El Greco nos hace un retrato

Los ciudadanos españoles nos hemos familiarizado con una institución del Consejo de Europa que se conoce por su acrónimo GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción). Este organismo, creado el 1999 del que también forman parte Estados Unidos y Kazajistán, tiene la misión de examinar los instrumentos legales e institucionales de que dispone cada país para hacer frente a la corrupción en el ámbito público y en el sector privado. En la quinta ronda de evaluación, analiza el grado de cumplimientos de las diecinueve recomendaciones que había formulado a España para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Analiza el grado de cumplimiento de las medidas legislativas e institucionales sugeridas. Una lectura sosegada del informe, sin los llamativos prejuicios que se han formulado por diversos medios de comunicación de la derecha mediática, nos permite  llegar a la conclusión de que, en dieciséis de las recomendaciones se observan luces y sombras, pero, en ningún caso, se puede calificar como demoledor. Por favor léanse el párrafo en el que se dice que España ha tratado “de manera satisfactoria alguna de las diecinueve recomendaciones formuladas” y tres no se han cumplido en absoluto. 

Se refiere a la persistencia de los fueros procesales, la ausencia de regulación de los lobbies y el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad. A este último punto dedica un amplio examen que merece un tratamiento aparte. 

Me detendré en los dos primeros. En relación con los aforamientos, nuestra Constitución, en el artículo 24 consagra el derecho a ser juzgado por el juez ordinario predeterminado por la ley que se debe distinguir del juez natural que es el del lugar donde el delito se ha cometido. Si nos atenemos a la literalidad del precepto, el aforamiento de una persona ante un determinado órgano jurisdiccional viene predeterminado por la ley con lo cual cubriría las pretensiones constitucionales en esta materia, pero plantea serios reparos si acudimos a los preceptos constitucionales que predican la igualdad de todos ante la ley y la estricta limitación de los privilegios. 

Según el Diccionario de María Moliner, el Fuero siempre lleva aparejado un privilegio en un sentido político y social. El artículo 71.3 de nuestra Constitución otorga un fuero especial en las causas contra Diputados y Senadores ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La cobertura constitucional del fuero es evidente, pero no deja de plantear problemas legales y procesales. La mayor parte de las Constituciones Europeas limitan drásticamente o desconocen el fuero procesal de los parlamentarios y otros altos cargos públicos. En todo caso, los representantes de la soberanía popular, estarían protegidos por la exigencia de la concesión del suplicatorio.

La relación de aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se puede extender a más de quinientas personas. Abarca a los altos representantes de los poderes del Estado, titulares de instituciones de relevancia constitucional e incluye a los parlamentarios de las Comunidades Autónomas cuando cometen algún delito fuera de su circunscripción territorial. 

Existe un aforismo que nos recuerda que: “a la hora de dictar sentencia tan independiente es el juez de paz del último rincón de España como el Tribunal Supremo”. La atribución de la competencia para conocer de las causas contra aforados tiene un componente elitista. El conocimiento de la causa se atribuye al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia, exclusivamente por el rango de la persona enjuiciada y por la jerarquía que ocupan en la estructura institucional.

Cuando la competencia se atribuye al Tribunal Supremo, el derecho constitucional, reconocido en todos los Textos y Tratados internacionales, a la doble instancia no tiene cabida. Este derecho no puede ejercitarse porque contra las resoluciones del Tribunal Supremo no cabe recurso alguno. Solamente queda la posibilidad del Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, las estructuras de los altos órganos jurisdiccionales no disponen de la logística necesaria para afrontar la tramitación de causas normalmente complejas. Además, perjudica a aquellas personas que, sin tener fuero, se ven involucradas, por conexión, en las causas contra aforados privándolas de su derecho a la doble instancia.

En cuanto a los lobbies me parece que se trata de una institución de tiempos pasados que no tiene ninguna razón de ser en un mundo en el que las grandes corporaciones industriales y financieras, disponen de medios de presión públicos a través de comunicados y artículos periodísticos en medios que, en algunos casos, les pertenecen.  

El término inglés lobby significa literalmente “vestíbulo”. El anglicismo se ha impuesto y se aplica esta denominación a los salones de recepción y reunión de los hoteles. Recuerdo que en una ocasión, mi amigo Javier del Pino, en aquel tiempo corresponsal de la Cadena SER en Washington, me invitó a comer en el hotel donde históricamente nació el concepto moderno del lobby. Estaba muy cerca del Capitolio.

Los lobbies pueden encarnarse en grupos de presión muy diversos. Que nadie se ofenda, la Comisión Europea llegó a valorar como tal a la Conferencia Episcopal española, por su activismo, en la regulación de las leyes educativas.  Se trata de un poder en la sombra que inevitablemente tiene que acudir a presiones intolerables o sobornos delictivos, En Estados Unidos ocasionaron un gran escándalo los sobornos a Congresistas por parte de los representantes de los casinos indios.

Creo que la supresión de los lobbies como institución llevaría a un mejor saneamiento y transparencia de la vida política ya que las aspiraciones legislativas de las grandes corporaciones deben hacerse con luz y taquígrafos

Los lobistas para realizar su trabajo necesitan contactar en privado con los grupos parlamentarios, con el consiguiente efecto de la compra de voluntades. La persuasión, las ofertas de prebendas y el peligro del soborno descarado se evita, si los grupos de presión deciden optar por campañas publicas y transparentes. Solicitar ventajeas o privilegios fiscales o una desregularización de un sector, invocando al Dios del mercado, no necesita de lobbies. Se pueden asumir por los partidos políticos. Incluso estas medidas pueden formar parte de un programa electoral.

Los lobbies son una reliquia del pasado, las modernas técnicas de comunicación demuestran su inutilidad y el peligro de incrementar la corrupción. A pesar de lo que algunos opinan, el caso de Montoro y asociados nos debe poner sobre aviso ante los peligros que entraña la existencia de conversaciones secretas con los conseguidores de leyes a la medida. Sea cual sea el resultado de las investigaciones judiciales, no existe duda de que en este caso, aparecen nítidamente los elementos necesarios para configurar  la comisión de delitos de trafico de influencias y corrupción en los negocios.

Creo que la supresión de los lobbies como institución llevaría a un mejor saneamiento y transparencia de la vida política ya que las aspiraciones legislativas de las grandes corporaciones deben hacerse con luz y taquígrafos.

En definitiva, el cuadro que nos dibuja el GRECO no es, como sostienen algunos, El entierro del Conde Orgaz ni La apertura del Quinto Sello  pero, seamos sinceros, tampoco La Asunción de la Virgen.