El fiscal general pide la nulidad de actuaciones y el Ministerio Público señala la vulneración de sus derechos

La Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido la nulidad de la instrucción contra el fiscal general del Estado por vulneración de derechos fundamentales. El servicio jurídico del Gobierno y la más alta instancia del Ministerio Público tras el fiscal general, han denunciado la vulneración de las más elementales garantías procesales en momentos clave de la investigación, como la declaración del secreto de las actuaciones, la desproporcionada entrada y registro en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que constituyen la única base indiciaria –sin pruebas fácticas hasta el momento– con la que se ha abierto juicio.

La Abogacía de Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, se pronunció a través de la ex abogada general y máxima responsable de ese organismo, Consuelo Castro Rey. Castro Rey aseguró que el auto por el que, al inicio de la instrucción, Hurtado decretó el secreto de las actuaciones carece de la mínima motivación exigible y no se basa en los presupuestos que establece la ley. Ese secreto, según la abogada del Estado, generó indefensión en García Ortiz, que no pudo conocer la motivación obligando al fiscal general a recurrir la resolución "a ciegas".

Tanto Castro como la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, han reclamado también la nulidad de la entrada y registro en el despacho del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid en el que se clonaron de manera indiscriminada todos los ordenadores, dispositivos y servidores de los que se servían para hacer su trabajo. Castro ha recordado que, inicialmente, Hurtado autorizó a la UCO a hacerse con la documentación y las comunicaciones de ambos por un período de ocho meses, una incautación excesiva que días después acotó al período entre el 8 y el 14 de marzo, en el que estimaba que podría haberse producido la filtración. Sin embargo, como subrayaron ambas, toda lo obtenido durante los ocho meses permanece todavía hoy a disposición del instructor.

Todos esas diligencias, según la Fiscalía y el servicio jurídico del Estado, vulneraron el derecho a la intimidad del fiscal general reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo 18 de la Constitución. "La limitación no subsana este vicio inicial", ha afirmado la abogada de García Ortiz. Además, tanto la Fiscalía como la Abogacía han recordado que los registros solo se pueden acordar para delitos graves y en casos de organizaciones criminales o terrorismo. "Lo que se estaba investigando en ese momento tenía acarreada una pena de multa".

La vulneración del derecho a la intimidad de García Ortiz también se ha justificado en la desproporción del allanamiento de los despachos. "El instructor dio vía libre para copiar absolutamente todo; personal y profesional; ordenó el clonado del contenido íntegro de los dispositivos y el almacenado en la nube sin adoptar ninguna medida para evitar que se pudiera acceder a materiales privados o reservados", ha señalado la abogada del Estado.

La defensa del fiscal y la Fiscalía también se han extendido sobre las irregularidades durante la instrucción. Ambas han acusado a Hurtado de despreciar sistemáticamente cualquier versión alternativa a la filtración del correo que pudiera no apuntar a García Ortiz. "La instrucción se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable", han afirmado.

Castro ha recordado que la instrucción buscaba sorprender al afectado con el registro y privarle de la posibilidad de defensa. Que Hurtado no ha investigado otras posibles fuentes de las informaciones periodísticas pese a que otras muchas personas pudieron acceder a los equipos a los que se envió y por los que pasó la confesión del novio de Ayuso. Es "una investigación unidireccional contra el fiscal General del Estado", ha añadido. Se trata, según la defensa y el Ministerio Público de una investigación "inquisitiva" y "prospectiva", con una sorprendente actividad del instructor y en el que se buscó aflorar otras conductas delictivas "incluso consignas políticas de la Presidencia del Gobierno", sin ninguna prueba.

La defensora también se ha referido a la vulneración del principio a la igualdad de armas entre acusación y defensa, una de las manifestaciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La negativa o la tardanza a acordar las diligencias que solicitaba la defensa sin tener en cuenta de que el correo filtrado pasó por muchas manos. "Se produjeron muchas más diligencias de cargo que de descargo", recordó Castro, que puso un ejemplo. "Cuando la defensa pide al instructor que pida el móvil a Miguel Ángel Rodríguez, la respuesta es 'no'; cuando las acusaciones piden que se lo reclame a Juan Lobato [ex secretario general del PSOE de Madrid], la respuesta es sí".

Otras irregularidades relatadas fueron, por ejemplo, el hecho de que se ordenara el registro sin que el fiscal general hubiera nombrado abogado –lo que le obligó a contactar a toda prisa con un abogado del Estado que se encontraba cerca de la sede–, las "inaceptables dilaciones por las peticiones y los recursos de las defensas" que tuvieron que reclamar hasta en seis ocasiones al instructor y a la Sala que decidieran ya sobre lo que se les había planteado hacía meses.

Gran parte de los datos obtenidos en los recursos acabaron filtrados a la prensa, tal y como recordó la representación de García Ortiz: desde su domicilio particular, número de teléfono y datos de terceros ajenos a la causa, como la lista íntegra de sus llamadas entrantes y salientes "incluidas las privadas y familiares". Se pidió varias veces que se tomaran medidas, según la abogacía y la fiscalía, como la inclusión de marcas de agua en los documentos o su anonimización, pero las reclamaciones se rechazaron.