende que los españoles tengan más facilidades para obtener determinadas ayudas públicas y acceso a vivienda que los extranjeros. Génova no solo la ha asumido en primera persona, aunque trata de maquillarla, sino que ha presionado al presidente andaluz para que él también lo haga.

Este lunes arranca el debate de investidura de Juanma Moreno y el martes está prevista la primera votación. El presidente andaluz necesita los votos de Vox y ambas formaciones negocian ya un acuerdo acelerado, con la presión añadida de cerrar el pacto antes de que el foco político nacional vuelva a concentrarse en otros asuntos como las investigaciones judiciales, el Tribunal Supremo o la batalla política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas cuestiones benefician a Moreno, que se quedó a dos escaños de reeditar su mayoría absoluta y se metió en el “lío” que quería evitar.

Durante la campaña, Moreno insistió en que aspiraba a gobernar sin depender de Vox y trató de mantener distancias con las exigencias de Abascal. Sin embargo, la aritmética parlamentaria apunta a un acuerdo rápido y, previsiblemente, nuevas concesiones a la formación ultra para garantizar la investidura, entre ellas la citada prioridad nacional.

Aún no sabemos si Salvador Illa y Pedro Sánchez compartirán un año más destino vacacional en Lanzarote, pero lo que sí está claro es que el destino político de cada uno pasa por el otro. Seguro que esa semana de agosto en la residencia de La Mareta, donde el presidente veranea desde 2020, les viene bien a ambos para preparar un nuevo curso cargado de exámenes, aunque al menos el president ha evitado la reválida.

Con los presupuestos sellados en Cataluña tras una ardua negociación con ERC y el apoyo de los comuns, Illa ha hecho los deberes antes que el morador de La Moncloa, que no tendrá fácil lograr los apoyos para sacar las cuentas adelante. El curso que viene, sin embargo, el president tendrá que implementar una financiación que plantea muchos interrogantes. "Son unos presupuestos muy condicionados a diferentes acuerdos con partidos de la oposición, que se le pueden girar en contra. Es una estabilidad formal, pero no material", señala a infoLibre el profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona Jesús Palomar sobre unos acuerdos que, además, "no son catalanes, porque dependen de Madrid, no hay garantía de que se cumplan y eso puede complicar la gobernabilidad".

De momento, el tripartito catalán —PSC, ERC y comuns—, aún sin ser una coalición de gobierno formal, ha resultado en un funcional matrimonio de conveniencia. "Tanto PSC como sus socios saben que moverse en una posición distinta puede tener un alto coste. Tienen miedo a moverse", asegura a este medio el profesor de Estudios del Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta Catalunya (UOC) Andreu Paneque sobre el pragmatismo que ha guiado al eje izquierdista. "Si ERC hace algo, Junts hará lo contrario", pone como ejemplo, y aunque la lógica independentista ya no impera en el electorado, "puede trasvasar votos de cara a las municipales" del próximo mayo.

Si bien Illa ha logrado enterrar el procés, sigue lejos de ser el partido de la estabilidad, la concordia y las grandes mayorías que prometió en su campaña hace más de dos años. Entre otras cosas, porque la crispación no ha desaparecido. Ahora, agudizada por la fractura izquierda-derecha con el auge de los ultranacionalistas, especialmente de Aliança. "Eso no deja de revelar una particularidad de esta legislatura, la de los vasos comunicantes: lo que pasa en España se refleja en Cataluña, lo que pasa en el Congreso se refleja en el Parlament, y viceversa", afirma el politólogo.

Esa conexión ha impedido a Illa volver a la normalidad tras el tsunami y la resaca del procés. Su talante moderado y conciliador no le ha servido para reconstruir el 'oasis catalán', o mejor dicho, pujolista, cuando el clima de moderación en la Cámara de Barcelona contrastaba con las broncas en Madrid. Y no será porque el socialista no haya intentado rehabilitar la figura de Jordi Pujol: lo invitó al Palau de la Generalitat como "una de las figuras más importantes de la historia de Cataluña", se reunió con él en el Palacio de Pedralbes y la semana pasada volvieron a coincidir en un acto en el que Illa reconoció que "Cataluña le debe mucho". Todo eso tras la confesión de Pujol de tener una fortuna oculta en Andorra y en pleno juicio en la Audiencia Nacional, durante el cual el president pidió "sentido común" para archivar el caso. No sucedió, aunque Pujol fue exonerado por su deterioro cognitivo. Tiene 95 años.

Sin embargo, de nada ha servido esa contribución a la restauración de la imagen del líder convergente para acercarse a su idea de 'Catalunya un sol poble', ni tampoco para ganarse el favor de Junts, aun con visita a Puigdemont en Bruselas incluida, en septiembre del pasado año.

Esa era otra de las tareas de Illa para favorecer la gobernabilidad de Sánchez, pero los independentistas rompieron su acuerdo con el PSOE a finales de año tras convencerse de que no se iban a cumplir sus peticiones. Junts optó por la ruptura dura, por tumbar varias propuestas de ley en materia social —incluso algunas de mayor inversión para Cataluña—, hasta votar junto a PP y Vox para pedir que Sánchez convoque elecciones. La ecuación de Junts es fácil de resolver: sin gobernar en Cataluña no se logra nada en Madrid, así que mejor "hacer la puñeta" para mantener cierta visibilidad, como dice el politólogo Jesús Palomar.

Y, aun con esas contrariedades, Cataluña es una de las pocas bazas de los socialistas, que sólo gobiernan en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Illa ha aprendido esa lección y es buen compañero. El president aprovecha cualquier tarima para echarle un capote al presidente. El balance del Gobierno central es "excelente se compare con lo que se compare" y Sánchez es "la voz de la dignidad", defendió a mediados de junio en el Consell Nacional del PSC, al más puro estilo felipista. Un encuentro entre militantes para olvidar las asignaturas pendientes: Rodalies, vivienda y educación.

