La utopía y el rentable arte de no pactar

Imaginar en España un acuerdo serio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo produce la misma sensación que imaginar un tren puntual en una novela costumbrista: uno entiende la idea, pero sospecha de inmediato que pertenece al territorio de la fantasía. Y, sin embargo, conviene detenerse un momento en esa escena improbable. No porque vaya a ocurrir, sino porque su sola posibilidad deja en evidencia la pobreza política en la que vivimos.

Pensemos en un pacto de Estado, no de gobierno. Nada de coaliciones forzadas ni abrazos de cartón piedra. Un acuerdo limitado, concreto y adulto sobre cinco asuntos que ningún país razonable debería dejar al albur de cada legislatura: vivienda, financiación autonómica, pensiones, energía y educación. Cinco problemas demasiado grandes para ser usados como munición electoral y demasiado urgentes para seguir esperando a que pase la próxima campaña, la siguiente y la otra.

En vivienda, por ejemplo, el panorama es sencillamente indecente. España ha conseguido que tener casa se parezca cada vez más a poseer una finca en Toscana: algo de lo que se habla mucho, se admira de lejos y casi nadie joven puede permitirse. En las grandes ciudades, el alquiler devora salarios con una voracidad que ya no escandaliza porque se ha vuelto costumbre. La emancipación llega tarde, mal y con angustia. El parque público de vivienda sigue siendo ridículo. Y cada administración señala a la otra con el viejo entusiasmo de quien prefiere conservar la coartada antes que asumir la tarea. Un acuerdo entre PP y PSOE podría hacer algo útil por una vez: más suelo, más vivienda asequible, reglas más estables, menos histeria regulatoria y menos burocracia ornamental. No sería una revolución. Sería algo más infrecuente: una solución.

La financiación autonómica exige la misma madurez, precisamente porque en España el reparto del dinero enciende pasiones de una vulgaridad muy patriótica. Llevamos años con un modelo agotado, lleno de remiendos, agravios y excepciones. Todos saben que no funciona, pero nadie quiere tocarlo sin calculadora electoral. Un pacto entre los dos grandes partidos permitiría reformarlo sin seguir entregando la llave a quienes han aprendido a convertir cada negociación en una subasta sentimental. Haría falta fijar criterios transparentes, garantizar servicios públicos dignos en todo el territorio y rebajar, de una vez, ese clima perpetuo de queja autonómica en el que cada cual se siente expoliado aunque esté cobrando. Pero para eso haría falta pensar en el país como un conjunto y no como una suma de chantajes con acento.

El problema real no es que el PP no crea en Sánchez. El problema es que cualquier acuerdo con Sánchez podría beneficiarlo

También en pensiones y demografía el acuerdo sería imprescindible. España envejece. Los nacimientos caen. La esperanza de vida sube. Y la política nacional sigue comportándose como si los números fueran una opinión y no una amenaza. Aquí no hay una respuesta de izquierdas o de derechas, por más que a todos les guste fingirlo. Hay cuentas, tendencias y decisiones incómodas. Habría que reforzar el sistema, blindar a quienes más dependen de él, incentivar natalidad y conciliación sin convertir la maternidad en una heroicidad subvencionada, y asumir que la sostenibilidad fiscal no es un insulto tecnocrático sino una condición para que el Estado del bienestar siga existiendo. Pero eso exige continuidad. Y la continuidad, en España, solo existe para los rencores.

La energía y la educación completan el retrato del desastre evitable. España tiene condiciones extraordinarias para convertirse en potencia renovable, pero aquí toda ventaja termina tropezando con un papeleo, una trinchera ideológica o una pelea de sobremesa convertida en política pública. Lo mismo ocurre con la educación: cada cambio de gobierno trae una ley nueva, un vocabulario nuevo y el mismo resultado mediocre. Los alumnos cambian de currículo con la misma frecuencia con que los partidos cambian de enemigo. Y los docentes, las familias y los propios estudiantes pagan la fiesta. Un pacto serio evitaría ese uso frívolo de la escuela como laboratorio de ocurrencias ministeriales.

Todo eso sería bueno para España. Mejoraría la estabilidad, aumentaría la confianza institucional, reforzaría la posición del país en Europa y reduciría el poder de quienes han hecho negocio de la imposibilidad de que los grandes partidos se entiendan. Es decir: sería sensato, útil y patriótico. Por eso mismo no ocurrirá.

El PP no colaborará con Sánchez. No porque no pueda. Porque no le conviene.

Invocará la legitimidad, como ya hace. Dirá que no se puede sostener ni apuntalar a un Gobierno que depende de fuerzas que quieren debilitar el Estado. Es un argumento solemne, de esos que se pronuncian con voz grave y pausa de notario. También es un argumento extraordinariamente selectivo. La legitimidad en política española suele durar exactamente hasta que aparece una mayoría que sirve. Cuando el poder está al alcance, la rigidez doctrinal se vuelve de una elasticidad conmovedora.

La política no consiste en confiar. Consiste en pactar incluso con quien uno no soporta, si hay intereses comunes y beneficios públicos en juego

Invocará también la desconfianza. Sánchez ha incumplido promesas, ha mutado de criterio con una flexibilidad casi coreográfica y ha hecho de la contradicción una técnica de supervivencia. Todo eso es cierto. Pero la política no consiste en confiar. Consiste en pactar incluso con quien uno no soporta, si hay intereses comunes y beneficios públicos en juego. Lo demás son excusas con peinado institucional. El problema real no es que el PP no crea en Sánchez. El problema es que cualquier acuerdo con Sánchez podría beneficiarlo.

Y ahí aparece la verdad sin maquillaje. El PP teme que pactar normalice a Sánchez. Que lo presente como un presidente con capacidad de acuerdo. Que le dé aire, centralidad, utilidad. Teme, en suma, compartir aunque sea una migaja del mérito. Y a eso se suma un factor aún más decisivo: Vox. Cada gesto de moderación en el PP se paga con sospechas internas, bronca mediática y riesgo de fuga por la derecha. Feijóo no solo compite con Sánchez. Compite, a diario, con los vigilantes de su propio flanco.

Así que hará lo más rentable: negarse. Dirá que la responsabilidad es del Gobierno y que la oposición no está para salvarle la gestión a nadie. Es una lógica perfecta si uno cree que cuanto peor funcione el país, más cerca está su propia victoria. Y en eso consiste hoy buena parte de la política española: no en resolver, sino en esperar a que el otro se desgaste entre las ruinas.

La ironía es que el PSOE haría algo parecido en la situación inversa. Se han cruzado tantas líneas rojas que han convertido la venganza en el pan nuestro. Aquí nadie tiene el monopolio del cinismo. Cambian las siglas, no el instinto. Lo verdaderamente enfermizo no es la falta de acuerdos. Es que el sistema los castiga.

Mientras tanto, los jóvenes siguen sin casa, la escuela sigue usada como juguete ideológico y las pensiones siguen caminando hacia un horizonte incierto. Pero al menos nuestros partidos conservarán lo único que protegen con verdadera disciplina: su pureza, su pose y su rentable incapacidad para entenderse.

En España, al parecer, eso sigue cotizando más alto que gobernar.

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José Manuel Nevado es director de Comunicación Institucional de la Secretaría de Estado de Comunicación.