¿Más seguridad jurídica o vuelta a la España del ladrillo? El 'no' a la Ley de Suelo une a Sumar y a Podemos

Luz verde. El Consejo de Ministros ha avalado el texto para la modificación de la Ley de Suelo, que se remitirá a las Cortes Generales para su debate y tramitación definitiva, con el fin de "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Se activa así el anteproyecto de ley por el que se cambiará el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que decayó en la anterior legislatura por la convocatoria de las elecciones generales como ya había avanzado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Tras la reunión ministerial, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido que el objetivo de la modificación es “claro”: “Dar seguridad jurídica y dar respuesta a una solicitud trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y de numerosos ayuntamientos”.

Pero, de entrada, el paso dado por el Ejecutivo ha chocado contra un bloque que no lo aprueba. Desde el Ministerio de Vivienda indican que el ajuste dará "estabilidad, certeza y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de España, que se amolda a la sociedad del siglo XXI” y que esta reforma normativa “es importante para poder acometer las inversiones comprometidas” por el Ejecutivo “en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” ligado a los fondos europeos, dado que “los proyectos necesitan un marco urbanístico fiable y seguro que los haga posibles”.

Redundan en que están cumpliendo con una reclamación “reiterada” por parte de las comunidades, la FEMP y el sector y aseguran que nos acerca “a países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania”. Y resumen en tres los fines principales de la transformación normativa: sortear parones de años "del planeamiento territorial y urbanístico de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables”, cuando hay sentencias judiciales, por ejemplo; animar a que las autonomías “puedan llevar a cabo las reformas normativas necesarias para hacer que los instrumentos de planeamiento urbanístico sean una herramienta ágil y flexible para el desarrollo” de los municipios; y que “los ayuntamientos puedan afrontar los procesos de modificación y actualización de sus instrumentos de planeamiento urbanístico”.

"No" a la reforma desde la política

Pero esos multi propósitos no han convencido al socio del PSOE en el Gobierno, a Sumar, que “iniciará en el trámite parlamentario” el mismo debate que han llevado al Consejo de Ministros sin éxito, “cuando proceda”. Entienden que el texto “no responde adecuadamente” a la intención de “reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación urbanística” y que “la regulación de las nulidades y anulabilidades, y más en concreto el régimen de retroacción de algunos vicios formales, pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas”, por lo que “debería permanecer inalterado”.

No comparte tampoco Sumar “la necesidad de superar la acción pública en materia urbanística por el hecho de que siga sin modificarse desde 1956” y de que “en alguna ocasión se haya podido utilizar con fines espurios”. De hecho, creen que ésta a menudo ha servido para paralizar “planes sobredimensionados y de gran impacto social y medioambiental, que desatendían la protección del litoral, del dominio público hidráulico o de los espacios protegidos al omitir o ignorar informes sectoriales”. En ese sentido, abogan por mantener en los actuales términos el acceso a la acción pública y no limitar la posibilidad de la ciudadanía “de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales”. “Lo mismo puede decirse del establecimiento de plazos para la impugnación indirecta de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, cierran las fuentes consultadas.

Desde Podemos, por su parte, han avanzado ya que se opondrán en el Congreso a la reforma, al considerarla similar a la que intentó aprobar el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018. Su secretaria de Acción Institucional, María Teresa Pérez, ha declarado que “es una reivindicación del sector inmobiliario” para volver a "la cultura del pelotazo" y para que los "fondos buitre" puedan "especular sin límites”.

Incluso desde el PP, su portavoz en la Cámara baja, Miguel Tellado, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no vayan a buscarlos, si le fallan sus socios para alterar la ley del suelo, pese a que su contenido pueda haber sido demandado por las comunidades que gobiernan. 

