¿Cuánto queremos dedicar a nuestras pensiones?
Llevamos décadas escuchando que el sistema público de pensiones en España es insostenible. Vox, por ejemplo, lo califica de estafa piramidal. Son afirmaciones casi siempre interesadas, que no se corresponden con la realidad. Vamos a ponerle cifras al debate. En 2025 destinamos el 12,9% del PIB a pagar las pensiones públicas: 218.000 millones de euros, sin duda una cifra elevada, pero perfectamente asumible, por cuatro razones.
La primera es que, a pesar de los discursos apocalípticos que hablan de un crecimiento disparado, el gasto en pensiones lleva más de una década prácticamente estabilizado: desde 2014 apenas se incrementó en siete décimas de PIB.
Esto contrasta con lo ocurrido durante la crisis financiera: en los años de la austeridad, la caída del PIB hizo que el gasto en pensiones pasara del 8,6% en 2008 al 12,2% en 2014, un salto de 3,6 puntos, y eso a pesar de los duros recortes que impuso la reforma de Rajoy en 2012.
Ahora ha ocurrido lo contrario; aunque la sociedad española envejece y aumenta el gasto —porque la reforma de 2021 devolvió la revalorización de las pensiones con el IPC, entre otras mejoras—, el peso sobre el PIB apenas se ha movido. Llegó a un máximo del 14% en 2020 por el hundimiento de la economía en la pandemia, pero desde entonces bajó hasta el 12,8% en 2023, donde se mantiene.
La segunda razón es que las estimaciones más rigurosas señalan un crecimiento moderado hasta 2050 y, por lo tanto, sostenible. Según la AIReF, el gasto medio anual en pensiones hasta 2050 se situará en el 14,6% del PIB. El Ministerio de Inclusión lo calcula algo más bajo, en el 14%.
En cualquiera de los dos casos, el aumento de los próximos 25 años sería de poco más de un punto de PIB. Habrá más pensionistas y pensiones más altas, pero el crecimiento previsto del PIB permitirá absorber ese incremento sin desequilibrar el sistema.
La decisión que debemos tomar como país es qué porcentaje de la riqueza que generamos cada año queremos destinar a pensiones
En tercer lugar, porque el sistema se financia sobre todo con cotizaciones, no con impuestos. El 87% de lo que destinamos a pagar las pensiones de la Seguridad Social procede de las cotizaciones sociales, una aportación finalista que solo puede usarse para pagar estas prestaciones. En la práctica, cada trabajador deja de percibir el 25% de su retribución bruta mientras está en activo para cobrarlo después como pensión al jubilarse. Es un salario diferido.
Precisamente como el sistema se autofinancia con cotizaciones, las transferencias del Estado —financiadas con impuestos o deuda— son la mitad de lo que se destina a sanidad.
Por último, estamos ante una decisión política, no técnica. La verdadera pregunta no es si España podrá pagar las pensiones en el futuro, sino qué prioridad quiere darles frente a otras opciones. España aún tiene un margen de crecimiento de sus ingresos públicos de hasta 3,5 puntos de PIB para elevar sus ingresos hasta la media de la Unión Europea.
En una democracia es la ciudadanía quien debe decidir esa prioridad. Nuestro país tiene margen de sobra para financiar ese incremento de un punto de PIB en pensiones, siempre que se mantenga el actual nivel de gasto militar y no se cometa el error de elevarlo hasta el 5%, que reclama Trump a los países de la OTAN.
En síntesis, la variable clave en el futuro de las pensiones es la evolución del PIB. La decisión que debemos tomar como país es qué porcentaje de la riqueza que generamos cada año queremos destinar a pensiones.
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Manuel Lago es economista y diputado en el Congreso por Sumar.
