El negocio del fuego: cómo Inaer-Babcock se convirtió en socio privilegiado de la Xunta
Lo que empezó siendo un operador más de helicópteros se transformó, al amparo de Feijóo y la Xunta de Galicia, en un contratista casi exclusivo del servicio aéreo contra incendios. La misma empresa que cada verano factura millones por apagar fuegos fue elegida además como socia estratégica del Polo Aeroespacial de Rozas, en la provincia de Lugo, la llamada Civil UAVs Initiative. El gran proyecto tecnológico con el que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo quiso situar a Galicia en el mapa de la innovación europea.
Contrataciones bajo sospecha: de los helicópteros sin contrato a la investigación judicial
El ascenso de Inaer-Babcock en Galicia se consolidó a partir de 2008, cuando la Xunta adjudicó la gestión de 14 helicópteros en cuatro lotes. Inaer se quedó tres de ellos. Desde entonces, su peso en el dispositivo contraincendios fue creciendo hasta convertirse en el operador dominante.
El episodio más controvertido se produjo en 2012: el Consello de Contas de Galicia documentó que la empresa siguió operando helicópteros sin contrato en vigor, tras expirar las adjudicaciones anteriores. En vez de convocar un concurso abierto, la Consellería de Medio Rural optó por un procedimiento negociado, limitando la concurrencia y garantizando, en la práctica, que Inaer siguiera prestando el servicio.
En 2013, la Xunta de Feijóo firmó un contrato de 12,3 millones de euros con Inaer, con una rebaja testimonial de apenas 8.000 euros respecto al precio inicial. Para la oposición y los sindicatos aquello fue la prueba de que la contratación estaba dirigida a asegurar la continuidad de un único operador.
La Fiscalía abrió diligencias por prevaricación contra altos cargos del Gobierno gallego. En 2018, el juez archivó la causa: reconoció que había sido ilegal operar sin contrato, pero lo justificó por la “necesidad excepcional” de mantener los helicópteros en plena campaña de incendios.
Nadie fue condenado, pero quedó acreditado que la Xunta había vulnerado la legalidad en la contratación.
Un monopolio de facto
Los datos confirman la exclusividad. Una investigación de Civio basada en el análisis de 52 contratos (ver metodología) demuestra que, desde 2015, el grupo Babcock ha ingresado de las arcas públicas un total de 137,5 millones de euros, bien sea por la adjudicación de contratos a los que se ha presentado de forma individual o con otras empresas formando una Unión Temporal de Empresas (UTE). Concretamente en Galicia, ganó 12 de los 13 lotes licitados durante la última década. Su cuota superaba el 80% de los contratos de medios aéreos.
Este dominio se reforzaba con la práctica de declarar concursos desiertos para luego recurrir a procedimientos negociados, o con adjudicaciones en las que Inaer-Babcock era la única oferta presentada. La oposición parlamentaria denunció reiteradamente esta situación, mientras que los sindicatos hablaban de un servicio “privatizado a medida” y alertaban de que se estaba construyendo una industria del fuego.
La expresión no era casual: al pagarse por horas de vuelo y medios desplegados, el modelo generaba un incentivo perverso. Cuanto más fuego, más horas, y más ingresos para la empresa.
Aeródromo de Rozas: de los helicópteros a los drones
En 2015, Feijóo quiso dar un giro a la imagen de una Galicia que ardía cada verano y presentarla como una comunidad avanzada en tecnología en la lucha contra los incendios. La Xunta lanzó la Civil UAVs Initiative (CUI), un programa de innovación con base en el aeródromo de Rozas (Lugo). La idea: convertir la región en referente europeo en drones civiles.
El mecanismo elegido fue la Compra Pública de Innovación. La Xunta financiaría proyectos de I+D de grandes empresas que, a su vez, se comprometían a invertir fondos privados. Los seleccionados fueron dos gigantes: Indra y de nuevo Inaer-Babcock.
Al pagarse por horas de vuelo y medios desplegados, el modelo generaba un incentivo perverso. Cuanto más fuego, más horas, y más ingresos para la empresa
El acuerdo inicial destinó 40 millones de euros de dinero público (20 para cada empresa), a los que se sumaban 75 millones de inversión privada comprometida. El proyecto, además, contó con 24 millones de fondos europeos FEDER en el llamado Programa de Soluciones, destinado a aplicar drones en servicios públicos como sanidad, mar, territorio o incendios.
