Política fiscal: pensamiento mágico por la derecha, incapacidad para explicar por la izquierda

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

En el fondo, los conservadores hacen un 'totum revolutum' con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.