Tras anunciar con bombo y platillo varias inversiones y obras en la red ferroviaria, los trenes de cercanías han vuelto a sufrir en junio interrupciones por fallas eléctricas, daños en infraestructura o robo de cobre. Pese a las numerosas medidas para contener el precio del alquiler, limitar la compra especulativa y aumentar el parque público, ha aumentado un 14% el precio de la vivienda, persiste el ahogo entre jóvenes para pagar el alquiler y se mantiene un déficit acumulado de 140.000 pisos. Y en el último trimestre le estalló una huelga masiva y prolongada del profesorado, que rechazó su propuesta de mejoras y avisó de un "otoño caliente". Así que Illa podrá tomarse un respiro estas vacaciones, seguro que más tranquilas que las de Sánchez, pero con algún que otro cuadernillo de verano para refrescar fórmulas y textos que seguramente tendrá que emplear el próximo curso. Los exámenes, al menos, no serán sorpresa.

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

Alberto Núñez Feijóo no tiene, por el momento, intención de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prefiere, en su opinión, que el Ejecutivo se vaya desgastando cada día por las causas judiciales abiertas. Jugando con la presión política, como el texto simbólico que pretendía hacer votar en el Congreso para adelantar elecciones. Y aprovecha estos días duros para el PSOE tratando de buscar una imagen agradable y cercana frente al bronco discurso en las instituciones.

Esta semana supone un vía crucis para el Gobierno, principalmente por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello después de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, se enfrentara el lunes a la audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareciese este martes en el Senado por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Además, sobrevuela la sentencia del caso Mascarillas, que afecta a José Luis Ábalos y Koldo García.

El líder popular ha diseñado una agenda con la que quiere mostrar su lado más cercano frente a los escándalos del Gobierno. Por eso, va este miércoles a divertirse a El hormiguero, en pleno prime time televisivo y en un espacio con un marcado carácter anti-Sánchez. De esta manera, busca meterse en el salón de millones de espectadores de la mano de Pablo Motos, un presentador que ha criticado duramente durante estos años al jefe del Ejecutivo, un tema recurrente también en la mesa de análisis de ese programa. 

Uno de los mayores déficits de Feijóo es la falta de tirón personal que tiene entre los votantes, muy lejos de las expectativas que depositó el PP en él después de que los barones forzaran la dimisión del anterior líder, Pablo Casado, por su enfrentamiento directo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Feijóo sólo es citado por el 13,4% de los encuestados como su político preferido para ser presidente del Gobierno, muy por debajo de Sánchez, que es mencionado por el 25%. Además, Santiago Abascal le sigue de cerca, con un 9,5%.

Asimismo, Feijóo tiene una valoración media (3,79) por debajo de Sánchez (4,21). El presidente del Partido Popular solo genera confianza entre el 20,3% de los españoles, en tanto que despierta “poca o ninguna confianza” entre el 78,4% de los ciudadanos. El líder conservador tiene su principal caladero entre los mayores de 75 años, en tanto que anota sus peores registros entre los votantes de 25 a 34 años.

Este intento de acercarse a los ciudadanos durante estos días se ha visto también en redes sociales. Por ejemplo, en X colgó una foto, antes del partido de España contra Cabo Verde en Atlanta en la primera fase del Mundial, junto a su hijo jugando al fútbol. La acompañó con este mensaje: “Viendo esta imagen, es evidente que ‘no juego en la selección porque no quiero’. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!”

El Partido Popular quiere presionar también políticamente al Gobierno para que se disuelvan las Cortes, pero sin dar el paso definitivo de una moción de censura. Los populares y Junts presentaron este martes sendas enmiendas en la Cámara Baja a una “moción consecuencia de interpelación urgente” del PP para incluir  en la votación del jueves la exigencia al presidente de que convoque elecciones de manera anticipada.

Se trata de una iniciativa sin ningún carácter vinculante y tan sólo con peso simbólico. Pero los populares vendieron el texto como una moción de confianza de facto al Gobierno porque enviaría, en su opinión, una señal muy clara de que Sánchez no tiene respaldo parlamentario.

Finalmente, la Mesa del Congreso, con mayoría progresista, rechazó aceptar las enmiendas del PP y de Junts para su votación al entender que se trata de una competencia (la convocatoria de elecciones anticipadas) exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

Junts se ha alineado con el PP en este camino, aunque deja la decisión en manos de Sánchez. Desde el PSOE insisten en que se trata de mera “cobardía política” y restan importancia porque no se trataba de una moción de censura. Asimismo, el mensaje que trasladan desde La Moncloa es que siguen gobernando para la mayoría y que su intención, como ha repetido Sánchez, es agotar la legislatura.

La semana que viene será clave para el Gobierno. El martes dará el primer paso para tramitar los presupuestos generales del Estado. Aunque parezca casi imposible, el Ejecutivo cree que puede conseguir armar todavía una mayoría. Y el miércoles tendrá lugar la esperada comparecencia de Sánchez ante el Pleno para abordar el caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo y su equipo creen que es imposible ya para el PSOE darle la vuelta a la situación y que el declive es total. Por eso, a pesar de la ansiedad de algunos en el PP, hay también dirigentes que creen que este fuego lento judicial es abrasador para Ferraz y que sólo hay que esperar. 

Además, el PP aguarda un pacto en breve entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía. El presidente de la Junta ha iniciado ya el relato para justificar el acuerdo  con la ultraderecha, a pesar de haberse presentado durante años como uno de los barones moderados y abanderado de un centroderecha alejado de Santiago Abascal. El popular ha criticado que la izquierda “se ha autoexcluido de una manera irresponsable sin dejar ninguna posibilidad a la abstención”. El PP se mueve entre El hormiguero y la “prioridad nacional”.

