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CONFLICTO LABORAL

Coca-Cola reclama 8.000 euros a cada uno de los trabajadores readmitidos en el centro logístico de Fuenlabrada

CCOO acusa a Coca-Cola de dilatar el proceso en la Audiencia Nacional presentando 4.000 folios de documentación

Coca-Cola y sus trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) volvieron a verse las caras ayer en la Audiencia Nacional, en un nuevo capítulo de un conflicto laboral que no termina de pacificarse. En una vista aplazada dos veces desde la fecha inicialmente fijada, el pasado 24 de mayo, la embotelladora del refresco en España ha solicitado al tribunal que le permita recortar los salarios de los trabajadores readmitidos en sus instalaciones de Fuenlabrada, reduciendo su jornada y eliminando algunos de los pluses establecidos en el convenio colectivo, según explica el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Asenjo.

También reclama a la plantilla que le pague 1,37 millones de euros, a razón de unos 8.000 euros por persona. Cuando los 172 trabajadores que volvieron al centro de Fuenlabrada a partir de septiembre de 2015 tuvieron que devolver las indemnizaciones cobradas tras su despido, así como las prestaciones de desempleo percibidas durante el tiempo que duró el litigio judicial, los afectados descontaron los 4.133 euros que el convenio colectivo fija como compensación si se les traslada de un área de producción a otra logística. Tampoco reintegraron los aproximadamente 4.000 euros en intereses que la ley les concede por el cobro de los salarios de tramitación –los dejados de percibir entre el despido y la readmisión–. De esa cifra, Coca-Cola sólo ha pagado unos 70 euros por trabajador, asegura Juan Carlos Asenjo. Ahora, Coca-Cola les exige la suma de ambos conceptos.

“La empresa pide a la Audiencia Nacional una condena para los trabajadores”, protesta el presidente del comité. En la vista de este martes, el abogado de la plantilla, Enrique Lillo, de CCOO, ha conminado a la empresa a acudir a los juzgados de lo Social si discrepa de las condiciones en que se llevó a cabo la readmisión de los trabajadores. Éstas fueron establecidas por la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo confirmara en abril de 2015 la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la embotelladora española de Coca-Cola.

La vista de este martes se produce a instancias de la empresa que, en principio quería que la Audiencia Nacional se pronunciara sobre las “discrepancias” en materia de cálculo de intereses, pago de pluses y movilidad funcional de los trabajadores de Fuenlabrada. Sin embargo, el pasado día 10, añade Juan Carlos Asenjo, remitió un nuevo escrito al tribunal en el que pedía una “reorganización de los trabajadores”.

Un portavoz de la embotelladora replica que aún no sabe qué cantidad debería reintegrar la plantilla, a la espera de que la Audiencia Nacional dirima esas “discrepancias” sobre los intereses y los salarios de tramitación. También dice que la empresa retiró la reclamación de cantidades antes de que comenzara la vista. Y que en ella no pidió ninguna reorganización de los trabajadores. 

El comité de empresa lleva meses denunciando que Coca-Cola incumple el auto de la Audiencia Nacional que le autorizaba a convertir la fábrica de Fuenlabrada en un Centro de Organizaciones y Logísticas (COIL). Según anunció entonces la embotelladora, ese centro estaba destinado a ser “un proyecto pionero” y “vanguardista” que no sólo tendría que “dar soporte a la actividad” de la empresa, sino también “crear valor” y configurar una “singular plataforma de I+D” para Coca-Cola. Así, las nuevas instalaciones contarían con cinco áreas diferenciadas: logística, manipulación, almacén de recambios y gestión SAP-PM –un software de gestión empresarial– y servicios generales.

Casi sin actividad

Sin embargo, según el comité, la actividad en el centro es mínima. Se apoyan los representantes de los trabajadores en un informe de la Inspección de Trabajo, del pasado mes de abril, donde se constata que “carecen de actividad alguna” en el departamento de logística y manipulación, el almacén regulador, el servicio de alimentación moderna a la zona centro y el área de manipulación de producto acabado o picking.

