Así introducían cocaína en África un empresario de la noche canario y un vecino de Sanxenxo
Clender Javier C.C., Objetivo de Alto Valor (HVT, por sus siglas en inglés) para Europol, vivía sin hacer ostentación de su poder económico en la isla de Tenerife. Tenía numerosos negocios en el sector del ocio nocturno y la hostelería en el sur de la isla, así como una empresa dedicada al alquiler de coches en La Gomera. Tenía estrechos lazos con un vecino de Sanxenxo, en Pontevedra. El motivo, según la Unidad Central Operativa (UCO), sería claro: trabajar en conjunto para, mediante pesqueros, transportar ingentes cantidades de cocaína desde África Occidental hasta Europa.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la que se ha denominado Operación Silbo, han logrado desarticular una de las organizaciones criminales más activas con epicentro en el archipiélago canario mediante la detención de 34 personas en los cerca de 40 registros practicados en distintos puntos de la geografía española. 18 de ellas, según fuentes judiciales, han ingresado en prisión.
Esta investigación, iniciada hace ya más de dos años por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha contado con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) así como con la de la Policía Judicial de Cabo Verde, todo ello coordinado por Europol.
En la fase de explotación se han llevado a cabo actuaciones en las islas de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de en otras provincias como Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga. Es decir, en todas las Canarias y en los puntos calientes del tráfico de cocaína a nivel peninsular en la actualidad.
El origen de esta investigación se centró en la figura del empresario tinerfeño, de 42 años, relacionado con los sectores del ocio nocturno, la restauración y la construcción principalmente, también con varias empresas en el extranjero, todo ello utilizado, como han podido corroborar los investigadores, para dirigir una compleja organización criminal desde las Islas Canarias para introducir importantes remesas de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional.
Paralelamente a su gestión empresarial, este empresario negociaba directamente la entrega de notorias cantidades de cocaína desde barcos nodriza procedente de Sudamérica a otras embarcaciones por él gestionadas, para su posterior entrada en el archipiélago canario, principalmente.
En este escenario, los investigadores incautaron dos envíos de notoria relevancia con destino a Santa Cruz de Tenerife, una de ellas de algo más de 500 kilogramos de cocaína en enero de 2024, en una embarcación que la había transbordado previamente desde un buque procedente del continente sudamericano, y posteriormente, en el mes de noviembre del mismo año, otra de 1.600 kilogramos de la misma sustancia.
En el caso de la primera, fueron detenidos a bordo un gallego natural de Redondela, David C.C., originario de la provincia de Pontevedra, un colombiano y dos marroquíes. Así lo contó en su momento en primicia Narcodiario.
En el caso de la segunda, el cabecilla de la organización criminal había dispuesto un barco pesquero en Guinea Bissau, todo ello en colaboración con su socio afincado en Galicia, con la intención de abastecerse del estupefaciente de la misma manera que la anterior aprehensión, aprovechando la conocida ruta africana de la cocaína.
De la misma manera, esta persona contaba con infraestructura marítima y terrestre en otras islas del archipiélago, empleadas para recibir importantes cantidades de hachís procedente de Marruecos, las cuales eran enviadas a Reino Unido, consiguiendo un rápido retorno de beneficios económicos. Así, los investigadores detectaron varias reuniones con personas de nacionalidad británica en la Costa del Sol relacionadas con el tráfico de drogas en ese país.
La investigación económica desarrollada de forma paralela ha permitido conocer que el principal responsable de la organización había construido un entramado societario para el blanqueo que realizaba fuertes inversiones en distintos sectores económicos, a través de empresas nacionales y extranjeras del sector de la restauración, inversiones inmobiliarias y otras, haciéndose valer para estos fines de terceras personas de su entorno de confianza.
También estaba vinculado con sociedades pesqueras y otros activos ocultos a terceros, y utilizaba, así mismo, la empresa de alquiler de vehículos para blanquear los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas, así como para la distribución de los estupefacientes mediante el uso de su flota.
De esta manera, en el pasado mes de abril se intervinieron 66 kilogramos de cocaína que se pretendían introducir en Tenerife mediante un vehículo de esta empresa, ocultos en el mismo mediante un sofisticado sistema hidráulico, pudiéndose averiguar que este cargamento había sido sustraído previamente a otro grupo criminal, para lo que habían secuestrado a un integrante del mismo.
El grupo criminal ahora desarticulado utilizaba la figura de una persona de nacionalidad cubana y otra colombiana, ambos con formación militar, para ejecutar acciones violentas sobre determinados objetivos para hacerse con activos de distinta índole, llegando incluso a forzar a un tercero en el sur de la Isla de Tenerife para adueñarse de unos terrenos en el municipio de Candelaria.
A lo largo de la investigación también se pudo saber que también tenían proyectada la adquisición de armas de fuego ilegales en la Península, mientras impartían formación militar a otros integrantes del grupo.
En la explotación de esta operación, además, se intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, en la isla de Tenerife, donde almacenaban gran cantidad de productos químicos altamente nocivos para la salud, así como los utensilios necesarios para el procesado y adulteración de la cocaína. La estructura estaba en una especie de cueva bajo tierra que complicó su localización.
Esta investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife, se ha saldado con la intervención de 2.185 kilogramos de cocaína, armas de fuego modificadas en perfecto estado de uso, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones (un barco pesquero, un velero y tres lanchas rápidas), así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles por valor de más de dos millones de euros.
