Marruecos pasa de la presión migratoria a reivindicar Ceuta y Melilla ante la ley de nacionalidad saharaui

La escalada de declaraciones y de aspiraciones en Marruecos ha crecido a medida que han visto que los Estados de Europa y el Gobierno de España estaban divididos al responder y actuar ante la entrada de alrededor de 80.000 personas migrantes desde Castillejos a Ceuta en menos de dos días.

Las autoridades del país vecino actúan respaldadas por el apoyo de grandes potencias, como Estados Unidos e Israel, interesadas en el control del Estrecho y que además tienen desavenencias con el Gobierno español.

De hecho, think tanks y lobistas estadounidenses proisraelíes llevan meses insistiendo en que España tiene ocupadas las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberían de volver a la Administración marroquí y alentando a una Marcha Verde sobre ellas.

En la misma línea se manifestó el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, elegido por el rey Mohamed VI y residente dentro del recinto del Palacio Real de Rabat. En un acto religioso con el monarca alauita y el heredero presentes llamó a la “lucha sagrada” para liberar Ceuta y Melilla.

Con estas palabras la escalada es mayor y, sobre todo, toma una vertiente más peligrosa, pasa de la táctica marroquí de presión migratoria a lo que se puede transformar en una llamada a actos terroristas. Realmente, la intervención del ministro en un contexto religioso oficial puede alentar a actuar a los lobos solitarios.

No obstante, el primero en reaccionar ante la masiva entrada de ciudadanos marroquíes en Ceuta fue el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, el hombre del partido cercano a Mohamed VI en el poder.

Durante una intervención en la televisión pública 2M insistió en los “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre las ciudades autónomas españolas y ya apostó por un “espacio de diálogo” para abordar la cuestión con las autoridades españolas. Aseguró, “defenderemos nuestros derechos históricos y geográficos y vías de diálogo sobre esta cuestión” y reclamó “encontrar una solución definitiva” al estatus actual de Ceuta y Melilla.

Esa reivindicación de “prosperidad compartida” en las fronteras terrestres, que incluso firmaron Pedro Sánchez y Mohamed VI en la hoja de ruta del 7 de abril de 2020, es una petición histórica de la época de Hassan II. Actualmente, con el Acuerdo de Gibraltar y la caída de la verja, se ha vuelto a poner encima de la mesa de los asuntos territoriales pendientes en el país magrebí.

Para apostillarlo intervino el ministro de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, del Istiqlal (Independencia, en árabe), quien se dirigió directamente a Ceuta: “No retrocederemos un palmo de nuestro territorio”.

Esta tragedia humanitaria, que ya se ha convertido en otra crisis bilateral diplomática, obligará a España a sentarse a negociar lo prioritario para Marruecos: el espacio aéreo del Sáhara Occidental y las aguas jurisdiccionales atlánticas que bañan este territorio, que Marruecos considera las “provincias del Sur”.

Descartado el descuido de las fuerzas de seguridad

Los jóvenes que habían salido en las protestas GenZ212 en septiembre de 2025, reprimidos por las fuerzas de seguridad en manifestaciones pacíficas y cientos de ellos condenados hasta a 15 años de cárcel, se organizaron en las redes sociales hace meses para intentar huir del país.

De esta manera, antes del asalto del 30 de julio, ya había habido al menos un intento de entrada en masa a Ceuta controlado por la Gendarmería real y las Fuerzas Auxiliares. Posteriormente, el 15 de agosto también actuaron. La cuestión es por qué no lo hicieron a finales de julio.

Parte de las autoridades de ambos países justifican este episodio de guerra híbrida como un descuido debido a que las fuerzas de seguridad estaban concentradas en la residencia del rey en Rincón, donde se celebraba el 27 aniversario de la Fiesta del Trono con todas las personalidades del país pero también con los representantes de resto de Estados.

Sin embargo, el control férreo de Marruecos con registros militares a la entrada y salida de cada ciudad no detuvo a miles de jóvenes que se desplazaban en trenes, autobuses y hasta en camiones de arena desde el centro del país, a más de 400 kilómetros de la frontera del Tarajal.

Igualmente, las fuerzas de seguridad tienen un control adicional a más de un kilómetro del puesto fronterizo, en una carretera que discurre entre grandes montañas y el mar, lo que dificulta la llegada hasta la ciudad autónoma española.

De hecho, cuando las fuerzas de seguridad quisieron disolvieron con tanques de agua y gases lacrimógenos a los miles de ciudadanos que seguían llegando. Una imagen represiva que ya se vivió en esa zona cuando las personas migrantes subsaharianas intentaban entrar a España antes de la Covid-19.

Ley de nacionalidad saharaui

Para responder a por qué se relajaron los controles a finales de julio permitiendo que la población de Ceuta se doblara por un día habría que dirigir la mirada a lo que ocurrió ese mes en España que pudiera molestar a Rabat.

La sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que dictaminó la ley que no permite “devoluciones en caliente” (rechazo en frontera) a los migrantes que son interceptados en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla, sirvió para animar a los chavales a huir desesperados con un 37% de paro juvenil y una falta de respeto a sus libertades individuales. Por supuesto, gran parte de las personas que llegaron a Ceuta no tenían un proyecto migratorio y de ahí la vuelta en menos de 24 horas.

Con todo, la causa inicial fue presionar al PSOE para que no apruebe la proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la Administración española impulsada por Sumar. El 14 de julio se conformó la Comisión de Justicia que se aprobó el 23 de julio en el Congreso. Este jueves 10 de septiembre se votará su aprobación en la Cámara Baja y todo apunta a que a partir de este suceso el PSOE no la secundará como estaba previsto.

Para Rabat esta ley, que ofrece la nacionalidad incluso a saharauis nacidos antes de 1977 que no tengan la residencia legal en España, es una injerencia en los asuntos internos del país en tanto que considera que los saharauis son marroquíes y los habitantes del Sáhara Occidental tienen un pasaporte verde marroquí. Por lo tanto el hecho de que España otorgue papeles a sus ciudadanos es una ofensa a su soberanía y rompe con lo pactado en la hoja de ruta de 2022.

Si nos atenemos a la ley, que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se intentó suavizar para no molestar al país vecino, para acreditar la condición de saharaui nacido en estas circunstancia se podría presentar “el Recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental autenticado por la Organización de las Naciones Unidas y debidamente legalizado”.

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Al respecto, se pronunció el exministro de Comunicación y exportavoz del Gobierno, Mustapha El Khalfi, quien señaló en un medio marroquí la actividad coordinada en las redes sociales previa a los cruces y advirtió de que el proyecto de ley de nacionalidad podría crear una nueva “base de apoyo al separatismo” dentro de España.

Precisamente, los lobbies marroquíes en Estados Unidos consiguieron que desde 2007 ya no aparezcan referencias al censo ni al referéndum de autodeterminación en las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental.

En este momento, la estrategia de Marruecos es incluir al Frente Polisario en el listado internacional de grupos terroristas para después solicitar su expulsión de los países en los que están acogidos o son residentes. Por ello va a presentar toda la resistencia a que la ley, que en julio fue apoyada también por el PSOE, se apruebe este jueves.