Macron quiere blindar el desmantelamiento del modelo social francés más allá de su mandato

A veces, es precisamente en lo insignificante donde se esconden las lecciones más importantes. En medio de la indiferencia general, el presidente Macron publicó el viernes 10 de julio la carta de una “misión sobre el futuro del modelo social francés” encomendada a cuatro “expertos”.

Nadie le ha pedido nada. Se trata de una decisión personal de un presidente que ya no cuenta ni con mayoría parlamentaria ni con apoyo popular. Pero es una decisión que no es neutra y que dice mucho de su concepción de la democracia.

Tradicionalmente, los presidentes que han quedado inelegibles al agotar sus mandatos se muestran discretos durante la campaña presidencial. François Mitterrand en 1995 o Jacques Chirac en 2007 apenas participaron activamente en los debates electorales y prefirieron cuidar, mediante actitudes de sabiduría, su imagen para la posteridad.

Esta carta por encargo viene a confirmar lo que ya se sospechaba: Emmanuel Macron pretende desempeñar un papel directo en esta campaña y con un objetivo claro, que encarna la única coherencia de sus diez años de mandato: la destrucción del Estado del bienestar.

Controlar el discurso económico de la campaña

De hecho, el informe deberá entregarse “de aquí a finales de año” y versará, en particular, sobre la financiación del sistema de pensiones, un tema que, tres años después de la última reforma, ya ocupa un lugar central en los proyectos propuestos por los candidatos, tanto los que ya se han presentado oficialmente como los que aún no lo han hecho.

En diciembre de 2026 dará comienzo la campaña para las elecciones presidenciales: para entonces se conocerán las principales candidaturas y los proyectos de cada uno y cada una estarán en fase de finalización. Por lo tanto, la publicación de un informe de este tipo en ese momento no es neutra.

Al contrario, Macron pretende, con este documento que él presenta como una “elaboración de expertos”, definir “escenarios” capaces de describir lo que es posible y lo que no lo es. En otras palabras, su objetivo es marcar, mediante una aparente racionalidad, el debate público.

Pero hay un vicio oculto en este bonito edificio: este marco de teoría científica es producto de la ideología del presidente saliente.

La economía no es una ciencia exacta, ni siquiera una ciencia humana, sino una disciplina política en gran medida descriptiva. Su previsibilidad es, por tanto, perfecta porque su discurso es circular: la ideología de los expertos garantiza la publicación de un informe a medida para justificar la ideología de quienes los han nombrado.

La carta por encargo es una pequeña joya de esta tautología ideológica: el objetivo de la misión es “esclarecer el debate público” sobre “el equilibrio que hay que encontrar entre la preservación de nuestra competitividad, el refuerzo del poder adquisitivo derivado del trabajo y la financiación de las necesidades de nuestro sistema de protección social”. En este sentido, el texto excluye de entrada cualquier reflexión ambiciosa al subordinar las necesidades sociales a las del capital.

Presenta la financiación del Estado social como un parásito de la vida económica, que actúa como un depredador de los beneficios y de los ingresos del trabajo. Y, con ello, opone el interés del ciudadano al del consumidor. En resumen, plantea la destrucción del Estado social como una condición para el buen funcionamiento de la economía francesa.

Los cuatro expertos que deberán avalar esta ideología tienen el perfil ideal para esta tarea. El economista Hippolyte d’Albis es miembro del Círculo de Economistas, el club del pensamiento neoliberal francés. Le acompañará la también economista Alexandra Roulet, exasesora de Emmanuel Macron y de (la exprimera ministra) Élisabeth Borne desde junio de 2022 hasta septiembre de 2023, es decir, precisamente en el momento del debate sobre la última reforma de las pensiones.

Alexandra Roulet trabajaba, sin duda, codo con codo con Marianne Kermoal-Berthomé, también asesora de Élisabeth Borne en esa misma época. Por último, Pierre Ricordeau representará a la Caja de Amortización de la Deuda Social (Cades), que preside, y cuya función principal es adaptar el modelo social francés a los deseos de los mercados financieros.

Este cuarteto, formado sin duda por mentes brillantes, es también la garantía de que las soluciones se mantendrán dentro de un marco muy aceptable para el Elíseo y, en términos más generales, para los capitalistas franceses. Las soluciones propuestas serán, por tanto, las de una clase cuyos intereses representa Macron desde 2017.

