El 'caso Montoro' mira a septiembre para saber si alza el vuelo o se enreda aún más

El levantamiento de siete años de secreto de sumario alrededor del caso Montoro reveló el pasado verano la existencia de una compleja investigación sobre una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. Un caso que, un año después, avanza con lentitud debido a la enorme cantidad de investigados y, por ende, de recursos interpuestos. Y cuyo futuro quedará determinado a la vuelta del verano. A mediados de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Audiencia de Tarragona deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada por Equipo Económico, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama. Lo que resuelva el órgano determinará si la investigación alza de una vez el vuelo o si, por contra, se enreda aún más.

La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones. Entre los investigados, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios de sus ex altos cargos.

Tras el alzamiento del secreto, las partes solicitaron plazos de hasta tres meses para poder instruirse adecuadamente sobre el contenido de la causa. E, incluso, se llegaron a conceder plazos extraordinarios para la interposición de los recursos contra las decisiones del instructor del caso, el magistrado Rubén Rus. Entre personaciones y una montaña de apelaciones transcurrieron los primeros meses. Movimientos en los que la Fiscalía Anticorrupción apreciaba un intento de "cargarse la investigación". "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna", denunciaba la fiscala, Carmen García Cerdá, en uno de sus escritos.

Los primeros movimientos de la consultora fundada en 2006 por Montoro se dirigieron a disparar contra la validez del correo que dio origen al caso, contra la duración del secreto de sumario o contra la competencia del juez de Tarragona para dirigir la investigación. Tres líneas de ataque a las que sumaron una cuarta en mayo, cuando remitieron al juzgado dos extensas periciales en las que defendían que algunos de los informes elaborados por los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria en la causa carecían de "fundamento sólido" e incurrían en "interpretaciones erróneas". "Adolecen de numerosos errores, omisiones e inconsistencias lógicas", sostenía Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, el ex alto cargo de Hacienda fichado por Equipo Económico para rebatir a los investigadores.

Por aquel entonces, el instructor había decidido impulsar la investigación solicitando abundante documentación al Ministerio de Hacienda, registros mercantiles, empresas investigadas e, incluso, notarios –con la vista puesta en el régimen económico matrimonial de los investigados–. También autorizó a los investigadores el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. Y libró cerca de 40 mandamientos solicitando dos décadas de información bancaria –entre otros, del exministro–. Lo hizo después de que la Agencia Tributaria alertara en su último informe de "deficiencias" en los datos financieros facilitados durante la investigación: "La ausencia [...] constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe".

El análisis de toda esa información aún no ha concluido. Por eso, el pasado jueves el instructor decretó una nueva prórroga de la instrucción. En su auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que subraya la complejidad de las pesquisas, recuerda que aún se tiene que llamar a declarar a 17 investigados, entre los que se encuentran los peces gordos. Por el momento, se han practicado una quincena de comparecencias –diez personas físicas y cinco jurídicas– en la causa. No obstante, solo en un caso se han respondido las preguntas planteadas. El resto de imputados ha preferido acogerse a su derecho a no declarar. Al menos, hasta que la Audiencia de Tarragona resuelva las distintas apelaciones que tiene sobre la mesa.

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Unos recursos que la Audiencia verá a la vuelta del verano. El 14 de septiembre, según ha podido saber infoLibre, la Sección Segunda deliberará, votará y fallará sobre la cuestión de competencia planteada a finales de marzo por Equipo Económico vía artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé un cauce extraordinario para aclarar este asunto en plena instrucción ante un tribunal superior, que resolverá "de plano y sin ulterior recurso". En su escrito, defiende que la causa debería estar en un juzgado de Madrid, que es donde se habrían cometido los supuestos delitos. En la capital se encuentra la sede de Equipo Económico, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales o el Ministerio de Hacienda. "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", señala el bufete.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rechaza estos argumentos y defiende que la causa continúe en Tarragona al entender que es allí donde se producen los "hallazgos delictivos". "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene la fiscala en su escrito, que se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habrían tenido sobre las arcas catalanas o en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense.

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".