La Mesa del Congreso no ha admitido las enmiendas presentadas por el PP y Junts para que la cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, la Constitución es clara sobre esta potestad del presidente del Gobierno, por lo que toda iniciativa que vaya en ese sentido, aunque sea de manera "encubierta", va contra la carta magna.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, han rechazado así las enmiendas presentadas a la moción del PP por los propios populares y Junts, ya que "ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

Las citadas fuentes han recordado además que existen precedentes anteriores, como la proposición no de ley de Junts de febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza, que fue inadmitida por el mismo motivo por la Mesa.

Otras fuentes parlamentarias han advertido por su parte que Junts ya había incluido en su enmienda que su petición carece de vinculación jurídica con el propósito de que no fuera parada por la Mesa del Congreso.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apuntado que para Sumar la legislatura debe continuar, aunque eso "tiene que significar que le valga la pena a la gente”.

Al mismo tiempo señala que también es necesario que el PSOE “aclare lo que está ocurriendo” en torno al partido ante supuestos casos de corrupción.

Sobre la opción de acudir a las urnas antes de lo previsto recuerda que “los socios parlamentarios ya han dicho que no van a participar de ella” porque el PP “viene con Vox bajo el brazo” y “nadie va a querer participar de esa operación”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y uno de los socios del Gobierno de coalición, ha señalado que lo que su partido pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos

Hace años se hablaba de ruido de sables cuando el malestar lo hacían suyo las fuerzas armadas, y con esa amenaza, la presión militar, caminábamos los ciudadanos mirando a todas partes.

Han pasado muchos años de aquello, la democracia está instaurada, pero hay colectivos y nostálgicos inadaptados al sistema; tememos y constatamos que seguirán así hasta no se sabe cuándo. La dictadura acabó; ojo, no el franquismo, como es evidente.

Ahora asistimos a lo que podíamos denominar ruido de autos, no confundir con ruido de coches. Un ramillete de causas, anticipadas y filtradas con evidente intención, que, independientemente de lo que resuelvan las instancias judiciales, buscaban una sentencia por una parte de la ciudadanía, un sesgo de confirmación condenatorio como si fuera un juicio con jurado popular. Quienes eso propician pueden encontrarlo en el futuro.

Otros juicios ofrecen declaraciones que espantan a quienes hemos oído grabaciones. Si la hemeroteca y videoteca a la que hoy tenemos acceso, los juzgadores también, permite que algunos se vayan de rositas, obliga a cavilar. ¿Cómo se las verían los administradores de justicia para confirmar la veracidad probatoria, sujeta a investigaciones con elementos rudimentarios?

Un libro titulado “Justicia política y polarización durante la República (1931/1936)” narra las vicisitudes y el ruido de togas entonces. Nada nuevo. Hay paralelismos en cuanto al fondo, si bien es cierto que los tiempos no permitirían aquellas formas. Los nostálgicos y revoltosos no han desaparecido, simplemente han cambiado los ropajes.

A la enmarañada espesura judicial con tanto auto, se suman movimientos políticos instalados en el borde de la legalidad, con acciones de escasa civilidad. Un totum revolutum donde unos y otros ocupan sitio en un ómnibus amalgamado, en un viaje de varios meses.

No faltan partidos del arco parlamentario, como los nacionalistas vascos, PNV, que advierten de la necesidad de que finalice la legislatura ¡ya! Dan una especie de ultimátum, casi amenaza. ¿Cómo recibiría su electorado que votara junto a VOX, ese partido que el 20 de febrero de 2024 pidió su ilegalización junto a la de ERC, BNG, Junts y todos los que cuestionasen la unidad de España? Además de inconstitucional, esa pretensión ultraderechista silenciaría a 1.300.000 ciudadanos votantes de los partidos citados. 

No olvidamos a los socios del ejecutivo que claman para que el Gobierno actúe ya, caso de Sumar. Se cumple aquello de intentar hacer leña del árbol caído, con el agravante de que aún no está caído, pero pudieran tumbarlo. Hablando de leña, algunos socialistas, viejos y actuales, se unen a las tesis de sus adversarios; sabemos que no hay peor cuña que la de la propia madera. Cuando un político es tonto, da mucho de sí.

Entre fiesta y funeral vendrá 2027. Que cada cual elija.

_________________

 Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la imagen de la Guardia Civil en la sede de Ferraz con el objetivo de conseguir información sobre la trama supuestamente liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán para “obstaculizar, desestabilizar o neutralizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno” no solo han sumido en el desconcierto y la incertidumbre al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que denuncia abiertamente una operación de acoso y derribo–  sino también a sus socios.

Ninguno de los partidos que fue clave para investir a Sánchez en 2023 quiere, sin embargo, aparecer como responsable directo de una caída del Gobierno que pueda desembocar en un Ejecutivo de Partido Popular y Vox, ni siquiera PNV y Junts, los más cercanos ideológicamente a los postulados de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ambas formaciones sí le han reclamado públicamente a Sánchez que convoque elecciones antes de que acabe el año. El resto no ha dado ese paso, pero coinciden en que el clima ha cambiado. Las causas judiciales que afectan al PSOE y a dirigentes o exdirigentes socialistas han instalado entre sus aliados una mezcla de desconcierto y temor a que todo ello les acabe salpicando también a ellos.

La decisión de Sánchez de pedir comparecer en el Congreso no se entiende sin esa presión. En Moncloa habían intentado inicialmente contener el golpe al sostener que los casos no concernían directamente al presidente y habían desplazado el foco hacia las “cloacas” del Partido Popular con el caso Kitchen. Pero sus socios exigieron más y por ese motivo, a última hora del jueves, se anunció su comparecencia para hablar sobre las actuaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, si bien no será hasta después del 19 de junio, fecha en la que ya se habrá producido la declaración de Zapatero en sede judicial y justo después del Consejo Europeo.

