Cuando queríamos ser indios Aroa Moreno Durán
Pues ya está la farsa lista para sentencia. Un hombre bueno y justo, la autoridad que dirige el Ministerio Público, es decir, quien en el ámbito de la Justicia representa al pueblo, a usted y a mí, queda a la espera de una sentencia que dicen que estará lista antes de enero. Desde el golpe de Estado de 1981, en aquel otro escenario del Congreso, también decimonónico, aterciopelado y repleto de naftalina, no habíamos asistido a un esperpento mayor, de sabor tan valleinclanesco.
Empezó todo, no nos cansemos de recordarlo –que la memoria es frágil y traicionera– cuando para desmentir un bulo promovido por Miguel Ángel Rodríguez, el locuaz director de Gabinete de la presidenta Ayuso, se filtró un correo electrónico con el nombre de un paisano o ciudadano particular llamado Alberto González Amador. Usted y yo no conocimos a Alberto “Quirón” por ese misterioso correo electrónico, ni supimos por ese email del presunto fraude fiscal reconocido por su abogado, ni tampoco nos llegó por culpa de ese correo la suculenta cifra de dos millones y pico de euros que facturó por la venta de mascarillas y que cobró del dinero de usted y del mío en plena pandemia.
Usted y yo nos enteramos de esa historia, que probablemente habría quedado recluida en algunos medios de comunicación, porque el brillante MAR y la líder indiscutida del PP se empeñaron en darlo a conocer y presentarlo como víctima de una operación de Estado, de un ataque de la Fiscalía hacia un ciudadano que afirmaban era objeto de una inspección de Hacienda como otra cualquiera y que, sin embargo, por ser quien era, pareja de la presidenta de Madrid, es víctima de una operación de Estado con órdenes “desde arriba”.
Esta gente tan lista, Isabel Díaz Ayuso, Alberto “Quirón” y MAR, se la jugó. Aunque en un principio la idea era que todo aquello fuera rápido y silencioso, montaron un espectáculo de resultado conocido: todo el mundo sabe lo que se embolsó el susodicho, lo que defraudó e incluso lo que aparentemente compró con las ganancias. Puede que fuera un ático o un dúplex en Chamberí, para que luego digan que no hay protección oficial en la compra de vivienda.
Y no tuvieron ni ellos ni sus cómplices el más mínimo escrúpulo en llevarse por delante la reputación del fiscal general del Estado. Claro que quizá pensaron que, con unos cuantos pellizcos, Álvaro García Ortiz dimitiría. No lo hizo antes de que le imputaran, sin embargo, a pesar de que lo dudó y mucho. Tampoco lo hizo cuando le llegó la imputación por un voto (dos a uno, con un voto particular que merece la pena leer) ni cuando le abrieron el juicio oral que acaba de terminar.
Leamos cómo contó la historia el instructor Ángel Luis Hurtado, el mismo magistrado obsequioso con Rajoy durante el juicio de la Gürtel (“esa pregunta no es pertinente”, decía una y otra vez a los atónitos letrados de la Acusación durante el interrogatorio al presidente), y que se desmarcó de los otros dos magistrados que sentenciaron contra el PP. Lo que sigue es el primer punto del apartado HECHOS (así, tal cual), del auto de instrucción firmado a principios de junio.
A nivel indiciario, propio del momento procesal en que se encuentra la causa, a juicio de este Instructor, cabe presumir que: A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo.
Ahí está todo: indicios, suposiciones, que el juicio oral no ha hecho sino desmentir. Todo ha ido en la misma dirección, incluso cuando hablaron el propio MAR y el “defraudador confeso del Reino de España”, como él mismo se calificó con ironía: quedó meridianamente claro que el email no lo filtró él, puesto que se constató que una decena de medios ya lo tenían antes. En contrario solo escuchamos unas risibles declaraciones de los agentes de la UCO que dieron por hecho que solo el fiscal general pudo publicar el correo, aunque hubiera cientos de personas que podrían haber accedido al email de marras (a las que no investigaron porque ellos “no hacen investigaciones prospectivas”, según afirmaron entre las risas y los rumores del público presente).
El sainete ha sido tan largo y vergonzoso que cuesta pensar que la Sala, compuesta por tres magistradas y cuatro magistrados de sensibilidad mayoritariamente conservadora, vaya a rectificar y conceder la total inocencia del fiscal general
¿Y ahora qué? El sainete ha sido tan largo y vergonzoso que cuesta pensar que la Sala, compuesta por tres magistradas y cuatro magistrados de sensibilidad mayoritariamente conservadora, vaya a rectificar y conceder la total inocencia del fiscal general. Cinco de esos jueces decidieron hace un año que se le investigara, de modo que es improbable que asuman el error y el daño brutal que han hecho a la institución: a la suya y a la de la Fiscalía. El desequilibrio de posiciones es de tal dimensión que, si el presidente del Gobierno dice que el fiscal es inocente, está ofendiendo la independencia judicial. Por el contrario es meritorio que se dé ya por culpable y corrupto al fiscal si quien lo hace es el PP en masa, sus medios afines, sus corifeos e incluso la mayoría de los españoles según encuesta publicada en primera página de un diario nacional.
Si no tuvieran más remedio que absolver al fiscal por la clamorosa ausencia de pruebas, veremos sin duda frases autoexculpatorias, del tipo “aun existiendo sólidos indicios…”, o “aunque no pueda descartarse…”. El Tribunal –posibles votos particulares aparte– podrá darnos una lección sobre la magnanimidad de la Justicia, sobre su generosidad, sobre su garantismo. Vamos a tener al final que darles las gracias a esos magistrados, e incluso a MAR, a Ayuso y su novio, al Colegio de Abogados de Madrid, a Vox, a Manos Limpias, a la APIF, a Hazte Oír, a la Fundación Foro Libertad y Alternativa de Vidal Quadras, Mayor Oreja y algunos ricos venezolanos… Tendremos que rendirnos ante Feijóo y el PP, tan demócratas, porque aunque es evidente que Sánchez y el fiscal fueron a por un pobre técnico sanitario por salir con la presidenta de la Comunidad, como no ha dejado pruebas y la Justicia es muy grande, hay que exculparle. Eso si no le condenan directamente, que a día de hoy es, visto lo visto, muy probable. Qué bueno es dios, que pone en el mundo a los verdaderos adalides de la libertad y la división de poderes.
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