La Fiscalía apoya un indulto que evite entrar en prisión al maquinista de Angrois
Francisco José Garzón, el maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en la parroquia compostelana de Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, es el único castigado penalmente en el proceso judicial por el siniestro. Así sucedió después de que, a principios de este año, la Audiencia de A Coruña corrigiese la sentencia inicial de un juzgado de Santiago que lo condenaba en igualdad de condiciones con el ahora absuelto exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de prisión.
El Ministerio Público descarta avalar un perdón total al trabajador, único condenado por el siniestro del Alvia, pero sí da el visto bueno a una reducción parcial de su condena
Como avanzó Praza.gal, el maquinista formalizó el pasado mayo los trámites ante el Ministerio de Justicia para solicitar un indulto, ya fuese total o parcial, que evite su ingreso en prisión. La medida de gracia, dependiente en última instancia de la voluntad política del Gobierno de España, venía siendo pedida por compañeros del trabajador e incluso apoyada por parte de las víctimas. Y ahora recibe otro relevante apoyo: el de la Fiscalía en su informe preceptivo al respecto.
El documento, firmado este pasado 2 de septiembre por el fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma, y a cuyo contenido ha podido acceder este periódico, descarta la posibilidad de un indulto total —anular la condena por completo—, pero se muestra a favor de una reducción parcial de la condena. Dada la ausencia de antecedentes penales, un perdón de apenas medio año sobre el total impuesto abriría la puerta a que Garzón no fuese preso, al modo del indulto que fue aprobado en 2009 en Navarra para dos maquinistas condenados por un accidente en el que fallecieron 18 personas en 1997.
Argumenta el fiscal Roma —que al comienzo del proceso judicial había llegado a pedir cuatro años de prisión para el maquinista— que “la gravedad objetiva de los hechos” acontecidos en Angrois y la “entidad de la infracción penal” lo llevan a “desaconsejar” una “remisión absoluta de la pena”. Pero sí observa “circunstancias extraordinarias que permiten considerar” que la “ejecución íntegra de la condena” al maquinista “produce actualmente unas consecuencias de intensidad superior a la necesaria para la satisfacción de los fines legítimos de prevención y reinserción”.
El fiscal Antonio Roma ve acreditadas “razones de justicia y equidad” para el indulto parcial y resalta el apoyo de parte de las víctimas a la medida
En este sentido, el Ministerio Público da por buenos buena parte de los argumentos sostenidos por el maquinista en su petición de gracia. Empezando por la concurrencia de “razones de justicia y equidad” reguladas en la ley del indulto, como que Garzón “no se sustrajo en ningún momento a la acción de la Justicia” o su “adecuada integración social, familiar y laboral”, hasta el “largo período transcurrido entre la fecha de los hechos y la firmeza de la condena”.
El informe del fiscal considera “igualmente significativo que una parte de las víctimas y perjudicados expresasen su conformidad” con el indulto. Y también atiende otra de las razones esgrimidas por el trabajador: que “desempeña labores efectivas de asistencia y cuidado de un familiar necesitado de apoyo continuado”, su madre, nonagenaria. Destaca, asimismo, que él mismo padece una enfermedad respiratoria.
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Existe, por tanto, a juicio de la Fiscalía, una “base objetiva suficiente para considerar desproporcionado el cumplimiento total de la pena” y considera que la medida “puede concretarse” con la “sustitución” de la condena total impuesta, dos años y medio de prisión, “por otra inferior”. Ese indulto parcial permitiría, explica, que el tribunal que lo condenó la “suspenda por un tiempo adecuado a la gravedad de la conducta sentenciada”. Es decir, seguiría condenado por 79 homicidios por imprudencia grave profesional, pero no iría a la cárcel.
La jueza activa la suspensión de la pena hasta la resolución del indulto
El informe de la Fiscalía coincide con la orden de la jueza que dictó la primera sentencia sobre Angrois para que, una vez decretada su firmeza —en los términos dispuestos por la Audiencia—, comience a ejecutarse. Lo hizo, informa el Tribunal Superior de Xustiza, en un auto que incluye pedir al abogado del maquinista “que se pronunciase sobre la posible suspensión de dicha pena” atendiendo al artículo del Código Penal que contempla hacerlo “en tanto no se resuelva sobre la petición” del indulto.
La magistrada pide al abogado del maquinista que se pronuncie sobre la posibilidad de suspender la pena hasta que se resuelva el indulto, como permite el Código Penal
En el mismo auto ordena a la aseguradora de Renfe, QBE, que “en el plazo de un mes abone las cantidades liquidadas pendientes de pago en concepto de indemnización, en el caso de que no consten totalmente satisfechas, desagregando importe, concepto y perjudicado”. La sentencia de la Audiencia dejó a esta compañía como única responsable civil del siniestro, dada la absolución del cargo de Adif y, además, mejoró las cuantías y la extensión de las indemnizaciones a víctimas.