Los partidos que sostienen al Gobierno son los primeros interesados en que el socialista no ignore la gravedad de la crisis, pero también son conscientes de que, si la legislatura se desploma, el escenario puede ser peor para todos ellos. La mayoría del 23J nació como un frente contra la derecha y la ultraderecha –y no tanto como una alianza pro-Sánchez– , pero ahora esa misma mayoría se ve obligada a fiscalizar al PSOE sin dinamitar del todo el dique que construyó para impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa, que algunos anticipan que se producirá el próximo año 2027 si nada cambia.

El PNV ocupa un lugar singular en esa arquitectura. “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”, ironizaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta semana desde el Congreso. Los nacionalistas vascos son los que mejor han entendido el poder de la geometría parlamentaria. Su relación histórica con el PP nada tiene que ver con la de ahora, con cruces de reproches e insultos en público. En 1996 facilitaron la investidura de José María Aznar junto a CiU y Coalición Canaria. A cambio, el PNV obtuvo garantías vinculadas al Concierto Económico, transferencias, desarrollo estatutario y reconocimiento de la singularidad vasca.

Aquel pacto ejemplifica el modus operandi de la política española durante décadas: los nacionalismos conservadores podían mirar a derecha o a izquierda en función del contexto, del precio político y de los intereses territoriales. El PNV pactó con Aznar, negoció con Rajoy y, en mayo de 2018, permitió aprobar los Presupuestos del último Gobierno popular. Lo hizo incluso en plena tensión por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, justificando su voto en términos de responsabilidad y autogobierno. 

Pocos días después, la sentencia de Gürtel alteró el tablero. El mismo PNV que había dado oxígeno presupuestario a Rajoy facilitó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente. Su capacidad de arbitraje siempre está sometida a sus propios intereses y a la lectura del momento político. Y el objetivo último de los jetzales es mantener la presidencia del Gobierno vasco. Un pacto para el que actualmente necesitan al PSE, que también podría mirar a EH Bildu en caso de apremio.

Fuentes de la formación señalan que el factor clave para el cambio de postura con el PP no es solo la lehendakaritza, sino lo que consideran una “deriva” del PP hacia la “ultraderecha” por su mimetización con Vox. En Génova, sin embargo, ven a los de Aitor Esteban como “rehenes” de Sánchez, una posición que creen acabarán “pagando caro” en el futuro. Este argumento lo hacen extensible también a Junts, que piensan que está condicionado por el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana.

Junts es el otro actor clave del final de legislatura. Su papel no es idéntico al del PNV, pero sí comparte una lógica de poder: maximizar la influencia desde una posición parlamentaria decisiva en Madrid. Los de Carles Puigdemont han tensado la cuerda desde el inicio de la legislatura, han dado por bloqueada la acción del Gobierno en distintos momentos y han usado cada incumplimiento del PSOE como argumento para endurecer su posición. Pero su negativa a facilitar una moción de censura que abra la puerta a Vox marca el límite de su amenaza, como volvió a repetir el viernes su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Ninguno de ellos quiere aparecer como la fuerza que entregue el Gobierno a un Feijóo dependiente de la ultraderecha. Esa es la contradicción que también atenaza al PP. Su líder busca que PNV y Junts conviertan su malestar en votos contra Sánchez, pero no puede ofrecerles un horizonte compatible con sus intereses territoriales mientras Vox sea imprescindible para cualquier mayoría alternativa. En la dirección del PP analizan que Aznar pudo pactar con CiU y PNV porque el nacionalismo conservador aún podía ser socio de una derecha estatal sin pagar el coste de aparecer junto a una fuerza como Vox. Feijóo, en cambio, no dispone de esa autonomía y sabe que la alternativa será con Santiago Abascal o no será.

En este contexto, el desconcierto de la izquierda es especialmente profundo. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, es consciente de sus limitaciones por compartir Consejo de Ministros con el PSOE. El temor en la izquierda es que el electorado pueda no distinguir con precisión dónde termina la responsabilidad socialista y dónde empieza la de su socio minoritario. Esa es la preocupación que recorre el espacio, que las causas que golpean al PSOE terminen contaminando también a quienes han gobernado a su lado.

El problema de Sumar, sin embargo, va más allá. La organización llega a esta crisis sin un liderazgo claro después de que la vicepresidenta segunda y anterior cabeza de lista, Yolanda Díaz, comunicara que no volverá a serlo en las próximas generales. A la izquierda del PSOE, el espacio intenta recomponerse mediante llamamientos a encuentros amplios y candidaturas de unidad, pero lo hace entre recelos, fragmentación territorial, distancias con Podemos y ausencia de un proyecto reconocible más allá de la permanencia en el Gobierno.

Eso explica la incomodidad de sus dirigentes. Romper con el PSOE –una posibilidad que lanzan en privado algunos de los partidos satélites de la coalición– puede acelerar unas elecciones para las que no están preparados. Si se quedan sin marcar perfil, corren el riesgo de ser arrastrados por el desgaste socialista. La izquierda alternativa vive, por tanto, atrapada entre la responsabilidad institucional y la necesidad de supervivencia electoral. La corrupción es un terreno especialmente peligroso para quienes han construido buena parte de su identidad política sobre la limpieza pública y la regeneración democrática cuando se acaban de cumplir, además, quince años del 15-M.

Algunas voces del espacio plantean que deben ser ellos quienes tomen la iniciativa y fuercen la presentación de los Presupuestos Generales del Estado como un anticipo de su programa para las generales. Y, cuando la Cámara los rechace, les sirva como excusa para adelantar las elecciones. Pero no todo el mundo coincide y los hay que consideran que deben aguantar hasta que “amaine el temporal” y estén mejor organizados. Hay quien teme que todo se precipite y las generales les pillen sin un candidato y sin proyecto.

También ERC, EH Bildu y BNG, entre otros, se mueven en esa tensión. Todos necesitan que el PSOE dé explicaciones y han marcado la financiación irregular como línea roja. Pero eso no significa que una estructura paralela para influir en causas judiciales no sea grave, como trasladan en privado diputados y asesores. Ahora, la legislatura entra en su fase final, adelante Sánchez la cita electoral o no, sin proyectos políticos a la vista por la negativa de Junts a participar en el bloque de la investidura. 

