La CNMC recuerda a los medios que tienen que revelar ya su propiedad y la publicidad que reciben

No hace falta esperar a que la ley, cuyo trámite está pendiente en las Cortes, culmine su paso por el Congreso y el Senado y llegue al Boletín Oficial del Estado. Los medios, todos los medios, están obligados desde hace meses a hacer público quiénes son sus dueños y a revelar cuánto dinero reciben de las administraciones públicas.

Carlos Aguilar, consejero de la CNMC y presidente de turno del Media Board, el comité que reúne a los reguladores de medios de los 27 países de la Unión Europea, no pudo ser más claro este miércoles: “Las obligaciones están vigentes a día de hoy”. No derivan “de la existencia de un registro” que todavía no se ha puesto en marcha, sino del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Una norma destinada, explicó, “a realizar un ejercicio de transparencia para el sector, por el bien del sector y por el bien de aquellos que consumen sus contenidos”.

Este “ejercicio de explicitación de la propiedad y del dinero recibido tanto de las autoridades, por publicidad institucional, como por publicidad proveniente de empresas de terceros países”, recordó Aguilar en un desayuno informativo en Madrid, “es común para todo el mundo”. Y va “aún más lejos”, subrayó: los medios “deben, además, detallar cómo garantizan que están ejerciendo de manera libre e independiente su libertad editorial y deben aclarar hasta qué punto pueden tener conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones”. Dos cosas a las que también obliga la EMFA y que nadie está cumpliendo (infoLibre hizo público el pasado agosto quiénes son sus propietarios y la publicidad que recibe).

Lo que mandata la EMFA es establecer medidas de “transparencia en la propiedad hasta sus últimas consecuencias”. “Si ustedes leen” el reglamento, invitó el consejero de la CNMC, “verán que hace referencia al reglamento de blanqueo de capitales”, lo que significa que la obligación de los medios es hacer “identificable de quién es la propiedad al final”.

De ahí que no baste con hacer público el nombre de la empresa que posee el medio. Identificar a las personas físicas que, en última instancia, deciden “es un ejercicio básico de transparencia para la ciudadanía y para la competencia efectiva entre los medios”.

El presidente del Media Board destacó también la importancia de dar transparencia a la distribución “por criterios objetivos” de toda la publicidad institucional, no solo la que pagan las administraciones, sino la constelación de empresas y sociedades públicas que dependen de ellas.

En su intervención, y a diferencia del criterio del Gobierno, que no quiere regular nada al respecto, Aguilar aludió también a la necesidad de reforzar la transparencia de la medición de las audiencias, tanto para los medios como para los anunciantes, un “elemento clave e imprescindible” para su supervivencia económica, porque “la dependencia de la medición de audiencia es absoluta a la hora de determinar el propio alcance y a la hora de recibir ingresos por publicidad”.

Medición de audiencias

Hacen falta, destacó, “normas sobre la medición de audiencia que permitan a los medios y a los anunciantes recibir la información que necesitan de una manera que sea homogénea”.

Aguilar enumeró otras tareas que la CNMC tendrá que asumir cuando la ley entre en vigor. Como, por ejemplo, hacer “una evaluación en términos de afectación al pluralismo y a la independencia editorial cuando hay una concentración de medios”. “Sabemos todos perfectamente”, señaló, “que la reducción de determinados medios, aunque sea parcial en términos económicos, puede suponer una gran pérdida para el pluralismo en una sociedad o en un país”.

También en materia de medios públicos: hay que garantizar “que sus órganos se eligen y se mantienen bajo criterios objetivos”, algo que es también “de obligado cumplimiento”. “La existencia de estos medios públicos es una base indiscutible de las sociedades democráticas”.

La EMFA, destacó tamibén, abre también la puerta a que las grandes plataformas sean consideradas medios si ejercen “responsabilidad editorial”. Es decir, si deciden sobre los contenidos, si se muestran o se ocultan , si se ven antes o después.

