Ayuso afronta su mayor crisis interna tras las dimisiones en Móstoles y el desafío de 'los Pocholos'

Un mes después de que se hiciera pública la denuncia de una concejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, el popular Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral —que presuntamente el Partido Popular de Madrid encubrió y Génova ignoró— el regidor del PP sigue en su puesto gracias al apoyo expreso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las únicas dimisiones las han protagonizado quienes dieron amparo a la víctima: el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Gallego, y la coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Consistorio, Victoria Moyano.

Gallego hizo pública este lunes su renuncia en una carta en la que evitó detallar las razones de su marcha, pero reivindicó que cada decisión que ha adoptado ha estado "guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo". El hasta ahora concejal del PP había dado credibilidad al testimonio de la exedil y, según fuentes conocedoras de la situación, había sido víctima de presiones internas desde entonces. Hace dos semanas la citada Victoria Moyano, alto cargo del Ayuntamiento, también renunció por "un deber de compromiso con la veracidad" y "coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público".

La marcha de Gallego se produce después de que la pasada semana su pareja, Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, fuera destituida de su cargo de portavoz. Un movimiento que fuentes del PP madrileño atribuyen a su relación con Gallego, aunque el equipo de la presidenta madrileña lo niega. El edil del PP asegura marcharse "con la satisfacción de haber defendido sus convicciones" y "con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad".

A esa lista hay que añadir la propia denunciante, que dejó su acta y solicitó la baja en el partido el 3 de octubre de 2024, al sentirse desamparada por su propio partido ante la falta de respuesta a sus denuncias. "Me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", escribió, después de haber enviado seis escritos a la dirección de su partido, incluido uno de 20 folios, relatando su calvario al comité de Garantías del PP nacional —que nunca la recibió en persona para dirimir la denuncia—.

El caso, según el relato que ofreció la mujer al PP, comenzó con proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte del alcalde y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación entre ambos. Una situación que después derivó en un acoso laboral por la negativa de ella, lo que llevó a Bautista a apartarla de sus funciones como concejala. Tras siete meses de denuncias internas, acabó entregando el acta y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010.

De la marcha de 'los Pocholos' al ascenso de 'los Pancetas'

En paralelo a este caso, este último mes se han producido más dimisiones en el PP madrileño, la de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como "los Pocholos". Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su 'gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había 'formado' en su compañía de teatro. Esta circunstancia, sin embargo, no era del agrado de la vieja guardia del PP de Madrid, que siempre ha defendido que hay que apostar por "gente del partido" porque "son más leales".

Su dimisión se produjo como respuesta al cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta madrileña el día anterior, lo que también provocó la marcha del citado Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño y hasta hace pocas semanas dirigía el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Algarra atribuyó la campaña en su contra al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que este martes ha sufrido un golpe en los tribunales después de que la Audiencia de Madrid haya ordenado reabrir la investigación sobre él por difundir datos de dos periodistas.

La marcha de 'Los Pocholos' provocó la remodelación del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid que, a su vez, ha reforzado a otro núcleo duro, apodado 'Los Pancetas'. Este grupo está dirigido por el portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, el claro ganador de la crisis interna frente al número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, al que no pocos reprochan la falta de diligencia en el caso del acoso sexual de Móstoles. Así, los diputados diputados afines a Díaz-Pache como Ainhoa García, Isabel Vega y Ester Platero entran en la dirección del grupo parlamentario junto a Ana Millán, número tres del PP de Madrid e implicada también en la denuncia de Móstoles, y a otro grupo de diputados que rondan al portavoz, Andrés Navarro y Lorenzo Pérez.

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Todos estos elementos sitúan a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante la mayor crisis de la legislatura, pese a gozar de una cómoda mayoría absoluta. El próximo jueves 5 de marzo comparecerá en la Asamblea a petición propia por el polémico cese del consejero de Educación, el citado Emilio Viciana. La versión oficial es que la baronesa del PP lo cesó por su incapacidad de consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que la baronesa del PP quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana.

Sin embargo, desde la oposición creen que su marcha tiene que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos. Para sortear las adjudicaciones, se troceaban las partidas en contratos pequeños. Un caso que podría llegar hasta Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea y a Rocío Albert López-Ibor, consejera de Hacienda.

Ayuso, por lo pronto, ha tratado de zanjar este martes una de las carpetas de Viciana y ha alcanzado un acuerdo con los seis rectores de las universidades públicas de Madrid para poner en marcha un plan de financiación plurianual en los centros públicos. En estos meses las universidades han denunciado su infrafinanciación, lo que les dificultaba mantener los campus y hasta pagar las nóminas de los funcionarios. El pacto contempla un aumento de los fondos de más de un 40% en la parte que aporta la Comunidad de Madrid, al final del ciclo 2026-2031 y también de los controles económicos a las universidades.