¿Debe el algoritmo favorecer a los medios públicos? Google dice que no, la UE debate si deben tener más visibilidad

Abra YouTube en cualquier dispositivo. No busque nada. Deje que la pantalla de inicio haga su trabajo. Lo que aparecerá —vídeos de entretenimiento, tutoriales, reacciones, piezas de creadores que el algoritmo ha determinado que usted querrá ver— es el resultado de un sistema diseñado para una sola cosa: que no cierre la aplicación. Que se enganche a la plataforma para mostrarle cuanta más publicidad, mejor. 

Las noticias verificadas de una televisión pública pueden estar ahí. O no. Depende de si usted las ha buscado antes, de si las ha visto, de si el algoritmo ha inferido que le interesan. El servicio público de información compite, en igualdad de condiciones algorítmicas, con un canal de recetas, con un streamer de videojuegos y con el último vídeo viral de un adolescente bailando. A veces con simple slop, el término que se ha consolidado en inglés para referirse al contenido basura generado con IA —vídeos, imágenes, texto—, diseñado para acumular clics y que no tiene valor ni informativo ni creativo. 

Las redes sociales ya son la principal fuente de noticias para los jóvenes de 18 a 24 años, que dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace apenas una década. Solo el 14% de los jóvenes accede directamente a los sitios o aplicaciones de los medios: una cifra muy inferior a quienes se informan mediante redes sociales (40%) o motores de búsqueda (26%).

En ese escenario, ser un medio público con excelente periodismo pero escasa visibilidad algorítmica equivale, en la práctica, a no existir para una parte creciente de la ciudadanía.

Ahí está el problema. Y ahí está también la pregunta que la Unión Europea lleva tiempo formulándose y que ahora ha colocado formalmente sobre la mesa: ¿deben los medios públicos tener garantizada una visibilidad preferente en las plataformas digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública, con plazo hasta el 1 de mayo de 2026, para evaluar si las normas sobre medios audiovisuales (la AVSMD, por sus siglas en inglés) siguen siendo adecuadas en un panorama de rápida evolución. 

La respuesta de Google, a través de YouTube, es que no. La de una parte creciente de reguladores europeos es que sí. Entre ambas posiciones hay mucho más que una disputa técnica.

Los medios públicos no son un capricho del Estado del bienestar ni una reliquia del siglo XX. Son la única parte del ecosistema informativo cuyo mandato legal es informar a todos, con independencia de su rentabilidad comercial, sin obedecer a accionistas ni a anunciantes. 

Cubren los territorios que no interesan al mercado, financian el periodismo de investigación que ningún algoritmo optimizaría, y ofrecen el punto de referencia común que necesita una democracia para funcionar. 

Los datos del Reuters Institute confirman que las marcas de confianza —entre ellas los medios de servicio público en la mayoría de los países europeos— siguen siendo el lugar al que la gente acude con más frecuencia cuando quiere comprobar si algo en internet es verdadero o falso.

No es un detalle trivial en un momento en que la desinformación circula a la misma velocidad que la información veraz y a menudo con mejor posicionamiento algorítmico. 

La Unión Europea lleva años intentando blindar a los medios públicos frente a la interferencia política y la precariedad financiera precisamente por eso: porque su desaparición o su irrelevancia no sería solo una pérdida cultural, sino un problema democrático. Lo que ahora está en juego es si ese blindaje tiene algún sentido si nadie los encuentra en un mundo en el que lo que no se muestra en redes o en buscadores, no existe.

El problema tiene nombre: “prominencia”

Desde la introducción del artículo 7a en la Directiva de 2018, que habilita a los Estados miembros a imponer medidas para garantizar la “prominencia” de los servicios de interés general en las interfaces de usuario, los debates dentro de la política mediática se han intensificado notablemente. Una palabra que en español se entiende mejor si se sustituye por “visibilidad”.

Ese artículo fue, en la práctica, un compromiso deliberadamente vago: permite a los países actuar, pero no obliga a las plataformas a nada concreto. Alemania, Francia e Italia han ido implementando medidas propias. España transpuso el precepto en su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, sin desarrollarlo más allá de la letra de la directiva.

