Los regalos del poder y la doble vara de medir

La polémica por las joyas encontradas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que va mucho más allá de un expresidente y de unas joyas: la transparencia en el ejercicio del poder y la igualdad de todos ante las mismas reglas.

Si esas joyas fueron recibidas por Zapatero durante su etapa como presidente del Gobierno y por razón de su cargo, habrá que determinar quién se las entregó, cuándo, con qué finalidad, cuál era su valor y, sobre todo, si debieron incorporarse al Patrimonio del Estado. La ley y los mecanismos de control deben funcionar, y nadie que haya ejercido una responsabilidad pública puede estar por encima de ellos.

Pero precisamente por eso resulta inevitable hacerse otra pregunta, ¿se ha aplicado siempre el mismo criterio a todos los que han ocupado las más altas instituciones del Estado?

Los inventarios conocidos de regalos recibidos por los presidentes del Gobierno muestran que estos obsequios han sido una práctica habitual. Felipe González declaró 375; José María Aznar, 473; José Luis Rodríguez Zapatero, 547, y Mariano Rajoy, 208. Entre ellos hay objetos protocolarios, pero también joyas, relojes, piezas de oro y otros bienes de considerable valor.

La cuestión, por tanto, no es sólo recibir un regalo. Es determinar cuándo un regalo recibido por razón del cargo pertenece al Estado y cuándo puede considerarse patrimonio personal.

Y aquí aparece una comparación que resulta políticamente incómoda.

Durante casi cuatro décadas, Juan Carlos I fue jefe del Estado. También recibió innumerables regalos de gobiernos, monarcas, empresarios y mandatarios extranjeros. Algunos acabaron en Patrimonio Nacional. Otros, según diferentes investigaciones periodísticas, tuvieron destinos mucho menos claros.

Se conocen regalos de enorme valor: vehículos de lujo, relojes y otros bienes. Algunos fueron posteriormente vendidos o no aparecen incorporados al patrimonio público con la claridad que cabría esperar.

Otras preguntas sencillas: ¿cuántos regalos recibió Juan Carlos de Borbón durante su reinado?, ¿cuál era su valor y qué destino tuvo cada uno?

No tenemos respuesta completa, y ese es precisamente el problema.

Porque si hoy consideramos imprescindible conocer el origen y destino de unas joyas encontradas en poder de un expresidente del Gobierno, deberíamos considerar igualmente imprescindible conocer el origen y destino de los regalos recibidos durante décadas por el jefe del Estado.

Se trata de defender algo mucho más elemental, la misma vara de medir.

En 2005, durante el Gobierno de Zapatero, el Código de Buen Gobierno ya establecía que los altos cargos debían rechazar regalos que excedieran los usos habituales de cortesía y que determinados obsequios institucionales debían incorporarse al patrimonio público. Posteriormente, la Ley de Transparencia reforzó esas obligaciones.

Es decir, no podemos utilizar ahora la excusa de que no existían reglas.

Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado respecto de una institución que durante décadas disfrutó de un régimen mucho menos transparente.

La transparencia no puede funcionar retrospectivamente según quién sea el protagonista. Si un socialista debe explicar unas joyas, que las explique. Si un conservador recibe un regalo de gran valor, que lo explique. Y si lo recibe el jefe del Estado, también

Hoy la Casa del Rey publica los regalos institucionales, no sabemos si hay otros, y establece que estos se incorporan a Patrimonio Nacional. Es una mejora indiscutible.

Pero precisamente esa transparencia actual permite formular una pregunta legítima sobre el pasado: ¿Por qué no conocemos con el mismo detalle el inventario histórico de los regalos recibidos por Juan Carlos I y el destino de cada uno de ellos?

La transparencia no puede funcionar retrospectivamente según quién sea el protagonista. Si un socialista debe explicar unas joyas, que las explique. Si un conservador recibe un regalo de gran valor, que lo explique. Y si lo recibe el jefe del Estado, también.

Lo contrario conduce a una democracia de doble rasero, en la que la exigencia de ejemplaridad se aplica con enorme intensidad determinadas instituciones y con mucha mayor indulgencia a otras.

Y esto sí es una cuestión política.

Porque la opacidad no siempre consiste en esconder deliberadamente información. A veces consiste simplemente en no haber creado durante décadas los mecanismos necesarios para que esa información pudiera ser conocida por los ciudadanos.

España ha avanzado mucho en apariencia, que no en transparencia. Pero todavía arrastra una asignatura pendiente: esclarecer qué ocurrió con los regalos recibidos por las más altas autoridades del Estado antes de que existieran los actuales estándares de publicidad y control.

Que se investiguen las joyas de Zapatero si corresponde. Que se revisen los regalos de González, Aznar y Rajoy. Y que, con el mismo rigor, sin ningún privilegio se reconstruya el patrimonio recibido por el Rey emérito durante 40 años como Jefe de Estado.

Porque la transparencia no puede tener ideología. La misma ley, la misma exigencia y la misma responsabilidad para todos. Esa es una regla básica de cualquier democracia avanzada, la igualdad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.