'A golpe de auto': TintaLibre disecciona la estrategia judicial contra la política y los derechos humanos

Cuando los tribunales dejan de ser un espacio de garantías para convertirse en un tablero donde se disputan las mayorías parlamentarias, la calidad democrática del Estado se resiente. Bajo esta premisa de alerta y fiscalización, el número de septiembre de TintaLibre, titulado A golpe de auto. El poder judicial, se ha presentado en Madrid con la urgencia de quien sabe que la sociedad atraviesa un punto de inflexión.

“Vienen unas épocas donde nos jugamos mucho”, ha advertido Jesús Maraña, codirector de la publicación, marcando el tono de la velada. Maraña ha aclarado que “la crítica no se dirige a los más de 5.400 jueces de este país”, sino a estamentos concretos cuyas actuaciones tienen un “contenido y un contexto que no se explica salvo desde la intención política”. El compromiso con este análisis es tal que el núcleo duro de la revista firma en este número, una deuda pendiente, según ha confesado Jordi Gracia, codirector de la revista, después de asistir a “decisiones judiciales, autos incomprensibles, sentencias condenatorias entre la fantasía y la creatividad jurídica”. Además, Maraña ha celebrado que este esfuerzo crítico tendrá su próximo hito en octubre, cuando TintaLibre alcance su histórico número 150. 

El corporativismo y la doble vara de medir

Para entender la deriva de los tribunales, la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado ha apuntado directamente al inmenso poder de las altas instancias y ha recordado que “la instrumentalización y la pérdida de imparcialidad son dinámicas que ya se han vivido a lo largo de la historia”. Ha denunciado un corporativismo que funciona como un “lobby” movido por intereses particulares donde “el servicio público es lo que menos importa”.

Ese corporativismo contrasta con las herramientas que los jueces sí tienen para frenar la politización de la justicia. Delgado ha expuesto el caso de la jueza María Tardón, quien ha impedido que el partido Se Acabó la Fiesta ejerciera la acusación popular para evitar una instrumentalización de la causa. Frente a estas dinámicas, Delgado ha reivindicado la necesidad de mirar a nuestra historia y ha rescatado la figura del fiscal de la II República José Luis Galbe Loshuertos para dejar claro que “la imparcialidad es algo que se basa en el compromiso”. También ha lamentado un panorama actual en el que falta formación en memoria democrática en instituciones como el Consejo General del Poder Judicial.

“Parece que tenemos democracias plenas, pero estamos en uno de los momentos más críticos de los derechos humanos y del Estado de derecho internacional”, ha alertado la ex fiscal general, subrayando la vulnerabilidad del actual marco de libertades. En este sentido, Delgado ha apuntado hacia la asimetría con la que actúan los distintos bloques políticos y ha lanzado una pregunta fundamental para entender la ofensiva de los tribunales: “¿Hay una estrategia en materia de justicia de la derecha y la ultraderecha que el mundo democrático no tiene?”.

El miedo como desmovilización y la amenaza global

El análisis no se ha limitado al ámbito nacional. La eurodiputada Lina Gálvez ha radiografiado la quiebra del “consenso internacional de la defensa de los derechos humanos”. Gálvez ha centrado su artículo en la anulación absoluta de las mujeres afganas como sujetos políticos y ha evidenciado la normalización de esta barbarie al recordar que escribió su texto poco antes de que los talibanes acudieran a negociar al Parlamento Europeo. Jesús Maraña ha señalado que “es muy preocupante lo que están haciendo los talibanes, pero es aún más preocupante cómo los demócratas estamos asumiendo esa situación como normal”.

Frente a la pasividad europea, ha destacado la “soledad del Gobierno de España” en la defensa de los derechos humanos. Esta ofensiva reaccionaria y el inmenso poder de las nuevas oligarquías internacionales tienen también, según ha advertido Gálvez, el objetivo de sembrar el miedo. La eurodiputada ha alertado sobre la desmotivación ciudadana para participar en la esfera pública, ya que “la gente tiene miedo porque si te metes en política te pueden llevar al juzgado”. Se trata, ha denunciado, de una auténtica “caza, sobre todo contra las mujeres que estamos en lo público”.

La estrategia de las derechas y la resistencia democrática

Maraña ha recogido el testigo para aterrizar ese miedo en la realidad española, denunciando a “unas derechas políticas, judiciales, mediáticas, que no aceptan las democracias como cualquier demócrata” y que no respetan a quien “consigue las mayorías para gobernar”. El periodista ha apuntado directamente a las “decisiones judiciales con ese contenido político”, recordando actuaciones de gran trascendencia en las que ha intervenido el magistrado Manuel Marchena.

A golpe de auto, en el TintaLibre de septiembre

Ver más

Para cerrar el círculo sobre el uso perverso del sistema judicial, el acto ha contado con la voz del exjuez Baltasar Garzón, autor también en este número. Desde el público, Garzón ha asegurado que su texto visualiza “una estrategia de la derecha y la extrema derecha” cuyo origen sitúa temporalmente en el Gobierno de José María Aznar. En este sentido, el exmagistrado ha criticado “la complacencia sistemática y permanente de los progresistas”, lamentando que, a menudo, “no vemos la que se nos viene encima hasta que la tenemos”.

Garzón ha definido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo como “el órgano que mayor poder político tiene en España y lo ejerce”. Además, ha denunciado la grave anomalía democrática que supone la ausencia de “un mínimo control de segunda instancia” sobre sus decisiones, ironizando sobre cómo desde estas instancias se proyectan como “puros e inmaculados” mientras rechazan que exista el lawfare.

Como ejemplo de desvarío del poder judicial, Garzón ha aportado una visión sobre cómo el sistema premia a supuestos colaboradores de la justicia para destapar tramas de corrupción, como Aldama. “No es un colaborador con la justicia, es un interesado de la justicia que recibe su premio”, ha señalado. Una situación que Garzón considera inaceptable y que le ha servido para cerrar la velada reclamando una mayor rendición de cuentas del poder judicial: “Son funcionarios del Estado, nosotros y nosotras somos los que tenemos que recibir esas cuentas”.