Y aunque todos anticipan que Sánchez ganará tiempo compareciendo, anunciando medidas o intentando situar el debate en la ofensiva judicial y mediática contra el Gobierno, también creen que la legislatura ha entrado en una 'vía muerta'. Los socios ya han dejado claro que no aceptarán una explicación basada únicamente en la existencia de una campaña para derribarlo. Quieren respuestas sobre hechos concretos, garantías de limpieza interna y cumplimiento de los acuerdos pendientes. Y nadie se atreve a predecir qué elemento judicial volverá a alterarlo todo de nuevo.

El Partido Popular no está logrando rentabilizar el caso Zapatero como le gustaría. Y aunque pide apartar el foco sobre sí mismo para situarlo sobre el Gobierno, tampoco lo consigue. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a denunciar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado a los socios de investidura que rompan con el PSOE — llegando a fantasear con una moción de censura "instrumental"—. Pero la realidad es tozuda y ningún socio se mueve, ni siquiera los que ideológicamente están más cerca de Feijóo y más enfadados se muestran con Sánchez: PNV y Junts.

Hay varios motivos por los que ambas formaciones nacionalistas no rompen con el presidente del Gobierno, entre ellas la dependencia de los jetzales del PSE en Euskadi y la amnistía que no llega en el caso de Carles Puigdemont. Pero hay un elemento que pesa especialmente para ambos: Vox. Feijóo ha atado su futuro al de la extrema derecha, socio imprescindible para los conservadores en la mayoría de autonomías pero ‘tóxico’ para los nacionalistas. La posibilidad de un acuerdo que pase por los de Santiago Abascal es motivo suficiente para rechazarlo, según entienden tanto en el cuartel general del PNV como en el de Junts.

En España, las mociones de censura son constructivas. Es decir, no es una simple votación para derribar a un presidente, sino que debe incluir un candidato alternativo y necesita mayoría absoluta para alcanzar La Moncloa. Hacen falta, además, al menos 35 diputados para registrar una moción —por ese motivo Vox no ha presentado ninguna esta legislatura— y lo cierto es que en la historia de la democracia solo ha prosperado una, la de Sánchez contra Mariano Rajoy. Este lunes se cumplen ocho años desde que los socialistas la registraron en la Cámara Baja, aún sin tener atados al 100% los apoyos de los nacionalistas vascos.

Aunque en el PP consideran que existe una mayoría negativa en el Congreso contra Sánchez y descartan que el socialista tenga los números para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, tampoco los tienen para una mayoría alternativa de cara a hacer presidente a Feijóo o, en todo caso, a un candidato de transición que designara el PP. Esta última es una posibilidad que han dejado caer miembros de Junts en otros momentos de la legislatura, pero que ahora nadie se atreve a verbalizar, tampoco entre las filas conservadoras. Eso sí, esta estrategia tiene una importante salvedad. En España, la Constitución establece que “si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones”. Es decir, el PP podría presentar una moción antes del verano, pero tendría que esperar a septiembre si quisiera tener otra oportunidad.

Actualmente Junts tiene siete diputados y el PNV cinco. Y para que una moción prosperase, el PP necesitaría que al menos uno de esos partidos nacionalistas aceptase votar en la misma dirección que Vox para investir a Feijóo, aunque fuese con el compromiso posterior de convocar elecciones. A un año escaso de las próximas elecciones municipales — a las que seguirían las generales si nada cambia— , ni los de Aitor Esteban ni los de Carles Puigdemont quieren dar un paso que, previsiblemente, sus votantes penalizarían.

Ese es precisamente el lastre de Feijóo. Y aunque las cuatro formaciones han coincidido en diversas votaciones en el Congreso, una moción de censura es también una fotografía de poder. En ella aparecerían Feijóo, Abascal y el partido nacionalista que hubiese hecho posible la operación. Así, en el PP no van a cargar en público contra un Vox que le permite gobernar autonomías y ayuntamientos pero son conscientes de que sus socios no generan precisamente adhesiones. Por ahora, en el PP abogan por esperar a que el Ejecutivo “se cueza en su salsa”, en palabras de fuentes conservadoras, y que Sánchez se vea obligado a adelantar elecciones. Sin embargo, consideran que agotará la legislatura hasta 2027, como él mismo ha dicho.

Para el PNV, el obstáculo no es coyuntural. Su actual presidente y exportavoz en el Congreso, Aitor Esteban, lo advirtió durante la sesión de investidura fallida de Feijóo en 2023 al asegurar que los conservadores no podían hacer creer "ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación". En lugar del “elefante en la habitación”, habló directamente de una "ballena en la piscina" imposible de esconder y recordó que su partido ya había advertido de que un candidato que necesitara a Vox no contaría con sus votos. Incluso resumió la cuenta que el PP debía hacer si quería hablar con el PNV. Esteban dijo que debería ir "descontando 33", los escaños de Vox.

La razón es evidente. Vox es una amenaza directa a la razón de ser del nacionalismo vasco. Es un partido que aboga por acabar con las autonomías, el régimen fiscal propio y tilda de “racista” sus orígenes y planteamientos. Con Junts ocurre algo parecido, especialmente por lo que respecta a la figura del propio Puigdemont, al que los de Abascal han acusado de ser un terrorista. El partido catalán puede romper con el PSOE, bloquear la legislatura o competir con ERC por quién es más duro frente a Madrid, pero votar una moción de censura con Vox lo colocaría en una contradicción devastadora ante su propio electorado.

