Un ultimátum disfrazado de paz en Gaza
En los últimos días, gobiernos, organismos internacionales y buena parte de la prensa internacional han celebrado lo que ha sido presentado desde la Casa Blanca como un “histórico acuerdo de paz” para Gaza. Se ha aplaudido como un avance hacia la estabilidad en Oriente Próximo y el fin de una de las tragedias más prolongadas de nuestro tiempo. Sin embargo, basta un análisis mínimamente riguroso para comprobar que lo que se ha negociado entre Trump y Netanyahu poco tiene de paz y mucho de ultimátum. El texto que se ha firmado constituye una imposición unilateral, carente de legitimidad, que ignora las demandas históricas del pueblo palestino y que abre la puerta a un nuevo protectorado de corte neocolonial.
La primera evidencia es clara puesto que los palestinos no han participado en la negociación. No se ha tratado de un proceso de diálogo, sino de un dictado. A los palestinos se les ha relegado al papel de receptores pasivos de condiciones previamente pactadas entre Israel y Washington, y consultadas con varios países árabes. Presentar esto como un acuerdo de paz es una manipulación semántica, no hay paz sin la participación de ambas partes en pie de igualdad.
El resultado es un marco diseñado a la medida de las necesidades de seguridad de Israel y de los intereses geopolíticos de las potencias occidentales, pero que deja fuera cuestiones fundamentales tales como el fin de la ocupación en Cisjordania, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales, el derecho al retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén Este o el reconocimiento pleno de un Estado palestino, y deja reducido el problema a una mera gestión humanitaria en Gaza.
El foco exclusivo en la franja de Gaza fragmenta la causa palestina y la convierte en un asunto administrativo. Se oculta que el conflicto no es un accidente humanitario, sino un problema político que hunde sus raíces en décadas de ocupación y colonización. Al limitar el debate a Gaza, se despolitiza la lucha palestina, se invisibiliza a Cisjordania y Jerusalén Este, y se normaliza la exclusión de millones de refugiados. Se ofrece de este modo una solución parcial y cómoda para quienes buscan estabilizar la región y pasar página lo más rápidamente posible.
Se insiste en que el acuerdo trae consigo “paz”. Pero una auténtica requiere justicia, derechos y reconocimiento mutuo. Lo firmado no es más que un alto el fuego prolongado, destinado a garantizar el statu quo y a consolidar la hegemonía israelí. La experiencia de Oslo debería servir de advertencia: un acuerdo incompleto, asimétrico y carente de garantías no resuelve el conflicto, solo lo congela hasta la siguiente explosión. Hoy corremos el riesgo de repetir esa historia.
El acuerdo con Estados Unidos no es más que un alto el fuego prolongado, destinado a garantizar el statu quo y a consolidar la hegemonía israelí
Otro elemento clave es la implicación de los países árabes, presentados como mediadores. Egipto, Arabia Saudí, Jordania o Emiratos Árabes Unidos han avalado el texto no por compromiso con Palestina, sino por unos intereses propios que les permitan reforzar sus regímenes, asegurar la benevolencia de Estados Unidos y mejorar su posición regional.
Su apoyo ha servido para dotar de legitimidad a una imposición que en realidad debilita a los palestinos. La contradicción es evidente, en público mantienen la retórica de solidaridad, en privado consolidan el aislamiento de Palestina.
Pero sin duda, el aspecto más preocupante de este pacto es su carácter neocolonial. Gaza queda configurada como un territorio tutelado desde fuera, sin soberanía ni capacidad de decisión propia. Se establece de facto un protectorado administrado bajo supervisión internacional, como si los palestinos no pudieran gobernarse por sí mismos. La propuesta de colocar al frente de esta “administración” a figuras como Donald Trump o Tony Blair ilustra perfectamente su ilegitimidad. Ambos simbolizan la injerencia externa y el desprecio por el derecho internacional, Blair como arquitecto político de la guerra de Irak y Trump como impulsor de la llamada “normalización” árabe-israelí que relegó a Palestina a un problema menor. En manos de personajes así, la tutela de Gaza no puede interpretarse de otra manera que como una reedición de los viejos protectorados coloniales del siglo XIX. Con esta fórmula, el destino palestino vuelve a decidirse en despachos extranjeros, en función de cálculos estratégicos y no de derechos. La soberanía palestina queda vaciada, sustituida por una administración internacional que perpetúa la dependencia y la humillación.
La Unión Europea tampoco escapa a la crítica. Siempre presta a proclamarse garante de los derechos humanos, ha preferido esta vez aplaudir una solución que congela el conflicto y evita incomodidades diplomáticas. Pero al hacerlo, legitima la imposición como método y renuncia a defender el derecho internacional.
Esta normalización de la fuerza como sustituto de la política es un precedente peligroso. Lo que se está erosionando no es solo la causa palestina, sino la propia vigencia de un orden mundial basado en reglas. El documento firmado no abre la puerta a la paz, sino a una pausa precaria. No resuelve las causas del conflicto, no reconoce las demandas históricas del pueblo palestino y no ofrece un horizonte de igualdad. Es un cierre en falso, diseñado para tranquilizar a la opinión pública internacional y reforzar a quienes buscan mantener el control de la región.
Si realmente se quisiera construir la paz habría que reconocer la existencia de un Estado palestino soberano, desmantelar las colonias, levantar el bloqueo de Gaza, garantizar el derecho al retorno de los refugiados y establecer mecanismos internacionales de verificación. Y, sin embargo, nada de eso aparece en este acuerdo.
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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.