El resultado ha sido un mapa fragmentado que tiene hartos a los propios reguladores y a la industria digital por razones opuestas. Las divergencias nacionales ya incluyen colocación obligatoria de servicios, requisitos de diseño de interfaz y formatos de metadatos incompatibles. Para los prestadores que operan en varios países, esto implica adaptar interfaces y sistemas para cada jurisdicción, lo que encarece el desarrollo y ralentiza la puesta en marcha de productos. La revisión de la AVMSD es, entre otras cosas, un intento de armonizar ese caos.

Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. ¿Merece el periodismo público un trato diferente del que recibe cualquier canal de entretenimiento o cualquier youtuber de videojuegos? ¿Debe la Unión Europea obligar a YouTube a mostrar los informativos de las televisiones públicas en un lugar preferente de su plataforma, aunque el algoritmo, abandonado a su lógica, preferiría poner otra cosa?

La Unión Europea de Radiodifusión lo tiene claro

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, presentó en diciembre de 2025 sus alegaciones a la llamada de evidencias previa a la consulta. El tono no admite ambigüedad. La AVMSD sigue siendo un marco jurídico indispensable para proteger a los menores, apoyar el pluralismo mediático y promover la diversidad cultural y lingüística en un panorama mediático cada vez más dominado por las plataformas. Thomas Bergmann, asesor político de la UER, fue muy directo: “Ya hemos escuchado suficientes declaraciones políticas. Ha llegado el momento de que la Comisión demuestre con acciones concretas que apoya a los medios europeos”.

El argumento de fondo es conocido, pero no por ello menos pertinente. Los medios públicos existen para cumplir un mandato democrático: informar con rigor, llegar a todos los ciudadanos, financiar contenido que el mercado no produciría por sí solo. Ese mandato tiene sentido si los ciudadanos pueden acceder a esos medios. Y hoy, en una proporción creciente, los ciudadanos acceden a la información a través de plataformas que no han sido diseñadas para favorecer el servicio público, sino para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla.

El regulador audiovisual del Reino Unido, Ofcom, ha sido uno de los más activos en este debate, aunque su país ya no forme parte de la UE. Su argumento es difícil de rebatir: los menores pasan más tiempo en YouTube que frente a cualquier televisión convencional. Si los contenidos de servicio público no son fáciles de encontrar en esa plataforma, sencillamente no llegan a esa audiencia. Y la función pública del medio queda reducida a un ejercicio de nostalgia para mayores de 50 años.

Google saca la calculadora

YouTube no ha permanecido callada ante esta presión regulatoria. En octubre de 2025, publicó un informe elaborado por Oxford Economics —hay que decir que encargado y financiado por la propia compañía— que cuantifica su aportación económica a la Unión Europea. El ecosistema creativo de YouTube contribuyó con más de 7.000 millones de euros al PIB de la UE en 2024 y sostuvo más de 200.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El mensaje implícito es transparente: antes de regular, recuerden quiénes somos. El ecosistema de creadores que ha crecido en YouTube es una realidad económica y cultural de primer orden. El número de canales de la UE que ingresaron al menos 10.000 euros al año creció más de un 15% respecto al año anterior. Regular la prominencia de los medios públicos, argumenta Google, significaría empujar a esos creadores hacia posiciones menos visibles para favorecer a organizaciones subvencionadas por el Estado. 

La lógica meritocrática de la plataforma —el creador que trabaja más y conecta mejor con su audiencia es el que aparece arriba— quedaría subordinada a decisiones del regulador sobre qué contenido merece más visibilidad. Alguien elegiría ganadores y perdedores. Y ese alguien, insinúa Google, sería el gobierno.

Es un argumento con fuerza retórica, aunque algo tramposo en su planteamiento. Los medios públicos no compiten con los youtubers por cuota de pantalla ni por ingresos publicitarios. Su función no es ganar la guerra del algoritmo, sino garantizar que el ciudadano pueda acceder a información verificada y plural en el entorno digital donde hoy se informa. No es lo mismo ser visible que tener la razón, pero tampoco sirve de mucho tener la razón si eres invisible.

El caso español

En España, el debate tiene una dimensión específica. RTVE ha experimentado en los últimos años una notable recuperación de audiencia y presencia digital. En la temporada 2024-2025, su canal de YouTube alcanzó 2,5 millones de suscriptores y 225 millones de visualizaciones, mientras que en TikTok roza los dos millones de seguidores. En 2024, las redes sociales de RTVE superaron los 8.000 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 96% en interacciones respecto al año anterior.