Su secretario general, Jordi Turull, lo formuló sin rodeos cuando rechazó una operación con PP y Vox en enero del pasado año, meses después de que trascendiera que Feijóo planteó dar un indulto condicionado a Puigdemont y sopesó la amnistía durante 24 horas. "Hacer alguna cosa con Vox es una broma macabra", afirmó.  Y cuando Feijóo hizo un llamamiento al empresario catalán para que presionaran a Junts, Turull replicó que el PP no debía pedir ayuda, sino "pedir perdón", y remarcó que Junts "no es la muleta de nadie". 

Tras la imputación del expresidente socialista, Junts ha reaccionado con cautela. Su silencio ha sido más elocuente que en otros momentos, pero el mensaje oficial sigue siendo "que se esclarezcan los hechos", que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha recordado que se sienten víctimas histórica de la falta de presunción de inocencia. Quien sí ha subido el tono es el PNV. El propio Aitor Esteban afirmó este domingo que sería "irresponsable" que Sánchez siguiera más allá de 2026 "sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada" y dijo que el caso Zapatero "lo complica aún más".

Génova no ha tardado ni 24 horas en responder al presidente del PNV. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo no valen”, señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este lunes tras el comité de dirección del partido. Con todo, Sémper descartó que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos y dejó la decisión en manos de los socios.

Hasta la fecha, la dirección de Feijóo ha presentado a PNV y Junts como rehenes del PSOE y ha pronosticado su debacle en próximos comicios autonómicos, pero ambas formaciones entienden que el coste sería mayor si apoyarán al PP de la mano de Vox. Para el PNV, implicaría dinamitar su relación con el PSE en Euskadi e incluso la posibilidad de perder  Ajuria Enea. Para Junts, sería regalar a sus rivales independentistas la acusación de haber salvado a la derecha española de la mano de la ultraderecha, un escenario que se complica todavía más con la amenaza de Aliança Catalana a las puertas.

Así, aunque incluso ellos mismos dan por perdida la legislatura, eso no convierte automáticamente a Feijóo en alternativa. Y el líder del PP sabe que si se vuelve a repetir el escenario de 2023, no tendrá posibilidades de alcanzar La Moncloa porque necesita a Abascal para cualquier operación de derribo, pero su presencia impediría que los nacionalistas entrasen en la operación. Lo único que le queda  al PP es seguir presionando a los socios e incluso amagar con la citada moción instrumental, pero de ahí a presentarla hay un paso que, en estos momentos, no están dispuestos a dar. Por ahora, asumen que les toca esperar porque, como mucho, queda un año y no pueden ni quieren cambiar de socio preferente.

Cataluña ya tiene atados sus presupuestos. En mitad de la tormenta política a nivel nacional desatada por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha amarrado las cuentas públicas, lo que garantiza la estabilidad de su Govern y tiene efectos también para la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa.

En los últimos tres días, se han sucedido una serie de noticias que no han copado las portadas, que se han volcado con la decisión del juez José Luis Calama de citar como investigado al expresidente del Gobierno. Pero tienen una gran trascendencia política los acuerdos a los que ha llegado Illa con ERC y los comunes para aprobar los presupuestos, además de los pactos alcanzados entre Moncloa y el Govern en la Comisión Bilateral celebrada en Madrid.

Este viernes, el Consell se reúne de manera extraordinaria para aprobar las cuentas públicas y enviarlas al Parlament, donde se prevé que se ratifiquen de manera definitiva en el mes de julio. Al final, luz verde. Pero las alarmas saltaron cuando ERC, hace un mes, evitó respaldarlos y el presidente Illa tuvo que retirar el proyecto. En el Palau se contemplaron todos los escenarios en ese momento. Incluso la decisión de adelantar las elecciones si no había cuentas.

Unas elecciones anticipadas en Cataluña hubieran supuesto un seísmo en el panorama político, ya que es una comunidad clave y, además, abrían la posibilidad de que también se hubieran convocado a la vez las generales ante la tentación de utilizar la movilización de Cataluña frente a un Gobierno del PP y Vox. Pero también tenían un riesgo enorme: el PSOE podría perder la comunidad más poblada en la que gobierna. 

Unas cuentas que miran a 2028

Este acuerdo de presupuestos supone dar estabilidad a Cataluña y muchos socialistas, según fuentes consultadas, sostienen que sirve para asegurar acabar la legislatura en esa comunidad al frente del Palau. También fuentes de los comunes indican que, con estas cuentas, se puede llegar hasta 2028. 

Pero Illa necesitaba unas cuentas que fueran suyas propias, con su marca, adecuadas al contexto económico y con posibilidad de acometer políticas sociales expansivas, especialmente en temas como la vivienda. Y lanzar también la imagen de que tiene una mayoría detrás y que su liderazgo no es endeble.

Ahí todos miraban a Esquerra Republicana. Este pacto se produce en mitad del ruido que hay en Madrid por la investigación sobre Rodríguez Zapatero. Es muy importante para el socialismo tener ahora este acuerdo con los republicanos, que son socios clave para que Sánchez siga en la Moncloa. Hay mucha presión sobre los socios en estos momentos respecto a su apoyo a Ferraz. El PP les torpedea todo el día con el “hasta cuánta corrupción van a aguantar”. 

“Se ha demostrado el carácter agricultor, al hacer política, de Salvador Illa. Ahora está recogiendo. Él apoyó los presupuestos de Pere Aragonès cuando era el líder de la oposición. Entonces no hizo una oposición destructiva, como Alberto Núñez Feijóo, ni se movió por la amargura y el rencor a pesar de haber sido el más votado en las elecciones de 2021. Esto tiene luego consecuencias. Él ha decidido buscar acuerdos, no juega a la testosterona”, diseccionan en el núcleo duro del PSC.

Sello progresista y mensaje nacional

Para el PSC, es muy importante contar con presupuestos porque “permiten cambiar el enfoque a las cuentas actuales, en un momento de crecimiento”. Con este análisis de los socialistas: “Cataluña se presenta ahora mismo como un factor de estabilidad frente al fallido ciclo electoral impulsado por Feijóo, que ha hecho que su partido acabe en manos de la ultraderecha”.

