Los 'casos' Salazar y del expresidente de la SEPI impactan en las candidaturas de Alegría y Montero

El Gobierno termina el año envuelto en duras polémicas que ahondan en su desgaste. El caso Salazar ha supuesto todo un terremoto interno dentro del partido y un quebradero de cabeza ante sus votantes, mientras que la detención del expresidente de la SEPI y de la exmilitante Leire Díaz ha provocado otro movimiento tectónico para los socialistas.

Y estos escándalos llegan justo en un momento en clave electoral, con el arranque del ciclo este próximo 21 de diciembre en Extremadura. Pero sus reverberaciones se sienten ya en otras citas: Aragón está a punto de ir a las urnas, como planea el presidente autonómico, Jorge Azcón, y Andalucía mira también a las papeletas (como muy tarde tiene que convocar Juanma Moreno para el mes de junio).

Estas dos comunidades son clave para los dos grandes partidos. Y, además, por parte del PSOE tendrán como cabeza de cartel a dos de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez y apuestas del propio presidente: María Jesús Montero (vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general socialista) y Pilar Alegría (titular de Educación y portavoz).

Elecciones a la vista en Aragón

En los círculos políticos aragoneses ya se da por descontado que Azcón, en mitad de infructuosas conversaciones para sacar los presupuestos, llamará a las urnas la próxima semana con la vista puesta en febrero. Esto hará que Pilar Alegría, que cogió las riendas oficialmente del PSOE autonómico en el congreso del pasado mes de marzo, salte al ruedo regional.

Dejaría por tanto en breve vacante su puesto en el Gobierno. El presidente señaló en una conversación informal con periodistas durante el pasado Día de la Constitución que sólo prevé cambios quirúrgicos en el Ejecutivo por la marcha de Alegría y la futura salida de Montero para competir por la Junta de Andalucía, poniendo sobre la mesa que le gustan sus ministros y que no pretende hacer una gran remodelación.

Pero Alegría tendrá que ir a la batalla electoral aragonesa en el momento en el que ha cometido su mayor tropiezo político desde que llegó al Gobierno en el verano de 2021: su fotografía comiendo con Paco Salazar en un restaurante del centro de Madrid meses después de su cese por presunto acoso sexual. La líder de los socialistas aragoneses admitió el pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ese encuentro "personal" fue un “error” y que siente “dolor, indignación y traición” tras conocer las conductas denunciadas recientemente del antiguo secretario general de Coordinación Institucional en La Moncloa.

La postura de Alegría respecto a Salazar ha generado muchos recelos internos dentro del propio PSOE. Cuando se conoció la noticia de las denuncias y minutos antes del importante Comité Federal de julio que remodeló la cúpula del partido tras la irrupción del caso Cerdán, la titular de Educación defendió la honestidad del exdirigente andaluz. Más tarde se sabría que Salazar renunciaba a ocupar un cargo en la dirección y la ministra salió de nuevo ante los medios a matizar sus palabras.

El "error" de Alegría

A principios del mes de noviembre se reveló una fotografía de Alegría comiendo en un restaurante con Salazar, que había dimitido en julio de su cargo en el Palacio de La Moncloa. Posteriormente se revelaría que Ferraz no había llamado desde julio a las mujeres que denunciaron y que se había cortocircuitado la investigación al haber salido del partido el antiguo asesor de Sánchez. Además, se conoció luego el contenido de una de esas denuncias, que recogía cómo Salazar se tocaba la bragueta y hacía gestos simulando felaciones ante algunas de sus compañeras. Tras esa información, la ministra de Educación dijo que eran comportamientos “vomitivos” y el martes asumió que esa comida fue un “error”, mostrando todo su respaldo a las víctimas.

El PP de Aragón en estos días de runrún electoral se ha lanzado de lleno contra la portavoz del Gobierno utilizando el caso Salazar para acusarla de encubridora: “Amigos desde siempre, amigos para siempre. Ahora se va entendiendo la falta de explicaciones”. La titular de Educación se reunió con Azcón este jueves dentro de la ronda de contactos sobre los presupuestos autonómicos y luego el popular aireó en redes el caso: “Pilar Alegría se niega a revelar de qué habló con Salazar. Dos veces se ha negado a responder a la pregunta de los periodistas. ¿Qué es lo que está escondiendo que no se puede decir?”. Los populares también están utilizando este caso para desgastar a otras figuras socialistas como Pilar Bernabé, delegada de la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad del partido.

Asimismo, el presidente de Aragón aprovechó las investigaciones de la UCO sobre una supuesta trama de amaños de contratos públicos y el registro de la empresa Forestalia para cargar contra los socialistas este jueves: “La Guardia Civil está entrando, ahora mismo, en empresas de Aragón relacionadas directamente con el Partido Socialista. A esto es, exactamente, a lo que nos referimos cuando decimos que el PSOE no es de fiar”.

Un nuevo frente para Montero

En el marco de la operación que está llevando a cabo la UCO se detuvo este miércoles al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que ocupó el cargo en 2018 con la llegada del PSOE a Moncloa tras la moción de censura y bajo las órdenes de Montero como titular de Hacienda. Estuvo en ese puesto un año y medio hasta que lo dejó cuando fue imputado por el caso de la mina de Aznalcóllar.

Esto ha hecho que el Partido Popular haya puesto sus ojos en él para desgastar a la vicepresidenta primera del Gobierno y futura candidata a la Junta de Andalucía. El PP se ha zambullido en tromba contra la ‘número dos’ de los socialistas bajo la premisa: “María Jesús Montero en el centro de todo”.

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Montero trató este jueves de frenar cualquier tipo de vinculación con el caso de Fernández, que trabajó con Servinabar, la empresa en el punto de mira de la trama Cerdán, tras salir de la SEPI. "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", explicó a los periodistas la responsable de Hacienda.

La vicepresidenta afirmó que no ha tenido "ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos". Además, justificó su nombramiento entonces por su “perfil profesional”, ya que había sido interventor general de la Junta y miembro del Cuerpo autonómico de Letrados.

La situación de Fernández supone un nuevo quebradero de cabeza para Montero en la ya complicada campaña que tiene por delante en Andalucía, donde las encuestas siguen poniendo en primer lugar al PP, aunque ya sin mayoría absoluta por el crecimiento de Vox y por el escándalo de gestión sanitaria de los cribados del cáncer de mama.