Aborto y libertad de conciencia: hacia un Estado laico de verdad
El llamado “síndrome postaborto” no existe. Ninguna institución científica internacional lo reconoce, ni la Organización Mundial de la Salud ni las asociaciones profesionales de psiquiatría o psicología.
Es, sencillamente, un mito creado por sectores ultraconservadores para desacreditar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y para cuestionar un derecho conquistado tras décadas de lucha feminista. Lo que de verdad genera sufrimiento no es el aborto en sí, sino el estigma, la presión social y las trabas legales que todavía hoy intentan imponerse.
Detrás de ese discurso laten las viejas inercias de una España que aún no se ha sacudido del todo la sombra de la tutela eclesiástica. Se pretende imponer una moral religiosa particular al conjunto de la ciudadanía, como si fuera ley universal. Y ahí es donde aparece la cuestión central: la libertad de conciencia.
Se pretende imponer una moral religiosa particular al conjunto de la ciudadanía
En una democracia plena, cada persona debe poder decidir conforme a sus convicciones, sin imposiciones externas. La libertad de conciencia no consiste en que cada cual practique su religión sin ser perseguido; significa también que nadie esté obligado a vivir bajo normas dictadas por credos que no comparte. Y cuando hablamos del derecho al aborto, hablamos exactamente de eso: de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su maternidad sin injerencias ajenas.
Por eso es tan relevante la intención del Gobierno de blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata solo de reforzar un marco jurídico, sino de afirmar un principio democrático esencial: la maternidad debe ser siempre una elección, nunca una imposición. Con ese blindaje, España daría un paso decisivo hacia la laicidad real, entendida no como hostilidad hacia lo religioso, sino como neutralidad institucional frente a las creencias particulares.
Laicidad, aborto y libertad de conciencia forman un triángulo inseparable. Sin un Estado laico, los derechos de las mujeres quedan expuestos a los vaivenes de la política y a la presión de jerarquías religiosas que no representan a toda la sociedad. Sin libertad de conciencia, esos derechos no son verdaderamente universales, sino privilegios frágiles.
Blindar el derecho al aborto en la Constitución significaría, por fin, que las mujeres en España no necesitan tutelas ni justificaciones: solo respeto a su decisión. Y significaría también que nuestro Estado empieza a madurar en aquello que siempre ha tenido pendiente: garantizar la libertad de conciencia como piedra angular de una democracia moderna y plenamente laica.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