Aguilar aprovechó también para recordar que, si la CNMC no recibe una dotación de medios suficiente para asumir sus nuevas tareas, cumplir con su cometido será “prácticamente imposible”.

El consejero de la CNMC recordó que la EMFA, en realidad, lejos de ser una amenaza para la libertad de los medios, como trata de presentarla la derecha española —tanto el PP como Vox—, es una demanda del propio sector, porque “el ejercicio de la profesión del periodismo y la subsistencia de los medios que viven directamente de él están en peligro”. En parte porque las legislaciones de los diferentes países de la UE no son uniformes y a veces porque “no se garantizan determinadas libertades en el ejercicio de la profesión”. “No hay absolutamente ninguna línea, ni una sola palabra en el reglamento que permita a ninguna autoridad o a ningún Gobierno censurar, modificar o eliminar contenidos”, proclamó.

Los ciudadanos viven “en un entorno de un constante ruido en el que es muy difícil separar lo que es la información veraz de lo que son meros ejercicios de desinformación”. De ahí la necesidad de garantizar que tengan “acceso a información veraz y fiable, porque sin ella no existe la toma de decisiones informadas”.

Riesgo conjurado

Aguilar convino que el reglamento europeo de medios conlleva “un factor de riesgo”. “Regular los medios de comunicación siempre está bajo la sospecha de poder caer en la tentación de que aquel que lo está regulando ejerza una presión indebida sobre los medios”, admitió.

Pero es un riesgo conjurado, concluyó. Porque su aplicación y supervisión dependan del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board que él mismo preside). Una institución, resumió, que tiene el objetivo final de convertirse en un organismo de confianza en la orientación de la normativa para salvaguardar la libertad de expresión, garantizar el pluralismo y la independencia editorial, combatir los contenidos ilegales, promover la alfabetización mediática y apoyar la sostenibilidad económica del sector.

Se trata de dar a los ciudadanos acceso a “información fidedigna que les permita escapar de los medios que pueden ser desinformativos”. “Si no existe un sistema plural, el ciudadano tendrá más la tentación de seguir aquello que se le introduce directamente a través de algoritmos, a través de las plataformas”.

Otra de las aportaciones del reglamento europeo, destacó durante su intervención, es que, por primera vez, las grandes plataformas de distribución (X, Facebook, Instagram…) no podrán eliminar contenidos suministrados por medios de comunicación, siempre y cuando —explicó— esos medios declaren ante la plataforma en cuestión que lo son y que “cumplen una serie de criterios, ya sea porque están establecidos normativamente en su país o porque están adheridos a una serie de códigos de auto y corregulación que garantizan el ejercicio de su libertad editorial”. Indicando, además, “quién supervisa que realmente lo está haciendo”.

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La consecuencia de eso, explicó, es que, al final, “en España el que determine si un medio de comunicación está o no cumpliendo con su responsabilidad editorial es el gestor de código de autorregulación al que él se dice adscrito”. El supervisor, explicó, no tiene capacidad “de dar carnés de periodista. Es la propia profesión, en este caso, la que rige cuáles son las normas que hacen de un medio de comunicación un medio de comunicación”.

Lo que no aclaró Aguilar es quién será ese “gestor” del código de autorregulación. ¿La patronal del sector? ¿Las organizaciones privadas de profesionales de la comunicación? ¿Los colegios de periodistas?

Sobre el apocalipsis de las búsquedas en internet, que es como se conoce a la sustitución de los buscadores tradicionales por otros gestionados mediante inteligencia artificial, lo que está hundiendo las visitas —y los ingresos— de los medios, Aguilar se mostró partidario de “una regulación”, de manera que los nuevos buscadores paguen a quienes han creado esos contenidos. “Hemos de garantizar normativamente que repercuta económicamente en aquellos que realicen el trabajo que está siendo utilizado”.