De la “acogida” a la “invasión”: así ha cambiado el discurso migratorio en España

Gabriel Rufián subió el jueves a la tribuna del Congreso para definir lo ocurrido en Ceuta con una palabra que la izquierda ha evitado durante años para describir los fenómenos migratorios: problema. El portavoz de ERC rechazó de plano el término “invasión” con el que Vox describe la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y acusó al Gobierno marroquí de utilizar a su población como “carne de cañón”. Pero también formuló una advertencia dirigida a los suyos: “Ante el reto migratorio no sirven ni la criminalización de unos ni la negación de otros”, dijo, para sostener que la inmigración “es un problemón" al que la izquierda debe responder.

El republicano también defendió recuperar vías legales, rechazó una Europa convertida en una “urbanización con porteros más grandes" y reclamó que las personas que permanecen en Ceuta fueran atendidas con rapidez y, cuando correspondiera, “devueltas con dignidad”. Frente al discurso del socio minoritario del Gobierno, Sumar, que defiende la acogida de migrantes —al menos los menores de edad—, el portavoz de ERC considera que si la izquierda se limita a responder que toda preocupación sobre inmigración o seguridad procede de prejuicios reaccionarios, abandona una parte del terreno político y social en manos de quienes ofrecen respuestas basadas en el miedo y la exclusión.

En el ámbito de la derecha, Vox ha logrado que palabras con claro sesgo xenófobo como “invasión” y “amenaza” se normalicen en el debate público al situarlas en el centro de la conversación. Y, como lleva sucediendo desde hace años, el Partido Popular ha introducido, en consecuencia, esos términos en sus discursos e incluso en sus políticas, como ya sucedió con la “prioridad nacional” pactada en los gobiernos autonómicos que se han configurado en los últimos meses. El PSOE, por su parte, combina un discurso sobre fronteras, retornos, cooperación policial y soberanía con otro centrado en la acogida, los derechos y la integración.

El Aquarius, una fotografía de otro país

El discurso migratorio actual es especialmente llamativo si se compara con el de hace ocho años. En junio de 2018, apenas diez días después de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy del poder, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció València como puerto seguro al Aquarius, con 629 personas rescatadas en el Mediterráneo. La decisión se presentó como una obligación humanitaria. Semanas después, Sánchez la relacionó con la historia del exilio republicano: España no podía “mirar hacia otro lado” porque también sus ciudadanos habían necesitado acogida. 

En ese momento, los mensajes se articulaban en torno a “refugio, solidaridad, derechos y memoria”. Con todo, el Gobierno de Sánchez mantuvo instrumentos de control fronterizo, devoluciones y acuerdos con países de tránsito. El PP de Pablo Casado contestó entonces que era necesaria la “seguridad en las fronteras” para evitar el “efecto llamada”. Sin embargo, el líder del PP también habló de “responsabilidad, solidaridad y seguridad”, reconoció la cobertura debida a quienes llegaban y situó la disputa en la incoherencia de Sánchez, no en una amenaza identitaria. Vox aún no tenía representación institucional.

La diferencia entre 2018 y 2026 está en el marco y el discurso de cada momento. En el caso del Aquarius fue la “acogida”; ocho años después, con la crisis en Ceuta tras la entrada de 80.000 personas, lo es la “invasión”, un concepto utilizado desde el primer momento por el líder de Vox, Santiago Abascal, y más adelante por el del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El discurso de Vox ya condiciona las entradas en Ceuta y Melilla 

La entrada de 8.000 personas en Ceuta en mayo de 2021 después de que Marruecos relajara los controles fronterizos en plena crisis diplomática tras la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España para recibir tratamiento médico, volvió a dirigir todas las miradas hacia el debate migratorio. Sánchez prometió defender la “integridad territorial”, las “fronteras” y la “seguridad” de los residentes. Informó de la devolución inmediata de 4.800 personas, a la vez que habló de crisis humanitaria y protección de menores y vulnerables. 

El PP ya situó la inmigración en el terreno de la soberanía y la seguridad, aunque evitó definirla abiertamente como una invasión. Casado habló de una situación de “extrema gravedad”, reclamó que se garantizasen la soberanía y la integridad territorial y propuso reforzar la presencia de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército. Vox, por su parte, ya afirmó que era una “auténtica invasión del territorio nacional” que estaba “dirigida y planificada” por Marruecos y reclamó militarizar permanentemente las fronteras. 

Las izquierdas reaccionaron en 2021 desde un terreno diferente. Unidas Podemos pidió cautela, respeto al derecho internacional y protección especial para los menores y los solicitantes de asilo, mientras ERC pidió explicaciones al Gobierno y medidas para evitar que la situación se repitiera. El entonces portavoz de Más País, Íñigo Errejón, acusó a la monarquía marroquí de utilizar a miles de personas como “arma arrojadiza”, un argumento que han utilizado otros dirigentes en la actual crisis.

Un año después, la muerte de al menos 23 personas —37 según organizaciones humanitarias— en la frontera de Melilla en junio de 2022 mostró otra mutación. El debate público volvió a girar alrededor de la actuación policial, las devoluciones y el derecho a investigar lo ocurrido, como después del Tarajal en 2014. Pero el Ejecutivo defendió la cooperación con Marruecos como pieza central para combatir la inmigración irregular y las redes de tráfico. Días antes de la tragedia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había elogiado “la excelente labor” conjunta de las fuerzas de seguridad de ambos países y el intercambio de información operativa.

