Activismo

Tres de cada cuatro activistas por los derechos humanos asesinados en 2018 luchaban por el medio ambiente

Activistas piden justicia por el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña.

La confederación Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que tres de cada cuatro activistas por los derechos humanos asesinados en 2018 eran activistas medioambientales. Ese año fueron asesinados en todo el mundo 321 activistas, según los datos publicados por la Front Line Defenders en su último informe Basta de asesinatos. Además, la organización ha mostrado su rechazo hacia las políticas restrictivas de muchos gobierno, cuyo único objetivo es limitar el trabajo de estos luchadores por los derechos humanos. 

Casi el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y es que, como destaca el informe, los asesinatos generalmente van precedidos por acoso judicial, amenazas y ataques físicos. 

Ecologistas en Accion se ha hecho eco de estas cifras y ha señalado que el 77% de las victimas luchaban por los derechos de la tierra, los pueblos indígenas o el medio ambiente. La mayoría de los activistas medioambientales estaban vinculados a la denuncia de industrias basadas en la extracción de recursos naturales.

 

La confederación de grupos ecologistas ha destacado que la discriminación y la persecución afecta sobre todo a las mujeres, ellas son objeto de amenazas sexuales por parte de actores estatales y no estatales y ni siquiera restan a salvo dentro de sus propios movimientos. Sufren abusos sexuales, violaciones y acosan a sus familias. Además, las campañas de desprestigio a las que se enfrentan provocan que sean relevadas de cargos de alto rango en ONG, cargos públicos o sindicatos.

Front Line Defenders ha advertido en su informe de 2018 que los gobiernos de numerosos países utilizan la "seguridad nacional" como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales, activistas ambientales y defensores LGBTIQ.

Por todo ello, la organización ecologista ha instado gobiernos e instituciones internacionales a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

 

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