Trasladar menores sin ceder su tutela: el modelo de Canarias que el Gobierno quiere aplicar ahora

Ceuta afronta una emergencia de protección de menores tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. La Policía Nacional ya ha identificado 2.168 menores no acompañados, mientras las organizaciones que trabajan sobre el terreno sitúan la cifra en unos 3.000. La ciudad está teniendo que habilitar todo tipo de espacios para poder atenderlos y, a la espera de que comience el proceso de reubicación, el Gobierno ha abierto una nueva vía con la que pretende “agilizar” todo el proceso. 

Este mismo miércoles, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado un plan para trasladar de forma urgente a la Península a 500 niñas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, una cifra que, según indican, podría crecer en los próximos días. 

La vía es distinta al mecanismo de acogida previsto en el Real Decreto 2/2025. En aquel sistema, el traslado del menor a otra comunidad autónoma implica también que esta asuma su tutela. En este caso, según explican fuentes de la cartera que dirige Sira Rego a infoLibre, “las comunidades autónomas no intervienen en el traslado”, ya que la tutela seguiría correspondiendo a Ceuta y serían entidades especializadas en infancia las encargadas de atender a las menores en los recursos que se habiliten en la Península.

Se trata de una fórmula que ya se ha utilizado con anterioridad, según indican desde el ministerio. El caso más reciente es el de Canarias entre 2025 y 2026, aunque entonces estaba vinculado a la protección internacional y solo afectaba a menores solicitantes de asilo, una circunstancia que no se da ahora en Ceuta.

Un precedente más similar se produjo en Canarias en 2006, cuando una llegada masiva de menores desbordó los recursos del archipiélago. Ante esta situación, el Gobierno central y el autonómico pusieron en marcha un programa para trasladar a 500 menores. Como las plazas ofrecidas por las comunidades resultaron insuficientes, tuvieron que recurrir a diferentes asociaciones. En julio de 2007, el Real Decreto 868/2007 destinó 2,1 millones de euros al Colectivo La Calle para atender a 80 menores y a la Fundación Armenteros para otros 13. En el caso actual, el Gobierno todavía no han querido concretar ninguna cantidad de dinero “hasta que no haya algo completamente cerrado”.

A partir de 2008, Canarias mantuvo esta vía de una forma más continuada. El Gobierno autonómico empezó a contratar directamente a entidades sin ánimo de lucro de otras comunidades para trasladar allí a menores cuya tutela seguía correspondiendo al Ejecutivo canario. 

En mayo de ese año fueron trasladados 127 menores a diferentes centros de la Península bajo tutela canaria y otros 190 en junio de 2009. En 2011 todavía había 137 menores acogidos mediante este mecanismo. Durante los años siguientes, el número de casos fue disminuyendo hasta 2025-2026, cuando se trasladó a los 410 menores solicitantes de asilo.

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En cuanto a Ceuta, el propio Gobierno de la ciudad autónoma ha confirmado que ha recurrido a esta fórmula en casos aislados, por ejemplo, cuando un menor necesitaba un tratamiento o un recurso especializado que no existía en la ciudad. Esta sería, sin embargo, la primera vez que se aplica de forma masiva.

No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la ciudad autónoma mantiene contacto permanente con el Ministerio de Juventud e Infancia y que el secretario de Estado se encontraba en Ceuta, pero afirmó no haber recibido ninguna petición formal sobre el traslado de 500 niñas y adolescentes a la península, por lo que, según sus palabras, “no hemos podido decir que no porque no se nos ha planteado”.

Frente a esta versión, el ministerio ha salido al paso para desmentir al presidente ceutí, asegurando que sí le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a la ciudad, y lamentando que Vivas sostenga que “no tiene constancia” del plan.