Del Capitán Marchena a Teresa Peramato
El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscala general del Estado. Lo hace el día de la lucha contra la violencia de género, después de que Álvaro García Ortiz haya renunciado a su cargo. El nombramiento de Peramato es un chute de optimismo democrático, después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que condenó al anterior FGE por revelación de datos reservados. Su propuesta, pendiente de la valoración del CGPJ y del Congreso, nos indica que el sistema democrático español, a pesar de sus anomalías, funciona. El nombramiento de Peramato ha sido un gesto inteligente, astuto, brillante. La próxima FGE ha ocupado el cargo de Fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. El gobierno ha jugado bien la carta contra el desencanto.
El último fallo del TS volvió a poner en evidencia la ominosa influencia del magistrado Manuel Marchena en la vida política española. El Napoleón del Poder Judicial es lo suficientemente perverso como para sacar a Álvaro García Ortiz de la Fiscalía por un delito menor, que nada tiene que ver con la revelación de secretos, lo que viene a significar que el juez tampoco pretendía meterlo en la cárcel, sino tan solo expulsarlo de la Fiscalía General y dar un golpe de mando.
El anuncio de la condena sin haber dado a conocer antes los argumentos de la sentencia no se compadece con el proceso que la ciudadanía pudo observar en diferido, pero ha servido para evidenciar cómo funcionan los engranajes de la justicia española, emitiendo un aviso para navegantes. Marchena es capaz de meter a los líderes del procés en el trullo y es también capaz de tumbar a todo un fiscal general del Estado. El Poder Judicial se siente lo suficientemente fuerte como para tener a un país cogido por el puño. Ahora conviene observar cuál ha sido la reacción de ese país.
Marchena es capaz de meter a los líderes del ‘procés’ en el trullo y es también capaz de tumbar a todo un fiscal general del Estado
El pasado domingo, centenares de personas tomaron improvisadamente el parque de la Villa de París tras saber que Álvaro García Ortiz había sido ajusticiado. Ante la puerta principal del Supremo, gritaron ante un Estado de Derecho amenazado, principalmente, por su máximo garante, el Capitán Marchena. No es la primera vez que el pueblo se organiza, excitado por una sentencia injusta. Conviene recordar la condena de La Manada que puso al feminismo español a prueba. El castigo leve a los violadores de La Manada propició una reforma legislativa, un cambio en el ordenamiento y un calambrazo al movimiento feminista que tomó las calles y logró que en la Corte de los Leones se aprobara la ley del sólo sí es sí, con el espaldarazo de Irene Montero y el ministro de Justicia socialista Campos, hoy en el el TC. Como afirmó la propia Peramato, “la ley del sólo sí es sí es buena, nos da muchísimas posibilidades para proteger más a las víctimas”.
Las mujeres crearon un momentum político que tuvo su reflejo jurídico en la aprobación de una ley y en la jurisprudencia del TS. Fue un cambio de rasante en la política de igualdad que ha fortalecido nuestro sistema de derechos. Hoy nadie cuestiona esa ley, salvo PP y Vox. Unos cuantos años después, la misma reacción ante un fallo del Supremo podría volver a producirse, si no fuera porque la guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no han impactado en la opinión pública con la misma intensidad que entonces. Se diría que la acción de Marchena sólo beneficia técnicamente a Vox sin lograr que el PP crezca electoralmente ni tampoco condicione la acción del Gobierno que ha decidido que Peramato, escuela Dolores García, ocupe la vacante de García Ortiz.
De momento, La Manada y el fallo del TS han provocado reacciones distintas entre los españoles. La Manada tensaba el instinto humano. En cambio, la condena del FGE nos remite al asesinato de Montesquieu, es de orden más estructural. Nos invita a desconfiar en la justicia y a pensar que España se parece un poco más a la Italia de los 70, a esa en la que Alberto González Amador habría sido un ciudadano libre de toda sospecha. Efectivamente, la condena a Álvaro García Ortiz moviliza a la izquierda del 68, a la de la Transición, a un votante veterano y maduro. Probablemente, trata de evitar la sensación de hundimiento y desencanto. En Ferraz deberían estar atentos a este cruce de caminos. Quizá no están sabiendo mover a su electorado joven correctamente, quizá RTVE sigue sin ser suficiente.
Adenda
El último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Catalunya confirma a PSC y ERC como principales fuerzas políticas. Los partidos de la plurinacionalidad se sitúan muy por encima del 50%. La amnistía no sólo ha recosido las heridas de la convivencia. También ha dado estabilidad a los partidos de la izquierda, cuando en el resto de España se viven días de futuro terror, acelerados tras la condena del fiscal general del Estado, merced al puño de Marchena. En realidad, el CEO nos confirma que lo que sucede en el Madrid D.F. se parece mucho a lo que está pasando en Catalunya. El sondeo que dirige Joan Rodríguez ha vuelto a subrayar el ascenso creciente de Aliança Catalana y la crisis profunda en la que se encuentra Junts. La derecha fractal catalana replica los mismos síntomas de debilidad del PP y perfila la fuerza del 20% de Vox. Los de Silvia Orriols serían primer partido en Gerona y Lleida y se harían con 18-20 diputados en el Parlament, al tiempo que los de Carles Puigdemont perderían 15 escaños. Aliança Catalana ha dejado de ser una anomalía democrática y ya estaría en condiciones de arrebatarle a Junts la tercera posición en el arco parlamentario, convertida en un trombo que obstruye la acción parlamentaria de Pedro Sánchez en la Corte de los Leones. El mejor anticoagulante para disolver a Junts viene siendo el TJUE. Atentos al fallo que puede autorizar la aplicación íntegra de la amnistía. El TJUE no tardará mucho en reconocer la libertad de Puigdemont. Se acerca otro momento político: “Ciutadans de Catalunya: ya sóc aquí”.