Madrid Nuevo Norte: 11.000 viviendas y 22 rascacielos

Al margen de la arena política, una organización ha sido muy crítica con la pretensión del Gobierno: Ecologistas en Acción. Comparte con Sumar cuestiones como que se pretende poner freno a las sentencias que declaren nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad, así como recortar la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo salvaje. Pero hay otro punto que han querido poner de relieve: el “articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte”. María Ángeles Nieto, su portavoz del área de Urbanismo y Turismo, explica que ese proyecto, “lleva bastante tiempo paralizado por un problema en el Registro de la Propiedad”. Aporta sus coordenadas: “Se sitúa en el norte de Madrid, entre la estación de Chamartín y la M-40. Son 300 hectáreas, con una edificabilidad superior a los 2 millones de metros cuadrados, algo más de un millón para oficinas y otro para viviendas. Están previstos alrededor de 22 rascacielos, dos de ellos los que serán los más altos de Europa, y 11.000 viviendas. La trascendencia de la operación a nivel económico es brutal”, condensa. Todo comenzó, recuerda, “en los años 50. El Estado, la dictadura franquista, expropió a los propietarios suelos para construir un ferrocarril, que nunca se hizo y los terrenos acabaron pasando a Renfe y de ésta a ADIF, que en la operación firmó un convenio con el promotor Crea Madrid Nuevo Norte, formado por la entidad financiera BBVA, la constructora San José y la socimi Merlin Properties”. Nieto afirma que “cuando la administración expropia una propiedad privada para un fin público, en caso de que no se ejecute, el propietario tiene derecho a la reversión”, a que vuelva a él.

En ese contexto, el plan para Chamartín “administrativamente tiene vía libre, aunque hay algún recurso en el Supremo”, pero "en el Registro de la Propiedad sigue apareciendo el derecho de reversión de los titulares originales de los suelos y ADIF no puede transferir la propiedad a Crea Madrid”, desembrolla. “Y, casualmente –enlaza– en la modificación del Gobierno se introducen nuevos artículos en la ley de suelo que permiten la cancelación automática de la inscripción del derecho de reversión en el registro, en caso de que esos suelos no hayan pasado al dominio público y reviertan a titularidad privada. El texto está hecho a medida para este proyecto”, concluye.

Dicen haber tenido acceso al contenido del anteproyecto al que se oponen “por completo”. “No hay por donde cogerlo. Es un retroceso sin precedentes tanto a nivel urbanístico como de derechos ciudadanos”, proclama. Temen que se busque “cambiar la naturaleza del planeamiento urbanístico, que ahora es similar a un reglamento y, si se produce una ilegalidad, tanto en su tramitación como en su contenido, debe anularse la totalidad”. 

A juicio de Nieto, “todo esto está pasando porque los ayuntamientos incumplen de forma sistemática el ordenamiento jurídico. Aprueban crecimientos desorbitados, reclasifican suelos… y no por las necesidades del municipio, sino por intereses económicos”. “El urbanismo en España es el principal negocio, además del turismo, y esta ley lo blindará, a espaldas del fin social que debe tener el urbanismo”, señala, para añadir que “el sector inmobiliario lleva pidiendo estas modificaciones desde 2018”.

Para Ecologistas, lo que crea inseguridad jurídica no es la “anulación del planeamiento”, sino que administraciones locales y autonómicas “aprueben a sabiendas un planeamiento ilegal”. “En este país, la justicia no destaca por su espíritu de sostenibilidad o conservacionista hacia el territorio, para que un juzgado anule una actuación urbanística tiene que estar súper demostrada la ilegalidad”, desliza. Y remata: “La nueva norma está restando importancia a actuaciones e informes que son relevantes, por eso están en el procedimiento, como los informes de género”.

La FEMP y los promotores, con el Ejecutivo

Por el contrario, del lado del Gobierno se ha posicionado la vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para quien se da respuesta a una petición "unánime" de la entidad al dar "mayor seguridad jurídica" a los ayuntamientos a la hora de tramitar sus planes urbanísticos, que por "meros defectos formales" quedan paralizados. En la misma línea, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ha valorado "positivamente" la modificación de la ley vía comunicado. Su presidente, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha planteado, que si se quiere “hacer frente a la falta de oferta de vivienda” y a “las dificultades de accesibilidad” se necesita “desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica". Según los datos que maneja APCEspaña, hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.

Alegría manifestó tras el Consejo de Ministros que “la vocación” del Gobierno “es contar con un amplio consenso dentro del Congreso para aprobar esta ley”. Fácil de arranque no parece que lo vayan a tener.