Además, creen que también es beneficioso para el PSOE a nivel general en estos momentos: “Todo lo que es bueno para Illa es bueno para Sánchez, y todo lo que es bueno para Sánchez es bueno para Illa”. Y las cuentas han provocado el reencuentro entre el PSC y ERC después de semanas de tira y afloja: “También se da la señal de que los partidos que se entienden también en Madrid logran otro pacto de carácter progresista”.

En el otro lado está Junts. ¿Puede provocar el acuerdo con ERC una reacción airada de los posconvergentes en el Congreso? Desde el PSC reflexionan: “Ellos han optado por la oposición en Cataluña, no han querido ni negociar. Les pesa mucho la competencia con Aliança Catalana. Pero no va a afectar en Madrid. Ahí dominan los impulsos de Puigdemont”.

Desde Ferraz, en estos días tumultuosos, hacen esta lectura sobre el pacto de Illa con ERC y los comunes: “Es positivo para toda la ciudadanía de Cataluña porque genera estabilidad, es el triunfo del diálogo y es también la constatación de que los acuerdos se cumplen. Se demuestra que cuando hay voluntad política somos capaces de alcanzar consensos favorables a la mayoría social”.

“Ponemos Cataluña en marcha”, trasladan desde el entorno del president, en el que destacan asimismo que es muy importante tener cuentas en un momento de total incertidumbre mundial por la situación en Oriente Medio y sus repercusiones económicas en todo el mundo. Asimismo, subrayan tres factores clave para el Govern: estabilidad, refuerzo del autogobierno y mejora de los servicios públicos.

Este miércoles por la tarde, además, se produjo una muy importante reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que permitirá, gracias a una trasferencia del Estado, que la plantilla de Mossos llegue a 25.000 agentes en 2030 (ahora mismo tiene 22.000). Este es un tema de vital importancia en una comunidad donde el debate de la seguridad está en primera línea. 

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

Rosas y libros. Primavera. Barcelona vive con Sant Jordi su día más alegre del año. Bulle, bulle. Con sus casetas, librerías y centros culturales abiertos de par en par. De Pedro Almodóvar a Han Kang, pasando por David Uclés y Lucía Solla Sobral. La capital catalana respira estas horas su frenesí mediterráneo y sus ganas de abrazar el mundo.

Y es que Barcelona vuelve a emerger con fuerza tras la etapa del procés catalán y se presenta como un modelo alternativo a la gestión neoliberal de Madrid, obsesionada con ser el Miami europeo. La ciudad condal, con Jaume Collboni en la sala de mandos, busca un modelo de corte socialdemócrata, que combine el crecimiento económico con políticas de bienestar.

Ese espíritu impregnó precisamente el pasado fin de semana la ciudad como anfitriona de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de políticos de izquierdas como hacía mucho que no se veía a nivel internacional que congregó a más de tres mil asistentes y a más de cien partidos para compartir una hoja de ruta alternativa a la ola de ultraderecha que se extiende por el mundo.

Una de las grandes lecciones que se sacó en esta cita es que precisamente lo local es la primera barrera contra los ultras. Una idea que debe basarse en temas concretos y que pilota el alcalde de Barcelona junto a figuras como Zohran Mamdani (Nueva York), Roberto Gualtieri (Roma), Silvia Salis (Génova), Haris Doukas (Atenas), Gergely Karácsony (Budapest), Emmanuel Gregoire (París), Karen Bass (Los Ángeles), Ekrem İmamoğlu (Estambul) y Philippe Close (Bruselas).

Barcelona está ahora mismo en el foco por la gestión de la vivienda y del turismo. Dos aspectos que se relacionan directamente. Y que las grandes ciudades no saben cómo controlar. La capital catalana ha planteado un camino totalmente diferente al de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. El Ayuntamiento ha tomado la decisión de extinguir los diez mil apartamentos turísticos que hay en la urbe.

Según señalan fuentes del Gobierno local, esto supone liberar una cantidad de vivienda equivalente a lo que se construye durante diez años. No hay marcha atrás. No obstante, en el equipo de Collboni son conscientes de que ahora se van a enfrentar a una dura lucha contra los fondos buitre, “que son los que tienen el dinero”, en los tribunales, y a nivel europeo. “En el fondo, esta es una cuestión del poder democrático de una ciudad contra los especuladores”, resumen en el Ayuntamiento. Esta decisión equivale a generar vivienda para 25.000 personas aproximadamente. 

Barcelona, a diferencia de Madrid, sí aplica la ley estatal de vivienda, que abre la vía de topar los precios de alquiler de viviendas en las zonas tensionadas. Esto ha permitido una bajada, desde que se puso en marcha la norma, de un 4,9%, aunque tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están vigilantes porque en los últimos meses han notado un repunte. Las instituciones valoran también que ese camino ha permitido por primera vez en una década que se reduzca el aumento de la brecha entre el precio del alquiler y el incremento de la renta familiar, factor clave para la desigualdad y el nivel de vida ciudadano.

En el modelo Barcelona es esencial también la construcción de vivienda. La ciudad ha calculado que tiene potencial para 70.000 nuevos hogares, la mitad de ellos públicos y focalizados en tres grandes zonas: Marina del Prat Vermell, 22@ y Sagrera. Se ha acelerado la construcción de vivienda protegida: pasando de 500 pisos al año al inicio del mandato a mil por año ahora. El objetivo del consistorio es tener siempre cinco mil viviendas en construcción.

También los ojos están puestos en Barcelona por el fenómeno turístico, que hace dos veranos provocó protestas contra visitantes. La ciudad condal lleva tiempo aplicando una tasa turística, algo a lo que se niega Madrid. Pero, además, el Ayuntamiento quiere que se visualice cómo repercute positivamente en la ciudad a través de mensajes que abogan por la convivencia. 

