Castilla-La Mancha, una directora general de los medios públicos de elección directa por García-Page
El control político de los medios públicos en España se ejerce, en todos los casos, a través de mayorías parlamentarias. Casi siempre, por mayoría absoluta, lo que facilita la elección de órganos de gobierno de la radio y la televisión del perfil que más conviene o que más gusta al Ejecutivo de turno. A veces, muy pocas, por mayorías cualificadas, que obligan a encontrar perfiles profesionales susceptibles de conseguir un amplio respaldo que, necesariamente, tiene que incluir a los partidos de la oposición.
El caso de Castilla-La Mancha obvia esa ceremonia, en la que se invoca el consenso político, en mayor o menor grado, a través del legislativo. En esta comunidad, es el Consejo de Gobierno —o, lo que es lo mismo, el presidente de la comunidad, que en la actualidad es el socialista Emiliano García-Page— quien elige al director general del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha. Sin más trámite que “oír” a un Consejo de Administración que, este sí, es elegido por la misma mayoría política que elige al presidente de Castilla-La Mancha.
El puesto lo ocupa, desde hace más de diez años, la periodista Carmen Amores. Llegó al cargo en 2015, después de que García-Page cesara a su antecesor, Ignacio Villa, cuya gestión había puesto en entredicho no solo la integridad informativa de la radio y la televisión públicas, sino la limpieza de su contabilidad.
Amores, licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un mandato ligado al del presidente que la nombra y, gracias a él, transita ya por su tercera legislatura al frente de Castilla-La Mancha Media (CMM).
La directora general y su consejo manejan este año un presupuesto de 66.062.360 euros, de los cuales 45.753.570 salen de la subvención directa del Gobierno autonómico (a los que hay que sumar otros cuatro millones en concepto de “aportación finalista para dotar la provisión del IVA”). Otros 2.378.000 proceden de ventas de publicidad y programas.
Audiencia corta
Su audiencia ha mejorado en los últimos años, pero sigue en porcentajes modestos. En la campaña que acaba de terminar, y que comenzó en septiembre, alcanzó un 5,9%, según datos de Barlovento, por debajo de la media del resto de televisiones autonómicas españolas. Por delante tiene a TV3 (14,1%), Aragón TV (12,1%), Canal Sur (9,4%), TVG (8,5%) y ETB2 (8,3%). Peores registros presentan TVCAN (5,6%), Telemadrid (5,1%), IB3 (5,1%), Extremadura TV (4,9%), la asturiana TPA (4,4%), la valenciana À Punt (3,2%) y La 7TV de la Región de Murcia (3%).
La Ley de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha se remonta a mayo del año 2000, aunque las emisiones regulares no comenzaron hasta diciembre de 2001. La televisión y la radio de Castilla-La Mancha son dos sociedades anónimas de titularidad pública que pertenecen al ente público, que a su vez se estructura en tres órganos: un Consejo de Administración (dominado en la actualidad por el PSOE, con siete asientos de un total de trece, frente a cinco del PP y uno de Vox, repitiendo así la proporción de las Cortes de Castilla-La Mancha) y la Dirección General.
El Consejo de Administración tiene, entre otras funciones, y como es habitual, la de velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley en materia de programación, aprobar los anteproyectos de presupuestos del ente público y de sus sociedades, dictar las normas de carácter interno reguladoras de la emisión de publicidad o determinar anualmente el porcentaje de producción propia incluido en cada medio.
Hay, además, un Consejo Asesor cuyos miembros, en principio, no tienen por qué tener conocimiento alguno en materia de comunicación y periodismo. Está compuesto por tres vocales designados por las Cortes de Castilla-La Mancha en atención a su “prestigio cultural”, tres vocales en representación del Gobierno autonómico, tres vocales nombrados por la Federación de Municipios y Provincias de la comunidad, tres vocales elegidos por la Universidad, en este caso con “relevantes méritos culturales”, y tres vocales seleccionados por los sindicatos más representativos del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha.
La política, incluso en un órgano asesor sin poder real, domina por completo el Consejo Asesor: nueve de quince llegan al puesto a través de las Cortes, el Gobierno o los municipios.
Necesaria adaptación
La regulación y el funcionamiento de CMM incumplen el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) en todo lo que tiene que ver con los medios públicos, lo que a corto plazo, como sucede con casi todas sus hermanas autonómicas y con RTVE, obligará a llevar a cabo una profunda reforma para evitar sanciones de la Comisión Europea.
El reglamento establece mecanismos destinados a garantizar que los medios de titularidad pública actúen con autonomía editorial plena, dispongan de una financiación previsible y suficiente, y estén sujetos a sistemas de gobernanza basados en criterios transparentes, abiertos y no discriminatorios. Su objetivo es preservar la función de la radio y la televisión públicas como garantes del pluralismo informativo, el interés general y la cohesión democrática, blindándolos frente a injerencias partidistas y asegurando que representen a toda la ciudadanía, no a los intereses de un poder político concreto.
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En la práctica, eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional).
También que el nombramiento del equipo directivo debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico.
Y, por último, contar con una financiación “plurianual, estable y adecuada”, separada, por tanto, de los presupuestos generales, para evitar castigos o premios en función de los contenidos y basada en mandatos de servicio público definidos y evaluables.