Dos lustros de destrucción del Estado social

Y es que, al intentar “esclarecer el debate”” de esta forma sesgada, el presidente de la República confirma tanto el núcleo de su acción política como su concepción de la democracia. Desde su llegada al poder, se ha empeñado en defender los intereses del capital desmantelando las protecciones sociales.

Ya en otoño de 2017, las ordenanzas de Macron completaron las reformas del mercado laboral del mandato de Hollande. Con los presupuestos de 2018 se puso en marcha una importante reforma fiscal, que reducía al 30 % la tributación sobre el capital, mientras que el impuesto sobre los ingresos del trabajo puede llegar hasta el 45 %.

Esto vino acompañado de una presión creciente sobre el sistema social. Además de la austeridad en el ámbito de la sanidad, se suprimieron las cotizaciones por enfermedad y desempleo de los trabajadores por cuenta ajena en nombre del “poder adquisitivo”, pero, al hacerlo, la financiación de la Seguridad Social depende ahora exclusivamente del Estado y de las empresas, lo que, bajo el mandato de Emmanuel Macron, representa las dos caras de un mismo poder.

No es de extrañar, pues, que el seguro de desempleo haya sufrido, a partir de 2021, una larga serie de reformas destinadas a reducir los derechos de los desempleados. Paralelamente, la austeridad regresaba al sector sanitario tras la pandemia del covid-19.

Luego llegó el momento de las reformas de las pensiones. Emmanuel Macron impuso dos. La primera, la “pensión por puntos”, que permitía ajustar los ingresos de los jubilados al equilibrio del sistema, fue abandonada durante la crisis sanitaria. Pero, tres años después, Emmanuel Macron volvió a la carga e impuso una reforma paramétrica que retrasaba la edad legal de jubilación a los 64 años.

Todas esas políticas pueden ocultarse tras buenas intenciones y la voluntad declarada de “salvaguardar nuestro modelo social”. Pero, en realidad, se trata de generar margen de maniobra para apoyar al capital mediante recortes de impuestos a las empresas, que han continuado al mismo tiempo que se han ido desarrollando diversas ayudas estatales al capital.

Así, la destrucción del Estado social por parte de Macron es el reflejo del desarrollo del “Estado-capital”, encargado de garantizar la tasa de beneficio.

El marco definido por la carta publicada el 9 de julio es la traducción literal de esta política y no tiene más objetivo que justificar la continuación, tras las elecciones presidenciales de 2027, de la política defendida durante diez años por Macron.

La ambición de la misión es, por tanto, clara: seguir identificando la política razonable y “científica” con la que defiende los intereses del capital. Y, al hacerlo, reducir el ámbito de la democracia, es decir, enmarcar la elección democrática dentro de esa atadura económica. Así se entiende perfectamente por qué era necesario disponer de ese informe para “esclarecer” la campaña presidencial.

La ideología económica por encima de todo

Y es que, para Emmanuel Macron, la democracia nunca debe ser un obstáculo para su ideología económica. Sus dos lustros en el poder lo demuestran de forma contundente. Las manifestaciones contra las reformas que ha llevado a cabo fueron ignoradas con desprecio, al igual que las reservas de los parlamentarios.

Así lo demuestran las dos aprobaciones, mediante el artículo 49.3 de la Constitución, de las reformas de las pensiones. El uso de ese artículo en marzo de 2023 fue una bofetada para los cientos de miles de personas que se habían movilizado contra esa ley en toda Francia.

Pero el de 2020 es aún más revelador. El 29 de febrero de 2020, la covid-19 comienza a propagarse en Francia y ya ha causado numerosas víctimas mortales en Italia. Se convoca un Consejo de Ministros extraordinario, al término del cual el entonces primer ministro, Édouard Philippe, anuncia en la Asamblea el recurso al artículo 49.3 para la aprobación de la reforma de las pensiones. Un 49.3 de conveniencia, cuyo objetivo no era aprobar el texto (el Gobierno contaba entonces con una cómoda mayoría parlamentaria), sino acelerar el procedimiento para reducir los debates.

Ese es el concepto de democracia de los “centristas” estilo Emmanuel Macron: ningún obstáculo puede no solo impedir, sino ni siquiera frenar las políticas económicas que él ha elegido. E incluso cuando se ve obligado a tener en cuenta la calle, como ocurrió con la revuelta de los Chalecos Amarillos, nunca se plantea dar marcha atrás ni frenar el ritmo de destrucción del Estado del bienestar.

