Centenares de madrileños salen a la calle para pedir a Almeida una "ciudad verde y habitable"

Manifestación en Cibeles 'La ciudad es un derecho, no un negocio', a 25 de marzo de 2023.

Colectivos vecinales, ecologistas, urbanistas, de defensa del patrimonio, junto a una treintena de asociaciones y plataformas vecinales de diferentes barrios se han manifestado este sábado en Madrid con el lema La ciudad es un derecho, no un negocio ante la sede del Ayuntamiento de la capital en Cibeles, según ha informado Europa Press.

Haciendo ruido con silbatos e incluso con una batucada, los manifestantes han gritado No al pelotazo y Con nuestro suelo no se especula, al tiempo que han solicitado Menos cemento y más mantenimiento.

Junto con lemas como Manos arriba, esto es un atraco, entre los carteles se ha señalado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien han pedido que "recule, que el Plan 18.000 no se especule". También han afeado el hecho de que el regidor "haga caja con las Viviendas de Protección Autonómica".

Los manifestantes se han posicionado contra diversas causas como el "pelotazo" en la Ermita del Santo, la tala de árboles por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro, las cocinas industriales o el caso de Torre Arias, según han destacado algunos manifestantes.

Bajo el eslogan también de Por una ciudad verde y habitable: fuera la especulación de nuestros barrios, decenas de colectivos ciudadanos han visibilizado "la pérdida de derechos ciudadanos", bien sea "por la privatización y mercantilización del espacio público", por el "expolio de los suelos y edificios públicos para ponerlos al servicio de intereses privados" o por "la desregulación normativa que pretende minimizar el control público sobre la actividad inmobiliaria".

"Que atienda las reivindicaciones de los barrios"

"Pedimos al Ayuntamiento que atienda las reivindicaciones de los barrios", ha afeado Lourdes Lucía, vecina de Chamberí, quien ha criticado que se les quitase la Casa de Cultura "directamente", sin consultar, a pesar de que en 2019 acogiese a más de 20.000 personas que realizaron actividades culturales en ella, según ha sostenido.

Por su parte, Ángeles Ceribio, componente de la Plataforma de Afectados por el suelo del Plan 18.000, ha criticado el pliego publicado para la venta de parcelas adheridas al derecho de superficie a precio libre de mercado.

De la misma manera, Félix Arias, vecino de Chamartín, ha señalado que el proyecto Madrid Nuevo Norte, "aunque haya sido avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", va a "trastocar la movilidad", y va a evidenciar "la falta de vivienda social o de empleo industrial".

Otro de los colectivos manifestantes ha sido Lavapiés Denuncia, quien en boca de una de sus portavoces, Carolina Mayego, ha alertado de que "el narcotráfico está verdaderamente deteriorando la convivencia y degradando todo el barrio". Asimismo, ha indicado que a pesar de haber recibido "respuesta y promesas" por parte del Ayuntamiento, aun siguen "esperando las acciones reales".

Apoyo por parte de la oposición

La manifestación ha contado con el apoyo de los principales partidos de oposición en el Consistorio, como el portavoz de campaña de Más Madrid, Edu Rubiño, la candidata del PSOE a la Alcaldía, Reyes Maroto o su homólogo de Podemos-IU, Roberto Sotomayor.

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Rubiño ha asegurado que todas las causas distintas por las que se han manifestado en estas últimas semanas "tienen un denominador común" que es "un modelo de ciudad depredador que no responde a las necesidades de los vecinos".

Por su parte, Maroto ha afirmado que "el mayor problema de Madrid son el Partido Popular y Almeida", cuya "política urbanística especulativa está privatizando espacios y servicios públicos y empobreciendo a los madrileños".

"El derecho a la ciudad no es gastarse 600.000 euros en banderas de España en los barrios ni talar más de 100.000 árboles ni cargarse la sanidad pública", ha recalcado, por su parte, Sotomayor, quien ha responsabilizado a la clase política que "ha dejado de visitar los barrios" y que, además, "se beneficia de bonos eléctricos sin que le correspondan", en alusión a la polémica por el cobro de estas ayudas por parte de distintos representantes políticos como el vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio, o la portavoz autonómica de Más Madrid, Mónica García.

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