Los resultados fueron presentados como un éxito. Se desarrollaron prototipos como el LÚA de Babcock, un dron para detección nocturna de incendios, y el Targus de Indra. Se hablaba de más de 120 empleos creados y de la participación de una treintena de pymes gallegas como proveedoras.
Pero la crítica no tardó en llegar: muchos proyectos quedaron en fase de demostración. No se produjo una transferencia real a la lucha contra incendios. Los UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado) de gran tamaño solo podían volar en espacio aéreo segregado y bajo permisos especiales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), lo que limitaba su uso en emergencias reales. Y mientras tanto, Galicia seguía sufriendo olas de incendios devastadoras, como la de 2017 o la de 2022, sin que los drones y los millones de euros públicos invertidos en ellos marcaran la diferencia.
Un escaparate más que una solución
Hoy, incluso técnicos próximos a la Xunta reconocen que los drones de Rozas han tenido un papel más expositivo que operativo. Sirvieron para atraer titulares y fondos europeos, pero no han reducido la superficie quemada ni cambiado la dinámica estructural de los incendios. A la vista está.
En paralelo, la empresa que desarrollaba los drones —Babcock— seguía siendo la misma que cobraba por horas de helicóptero. La confusión de roles es evidente: la compañía que gana dinero apagando fuegos recibe también millones para investigar cómo prevenirlos.
El coste del experimento
El balance económico es contundente:
- 40 millones de euros de la Xunta para Indra e Inaer en la primera fase de la CUI.
- 24 millones de euros adicionales, cofinanciados en un 80% por fondos FEDER, para el Programa de Soluciones Initiative.
- 20 millones más en la segunda fase (2021–2025), con Babcock, Airbus y Telespazio como socios.
El CEO de Babcock para España y Portugal, Ángel Rodero, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó en diciembre de 2022 que “Rozas se convertirá en un centro de referencia donde se desarrollarán otras iniciativas, como por ejemplo un sistema de gestión de tráfico aéreo o de control de incendios”.
La Xunta de Galicia ha comprometido más de 200 millones en torno a Inaer-Babcock en apenas una década
Las voces críticas señalan que la Civil UAVs Initiative nació hecha a medida de dos multinacionales, dejando a las pequeñas empresas gallegas relegadas al papel de subcontratistas. Además, no ha habido una auditoría independiente que evalúe con rigor los resultados de las inversiones.
En el frente de los incendios, la dependencia casi exclusiva de Inaer-Babcock genera una fragilidad estructural: si la empresa falla o sube precios, la Xunta tiene pocas alternativas reales. La confusión de roles —proveedor del servicio y beneficiario de la innovación pública— refuerza esa dependencia.
En diciembre de 2023, la Xunta licitó un nuevo paquete de 38 millones de euros para medios aéreos, prorrogable hasta 2029.
¿Dónde están todos esos helicópteros, aviones de carga en tierra y brigadas?
Un esquema continuista que consolida el mismo modelo que ha sido cuestionado por su falta de transparencia y por alimentar un negocio donde los incendios se convierten también en fuente de ingresos. La historia de Inaer-Babcock es la de una empresa que, con el respaldo de Feijóo y la Xunta, ha logrado estar en los dos lados del negocio: en la extinción de incendios y en la innovación tecnológica para prevenirlos. Un doble rol que le ha permitido concentrar contratos millonarios y fondos europeos, pese a que los resultados efectivos siguen siendo más que discutibles.
Los tribunales no encontraron delito, pero sí ilegalidad en la contratación de 2012. Los drones no han demostrado eficacia real en la prevención Y, sin embargo, la compañía sigue siendo el socio preferente de la Xunta.
Galicia arde cada verano y la respuesta institucional sigue dependiendo de una sola empresa. Una empresa que, al calor del fuego, se ha convertido en la gran vencedora de la política forestal y tecnológica de los últimos quince años gracias a Alberto Núñez Feijóo.
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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'
