El avance de 'Plus Ultra', los juicios de 'Lezo' o el fallo de 'Kitchen' marcarán el curso judicial en año electoral

El segundo jueves de septiembre se abrirá oficialmente en el Tribunal Supremo el nuevo curso judicial. Y se espera, al menos, igual de intenso que el que se cerró hace solo unas semanas. Otra temporada más los focos seguirán puestos sobre los tribunales, cuyas resoluciones marcarán una intensísima batalla política en pleno año electoral. Sobre la mesa, numerosos expedientes judiciales que afectan a personas de gran relevancia pública. No pocos salpican, directamente, al principal partido del Gobierno. Otros tocan a la oposición. Investigaciones en las que se pisará el acelerador tan pronto como se alce la persiana. Y que se sumarán a los juicios y sentencias pendientes.

El caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, será el primero en reactivarse. Tras la confesión de Julio Martínez, el instructor de la causa, el magistrado José Luis Calama, oirá el 7 y 8 de septiembre a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, expresidente y exCEO de la compañía, respectivamente. Igual que hizo quien fuera íntimo de Zapatero, ambos directivos remitieron en su día sendos escritos apuntalando la tesis del magistrado: aseguraron que el exjefe del Ejecutivo había mediado en el rescate de la aerolínea y le implicaron en el cobro de una comisión del 1% de la ayuda pública recibida –unos 530.000 euros–.

El magistrado de la Audiencia Nacional también reclamó antes del parón veraniego un informe "exhaustivo" sobre la "evolución de la propiedad" de la aerolínea, con la vista puesta en la influencia venezolana. Y dio luz verde a los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que accedieran a decenas de cuentas bancarias, entre ellas las de Zapatero, su secretaria personal y su familia. A la espera de estos informes, también debe fijarse una fecha para la declaración como investigadas de la mano derecha de expresidente y de sus hijas, cuya empresa de marketing recibió numerosos pagos de las sociedades del entramado.

La causa, de igual modo, está a la espera de que el expresidente ofrezca las explicaciones pertinentes sobre las joyas que los agentes de la UDEF encontraron durante el registro de su despacho, unas piezas que un peritaje encargado por el instructor valoró en 1,3 millones de euros y que han provocado su imputación también por contrabando y delitos contra la Hacienda Pública. Unas respuestas que hace más de dos meses prometió dar en diez días. La defensa de Zapatero, por su parte, también se encuentra a la espera de que el magistrado Calama resuelva la petición de nulidad planteada por el exdirigente socialista.

Esa primera semana de septiembre también estará marcada por el avance de otra de las grandes carpetas que se encuentran sobre la mesa de la Audiencia Nacional: el caso Leire Díez. En el marco de esta causa, en la que se investiga una supuesta trama liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y con cargo a los fondos del partido para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al PSOE o al Gobierno, están llamados a declarar como imputados la gerente de la formación socialista, el abogado Ismael Oliver y el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos.

El caso también se encuentra a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recopile y estudie alrededor de 80 cuentas bancarias del PSOE y otros investigados, una información sensible que no podrá volcarse de forma íntegra en el procedimiento hasta que sea expurgada. Y también de un primer análisis sobre el contenido del teléfono de Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El inicio del nuevo curso, del mismo modo, permitirá avanzar en la segunda gran derivada de esta causa, en la que se investigan supuestas irregularidades en adjudicaciones y ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Con el inicio del nuevo curso judicial se reactivará también la parte del caso Koldo que se encuentra en la Audiencia Nacional. Proseguirán así las pesquisas relativas no solo a los contratos de mascarillas o los enchufes en empresas públicas de la expareja del exministro José Luis Ábalos, sino también a la supuesta trama de amaños en la concesión de obra pública a cambio de mordidas que persigue a Cerdán. Por otro lado, habrá que ver qué rumbo toma la pieza separada sobre los pagos en metálico en el PSOE, que aún se encuentra bajo secreto de sumario y en la que ha declarado en los últimos meses el empresario Víctor de Aldama, investigado en el llamado caso Hidrocarburos.

A septiembre mira también el caso Montoro, en el que se investiga si empresas pagaron para conseguir cambios legislativos a medida. A mediados de mes, la Audiencia de Tarragona deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada por Equipo Económico, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama. Lo que se decida determinará si la causa continúa en el juzgado catalán o es derivada a Madrid. El magistrado Rubén Rus ha prorrogado seis meses más una instrucción en la que aún deben prestar declaración como imputados los peces gordos, entre los que se encuentra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Los investigadores, además, están en pleno proceso de análisis de documentación bancaria y mercantil.

A la espera de avances se encuentra también la causa en la que se investiga si la compra de una sociedad por parte del empresario Alberto González Amador esconde el pago de una comisión a un directivo de Quirón, uno de los grandes beneficiarios de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. El juez instructor, Antonio Viejo, dio a comienzos del verano luz verde a la UCO de la Guardia Civil para que analizase las cuentas bancarias del empresario desde 2024. En los juzgados madrileños, por otra parte, también se acumulan media decena de denuncias por la compra por parte de la empresa pública Planifica Madrid del ático de 6,3 millones de euros que ha perseguido durante todo el verano a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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Otro de los casos que marcarán el presente curso judicial es el que afecta a Begoña Gómez. A mediados de julio la Sección 23 de la Audiencia de Madrid avaló que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se siente ante un jurado popular. Ahora bien, corrigió en algunas cuestiones al juez Juan Carlos Peinado. Todos estos cambios obligan a las partes a emitir nuevos escritos de acusación o defensa y al instructor, que se jubila a finales de septiembre, a dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral que se ajuste al marco fijado por los magistrados de la Sección 23. Con todos estos trámites solventados, el expediente se mandaría a la Audiencia de Madrid para la celebración del juicio, que suele tardar alrededor de medio año en celebrarse. Con estos plazos sobre la mesa, Gómez se sentaría en el banquillo la próxima primavera.

No es el único juicio de gran relevancia mediática que se celebrará en los próximos meses. Tras el parón veraniego, la Audiencia Nacional tiene previsto meterse de lleno con el caso Lezo. Desde el 7 de septiembre se juzgará la pieza que se centra en la compra de la empresa Inassa con un supuesto sobrecoste de 19 millones por parte del Canal de Isabel II. Luego vendrán las piezas centradas en los amaños de los contratos para la construcción y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II, la operación de compra con sobrecoste de la brasileña Emissao o la presunta mordida millonaria por adjudicar a OHL la obra del tren que iba a unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

Visto para sentencia quedó antes del verano, por su parte, el caso Kitchen, centrado en la supuesta operación parapolicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con información comprometedora que pudiera tener para el PP. El fallo se espera para el próximo otoño. Del mismo modo, está a la espera de sentencia el último juicio celebrado de Gürtel, centrado en el blanqueo de capitales de la trama. Dos resoluciones que, no obstante, aún pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, que aún tiene pendientes de resolver los recursos relativos a sentencias de Gürtel, Púnica, Erial o la condena a cuatro años y nueve meses de prisión del exministro de Economía Rodrigo Rato.