La balanza inclinada hacia Abascal
Hay una elección deliberada en la ofensiva antiaborto del PP. Empezó José Luis Martínez Almeida con el falso síndrome postaborto, aunque rectificó antes de que la legalidad le pusiera freno. La ha abierto Isabel Díaz Ayuso en canal autodeclarándose insumisa de un servicio de la cartera sanitaria obligatorio, y de su exclusiva competencia autonómica, bajo el envoltorio ultra de tachar el aborto de “problema”. Ninguna vía habría tenido vuelo si el guante no lo hubiera recogido Alberto Núñez Feijóo. No es cierto que haya mantenido la postura de siempre. Se enredó en su entrevista con Susanna Griso de arranque de semana y no fue capaz de condenar a Madrid por negarse a cumplir la ley.
La promesa de hacer pública la lista de quienes practican abortos es una clara vulneración de privacidad de los médicos. Ni siquiera la de objetores no lo es. Y, si hay una lista, debería pasar por la auditoría de quienes facturan en la privada por lo que se niegan a hacer en la pública. El negocio de las feministas, en palabras de Ayuso, puede resultar siendo el de los antiabortistas. Ese 1% de abortos en centros públicos y 99% derivados a la privada es una anomalía con la que se convive con total naturalidad porque en ninguna comunidad autónoma el ratio es tan desproporcionado.
En la tensión interna del PP entre liberales y ultracatólicos siempre había ganado el ala liberal. Los liberales conservadores o la imposibilidad de luchar contra los tiempos. El PP recurrió la ley del aborto y tuvo la suerte de que el Tribunal Constitucional la avalara 13 años después. Lo mismo hizo con el matrimonio LGTBi+. Ambos avances son de gobiernos progresistas y ambos derechos, recurridos por el PP en la oposición. Después de dar la batalla cultural, llega la hipocresía de beneficiarse de ellos. Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en 2011, los dejó como estaban. Por el camino cayó Alberto Ruiz Gallardón y hubiera caído el siguiente en tocar los matrimonios homosexuales.
Las nuevas coordenadas del PP en la búsqueda de electores en los caladeros de las nuevas extremas derechas hacían impredecible que se reabriera el derecho al aborto. Pero ojo, porque antes de la llegada de Trump el gobierno de los jueces conservadores en EEUU dio marcha atrás en lo que se creía consolidado. El Supremo de Estados Unidos acabó con las garantías federales de protección del aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022. Como denuncia Amnistía Internacional, revirtió casi 50 años de salvaguardas fundamentales, dejando la condición de si es legal o no en manos de cada estado. Se prohibió en catorce y en la práctica es inviable en muchos otros. Como siempre, legislan ellos sobre derechos de ellas. Y pagan las de siempre. Las mujeres más vulnerables tienen hoy muchas dificultades para interrumpir su embarazo en Estados Unidos.
Creen los populares que España se está derechizando demasiado rápido cuando lo más probable es que se hayan movido a la habitación equivocada
En este momento global de corriente ultra, el PP ha elegido inclinar la balanza hacia Abascal. El verano de 2024, Vox rompió con el PP por la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. Feijóo torpedeó la reforma de la ley de extranjería pero arremetió contra el discurso Vox. Un año después, el plan de inmigración recién presentado ha soliviantado a Vox por copiar “frases literales” dichas por ellos. “Le falta dejarse barba”, ironiza Santiago Abascal.
Creen los populares que España se está derechizando demasiado rápido cuando lo más probable es que se hayan movido a la habitación equivocada. En la lucha de poder entre la derecha y la ultraderecha hay que preguntarse cuántos derechos se van a poner en juego. Eso o ir comprobándolo cada semana. En qué campos de batalla se da esa refriega es un buen indicativo de la agenda de coalición. Esa que el PP se ha comprometido en público a no rubricar.
