La democracia ante el poder de las empresas tecnológicas
En noviembre de 2019, la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era aparentemente consciente de una emergencia democrática ante la falta de regulación en el proceso creciente de digitalización, y así lo manifestó diciendo: “Europa pone los valores, los derechos, la confianza y el Estado de derecho por delante de todo lo demás, y eso vale también para la estrategia europea en la era digital”. Debía también ser consciente entonces de que otras potencias apostaban por estrategias diferenciadas en la senda global de la digitalización.
En la actualidad, y a grandes rasgos:
- Estados Unidos sigue dominando las grandes plataformas mundiales, con un fuerte control de los medios y de la infraestructura requerida para el desarrollo y despliegue de la tecnología, como centros de datos, unidades de procesamiento gráfico e integración de tecnología de hardware y software para diversos sectores de actividad. Sin embargo, en lo que se refiere a los aspectos de regulación, hay un vacío federal en contradicción con la situación normativa de determinados estados, como el californiano, sobre privacidad, sesgos algorítmicos y uso laboral de la Inteligencia Artificial (IA).
- China encabeza el despliegue social de la tecnología a través de aplicaciones masivas, con una coordinación estatal, instituyéndose como un actor relevante en IA a nivel global en un corto periodo de tiempo, aunque en ocasiones a través de medidas problemáticas desde el punto de vista ético y en colisión con los bienes jurídicos más básicos recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero es justo reconocer que China está haciendo en estos dos últimos años un gran esfuerzo en el asunto de la regulación.
Por su parte, la Unión Europea (UE) ocupaba, hasta hace poco, el primer puesto en la regulación de una IA fiable y ética con el propósito de crear un ecosistema de excelencia y confianza. Sin embargo, no es una gran potencia todavía en materia de inversiones, ni en el desarrollo y despliegue de soluciones para la industria o para la empresa, y ahora mismo su influencia normativa se está debilitando, pues la Comisión Europea está aplazando, por ejemplo, la aplicabilidad absoluta del Reglamento de IA, desprotegiendo derechos fundamentales en favor de los grupos políticos y de presión que denuncian una sobrerregulación. Es decir, una situación sin soberanía tecnológica y sin estabilidad regulatoria.
Y hay una cuarta potencia, la que constituyen las llamadas empresas tecnológicas globales, que no son precisamente organizaciones sin ánimo de lucro, sino que se distinguen por su voracidad capitalista. Así, por ejemplo, para captar apoyos financieros, Meta aseguró hace años que nutría su IA capturando infinidad de imágenes y vídeos para convertir después en datos los comportamientos de los usuarios cuando operaban con su tecnología. Así, con el inicio de esta década se acentuó una competición marcada por la recopilación del máximo número de datos personales, y muchos de nosotros tuvimos la confianza entonces en que la UE empezaría a liderar el control de estos comportamientos atentatorios contra el bienestar humano, los derechos sociales y humanos.
Hay atisbos de que se quiere empezar a poner coto a esta voracidad, y actualmente Estados Unidos y Europa han acusado a Meta, por ejemplo, por su estrategia de generar adicción a los niños y adolescentes a plataformas como Facebook o Instagram. "Antepone sus beneficios a los menores", aseguran a uno y otro lado del Atlántico.
Precisamente, coincidiendo con el final de la escritura de este artículo de opinión, los medios de comunicación han informado de que Meta acepta pagar 15.500 millones de dólares, llegando a un acuerdo, a falta de últimas validaciones, para poner fin a las demandas presentadas por fiscales que representan a Estados de todo Estados Unidos. Es una noticia importante, pero hay que destacar que, lamentablemente, esta situación impediría que se entrara en el fondo del asunto, es decir, los algoritmos. Y en este sentido no hay que olvidar que todavía están pendientes de dirimirse las miles de demandas interpuestas por particulares contra esta empresa. A pesar de lo comentado, la UE no está en disposición actualmente de dar la batalla para frenar a las grandes tecnológicas, en un entorno político cada vez más ultraconservador en un entorno social indulgente con los avatares de voracidad capitalista.
La UE no está en disposición actualmente de dar la batalla para frenar a las grandes tecnológicas, en un entorno político cada vez más ultraconservador sobre un entorno social indulgente con los avatares de voracidad capitalista
Solamente las fuerzas políticas progresistas, junto a una dinamización del activismo social, podrían todavía reconducir las políticas de una UE que ya goza, por otra parte, de importantes logros legislativos y judiciales: el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva sobre Privacidad Electrónica, el derecho al olvido, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Inteligencia Artificial. Pero, precisamente, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas consideran que estos logros suponen un serio peligro para su crecimiento. En este contexto, no va a resultar nada fácil la necesaria reconducción de las políticas de la UE, pues, lamentablemente, poco tienen que ver las elocuentes palabras de la presidenta de la Comisión Europea en noviembre de 2019 con las pronunciadas en la Cumbre de la Competitividad de Copenhague, celebrada a finales del pasado año, en las que destacó la necesidad de una desregulación, disfrazando esa palabra con términos como el de la conveniencia de una simplificación y de una desburocratización.
¿Qué ha pasado en estos años para que se haya retrocedido en la defensa de los valores y el Estado de derecho en Europa? Una respuesta puede ser que la primera responsable de la Comisión, en vez de liderar una Europa como la que dibujó en el 2019, se ha plegado al gran poder del capital tecnológico en un entorno social y político mayoritariamente al dictado de la actual autocracia estadounidense.
Pero para devolver a la UE los valores que la dignifican, es bueno rescatar las palabras del presidente del Gobierno español en su claro discurso en el marco de la relativamente reciente Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, animando a los Estados a efectuar una serie de acciones para "recuperar el control del Estado fallido" en el que se han convertido las plataformas de redes sociales al margen de la ley.
Entre las medidas que enfatizó el presidente del Gobierno, deben destacarse las siguientes:
- Exigir responsabilidades penales a los directivos de las empresas tecnológicas por los contenidos ilegales y nocivos que aparezcan en sus plataformas. Identificar como delito la manipulación del algoritmo y la amplificación de contenidos ilegales.
- Identificar una "huella" de odio y polarización que ponga al descubierto las actividades perjudiciales de las plataformas, e imponer "costes legales, morales y económicos" a su despliegue.
- Investigar y perseguir a las plataformas por injerencias manipuladoras en contenidos electorales.
Con todo ello, parece claro que los Estados miembros de la UE son los que tienen que reorientar el rumbo social y democrático de Europa, que actualmente está sin el necesario liderazgo político ya que la presidenta de la Comisión defiende ahora lo contrario de hace seis años. Es ‘otra’ dirigente, es ‘otra’ Comisión y es ‘otro’ Parlamento.
No perdamos de vista que el objetivo de Europa en la política de digitalización debiera ser la conjugación de estrategias de innovación y de estabilidad regulatoria. Lo contrario sería un error histórico tanto social como económico.
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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas
