El Congreso deja 81 proyectos de ley pendientes para después del verano
El Congreso ha cerrado el curso político con el habitual pleno escoba, celebrado el pasado jueves 23 de julio. Se trata de la sesión maratoniana que se celebra en la Cámara Baja cada año, antes de cerrar hasta septiembre, para culminar las votaciones que no se han logrado sacar adelante durante meses. En la cita de este año, el Gobierno logró sacar adelante la convalidación del segundo decreto de medidas anticrisis por el conflicto en Oriente Medio, que incluye una rebaja de los carburantes, y la reforma de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas.
También culminó, tras el conflicto con el Senado, la tramitación de tres proposiciones de ley impulsadas por el PSOE: la actualización periódica del programa de cribado neonatal, la transferencia de la AP-9 a Galicia y la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Esta última permitirá a los profesionales mutualistas alternativos (como abogados, procuradores o arquitectos) trasladar de forma voluntaria sus fondos acumulados en mutualidades privadas al RETA de la Seguridad Social para mejorar las futuras pensiones de jubilación de estos profesionales. Además, con los votos de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, sacó adelante una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para constituir grupo parlamentario propio.
Pero ese mismo pleno certificó, una vez más, los límites de la mayoría parlamentaria, ya que PP, Vox y Junts volvieron a tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el primer paso para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Es la segunda votación consecutiva que pierde el Gobierno en esta materia en apenas un mes. El Congreso también rechazó la senda de déficit público, aunque no tiene implicaciones prácticas y el Gobierno podrá presentar sus presupuestos a la vuelta del verano.
Los 81 proyectos de ley del Gobierno que siguen en el Congreso
Para septiembre quedan pendientes 81 proyectos de ley en tramitación, varios de ellos llevan más de un año y medio esperando su turno. La Ley de Familias y la reforma del Estatuto de los Trabajadores para trasponer la directiva europea sobre condiciones laborales llegaron a la Cámara en 2024 y siguen sin ver la luz.
El bloque más numeroso tiene que ver con derechos sociales y sanidad. Ahí está la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que busca recuperar el acceso sanitario para colectivos que quedaron fuera de la cobertura pública como las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal; la reforma de la financiación de la dependencia para las personas con ELA y con otras enfermedades de curso irreversible; o la Ley de Organizaciones de Pacientes, que busca integrar por primera vez a las asociaciones de pacientes en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el terreno laboral, sigue pendiente el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, que debía poner coto a la precariedad de los becarios y que los sindicatos llevan reclamando desde hace años.
Le sigue el bloque institucional, con la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés en España, la conocida como ley de los lobbies, el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la norma de secretos oficiales de la época franquista de 1968 para regular con criterios democráticos qué documentos puede reservar el Estado y durante cuánto tiempo, una reforma prometida por numerosos gobiernos y que aún sigue sin materializarse.
También siguen pendientes la Ley de gobernanza de la inteligencia artificial y la de protección de menores en entornos digitales, dos textos que llevan meses de retraso, pese a la urgencia con la que Bruselas empuja a los Estados miembros a regular esta materia. Además, también está en tramitación la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que lleva más de dos años en el Congreso pese a ser una demanda histórica del sector.
Sin embargo, una parte considerable de esos 81 proyectos no son iniciativas nuevas del Gobierno, sino la tramitación parlamentaria de reales decretos-ley que ya están en vigor, como las ayudas tras la dana, la revalorización de las pensiones o la respuesta a la amenaza arancelaria, que ya se aplican desde la convalidación de los decretos.
Los proposiciones de ley pendientes en el Senado
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A diferencia de los proyectos de ley que siguen en el Congreso, hay tres proposiciones que ya aguardan en el Senado. Ya han superado su tramitación en el Congreso, lo que las convierte en las que más opciones reales tienen de convertirse en ley nada más arrancar el curso.
Esas son la prohibición de las terapias de conversión LGTBIQ+, el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad para los funcionarios de prisiones y el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, las tres en fase de enmiendas. También está pendiente la extensión de derechos de las personas con discapacidad, el único proyecto que ya se tramita como tal en el Senado, no como proposición.
Sumando reales decretos-ley, leyes ordinarias, las dos reformas de la Constitución y las cuatro modificaciones del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo llega al parón de agosto con 74 normas publicadas en el BOE desde que arrancó la legislatura, en noviembre de 2023. Una cifra todavía muy alejada de las 215 iniciativas aprobadas durante la legislatura anterior, reflejo de las dificultades parlamentarias con las que el Gobierno afronta el nuevo curso, marcado de nuevo por su dependencia de Junts.
