El fiasco de Mediapro pone en riesgo de quiebra a la Liga de Fútbol francesa

Un juzgado mercantil de Nanterre estudiará este próximo jueves si valida el acuerdo que pone fin a la breve historia del grupo español Mediapro en Francia. En caso afirmativo, la empresa de Jaume Roures devolverá a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa los derechos televisivos que adquirió por 830 millones de euros en mayo de 2018 y pagará 100 millones de indemnización a la patronal gala por el impago de dos de los tres plazos que debería haberle abonado este año.

De esta forma la LFP podrá recuperar los derechos de televisión para ofrecérselos a otro operador e intentar paliar los acuciantes problemas económicos que atraviesan tanto ella como los propios clubes franceses de fútbol. Porque con la subasta de esos derechos, que aumentó nada menos que un 60% el precio de la anterior, en 2015, y alcanzó un precio récord en Francia de 1.153 millones de euros, el fútbol galo confiaba en solventar sus serios aprietos financieros. Al final de la temporada 2018-2019, su déficit alcanzaba los 160 millones de euros, 126 millones sólo de la primera división. Antes de la pandemia. A mediados de este ejercicio, según publicó el pasado mayo el diario francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, la LFP ya se encontraba en quiebra. La crisis del coronavirus, que supuso la cancelación del Campeonato de Liga en marzo y, por tanto, el cierre de todas las fuentes de ingresos de los clubes, desde la venta de entradas y los ingresos por patrocinio hasta el pago de los derechos de transmisión de los partidos –entonces aún en manos de Canal+–, ha terminado por ahogar definitivamente al fútbol francés.

Así, los documentos confidenciales a los que tuvo acceso Mediapart mostraban ya entonces que Canal + –por la primera división– y BeIN Sports –por la segunda– habían dejado de pagar 213,2 millones de euros, los ingresos publicitarios se habían reducido 108,3 millones y los procedentes de traspasos de jugadores, otros 209,8 millones, mientras los recibidos por la venta de entradas se habían quedado en cero. En total, el periódico cifraba en 438 millones de euros los números rojos de la Liga francesa.

La respuesta de los directivos de la LFP fue pedir un préstamo de 224,5 millones de euros “para compensar al menos las pérdidas de los clubes relacionadas con derechos televisivos no reconocidos”, explicaba el diario galo. El 90% de esa cantidad cuenta con la garantía del Estado francés. El plan de la patronal consistía en devolver el dinero a razón de 67,2 millones anuales procedentes de los pagos que Mediapro debía abonar por los derechos audiovisuales adquiridos.

Pero estalló la pandemia. La crisis se desencadenó cuando, tras hacer su primer pago, 172 millones, en agosto –compró los derechos de 2020 a 2024–, el grupo de Roures no abonó ni el plazo de octubre ni el de diciembre. Adujo que el coronavirus había dado al traste con el negocio tal y como lo había concebido y pidió a la LFP que renegociara a la baja el contrato. Al mismo tiempo, anunció que la cadena de pago que había creado, Téléfoot, cesaba en sus emisiones. Los empleos de sus 150 trabajadores están ahora en la cuerda floja. Sólo ha conseguido sumar unos 600.000 suscriptores, lejos de los 3,5 millones que necesita para no perder dinero.

Los riesgos “imprudentes” de la Liga y la falta de liquidez de Mediapro

Desde el primer momento, las dudas sobre la solvencia de Mediapro, propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontai propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontaidesde 2018, alcanzaron las páginas de los medios franceses, que ahora han visto confirmados sus temores. En mayo, Mediapart destacaba el hecho de que Roures hubiera creado una “estructura ad hoc” en Franciaad hoc para hacerse con los derechos del fútbol, lo que le hacía sospechar del verdadero “grado de compromiso” de la matriz con el negocio en ese país.