Cuando la política consiste en transferir recursos del sistema social al capital para generar un crecimiento prácticamente nulo, el efecto sobre la sociedad es desastroso

Emmanuel Macron ha cambiado a menudo de opinión, durante sus dos mandatos, sobre numerosos temas, pero nunca sobre el núcleo de su proyecto: el apoyo a la tasa de beneficios del capital francés mediante la represión social.

Incluso cuando, como ocurre desde 2024, ya no cuenta con mayoría parlamentaria ni con mucho margen de maniobra, Macron se esfuerza, mediante el nombramiento de primeros ministros afines a su ideología, por consagrar y afianzar esta política. Sean cuales sean las circunstancias.

Así, el Gobierno de Lecornu ya ha congelado este año, cerca de 11.000 millones de euros en créditos, sobre todo en la Seguridad Social. Estas medidas se aplican sin pasar por el Parlamento, gracias a decretos adoptados con total autonomía. En cuanto al presupuesto de 2027, que sin duda se revisará tras las elecciones, también promete una austeridad severa en lo social.

Según el “extracto” revelado el jueves 16 de julio por Politico, es decir, según la primera fase del proceso legislativo de la ley de presupuestos, solo aumentarán en volumen los créditos destinados a Defensa, mientras que los presupuestos de Empleo y de la Seguridad Social se reducirán. Una vez más, el Gobierno nombrado por Emmanuel Macron —que solo obtiene su legitimidad de él mismo— es el que lleva las riendas y marca la pauta.

Controlar el debate para evitar el balance

Para el presidente de la República, ninguna derrota electoral, ni manifestación ni resultado desastroso, debe impedir que se imponga su política económica. Y es que, para él, el interés del capital que caracteriza esta política está por encima de todos los demás y, en particular, los de la sociedad.

Porque esta política económica que presenta en cada intervención como un “éxito” es un desastre para el país. Su promesa de reactivar el crecimiento se traduce en un crecimiento estructuralmente estancado por debajo del 1 %. El Gobierno de Lecornu incluso ha revisado a la baja la previsión para 2026, hasta situarla en solo el 0,7 %.

Cuando la política consiste en transferir recursos del sistema social al capital para generar un crecimiento prácticamente nulo, el efecto sobre la sociedad es desastroso.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la tasa de pobreza, definida como el porcentaje de personas con un nivel de vida inferior al 60 % del nivel mediano, se mantenía aún en 2024 en su nivel más alto desde 1996: el 15,4 % de la población, lo que supone 9,8 millones de personas.

Paralelamente, las desigualdades sociales se encuentran en su punto álgido, lo que refleja de forma concreta estas transferencias del trabajo al capital, mientras que los salarios reales se mantienen por debajo de su nivel de 2021. Es cierto que el nivel de vida se recuperó en 2024, pero se debe en gran parte a lo que queda de las políticas de redistribución. Es decir, lo que se perseguirá con la continuación de la política iniciada en 2017.

Un verdadero debate democrático exigiría rendir cuentas de dicha política y exploraría los medios para salir de esa lógica, en la que un crecimiento de unas décimas se paga con la destrucción de la solidaridad y de las vidas concretas de millones de franceses.

Pero Macron prefiere moldear el debate y asegurarse el control de ciertas instituciones, como el Tribunal de Cuentas y el Banco de Francia, para enmarcar las futuras decisiones en una “racionalidad” que, cada vez más, adquiere tintes de absurdo.

En realidad, al hacer ese encargo, el presidente de la República demuestra que pretende bloquear el debate económico y perpetuar su política más allá de su propia presencia en el palacio presidencial. Pero no es el único.

Los economistas ortodoxos multiplican las advertencias sobre una posible “crisis de la deuda” que afectaría a Francia si nos atreviéramos a alejarnos de los límites de su razón, como ilustra la tribuna publicada el 15 de julio por Olivier Blanchard en Le Monde.

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Si la extrema derecha llega al poder, encontrará a su disposición argumentos para continuar con esta política e intensificarla. Las maniobras de Macron demuestran que el ejercicio democrático no es más que un mal necesario para el capital. Por lo tanto, es cada vez más necesario vaciar la democracia de sentido para reducirla a la elección de quienes gestionan una política desastrosa y nefasta, pero que se pretende que sea indiscutible.

Detrás del papel de defensor de los valores democráticos con el que le gusta revestirse en el extranjero, Emmanuel Macron es, ante todo, el sepulturero de la democracia francesa.

Traducción de Miguel López