Del despacho de Feijóo al CGPJ
En la larga sombra que proyecta la gestión de servicios públicos en Galicia durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo hay nombres que se repiten como bisagras entre decisiones políticas, contratos millonarios y procedimientos administrativos delicados. Uno de esos nombres es el de Francisco José Vidal-Pardo y Pardo: alto cargo clave en la Consellería do Mar y después letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su trayectoria traza un arco entre la gestión de la Xunta de Galicia en la adjudicación del servicio aéreo contra incendios y la arquitectura administrativa de la Justicia.
La independencia judicial no se mide solo en sentencias, sino también en las trayectorias de quienes ocupan los órganos encargados de vigilar a los jueces. La reciente consolidación de Francisco José Vidal-Pardo y Pardo como Letrado Jefe de Recursos de la Inspección Fiscal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un caso paradigmático de esa difusa frontera entre lo ético/político y lo judicial en España.
La independencia judicial no se mide solo en sentencias, sino también en las trayectorias de quienes ocupan los órganos encargados de vigilar a los jueces
Un alto cargo de confianza de Alberto Núñez Feijóo
Entre 2009 y 2013, Vidal-Pardo fue secretario xeral técnico de la Consellería do Mar y después de Medio Rural e do Mar, bajo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Desde esa posición gestionó la contratación de helicópteros de salvamento y extinción de incendios, con adjudicaciones millonarias a la empresa Inaer. El BOE recoge su firma en contratos por más de 15 millones de euros, y la Fiscalía llegó a investigarlo en 2017 por un contrato sin expediente ni concurso público. El caso se archivó en 2018, porque no hubo “capricho” pero quedó demostrado en el auto del juez que hubo ilegalidad en la contratación.
“Existe un hecho objetivo e incontrovertible consistente en que dicha adjudicación carece de la cobertura contractual que, en situación de normalidad, debiera existir y adecuarse a los parámetros de contratación común” afirmaba.
Francisco José Vidal‑Pardo y Pardo llegó al núcleo de la Xunta al inicio de la era Feijóo, cuando fue nombrado secretario xeral de la Consellería do Mar en abril de 2009. Es un puesto de máxima responsabilidad jurídica y de contratación dentro de la consellería. El nombramiento figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG). [DOG 24/04/2009 | Corrección 29/04/2009]
En 2010, la Secretaría Xeral do Mar hizo pública la adjudicación del servicio de operatividad y mantenimiento de los helicópteros adscritos al Servizo de Gardacostas de Galicia a Inaer. La resolución acredita su papel ejecutivo en la contratación y fue publicada en el BOE, junto con una corrección posterior. BOE-B-2010-13709 | Corrección 24/04/2010
La operación helicópteros: en 2012 la Xunta vendió sus dos helicópteros de salvamento (Pesca I y Pesca II) a la adjudicataria privada que ya operaba el servicio, por aproximadamente la mitad de lo que habían costado en 2005. El Consello de Contas criticó que la venta se hiciese sin estudio previo sobre su repercusión en futuros contratos. [ElDiario.es 09/06/2017 | ElDiario.es 13/07/2017]
Cuando venció el periodo de cobertura, la Xunta tuvo que licitar de nuevo el servicio y el primer concurso quedó desierto; el Gobierno gallego lanzó luego una consulta al mercado para conocer el coste real tras la venta. [Concurso desierto 2017 | Consulta al mercado 12/06/2017]
En 2017, la Fiscalía denunció un 'grave quebranto' de los principios de igualdad, publicidad y legalidad en la contratación de helicópteros, por un encargo sin expediente a la empresa adjudicataria en el verano de 2012. La investigación judicial alcanzó a responsables de Medio Rural, e incluyó a Vidal-Pardo, el entonces secretario xeral técnico. [20minutos 09/11/2017 | Europa Press 09/11/2017]
El Consello de Contas jugó un papel clave en la fiscalización de las adjudicaciones a Inaer; su crítica a la operación y a los procedimientos alimentó la investigación penal posterior. Fue el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago a instancias de la Fiscalía, y abierta la causa a raíz de una denuncia que presentó en 2012 la CIG por la adjudicación a dedo por 6,6 millones del servicio de transporte aéreo en helicópteros antiincendios a la empresa Inaer-Babcock España, ahora Avincis, responsable de la mayoría de las aeronaves de salvamento marítimo, guardacostas o emergencias de la Xunta. Entonces, el Ejecutivo alegó que la cercanía de la época de incendios le impedía convocar un concurso público o pedir otras ofertas, por lo que se lo encargó directamente a Inaer a través de una encomienda de gestión.
