Cruce de acusaciones y una maraña judicial a la espera de la Audiencia: fotografía fija del 'caso residencias'

La batalla judicial por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia avanza. Lo hace con lentitud, sí. Y sorteando obstáculos de forma permanente. Pero con el empuje incansable de las víctimas. Seis años después de que el coronavirus segara la vida de 7.291 ancianos en estos centros, este lunes se ha sentado por vez primera ante un juez como investigado Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los llamados Protocolos de la Vergüenza, que impidieron el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias. Un nuevo hito dentro de una maraña judicial marcada por el cruce de acusaciones que se mantiene a la espera de un pronunciamiento clave de la Audiencia de Madrid.

En octubre de 2024, tras varios portazos judiciales, las víctimas cambiaron de estrategia. Por un lado, aparcaron el homicidio o la omisión de socorro, que exigía demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –todo un reto probatorio–, para centrar la ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal. Y, por otro, decidieron apuntar, en lugar de contra los jefes, contra niveles más bajos del organigrama. Así, la macrodenuncia que interpusieron en Fiscalía, que luego derivó en diferentes procedimientos, señalaba, entre otros, a Mur, Javier Martínez Peromingo –su sucesor en el cargo– o Pablo Busca, entonces director del Summa 112.

Este trío ha sido citado a declarar como investigado en más de media decena de juzgados de la región. Pero, por el momento, solo Peromingo y Mur han dado explicaciones en sede judicial. Y la declaración de este último, que ha hecho por videoconferencia desde Andorra, ha costado que se produjera. En diciembre, por ejemplo, dejó vacía la silla del Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid y del Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba porque no le había sido notificada la citación. Una declaración a la que tampoco asistió Busca. Solo Peromingo acudió a la llamada. Y lo hizo para intentar suavizar su responsabilidad alrededor de los protocolos.

En sus dos comparecencias, el entonces geriatra de referencia en el Hospital Rey Juan Carlos aseveró que muchas residencias no se medicalizaron y apuntó hacia Mur en relación a los protocolos. Según fuentes jurídicas presentes en las mismas, vino a decir que los protocolos que establecieron ese triaje en la primera ola de la pandemia, desvelados por infoLibre, eran discriminatorios. Y que trasladó por escrito al entonces director general de Coordinación Sociosanitaria su oposición a los mismos. Unos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba reclamó a comienzos de diciembre y que las acusaciones siguen esperando.

Esto último podría haberse contrastado este lunes durante la declaración de Mur como investigado en el Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid, procedimiento que se centra en el fallecimiento de un residente en el centro Amavir Valdebernardo. Pero ni jueza ni Fiscalía, únicas que han podido interrogarle –además del abogado defensor–, han preguntado al respecto, según aseguraban desde la acusación. La comparecencia duró algo menos de una hora. Y en ella, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria volvió a meter a Peromingo en esa ecuación de la que había intentado salirse. Así, aseguró que los protocolos fueron redactados por él y otros 22 geriatras. Y redujo su participación en los mismos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío.

A la espera del exdirector del Summa

Un cruce de acusaciones en el que también han aflorado otros nombres. Así, siempre según fuentes de la acusación, Mur ha asegurado que hizo llegar los protocolos a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y hoy consejera de Familia en el Gobierno de Díaz Ayuso. O que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por otro lado, ha situado a Busca en el proceso de elaboración de los protocolos. Así, ha detallado que se tuvo en cuenta su opinión en relación a cómo debía realizarse el traslado en las ambulancias. Y ha afirmado que se le advirtió de que la derivación por parte del Summa se tenía que producir cuando hubiera consenso entre el médico de una residencia y el geriatra de enlace.

Los letrados de este procedimiento, el que se sigue en relación al fallecimiento de Ángel Armengol sin ser derivado al Hospital Gregorio Marañón, ponen la vista ahora en la futura declaración de tres doctoras de la Amavir Valdebernardo –debían haber comparecido este lunes, pero su testifical se aplazó al 23 de abril al alegar el abogado de Mur que no tenían constancia de las mismas–. Y, sobre todo, en una futura comparecencia como investigado del exdirector del Summa 112, donde se podrán corroborar los extremos expuestos por el ex director general de Coordinación Sociosanitaria en su comparecencia como investigado.

¿Casos dispersos o macrocausa?

Las familias, del mismo modo, tampoco quitan el ojo de encima a la Audiencia de Madrid. Al fin y al cabo, de lo que diga este órgano depende que el caso residencias siga diseminado por media comunidad autónoma o se aglutine en una misma macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorber todas las denuncias.

Peromingo, al igual que las víctimas, es partidario de acabar con la dispersión. No así Mur, que aboga por una investigación judicial caso a caso. De hecho, en la declaración de este lunes su abogado ha insistido una y otra vez en que las preguntas se ciñan al caso concreto. Un embrollo competencial que deberá despejar próximamente la Audiencia de Madrid. "Seguimos esperando la resolución", explicaban a la salida del juzgado Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, abogados de la acusación. "Pero cada vez cobra más sentido que se haga esa macrocausa. Porque para hablar del caso concreto hay que hablar del caso general: quién ordenó esos protocolos, por qué se aplicaron y quién los ejecutó", sentenció Jacinto.