Ahora, tras desvelarse el fiasco, los periódicos galos han puesto el foco en las “dificultades financieras” del grupo hispano-chino. Le Monde, que cita a Moody’s, cifra en 920 millones de euros la deuda de Mediapro. También señala la rebaja de rating que además de Moody’s, S&P y Fitch aplicaron en octubre a la compañía de Roures. Las agencias consideran que el riesgo de crédito del grupo es “muy alto” y sus títulos, “de baja calidad”. S&P atribuye a Joyce Media, la matriz de Mediapro, “una estructura de capital insostenible, dado su alto nivel de deuda en relación con su débil generación de liquidez”. De ahí que no pudiera hacer frente a los pagos debidos a la Liga de Fútbol francesa. En junio su liquidez era de sólo 147 millones de euros. El grupo audiovisual, no obstante, había cerrado 2019 con un resultado bruto de explotación de 224 millones de euros.

Es más, el vespertino francés asegura incluso que Mediapro puede enfrentarse a las demandas de los cuatro operadores que distribuyen Téléfoot: Orange, SFR, Free y Bouygues Telecom.

Si, como parece, Mediapro no paga su deuda a la LFP y ésta tarda en vender de nuevo los derechos televisivos –que además tendrán que recolocar con un precio mucho más bajo–, el agujero en las cuentas de la patronal francesa va a ser considerable. Y puede igualmente poner en peligro la devolución del préstamo. Como ha sido avalado por el Estado en un 90%, existe el riesgo cierto de que, a la postre, la deuda termine siendo pagada por los contribuyentes franceses. La LFP replicó entonces que el préstamo “no supone ningún riesgo económico”. Los reembolsos de Mediapro “no representan más del 5% de los ingresos de la LFP y no involucran a los contribuyentes franceses de ninguna manera”, explicó en un comunicado.

“No se pueden contraer esos riesgos y luego pedir ayuda al Estado como a un bombero, eso sería demasiado fácil”, declaró el ministro francés de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer antes de que se conociera el cese de actividad de Mediapro en Francia. Pero, cuando se le preguntó si el Estado va a dejar entonces que los clubes quiebren, respondió que no. “Hay un margen”, añadió, “entre cubrir los gastos que no han sido asumidos por un actor privado e impedir que los clubes quiebren”. Aun así, fue crítico con los riesgos “imprudentes” que a su juicio han asumido ciertos “actores privados”. “En este asunto de Mediapro han ocurrido cosas que no están bien”, se quejó en una entrevista al canal BFMTV.

Conflictos legales también en Italia y Estados Unidos

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En Italia, Mediapro también pujó por los derechos audiovisuales de la Primera División y también ha terminado con un conflicto legal. En 2018 se quedó con esos derechos por una cantidad similar a la francesa, 1.050 millones de euros. Pero como no presentó garantías, la Liga italiana le rescindió el contrato. Después, ambas partes se enzarzaron en los tribunales a cuenta de un adelanto de 52 millones abonado por Mediapro y de sendas indemnizaciones.

En Estados Unidos le fue incluso peor. Acaba de reconocer que tres directivos de la empresa pagaron sobornos para adquirir los derechos televisivos de la fase de clasificación en Centroamérica y Caribe para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. Los tres altos cargos, asegura, fueron despedidos en diciembre de 2015. En 2018, el grupo de Roures tuvo que pagar una multa de 20 millones de euros por este caso, cuya investigación fue llevada a cabo por el FBI y la Fiscalía de Nueva York.

Mientras, en España, Movistar tiene también desde 2018 los derechos de LaLiga, que hasta ese momento estaban en manos de Mediapro. El precio del paquete completo alcanzó el récord de 3.421 millones de euros, de los que la compañía de José María Álvarez-Pallete se quedó con 2.940 millones, correspondientes a los ocho partidos por jornada y El Partidazo, mientras que Mediapro consiguió los derechos de transmisión a los bares y los derechos de los resúmenes en exclusiva por 481 millones. En el anterior concurso fue Movistar la que se hizo con El Partidazo –750 millones– y Roures con los ocho partidos –1.900 millones–. La guerra del fútbol con Prisa se cerró el año pasado después de 12 años con el pago por el grupo editor de El País de una indemnización de 51 millones a la compañía de Roures.