El nuevo curso político

Casado tira de nuevo de la pandemia contra Sánchez tras el intento de situar Afganistán y Ceuta en el centro del debate

El presidente del PP, Pablo Casado, posa durante una visita a una bodega en la localidad murciana de Jumilla.

Dos días después de hacer declaraciones aprovechando que la Vuelta Ciclista a España pasaba por Santa Pola (Alicante), la localidad en la que disfrutaba de unos días de vacaciones, el líder del PP, Pablo Casado, eligió para su reaparición pública un acto junto al presidente tránsfuga de Murcia, Fernando López Miras, en una bodega de la localidad murciana de Jumilla. Y lo hizo para volver a situar la pandemia del covid-19 en el eje de su oposición al Gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez, y abandonar, al menos de momento, el objetivo de utilizar como munición para el nuevo curso político la devolución de menores a Marruecos y la dramática y complicada evacuación de Afganistán.

El cambio de guion se ha hecho evidente después del respaldo y reconocimiento ofrecidos a Sánchez por la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del consejo, Charles Michel, a la cabeza. Y del líder de Estados Unidos, Joe Biden, que expresamente ha agradecido “el liderazgo” mostrado por el presidente español en esta crisis. Y apenas unas horas después de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, abriese la puerta al entendimiento con España tras el episodio provocado por su gobierno al dejar sin vigilancia la frontera de Ceuta y facilitar la llegada masiva de migrantes.

Hace sólo cinco días la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, calificaba a Sánchez de “presidente ausente” y le acusaba de “seguir de vacaciones en una de las crisis más graves de occidente”. Cuando el presidente y su Gobierno ya trabajaba en la evacuación, Montserrat le acusó de seguir “en su tumbona” en vez de tener como prioridad “la devolución segura de todos los españoles y los afganos que han colaborado con nuestro país y Europa”.

De momento el PP, que cuando gobernaba bajo la presidencia de José María Aznar patrocinó la intervención militar en Afganistán que acaba de terminar en un estrepitoso fracaso, no ha hecho propuestas concretas sobre cómo afrontar la situación creada por la victoria de los talibanes. La portavoz europea de Casado se limitó a decir que “la UE debe defender nuestros valores occidentales en el tablero estratégico internacional e intentar que Afganistán no se convierta en una plataforma de exportación de terrorismo islámico”.

Montserrat también criticó ferozmente la semana pasada la devolución de menores a Marruecos. “Es alarmante el poco respeto que muestra el ministro Marlaska por la ley y su cumplimiento” a pesar de ser juez de carrera, declaró. El Ministerio del Interior debería, según ella, ajustarse a la legalidad y el presidente mostrar más interés por las relaciones con el vecino país.

Cinco días después, Casado pasa de puntillas por estos dos asuntos: Afganistán y Ceuta. Sobre el esfuerzo de evacuación, elogiado sin reservas por la UE, EEUU y la prensa internacional, el líder del PP se limitó a prometer que el Gobierno tendrá “todo el apoyo” de su partido “para cuestiones de Estado”, siempre que lo haga “bien”, con “transparencia” y que rinda cuentas de su gestión ante el Congreso de los Diputados.

Este último es el único argumento al que se agarra ahora el PP a la vista de la situación: la petición de que Sánchez se explique en la Cámara Baja. Es en lo que insistió su portavoz en el Senado, Javier Maroto, en una entrevista este lunes en Onda Cero: la oposición, dijo, tiene que “conocer cuáles son sus planes, poder debatir sobre ellos, apoyar en todo lo que sea preciso y complementar en aquellas cuestiones en las que el Gobierno no acierta u olvida”.

Maroto siguió en parte el argumentario de Montserrat, del que Casado parece haberse distanciado, al acusar a Sánchez de enterarse “por la radio de lo que está pasando en Kabul”. Y pese a la evidencia de los vuelos de evacuación y de la complicidad de Bruselas y Washington, insistió: “No hay un plan concreto. Sánchez está con las chanclas puestas”.

Sobre la entrega a Marruecos de menores acogidos en Ceuta que el Gobierno está llevando a cabo siguiendo un procedimiento respaldado por el PP de la ciudad autónoma que numerosas voces consideran ilegal, Casado tampoco hizo declaraciones condenando las repatriaciones. Eso sí, acusó a Sánchez de “hipocresía”. “No puede ser que el Gobierno del Aquarius, el del Open Arms, de vamos a quitar las concertinas y de vamos a recurrir las devoluciones en caliente”, esté ahora haciendo devoluciones de menores no acompañados y deje “en manos de la justicia la paralización de estas devoluciones”, subrayó.

En la misma rueda de prensa, con los viñedos de Jumilla al fondo, Casado defendió a la vez la buena relación de su partido con dos formaciones marroquíes que reivindican la soberanía de su país sobre Ceuta, Melilla y el Sáhara y que esa sea precisamente la línea roja de las relaciones con Marruecos.

Un “ratito” al teléfono

Lo que también hizo el líder del PP es tratar de minimizar la sintonía entre Sánchez y Biden en relación con la compleja operación de evacuación aérea de Kabul diciendo que el presidente de EEUU solo se le había puesto “un ratito” al teléfono. Y para exigir al Gobierno español que consiga de Washington el traslado a España de dos piezas clave de las Fuerzas Armadas estadounidenses: la Sexta Flota, que en la actualidad opera desde la localidad italiana de Nápoles, y el comando operativo para África, con sede en Stuttgart (Alemania).

A falta de argumentos con los que oponerse al Gobierno en relación con Afganistán y Ceuta, Casado optó por recuperar una de sus demandas más antiguas: la necesidad de reformar la ley para que cualquier administración—no sólo el Gobierno central— tenga capacidad de dictar confinamientos sin necesidad de pasar siquiera por el Congreso, como sí exige la declaración del estado de alarma.

La propuesta del PP no ha cambiado. Consiste en reformar “en quince días” una ley de 1986 que textualmente permitiría “a las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas”, sin control legislativo ni judicial alguno, limitar “el derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como el derecho de reunión”, dándoles además la capacidad de adoptar cualquier otra medida que “consideren necesaria en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Una propuesta rechazada por todos los partidos del Congreso, sin excepción, que de ser aprobada quedaría aún más por debajo de las garantías exigidas por el Tribunal Constitucional a la hora de blindar los derechos fundamentales.

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