Del gobierno autonómico al corazón del poder judicial
Tras su salida de la Xunta, Vidal-Pardo no desapareció del mapa. En 2020 ingresó en el CGPJ como letrado, y en 2024 fue adscrito a una jefatura de la Inspección Fiscal, área encargada de revisar recursos y quejas disciplinarias contra jueces y magistrados. Dicho en claro: la misma persona que gestionó contratos polémicos y fue investigada por la Fiscalía en Galicia hoy tiene capacidad para informar sobre la conducta de jueces y orientar decisiones disciplinarias en el órgano de gobierno judicial.
“Adscribir orgánicamente a Francisco José Vidal-Pardo Pardo, letrado del Consejo General del Poder Judicial, a una Jefatura de Sección en la Secretaría General, quien continuará desempeñando sus funciones en la Sección de Recursos del Gabinete Técnico”. [CGPJ – Acuerdos 15/02/2024]
El caso muestra una arquitectura de privatizaciones y atajos administrativos con impacto millonario, y una continuidad de poder que conecta la gestión de contratos sensibles con posiciones de influencia en la justicia.
A todo esto se suma que Cayetana Lado Castro-Rial, casada con Vidal-Pardo, fue directora de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta. Desde ese puesto, su oficina elaboró en 2009 un informe que declaró ilegales aspectos del Decreto eólico 242/2007, permitiendo a Feijóo tumbar el concurso eólico del bipartito y rediseñar la política energética gallega.
En julio de 2009, la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, emitió un informe sobre el Decreto eólico 242/2007. Dicho informe señalaba 'vicios de ilegalidad' y calificaba de 'nulidad de pleno derecho' la participación de sociedades públicas, Sogama, Xestur, Xacobeo, en los consorcios empresariales del concurso eólico.
Ese informe sirvió de base para que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo anulara el concurso eólico heredado del bipartito en agosto de 2009 y anunciara la elaboración de un nuevo marco normativo. La Xunta paralizaba el proceso apoyándose en la Asesoría Xurídica que dirigía la pareja de Vidal-Pardo, que ocupaba el cargo de secretario xeral de la Consellería do Mar.
Ese informe proporcionó cobertura legal a Feijóo para anular el concurso del bipartito. Invalidó la participación de empresas públicas, favoreciendo un nuevo marco más alineado con la privatización, pero al mismo tiempo, generó inseguridad jurídica. Supuso pérdidas de inversión y aumento de litigios con empresas adjudicatarias. Galicia perdió competitividad en la transición energética frente a otras comunidades.
En 2012, una nueva sentencia del TSXG "demuestra que suspender el concurso eólico en 2009 fue ilegal"
El informe fue beneficioso para el gobierno de Feijóo en términos políticos, pero muy perjudicial para la Xunta como institución en su papel de promotora de un desarrollo eólico estable y seguro.
La apariencia de imparcialidad
Legalmente, no hay traba alguna: Vidal-Pardo superó su oposición a letrado del CGPJ y tiene derecho a ocupar esa plaza. Pero el problema es otro: la apariencia de imparcialidad. Cuando alguien que fue alto cargo de confianza de un presidente autonómico del PP, que ahora es el jefe de la oposición en España, pasa a controlar expedientes disciplinarios en el CGPJ, la frontera entre justicia y política se difumina.
La confianza en la justicia es uno de los pilares de la democracia. Que los ciudadanos crean que los jueces son controlados por quienes ayer firmaban contratos sospechosos desde un despacho político es una erosión lenta pero constante del Estado de derecho. El archivo judicial de la causa de los helicópteros evitó responsabilidades penales, pero queda constancia de que se realizaron de manera ilegal.
La trayectoria de Vidal-Pardo es un espejo incómodo: muestra cómo el PP de Feijóo tiene vínculos con el órgano de control de la justicia, que debería ser garantía de independencia.
________________________________
Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'