Estas cifras son relevantes, pero revelan también el problema. RTVE ha logrado presencia digital en parte porque ha destinado recursos y estrategia a ello, no porque la arquitectura de las plataformas le facilite el camino. Un medio público con menos músculo o menos voluntad política podría sencillamente desaparecer del mapa algorítmico, aun cumpliendo escrupulosamente su función. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 incorporó la posibilidad de adoptar medidas de prominencia para los servicios de interés general, pero no las obligó ni las desarrolló reglamentariamente. Casi tres años después, el precepto sigue siendo letra muerta en la práctica.

Francia, Alemania, Italia y España han introducido o están introduciendo medidas de prominencia, pero de forma descoordinada, lo que fragmenta el mercado interior. La revisión de la AVMSD es la oportunidad de establecer un marco común. La CNMC, que presidió en 2025 el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el llamado Media Board, tiene en este proceso una responsabilidad directa que hasta ahora no ha traducido en posiciones públicas especialmente ambiciosas.

Tres opciones sobre la mesa

La Comisión ha planteado formalmente tres escenarios para la revisión. La primera opción es dejar la directiva sin cambios; la segunda, introducir ajustes puntuales en materia de prominencia, publicidad y protección de menores; la tercera, una revisión completa que transforme la directiva en un reglamento de aplicación directa.

La segunda opción es la más probable y la más discutida. Implica, entre otras cosas, decidir si la prominencia de los medios de interés general pasa de ser una posibilidad que los Estados miembros pueden adoptar a una obligación que deben cumplir. Si las plataformas de intercambio de vídeo, incluido YouTube, quedan sometidas a las mismas reglas que los agregadores de televisión conectada —las interfaces que reúnen en una sola pantalla los contenidos de Netflix, HBO, una cadena pública y cualquier otra plataforma, y que deciden qué aparece primero cuando enciendes el televisor—. Y también si se establece algún tipo de definición común de qué es un servicio de interés general a efectos de prominencia, para evitar que cada gobierno utilice el concepto como coartada para favorecer a sus medios afines.

Este último punto es, paradójicamente, el más delicado. La prominencia regulada puede ser una herramienta democrática, pero también puede ser un instrumento de control político si los criterios para definir el interés general son opacos o arbitrarios. Cualquier Estado miembro que introduzca obligaciones de prominencia debería publicar de forma clara y transparente la lista de servicios que considera de interés general, con criterios objetivos y proporcionados. En países donde la independencia de los medios públicos no está blindada —y España tiene experiencia directa en este terreno—, la regulación de la prominencia sin garantías de independencia editorial puede acabar favoreciendo la visibilidad del medio dócil más que la del medio útil.

La economía de la atención no es neutral

Hay una trampa en el argumento de Google que vale la pena señalar. La plataforma presenta su algoritmo como un espejo de las preferencias del usuario: si algo aparece arriba, es porque la gente lo quiere ver. Pero el algoritmo no es neutral. Está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, lo que sistemáticamente favorece el contenido más estimulante emocionalmente, no necesariamente el más preciso o el más relevante desde el punto de vista del interés público. O el más extremo; por eso los productores de contenidos tóxicos de la ultraderecha se están movilizando contra la reforma. 

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En el actual panorama mediático, el recurso escaso no es el contenido, sino el tiempo de atención, dado el vasto volumen de oferta disponible. Ha emergido un verdadero mercado de la prominencia en el que la posición en los interfaces y los sistemas de recomendación determinan qué se ve y qué no.

Pedir que los medios públicos compitan en ese mercado en igualdad de condiciones es como pedir a un periódico de referencia que compita en quiosco con una revista de cotilleo aceptando que el único criterio es qué portada llama más la atención. Puede hacerse, y de hecho muchos medios lo intentan con resultados irregulares, pero no es eso para lo que están.

La consulta europea cierra el 1 de mayo. Sus resultados alimentarán una propuesta legislativa que la Comisión tiene previsto presentar antes de que acabe 2026. Pero antes tiene que resolver el debate: cuando un ciudadano abre YouTube buscando noticias, ¿tiene derecho a que el sistema le ofrezca algo más que lo que maximiza los ingresos publicitarios de la plataforma? Europa lleva años diciendo que sí. Aún está por ver si es capaz de obligar a que ocurra.