Buena parte de esa recaudación va destinada al Pla Clima Escola, puesto en marcha para adaptar las escuelas a los efectos del cambio climático con una inversión de más de cien millones de euros hasta 2029 en 170 centros. Con el objetivo de que la ciudadanía entienda cómo también actúa en positivo el ingreso del turismo, se están colocando placas informativas en esos espacios educativos.

La capital catalana quiere recuperar ese espíritu de grandes eventos. El aire de ese “¡Hola!” que dominó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. De ahí que se haya volcado con la Copa América de vela. Y, además, quiere volver a ser un lugar de acogida de la cultura española después de los años del independentismo. El ejemplo más claro fue la ceremonia de los Goya del pasado mes de febrero, además de ser una fecha muy especial por cumplirse cuarenta años de los premios del cine español.

Y otro de los grandes proyectos que la ciudad pretende impulsar es el nuevo museo Thyssen. El consistorio dio luz verde hace un mes a su instalación en el palacio Marcet, que fue antes la ubicación del mítico cine Comedia, en la esquina del Passeig de Gràcia con la Gran Via. La idea es que Barcelona pueda competir como capital cultural ante un Madrid donde están los grandes museos nacionales. 

Otro de los grandes retos de la ciudad en estos momentos es lograr que vuelvan también las grandes empresas que se fueron con motivo del procés. Se han producido algunos regresos como los de la Fundación La Caixa y los laboratorios Ordesa a la ciudad, pero ahora se mira con especial atención a la negociación sobre la fusión entre Estée Lauder y Puig. La ciudad aspira a tener la sede de ese gigante cosmético y perfumista que va a revolucionar el mundo de la moda.

Barcelona también es puro hervidero político. Apenas falta un año para las elecciones municipales. En la anterior legislatura, la alcaldía se jugó hasta el último minuto en una votación de investidura de infarto que llevó a Collboni a tomar el bastón de mando después de haber participado en el gobierno de Ada Colau.

Fuentes socialistas creen que el panorama ha cambiado respecto a 2023 y que Collboni se ha consolidado como alcalde con un perfil más transversal que el de Colau. Por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en la seguridad de la ciudad, una de las principales preocupaciones lo los ciudadanos allí. Desde su equipo siempre lanzan este mensaje: “La seguridad es de izquierdas. Si no hacemos nada, entonces solo tendrá seguridad la gente con dinero que se la pueda pagar”.

Colau se ha retirado de la primera línea política, aunque su figura sigue estando presente por acciones como la Flotilla de la Libertad o su participación en algunos actos para crear una candidatura de izquierdas a nivel nacional. Por los comunes concurrirá a los comicios del año que viene Gerardo Pisarello, que actualmente es diputado en el Congreso y que ganó las primarias contra Bob Pop.

Esquerra jugará fuerte con la candidatura de Elisenda Alemany, secretaria general del partido y una de las figuras con más peso dentro de los republicanos. El Partido Popular prevé llevar como ‘número uno’ a Daniel Sirera.

Pero quedan dos grandes incógnitas por resolver. La primera es quién competirá por Junts, donde hay una lucha interna muy fuerte por este puesto tras haberlo rechazado varios empresarios. Ahora mismo se barajan nombres como Josep Rius, muy cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, el preferido por Xavier Trias. Y la otra X a despejar es el nombre que elegirá Aliança Catalana, el partido que asciende cada día en las encuestas pero que medirá en Barcelona su verdadera fuerza más allá del interior de Cataluña.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado este jueves dispuesto a participar en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo si le invitan, aunque a renglón seguido ha reconocido que sería "incoherente" hacerlo en actos de tres candidaturas que compitan entre sí.

Al preguntarle la prensa en los pasillos del Congreso si acudirá a la campaña andaluza, él ha indicado: "Si me invitan, voy a ir".

Ha añadido que proviene de una familia andaluza "y a mucha honra" y ha recordado que lleva "toda la vida" participando en actos políticos en Andalucía.

Preguntado a continuación acerca de si iría a mítines de tres candidaturas distintas, ya que los partidos de la izquierda a los que él anima a una confluencia podrían tener al menos tres listas diferentes en algunas circunscripciones, ha contestado: "No voy a ir a tres actos, sería incoherente".

Rufián también ha llamado este jueves a "presionar" a Junts para que apoye el decreto que prorroga los contratos de alquiler y para que, si no lo hace, conlleve para ellos un "coste social".

"Tenemos veinte días para entre todos presionar a Junts, en la calle, en redes, hacer incluso un llamamiento a la prensa seria, porque van a hacer una salvajada por intereses que nadie entiende o sí", ha señalado en declaraciones en el Congreso.

Rufián, que ayer en el debate parlamentario sobre la guerra en Irán ya deseó "años de ostracismo político" a Junts si vota en contra de la prórroga de alquileres, ha insistido en que "la pregunta es para quién trabajan y por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente a la que se le acaba el contrato de alquiler".

"¿Es que ellos no tienen votantes a los que se les acabe el contrato de alquiler?", ha planteado, tras incidir en que, a su juicio, "dejar a la intemperie a tres millones de personas debería tener un coste social".

Sobre el decreto de medidas anticrisis, que este jueves se vota en el Congreso, Rufián lo ha calificado de "rácano, como casi todos los del PSOE", pero ha confirmado su respaldo.

Junts ha anunciado este martes que dará su apoyo al decreto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio si el Ejecutivo apoya su exigencia de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, según informa EFE.

En una entrevista en TV3 recogida por EFE, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, siempre que el Ejecutivo apoye esta propuesta que la formación introdujo en una proposición no de ley que se vota el jueves antes que el decreto anticrisis.

Fuentes del partido de Carles Puigdemont dan por seguro que el Ejecutivo apoyará aplicar la directiva europea y también dará su apoyo a una moción de su formación que se debatirá el jueves en el pleno del Congreso con el mismo objetivo.