El departamento de I+D+i, en el que sólo trabajan cuatro personas, se ha limitado hasta ahora a elaborar guías de formación de SAP para los empleados. “No hay previsiones de realizar a corto plazo investigación, ensayos o pruebas”, destaca el inspector en su informe, pese a que el proyecto de la empresa encomendaba a este departamento el “diseño de nuevos procedimientos y sistemas de almacén, la identificación de nuevas tecnologías, la coordinación y gestión de inversiones y la realización de pruebas técnicas”. También “captar subvenciones y establecer acuerdos con instituciones docentes, empresas y laboratorios”.

Finalmente, dice la Inspección, en el departamento de servicios generales la actividad es “escasa” y sólo en el área de almacén de recambios y de SAP se estaba en abril “comenzando a desarrollar la actividad prevista” en el proyecto de Coca-Cola.

El único departamento que “funciona con normalidad” es el de “clasificación y estocaje de vidrio retornable”. “Incluso absorbe mano de obra de otros departamentos”, revela el inspector, “pero los procedimientos son manuales” y no existen previsiones para tecnificar el proceso.

Pues bien, el comité denuncia que Coca-Cola quiere ahora eliminar el turno de noche, y convertir a 48 trabajadores en “operarios multifunción”. Éstos, además, se concentrarán en un departamento: el que se dedica a eliminar producto caducado y clasificar el vidrio retornable. También proponen reducir a la mitad el número de gestores de SAP y casi a una tercera parte los empleados en el almacén de recambios, que se supone iba a centralizar las compras de recambios para todas las plantas de producción de la embotelladora en España y Portugal.

A juicio de Juan Carlos Asenjo, esos cambios, además de los recortes de jornada y la subsiguiente rebaja salarial, suponen “el incumplimiento del convenio colectivo, del auto de la Audiencia Nacional y de la sentencia del Tribunal Supremo”. “Cada trabajador tiene una carta de readmisión con una ubicación y un salario por el auto y la sentencia”, destaca el presidente del comité, que la empresa quiere cambiar. “Es una estafa procesal”, resume, y así lo ha presentado el abogado de CCOO ante la Audiencia Nacional.

Un largo conflicto

Coca-Cola, añade Asenjo, ha presentado estas modificaciones como un asunto “independiente del ERE”, presentando Fuenlabrada “como un nuevo proyecto y un nuevo centro de trabajo”. El temor de la plantilla es que la empresa vacíe de contenido el centro y acabe cerrándolo como era su intención inicial cuando presentó el despido colectivo.

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Fue en enero de 2014 e incluía el despido de 750 trabajadores, la recolocación de otros 500 y el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Alicante, Palma de Mallorca y Asturias. Las plantillas se declararon en huelga y comenzaron una dura batalla, con movilizaciones en la calle y en las fábricas al tiempo que demandaban a la empresa en los tribunales. En junio de ese año la Audiencia Nacional anuló el ERE y condenó a Coca-Cola por sus prácticas de esquirolaje durante la huelga. La plantilla de Fuenlabrada rechazó el cierre de la factoría y se apostó a su entrada para impedir que fuera desmontada. Los trabajadores reclamaban su reapertura como centro de producción, pero la empresa se negó.

Finalmente, en abril de 2015, el Supremo confirmó la nulidad del ERE y ordenó la readmisión de los despedidos. Aun así, fue necesario un nuevo procedimiento de la Audiencia Nacional, que ya antes había instado a la embotelladora en repetidos autos, a cumplir la sentencia, para que finalmente Coca-Cola anunciara la reapertura de Fuenlabrada. Eso sí, como centro logístico y no como fábrica. Desde entonces, las denuncias del comité sobre los incumplimientos de la embotelladora, también respecto a sus compromisos sobre el proyecto logístico y de I+D, han sido constantes. La Audiencia Nacional volverá a pronunciarse sobre el conflicto en menos de un mes.

Coca-Cola European Partners, la embotelladora europa en la que se ha integrado la empresa española, ha anunciado que prevé un aumento del 5% de su beneficio operativo este año. La compañía, que debutó en Bolsa el pasado día 2, es el mayor embotellador mundial independiente de la multinacional de Atlanta.

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