Canarias, un antes y un después

En 2024, Canarias marcó un punto de inflexión después de que llegaran por mar al archipiélago 46.843 personas, un máximo históricoE un 17,4% más que en 2023. La presión sobre los recursos de acogida y la tutela de miles de menores introdujo en el debate por primera vez cuestiones como qué administración debía tutelar a los menores, cuánto tenía que pagar el Estado, cuándo podía considerarse saturada una comunidad y si la solidaridad territorial debía ser voluntaria u obligatoria.

El líder del PP pactó con el presidente canario, Fernando Clavijo, un plan que definía la política migratoria como “firme, solidaria y rigurosa”, pero su diagnóstico dominante era el “descontrol migratorio”, la mala gestión de las fronteras y la necesidad de acelerar retornos. Y no solo eso, sino que también adoptó por primera vez el lenguaje de la ultraderecha. El entonces portavoz del PP, Miguel Tellado, pidió al Gobierno que desplegara a las Fuerzas Armadas en las costas africanas “para que esas pateras no salgan” y frenar la salida de cayucos hacia España.

Vox ya había propuesto entonces bloquear la ruta canaria, implicar a las Fuerzas Armadas, detener y deportar a quien entrara irregularmente, además de suprimir fondos a ONG y responder a culturas que consideraba “incompatibles con la española”. Con todo, el PP aceptó en julio el reparto voluntario de unos 400 menores y defendió que sus comunidades debían cumplir con sus obligaciones, incluso frente a la amenaza de Vox de romper los gobiernos compartidos como acabó sucediendo ese verano.

Las principales fuerzas de izquierda defendieron el reparto obligatorio como una cuestión de derechos de la infancia y solidaridad territorial. Sumar contrapuso la acogida al discurso del odio, ERC apoyó la tramitación, pero reclamó financiación suficiente, criterios precisos de sobreocupación y garantías en la determinación de la edad, al igual que el PNV, mientras EH Bildu consideró la reforma necesaria. Junts, por su parte, votó en contra alegando la “sobresaturación” de Cataluña y el riesgo de tensar la convivencia.

En clave gubernamental, Sánchez defendió en el Congreso que acoger a quien busca una vida mejor es un deber y una condición para sostener el Estado del bienestar. Recordó que el 94% de la inmigración de la década anterior había llegado de manera legal, reivindicó la integración basada en derechos humanos y contrapuso una España “abierta y próspera” a otra “cerrada y pobre”. Al mismo tiempo, situó el refuerzo fronterizo como el primer eje de su política y defendió una migración “legal, segura y ordenada”.

La crisis de Ceuta tras la entrada masiva

Desde entonces, Vox ha explotado conscientemente el debate sobre migración porque considera que el asunto activa a su electorado y le permite disputar votos al PP. La formación ultra presenta cada episodio como prueba de un supuesto descontrol general, vincula inmigración con inseguridad e identidad nacional y mantiene el tema en la agenda incluso cuando la actualidad inmediata lo desplaza. Su estrategia ha consistido en imponer el marco desde el que discuten los demás partidos, con bastante éxito: del “mena” como concepto para definir a los menores migrantes no acompañados a “invasores” que atacan la integridad territorial.

En este contexto, la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta a finales de julio ha llevado esa superposición hasta el límite. Vox habla de invasión y conquista, pero la novedad es que Feijóo también ha hecho suyo el primer término. Desde el primer momento calificó lo ocurrido de “invasión y ocupación premeditada y sin precedentes” y exigió su expulsión inmediata. Pero el cambio va más allá del lenguaje, ya que las entradas irregulares y la capacidad del Gobierno para impedirlas han ganado espacio frente a una gestión integral de la inmigración.

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Es la política que ha seguido el Ministerio del Interior, que ha reforzado los dispositivos para identificar y expulsar a quienes carezcan de derecho a permanecer, ha descartado su traslado automático a la Península y ha insistido en que una entrada irregular no conduce a la regularización. Es más, en la carta que Grande-Marlaska le envía al director general de la Policía, Francisco Pardo, para interesarse por el informe del CENIF, utiliza el término “invasión” tal y como aparece en la publicación de El Español.

El desplazamiento alcanza también a las fuerzas progresistas, aunque con un contenido distinto. Sumar, Podemos, IU, Bildu y ERC mantienen posiciones alejadas de PP y Vox sobre asilo, regularización, menores y expulsiones indiscriminadas. Sin embargo, han comenzado a incorporar la migración como asunto central de su discurso y dan más espacio a cuestiones que antes ocupaban menos, como la capacidad de los servicios públicos, la integración o el cumplimiento de las normas y la gestión ordenada de los flujos migratorios.

El contexto europeo ha favorecido el cambio discursivo. El Pacto de Migración y Asilo de 2024 reforzó los procedimientos fronterizos, la identificación y los retornos, a la vez que estableció mecanismos de solidaridad. El endurecimiento de conservadores y socialdemócratas en Dinamarca, Alemania, Francia y Países Bajos sitúa el caso español dentro de un movimiento más amplio.